pandillas

¿Por qué las ‘medidas extraordinarias’ no resuelven el problema? De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 2 marzo 2018 / EDH-Observador

La respuesta es muy simple: Las medidas extraordinarias afectan exclusivamente en los penales, cuando la violencia tiene lugar afuera, en los barrios, en los cantones, en las calles. Así de simple.

Las medidas extraordinarias, que no son otra cosa que un Estado de Emergencia aplicado en los 6 penales donde están detenidos pandilleros, con suspensión ‘temporal’ de derechos garantizados en la Constitución, en convenios internacionales y en la Ley Penitenciaria, surgen de una suposición equivocada: que las actividades de las pandillas, su violencia, y sus extorsiones, tienen su origen en los penales. Partiendo de esta tesis, parece lógico intervenir los penales. Parece. Pero la verdad es que el origen de la actividad de las pandillas está en la calle, en los barrios marginados y las comunidades precarias. Ahí nace y se reproduce. Y la guerra declarada contra las pandillas, sobre todo cuando afecta directamente a las comunidades y su población, echa leña a este fuego.

observadorAunque es cierto que durante años las actividades de las pandillas han sido conducidas desde los penales, porque ahí se encuentran sus cabecillas (nacionales, regionales y locales), esta verdad no permite sacar la conclusión que cortando la comunicación entre los pandilleros en los penales y los de la calle se logra descabezar y desmontar las pandillas y, por tanto, disminuir la violencia y las extorsiones que ejercen. Precisamente esta conclusión simplista es lo que ha llevado al gabinete de seguridad a apostar todo a la implementación de las medidas extraordinarias, y a insistir en su prolongación e incluso en convertirlas en permanentes.

Aislar a sus cabecillas presos, como lo hacen las medidas extraordinarias con cierta eficiencia, solo descabeza a las pandillas temporalmente, porque rápidamente le nacen otras cabezas. Con el aislamiento total de los cabecillas en el penal de máxima Seguridad Zacatecoluca, y con las medidas extraordinarias aplicadas en los penales de Ciudad Barrios, Izalco, Quezaltepeque, Gotera y Chalatenango, lo único que lograron fue que el mando de las pandillas pasó de los penales a la calle. Era ilógico esperar que por esto iban a bajar los homicidios o las extorsiones.

No nos olvidemos: Cuando el gobierno comenzó esta estrategia, a principios del 2015, con el traslado a todo el liderazgo nacional de las pandillas de regreso a Zacatraz, y luego con las medidas extraordinarias, comenzó el período más violento de nuestra historia reciente, con 6,657 homicidios en el 2015 y con 5,278 en el año 2016. El gobierno celebró como éxito haber logrado neutralizar y aislar al liderazgo de las pandillas, cortando su cadena de mando. Pero cortar la cadena de mando también significó un proceso de descentralización y atomización de las pandillas – y un relieve generacional. De repente cada clica y región, aisladas de su acostumbrada conducción centralizada desde los penales, estaba en manos de pandilleros mucho más jóvenes – y mucho más radicales y violentos. Muchos de estos cabecillas que de repente tomaron el control no habían participado de los procesos de discusión durante los años de la tregua. Muchos de ellos dijeron: “Ya no me hablen de diálogo y treguas, mucho menos de reducción de violencia – ya ven como les fue a aquellos que nos predicaban esto, los metieron a Zacatraz y botaron la llave…”

El gobierno del FMLN vende a la ciudadanía -y actualmente al electorado- las medidas extraordinarias como el plan maestro para derrotar a las pandillas. Pero esto no es cierto. La operatividad de la PNC y Fuerza Armada en los territorios no tiene nada que ver con estas medidas, que exclusivamente se enfocan en controlar los penales. Las medidas extraordinarias no ayudan en nada a los policías desplegados en barrios, comunidades y cantones, y mucho menos a mejorar la capacidad de investigación e inteligencia de la PNC. Es ahí donde se encuentran los verdaderos puntos débiles de la PNC.

El Estado de Excepción en los penales, aunque el gobierno logre conseguir que la Asamblea, con los votos del FMLN y sus aliados, prolongarlo un año más, no va a resolver nada en los terrenos, donde el Estado ha pedido presencia, control, simpatía y credibilidad, y donde es que se cometen las extorsiones y se genera la violencia.

Mientras el gobierno no tenga un plan integral, ni tampoco una estrategia operativa para cambiar la situación en los barrios y cantones donde ejercen control y se reproducen las pandillas, las medidas extraordinaria no van a resultar en más control, más seguridad y menos violencia. Mucho menos cuando la represión policial y militar de las pandillas sigue teniendo tanto daño colateral, afectando a cientos de miles de pobladores, sobre todos a los jóvenes, de los barrios y cantones que se convierten en teatro de guerra.

Las medidas extraordinarias, mientras sustituyen una política integral de seguridad, son un engaño. Con mucha publicidad y propaganda alrededor de las medidas extraordinarias, el gobierno quiere dar la impresión de control. Claro, controlar unos penales es más fácil que controlar los territorios. Penales se pueden controlar a pura represión, los territorios no.

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El cambio en el corazón. De Manuel Hinds

Manuel Hinds-05Manuel Hinds, 23 febrero 2018 / El Diario de Hoy

Hay un tema que se repite continuamente en todo tipo de narrativas, desde los mitos ancestrales que se han convertido en las bases de todas las culturas hasta los cuentos, las novelas y las obras de teatro que dan forma específica a estas culturas. El tema es la disyuntiva entre crecimiento y fracaso que las sociedades y las personas tienen que confrontar continuamente a lo largo de sus vidas. Las sociedades crecen y se desarrollan cuando enfrentan dificultades y las vencen. Así, pues, el proceso del desarrollo está siempre asociado con una narrativa de luchas, fracasos y triunfos. Esta narrativa es la que forma los mitos, los cuentos y las novelas… y la historia.

EDH logTípicamente, en estas narrativas, las personas (o las sociedades) enfrentan un reto que amenaza su capacidad de crecer y hasta su existencia. La sociedad genera una respuesta, que puede ser exitosa o perdedora. Los protagonistas siempre tienen oportunidades de redimirse después de haber tomado una ruta perdedora, pero el costo para la sociedad se vuelve peor mientras más tiempo se mantiene esta ruta negativa. En los mitos y las narrativas épicas, y en las ficciones exitosas, los protagonistas tardan tiempo en darse cuenta de que han tomado un camino equivocado, y cuando se dan cuenta y tratan de enderezarlo, se encuentran con que rectificar el rumbo requiere reconocer errores profundos y realizar transformaciones internas también profundas. Esto es muy difícil de hacer.

En el caso de El Salvador, es claro que hemos caído por el lado equivocado, y desde hace mucho tiempo. Un país que tenía un rumbo definido de progreso, reconocido internacionalmente, tomó de pronto un mal rumbo que nos ha llevado a la triste situación actual. ¿Qué fue lo qué pasó y cuándo?

Los errores que descarrilan países nunca son materiales, no se deben a la selección de alguna tecnología inapropiada o a haber hecho un proyecto innecesario, problemas que pueden resolverse fácilmente. Los errores fatales como los de El Salvador tienen que ver con el comportamiento ético de las personas. Resolverlos requiere lo que en el idioma inglés se expresa tan claramente como cambios en el corazón de ellas.

El error fatal que nos tiró por la ruta equivocada fue el haber escogido el camino del odio de clases. El error fue fatal desde todo punto de vista. El odio fue promovido como una solución a problemas materiales pero sus efectos materiales fueron catastróficos. El desarrollo no se da automáticamente, necesita de unidad de propósito en la sociedad, y el odio de clases no solo destruye esta unidad de propósito sino que disloca a la sociedad en millones de odios personales. Estos odios llevaron a guerra con sus ochenta mi muertos y luego al estancamiento porque un porcentaje minoritario pero sustancial de la población considera que la satisfacción de los odios debe tener prioridad sobre el desarrollo del país.

Los que promovieron el odio también pretendieron justificarlo en términos espirituales, tratando de convertir en religión de odio a la religión que revolucionó el mundo hace veinte siglos por estar basada en el amor. Los resultados en esta dimensión espiritual han sido también catastróficos. El odio, cuando se siembra, brota en todas las direcciones, y nadie puede negar que el que se manifiesta todos los días en los crímenes de las maras está íntimamente relacionada con el que se sembró para matar a los ricos y a los que no creían en el odio mismo.

Ningún argumento filosófico puede negar que en el fondo de ambas violencias hay un principio común: la idea de que hay personas que merecen ser asesinadas por pertenecer a ciertos grupos, clases sociales o maras. Lo único que varía entre los crímenes cometidos por el odio de clases y los cometidos por el odio entre maras, o por el desprecio a los que no son de ninguna mara, es el motivo que supuestamente legitima el crimen. Esto va contra el cristianismo, contra el desarrollo social, económico político, y contra todo lo que es civilizado.

Esto es lo que hay que abandonar, lo qué hay que reconocer que fue un error y revertir con toda la energía que la sociedad pueda reunir. Los que llaman al odio pueden predicar lo que quieran, pero el pueblo debe dejarlos hablar solos. Ya han hecho demasiado daño.

Una segunda columna de Manuel Hinds sobre el tema:
El odio de clases y las maras

Una columna de Paolo Luers sobre el tema:
El gueto genera odio y violencia

Política y violencia perpetua en El Salvador. International Crisis Group

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International Crisis Group, 19 diciembre 2017 / crisisgroup.org

Resumen ejecutivo

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El International Crisi Group ICG es un tanque de pensamiento internacional e independiente, especializado en resolución de conflictos

El Salvador, un pequeño país en el istmo Centroamericano, está siendo azotado por una implacable guerra entre pandillas. Una violencia excepcionalmente intensa y persistente enfrenta a pandillas callejeras rivales sí, así como contra la policía y el Estado. Aclamada en el pasado por su fluida transición a la democracia y por convertir a los antiguos bandos de la guerra civil de los 80 en fuerzas políticas que compiten enérgica pero pacíficamente por el poder, El Salvador vuelve a la senda del derramamiento de sangre. Sus recientes tasas de homicidio están entre las más elevadas del mundo y sus cárceles entre las más superpobladas. Su principal pandilla, la Mara Salvatrucha (MS-13), es sinónimo de la amenaza de la migración indocumentada para el presidente estadounidense Trump. Si bien el Estado salvadoreño ha desarrollado una serie de estrategias de prevención de violencia, sus esfuerzos principalmente represivos a lo largo de los últimos quince años han limitado la influencia de estos enfoques alternativos. Ahora debería implementar planes para prevenir la delincuencia, rehabilitar a pandilleros e impulsar el desarrollo en las comunidades marginadas. Más urgentemente, El Salvador debe recibir apoyo frente a las turbulencias que las deportaciones masivas de EE.UU. amenazan con provocar.

La permanencia de la violencia se debe tanto al éxito como a los fracasos de los acuerdos de paz. Los antiguos enemigos de guerra han pujado por la supremacía democrática en los últimos años, usando repetidamente la política de seguridad con fines electorales buscando satisfacer la demanda pública de mano dura contra las pandillas. Si bien el gobierno ha cambiado de manos, las mismas estrategias de seguridad han persistido. Las detenciones masivas, el encarcelamiento, así como la militarización de las labores policiales se han convertido en la moneda corriente, ya sea bajo el mando de las élites conservadoras o de las antiguas guerrillas. Las autoridades estadounidenses recientemente han ofrecido su apoyo a este enfoque represor, comprometiéndose a “desmantelar” la MS-13.

En privado, altos funcionarios de todo el país lamentan los efectos perjudiciales que estas medidas represivas han tenido sobre los sobrecargados tribunales y la policía en el terreno. Se han elaborado planes para evitar que los jóvenes de barrios marginales caigan en la amenaza de las pandillas. El más reciente de ellos, el Plan El Salvador Seguro, fue lanzado por el gobierno como una estrategia integral para restaurar el control territorial del Estado. Pero a medida que se disparó la violencia a partir de 2014 tras la desintegración de una tregua con las pandillas, las medidas extremas de reclusión penitenciaria y las redadas policiales han vuelto a ser los métodos predominantes para frenar la amenaza criminal. En paralelo, las acusaciones de brutalidad policial y ejecuciones extrajudiciales se han multiplicado.

Varias encuestas recientes sugieren que los miembros más veteranos de las pandillas desean un alto al fuego. Sin embargo, el callejón económico sin salida de la periferia urbana de El Salvador – con una reciente tasa de crecimiento del PIB del 1,9 por ciento que está esta entre las más bajas de Centroamérica – continúa impulsando el reclutamiento de jóvenes y consolidando una retaguardia de simpatizantes que dependen de los ingresos de la extorsión y otros negocios de las pandillas. La realidad y el estigma asociados a la violencia pandillera impiden que quienes nacen en las comunidades con alta presencia de estos grupos criminales accedan a formas de vida alternativas. El lastre que acarrean estos jóvenes incluye también menos años de escolaridad y, en consecuencia, menos oportunidades de empleo. En lugar de sucumbir a la ofensiva del Estado, las pandillas hacen retenes en las carreteras que conducen a sus barrios, donde imponen su propia ley; su lucha contra las fuerzas de seguridad se ha cobrado la vida de 45 agentes policiales en lo que va de año.

“El punto muerto ocasionado por un desgastado conjunto de políticas de seguridad y un fenómeno pandillero que se nutre del ostracismo y el desprecio del resto de la sociedad salvadoreña solo puede resolverse transformando el enfoque de seguridad en el país.”

El punto muerto ocasionado por un desgastado conjunto de políticas de seguridad y un fenómeno pandillero que se nutre del ostracismo y el desprecio del resto de la sociedad salvadoreña solo puede resolverse transformando el enfoque de seguridad en el país. Las instituciones judiciales y de seguridad requieren una cuidadosa reforma para garantizar que los recursos se distribuyan en las áreas con mayor concentración de violencia, y se empleen en impulsar la actuación policial basada en la inteligencia y enfocada en los delitos más graves de las pandillas. Los programas de reinserción en las cárceles, así como la colaboración con diversas iglesias, ONG y empresas que ofrecen segundas oportunidades a expandilleros, se deben fortalecer para proporcionar un marco legal para la rehabilitación, además de ofrecer incentivos para el futuro desmantelamiento de las pandillas. Si bien los principales partidos políticos y la opinión pública del país se oponen a cualquier insinuación de negociación con las pandillas, la realidad en muchas áreas pobres es un encuentro diario inevitable con estos grupos. La tolerancia hacia estas iniciativas de base, pese a las restricciones legales a cualquier tipo de contacto con las pandillas, es fundamental para desarrollar la confianza necesaria para un futuro proceso de pacificación que pasará por el diálogo.

Nada de esto será fácil, y mucho menos probable teniendo en cuenta la política estadounidense hacia las pandillas o los inmigrantes salvadoreños. El potencial cese de los derechos de residencia en EE.UU. para 195.000 salvadoreños amparados bajo el paraguas del Estatus de Protección Temporal (TPS) amenaza con sobrepasar la capacidad del Estado salvadoreño para recibir a los retornados, de modo similar a la experiencia de finales de los años 90, cuando la deportación masiva de EE.UU. supuso la exportación del fenómeno pandilleril a El Salvador que contribuyó al vertiginoso crecimiento de la MS-13 y su principal rival, Barrio 18. El Salvador no está preparado, ni económica ni institucionalmente, para recibir un influjo de tal magnitud, ni tampoco para hacerse cargo de sus 192.000 menores dependientes con nacionalidad estadounidense, de los cuales muchos estarían en la edad perfecta para ser reclutados o victimizados por las pandillas. En un momento en el que los niveles de violencia siguen siendo extremadamente altos, y en el que ambas partes expresan su agotamiento ante un conflicto imposible de ganar, la llegada de miles de migrantes a una patria asolada por la delincuencia supondría enormes presiones en el país. Para escapar de su violencia perpetua, El Salvador necesita apoyo, no la repetición de los errores del pasado.

Recomendaciones

Para mejorar las políticas públicas de El Salvador en materia de seguridad y evitar una mayor propagación regional de la violencia pandillera y la migración indocumentada.

Al gobierno de El Salvador:

  1. Implementar plenamente los cinco ejes del “Plan El Salvador Seguro”, y equilibrar la inversión entre la aplicación de la ley, el fortalecimiento institucional y la prevención de la violencia.
  2. Aprobar un marco legal para la rehabilitación, con especial énfasis en la reinserción a la sociedad de los expandilleros en colaboración con ONG locales y la iglesia.
  3. Reconocer la existencia del desplazamiento forzado en El Salvador, adoptar el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), y trabajar en coordinación con ONGs locales para implementar mecanismos de protección para las víctimas.
  4. Permitir visitas de organizaciones humanitarias a las cárceles de alta seguridad.
  5. Institucionalizar por orden ejecutiva reuniones mensuales entre el gabinete de seguridad y grupos de derechos humanos para monitorear las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
  6. Crear protocolos de coordinación más sólidos entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General, y fortalecer la unidad de control interno de la PNC para garantizar que los sospechosos de acciones extrajudiciales rindan cuentas.

