Carta al Fiscal General: Goleada de 0-18. De Paolo Luers

Paolo Luers, 31 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Su silencio es ruidoso. Cada vez que le pusieron un micrófono en frente, ha aprovechado a hablar de su caso estrella: la tregua. Todavía la noche antes de la sentencia, usted apareció en televisión exhortando al juez a “sentenciar según las pruebas presentadas” y no dejarse presionar por nadie. Irónicamente, usted fue el único que se atrevió a presionar al juez. Y luego de la lección que recibió la Fiscalía en la sentencia del “caso tregua”, silencio…

El juez desechó una tras otra todas las pruebas y tesis de sus fiscales –hasta que no quedó viva ni una sola. Lógica conclusión: absolución de todos los 18 acusados por todos los delitos imputados por la Fiscalía con tanta pompa: en la vista pública, en los medios que ustedes abastecieron sistemáticamente con sus acusaciones y teorías de conspiración, en sus propias declaraciones y entrevistas.

Pasó cabal lo que yo le advertí: al toparse con un juez honesto, independiente y docto, la Fiscalía iba a sufrir un descalabro con su caso estrella. Bueno, se toparon con un juez que no se deja intimidar por nadie, tampoco por el poder que usted como Fiscal General reviste. Se toparon con un juez que no se deja impresionar por las estrategias mediáticas que la Fiscalía parece favorecer encima de una investigación sólida.

Usted tal vez todavía no ha captado bien la lección que el juez dio a la fiscalía. Dudo que sus fiscales tuvieron el valor de transmitirle las duras observaciones y regañadas que le mandó el juez:

• Afirmó tajantemente que no existió ninguna asociación ilícita entre los imputados, sino que todos ellos actuaron dentro de la estructura y jerarquía del Estado, supeditados a las políticas públicas y los lineamientos emanados por el Ministerio de Justicia.
• Señaló a la Fiscalía investigaciones y documentaciones inconclusas e incongruentes, sea por incapacidad, por negligencia o por mala fe.
• Denunció con visible indignación una “gran injusticia” cometida por la Fiscalía al haber incluido en su acusación a los miembros del Consejo Criminológico y del Equipo Técnico, a quienes ustedes acusaron de falsedad ideológica no existente.
• Concluyó que no existían actos arbitrarios, ni incumplimiento de deberes por parte de ninguno de los servidores públicos imputados: ni del director general de Centros Penales Nelson Rauda, ni del inspector general Anilber Rodríguez, ni de los directores de los penales de Izalco, Ciudad Barrios y Cojutepeque. La base de esta conclusión del juez: fue el ministro de Justicia y Seguridad que, en responsabilidad solidaria con el Presidente de la República, ordenó modificar y flexibilizar los procedimientos dentro del sistema penitenciario (y también de la PNC) para facilitar la labor de los mediadores.
• Desechó la acusación central de la Fiscalía: la introducción de objetos ilícitos en los penales, basada únicamente en el testimonio de un exjefe pandillero transformado en testigo de la fiscalía. No le dio ninguna credibilidad, porque sus acusaciones no estaban comprobadas por ningún otro testigo o testimonio ofrecido por la Fiscalía. Por tanto, la Fiscalía se quedó sin caso.

¿Usted tiene conciencia de la gravedad de los señalamientos del juez? Deberían llevarlo a reflexionar sobre el (ab)uso que está haciendo de criminales a quienes ofrece inmunidad.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre la urgencia de superar las deficiencias de las pruebas, en vez de intentar de compensarlas con relatos dudosos de testigos criteriados.

Deberían llevarlo a reflexionar sobre las fronteras entre cuestionar políticas públicas e intentar de penalizarlas, porque esto desnaturaliza la misión constitucional de la fiscalía y la lleva a promover juicios políticos.

Muchos entendieron mal el mensaje del juez y ahora piden un juicio contra el ministro Munguía Payés. Pero lo que el juez hizo es remitir el “caso tregua” al ámbito donde pertenece: el análisis político de las estrategias de seguridad pública, no el ámbito penal.

Este análisis nunca se hizo en nuestra país: ni de la mano dura, ni de la tregua, ni de la actual política de militarización de la lucha del Estado contra la delincuencia y violencia.

