Mes: agosto 2017

Carta al Fiscal General: Goleada de 0-18. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 31 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Su silencio es ruidoso. Cada vez que le pusieron un micrófono en frente, ha aprovechado a hablar de su caso estrella: la tregua. Todavía la noche antes de la sentencia, usted apareció en televisión exhortando al juez a “sentenciar según las pruebas presentadas” y no dejarse presionar por nadie. Irónicamente, usted fue el único que se atrevió a presionar al juez. Y luego de la lección que recibió la Fiscalía en la sentencia del “caso tregua”, silencio…

El juez desechó una tras otra todas las pruebas y tesis de sus fiscales –hasta que no quedó viva ni una sola. Lógica conclusión: absolución de todos los 18 acusados por todos los delitos imputados por la Fiscalía con tanta pompa: en la vista pública, en los medios que ustedes abastecieron sistemáticamente con sus acusaciones y teorías de conspiración, en sus propias declaraciones y entrevistas.

Pasó cabal lo que yo le advertí: al toparse con un juez honesto, independiente y docto, la Fiscalía iba a sufrir un descalabro con su caso estrella. Bueno, se toparon con un juez que no se deja intimidar por nadie, tampoco por el poder que usted como Fiscal General reviste. Se toparon con un juez que no se deja impresionar por las estrategias mediáticas que la Fiscalía parece favorecer encima de una investigación sólida.

EDH logUsted tal vez todavía no ha captado bien la lección que el juez dio a la fiscalía. Dudo que sus fiscales tuvieron el valor de transmitirle las duras observaciones y regañadas que le mandó el juez:

  • Afirmó tajantemente que no existió ninguna asociación ilícita entre los imputados, sino que todos ellos actuaron dentro de la estructura y jerarquía del Estado, supeditados a las políticas públicas y los lineamientos emanados por el Ministerio de Justicia.
  • Señaló a la Fiscalía investigaciones y documentaciones inconclusas e incongruentes, sea por incapacidad, por negligencia o por mala fe.
  • Denunció con visible indignación una “gran injusticia” cometida por la Fiscalía al haber incluido en su acusación a los miembros del Consejo Criminológico y del Equipo Técnico, a quienes ustedes acusaron de falsedad ideológica no existente.
  • Concluyó que no existían actos arbitrarios, ni incumplimiento de deberes por parte de ninguno de los servidores públicos imputados: ni del director general de Centros Penales Nelson Rauda, ni del inspector general Anilber Rodríguez, ni de los directores de los penales de Izalco, Ciudad Barrios y Cojutepeque. La base de esta conclusión del juez: fue el ministro de Justicia y Seguridad que, en responsabilidad solidaria con el Presidente de la República, ordenó modificar y flexibilizar los procedimientos dentro del sistema penitenciario (y también de la PNC) para facilitar la labor de los mediadores.
  • Desechó la acusación central de la Fiscalía: la introducción de objetos ilícitos en los penales, basada únicamente en el testimonio de un exjefe pandillero transformado en testigo de la fiscalía. No le dio ninguna credibilidad, porque sus acusaciones no estaban comprobadas por ningún otro testigo o testimonio ofrecido por la Fiscalía. Por tanto, la Fiscalía se quedó sin caso.

¿Usted tiene conciencia de la gravedad de los señalamientos del juez? Deberían llevarlo a reflexionar sobre el (ab)uso que está haciendo de criminales a quienes ofrece inmunidad.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre la urgencia de superar las deficiencias de las pruebas, en vez de intentar de compensarlas con relatos dudosos de testigos criteriados.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre las fronteras entre cuestionar políticas públicas e intentar de penalizarlas, porque esto desnaturaliza la misión constitucional de la fiscalía y la lleva a promover juicios políticos.

Muchos entendieron mal el mensaje del juez y ahora piden un juicio contra el ministro Munguía Payés. Pero lo que el juez hizo es remitir el “caso tregua” al ámbito donde pertenece: el análisis político de las estrategias de seguridad pública, no el ámbito penal.