A los miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador:

  1. Promover los esfuerzos multipartidarios en materia de seguridad y apoyar al Gobierno en la implementación del Plan El Salvador Seguro.
  2. Revisar la distribución de recursos en el poder judicial para garantizar que estén basados en la intensidad de la actividad delictiva en vez que en criterios administrativos.
  3. Estabilizar el financiamiento de la Fiscalía General otorgándole un porcentaje fijo del presupuesto estatal anual, y encargarle la labor de monitorear las denuncias de desapariciones forzadas.

Al gobierno de los Estados Unidos:

  1. Evitar las deportaciones masivas, y re-designar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a El Salvador.
  2. Seguir brindando apoyo financiero a El Salvador para llevar a cabo iniciativas de prevención de la violencia y fortalecimiento institucional poniendo mayor énfasis en la capacitación de las fuerzas de seguridad, en particular en la investigación científica del delito.

A los países e instituciones donantes de El Salvador:

  1. Fomentar la creación de un observatorio independiente para proporcionar información mensual sobre las víctimas de la delincuencia, la expansión de las pandillas y las tasas de homicidio.
  2. Financiar un plan en coordinación con el sector privado para ofrecer capacitación laboral y oportunidades de empleo a los jóvenes deportados que ingresen al país.

Ciudad de Guatemala/Bruselas, 19 de diciembre de 2017

El informe completo

I. Introducción

En enero de 2017, El Salvador celebró el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992 que dejó tras de sí un saldo de 70.000 muertos y más de un millón de desplazados. Entre los principales logros de los Acuerdos de paz de Chapultepec que sellaron el fin del conflicto armado estuvieron la creación de una nueva Policía Nacional Civil y la transformación de la antigua guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en un partido político. Desde entonces, El Salvador se ha mantenido entre los países con mayor estabilidad política en toda América Latina con dos grandes partidos herederos de los antiguos bandos de la guerra: el partido de izquierda FMLN y el conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Ambos han venido alternándose pacíficamente en el poder desde entonces.

A pesar de los éxitos del proceso de paz, las instituciones políticas y de seguridad que surgieron tras el fin del conflicto han demostrado ser incapaces de responder a un panorama criminal en constante expansión y evolución. Al menos 93.000 homicidios han tenido lugar en El Salvador desde 1993, de los cuales más de la mitad suelen atribuirse a las pandillas. Estas cuentan con 60.000 miembros activos y un colchón social de unas 500.000 personas, que suman en torno a un ocho por ciento de la población total de El Salvador (6,2 millones de habitantes). Su alto número de miembros y penetración social convierte a las pandillas en las mayores organizaciones criminales en Centroamérica. Aunque algunas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de Barrio 18 tienen un alcance a nivel mundial, su presencia y accionar especialmente violento en El Salvador ha degenerado en una crisis de seguridad nacional. A lo largo y ancho del país, las pandillas controlan un número indeterminado de asentamientos informales y periferias urbanas, y se financian principalmente a través de la micro-extorsión.

Desde 2003, los gobiernos tanto del FMLN como de ARENA han basado sus políticas anti-pandillas en la recuperación del control territorial del Estado en las zonas con alta presencia criminal, el encarcelamiento masivo y las operaciones conjuntas de policía y ejército. La estrategia actual de “combate a la delincuencia”, lanzada a principios de 2015 por el presidente Sánchez Cerén del partido de gobierno FMLN, es la última en una larga lista de campañas de persecución del delito. De forma paralela, el actual gobierno también ha hecho especial hincapié en las acciones de prevención de la violencia en algunos municipios. Sin embargo, ninguna de las políticas de seguridad planteadas hasta la fecha ha sido capaz de frenar el crecimiento de las pandillas. En algunos casos, el efecto generado ha sido contraproducente, fomentando el reclutamiento y el poder económico y armado de estos grupos. Entre 2014 y 2016, El Salvador experimentó la mayor escalada de violencia registrada desde 1994, con 11.934 homicidios en 2015 y 2016, un aumento del 53 por ciento comparado con el periodo 2013-2014.

Lejos de disminuir, la inseguridad en El Salvador bien podría intensificarse en el 2018. Entre las amenazas que se ciernen sobre el país centroamericano están el impacto potencialmente devastador de las nuevas políticas migratorias de EE.UU., presiones económicas y financieras, y la posible interferencia de las pandillas en las próximas elecciones locales y legislativas.

El presente informe, el primero de Crisis Group sobre El Salvador, analiza los orígenes de la violencia en el país y las estrategias de seguridad de los últimos 15 años para combatir la creciente amenaza criminal. Los resultados de este estudio son fruto de un análisis combinado de metodología cuantitativa y cualitativa basada en estadísticas oficiales de El Salvador y EE.UU. sobre la violencia y la migración, así como un extenso trabajo de campo. El informe identifica las principales causas del fracaso de las políticas de seguridad en El Salvador y señala posibles oportunidades para encarar una reducción integral y sostenible de las muertes violentas en el país. Para ello, Crisis Group llevó a cabo más de 70 entrevistas con funcionarios gubernamentales de alto nivel, oenegés locales, académicos, trabajadores humanitarios, diplomáticos, expertos en seguridad y víctimas que viven en áreas controladas por pandillas. El trabajo de campo se realizó en las áreas más violentas del país e incluyeron la capital San Salvador y los municipios de San Miguel y Santa Ana.

II. Estado y grupos criminales en El Salvador

Las instituciones de seguridad en El Salvador se caracterizan por tener dos grandes partidos políticos con profundo arraigo social, un sistema judicial marcado por la desigual distribución de recursos, y una policía con creciente respaldo de las fuerzas armadas. La MS-13 y las dos facciones de Barrio 18 son los principales grupos criminales que operan en el país. Su capacidad de infligir altos niveles de violencia e intimidación está directamente relacionada con el aumento del número de desplazados internos, refugiados y solicitantes de asilo en la región.

A. Bipartidismo y políticas públicas en El Salvador

El Salvador tiene un robusto sistema bipartidista dominado por el FMLN y ARENA. Los 14 departamentos y 262 municipios del país dependen en gran medida del gobierno central –controlado por el FMLN desde 2009– para el diseño e implementación de políticas de seguridad. La mayoría de estos poderes son competencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que está a cargo de la policía y el sistema penitenciario. La Asamblea Legislativa –dominada desde 2012 por ARENA– está formada por 84 diputados de cinco partidos, y una comisión parlamentaria específica para los asuntos de seguridad. Los gobiernos locales han ganado importancia en los últimos años respecto a la implementación de iniciativas de prevención de la violencia, aunque su principal labor sigue siendo mantener la base de apoyo social de los partidos en un contexto de campaña electoral constante.

Tanto el FMLN como ARENA se caracterizan por tener un profundo arraigo social y por contar con liderazgos que han permanecido casi intactos durante los últimos 25 años. El FMLN cuenta con unos 30.000 militantes, la mayoría de ellos provenientes de áreas urbanas; ARENA tiene un mayor número de afiliados, 50.000, con una base de apoyo localizada principalmente en municipios rurales. Los dos partidos representan polos sociales e ideológicos opuestos. Mientras que el FMLN sigue empleando una retórica revolucionaria y se alinea con otros movimientos de izquierda en el hemisferio, ARENA fue fundada como un partido anticomunista y cuenta con el apoyo de las élites económicas y empresariales del país. En ambos partidos la toma de decisiones se concentra en manos de un selecto círculo de líderes, la mayoría de los cuales han estado al mando desde 1992.

A pesar de sus claras diferencias ideológicas, los enfoques de los principales partidos en la seguridad son sorprendentemente similares. Entre 1999 y 2009, ARENA basó su estrategia contra el crimen en agilizar los procesos judiciales, el aumento de las detenciones y el encarcelamiento masivo. El FMLN continuó este enfoque punitivo –especialmente a partir del comienzo de su segundo mandato en 2014– con condiciones de detención aún más duras para los pandilleros encarcelados y un mayor rol de los militares en la seguridad pública. Desde que perdió el poder ejecutivo, ARENA ha ejercido una modesta oposición a las decisiones tomadas por el Gabinete de Seguridad, la máxima autoridad en estas cuestiones. Sus miembros más destacados son el vicepresidente Óscar Ortiz, el designado presidencial para el tema de seguridad, el ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Rodríguez Landaverde y el director de la Policía Howard Cotto.

Un contado número de iniciativas multipartidarias han visto la luz, mientras que más de 25 intentos de negociación en áreas clave han fracasado.

Sin embargo, la toma de decisiones en materia de seguridad se ha visto menoscabada en los últimos años por una Asamblea dividida y controlada por ARENA, lo que ha llevado al FMLN a hacer concesiones y buscar el apoyo de pequeños partidos. Nuevas fuerzas como Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) se han beneficiado de este bloqueo parlamentario y su líder, Guillermo Gallegos, fue elegido presidente de la Asamblea Legislativa en 2015. En los últimos años, un contado número de iniciativas multipartidarias han visto la luz, mientras que más de 25 intentos de negociación en áreas clave han fracasado. El más reciente fue una misión de la ONU de seis meses que inició en enero de 2017 para conmemorar el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, el cual no logró crear espacios de consenso entre los principales partidos. El jefe de misión, el diplomático mexicano Benito Andión, finalizó su mandato en julio de 2017 concluyendo que las “condiciones (para el consenso) no se cumplían en el actual clima político”. La llegada de jóvenes líderes al escenario político nacional y una notable disminución del apoyo popular tanto al FMLN como a ARENA podrían augurar el ocaso del tradicional sistema bipartidista salvadoreño. “Alrededor de un 40 o 50 por ciento de la población salvadoreña no ha decidido todavía a quién votar”, afirma un analista político basado en El Salvador. Los representantes más conocidos de la joven generación política son el alcalde de San Salvador Nayib Bukele –quien fue destituido del FMLN en octubre de 2017 tras una serie de disputas internas– y Johnny Wright Sol, un diputado de ARENA que optó por no presentarse a la reelección en 2018 debido a desacuerdos con la dirigencia del partido. Ambos han anunciado su interés de presentarse como candidatos independientes en las presidenciales de 2019, cuando se pondrá a prueba la fortaleza de los principales partidos.

B. Sistema judicial, fuerzas de seguridad y cárceles

Las instituciones encargadas de investigar y juzgar los delitos en El Salvador son la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Poder Judicial. La Fiscalía forma parte del Ministerio Público, y el Tribunal Supremo y sus diferentes cámaras del Poder Judicial. Ambos son instancias independientes, mientras que la Policía Nacional Civil se rige por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La saturación de los tribunales y la escasez crónica de pruebas forenses son desafíos comunes para la mayoría de las instituciones judiciales latinoamericanas, sin embargo en El Salvador la violencia criminal extrema y las detenciones masivas han menoscabado gravemente el funcionamiento de los tribunales en el país. Dado que la distribución de personal judicial se basa puramente en criterios administrativos, los magistrados que trabajan en las áreas más violentas del país procesan hasta diez veces más casos que sus colegas en municipios más tranquilos: “[nuestro trabajo] a veces se parece una maquila”, explica una jueza de San Salvador. Las malas relaciones con la policía también perjudican a la Fiscalía General, lo cual ha llevado recientemente al Fiscal General Douglas Meléndez a exigir su propia fuerza de investigación: “trabajamos con dientes prestados y manos prestadas”, dijo Meléndez en una conferencia de prensa en julio de 2017.

La Policía Nacional Civil de El Salvador se ha visto cada vez más presionada en los últimos años al tener que liderar el combate a la delincuencia a la vez que sufre constantes ataques armados de pandillas. Esta fuerza cuenta con 28.000 agentes, quienes en torno a un 90 por ciento proviene de un estatus socioeconómico humilde y gana sueldo promedio es $424 al mes. La mayoría de los policías están obligados a vivir en áreas controladas por las pandillas, barrios en los que por lo general los alquileres son más bajos, poniéndolos en situación de riesgo tanto a ellos como a sus familias. Algunos agentes de campo aseguran sentirse solos y presentan signos de inestabilidad emocional dentro y fuera del horario laboral. “Al salir del trabajo, cuando nos convertimos en ciudadanos normales, somos vulnerables (…) esta semana me mataron a un compañero cuando estaba de servicio”, asegura un agente en la frontera entre El Salvador y Guatemala. Entre el 1 de enero y el 6 de diciembre de 2017, las pandillas asesinaron supuestamente a 45 agentes.

“El aumento de la amenaza criminal ha ido empujando a la policía hacia métodos basados
en las redadas en comunidades con alta
presencia de pandillas y la confrontación
armada contra estos grupos.”

Concebida en los acuerdos de paz como una institución orientada hacia la comunidad, el aumento de la amenaza criminal ha ido empujando a la policía hacia métodos basados en las redadas en comunidades con alta presencia de pandillas y la confrontación armada contra estos grupos. Los enfrentamientos entre ambos aumentaron de 256 en 2014 a 676 en 2015, dejando un saldo de 83 agentes y 359 supuestos delincuentes muertos. Los grupos de derechos humanos afirman que este aumento oculta una ola de ejecuciones extrajudiciales, y presentaron las cifras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2017. Las autoridades gubernamentales reconocieron que podría haber algunos excesos o mal proceder, pero recalcaron que se trata de “una decisión personal [de los agentes], no de una política del Estado“. No obstante, varios medios han publicado investigaciones en profundidad sobre supuestas masacres de presuntos pandilleros, abusos sexuales de menores y extorsión. Si bien la policía monitorea los supuestos abusos y las altas autoridades de seguridad se reúnen cada mes con representantes de derechos humanos para discutir los casos más relevantes, varias oenegés han denunciado la falta de rendición de cuentas por parte de los agentes sospechados de cometer abusos.

La presión policial ha llevado a un mayor involucramiento de los militares en los asuntos de seguridad pública, convirtiendo su participación en una estrategia semipermanente. El ejército salvadoreño es la institución nacional con mejor índice de aprobación pública, y en 2014 contaba con unos 24.800 miembros activos. Aunque el Ejército asume su papel como una medida temporal limitada a seguir órdenes policiales, algunos altos funcionarios del Ministerio de Defensa consideran que la participación militar se ha convertido en un procedimiento habitual habida cuenta de la transformación del fenómeno de las pandillas: “operamos en una zona gris (…) el problema de la delincuencia en este país ha pasado de ser una cuestión de seguridad pública a una de seguridad nacional”.

La falta de mecanismos eficaces de control interno en las instituciones judiciales y de seguridad salvadoreñas perjudican su reputación, aunque a nivel de percepción pública no están entre las más corruptas de América Latina. Según un reciente estudio de Transparencia Internacional, en 2017 un 31 por ciento de los salvadoreños aseguraron haber pagado un soborno para acceder a los servicios públicos, una cifra inferior a otros países de la región como México (51) o Panamá (38). En la mayoría de los casos, la rendición de cuentas depende de la rectitud personal y voluntad política de los altos funcionarios, quienes son elegidos por voto mayoritario de la Asamblea Legislativa. El caso del ex fiscal general Luis Martínez, detenido por su sucesor Douglas Meléndez, ilustra los supuestos abusos del poder estatal. Martínez fue encarcelado en agosto de 2016, acusado de encubrimiento, fraude procesal y omisión de investigación durante su mandato, aunque él niega las acusaciones y hasta el momento no ha sido condenado por ningún delito.

Al final del proceso penal salvadoreño se encuentra un sistema penitenciario que está entre los más sobrepoblados del mundo. Catorce cárceles albergan a unos 39.000 reclusos, de los cuales 26.000 han sido condenados y 13.000 se encuentran en prisión preventiva. Esto incluye a presos detenidos en calabozos policiales, algunos convertidos en cárceles provisionales por falta de espacio. Unos 600 agentes y guardias penitenciarios vigilan a la población penitenciaria, muy por debajo de la proporción ideal entre funcionarios públicos y presos. Varias cárceles se encuentran en estado de emergencia desde principios de 2016, cuando el gobierno impuso “medidas extraordinarias” de detención para pandilleros. La Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador, así como varias onegés han denunciado “violaciones sistemáticas de los derechos humanos” en las cárceles bajo las nuevas medidas. Un agente penitenciario describió de la siguiente manera el sexto sector de la cárcel de Zacatecoluca, donde se encuentran detenidos los líderes de las principales pandillas: “de ese lugar uno sale loco o muerto (…) es para morirse de miedo”.