Usted llamó la tregua una “cochinada”, pero esto no es una categoría de análisis digna de un Fiscal General. Un fiscal general que entiende que su misión no es solamente acusar y conseguir condenas, sino garantizar el Estado de Derecho, podría aportar mucho a este análisis. En vez de esto, usted aportó una farsa.

Reflexione, señor fiscal. Saludos.

Lea también las cartas sobre la vista pública del caso:

Carta sobre el primer día de la vista pública del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa.

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

Soltar amarras, botar lastre y no hacerse bolas. De Joaquín Samayoa

Joaquín Samayoa, 29 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY/OBSERVADOR

El encabezado de esta columna resume mi recomendación (no solicitada) a la dirección y militancia de ARENA, para beneficio de todo el pueblo de El Salvador. Vale para las dos importantes contiendas electorales que se aproximan. Vale para lograr quitarle al FMLN un poder que no ha sabido usar responsablemente y para empezar a revertir el inmenso deterioro que ese partido le ha causado al país en todos los indicadores de desarrollo democrático, económico y social.

Por la prepotencia, la autocomplacencia y los abusos a los que naturalmente tiende el poder político cuando un mismo grupo lo acapara por tiempo prolongado, ARENA terminó muy desprestigiada tras 20 años al frente del Ejecutivo, con presencia dominante también en la Asamblea Legislativa. Pero al FMLN le habrán bastado 10 años para superar con creces todos los desaciertos, abusos y arbitrariedades de los gobiernos anteriores, añadiendo algo particularmente grave y preocupante, el socavamiento sistemático de la institucionalidad democrática.

Por la alternancia democrática, en 2009 ARENA tuvo su castigo y el FMLN aprovechó su oportunidad. En 2019, esa misma alternancia, mientras todavía sea posible, debe usarla el pueblo salvadoreño para darse una nueva oportunidad de hacer las cosas bien antes de que sean totalmente irreversibles el desastre económico, la inseguridad y otras lacras sociales.

La única manera de lograr ese objetivo es mediante un partido de oposición fuerte, que logre identificarse genuinamente con las aspiraciones de paz, libertad y prosperidad que compartimos todos los salvadoreños, independientemente de nuestras inclinaciones políticas. Hoy por hoy, el partido mejor posicionado para darle una nueva y tal vez última oportunidad a El Salvador es ARENA, supuesto que entiende las verdaderas razones por las que no levanta en las encuestas, a pesar del descontento generalizado de la gente con el gobierno del FMLN.

ARENA sigue teniendo serios problemas de imagen que no se superan con cambios cosméticos ni con una publicidad más inteligente y creativa. No ha podido capitalizar a su favor el descontento de la gente con el actual gobierno simplemente porque todavía hay demasiadas personas que no creen que ARENA sea capaz de hacer algo mejor. Con algunas decisiones y manejos internos muy desatinados, el actual COENA ha hecho más por reforzar que por modificar esa percepción.

Muchos analistas de la realidad política estamos convencidos de que el principal problema que actualmente tiene ARENA es su máxima instancia de decisión. Al adoptar el método de elección por planilla para constituir el nuevo COENA, perdieron una buena oportunidad de elevar a su mejor gente y formar un equipo robusto, permeable a nuevas ideas, capaz de unificar a su militancia ejerciendo liderazgos en sectores diversos del partido. Pero eso es hecho consumado. La única manera de enmendarlo, conforme a sus propias normativas internas, es botando lastre, sustituyendo a las personas más retrógradas y cerradas al cambio, que son también los menos capaces para entender a la sociedad salvadoreña de estos tiempos. No menciono nombres. Ellos saben muy bien quiénes son.

Un COENA más diverso y más lúcido, facilitaría soltar amarras y desatar todo el potencial que tiene el partido para constituirse en una verdadera alternativa de poder ante los electores, particularmente a los ojos de la población más joven, de clase media y buen nivel educativo.