Este análisis nunca se hizo en nuestra país: ni de la mano dura, ni de la tregua, ni de la actual política de militarización de la lucha del Estado contra la delincuencia y violencia.

Usted llamó la tregua una “cochinada”, pero esto no es una categoría de análisis digna de un Fiscal General. Un fiscal general que entiende que su misión no es solamente acusar y conseguir condenas, sino garantizar el Estado de Derecho, podría aportar mucho a este análisis. En vez de esto, usted aportó una farsa.

Reflexione, señor fiscal. Saludos.

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Lea también las cartas sobre la vista pública del caso:

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa.

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

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Soltar amarras, botar lastre y no hacerse bolas. De Joaquín Samayoa

Joaquin SamayoaJoaquín Samayoa, 29 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY/OBSERVADOR

El encabezado de esta columna resume mi recomendación (no solicitada) a la dirección y militancia de ARENA, para beneficio de todo el pueblo de El Salvador. Vale para las dos importantes contiendas electorales que se aproximan. Vale para lograr quitarle al FMLN un poder que no ha sabido usar responsablemente y para empezar a revertir el inmenso deterioro que ese partido le ha causado al país en todos los indicadores de desarrollo democrático, económico y social.

observadorPor la prepotencia, la autocomplacencia y los abusos a los que naturalmente tiende el poder político cuando un mismo grupo lo acapara por tiempo prolongado, ARENA terminó muy desprestigiada tras 20 años al frente del Ejecutivo, con presencia dominante también en la Asamblea Legislativa. Pero al FMLN le habrán bastado 10 años para superar con creces todos los desaciertos, abusos y arbitrariedades de los gobiernos anteriores, añadiendo algo particularmente grave y preocupante, el socavamiento sistemático de la institucionalidad democrática.

Por la alternancia democrática, en 2009 ARENA tuvo su castigo y el FMLN aprovechó su oportunidad. En 2019, esa misma alternancia, mientras todavía sea posible, debe usarla el pueblo salvadoreño para darse una nueva oportunidad de hacer las cosas bien antes de que sean totalmente irreversibles el desastre económico, la inseguridad y otras lacras sociales.

La única manera de lograr ese objetivo es mediante un partido de oposición fuerte, que logre identificarse genuinamente con las aspiraciones de paz, libertad y prosperidad que compartimos todos los salvadoreños, independientemente de nuestras inclinaciones políticas. Hoy por hoy, el partido mejor posicionado para darle una nueva y tal vez última oportunidad a El Salvador es ARENA, supuesto que entiende las verdaderas razones por las que no levanta en las encuestas, a pesar del descontento generalizado de la gente con el gobierno del FMLN.

ARENA sigue teniendo serios problemas de imagen que no se superan con cambios cosméticos ni con una publicidad más inteligente y creativa. No ha podido capitalizar a su favor el descontento de la gente con el actual gobierno simplemente porque todavía hay demasiadas personas que no creen que ARENA sea capaz de hacer algo mejor. Con algunas decisiones y manejos internos muy desatinados, el actual COENA ha hecho más por reforzar que por modificar esa percepción.

Muchos analistas de la realidad política estamos convencidos de que el principal problema que actualmente tiene ARENA es su máxima instancia de decisión. Al adoptar el método de elección por planilla para constituir el nuevo COENA, perdieron una buena oportunidad de elevar a su mejor gente y formar un equipo robusto, permeable a nuevas ideas, capaz de unificar a su militancia ejerciendo liderazgos en sectores diversos del partido. Pero eso es hecho consumado. La única manera de enmendarlo, conforme a sus propias normativas internas, es botando lastre, sustituyendo a las personas más retrógradas y cerradas al cambio, que son también los menos capaces para entender a la sociedad salvadoreña de estos tiempos. No menciono nombres. Ellos saben muy bien quiénes son.

Un COENA más diverso y más lúcido, facilitaría soltar amarras y desatar todo el potencial que tiene el partido para constituirse en una verdadera alternativa de poder ante los electores, particularmente a los ojos de la población más joven, de clase media y buen nivel educativo.