C. Violencia de pandillas y tasas de homicidio

La violencia de pandillas es un fenómeno transnacional arraigado en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Los grupos más grandes y violentos son la MS-13 y las dos facciones de la pandilla Barrio 18, la 18 Sureños y 18 Revolucionarios. El origen de estos grupos, así como la larga historia de rivalidad entre ellos, se remonta a las comunidades de migrantes centroamericanos en California de los años 80. Tras las deportaciones masivas de EE.UU. a finales de los 90, las pandillas salvadoreñas adoptaron la cultura e identidad de las pandillas provenientes de EE.UU, y lideraron la expansión de la MS-13 y la Barrio 18 a principios de la década del 2000. Las principales pandillas tienen una presencia mundial de alrededor de 140.000 miembros, de los cuales 40.000 viven en EE.UU. y 100.000 están repartidos en El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Italia.

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Figura 1: Tasas de homicidio en El Salvador 1995-2017. Policía Nacional Civil de El Salvador, PNUD y el Banco Mundial

1. El problema excepcional de la violencia de pandillas en El Salvador

La magnitud del poder de las pandillas en El Salvador, a la luz de la cantidad de población vinculada con estos grupos, su presencia territorial y capacidad armada, no tiene precedentes en ningún otro lugar del mundo. El país tiene el mayor número de pandilleros activos de la región, en torno a unos 60.000 que supera a los aproximadamente 52.000 agentes policiales y militares salvadoreños. El colchón social de las pandillas asciende a 500.000 personas –casi el 8 por ciento de la población total– incluidos los simpatizantes y los miembros ‘calmados’, que es como se denomina en el léxico de pandillas a quienes se han retirado de las actividades criminales.

El perfil de un pandillero en El Salvador es un joven de unos 25 años, nacido en el seno de una familia de bajos recursos, a menudo rota, que se unió a la pandilla a los quince años. Según una encuesta realizada en marzo de 2017 a 1.000 pandilleros encarcelados, la mayoría de los miembros vienen de barrios marginales, y el 70 por ciento vive con menos de $250 al mes. El mismo estudio sugirió que alrededor del 94 por ciento no tiene estudios secundarios; más del 80 por ciento nunca ha tenido empleo formal; y más de la mitad proviene de familias desestructuradas.

La relación entre actividad criminal y presencia territorial es tal vez la característica más singular del fenómeno de las pandillas en El Salvador. Los ingresos de las pandillas provienen de la extorsión, y en menor medida del narcomenudeo. Pandillas como la MS-13 obtienen hasta $31,2 millones al año de la extorsión del 70 por ciento de todos los negocios en los territorios en los que están presentes, que se estiman en 247 de los 262 municipios del país. La mayoría de sus víctimas son pequeños y medianos empresarios, comerciantes informales y transportistas. Al contrario que sus pares en Honduras, las pandillas salvadoreñas no están directamente involucrados en el del negocio del narcotráfico, sino que tienen una relación contractual con algunos grupos transportistas que los emplean esporádicamente para algunas operaciones.

La respuesta del Estado salvadoreño a la amenaza de las pandillas ha desencadenado grandes transformaciones dentro de estas organizaciones. Tras la detención de 4.000 pandilleros entre 2004 y 2008 –y su segregación por grupos rivales para evitar los enfrentamientos violentos– los líderes pandilleros comenzaron a centralizar sus operaciones y a comportarse más como estructuras criminales tradicionales. Según Jeannette Aguilar, académica salvadoreña: “el aumento de la población penitenciaria que propiciaron los planes antipandillas (…) han generado las condiciones para que las pandillas hayan encontrado en la cárcel el nicho apropiado para su formalización e institucionalización, convirtiendo a los penales en sus nuevos espacios de control territorial”. Las políticas de seguridad de El Salvador en la década del 2000, basadas en el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros, también ayudaron a las pandillas a diversificar sus actividades delictivas, incluida la extorsión, mejorando los canales de comunicación y desalentando los tatuajes para evitar ser identificados por la policía.

Un intento fallido liderado por el Estado para establecer un diálogo indirecto con los líderes pandilleros entre 2012 y 2013 desencadenó la transformación más reciente de las pandillas salvadoreñas. El colapso de la tregua llevó a la “anarquía” dentro de las células barriales o clicas de las pandillas después de que los líderes fueron aislados en cárceles de máxima seguridad tras la implementación de las “medidas extraordinarias” a mediados de 2016. Según varias fuentes, las pandillas han intensificado la violencia contra los funcionarios públicos y han expandido su presencia hacia las áreas rurales. Varias investigaciones de medios locales y testimonios recogidos por la Fiscalía General sugieren que en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2014, los jefes políticos de ARENA y el FMLN presuntamente pagaron $350.000 a las pandillas a cambio de votos en territorios bajo su control.

“Muchos oficiales confirman en privado que la comunicación con las pandillas es inevitable.”

De ser cierto, el supuesto acuerdo –negado por ambas partidos– apuntaría al extraordinario poder de las pandillas para influenciar los procesos electorales y amenazar a los candidatos. Algunas autoridades locales temen que los vínculos entre pandillas y partidos puedan incidir en los próximos comicios. Muchos oficiales confirman en privado que la comunicación con las pandillas es inevitable: “Seamos sinceros: todos y cada uno de los partidos de este país hablan con las pandillas. ¿Cómo no van a hacerlo, si tienen que organizar mítines políticos en sus territorios?” dijo un veterano funcionario del gobierno.

Si bien hoy en día las pandillas parecen más peligrosas que nunca, hay indicios de que un considerable número de miembros estarían dispuestos a dejar las armas. En enero de 2017, las pandillas publicaron un comunicado conjunto una semana antes del 25 aniversario de los acuerdos de paz de 1992 en el que solicitaban al gobierno un nuevo proceso de diálogo, ofreciendo su propia desarticulación. Según la encuesta mencionada anteriormente, casi el 70 por ciento de los pandilleros encarcelados manifestaron tener intenciones de abandonar el grupo. Los autores dijeron que los encuestados frecuentemente adujeron motivos personales, como ser padres, sobrevivir a un ataque o el efecto del asesinato de un amigo o familiar.

2. Más allá de las tasas de homicidio

Con 102,9 homicidios por cada 100.000 personas, El Salvador se convirtió en 2015 en el país con mayor tasa de homicidios del mundo. El pico de homicidios en los últimos años incluye un aumento en los asesinatos en masa y los feminicidios. Según un estudio realizado en 2013 por Fundaungo, un centro de investigación local, más de la mitad de las personas asesinadas entre 2009 y 2012 tenían entre 15 y 34 años; en torno al 80 por ciento de las víctimas eran varones; el 70 por ciento de los asesinatos fueron efectuados con armas de fuego; y casi el 40 por ciento tuvo lugar en espacios públicos.

No está claro cuántos de estos homicidios pueden atribuirse a la violencia de pandillas. Pero para 2012 hubo nuevos indicios del papel predominante de estos grupos en la cifra total de homicidios. Durante los primeros meses de negociación con las pandillas, los asesinatos disminuyeron en un 40 por ciento. Este repentino descenso sugiere que para 2012 los líderes pandilleros tenían suficiente poder sobre las clicas para reducir drásticamente los asesinatos a nivel nacional. Las desapariciones también se han convertido en una grave preocupación, aunque ninguna institución pública en El Salvador realiza un seguimiento de estos casos: entre 2010 y 2016, la Fiscalía General recibió 23.000 denuncias de desapariciones, y la policía 11.252.

D. Violencia criminal y migración

La crisis humanitaria en Centroamérica es una realidad que también afecta a otros países como EE.UU. y México. El número de refugiados y solicitantes de asilo de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) se ha multiplicado casi por diez desde 2011, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En 2016, ACNUR estimó que había 164.000 refugiados y solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador combinados, así como 450.000 cruces irregulares desde estos países a México. Desde 2015, México y Costa Rica han experimentado un marcado aumento de las solicitudes de asilo de migrantes del Triángulo Norte. Si bien la migración en Centroamérica históricamente ha estado ligada a la búsqueda de oportunidades económicas, el reciente pico de migración indocumentada se debe en gran medida a la huida de la violencia criminal. Según una encuesta realizada en mayo de 2017 por Médicos Sin Fronteras (MSF), casi el 40 por ciento de los solicitantes de asilo en México procedentes del Triángulo Norte mencionaron ataques directos por parte de grupos criminales como un motivo de su huida.

El alcance de la emergencia humanitaria en El Salvador es difícil de medir dada la falta de cifras oficiales sobre el número de desplazados internos, lo cual refleja la negativa del gobierno de reconocer este fenómeno pese a que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de DDHH lo han reconocido oficialmente. Si bien muchos factores explican este fenómeno, el elevado costo político que supondría asumir un fracaso de la política gubernamental para contener la violencia figura entre los más relevantes. Los grupos de derechos humanos insisten que la actitud del Estado niega atención a las víctimas de este fenómeno mientras que las ONG están obligadas a establecer mecanismos de protección ad hoc. Algunos funcionarios del gobierno también lamentan la falta de reconocimiento oficial de esta cuestión al mismo tiempo afirman que los continuos esfuerzos de la policía para proteger a las víctimas tampoco se valoran.

III. Deportación y pandillas: la expansión de la inseguridad

Las políticas migratorias de EE.UU. en los años 90 pasaron factura a El Salvador. Entre 1998 y 2014, las autoridades estadounidenses deportaron a casi 300.000 inmigrantes con antecedentes penales a Centroamérica. En El Salvador, las deportaciones entre 1996 y 2002 llevaron de vuelta a su tierra natal a miles de pandilleros que habían huido durante la guerra. Si bien el propósito de las políticas de EE.UU. en aquel momento eran frenar la actividad delictiva desmantelando las pandillas de Los Ángeles, el efecto a largo plazo fue un aumento de la violencia en toda Centroamérica y en especial en El Salvador. Si se comparan las cifras de deportaciones de EE.UU. y los datos de homicidios de la policía de El Salvador, es posible apreciar el aumento de los asesinatos que siguieron a las deportaciones masivas, especialmente en áreas con mayor presencia de pandillas. Esta fuerte correlación entre las deportaciones de EE.UU. y las tasas de homicidio en el país receptor sugiere algún tipo de relación causal entre ambos (véase la figura 2 para las tendencias en tasas de homicidio y deportaciones por motivos penales).

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Figura 2: Tasas de homicidio en municipios con alta y baja presencia de pandillas y deportaciones anuales por motivos penales desde EE.UU. Policía Nacional Civil de El Salvador y Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Las autoridades salvadoreñas temen ahora una nueva ola de deportaciones masivas. Las acciones y retórica iniciales de la administración del presidente Trump sugieren que su visión de la migración centroamericana no está asociada a una huida de la inseguridad, sino más bien a un aumento de violencia en EE.UU. por lo que son los ciudadanos estadounidenses, y no los migrantes, a quienes hay que proteger. El control migratorio y las duras medidas anti-pandillas, sobre todo contra la MS-13, han pasado a ser asuntos de vital importancia. De hecho, las pandillas salvadoreñas han recibido una atención sin precedentes por parte de altos funcionarios estadounidenses como el fiscal general de Jeff Sessions, quien visitó El Salvador a finales de julio. Un dato revelador es que durante los primeros meses del mandato de Trump las detenciones de migrantes indocumentados aumentaron en un 38 por ciento, mientras que la administración comenzó a desmantelar programas de protección de menores, como el Programa de Refugiados Menores Centroamericanos (CAM) y el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La decisión más crítica para El Salvador es ahora el posible cese en marzo de 2018 del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 195.000 de sus ciudadanos que viven en EE.UU., ninguno de los cuales puede ser considerado delincuente, ya que se han registrado a las autoridades regularmente durante más de quince años y no se ha demostrado que hayan violado las leyes estadounidenses. Más del 80 por ciento tienen empleo. Sin embargo, según el Departamento de Seguridad Nacional, los centroamericanos “ya no necesitan ser protegidos de la deportación”.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los estrechos lazos entre El Salvador y Venezuela han complicado la búsqueda de aliados regionales del país frente a una administración estadounidense hostil. Junto con sus vecinos del Triángulo Norte, El Salvador se ha convertido en una importante moneda de cambio en las negociaciones del TLCAN, ya que México busca ganarse las simpatías y el apoyo de Washington ofreciéndose como estado tapón capaz de controlar la migración indocumentada a lo largo de su frontera sur e impulsar el desarrollo económico en Centroamérica. Las relaciones del FMLN con el partido de gobierno venezolano, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), también ha agrupado a El Salvador entre los pocos países Latinoamericanos que todavía apoyan a Caracas

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IV. La evolución de las políticas de seguridad

Las estrategias de seguridad basadas en detenciones masivas y las operaciones conjuntas entre policía y fuerzas armadas han sido el denominador común de las políticas anti-pandillas a lo largo de los últimos quince años. El Estado no ha sabido encontrar una respuesta flexible a una problemática criminal cambiante en la que los grupos criminales que han sabido reestructurarse y mutar a lo largo del tiempo.

A. Mano dura

Entre 1992 y 1999, los gobiernos de ARENA de Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol buscaron consolidar los acuerdos de paz. Con apoyo de la ONU, llevaron a cabo históricas reformas en materia de seguridad, como la creación de una nueva fuerza policial civil, la separación del servicio de inteligencia de las fuerzas armadas, el establecimiento de la figura de un procurador de los derechos humanos e importantes cambios en el mandato y el tamaño de las fuerzas armadas. Estas rápidas transformaciones, junto con un repentino pico de violencia durante el posconflicto, dificultaron la respuesta del Estado a una violencia criminal sin precedentes a principios de los 90, con 131 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1994.

Tras un descenso sostenido de los homicidios a lo largo de los siguientes años, las deportaciones de EE.UU. parecen haber contribuido a la rápida expansión de las pandillas a finales de los 90. El presidente Francisco Flores (1999-2004), también de ARENA, lanzó los primeros planes anti-pandillas en El Salvador en 2003, a través del Plan Mano Dura y el proyecto de Ley Antipandillas. Ambos planes fueron anunciados ocho meses antes de las elecciones presidenciales de 2004, lo que para muchos observadores sugirió que se trataba en esencia de estrategias meramente electorales. El Plan Mano Dura fue lanzado en octubre de 2003, e incluyó operaciones policiales y militares conocidas como fuerzas de tarea conjunta. El Proyecto de Ley Antipandillas, aprobado en diciembre de 2003, proporcionó un marco legal temporal para el plan, criminalizando la pertenencia a las pandillas y permitiendo la detención de sospechosos menores de edad.

ARENA volvió a ganar las elecciones en 2004, y el presidente Antonio Saca (2004-2009) lanzó el Plan Súper Mano Dura, continuando con el enfoque de su predecesor a la vez que incorporaba planes de prevención y rehabilitación. Sus dos iniciativas –Mano Amiga y Mano Extendida– identificaban comunidades prioritarias y se dirigían a jóvenes en situación de riesgo y pandilleros encarcelados. Sin embargo, la falta de inversión, las demoras en la implementación y el bajo número de participantes minimizaron su potencial impacto.

El continuo aumento de la violencia llevó al presidente Saca a relanzar sus esfuerzos anti-pandillas centrados en fortalecer la presencia policial en los epicentros de violencia y desmantelar las redes de extorsión, para entonces una importante fuente de ingresos para las pandillas. Pero el elevado número de capturas –30.934 en dos años– no derivó necesariamente en más condenas. Alrededor del 84 por ciento de los detenidos fueron liberados por los jueces salvadoreños debido a la falta de pruebas de su afiliación a pandillas, así como incoherencias jurídicas entre las leyes anti-pandillas y la legislación existente sobre menores.

B. La tregua

El ex presentador de televisión y abanderado del FMLN Mauricio Funes ganó las elecciones presidenciales en 2009 y puso en marcha campañas paralelas de prevención y represión de la delincuencia. El gobierno de Funes lanzó las primeras estrategias nacionales de prevención de violencia entre 2010 y 2013 que buscaban reducir los efectos de la criminalidad mediante acciones dirigidas al público en general, las personas en situación de riesgo y los presos. No obstante, las estrategias demostraron no ser más que declaraciones de buenas intenciones . La administración de Funes intensificó las operaciones conjuntas policiales y militares y simultáneamente aprobó la Ley de Proscripción de Pandillas en septiembre de 2010.

Con el número de muertes violentas nuevamente alcanzando máximos históricos – 4.354 personas fueron asesinadas en 2011 – Funes y su gabinete de seguridad cambiaron de rumbo, iniciando un diálogo indirecto con los líderes pandilleros para reducir los asesinatos a cambio de mejores condiciones en las cárceles. El proceso, conocido como la “tregua de pandillas”, fue en esencia un acuerdo de cese al fuego entre las principales pandillas que comenzó en marzo de 2012, después de que el gobierno transfiriera a algunos de sus líderes de cárceles de máxima seguridad a instalaciones menos restrictivas. El ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general Mungía Payés, uno de los mayores defensores del proceso, nombró a Fabio Colindres, jefe del obispado castrense, y al ex combatiente del FMLN Raúl Mijango como mediadores, lo que resultó en reuniones frecuentes con pandilleros y una drástica reducción de las tasas de homicidio.