Soltar amarras es cuestionar y superar prejuicios, manejar racionalmente los temores de desnaturalización ideológica que se manifiestan ante cualquier propuesta de apertura y cambio. Soltar amarras significa superar con madurez las desavenencias por pequeñeces entre sectores del partido y con potenciales aliados. Soltar amarras significa reconocer y estar dispuestos a superar los errores del pasado.

Finalmente, dirigentes y militantes del partido deben evitar caer en la trampa de las luchas internas de poder que tanto desgastan a un partido. No se les pide la disciplina irracional de los cuadros del FMLN, pero sí un poco más de tolerancia y fraternidad. Se les pide, sobre todo, que no pierdan las perspectivas, que entiendan bien lo que está en juego en los dos próximos eventos electorales.

En pocas palabras: No se hagan bolas. En primer lugar, deben comprender a cabalidad la importancia de hacerse de una holgada mayoría en las elecciones legislativas. De eso depende que sea posible elegir a los que deben salvaguardar el orden constitucional en los próximos nueve años; poder elegir un Fiscal General valiente, ecuánime, competente y sin compromisos con nadie. De eso depende aprobar presupuestos balanceados y empezar a resolver la profunda crisis de las finanzas públicas. De eso dependen muchas decisiones cruciales en los ámbitos político, económico y social.

Las elecciones legislativas son el desafío más inmediato y deben ser la máxima prioridad. Esto significa, entre otras cosas, no permitir distracciones ni contaminaciones por intereses y posicionamientos relativos a la elección presidencial de 2019.

Pero tampoco deben hacerse bolas con la elección presidencial. Tienen al menos tres aspirantes que serían todos ellos excelentes candidatos y muy buenos presidentes de la república. Eso es un lujo que no ha tenido antes ARENA y que no tiene ahora ningún otro partido. No conviertan esa ventaja en un problema que divida y desgaste al partido.

 

Las instituciones hacen la diferencia. De Roberto Rubio

Se trata también de luchar para que dichas instituciones sean presididas por excelentes funcionarios.

Roberto Rubio, 28 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

De los esfuerzos que muchos ciudadanos estamos haciendo por promover la iniciativa “SuperCiudadanos”, cuyo objetivo es contribuir a cambiar nuestra cultura de impunidad hacia una cultura de paz y respeto a la ley, emergen unas preguntas de punto de partida: ¿cuál es una de las diferencias importantes entre un ciudadano salvadoreño con un canadiense o alemán? ¿Por qué tan diferentes comportamientos sociales? ¿Por qué en la sociedad salvadoreña hay tanto irrespeto a las leyes, tanta corrupción, tanta violencia, tantos robos, y en las sociedades nórdicas, germánicas o anglosajonas no tanto?

¿Será que los más altos, rubios y de ojos azules portan más “genes de honestidad y respeto” en sus cuerpos que los más bajos, morenos y ojos negros? Nada que ver. Las raíces de la diferencia no provienen de los genes, del ADN, de las hormonas o neuronas. En el seno de la madre unos embriones no son más honestos o violentos que otros. Nadie nace corrupto o criminal. ¿Acaso los vikingos fueron menos violentos que los aztecas? ¿Acaso las carnicerías de las guerras mundiales fueron menos violentas que las dictaduras militares latinoamericanas?

Lo que ha contribuido a marcar fuertemente los diferentes comportamientos sociales ante la justicia y las leyes, ante la forma de enfrentar el conflicto, ante el respeto al derecho ajeno, es la existencia o no de instituciones, la fortaleza o debilidad de las mismas.

Así para el caso, además del factor educativo, la diferencia de un canadiense o alemán con un salvadoreño frente al delito es que los primeros saben que si lo cometen tienen más del 90 % de posibilidades de ser castigados, mientras el salvadoreño tiene 90 % que no lo sea. Este, a diferencia de aquellos, sabe que el beneficio de violar la ley es mucho más alto que el costo de pagarlo. Por ello nos pasamos el semáforo en rojo, los buses se paran en donde quieren, o transitamos en carriles prohibidos para no hacer fila. Por ello el que roba reincide, los conflictos se saldan con homicidios y el homicida asesina con tranquilidad. Por ello los corruptos proliferan y muchos de ellos duermen tranquilos.