Soltar amarras es cuestionar y superar prejuicios, manejar racionalmente los temores de desnaturalización ideológica que se manifiestan ante cualquier propuesta de apertura y cambio. Soltar amarras significa superar con madurez las desavenencias por pequeñeces entre sectores del partido y con potenciales aliados. Soltar amarras significa reconocer y estar dispuestos a superar los errores del pasado.

Finalmente, dirigentes y militantes del partido deben evitar caer en la trampa de las luchas internas de poder que tanto desgastan a un partido. No se les pide la disciplina irracional de los cuadros del FMLN, pero sí un poco más de tolerancia y fraternidad. Se les pide, sobre todo, que no pierdan las perspectivas, que entiendan bien lo que está en juego en los dos próximos eventos electorales.

En pocas palabras: No se hagan bolas. En primer lugar, deben comprender a cabalidad la importancia de hacerse de una holgada mayoría en las elecciones legislativas. De eso depende que sea posible elegir a los que deben salvaguardar el orden constitucional en los próximos nueve años; poder elegir un Fiscal General valiente, ecuánime, competente y sin compromisos con nadie. De eso depende aprobar presupuestos balanceados y empezar a resolver la profunda crisis de las finanzas públicas. De eso dependen muchas decisiones cruciales en los ámbitos político, económico y social.

Las elecciones legislativas son el desafío más inmediato y deben ser la máxima prioridad. Esto significa, entre otras cosas, no permitir distracciones ni contaminaciones por intereses y posicionamientos relativos a la elección presidencial de 2019.

Pero tampoco deben hacerse bolas con la elección presidencial. Tienen al menos tres aspirantes que serían todos ellos excelentes candidatos y muy buenos presidentes de la república. Eso es un lujo que no ha tenido antes ARENA y que no tiene ahora ningún otro partido. No conviertan esa ventaja en un problema que divida y desgaste al partido.

 

Las instituciones hacen la diferencia. De Roberto Rubio

Se trata también de luchar para que dichas instituciones sean presididas por excelentes funcionarios.

rubioRoberto Rubio, 28 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

De los esfuerzos que muchos ciudadanos estamos haciendo por promover la iniciativa “SuperCiudadanos”, cuyo objetivo es contribuir a cambiar nuestra cultura de impunidad hacia una cultura de paz y respeto a la ley, emergen unas preguntas de punto de partida: ¿cuál es una de las diferencias importantes entre un ciudadano salvadoreño con un canadiense o alemán? ¿Por qué tan diferentes comportamientos sociales? ¿Por qué en la sociedad salvadoreña hay tanto irrespeto a las leyes, tanta corrupción, tanta violencia, tantos robos, y en las sociedades nórdicas, germánicas o anglosajonas no tanto?

LPG¿Será que los más altos, rubios y de ojos azules portan más “genes de honestidad y respeto” en sus cuerpos que los más bajos, morenos y ojos negros? Nada que ver. Las raíces de la diferencia no provienen de los genes, del ADN, de las hormonas o neuronas. En el seno de la madre unos embriones no son más honestos o violentos que otros. Nadie nace corrupto o criminal. ¿Acaso los vikingos fueron menos violentos que los aztecas? ¿Acaso las carnicerías de las guerras mundiales fueron menos violentas que las dictaduras militares latinoamericanas?

Lo que ha contribuido a marcar fuertemente los diferentes comportamientos sociales ante la justicia y las leyes, ante la forma de enfrentar el conflicto, ante el respeto al derecho ajeno, es la existencia o no de instituciones, la fortaleza o debilidad de las mismas.

Así para el caso, además del factor educativo, la diferencia de un canadiense o alemán con un salvadoreño frente al delito es que los primeros saben que si lo cometen tienen más del 90 % de posibilidades de ser castigados, mientras el salvadoreño tiene 90 % que no lo sea. Este, a diferencia de aquellos, sabe que el beneficio de violar la ley es mucho más alto que el costo de pagarlo. Por ello nos pasamos el semáforo en rojo, los buses se paran en donde quieren, o transitamos en carriles prohibidos para no hacer fila. Por ello el que roba reincide, los conflictos se saldan con homicidios y el homicida asesina con tranquilidad. Por ello los corruptos proliferan y muchos de ellos duermen tranquilos.