Sin embargo, la falta de apoyo público y político contribuyó al fin de la tregua de facto. El FMLN y ARENA se distanciaron de las negociaciones, y se mostraron escépticos en cuanto a su impacto sobre los homicidios, al igual que la mayoría de los salvadoreños. Ni siquiera el presidente Funes admitió públicamente que la tregua era una política oficial del Estado. La tregua comenzó a desmoronarse en 2013, después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional que un oficial militar estuviera a cargo de la fuerza policial civil, y Munguía Payés volvió a su antiguo puesto como ministro de Defensa. Su sucesor, Ricardo Perdomo, declaró en su primera semana en funciones que el gobierno no estaba participando en un diálogo con las pandillas . Hacia el final de este proceso, en la segunda mitad de 2013, los asesinatos se dispararon de nuevo, mientras que la extorsión y el reclutamiento por parte de las pandillas, que habían permanecido estables durante la tregua, aumentaron posteriormente.

C. Nuevas medidas

Sánchez Cerén, también del FMLN, ganó la presidencia por un estrecho margen en 2014 y el inicio de su mandato estuvo marcado por el deterioro de la seguridad. A principios de 2015, su administración creó fuerzas conjuntas militares y policiales de reacción rápida y aprobó las llamadas “medidas extraordinarias” en marzo de 2016. El gobierno también ha buscado combatir las finanzas de las pandillas en el marco de la Operación Jaque en julio de 2017 y la Operación Tecana en septiembre de 2017.

Si bien las políticas de seguridad de Cerén se han centrado en la persecución del delito, las iniciativas de prevención de violencia también han logrado ciertos avances bajo el Plan El Salvador Seguro. La implementación se da en varias fases, comenzando con los municipios afectados por mayores niveles de violencia. Con un costo de unos $200 millones al año, el plan está financiado con fondos de cooperación internacional y un impuesto reservado para este propósito aprobado en noviembre de 2015. De los $93 millones recaudados a través de estos impuestos especiales en 2017, alrededor del 70 por ciento se destinó a financiar la policía y las fuerzas armadas.

Los méritos de la nueva estrategia han sido cuestionados, así como las presuntas violaciones de derechos humanos que se han dado en los últimos dos años. El total de homicidios disminuyó en un 20 por ciento de 2015 a 2016, y funcionarios del gobierno estimaban otro descenso del 27 por ciento para fines de 2017 . Sin embargo, no se ha mantenido la reducción prevista, y el público en general no ha notado un descenso significativo de la violencia . En la segunda mitad de 2017 se observó un aumento de la violencia, incluidos 887 asesinatos entre septiembre y octubre de 2017 . En una impactante declaración, un alto funcionario del gobierno dijo que las autoridades estaban “librando una guerra que no se puede ganar” .

V. Retos críticos de las políticas de seguridad

Durante los últimos quince años, las políticas de seguridad de El Salvador han luchado por contener el auge de las pandillas creando una enorme presión en las instituciones del país. La falta de inversión y personal adecuado en proyectos de prevención ha menoscabado estas iniciativas, con lo que la responsabilidad ha recaído en una labor policial más agresiva. Los residentes de áreas controladas por las pandillas – especialmente las mujeres y los niños – pagan el precio más elevado como resultado de la actual escalada de violencia.

A. Políticas públicas y debilidad institucional

La Policía Nacional Civil, que lidera la implementación de las políticas antipandillas, se ha visto profundamente afectada tanto por el aumento de violencia pandillera como por las políticas elegidas para hacerle frente. Los agentes afirman que la policía se ha convertido en la institución preferida para liderar la lucha contra la delincuencia, una labor que no puede llevar a cabo sin el apoyo de otras instituciones del gobierno. La respuesta del Estado al aumento de los supuestos asesinatos selectivos y los enfrentamientos armados con las pandillas en los últimos años se ha centrado en pequeños aumentos salariales, mientras que el apoyo que tanto necesitan las familias de los agentes fallecidos y los mecanismos permanentes de protección han brillado por su ausencia, debido principalmente a limitaciones financieras más que a la falta de voluntad política . Las acusaciones de acciones extrajudiciales por parte de la policía también han recibido escasa atención. Si bien la policía tiene una unidad de control interno relativamente eficaz, no cuenta con el personal necesario para procesar el creciente número de presuntos delitos extrajudiciales cometidos por agentes.

En un contexto de debilidad institucional genérica, las fuerzas armadas, que aún cuentan con un amplio apoyo público, siguen siendo la opción preferida para combatir la violencia pandillera. Sin embargo, el apoyo militar a los esfuerzos policiales se ha expandido sin un marco legal que determine el rol específico de los militares en la seguridad pública. Según la Constitución de El Salvador, su papel se limita estrictamente a las amenazas exteriores, un reflejo de la desmilitarización de la seguridad pública que fue uno de los pilares de los acuerdos de paz. El uso de decretos ejecutivos para normalizar su papel a lo largo de la última década ha dejado a esta institución en un limbo jurídico.

Los esfuerzos por enjuiciar a los presuntos delincuentes se ven limitados por la falta de una legislación sólida capaz de combatir la violencia pandillera con pruebas forenses para juzgar a los culpables. La Ley Antipandillas (2003) y su sucesora en 2004 incluían una amplia gama de rasgos que podrían emplearse para determinar la pertenencia a una “asociación ilícita”. Durante los siguientes años, fiscales y policías aplicaron la ley y detuvieron a 30.934 presuntos pandilleros, de los tribunales solo enviaron a prisión a alrededor del 15 por ciento. La legislación actual no ha alterado esta tendencia: según un juez del circuito penal, las pruebas presentadas ante los tribunales a menudo siguen siendo sumamente circunstanciales.

B. La prevención de la violencia y sus límites

Como ilustran los datos sobre el gasto público de El Salvador en materia de seguridad, el Estado invierte relativamente poco en la prevención. De 2008 a 2014, el presupuesto anual para la justicia y la seguridad ascendió en $120,2 millones al año, hasta alcanzar los $775 millones anuales, equivalente al 3 por ciento del PIB en 2014. Alrededor del 44 por ciento del presupuesto de seguridad para 2011 se invirtió en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el 31 por ciento en el Poder Judicial, y tan solo el 1 por ciento en prevención . La actual asignación de fondos es similar: si bien el gobierno se ha comprometido a invertir más de dos tercios de los impuestos especiales de seguridad en prevención, en realidad asigna menos del 40 por ciento.

Si bien todos los gobiernos recientes han admitido que se necesita un enfoque integral hacia el combate contra las pandillas y sus causas subyacentes, las estrategias preventivas han tendido a tener más protagonismo sobre el papel que en la práctica. El sistema bipartidista altamente competitivo de El Salvador conduce a los responsables de formular políticas hacia medidas electoralmente atractivas, en lugar de aquellas que abordan las múltiples causas del fenómeno de las pandillas. La fatiga pública, la violencia crónica y las demandas de castigo favorecen estos enfoques coercitivos

. Un asesor de seguridad el FMLN identificó de esta manera la falta de voluntad política y la indignación pública como las principales dificultades a la hora de promover medidas de seguridad alternativas: “la gente se enamora de la represión”.

Las autoridades tienden a evitar los riesgos
políticos e incertidumbres de la lucha contra la delincuencia y sus causas otorgando a las
fuerzas de seguridad facultades discrecionales para hacer  frente al problema.

Los funcionarios de seguridad mantienen que los planes de prevención “son los aspectos más importantes” de las políticas contra la delincuencia, pero temen que no produzcan resultados rápidos y tangibles. También les preocupa que estos resultados no puedan traducirse fácilmente en apoyo electoral o atraer financiamiento sostenible. En este sentido, los desafíos que enfrenta el gobierno salvadoreño no son únicos y afectan a otros países latinoamericanos con altos niveles de delincuencia. Las autoridades tienden a evitar los riesgos políticos e incertidumbres de la lucha contra la delincuencia y sus causas otorgando a las fuerzas de seguridad facultades discrecionales para hacer frente al problema.

En un contexto de inseguridad crónica, los expertos en delincuencia también cuestionan si las iniciativas de prevención de la violencia pueden tener un impacto notable. El responsable de una ONG dijo, “la desintegración [social] en [El Salvador] es tal que los programas [de prevención] son insuficientes (…) [los tomadores de decisiones] miran para el otro lado cuando les explicas que esta dualidad represión-prevención no funciona”. Tanto miembros de ARENA como del FMLN se refirieron a que las medidas represivas en curso menoscaban las políticas alternativas, y algunos afirmaron que “en este contexto, [la prevención] no funciona”.

El tibio apoyo generado por las iniciativas de prevención también explica el limitado impacto que ha tenido hasta ahora el plan “El Salvador Seguro” en algunos aspectos. Si bien las autoridades gubernamentales afirman que en los municipios a los que se ha dado prioridad se ha observado una reducción de hasta el 60 por ciento de los homicidios, estadísticamente las tasas de homicidio en los municipios destinatarios del plan han permanecido a niveles bastante similares a los de otras localidades desde diciembre de 2015, cuando se puso en marcha el plan por primera vez. Esto se ilustra en la figura 3 a continuación, que muestra patrones similares tanto en los municipios prioritarios bajo el Plan El Salvador Seguro como en los municipios no prioritarios.

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Figura 3: Tasas de homicidio en municipios priorizados bajo el Plan El Salvador Seguro comparadas con las tasas de homicidio en municipios no priorizados. Policía Nacional Civil de El Salvador

C. Falta de oportunidades laborales y pobreza creciente

El pobre desempeño económico y el deterioro de las condiciones fiscales de El Salvador han impedido la creación de empleo para los jóvenes en las áreas marginadas. Según el FMI, el crecimiento del país –en promedio del 1,9 por ciento entre 2010 y 2016– fue uno de los más lentos de la región centroamericana, una realidad que atribuyó a “la delincuencia, la emigración, el sesgo hacia el consumo, y los escasos ahorros”. El actual déficit presupuestario está en torno al 3 por ciento del PIB, y se espera que la deuda externa alcance el 61 por ciento del PIB para fines de 2017. Alrededor del 25 por ciento de los salvadoreños de 15 a 24 años ni estudian ni trabajan.

Si bien los jóvenes desempleados son más vulnerables al reclutamiento por parte de las pandillas, hay pocas políticas públicas dirigidas a promover la formación y generar empleo para los jóvenes. Según un estudio de 2017 de la Universidad Internacional de Florida, tan solo el 36 por ciento de los pandilleros entrevistados habían recibido alguna capacitación profesional. De los que sí la recibieron, casi el 70 por ciento recibieron formación en trabajos manuales. Las aspiraciones profesionales de los pandilleros, no obstante, son considerablemente más elevadas; más del 40 por ciento desea ejercer una profesión o convertirse en empresario.

El Salvador también sufre niveles persistentemente elevados de pobreza que aumentaron entre 2014 y 2015, principalmente en las áreas urbanas. Esto ha dificultado aún más la implementación de programas de prevención, ya que los funcionarios tienden a observar que las demandas expresadas por los residentes de comunidades marginadas se centran más en las necesidades básicas o los alimentos que en la mejora de los espacios públicos o las instalaciones comunitarias. “Llegué a una comunidad prioritaria a la que acudí a dar una charla sobre la consolidación de la paz, y me di cuenta de lo lejos que estábamos de la realidad cuando la gente me dijo que ni siquiera tenía agua potable”, explicó un funcionario del municipio de San Miguel a cargo de la implementación del Plan El Salvador Seguro.

D. El tejido social de El Salvador: causas de raíz desatendidas

La falla más importante de las políticas de seguridad es que no han abordado las condiciones de vida en las comunidades controladas por las pandillas. La anomia social, la victimización de los jóvenes y las mujeres, y un clima de temor y ansiedad constante ayudan a explicar la resiliencia de las pandillas y por qué las políticas bienintencionadas no logran incidir en la realidad sobre el terreno.

1. El control de las pandillas y los lazos comunitarios

Existe un consenso entre las más altas autoridades de seguridad en El Salvador en torno a la necesidad de restablecer el control territorial del Estado como preludio a la mejora de la seguridad. En algunas áreas, las pandillas han acumulado tanto poder que se han convertido en custodios de facto de estas localidades, cortando carreteras, supervisando la vida cotidiana e imponiendo su propia ley. “Las pandillas no le robaron el territorio al Estado, simplemente lo ocuparon cuando estaba vacío [tras el conflicto armado]”, explica un experto en pandillas.

Al mismo tiempo, el vigilantismo se convertido en una amenaza habitual, en especial en aquellas zonas en las que las pandillas tienen una gran presencia. Estas patrullas están formadas por civiles, algunos de ellos veteranos de guerra, que buscan evitar el ingreso de pandilleros en su territorio. Ninguna política pública en los últimos quince años ha procurado poner límites a estos grupos ni reducir los daños que pudieran causar. El vigilantismo incluso ha sido alentado por legisladores como el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos, quien ha admitido financiar algunos de estos grupos. Espantosas imágenes de supuestos delincuentes asesinados aparecen regularmente en las redes sociales atribuidas a estos grupos, cuyos seguidores “celebran la eliminación de pandilleros” .

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Figura 4: Presencia guerrillera en 1982 y tasas de homicidio promedio 2003-2016. Policía Nacional Civil de El Salvador; mapa histórico del PJ Mode de la Universidad de Cornell “Colección de Cartografía Persuasiva” que indica las áreas bajo control de la guerrilla del FMLN en 1982.

En general, las áreas con fuertes lazos sociales y comunitarios han experimentado una expansión mucho menor de las pandillas. Si bien no existen estudios empíricos que demuestren este vínculo de forma decisiva, el mapa de la figura 4 sugiere una correlación significativa. Tomando la fuerza de la insurgencia durante la guerra civil como un indicador de cohesión social (dado que las guerrillas dependen de los lazos comunitarios fuertes y la movilización colectiva), el mapa muestra que, en 2015, en aquellos municipios en los que la insurgencia tenía fuerza hubo relativamente pocos homicidios en comparación con aquellos distritos en los que la insurgencia era débil.

Estudios anteriores han señalado cómo la falta de lazos comunitarios sustenta la expansión del control de las pandillas en partes de Centroamérica, y cómo la presencia de estos grupos procedió a menoscabar aún más la cohesión social. Si bien las comunidades organizadas han logrado limitar el impacto de la violencia pandillera en sus municipios, una encuesta realizada en 2007 en todo el Triángulo Norte halló que el 88 por ciento de los salvadoreños entrevistados en áreas afectadas por las pandillas afirmó que no colaboraban con sus vecinos para lidiar con los problemas de la delincuencia en su comunidad. La encuesta demostró que, por el contrario, los entrevistados en El Salvador y otros países de la región habían optado por cambiar sus rutinas diarias, por ejemplo evitando caminar solos, o comprando un arma. Algunos individuos que vivían en áreas controladas por las pandillas también mencionaron los límites a la libre circulación impuestos por estos grupos como un factor decisivo en el deterioro de la vida comunitaria.

2. Las víctimas: mujeres, niños y adolescentes

Los jóvenes son las principales víctimas de la inseguridad del país, ya que son blanco por un lado de las fuerzas de seguridad del Estado, y por el otro de las pandillas. Los primeros planes de mano dura en 2003-4 se dirigieron a jóvenes sospechosos de participar en actividades delictivas, a pesar de las advertencias del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de que estas nuevas normas eran demasiado duras con los menores.

La falta de inversión en educación, sumada a la actividad delictiva en las escuelas y sus alrededores permite a las pandillas usarlas como plataformas de reclutamiento. Un dato revelador es que el gasto en educación es el más bajo de Centroamérica, representando tan solo el 4,4 del PIB. Muchas escuelas son inseguras para los estudiantes y los maestros, ya que ambos son amenazados por los pandilleros y sus hijos. En 2015, un informe del Ministerio de Educación de El Salvador estimó que alrededor del 65 por ciento de las escuelas estaban afectadas por las pandillas; en estas escuelas, casi el 30 por ciento del personal ha denunciado amenazas.

El efecto del reclutamiento y la presencia de las pandillas sobre la educación puede ilustrarse comparando los años de escolaridad en áreas con alta presencia de pandillas y en aquellas con baja presencia de pandillas. La figura 5 indica que las personas que ingresaron en la escuela en 1990 y vivían en áreas que ahora tienen una alta presencia de pandillas tenían considerablemente más años de escolaridad que sus pares en áreas en las que ahora hay una baja presencia de pandillas, en gran medida porque la educación es más débil en áreas rurales, en las que tiende a haber menos pandillas. La brecha de educación se redujo casi a la mitad a lo largo de los siguientes seis años, entre 1996 y 2002, no porque hubiera nuevas mejoras en la educación rural (de hecho, los años de escolaridad en las localidades rurales disminuyeron ligeramente durante ese tiempo) sino por el vertiginoso descenso de la escolaridad en las zonas de alta presencia de pandillas. Este descenso puede explicarse por la deportación masiva de pandilleros a El Salvador a partir de 1996, que tuvo un efecto sumamente perjudicial sobre la escolaridad.