De ahí que para combatir la corrupción, la violencia, los robos, necesitamos instituciones independientes, fuertes y confiables que generen la certeza que quien comete un delito será castigado. Necesitamos también personas independientes, calificadas y honestas que las dirijan, sobre todo porque en los países donde las instituciones son débiles pesa mucho lo que hagan o dejen de hacer sus conductores.

De ahí la importancia de contar con una buena Sala de lo Constitucional y una buena Fiscalía. Hay que dotarlas de personal calificado y honesto, de unidades ágiles y funcionales, de estructuras robustas, de presupuestos adecuados, de una cultura de servicio y justicia. Contar con instituciones fortalecidas es fundamental para que los que con buenas intenciones lleguen a dirigirlas no se desvíen de sus principios y valores, y se vean sometidos a sus buenas prácticas y dinámicas institucionales. Los funcionarios pasan pero las instituciones permanecen.

Se trata también de luchar para que dichas instituciones sean presididas por excelentes funcionarios. Los magistrados actuales han contribuido al respeto de la justicia constitucional, a enderezar leyes pícaramente torcidas, a frenar las dinámicas autoritarias de la partidocracia. El actual fiscal ha contribuido a desmantelar la arraigada creencia que la justicia solo pica al descalzo, y dejado importantes y alentadores precedentes. Sin duda, magistrados y fiscales han contribuido a sentar bases para cambiar la cultura de impunidad que impregna nuestra sociedad.

De ahí también la importancia de elegir buenos magistrados y un buen fiscal. Queda poco tiempo para la estratégica elección de los mismos. Será importante entonces clamar por su reelección, aun si ellos no la quieran. Y si no es así, luchar para que los que vengan sean mejores.

Si también hacemos esto con la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información, el CNJ, el TEG, y en general con todos los tribunales contralores, sin duda nuestra mayor diferencia con los del norte estará solamente en nuestros “cuerpos tropicales”.

Candidatos: ¿asumen estos cinco compromisos? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Centro de Estudios Jurídicos CEJ, 28 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Faltan 188 días para la elección legislativa y aún no hay compromisos claros respecto a un tema de suma relevancia nacional e intergeneracional: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia –cuatro de ellos, a la Sala de lo Constitucional. A continuación y sobre esta decisión, se plantean cinco puntos no negociables para la construcción de un verdadero estado constitucional de derecho en El Salvador.

1) Una elección sin retrasos. El peligro más inmediato es que la Asamblea Legislativa no elija magistrados antes de julio de 2018, sino que lo haga después de las elecciones presidenciales de 2019. Este vacío de más de medio año no solo dejaría desprotegidos los derechos fundamentales de los salvadoreños, sino que permitiría graves abusos durante el período de campaña electoral. En este escenario, la ausencia de la jurisdicción constitucional colocaría en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la confianza en las instituciones y por tanto la estabilidad política del país.

2) Una elección sin secretismos. Las decisiones que afectan al público deben ser públicas, documentadas y debidamente motivadas, tal como lo demanda la ciudadanía y ha sido ordenado en numerosos fallos por la Sala de lo Constitucional. La transparencia permite que la ciudadanía audite las decisiones de sus representantes y por ende es garantía que personas con moralidad y competencia notoria, como lo exige el artículo 176 de la Constitución, sean elegidas. Tanto los perfiles y las entrevistas de los candidatos como los debates posteriores y los criterios de evaluación, ya sea en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador o en la Asamblea Legislativa, deben presentarse de cara a la población.

3) Una elección sin cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo con los artículos 172 y 186 de la Constitución que han sido aplicados en distintas resoluciones también emanadas de la Sala de lo Constitucional. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e incluso impunidad. Promover candidatos con vínculos partidarios resulta inadmisible desde la ética y el orden constitucional.

4) Una elección sin traslados. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como ya se estableció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012.

5) Una elección sin reciclajes injustificados. No debe confundirse la carrera judicial o de servicio público, que se justifican sobre la base de la estabilidad y la meritocracia, con promover a funcionarios por su lealtad con intereses personales. Si se propone elegir a determinado juez o funcionario a la Corte Suprema de Justicia, debe justificarse cuáles son los méritos demostrados y los logros puntuales por tal persona durante su gestión al frente del servicio público. De esta forma y en sintonía con la sentencia 3-2015 de la Sala de lo Constitucional, se evitará premiar a quienes han favorecido a algún grupo de poder desde la función pública y al margen de la ley.