De ahí que para combatir la corrupción, la violencia, los robos, necesitamos instituciones independientes, fuertes y confiables que generen la certeza que quien comete un delito será castigado. Necesitamos también personas independientes, calificadas y honestas que las dirijan, sobre todo porque en los países donde las instituciones son débiles pesa mucho lo que hagan o dejen de hacer sus conductores.

De ahí la importancia de contar con una buena Sala de lo Constitucional y una buena Fiscalía. Hay que dotarlas de personal calificado y honesto, de unidades ágiles y funcionales, de estructuras robustas, de presupuestos adecuados, de una cultura de servicio y justicia. Contar con instituciones fortalecidas es fundamental para que los que con buenas intenciones lleguen a dirigirlas no se desvíen de sus principios y valores, y se vean sometidos a sus buenas prácticas y dinámicas institucionales. Los funcionarios pasan pero las instituciones permanecen.

Se trata también de luchar para que dichas instituciones sean presididas por excelentes funcionarios. Los magistrados actuales han contribuido al respeto de la justicia constitucional, a enderezar leyes pícaramente torcidas, a frenar las dinámicas autoritarias de la partidocracia. El actual fiscal ha contribuido a desmantelar la arraigada creencia que la justicia solo pica al descalzo, y dejado importantes y alentadores precedentes. Sin duda, magistrados y fiscales han contribuido a sentar bases para cambiar la cultura de impunidad que impregna nuestra sociedad.

De ahí también la importancia de elegir buenos magistrados y un buen fiscal. Queda poco tiempo para la estratégica elección de los mismos. Será importante entonces clamar por su reelección, aun si ellos no la quieran. Y si no es así, luchar para que los que vengan sean mejores.

Si también hacemos esto con la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información, el CNJ, el TEG, y en general con todos los tribunales contralores, sin duda nuestra mayor diferencia con los del norte estará solamente en nuestros “cuerpos tropicales”.

Candidatos: ¿asumen estos cinco compromisos? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 28 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Faltan 188 días para la elección legislativa y aún no hay compromisos claros respecto a un tema de suma relevancia nacional e intergeneracional: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia –cuatro de ellos, a la Sala de lo Constitucional. A continuación y sobre esta decisión, se plantean cinco puntos no negociables para la construcción de un verdadero estado constitucional de derecho en El Salvador.

LPG1) Una elección sin retrasos. El peligro más inmediato es que la Asamblea Legislativa no elija magistrados antes de julio de 2018, sino que lo haga después de las elecciones presidenciales de 2019. Este vacío de más de medio año no solo dejaría desprotegidos los derechos fundamentales de los salvadoreños, sino que permitiría graves abusos durante el período de campaña electoral. En este escenario, la ausencia de la jurisdicción constitucional colocaría en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la confianza en las instituciones y por tanto la estabilidad política del país.

2) Una elección sin secretismos. Las decisiones que afectan al público deben ser públicas, documentadas y debidamente motivadas, tal como lo demanda la ciudadanía y ha sido ordenado en numerosos fallos por la Sala de lo Constitucional. La transparencia permite que la ciudadanía audite las decisiones de sus representantes y por ende es garantía que personas con moralidad y competencia notoria, como lo exige el artículo 176 de la Constitución, sean elegidas. Tanto los perfiles y las entrevistas de los candidatos como los debates posteriores y los criterios de evaluación, ya sea en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador o en la Asamblea Legislativa, deben presentarse de cara a la población.

3) Una elección sin cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo con los artículos 172 y 186 de la Constitución que han sido aplicados en distintas resoluciones también emanadas de la Sala de lo Constitucional. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e incluso impunidad. Promover candidatos con vínculos partidarios resulta inadmisible desde la ética y el orden constitucional.

4) Una elección sin traslados. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como ya se estableció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012.