Las mujeres, mientras tanto, son las víctimas olvidadas de las políticas de seguridad del país. No se han incluido medidas específicas para abordar la victimización de las mujeres civiles o pandilleras en las políticas de seguridad. El papel de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas de seguridad también es limitado, pues no hay ninguna mujer entre los miembros del gabinete de seguridad de El Salvador. Los niveles de violencia contra las mujeres hacen que esta ausencia de los círculos clave de toma de decisiones sea aún más preocupante. Entre 2006 y 2014 hubo un total de 10.546 denuncias de violación de mujeres menores de edad, una de las tasas más elevadas del hemisferio. Muchos de estos casos no se denuncian por miedo a represalias.

3. “Nos tememos los unos a los otros”: testimonios desde áreas controladas por las pandillas

Los testimonios de personas que viven en comunidades controladas por pandillas revelan elevados niveles de desconfianza hacia las autoridades públicas, acceso limitado a los espacios públicos, y abusos físicos contra los jóvenes. A continuación, se presentan algunas de las inquietudes más representativas y perturbadoras expresadas por los entrevistados, todos ellos jóvenes entre 14 y 25 años de los suburbios de San Salvador. Las declaraciones subrayan las dificultades de diseñar y aplicar de manera eficaz políticas de seguridad en un contexto de control generalizado de las pandillas sumado a la animosidad popular hacia estas.

“Vi a un grupo de agentes policiales que entraron en nuestro barrio y comenzaron a marcar las casas donde pensaban que vivían pandilleros (…) Algunas familias fueron obligadas a huir [tras ese suceso, por las fuerzas de seguridad]”.

“[Creo que] la policía y nosotros los jóvenes nos tememos los unos a los otros. Pero si ellos me tienen miedo por ser joven, imagínese cómo me siento yo (…) ellos son los que van armados”.

“Recuerdo que una vez fui a un evento [organizado por la policía en mi barrio] y vi a algunos de mis antiguos amigos que se habían hecho pandilleros vestidos de agentes. Me dije a mi mismo: ¿estos son los tipos que van a protegerme?”

“[El acoso verbal contra las niñas] es totalmente normal aquí. Nos ocurre todo el tiempo [refiriéndose tanto a los delincuentes como a los agentes de seguridad]”.

“¿Ves ese lugar al otro lado de la carretera? Jamás podría meterme ahí porque es el territorio de la pandilla contraria (…) si ellos [miembros del grupo rival, en este caso Barrio 18] me ven por allá, podrían pensar que soy un espía (…) fácilmente me podrían matar, sin duda me golpearían”.

“Ellos [las pandillas] usan los asesinatos para mandar mensajes al gobierno (…) es una manera de decirle al Estado que ellos son los que mandan aquí”.

“Vemos inversión, pero no podemos acceder a ella [en referencia a un centro deportivo en la comunidad del entrevistado que era parte del Plan El Salvador Seguro]. Ellos [los funcionarios públicos] quieren que nos unamos a sus grupos, pero lamentablemente no podemos ir allí, porque estaríamos muertos”.

VI. Oportunidades

Nuestras conversaciones con autoridades de alto nivel sugieren que son plenamente conscientes de los límites del enfoque represivo y la tarea imposible que supone enjuiciar a 500.000 personas indirectamente asociadas a las pandillas . Al mismo tiempo, la actual estrategia del gobierno apunta a emplear todos los recursos disponibles para asfixiar a las pandillas, incluida la militarización de los espacios públicos, a la que las pandillas han respondido con todavía más violencia. Si bien hay escasa evidencia que sugiera que el gobierno o la oposición se estén planteando apostar por políticas alternativas en el corto plazo, ciertas acciones como adaptar la actual estrategia de seguridad, promover iniciativas de rehabilitación y reforzar las instituciones de seguridad y justicia podrían contribuir a reducir la inseguridad.

A. El Salvador Seguro y la recuperación territorial

Evitar los errores del pasado y mantener el apoyo político hacia las iniciativas del gobierno a nivel local son dos de los principios en los que se sustenta el Plan El Salvador Seguro. Si bien hay dudas acerca de los logros, su enfoque local se ha convertido en una poderosa herramienta para reforzar las bases electorales de los principales partidos en los municipios que controlan. Se han invertido grandes sumas de dinero en las localidades prioritarias que han permitido a los alcaldes ofrecer a las comunidades transformaciones visibles.

Convertir el Plan El Salvador Seguro en una estrategia eficaz de recuperación territorial exigirá mayores esfuerzos para apoyar a las poblaciones en situación de riesgo. Dado que los jóvenes son tanto las principales víctimas como los victimarios de la violencia de pandillas, es fundamental garantizar que las escuelas sean espacios seguros.

La cambiante dinámica de la violencia criminal en El Salvador también sugiere la necesidad de una estrategia de seguridad diferenciada para áreas con alta y baja presencia de pandillas. El Plan El Salvador Seguro podría seguir implementándose en los municipios más afectados, mientras que las áreas con niveles más bajos de violencia podrían experimentar con un enfoque alternativo basado en la policía comunitaria, el apoyo a la sociedad civil y la prevención primaria dirigida a reducir el atractivo y poder de las pandillas. Por el contrario, los actuales arrestos masivos y la victimización de jóvenes sospechosos dañan los esfuerzos para conseguir apoyo local y obtener información. Esto fue confirmado por un agente policial en San Miguel, quien reconoció la importancia del apoyo de la comunidad: “Podremos tener miles de agentes, pero si la comunidad no confía en nosotros, no hay nada que hacer”.

Apoyar esta transformación de las políticas requerirá nuevas asignaciones de recursos y un cambio en las costumbres partidistas. Todos los partidos políticos, sobre todo ARENA, deberían evitar bloquear la legislación sobre cuestiones en las que en teoría hay un acuerdo amplio entre los partidos. Si la prioridad de ARENA es ganar las elecciones presidenciales en 2019, debería considerar que el continuo deterioro de las condiciones de seguridad podría socavar el apoyo al sistema bipartidista en su conjunto. Aunque el gobierno tiene claro que no piensa volver a entablar el diálogo con las pandillas, en la práctica miles de funcionarios de bajo nivel y líderes comunitarios se ven obligados a negociar con ellas a diario. En privado, los partidos políticos reconocen la presencia territorial de facto de las pandillas. No está claro si el ofrecimiento de desmantelarse en enero de 2017 sigue en pie, pero el gobierno debería dejar la puerta abierta a enfoques no violentos apoyando el trabajo de las iglesias locales y la sociedad civil y evitando demonizar el trabajo de quienes buscan reducir la violencia a nivel local. Las posibilidades de un nuevo intento de diálogo nacional con las pandillas como el que tuvo lugar entre 2012 y 2013 dependerá en gran medida de la administración entrante en 2019.

B. Mejorar las instituciones judiciales y policiales

Se necesitan urgentemente reformas para aliviar las presiones que enfrenta el Poder Judicial. Las posibilidades incluyen reducir las sentencias por faltas leves como la posesión de drogas o emplear mediadores comunitarios, lo cual ha tenido éxito en Honduras. Las entrevistas con jueces y magistrados de alto nivel dejan claro que la distribución de recursos judiciales en el país está gravemente desequilibrada debido a la concentración geográfica de la actividad delictiva.

La Fiscalía General no cuenta con los recursos financieros ni humanos necesarios para asumir nuevos casos ni procesar rápidamente los actuales. Lo ideal sería que recibiera más financiamiento y revisara sus objetivos anuales para asegurarse de que sean realistas. Los supuestos escándalos de corrupción que afectan a los anteriores dirigentes de la institución además subrayan la necesidad de reforzar la transparencia y apertura de los procedimientos de selección de funcionarios de alto nivel.

Las lecciones de las reformas policiales que se han llevado a cabo en países como Guatemala y Honduras indican que las innovaciones específicas pueden resultar más eficaces que los esfuerzos por reformar la institución policial al completo. La mejora de la coordinación entre la policía e instituciones como la Fiscalía General o los tribunales son algunas de las áreas claves. La implementación de la ley contra el crimen organizado de 2010 en Guatemala – que permite a los fiscales que trabajen con la policía de investigación solicitar permiso a los jueces para realizar escuchas – es un ejemplo de coordinación interinstitucional exitosa. El establecimiento de innovadores sistemas de gestión de casos en la unidad de investigación de homicidios, que trabajaba directamente con los fiscales, ha sido un factor fundamental del éxito de Guatemala en la reducción de las tasas de homicidio en ciertas áreas.

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la unidad de asuntos internos de la policía mediante la incorporación de personal y recursos podría mejorar la transparencia de la institución en tiempos de creciente preocupación sobre supuestos abusos de poder.

C. Un proceso de rehabilitación liderado por el Estado

El esfuerzo más significativo del gobierno a la hora de rehabilitar a delincuentes condenados es el programa Yo Cambio, que busca alentar a los presos a capacitarse los unos a los otros en habilidades específicas que pueden ofrecer sus compañeros de prisión. A pesar de la falta de recursos, las autoridades afirman que ha tenido efectos positivos en cárceles como Apanteos, Ilopango o San Vicente. Al mismo tiempo, un puñado de iglesias y líderes empresariales salvadoreños están llevando a cabo programas de rehabilitación independientes. Las iniciativas del sector privado dependen del liderazgo de ciertos individuos, como el famoso caso de ex pandilleros y ex pandilleras que trabajan para la empresa de ropa deportiva American League. Este tipo de programas ayudan a los empleados a superar el estigma social que normalmente dificulta encontrar empleo o llevar una vida normal.

La creación de un marco legal para la rehabilitación es clave. La Asamblea Legislativa podría debatir y aprobar un proyecto de ley presentado inicialmente ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa a principios de 2017, que ha estado parado desde entonces. Esta ley podría incorporar lecciones del programa Yo Cambio y otras iniciativas de rehabilitación de las iglesias, oenegés y el sector privado, y así ayudar al gobierno a desarrollar uno de los pilares más desatendidos del Plan El Salvador Seguro. Las medidas específicas deberían incluir el financiamiento de programas de eliminación de tatuajes y el desarrollo de una metodología de rehabilitación que proteja a los participantes del enjuiciamiento o les ofrezca sentencias reducidas. Las medidas de rehabilitación podrían ayudar a preparar a los funcionarios para la futura entrega de armas por parte de algunos pandilleros, si es que esto llega a suceder algún día. Como explicó un funcionario del gobierno, “si ellos [las pandillas] deciden un día rendirse, estamos fregados”.

La construcción de varias cárceles nuevas es un paso importante para reducir la sobrepoblación, pero debería ir acompañado de más y mejor personal penitenciario capacitado. Es de especial importancia brindar formación en derechos humanos a los guardias.

D. Coordinar los esfuerzos para proteger a El Salvador de las políticas migratorias de EE.UU.

La crisis de seguridad de El Salvador, así como su vulnerabilidad a las pasadas políticas migratorias de EE.UU., justifica la continuación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ha permitido a unos 195.000 ciudadanos salvadoreños permanecer legalmente en EE.UU. Si bien El Salvador fue originalmente designado para ser incluido en este programa tras dos terremotos en 2001, la administración estadounidense debería considerar las actuales circunstancias, en especial el impacto humanitario de la violencia criminal. La decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al programa para Sudán, Nicaragua y Haití sugiere, no obstante, que también decidirá cancelar el TPS para El Salvador.

Los elevados niveles de violencia en El Salvador hacen que el país sea particularmente peligroso para los migrantes retornados, especialmente los 192.000 hijos de los salvadoreños con TPS, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. A fin de mitigar el impacto del cese del TPS, el gobierno de EE.UU. debería confirmar su decisión acerca de esta cuestión lo antes posible, y preferiblemente brindar un plazo largo hasta la fecha límite. Esto ayudaría a El Salvador a prepararse adecuadamente para la llegada de la primera ola, y daría a sus ciudadanos afectados cierta previsibilidad de cara al futuro. La coordinación entre San Salvador y los diferentes consulados en EE.UU. será clave para ofrecer a los potenciales retornados oportunidades de empleo digno en su país de origen. En el mejor de los casos, esto permitiría al país desarrollar planes de incorporación al mercado laboral en colaboración con el sector privado. La educación en español para los niños de los retornados, para muchos de los cuales el inglés será su lengua materna, también debería ser financiada por EE.UU.

Independientemente de lo que suceda con el TPS, las autoridades salvadoreñas deberían trabajar con los principales partidos políticos para crear e implementar una política para los retornados. Para fines de 2018, las instituciones del Estado necesitarán un plan para abordar la recepción de los retornados y los riesgos humanitarios que enfrentarán quienes deseen volver a migrar a EE.UU. Tanto la Asamblea como el nuevo gobierno –que será elegido a principios de 2019– deberían continuar estos esfuerzos, intensificando las políticas locales dirigidas a promover el desarrollo y el emprendimiento en aquellos municipios que reciban a más retornados. Esta política a mediano plazo debería tener un fuerte enfoque educativo, ya que los grupos más vulnerables serán los niños entre 14 y 18 años, que son presa fácil del posible reclutamiento por parte de las pandillas.

El gobierno salvadoreño necesita asimismo reconocer la realidad del desplazamiento interno –que afecta a todos los países del Triángulo Norte– y empezar a trabajar en una respuesta humanitaria en coordinación con agencias internacionales. Esto debería incluir la adopción del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), firmado el 26 de octubre de 2017 por México y todos los países centroamericanos excepto El Salvador. La prioridad debería ser ofrecer albergue temporal y apoyo a las víctimas que no puedan volver a sus comunidades, en su mayoría grupos vulnerables como niños y mujeres. El gobierno podría trabajar en coordinación con ONG que ya estén manejando algunos casos, aprender de su experiencia, y crear un sistema de evaluación basado en información previamente recopilada por estas organizaciones.

VII. Conclusión

La crisis de seguridad crónica de El Salvador es una advertencia para Latinoamérica y el mundo sobre cómo las consecuencias imprevistas del fracaso de un posconflicto pueden ser más letales que la propia guerra. Un cuarto de siglo después de la firma de los acuerdos de paz, a menudo se dice que El Salvador está sufriendo una “nueva guerra” entre el Estado y las pandillas. Sin embargo, esta “guerra” es más bien una manifestación del colapso social: las partes enfrentadas carecen de cohesión, la violencia pandillera por ahora no tiene un claro objetivo político, y los civiles más afectados por la inseguridad, en su mayoría jóvenes procedentes de entornos de bajos ingresos, son a la vez víctimas y victimarios.

Durante los últimos quince años, las pandillas han aprendido a protegerse de las diversas políticas de seguridad del Estado transformando sus operaciones y organización interna. La actual sofisticación de estos grupos, así como el reiterado fracaso a la hora de abordar sus raíces socioeconómicas –raíces que en sí mismas son profundizadas y perpetuadas por la continua violencia– indica que muchas de estas políticas, incluso las que apuntan a la prevención más que a la represión, deberán ser reformadas y fortalecidas si pretenden frenar el derramamiento de sangre en El Salvador.

En el marco del Plan El Salvador Seguro, el gobierno ahora tiene la oportunidad de lanzar programas de rehabilitación concertados y aprovechar el gran número de pandilleros que aparentemente estarían dispuestos a salir de la vida delictiva. Los acuerdos entre partidos serán fundamentales a la hora de diseñar proyectos para fortalecer la Fiscalía General y la policía, así como para preparar mecanismos de integración de cara a las deportaciones masivas que se darán si es que Washington no renueva el programa de TSP para los residentes salvadoreños. Asimismo, minimizar el riesgo de violencia durante las elecciones locales y legislativas de marzo de 2018 dependerá de la buena voluntad y cooperación de los dos principales partidos.

El hecho de que el FMLN y ARENA se hayan alternado pacíficamente en el poder durante los últimos 25 años tras una guerra civil brutal es una señal de que los salvadoreños son capaces de encontrar la reconciliación frente a las adversidades. El país y sus vecinos continuarán expresando su indignación hacia los actos criminales de las pandillas. Pero esta violencia es la manifestación más reciente, y probablemente no la última, de la larga y dolorosa brecha social del país. Una brecha que, de ser ignorada por la actual y futura política de seguridad, estará condenada a prorrogar la violencia durante varias generaciones.

Ciudad de Guatemala/Bruselas, 19 de diciembre de 2017

 

Un diagnóstico preocupante, que nadie quiere escuchar. Columna Transversal de Paolo Luers

El diagnóstico: La guerra que la administración Sánchez Cerén lleva adelante contra las pandillas no ha logrado pacificar al país, sino por lo contrario ha empeorado la situación de derechos humanos, ha creado fuertes tensiones con las comunidades que supuestamente iban a liberar del control pandillero.

paolo3Paolo Luers, 15 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

El New York Times publicó una nota sobre El Salvador, que extrañamente no tuvo eco en nuestro país. El Times no es cualquier periódico, y la nota no fue cualquier noticia, sino un extenso reportaje investigado y escrito por Azam Ahmed, jefe de la oficina de este periódico para Centroamérica, el Caribe y México.