Las campañas electorales son oportunidades valiosas para preguntar a los candidatos y obtener compromisos concretos de estos. Desde el CEJ, invitamos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación, a hacer la siguiente pregunta a cada una de las personas que aspiran a ocupar o seguir ocupando una curul en la Asamblea Legislativa: usted, ¿asume estos cinco compromisos?

Carta a los colegas de Focos: La gallina y el huevo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados amigos:
Felicito a Alberto Arene, Karen Fernández y Saúl Hernández por su intento necesario y exitoso de desarrollar un formato novedoso de debate televisivo. Ya era hora. Los acompaño con apoyo, pero también con crítica.

Este domingo Alberto entrevistó a Rubén Zamora, sobre un tema importante que hay que poner en la agenda nacional: cómo renovar la política, los partidos y el trabajo parlamentario. Lastimosamente, hubo mucho análisis, en partes interesante, en partes solamente discursivo, pero ninguna pista de por dónde comenzar y en qué dirección transformar el sistema de partidos. Quedan con deuda, Alberto y Rubén.

Pero me voy a permitir enfocar en la otra entrevista, la que Karen y Saúl hicieron a Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional.

Las insistentes preguntas y repreguntas que ustedes hicieron al magistrado demuestran que luego de 8 años de permanentes pleitos sobre el rol de la Sala de lo Constitucional todavía se dan discusiones absurdas sobre este tema. Es preocupante, ya que en pocos meses al país le toca sustituir a 4 de los 5 magistrados de esta sala. Bueno, toca a la Asamblea que vamos a elegir en marzo, pero es un asunto de país. Cómo elegir una nueva sala debería ser uno de los puntos centrales a la hora de votar por partidos y diputados particulares en marzo.

Sus preguntas insistentes sobre la legitimidad el poder de la sala de tomar decisiones inapelables y de obligatorio cumplimiento por parte de los demás poderes del Estado demuestran que todavía no hay claridad sobre los principios básicos del orden republicano de controles y contrapesos. Incluso entre los generadores de opinión más avanzados e independientes, como ustedes en Focos. Construir un dilema de ¿Quién controla a los controladores?, como ustedes lo hicieron con Rodolfo González, es tan absurdo como de tratar de encontrar respuesta a lo que todos como niños nos preguntamos: ¿Qué hubo primero, la gallina o el huevo? Esto es de niños, no de analistas, amigos.

En un Estado de Derecho, cualquier disputa legal debe tener una instancia final. En todo orden republicano, esto es la Corte Suprema de Justicia. Querer tener una instancia mayor que revise las sentencias de las salas de la Corte Suprema, sólo provoca regresar con la misma pregunta: ¿Y adonde se puede apelar contra la sentencia de esta instancia mayor? Etc., etc., hasta el infinito.

Hay que asumir, de una vez por todas, que hay una instancia final en la cual delegamos el poder de decidir; que no habrá otra instancia más donde apelar; y que ciertamente no pueden ser los otros órganos del Estado, que son sujeto al control constitucional de la Sala, que pueden controlar a la Sala y revertir sus sentencias.

Resultado y reflejo de esta discusión absurda que trataron hacer con el magistrado, son los comentarios que provocaron en redes sociales. Sólo voy a citar la más preocupante, de Lorena Peña. Preocupante porque se trata de una ex presidenta de la Asamblea. Ella escribió en Twitter sobre este tema: “Nada es inapelable, sólo en las dictaduras hay poderes absolutos.” Demuestra el desprecio del FMLN, su gobierno y sus diputados, a someterse a que una instancia judicial ejerce control sobre sus actuaciones. No, Lorena, es en las dictaduras (y no en las democracias constitucionales) donde los gobernantes no se someten al control de las instituciones jurídicas.