5) Una elección sin reciclajes injustificados. No debe confundirse la carrera judicial o de servicio público, que se justifican sobre la base de la estabilidad y la meritocracia, con promover a funcionarios por su lealtad con intereses personales. Si se propone elegir a determinado juez o funcionario a la Corte Suprema de Justicia, debe justificarse cuáles son los méritos demostrados y los logros puntuales por tal persona durante su gestión al frente del servicio público. De esta forma y en sintonía con la sentencia 3-2015 de la Sala de lo Constitucional, se evitará premiar a quienes han favorecido a algún grupo de poder desde la función pública y al margen de la ley.

Las campañas electorales son oportunidades valiosas para preguntar a los candidatos y obtener compromisos concretos de estos. Desde el CEJ, invitamos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación, a hacer la siguiente pregunta a cada una de las personas que aspiran a ocupar o seguir ocupando una curul en la Asamblea Legislativa: usted, ¿asume estos cinco compromisos?

Carta a los colegas de Focos: La gallina y el huevo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Felicito a Alberto Arene, Karen Fernández y Saúl Hernández por su intento necesario y exitoso de desarrollar un formato novedoso de debate televisivo. Ya era hora. Los acompaño con apoyo, pero también con crítica.

Este domingo Alberto entrevistó a Rubén Zamora, sobre un tema importante que hay que poner en la agenda nacional: cómo renovar la política, los partidos y el trabajo parlamentario. Lastimosamente, hubo mucho análisis, en partes interesante, en partes solamente discursivo, pero ninguna pista de por dónde comenzar y en qué dirección transformar el sistema de partidos. Quedan con deuda, Alberto y Rubén.

Pero me voy a permitir enfocar en la otra entrevista, la que Karen y Saúl hicieron a Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional.

masLas insistentes preguntas y repreguntas que ustedes hicieron al magistrado demuestran que luego de 8 años de permanentes pleitos sobre el rol de la Sala de lo Constitucional todavía se dan discusiones absurdas sobre este tema. Es preocupante, ya que en pocos meses al país le toca sustituir a 4 de los 5 magistrados de esta sala. Bueno, toca a la Asamblea que vamos a elegir en marzo, pero es un asunto de país. Cómo elegir una nueva sala debería ser uno de los puntos centrales a la hora de votar por partidos y diputados particulares en marzo.

EDH logSus preguntas insistentes sobre la legitimidad el poder de la sala de tomar decisiones inapelables y de obligatorio cumplimiento por parte de los demás poderes del Estado demuestran que todavía no hay claridad sobre los principios básicos del orden republicano de controles y contrapesos. Incluso entre los generadores de opinión más avanzados e independientes, como ustedes en Focos. Construir un dilema de ¿Quién controla a los controladores?, como ustedes lo hicieron con Rodolfo González, es tan absurdo como de tratar de encontrar respuesta a lo que todos como niños nos preguntamos: ¿Qué hubo primero, la gallina o el huevo? Esto es de niños, no de analistas, amigos.

En un Estado de Derecho, cualquier disputa legal debe tener una instancia final. En todo orden republicano, esto es la Corte Suprema de Justicia. Querer tener una instancia mayor que revise las sentencias de las salas de la Corte Suprema, sólo provoca regresar con la misma pregunta: ¿Y adonde se puede apelar contra la sentencia de esta instancia mayor? Etc., etc., hasta el infinito.

Hay que asumir, de una vez por todas, que hay una instancia final en la cual delegamos el poder de decidir; que no habrá otra instancia más donde apelar; y que ciertamente no pueden ser los otros órganos del Estado, que son sujeto al control constitucional de la Sala, que pueden controlar a la Sala y revertir sus sentencias.

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Resultado y reflejo de esta discusión absurda que trataron hacer con el magistrado, son los comentarios que provocaron en redes sociales. Sólo voy a citar la más preocupante, de Lorena Peña. Preocupante porque se trata de una ex presidenta de la Asamblea. Ella escribió en Twitter sobre este tema: “Nada es inapelable, sólo en las dictaduras hay poderes absolutos.” Demuestra el desprecio del FMLN, su gobierno y sus diputados, a someterse a que una instancia judicial ejerce control sobre sus actuaciones. No, Lorena, es en las dictaduras (y no en las democracias constitucionales) donde los gobernantes no se someten al control de las instituciones jurídicas.