El tema: La guerra contra las pandillas. Como el título sugiere, el lector no va a encontrar un diagnóstico cómodo: “La hora de la verdad en El Salvador.” Tal vez por esto no ha tenido eco. ¿Nos asusta la hora de la verdad?

EDH logPocas veces el NY Times dedica tanto espacio a nuestro país. Y pocos periódicos y reporteros trabajan con este método tan exhaustivo de investigación, fuentes contrastantes, y fact checking como lo emplearon el Times y Azam. El diagnóstico de hecho salió devastador, y no nos conviene obviarlo.

El diagnóstico: La guerra que la administración Sánchez Cerén lleva adelante contra las pandillas no ha logrado pacificar al país, sino por lo contrario ha empeorado la situación de derechos humanos, ha creado fuertes tensiones con las comunidades que supuestamente iban a liberar del control pandillero. Y la conclusión más importante, aunque diametralmente contraria a la narrativa oficial: precisamente cuando muchos pandilleros estaban discutiendo la posibilidad de dar un viraje a su historia y buscar su reinserción, la política de militarización del conflicto los forzó a responder con más radicalidad y violencia a un gobierno decidido a erradicarlos. El gobierno del FMLN, en vez de declarar la guerra a la violencia, la declaró a los pandilleros, usando cualquier método, incluyendo ejecuciones extrajurídicas. Y esto tiene su costo.

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No voy a contar como el reportaje llega a estas conclusiones. Los interesados lo pueden leer en el New York Times. Sólo voy a poner este reportaje en su contexto.

Tuve la oportunidad de observar, durante un año, la investigación de este periodista del Times, quien antes reportaba desde Afganistán sobre terrorismo y estrategias contrainsurgentes fallidas. Para no reproducir los acercamientos superficiales de muchos medios al tema, Azam Ahmed insistió en poder convivir con comunidades expuestas a las pandillas y a los operativos anti-pandillas de la policía. Vivió durante una semana en Las Palmas, colonia vecina de San Benito; y durante otra en Valle del Sol, una de las colonias más populosas de Apopa. En ambos lugares convivió con pobladores y pandilleros.

Además insistió en tener acceso a una de las figuras claves de las pandillas, no solo para entrevistarlo y recoger sus opiniones, sino para ver cómo vive y cómo interactúa con su familia y con su comunidad. Terminó compartiendo por varios días la vida de Santiago, vocero de la pandilla 18 Sur. Varios periodistas entrevistaron a este pandillero, pero nadie lo vino a conocer como este reportero. No extraña que se convirtiera en el personaje central del reportaje. Solo por esto vale la pena leer el reportaje. Demuestra que el problema no es tan simple y blanco y negro como muchos lo prefirieron pintar.

Santiago no es el típico pandillero. Es el político entre ellos. Lo conozco desde el 2012, cuando la tregua tuvo que dar el paso de la cárcel, donde nació entre las cabezas históricas de las tres pandillas, a la calle, a los barrios, y hacerse sostenible entre las clicas dispersas en todo el país. En este proceso, Santiago jugó un papel clave, y es gracias a su liderazgo que el acuerdo inicial, la suspensión de la guerra entre las pandillas, se mantuvo hasta la fecha, incluso sin la intervención de sus protagonistas iniciales, quienes desde 2015 nuevamente se encuentran en estricto aislamiento en el penal de Zacatecoluca. Y sin la necesidad de una mediación externa, que primero fue desautorizada, luego obstaculizada y finalmente desarticulada y penalizada por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía General y la Asamblea Legislativa.

Fue Santiago quien contra todas las adversidades trató de mantener abiertos canales de comunicación entre las pandillas, para desmontar conflictos y cadenas de venganza, y también con la sociedad civil, los medios de comunicación y las iglesias. Fue Santiago quien no se cansó a activar estos canales para comunicar que las pandillas, aun bajo las condiciones de las medidas extraordinarias en los penales y los operativos masivos en los barrios, querían mantener viva la opción de un diálogo para parar y desmontar la escalada del conflicto. Muchos dentro de las pandillas, sobre todo entre los liderazgos que ganaron poder en ausencia de los protagonistas de la tregua recluidos en Zacatraz, comenzaron a ver a Santiago como un loco, pero también sabían que su autoridad descansaba en el mandato que le habían dejado los históricos. Cuando Santiago trató de construir un mecanismo de incluir, a través de intermediarios, las posiciones de las pandillas en el diálogo propuesto por Naciones Unidas, se enfrentó con mucho escepticismo dentro de las pandillas. Lamentablemente el gobierno, con su veto a esta iniciativa, dio razón a este escepticismo.

Fue también Santiago quien se opuso a las iniciativas del Frente de retomar el diálogo con las pandillas, pero limitado a buscar apoyo electoral. Irónicamente, quien promovió estas iniciativas fue precisamente otro cabecilla, que luego de su captura en la operación Jaque se convertiría en colaborador de la fiscalía y de los organismos de inteligencia, conducidos por cuadros del FMLN. El famoso Piwa.

Fuera de este contexto, las únicas declaraciones de Santiago que una nota del Diario de Hoy retomó del reportaje del Times suenan como declaraciones de guerra. Porque dice que antes de que pueda haber una solución, correrá más sangre. Pero al leer todo el reportaje, los lectores de darán cuenta que no lo dice para son amenazar, sino para expresar su resignación ante un gobierno que insiste en enfrentar la violencia con más violencia.

Resumen: Es necesario leer y reflexionar este reportaje del New York Times. Búsquelo en google, poniendo “NYT, La hora de la verdad en El Salvador”.

Carta al canciller y al ministro de Seguridad: Saquen a Trump de sus confusiones. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 14 diciembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimados Hugo Martínez y Mauricio Landaverde:
Trump ordenó a su fiscal general Jeff Sessions y la jefa de Homeland Security Kirstjen Nielsen una campaña propagandística que se llama: Vamos a erradicar la Mara Salvatrucha. Pero en el fondo no tiene nada que ver con Seguridad, sino con su política contra la inmigración.

Tienen que contrarrestar la mala prensa que tienen por lo del TPS y de los “dreamers”, programas que ambos quieren suspender. Entonces, proyectan el problema de la MS como un asunto de migración. Para combatir a la pandilla, proponen suspender los mecanismos de unificación familiar que permite a inmigrantes con estatus legal a traer a Estados Unidos su hijos – y de paso la llamada “lotería de visas” logos MAS y EDHpara salvadoreños. Y quieren obligar por ley a las autoridades locales y estatales a colaborar con las autoridades federales en la caza de inmigrantes ilegales. Con esto quieren remover tres estorbos en su lucha contra la inmigración. Pero como las tres medidas son controversiales, incluso en el Congreso, los presentan necesarias en la lucha contra la criminalidad y las pandillas salvadoreñas. Asustan con el petate del muerto para avanzar en su legislación anti inmigrante.

Alguien tendrá que explicar a Trump y sus zares de Seguridad que estas medidas van a afectar a la mayoría de inmigrantes trabajadores, pero solo mínimamente a las pandillas. Y como todas las medidas contra nuestros migrantes afectan directamente a nuestro país, esta tarea les toca a ustedes, señores ministros.

Hay que explicarles que las pandillas no son una exportación de El Salvador a Estados Unidos, sino al revés: de Estados Unidos para El Salvador. Así ha sido históricamente, y así sigue funcionando con las deportaciones.

Hay que explicarles que la gran mayoría de los pandilleros en Estados Unidos son “made in USA”: nacidos o por lo menos crecidos y convertidos en criminales en los barrios de Los Angeles, Houston, Maryland y Long Island – y no infiltrados a Estados Unidos por la frontera y por los “vacíos en la legislación de migración”, que ahora proponen cerrar. De paso: Lo mismo es cierto con la mayoría de los terroristas y autores de masacres en Estados Unidos.

Hay que explicar a Trump que muchos de sus pandilleros son ciudadanos de Estados Unidos y nunca han pisado tierra salvadoreña.

Hay que explicarles –e incluso en público- que Trump está engañando a su pueblo y su Congreso, mezclando asuntos de migración con la lucha contra las pandillas y el terrorismo. Lo que realmente quiere no es combatir las pandillas, sino avanzar con su política anti inmigrantes.

Hagan su trabajo, señores ministros.

Saludos,

 

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La hora de la verdad en El Salvador. De Azam Ahmed/NY Times

Los pandilleros se enfrentan a la mano dura del gobierno y a la letalidad policial mientras algunos intentan encontrar una salida a un punto muerto con las autoridades tras el fracaso de una tregua. Pero ¿eso es siquiera algo que quieren los salvadoreños?

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Santiago es integrante de la facción de Barrio 18 conocida como los Sureños. crédito Moises Saman/Magnum, para The New York Times

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Azam Ahmed es el jefe del buró de The New York Times en México.

Azam Ahmed, 29 noviembre 2017 / THE NEW YORK TIMES

EN MARZO DE 2016, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció un conjunto de “medidas extraordinarias” que, según declaró, acabarían con las pandillas que habían convertido a El Salvador en el país con el mayor número de homicidios sobre la faz de la Tierra. Una tregua respaldada por el gobierno cuatro años antes fracasó y la tasa de homicidios había aumentado a 104 por cada 100.000 personas a nivel nacional y a cerca del doble en la capital, San Salvador. Ahora el partido gobernante, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recurriría a la mano dura. Se desplegarían las fuerzas armadas, se envalentonaría a la policía y las cárceles quedarían sobrepobladas.

Poco después del anuncio, apareció un video. Era una respuesta de las tres pandillas más importantes de El Salvador: la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, y su contraparte y enemiga Barrio 18, dividida en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios. En el video aparecía un hombre con lentes oscuros y un pañuelo que le NEW YORK TOMES NYTcubría el rostro. Los rayos del sol se filtraban desde una puerta abierta detrás de él, haciendo resplandecer su silueta oscura, lo que le daba una atmósfera amenazante al video, como si su intención fuera exigir el pago de un rescate. Sin embargo, el mensaje tenía un propósito totalmente distinto. En la grabación, el hombre decía que a partir de ese momento no habría más matanzas. Las pandillas habían entablado una nueva tregua, independiente del gobierno. Básicamente, la mano dura no tenía razón de ser.

“Le hacemos conciencia al gobierno en general que no podrá terminar con las pandillas”, dice el hombre, “ya que somos parte de la comunidad de nuestro país”. Con ese enfoque, un ataque contra las pandillas sería un ataque contra el pueblo y un ataque de ese tipo tendría un costo. En el video se acusaba al FMLN, que surgió de la guerra civil salvadoreña hace más de dos décadas, de batallar para mantener su promesa de ser la voz del pueblo. Las pandillas son el pueblo, afirma el hombre con la cara tapada y concluye: “Tenemos herramientas como para poder venir a destruir la política de este país”.

De pie, justo al lado de la cámara, estaba un fornido hombre de 33 años de edad que pertenece a Barrio 18 Sureños. La mayoría de sus amigos lo conocen como Santiago. Él había escrito el discurso pero no pudo pronunciarlo porque se recuperaba de una operación de vesícula biliar. Santiago había ascendido de manera inusual en la jerarquía de Barrio 18. Como uno de los seis miembros de una comisión política especial instaurada por los líderes, ayudó a mantener la tregua de 2012 que disminuyó los homicidios de El Salvador casi a la mitad y despertó en las pandillas el sentimiento de poder político que ahora demostraban.

Desde entonces, se separó del trabajo cotidiano de la vida de las pandillas —que en El Salvador consiste básicamente en extorsionar a los dueños de pequeños negocios— y operaba más como un defensor de los derechos humanos en una zona de conflicto. Mantenía un registro de los miembros muertos de cada pandilla, independientemente de si habían fallecido a manos de rivales o, como sucedía cada vez con mayor frecuencia, de las autoridades. Llevaba a las víctimas de abusos policiales a presentar denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Instaba a miembros de la Iglesia, a organismos no gubernamentales y a periodistas a alzar la voz en contra de las medidas extraordinarias del gobierno. El video fue, en cierto modo, el punto final de sus esfuerzos. Si al gobierno no le importaba detener la violencia, las pandillas tratarían de conseguir la paz por cuenta propia.

“¿Qué dice nuestra
existencia del gobierno y los
servicios que no provee?
Existimos porque no
hay nada más”.
Santiago

Cuando conocí a Santiago en agosto de 2016 y me habló sobre su participación en el video, era el último de los miembros originales del comité político. Los demás fueron asesinados o estaban detenidos. El actual gobierno rechazó la tregua, no solo por considerarla una aberración, sino una asociación delictiva. Las medidas extraordinarias que dieron rienda suelta a la brutalidad de las fuerzas policiales, también se centraron en evitar que los pandilleros se comunicaran: fueron confinados en aislamiento dentro de las cárceles y se les prohibieron las visitas. Organizarse entre ellos, se volvió subversivo.

Cuando lo conocí, Santiago estaba sentado en el segundo piso de un restaurante familiar repleto de gente en San Salvador; estaba comiendo un plato de sopa. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa tipo polo que escondía sus tatuajes. Se veía como cualquier otro trabajador disfrutando de su almuerzo.

“Cuéntame del terrorismo”, dijo Santiago. Había escuchado que trabajé en Afganistán y me preguntó: “¿Cómo lo defines?”. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró a las pandillas como grupos terroristas, una medida que parecía diseñada —por lo menos en parte— para conseguir la colaboración de Estados Unidos. Durante más de una hora, mientras Santiago fumaba cigarrillos y tomaba una michelada, hablamos sobre el terrorismo en Afganistán, Irak, Siria y Palestina. Santiago aceptó que las pandillas de El Salvador eran violentas, pero la suya era una violencia de otra naturaleza. “El único paralelo que veo es que representamos a una comunidad determinada, a un segmento de la sociedad que ha sido marginado”, dijo. “Pero nuestra violencia no es ideológica y, sin duda, tampoco es religiosa”.

Le pregunté por qué las pandillas decían que representaban a alguien más que a sí mismas. ¿Qué servicios le brindan a las comunidades? El Talibán regía a aquellos bajo su control con leyes que, aunque brutales, se hacían cumplir con mayor frecuencia que las del gobierno. Las pandillas, en cambio, eran depredadoras que mataban a comerciantes por no pagar sobornos y se enfrentaban a pandillas rivales por cuestiones de territorio y respeto que no tenían nada que ver con las necesidades de la comunidad.

Santiago asintió con la cabeza. “La cuestión no es cuáles servicios brindamos”, dijo. “La cosa es más fundamental: ¿qué dice nuestra existencia del gobierno y los servicios que no provee? Existimos porque no hay nada más”.

AL IGUAL QUE EL FMLN, las pandillas de El Salvador fueron el resultado de la larga guerra civil que comenzó en 1980. Entonces, el FMLN era una constelación de grupos de izquierda que se enfrentaba al gobierno de derecha. A medida que las batallas se hicieron cada vez más violentas, cientos de miles de salvadoreños se mudaron a Estados Unidos, estableciéndose principalmente en Los Ángeles, donde sus hijos se organizaron para protegerse de otras minorías pobres que también habían quedado al margen del “sueño americano”. Para cuando fueron deportados, años más tarde, ya habían formado las pandillas que ahora carcomen a la sociedad salvadoreña y que han sido considerablemente brutales, famosas por decapitar a sus enemigos e ignorar por completo el destino de los civiles atrapados en el fuego cruzado. Ahora, como sucedió durante la guerra civil, cientos de miles de refugiados han huido, incluyendo a más de 50.000 menores de edad que en los últimos años han intentado hacer el viaje por tierra hasta Estados Unidos.

El primero en ejercer la mano dura fue el partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista, conocido como ARENA, que ganó por primera vez la presidencia en 1989. Eso solo sirvió para fortalecer la determinación y cohesión de las pandillas. Cuando el FMLN asumió el poder en 2009, intentó algo diferente. Comenzó a trabajar en secreto para negociar una tregua entre las pandillas en pugna del país. La premisa era sencilla: a través de intermediarios de confianza reunirían a los principales líderes en las cárceles de seguridad, permitirían que interactuaran y los alentarían a forjar la paz en las calles.

Cuando esa tregua finalmente se materializó en 2012, el índice nacional de homicidios cayó casi a la mitad. Sin embargo, a medida que se hizo pública, surgieron varios cuestionamientos: ¿las pandillas simplemente estaban consolidándose antes de desatar otra ola de violencia? ¿Los líderes recibían un tratamiento especial que incluía acceso a drogas y prostitutas? ¿El gobierno estaba apostando por una estrategia en la que las pandillas podrían exigir negociar si mataban a más personas? Una vez que se dio a conocer, la tregua nunca gozó de mucha popularidad entre los salvadoreños; Estados Unidos se opuso ferozmente a esa medida. En 2014, el gobierno comenzó a distanciarse del esfuerzo y la tasa de homicidios comenzó a aumentar de forma considerable.