La pregunta ¿Quién controla a la Sala? tiene fácil respuesta: Nadie. Nunca. El dilema no es quién controla a los controladores, sino con qué criterios vamos a elegir a magistrados de la Sala, de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas y del Tribunal Electoral, para que de manera independiente controlen al Estado, sus funcionarios y sus actuaciones.

Este es el dilema que enfrentamos y que hasta hora no tiene solución en nuestro país. Y en esto debemos enfocarnos los generadores de opinión.

Ustedes, como Focos, tienen mucho que aportar para llenar este vacío. Saludos,

Venezuela, hoy. De Mario Vargas Llosa

No hay precedentes en la historia de América Latina de un país al que la demagogia estatista y colectivista de un Gobierno haya destruido económica y socialmente.

Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura

Mario Vargas Llosa, 27 agosto 2017 / EL PAIS

El portavoz del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, declaró hace unos días que, a su juicio, hay en España “un sobredimensionamiento” de lo que ocurre en Venezuela, porque cuando un país vive el drama que experimenta la nación bolivariana aquello no es sólo culpa de un Gobierno sino “responsabilidad colectiva de los venezolanos”.

Semejante afirmación demuestra una total ignorancia de la tragedia que vive Venezuela o un fanatismo ideológico cuadriculado. Hace falta más de un individuo para deshonrar a un partido, desde luego, habiendo socialistas que, con Felipe González a la cabeza, han demostrado una solidaridad tan activa con los demócratas venezolanos que, pese a los asesinatos, las torturas y la represión enloquecida desatada por Maduro y su pandilla, han impedido hasta ahora que el régimen convierta a ese país en una segunda Cuba. Pero que haya en España socialistas capaces de deformar de manera tan extrema la realidad venezolana sin que sean reprobados por la dirección, delata la inquietante deriva de un partido que contribuyó de manera tan decisiva a la democratización de España luego de la Transición.

La verdad es que Venezuela fue, por 40 años (1959 a 1999), una democracia ejemplar y un país muy próspero al que inmigrantes de todo el mundo acudían en busca de trabajo y que, tanto los Gobiernos “adecos” como “copeyanos”, dieron una batalla sin cuartel contra las dictaduras que prosperaban en el resto de América Latina. El presidente Rómulo Betancourt intentó convencer a los Gobiernos democráticos del continente para que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales y sometieran a un boicot sistemático a todas las tiranías militares y populistas a fin de acelerar su caída. No fue respaldado, pero, décadas después, su iniciativa acaba de ser reivindicada por la Declaración de Lima, en la que, invitados por el Perú, todos los grandes países de  América Latina —Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay y cinco países más de la región— además de Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania, han decidido aislar a la dictadura de Maduro y no reconocer las decisiones de la espuria Asamblea Constituyente con la que el régimen trata de reemplazar a la legítima Asamblea Nacional donde la oposición detenta la mayoría de los escaños.

El portavoz socialista no parece haberse enterado tampoco de que las Naciones Unidas han denunciado, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las torturas a las que la dictadura venezolana somete a los opositores desde hace varios meses, que incluyen descargas eléctricas, palizas sistemáticas, horas colgados de las muñecas o los tobillos, asfixia con gases, violaciones con palos de escoba, detenciones arbitrarias e invasión y destrozos de las viviendas de los sospechosos de colaborar con la oposición. Más de 5.000 personas han sido detenidas sin ser llevadas a los tribunales, las fuerzas de seguridad han asesinado a medio centenar en las últimas manifestaciones y las bandas de malhechores del régimen, llamadas los colectivos, a 27.

FERNANDO VICENTE

El asedio sistemático a los adversarios de la dictadura se extiende a sus familias, que pierden su trabajo, son discriminadas en los racionamientos y víctimas de expropiaciones. Y la corrupción del Gobierno alcanza extremos de vértigo, como acaba de denunciar la fiscal Luisa Ortega en Brasil, revelando, entre otros horrores, que el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, recibió 100 millones de dólares de soborno de Odebrecht a través de una compañía española.