La pregunta ¿Quién controla a la Sala? tiene fácil respuesta: Nadie. Nunca. El dilema no es quién controla a los controladores, sino con qué criterios vamos a elegir a magistrados de la Sala, de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas y del Tribunal Electoral, para que de manera independiente controlen al Estado, sus funcionarios y sus actuaciones.

Este es el dilema que enfrentamos y que hasta hora no tiene solución en nuestro país. Y en esto debemos enfocarnos los generadores de opinión.

Ustedes, como Focos, tienen mucho que aportar para llenar este vacío. Saludos,

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Venezuela, hoy. De Mario Vargas Llosa

No hay precedentes en la historia de América Latina de un país al que la demagogia estatista y colectivista de un Gobierno haya destruido económica y socialmente.

MARIO VARGAS LLOSA

Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura

Mario Vargas Llosa, 27 agosto 2017 / EL PAIS

El portavoz del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, declaró hace unos días que, a su juicio, hay en España “un sobredimensionamiento” de lo que ocurre en Venezuela, porque cuando un país vive el drama que experimenta la nación bolivariana aquello no es sólo culpa de un Gobierno sino “responsabilidad colectiva de los venezolanos”.

Semejante afirmación demuestra una total ignorancia de la tragedia que vive Venezuela o un fanatismo ideológico cuadriculado. Hace falta más de un individuo para deshonrar a un partido, desde luego, habiendo socialistas que, con Felipe González a la cabeza, han demostrado una solidaridad tan activa con los demócratas venezolanos que, pese a los asesinatos, las torturas y la represión enloquecida desatada por Maduro y su pandilla, han impedido hasta ahora el paisque el régimen convierta a ese país en una segunda Cuba. Pero que haya en España socialistas capaces de deformar de manera tan extrema la realidad venezolana sin que sean reprobados por la dirección, delata la inquietante deriva de un partido que contribuyó de manera tan decisiva a la democratización de España luego de la Transición.

La verdad es que Venezuela fue, por 40 años (1959 a 1999), una democracia ejemplar y un país muy próspero al que inmigrantes de todo el mundo acudían en busca de trabajo y que, tanto los Gobiernos “adecos” como “copeyanos”, dieron una batalla sin cuartel contra las dictaduras que prosperaban en el resto de América Latina. El presidente Rómulo Betancourt intentó convencer a los Gobiernos democráticos del continente para que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales y sometieran a un boicot sistemático a todas las tiranías militares y populistas a fin de acelerar su caída. No fue respaldado, pero, décadas después, su iniciativa acaba de ser reivindicada por la Declaración de Lima, en la que, invitados por el Perú, todos los grandes países de  América Latina —Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay y cinco países más de la región— además de Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania, han decidido aislar a la dictadura de Maduro y no reconocer las decisiones de la espuria Asamblea Constituyente con la que el régimen trata de reemplazar a la legítima Asamblea Nacional donde la oposición detenta la mayoría de los escaños.

El portavoz socialista no parece haberse enterado tampoco de que las Naciones Unidas han denunciado, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las torturas a las que la dictadura venezolana somete a los opositores desde hace varios meses, que incluyen descargas eléctricas, palizas sistemáticas, horas colgados de las muñecas o los tobillos, asfixia con gases, violaciones con palos de escoba, detenciones arbitrarias e invasión y destrozos de las viviendas de los sospechosos de colaborar con la oposición. Más de 5.000 personas han sido detenidas sin ser llevadas a los tribunales, las fuerzas de seguridad han asesinado a medio centenar en las últimas manifestaciones y las bandas de malhechores del régimen, llamadas los colectivos, a 27.

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FERNANDO VICENTE

El asedio sistemático a los adversarios de la dictadura se extiende a sus familias, que pierden su trabajo, son discriminadas en los racionamientos y víctimas de expropiaciones. Y la corrupción del Gobierno alcanza extremos de vértigo, como acaba de denunciar la fiscal Luisa Ortega en Brasil, revelando, entre otros horrores, que el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, recibió 100 millones de dólares de soborno de Odebrecht a través de una compañía española.