Lo que está sucediendo es como una
guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante.

Cuando Sánchez Cerén llegó al poder en junio de 2014, le retiró el apoyo gubernamental a la tregua. Siete meses después había encarcelado a los líderes de las pandillas en prisiones de máxima seguridad, cortando sus líneas de comunicación. Uno de los periodos más pacíficos desde la guerra civil dio lugar a uno de los más mortíferos y no solo porque la guerra entre las pandillas iba en aumento, sino porque la violencia policial también se incrementó de manera drástica.

Las autoridades mataron a ocho veces más presuntos integrantes de las pandillas en 2015 que en 2013. El diario salvadoreño El Faro reveló que por cada oficial de policía que murió en un tiroteo entre enero y agosto de 2016 fueron asesinados 53 presuntos pandilleros. Es mucho más probable que un combatiente resulte herido a que muera en la historia de la guerra moderna. Sin embargo, en un periodo de veinte meses en el que sucedieron 1074 tiroteos contra presuntos pandilleros, la policía mató a 693 y solo lesionó a 255. El vicepresidente Óscar Ortiz ha afirmado públicamente que los policías tienen el derecho de usar la fuerza letal “sin ningún temor a sufrir consecuencias”.

Lo que está sucediendo es como una guerra en casi todos los sentidos, pero en el vocabulario de la guerra no hay palabras para describir esta nueva variante. Las pandillas son algo parecido a una insurrección, pero no parecen tener ningún objetivo político excepto evitar que se les mate. La existencia de seudodiplomáticos como Santiago refleja una nueva dinámica, alguna vez impensable, con una potencial voluntad de algunos de los bandos para dejar las armas. En diciembre de 2016, los líderes de la MS-13 declararon a El Faro que estarían dispuestos a negociar con el gobierno; incluso mencionaron la posibilidad de desmantelar la pandilla en caso de lograr la paz.

Antes esta opción ni siquiera estaba sobre la mesa, pero los dirigentes parecen haber evolucionado a raíz de la tregua. En febrero, se creó la Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo y el grupo contactó a un enviado especial de las Naciones Unidas, pidiéndole que iniciara un diálogo entre las pandillas y el gobierno.

Presuntos pandilleros que fueron detenidos durante una redada en San Salvador en 2016. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

El FMLN, hasta ahora, no ha correspondido a estas propuestas, ni tampoco lo han hecho muchos de los salvadoreños. Una encuesta reciente arrojó que un 40 por ciento de los adultos del país avalaría el uso de la tortura para combatir a las pandillas, mientras que casi un 34,6 por ciento aprobaría asesinatos extrajudiciales. Los políticos son impopulares, pero también lo son las pandillas.

En la colonia Montreal de Mejicanos, un barrio violento ubicado en lo alto de una colina que está bajo el control de la MS-13, un residente me dijo que las pandillas mataron a un muchacho que se negó a entrar al grupo, lo sepultaron en una fosa clandestina y le prohibieron a sus padres que recuperaran el cuerpo. En Aguilares, asistí al funeral de un conductor de autobús que fue asesinado porque sus jefes se negaron a pagarle a dos pandillas diferentes en la misma ruta. Su hermano me contó que el dolor y la ira lo hicieron pensar en unirse a sus rivales pero, en cambio, dejaría que el gobierno acabara con ellos.

Una pandilla de El Salvador gana en un año lo que un cartel mexicano recaba en una semana. MS-13, la pandilla más grande del país, con 40.000 miembros, recauda unos 30 millones de dólares anualmente de los pagos de extorsiones de unos cuantos dólares, a veces recibidos en monedas, y los distribuye en dádivas a sus miembros, muchos de los cuales viven de cualquier alimento que puedan tomar por la fuerza de los vendedores locales. Parecen no tener interés en las ideologías. El poder que tienen proviene de su condición como el único grupo organizado presente en los barrios pobres de El Salvador; como la única “familia” de decenas de miles de niños salvadoreños abandonados y, para muchos, son la única economía que existe.

El poder que tienen las
pandillas proviene de su
condición como el único
grupo organizado presente
en los barrios pobres
de El Salvador.

En última instancia, comentó Santiago, las pandillas tendrían que sobrellevar las medidas extremas hasta las siguientes elecciones, en marzo de 2018. Santiago estima que las pandillas fácilmente podrían constituir un diez por ciento de los votos, una porción decisiva en un sistema bipartidista. El país celebrará elecciones de dirigentes y legisladores municipales, muchos de zonas que están bajo el control de las pandillas. Esos grupos podrían utilizar su poder para exigirle a ARENA que aligere la mano dura en caso de que el partido resulte electo en un acto de represalia contra el FMLN por adoptar una estrategia tan estricta contra ellos.

“El gobierno tendrá que pagar la factura por lo que ha hecho”, dijo Santiago. “Deberán responder ante nosotros, de una manera u otra”.

SANTIAGO RARA VEZ SE QUEDABA más de un día en el mismo lugar. A veces pasaba una o dos noches en la casa de su exnovia, con quien tuvo una hija que ahora tiene 7 años. También tiene un hijo de 5 años con otra mujer. En raras ocasiones se ha quedado con su abuela. Otras veces, cuando sentía que una zona estaba más caliente, se quedaba en casas alquiladas que parecían abandonadas, al menos desde el exterior.

Su obsesión con la seguridad estaba justificada: Marvin, su contraparte de la MS-13, había sido “levantado” a medianoche de su casa. Lo mismo le pasó a Nalo, el representante de Barrio 18 Revolucionarios en las discusiones de la tregua. Durante una noche, cuando llegamos a una de las casas alquiladas, Santiago se detuvo en un garaje donde había crecido la maleza y se quedó ahí por un minuto, observando a su alrededor.

La casa estaba a oscuras; era una estructura de un piso con las cortinas cerradas detrás de ventanas con herrería. Al otro lado de la calle, alguien instaló un sistema de bocinas y colgó un letrero para transformar una casa similar en una iglesia. Las voces de los evangélicos alabando a Dios sonaban a lo largo de la calle que, de lo contrario, estaría en silencio. Convencido de que no había nadie afuera, Santiago quitó las cadenas del garaje, abrió las puertas oxidadas y entró.

El interior se veía un poco mejor. La tela desgastada de los muebles de la sala estaba cubierta de quemaduras de cigarro. Los pasillos estaban llenos de telarañas. Santiago había cerrado el suministro de agua la última vez que fue y los baños no tenían agua. Decidió esperar a que la misa al otro lado de la calle terminara para volver a abrir la llave de paso. “Prefiero que la gente no me vea aquí”, dijo.

Había una nueva televisión de pantalla plana en la pared. Santiago se sentó en el sofá y encendió la tele para ver las noticias locales. Mencionó que le gusta mantenerse informado sobre los acontecimientos políticos en otras partes de América Latina.

“Deberán responder ante
nosotros, de una
manera u otra”.
Santiago

Mientras cambiaba los canales sonó su teléfono celular. Respondió y escuchó en silencio por un momento. “¿Quieres presentar una denuncia?”, preguntó finalmente. “Yo o alguien más del equipo puede llevarte a la oficina de derechos humanos mañana para llenar el papeleo”. Escuchó otra vez, dijo que entendía y colgó con un suspiro.

Era la esposa de uno de los líderes, dijo. Su marido llevaba años encarcelado y hacía meses que a ella no se le permitía hablar con él, desde que entraron en vigor las medidas extraordinarias. Dijo que la policía todavía la acosaba, pasaba por su casa, rompía sus muebles y le robaba objetos de valor. Ella había pensado en presentar una denuncia, pero había rumores de que las prisiones podrían volver a permitir las visitas de los familiares. Si presentaba una denuncia, la policía podría impedirle ver a su esposo. Al final decidió dejarlo todo por la paz.

A Santiago le gustaba su trabajo pero cada vez era más difícil. Comentó que la mayoría de sus amigos habían muerto o estaban en la cárcel. Unos cuantos se habían ido a Estados Unidos y vivían tranquilos con sus esposas e hijos. A veces pensaba que debería seguirlos, pero temía que lo descubrieran las autoridades estadounidenses. “Soy el último que queda de mi grupo”, dijo. “Cualquier cosa que pase, no será buena”.

Santiago se unió a Barrio 18 en 1998, a los 15 años. Su padre, que había sido un oficial de policía, abandonó a su familia para irse a Estados Unidos cuando Santiago todavía era muy pequeño; en su juventud tuvo pocas ambiciones excepto, quizá, que su vida tomara un rumbo distinto. Durante los primeros años como miembro de Barrio 18, pasó sus días trabajando en una tapicería mientras terminaba el bachillerato por la noche. Mantenía a su madre con el dinero de trabajos esporádicos, pero quería algo más. Dijo que le gustaba ser parte de una comunidad pero “no tenía ningún objetivo, además de serlo; solo quería saber cómo era la vida de pandillero”.

Poco a poco, las pandillas comenzaron a formalizarse con códigos de conducta que prohíben los ataques contra compañeros y el uso de drogas duras como el crack. El mismo Santiago fue parte de esa evolución. Justo antes de terminar la escuela secundaria, lo invitó a comer uno de los fundadores de la pandilla Barrio 18, Carlos Mojica, conocido como el Viejo Lin. Mojica se había propuesto convertir a Barrio 18 en algo más parecido a la delincuencia organizada. Santiago fue a la reunión saliendo de la escuela y todavía vestía su uniforme cuando se sentaron. Mojica sonrió.

“Sigue estudiando lo más que puedas”, recuerda que le dijo. “La gente como nosotros necesita encontrar algo que le interese, algo en qué ocupar su mente”. Le entregó a Santiago una lista de lecturas que incluía la Constitución de El Salvador y la Biblia. “Me dijo que debería ir a la iglesia”, recordó Santiago. “Pensé que estaba loco pero luego me dijo: ‘No estoy diciendo que te hagas cristiano pero confía en mí, no encontrarás paz en ningún otro lugar’”. Santiago tomó en serio su consejo, memorizó pasajes bíblicos y comenzó a organizar eventos evangélicos. El suyo fue un evangelio extraño, uno que combinaba principios cristianos, como la unidad y el amor, con la aceptación de la violencia y la delincuencia que define a las pandillas.

Todo eso cambió en 2006, cuando Santiago fue acusado de intento de homicidio tras un tiroteo con la MS-13, aunque afirma que él no participó. Después de que el gobierno retiró los cargos por falta de pruebas, decidió que era hora de poner fin al capítulo criminal de su vida. Preguntó a los dirigentes si podría concentrar sus energías en encontrar canales para la paz. Estuvieron de acuerdo.

Después de una persecución a pie, un policía arresta a un hombre sospechoso de ser pandillero y de haber participado en el robo de una camioneta. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago nunca me dijo cómo ni con qué se le pagaba por su trabajo, pero no podría haber sido mucho. Su hija se mantenía de las remesas que enviaban los parientes de la madre de la niña desde Estados Unidos. El único flujo de ingresos lucrativo al que podrían haber tenido acceso, de los carteles de narcotráfico que pasaban por su territorio, estaba vedado.

Le pregunté a Santiago por qué las pandillas, dada la cantidad de miembros que tenían, nunca intentaron cobrarles dinero a los carteles. Se rio. “No, cómo crees, hombre”, dijo. Con la guerra del gobierno en su contra, las pandillas difícilmente podían darse el lujo de entablar una pelea con los carteles. “He leído un poco sobre Hitler”, comentó Santiago. “Lo agarraron porque abrió demasiados frentes”.

Santiago es un conversador ágil y lleno de energía y cuando se le da rienda suelta —puede pasar de hablar sobre el gobierno comunista de China al proceso de paz en Colombia y la Rusia de Putin— mueve los brazos y el torso como un director de orquesta, como si estuviera convocando sus mejores ideas. Una vez me dijo que, en otra vida, le habría gustado estudiar Derecho, una profesión más a tono con su curiosidad intelectual. También me contó que no lamentaba haberse unido a una pandilla, pero sí no haber iniciado sus esfuerzos de reforma antes.

Las estructuras de pandillas son celulares y, a nivel de barrio, a menudo operan independientemente de la dirección general. Santiago conocía a casi todos y pasaba sus días al teléfono con sus rivales; algunas veces se reunía con ellos en persona. Intercambiaban detalles de la muerte más reciente a manos de un rival o de la policía. Hablaban de las próximas reuniones con la iglesia o con líderes de organizaciones no gubernamentales. Planeaban la emisión de comunicados conjuntos y mantenían abiertas las líneas de comunicación para evitar cualquier contratiempo en el cese al fuego.

“Nos dimos cuenta del error
quizá 24 meses después de
que había comenzado la
tregua, pero ya era
demasiado tarde”.
Santiago, pandillero

A veces se preguntaba si se habría unido a la pandilla, si su crianza hubiese sido distinta. Aunque muchos miembros de las pandillas culpan al gobierno por romper la primera tregua, para Santiago el fracaso fue más simple que eso. La tregua había mejorado las vidas de los pandilleros, quienes morían en menor cantidad, y del gobierno, que podía darse el crédito por las estadísticas de homicidios más bajas. Sin embargo, los salvadoreños promedio no veían muchas mejoras en sus vidas. Las extorsiones continuaron, al igual que el asesinato de inocentes. Santiago comentó que el principal error de la tregua fue continuar exigiéndole dinero a los civiles, ya que eso la había condenado al fracaso.

“Es muy triste llegar a esa conclusión”, me comentó. “Nos dimos cuenta del error quizá 24 meses después de que había comenzado la tregua, pero ya era demasiado tarde. Debimos haber empezado por ahí”.

Le pregunté a Santiago si alguna vez permitiría que su hijo se uniera a una pandilla. “Mi hijo es el niño más extrovertido que te puedas imaginar”, comentó, dejando escapar una sonrisa. “Te da la mano, te pregunta tu nombre y quiere contarte todo sobre la escuela. Si quisiera unirse a una pandilla, sería como en unos diez años. Para entonces, espero que esta dinámica de violencia haya cambiado; de no ser así, nadie va a querer formar parte de eso”.

MÁS DE 22.000 AGENTES de policía son responsables de la seguridad en El Salvador y ahora trabajan junto con 14.000 soldados. En vez de que las fuerzas armadas se volvieran algo parecido a una fuerza policial interna, la policía es la que se ha convertido en una especie de cuerpo militar invasor. Una noche, temprano, acompañé a un capitán de policía a patrullar Soyapango, municipio con una población de 300.000 habitantes repleto de casas de techos bajos y casuchas de lámina al este de la capital. Es considerado uno de los lugares más peligrosos del país. Mientras nos desplazábamos por una avenida estrecha y repleta de peatones, pasamos junto a un hombre que llevaba en brazos a una mujer inconsciente; el pánico era evidente en el rostro del hombre. Ni él detuvo a la patrulla para pedir ayuda ni los policías se la ofrecieron.

El capitán y un conductor recogieron a tres jóvenes oficiales que estaban en la banqueta de la plaza central, todos ellos de 27 años y graduados el mismo año de la academia de policía. Nos alejamos de las bulliciosas calles del centro de Soyapango y nos encaminamos hacia un barrio llamado Horizontes, en medio del territorio de la MS-13. Hubo un cambio perceptible en cuanto al abandono de la zona, incluso pese al ruinoso estado general de San Salvador. Las calles estaban reducidas a escombros, los lotes baldíos estaban llenos de maleza y abandonados; la mayoría de las casas estaban hechas de bloques de hormigón, sin una capa de pintura o yeso. Los terrenos estaban llenos de basura, como si fuera hierba silvestre.

El plan, en el supuesto de que hubiera uno, era buscar una casa “destroyer” —un escondite o casa de seguridad— en Horizontes, donde se creía que algunos miembros de la MS-13 podrían estarse refugiando después de un tiroteo con la policía. En realidad, la misión era mucho más simple: hacer “acto de presencia”, para mostrar que podían ir y venir como quisieran en territorio enemigo; un recordatorio para las pandillas, o cualquier persona que les ayudara, de que el gobierno no se quedaría de brazos cruzados.

Un oficial me dijo que él y sus compañeros habían matado a cinco pandilleros en un enfrentamiento armado dos semanas antes, justo en el lugar por donde caminábamos. Señaló hacia a una tubería de aguas residuales. “Uno de ellos murió allí”, dijo, ajustando su rifle de asalto. Contó que los sobrevivientes habían corrido, pero la policía creía que los pandilleros se ocultaban en esa casa “destroyer”.