Pero, probablemente, con toda la crueldad que denotan las violaciones a los derechos humanos y el saqueo del patrimonio nacional por los jerarcas del régimen, nada de aquello sea tan terrible como el empobrecimiento vertiginoso que la política económica de Chávez y su heredero ha acarreado al pueblo venezolano. Uno de los países más ricos del mundo, que debería tener los niveles de vida de Suecia o Suiza, padece hoy día los índices de supervivencia de las más empobrecidas naciones africanas: la pobreza afecta al 83% de la población, sufre la inflación más alta del mundo —este año alcanzará el 720%— y un PIB que según el Fondo Monetario Internacional cae 7,4%. Sólo se libran del hambre y la escasez de todo —empezando por las medicinas y las divisas y terminando por el papel higiénico— el puñado de privilegiados de la nomenclatura —buen número de generales entre ellos, comprados asociándolos a las grandes operaciones del narcotráfico— que pueden adquirir alimentos, medicinas, repuestos, ropa, a precios de oro, en el mercado negro. La gente común y corriente, entre tanto, ve caer sus niveles de vida día a día.

¿A cuántos cientos de miles de venezolanos han obligado a emigrar las fechorías económicas y sociales del régimen? Es difícil averiguarlo con exactitud, pero los cálculos hablan de por lo menos dos millones de personas que, agobiadas por la inseguridad, la pobreza, el terror, el hambre y la perspectiva de un empeoramiento de la crisis, se han desparramado por el mundo en busca de mejores condiciones de vida, o, cuando menos, un poco más de libertad. No hay precedentes en la historia de América Latina de un país al que la demagogia estatista y colectivista haya destruido económica y socialmente como ha ocurrido en Venezuela. Lo extraordinario es que la política de destruir las empresas privadas, agigantando el sector público de manera elefantiásica, y poniendo cada vez más trabas a la inversión extranjera, se llevara a cabo cuando todo el mundo socialista, de la desaparecida URSS a China, de Vietnam a Cuba, comenzaba a dar marcha atrás, luego del fracaso de la socialización forzada de la economía. ¿Qué idea pasó por la cabeza de semejantes ignorantes? La utopía del paraíso socialista, una fabulación que, pese a los desmentidos que le inflige la realidad, siempre vuelve a levantar la cabeza y a seducir a masas ingenuas, que, pronto, serán las primeras víctimas de ese error.

Es verdad que la Venezuela de la democracia contra la que se rebeló el comandante Chávez había sido víctima de la corrupción —un juego de niños comparada a la de ahora— y que, en la abundancia de recursos de aquellos años, los de la Venezuela saudí, surgieron fortunas ilícitas a la sombra del poder. Pero aquello tenía compostura dentro de la legalidad democrática y los electores podían castigar a los gobernantes corruptos mediante unas elecciones, que entonces eran libres. Ahora ya no lo son, sino manipuladas por un régimen que, en las últimas, por ejemplo, se inventó un millón de votos más de los que tuvo, según la propia compañía contratada para verificar los comicios. Pese a ello, la oposición ha inscrito candidatos para las elecciones regionales de gobernadores convocadas por Maduro. ¿Hay alguna posibilidad de que sean unos comicios de verdad, donde gane el más votado? Yo creo que no y, por supuesto, me gustaría equivocarme. Pero, después de la grotesca patraña de la “elección” de la Asamblea Constituyente y de la defenestración manu militari de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio, ¿alguien cree a Maduro capaz de dejarse derrotar en las urnas? Él ha hecho todos los últimos embelecos electorales, quitándose la careta y mostrando la verdadera condición dictatorial del régimen, precisamente porque sabe que tiene en contra a la mayoría del país y que él y sus compinches tendrían un exilio muy difícil, por sus robos cuantiosos y su estrecha vinculación con el narcotráfico. En la triste situación a la que ha llegado Venezuela es poco menos que imposible —a menos de una fractura traumática del propio régimen— que recupere la democracia de manera pacífica, a través de unas elecciones limpias.