Pero, probablemente, con toda la crueldad que denotan las violaciones a los derechos humanos y el saqueo del patrimonio nacional por los jerarcas del régimen, nada de aquello sea tan terrible como el empobrecimiento vertiginoso que la política económica de Chávez y su heredero ha acarreado al pueblo venezolano. Uno de los países más ricos del mundo, que debería tener los niveles de vida de Suecia o Suiza, padece hoy día los índices de supervivencia de las más empobrecidas naciones africanas: la pobreza afecta al 83% de la población, sufre la inflación más alta del mundo —este año alcanzará el 720%— y un PIB que según el Fondo Monetario Internacional cae 7,4%. Sólo se libran del hambre y la escasez de todo —empezando por las medicinas y las divisas y terminando por el papel higiénico— el puñado de privilegiados de la nomenclatura —buen número de generales entre ellos, comprados asociándolos a las grandes operaciones del narcotráfico— que pueden adquirir alimentos, medicinas, repuestos, ropa, a precios de oro, en el mercado negro. La gente común y corriente, entre tanto, ve caer sus niveles de vida día a día.

¿A cuántos cientos de miles de venezolanos han obligado a emigrar las fechorías económicas y sociales del régimen? Es difícil averiguarlo con exactitud, pero los cálculos hablan de por lo menos dos millones de personas que, agobiadas por la inseguridad, la pobreza, el terror, el hambre y la perspectiva de un empeoramiento de la crisis, se han desparramado por el mundo en busca de mejores condiciones de vida, o, cuando menos, un poco más de libertad. No hay precedentes en la historia de América Latina de un país al que la demagogia estatista y colectivista haya destruido económica y socialmente como ha ocurrido en Venezuela. Lo extraordinario es que la política de destruir las empresas privadas, agigantando el sector público de manera elefantiásica, y poniendo cada vez más trabas a la inversión extranjera, se llevara a cabo cuando todo el mundo socialista, de la desaparecida URSS a China, de Vietnam a Cuba, comenzaba a dar marcha atrás, luego del fracaso de la socialización forzada de la economía. ¿Qué idea pasó por la cabeza de semejantes ignorantes? La utopía del paraíso socialista, una fabulación que, pese a los desmentidos que le inflige la realidad, siempre vuelve a levantar la cabeza y a seducir a masas ingenuas, que, pronto, serán las primeras víctimas de ese error.

Es verdad que la Venezuela de la democracia contra la que se rebeló el comandante Chávez había sido víctima de la corrupción —un juego de niños comparada a la de ahora— y que, en la abundancia de recursos de aquellos años, los de la Venezuela saudí, surgieron fortunas ilícitas a la sombra del poder. Pero aquello tenía compostura dentro de la legalidad democrática y los electores podían castigar a los gobernantes corruptos mediante unas elecciones, que entonces eran libres. Ahora ya no lo son, sino manipuladas por un régimen que, en las últimas, por ejemplo, se inventó un millón de votos más de los que tuvo, según la propia compañía contratada para verificar los comicios. Pese a ello, la oposición ha inscrito candidatos para las elecciones regionales de gobernadores convocadas por Maduro. ¿Hay alguna posibilidad de que sean unos comicios de verdad, donde gane el más votado? Yo creo que no y, por supuesto, me gustaría equivocarme. Pero, después de la grotesca patraña de la “elección” de la Asamblea Constituyente y de la defenestración manu militari de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio, ¿alguien cree a Maduro capaz de dejarse derrotar en las urnas? Él ha hecho todos los últimos embelecos electorales, quitándose la careta y mostrando la verdadera condición dictatorial del régimen, precisamente porque sabe que tiene en contra a la mayoría del país y que él y sus compinches tendrían un exilio muy difícil, por sus robos cuantiosos y su estrecha vinculación con el narcotráfico. En la triste situación a la que ha llegado Venezuela es poco menos que imposible —a menos de una fractura traumática del propio régimen— que recupere la democracia de manera pacífica, a través de unas elecciones limpias.