La casa, sin pintura y con las ventanas tapadas con maderas, parecía abandonada. Un policía al que apodaban el Chino, golpeó la puerta. Al no recibir respuesta, golpeó el pánel de la ventana frontal. Para nuestra sorpresa, un joven que solo traía calzoncillos puestos entró en la sala, con las manos levantadas. El policía brincó por la ventana y le apuntó con el arma. “De rodillas”, gritó: “¿Qué estás haciendo aquí?”.

El joven se dejó caer de rodillas. “Aquí vivo”, contestó, alzando apenas la mirada. “Mentira”, espetó el policía. “Te estás escondiendo”.

En el centro de la habitación había un sofá de hule espuma con una sábana sucia y retorcida. Un sofá muy rasgado, con los resortes expuestos a través del terciopelo desgastado, yacía contra la pared. El Chino le preguntó desde cuándo estaba en la banda. “No estoy en nada”, contestó, “vendo tomates en el mercado central. Aquí vivo con mi novia. Está embarazada de nuestro segundo hijo”.

El policía le ordenó que se tumbara en el suelo y después colocó la punta de su bota debajo de la barbilla del joven y con ella le levantó un poco el rostro, mirándolo directamente a los ojos. “No creo que tu esposa viva aquí”, dijo. “Así”.

Otro oficial entró por el patio trasero; traía en las manos un cinturón de policía con la funda de la pistola colgando. “¿Le quitaste esto a un policía?”, reclamó el Chino, lanzando el cinturón sobre el colchón.

El muchacho comenzó a suplicar. “No, ustedes me matarían”, dijo, meneando la cabeza. “Imagínense, cómo voy a hacer algo como eso, con dos hijos”. Los policías salieron para avisar por la radio sobre el presunto robo del cinturón. Desde el otro extremo, recibieron órdenes de dejar al chico en paz. Tenía 17, era menor de edad, así que no valía la pena.

Pasando esa casa, llegamos a un campo de tiro utilizado por las pandillas. En la pared de bloques de hormigón había grafitis de unas burdas siluetas humanas con círculos torcidos a la altura del corazón. El hormigón estaba lleno de orificios de bala. En una pared contigua, alguien había garabateado las palabras “Ver, oír y callar”, un lema de las pandillas en El Salvador.

“Me entristece la pobreza.
Siento pena por estas familias,
por los que se involucran
en las pandillas, pero sobre todo
por los inocentes que mueren”.
Policía salvadoreño

Caminamos al Valle de las Delicias, un barrio situado a pocas calles de ahí. Las paredes de los edificios estaban revestidas de enormes murales de color azul y negro, monumentos conmemorativos a los líderes caídos que, a pesar de la decadencia de la zona, todavía tenían buen aspecto. Mientras íbamos caminando por un callejón encontramos a otro joven delgado, de pelo rizado y cicatrices de acné en todo el rostro, que estaba haciendo una llamada con uno de esos enormes teléfonos celulares que se fabricaban en los noventa. Un oficial le arrebató el teléfono, arrojándolo a un colega, y procedió a cachear al hombre con rudeza.

“No he hecho nada”, dijo el joven. Sus padres se asomaron de inmediato a la puerta.

El padre, que era más pequeño que su hijo y llevaba una camiseta amarillenta, preguntó: “No hizo nada, ¿por qué lo están hostigando?”. El oficial presionó el cuello del muchacho hasta torcerle la espalda. Le pidió a sus colegas una cámara para grabarlo. “No tiene antecedentes penales, ¿por qué lo van a meter al sistema?”, preguntó el padre.

“Cállate o sigues tú”, espetó el oficial.

Los policías dejaron a los familiares que estaban furiosos en el porche. “Mira cómo lo maltratan, solo porque es joven”, me dijo el padre. “No entiendo cómo pueden vivir consigo mismos, si también tienen hijos. ¿Qué les parecería que alguien les hiciera eso a sus hijos?”.

Un grupo de jóvenes observan las andanzas de las pandillas en el vecindario de Las Palmas, controlado por Barrio 18 Revolucionarios. Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Al terminar el patrullaje caminamos por los márgenes del barrio, marcados por un inmenso árbol de ceiba que se elevaba casi 40 metros por encima del estacionamiento, al fondo de un terreno baldío. El oficial que había registrado al chico me preguntó por lo que me había dicho la familia. Le dije e hizo una pausa para reflexionar.

“En estas comunidades marginadas, cada familia tiene al menos una persona involucrada con las pandillas”, dijo. “Claro que me entristece. Me entristece la pobreza, siento pena por estas familias, por los que se involucran en las pandillas, pero sobre todo por los inocentes que mueren”. Un camión de policía estaba parado debajo del follaje del árbol. Los oficiales se subieron al camión uno por uno.

“Todo esto tiene que ver con la pobreza y la marginación”, dijo, asintiendo con la cabeza mientras miraba un bote de basura cerca de las raíces del árbol, donde estaban escritas, en inglés, las palabras: Fuck Police.

POR LO GENERAL, SANTIAGO se sentía solo en su trabajo. La vida de pandillero gira en torno a la delincuencia, no la paz, por lo que se mantenía al margen. Hasta el año pasado, su comunidad incluía a un grupo informal de algunos altos líderes religiosos, diplomáticos y el comité de la pandilla. Se reunían para discutir estrategias encaminadas a reiniciar la tregua o por lo menos mantener abiertas las líneas de comunicación.

Con la presión ejercida por las medidas extraordinarias, las reuniones prácticamente habían cesado. A pesar de ello, Santiago trataba de comunicarse con los miembros del grupo y en ocasiones visitaba a algunos. Así fue como en una tarde de sábado, en octubre, condujo su auto a las oficinas de la Iglesia luterana para ponerse al día con el obispo Medardo Gómez.

“¿Dígame?”, preguntó la recepcionista, mirando a Santiago. “Vengo a ver al obispo”, dijo Santiago con una sonrisa de oreja a oreja. “Está en una reunión”, respondió ella, sin levantar la vista de la computadora.

Santiago tomó asiento y esperó. Casi era mediodía y había un puñado de personas haciendo antesala en la oficina del obispo. La mayoría vestía ropa formal. Santiago llevaba una camisa, jeans y un par de Nike que le había dado un amigo. Después de unos minutos, una mujer mayor con un traje planchado y joyería fina entró en el vestíbulo. Se paró en seco cuando vio a Santiago en la sala de espera.

“Ay, Dios mío, si eres tú”, exclamó, y corrió hacia él para darle un abrazo. “¿Sabe que estás aquí?”, preguntó ella, girando la cabeza hacia la puerta de la oficina del obispo. “Hace meses que no te vemos”, dijo entusiasmada. “¿Cómo va todo? Supimos de Alex”, agregó, refiriéndose a un miembro del comité político de Barrio 18 Revolucionarios al que habían detenido. “La situación es horrible ahora. Eres el primero que vemos en meses”.

Lo llevó hasta la puerta del obispo y lo anunció. El obispo, un anciano de ojos vidriosos, estaba sentado a la cabecera de una sencilla mesa de conferencias, en una reunión con unas cuantas personas. Los demás asistentes dejaron la sala cuando entró Santiago y el obispo se puso de pie para saludarlo. “Qué bueno verte aquí, no estaba seguro de si te habían agarrado también”, dijo al colocar su mano sobre la cabeza de Santiago. “Le dije a Alex que necesitaba hacer cambios en su rutina. Pero lo pescaron en su casa, al amanecer”.

“Gracias a Dios que no le hicieron nada más”, respondió Santiago.

Alex, al igual que Santiago, formaba parte de la comisión política desde sus inicios, a partir de que se anunció la tregua. Ahora estaba en prisión acusado de homicidio, dijo el obispo Gómez.

“Me han dicho que hay testimonios que afirman que no fue él”, continuó el obispo, con la mirada fija en la mesa como si no hablara con nadie en particular. “Tal vez lo prueben”. Dirigió la mirada hacia Santiago, que observaba la vasta colección de fotos en el escritorio y las paredes de la oficina del obispo. “Parece que eres el último que queda”.

Marvin, contraparte de Santiago dentro de MS-13, estaba en la cárcel y se sospechaba que estaba colaborando con las autoridades con base en un acuerdo negociado de culpabilidad. Nalo, uno de los principales líderes de Barrio 18 Revolucionarios, cuyo verdadero nombre es Carlos Eduardo Burgos Nuila, corrió la misma suerte. Mientras tanto, Alex fue encarcelado pero, hasta donde se sabía, no había firmado ningún acuerdo de ese tipo. Aunque las pandillas buscaron remplazos para todos con el fin de retomar las comunicaciones con el resto de la comisión, los vínculos eran nuevos y todavía inciertos.

La policía salvadoreña durante una redada en el vecindario Horizontes, en Soyapango Credit Moises Saman/Magnum, para The New York Times

Santiago le preguntó al obispo qué había pasado con los demás miembros del grupo informal: los diplomáticos, los trabajadores de las ONG y los líderes religiosos. La recepcionista entró con el almuerzo del obispo, un estofado caldoso que el obispo miró con decepción.

El obispo dijo que estaba planeando un foro para reunir a los líderes locales y funcionarios del gobierno para hablar sobre las medidas extraordinarias, en específico sobre el impacto de la violencia en los barrios. Levantó el tazón a la altura de los labios y dio un sorbo antes de agarrar un pedazo de costilla que se veía duro de roer. “Debemos insistir en el diálogo y hacerlo avanzar a todos los niveles”, dijo. “No hay que verlo solamente como un diálogo con las pandillas, hay que integrar y fomentar esto con todos”.

El obispo tenía la débil esperanza de que si los residentes de las zonas afectadas se acercaban a hablar con los funcionarios, ellos escucharían las historias de la miseria que había ocasionado su política. “Las medidas solo han empeorado las cosas, en vez de ayudar”, dijo. “La idea de un foro es para decir a nivel nacional e internacional: ‘Miren, las medidas extraordinarias no están funcionando’”. Hizo una pausa y suspiró. “No podemos negar que la cantidad de muertos ha disminuido”, continuó. “Pero la forma en la que la policía se comporta ha hecho que dejen de ser agentes de seguridad. Ahora son agentes de la muerte”.

Santiago se entusiasmó. Escuchar que un respetado líder religioso se hiciera eco de sus palabras le hizo sentir algo parecido a una catarsis. Estos días, dijo, la policía montaba supuestos tiroteos solo para matar a pandilleros y la explicación que daban después era que se trataba de terroristas. “¿Parezco terrorista?”, le preguntó al obispo.

El obispo negó con la cabeza y empujó su silla hacia atrás. Tenía unas ojeras pronunciadas. Se le hacía tarde para una reunión en otra parte de la ciudad. Miró a Santiago. “No, no tengo duda de que solo dicen eso para justificar la represión y solicitar asistencia internacional”, dijo.

Santiago acompañó al hombre hasta la salida y, acto seguido, encendió un cigarrillo en el patio del edificio, al lado de una fuente vacía y repleta de follaje. “Estas charlas me dan fuerza; me dicen que no estoy solo”, agregó, mientras sacudía las cenizas en un bote de basura vacío. “Al menos alguien piensa como yo”.

ESTE VERANO las cosas comenzaron desmoronarse para Santiago. La campaña del gobierno contra las pandillas continuó y la tregua, aunque todavía en efecto, pendía de un hilo. En agosto, los fiscales sometieron a juicio a 18 personas que no pertenecían a las pandillas pero que participaron en la creación de la tregua original de 2012; en su mayoría funcionarios y servidores públicos de escalafones bajos a los que le achacaron cargos de asociación delictiva y contrabando de mercancías prohibidas en las cárceles.

Santiago vio el juicio en televisión. Marvin y Nalo se habían convertido en testigos del gobierno después de su arresto; el segundo fue testigo estrella durante el juicio. Testificó que a los pandilleros en prisión les daban cenas de pollo frito y televisores de pantalla plana por su disposición a reducir la tasa de homicidios, pero también describió el reparto de dinero proveniente de los partidos políticos más importantes antes de las elecciones presidenciales de 2014, que incluyó más de 250.000 dólares como retribución por el apoyo de las pandillas.

Sin embargo, no se acusó ni se citó a dar testimonio a ningún político ni tampoco a los autores intelectuales de la tregua, entre los cuales estaba el actual ministro de Defensa. Finalmente, todos los acusados fueron absueltos y el juez convocó a los fiscales a acusar a los individuos que solo seguían órdenes del gobierno.

Sin dejarse abatir por esa derrota en los tribunales, el gobierno apeló la decisión del juez de inmediato y presentó una nueva ronda de acusaciones por extorsión, pero ahora en contra de quienes participaron en la tregua de 2012. Poco importaba: la mano dura del gobierno ya había desintegrado a la comisión política. Aunque la tregua seguía vigente entre las pandillas, se trataba más de la supervivencia frente las agresiones del gobierno que de forjar la paz.

Si bien Santiago sentía pena por los pandilleros exintegrantes de la comisión, sobre todo se sentía devastado debido a que los años de trabajo —construyendo alianzas y generando confianza en la sociedad civil, forjando relaciones con rivales, convenciendo a la gente de las calles sobre su visión— se habían convertido en un espectáculo público.

Santiago tenía sus propios problemas y preocupaciones. Para fines de agosto pasado, incluso antes de que los acusados fueran declarados inocentes, ya se preparaba para huir del país.

“La violencia tiene que alcanzar
un nivel mucho mayor que el
actual para que llegue la
hora de la verdad”.
Santiago, pandillero de Barrio 18

Sabía que no habría ningún respiro, al menos no hasta las elecciones de 2018. Mucho antes del juicio, Santiago escribió un manifiesto para las pandillas. Por primera vez en décadas, no apoyarían al FMLN en las urnas. En cambio, usarían su poder político para hacer que perdieran las elecciones, ya fuera apoyando a un partido de derecha o, posiblemente, a candidatos independientes.

El acuerdo tradicional, según cuenta, era que ellos recibían una compensación monetaria por apoyar al FMLN. Sin embargo, el presidente Sánchez Cerén, del FMLN, había roto su larga relación con las pandillas al emprender la guerra en su contra. Por eso, las pandillas responderían retirando su diez por ciento de los votos para castigar al partido en la legislatura. Los demás partidos políticos empezaron a tener acercamientos: políticos que buscaban acceso, favores, los votos antes de las elecciones del próximo año. “Ahora somos la chica bonita con la que todos quieren bailar”, me comentó Santiago.

Pero lo harían sin él. Las autoridades lo habían encontrado.

En febrero de este año, meses antes de que comenzara el juicio y después de una reunión con el obispo Gómez, su auto fue detenido para una inspección de rutina. La policía revisó los registros de su automóvil, así como su identificación, y lo dejó ir. Pero Santiago tenía sus sospechas. Mandó a revisar su auto con un especialista, que encontró un dispositivo de rastreo GPS pegado al chasis. Santiago cambió de vehículo.

En abril, poco después de Semana Santa, la policía lo detuvo de nuevo. En esa ocasión, lo acusaron de resistirse al arresto y lo detuvieron. Cuatro días después llegaron dos fiscales y un investigador de la policía con una oferta. El juicio por la tregua estaba a unos meses de comenzar y Santiago podía testificar contra sus excompañeros o ir a la cárcel por el resto de su vida, por posibles cargos de tráfico de armas, fraude electoral y contrabando en las cárceles. Luego de hacer la oferta, las autoridades se vieron obligadas a dejarlo ir, pues no tenían ningún motivo para retenerlo.

Pero sabía que lo arrestarían otra vez y se enfrentaría al mismo dilema. No quiso delatar a nadie ni debilitar lo que él genuinamente creía que era la única forma de salir del ciclo de violencia que consume a El Salvador. Eso equivaldría a darle la espalda a todo aquello por lo que había trabajado, así como a todos a los que había tratado de convencer. Tampoco podía imaginarse, a sus 34 años, pasar el resto de su vida en una celda de aquellas prisiones sobrepobladas y llenas de enfermedades. Decidió huir.

La última vez que hablamos no quiso decirme dónde estaba, solo que no tenía planes de regresar a El Salvador, por lo menos no durante el próximo año. Ya no era el optimista de hacía seis meses. Aún pensaba que el FMLN perdería las elecciones presidenciales de 2019 y que su pueblo, las pandillas y su comunidad se asegurarían de dificultarles las legislativas y municipales del próximo año. Pero, mientras tanto, creía que no podía hacer nada para avanzar el diálogo; el esfuerzo, por ahora, estaba fracturado.

“Ahorita soy un poco más realista”, manifestó. “Podría decir que, sin importar cuál partido gane, no van a buscar una alternativa”. Para que ambos lados de la guerra civil negociaran se requirieron años en los que se perdieron decenas de miles de vidas. Lo mismo sucedería con esta guerra, porque las guerras solo terminan cuando alguien gana o cuando ambas partes se hartan de las muertes. “La violencia tiene que alcanzar un nivel mucho mayor que el actual para que llegue la hora de la verdad”, dijo. “Solo entonces se comenzará a pensar en una solución integrada. La verdad es que este país aún tiene que derramar más sangre”.