Pensiones no es un juego. De Erika Saldaña

Las reformas al sistema de pensiones presentadas por cada sector resaltan los puntos que a cada uno le interesan. Pero olvidan aquellas situaciones que deben incluirse para no seguir tapando parches a cada rato.

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Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 28 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

Sistema de pensiones es un tema del que hay que seguir hablando, pero no de forma política interesada, sino bajo criterios técnicos que de verdad ayuden a controlar esta bomba de tiempo. Ya perdí la cuenta de cuántas propuestas de reforma hay, pero queda claro que el Gobierno, los partidos de derecha, sindicatos y otras entidades directamente involucradas, en vez de resolver el problema, quieren que se apruebe una reforma a la medida de sus intereses. Ninguna de las propuestas está tocando los puntos trascendentales para solventar el problema de la sostenibilidad del pago de pensiones y de la crisis fiscal que su mantenimiento conlleva.

EDH logHay dos aspectos importantes que deberían estar incluidos en la reforma que se haga, pero su costo político hace que todo el mundo los ignore; en primer lugar, la edad de jubilación. En El Salvador la ley establece 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres como requisito para jubilarse; si los salvadoreños en promedio tenemos la expectativa de vivir 70 años, significa que nuestro ahorro para la pensión nos tendrá que durar entre 15 y 20 años. No se trata de trabajar hasta morir, pero sí de que seamos realistas sobre cuánto tiempo viviremos de una pensión.

En segundo lugar, las reformas presentadas no tienen en cuenta la ampliación de la base de cotizantes, es decir, cuántas personas deberían encontrarse ahorrando en el sistema. Solo un 25 % de la fuerza laboral en El Salvador se encuentra cubierto por el sistema y solo un 16 % de los adultos mayores reciben su pensión de este sistema. La informalidad laboral es algo que complica la posibilidad de que más personas coticen para su jubilación y que el fondo sea más grande para pagar más y mejores pensiones.

Las reformas al sistema de pensiones presentadas por cada sector resaltan los puntos que a cada uno le interesan. Pero olvidan aquellas situaciones que deben incluirse para no seguir tapando parches a cada rato. Como mencionó el experto en pensiones Carmelo Mesa Lago en su visita al país, ni la propuesta del Gobierno, ni la de ICP, tocan la extensión de cobertura, ajuste de pensiones ni competencia y ampliación de administradoras; la del Gobierno tampoco aborda la diversificación de la cartera, por lo que buena parte del fondo de pensiones se seguiría invirtiendo en bonos que pagan bajísima rentabilidad. Y la última propuesta de los partidos de derecha, que es un mix entre propuesta de ICP y el partido GANA, tampoco trata estos asuntos.

Hay cuestiones que en el papel y en las ilusiones se ven muy bonitas; todos quisiéramos un fondo con la capacidad de entregar pensiones mínimas para la mayor cantidad posible de adultos mayores; que los trabajadores tuviéramos la oportunidad de una pensión desde el momento de la jubilación hasta la muerte; que la pensión sea de —al menos— el 70 % del promedio de los últimos salarios; que las pensiones se puedan subir a $700 como dice el último comercial del Gobierno. Sin embargo, nadie explica cómo harán para pagar todos esos beneficios sin que eso signifique convertirse en una carga insostenible para las finanzas del Estado ni tocar las cuentas de ahorro individual. Cuando le ofrezcan un beneficio pregúntese de dónde sacarán el dinero para dárselo.

En todas las propuestas presentadas hay puntos buenos y hay cuestiones que definitivamente necesitan ser repensadas y modificadas. La solución a la crisis de las pensiones no vendrá de la imposición de una propuesta por algún sector, sino del reconocimiento y análisis profundo de los problemas y la consecuente construcción de soluciones, no de placebos temporales. Urge que los políticos se pongan serios con la apertura y el debate sobre la reforma de pensiones. A todas las generaciones y sectores nos tocará hacer algún sacrificio, pero más vale eso a que el sistema se termine de quebrar por completo.