Pensiones no es un juego. De Erika Saldaña

Las reformas al sistema de pensiones presentadas por cada sector resaltan los puntos que a cada uno le interesan. Pero olvidan aquellas situaciones que deben incluirse para no seguir tapando parches a cada rato.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 28 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

Sistema de pensiones es un tema del que hay que seguir hablando, pero no de forma política interesada, sino bajo criterios técnicos que de verdad ayuden a controlar esta bomba de tiempo. Ya perdí la cuenta de cuántas propuestas de reforma hay, pero queda claro que el Gobierno, los partidos de derecha, sindicatos y otras entidades directamente involucradas, en vez de resolver el problema, quieren que se apruebe una reforma a la medida de sus intereses. Ninguna de las propuestas está tocando los puntos trascendentales para solventar el problema de la sostenibilidad del pago de pensiones y de la crisis fiscal que su mantenimiento conlleva.

Hay dos aspectos importantes que deberían estar incluidos en la reforma que se haga, pero su costo político hace que todo el mundo los ignore; en primer lugar, la edad de jubilación. En El Salvador la ley establece 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres como requisito para jubilarse; si los salvadoreños en promedio tenemos la expectativa de vivir 70 años, significa que nuestro ahorro para la pensión nos tendrá que durar entre 15 y 20 años. No se trata de trabajar hasta morir, pero sí de que seamos realistas sobre cuánto tiempo viviremos de una pensión.

En segundo lugar, las reformas presentadas no tienen en cuenta la ampliación de la base de cotizantes, es decir, cuántas personas deberían encontrarse ahorrando en el sistema. Solo un 25 % de la fuerza laboral en El Salvador se encuentra cubierto por el sistema y solo un 16 % de los adultos mayores reciben su pensión de este sistema. La informalidad laboral es algo que complica la posibilidad de que más personas coticen para su jubilación y que el fondo sea más grande para pagar más y mejores pensiones.

Las reformas al sistema de pensiones presentadas por cada sector resaltan los puntos que a cada uno le interesan. Pero olvidan aquellas situaciones que deben incluirse para no seguir tapando parches a cada rato. Como mencionó el experto en pensiones Carmelo Mesa Lago en su visita al país, ni la propuesta del Gobierno, ni la de ICP, tocan la extensión de cobertura, ajuste de pensiones ni competencia y ampliación de administradoras; la del Gobierno tampoco aborda la diversificación de la cartera, por lo que buena parte del fondo de pensiones se seguiría invirtiendo en bonos que pagan bajísima rentabilidad. Y la última propuesta de los partidos de derecha, que es un mix entre propuesta de ICP y el partido GANA, tampoco trata estos asuntos.

Hay cuestiones que en el papel y en las ilusiones se ven muy bonitas; todos quisiéramos un fondo con la capacidad de entregar pensiones mínimas para la mayor cantidad posible de adultos mayores; que los trabajadores tuviéramos la oportunidad de una pensión desde el momento de la jubilación hasta la muerte; que la pensión sea de —al menos— el 70 % del promedio de los últimos salarios; que las pensiones se puedan subir a $700 como dice el último comercial del Gobierno. Sin embargo, nadie explica cómo harán para pagar todos esos beneficios sin que eso signifique convertirse en una carga insostenible para las finanzas del Estado ni tocar las cuentas de ahorro individual. Cuando le ofrezcan un beneficio pregúntese de dónde sacarán el dinero para dárselo.

En todas las propuestas presentadas hay puntos buenos y hay cuestiones que definitivamente necesitan ser repensadas y modificadas. La solución a la crisis de las pensiones no vendrá de la imposición de una propuesta por algún sector, sino del reconocimiento y análisis profundo de los problemas y la consecuente construcción de soluciones, no de placebos temporales. Urge que los políticos se pongan serios con la apertura y el debate sobre la reforma de pensiones. A todas las generaciones y sectores nos tocará hacer algún sacrificio, pero más vale eso a que el sistema se termine de quebrar por completo.

No hemos aprendido de El Salvador de los 80. De Cristina López

Con la misma facilidad con la que en la actualidad las células policiales de exterminio montan “enfrentamientos” que no hubo y escenas criminales ficticias, mañana pueden acusarle a usted de ser pandillero, sin prueba alguna.

Cristina López, 28 aogosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

Escuadrones de la muerte a sueldo del Estado. Presunción de culpabilidad para un grupo entero de la población. Impunidad absoluta. Resulta que este escenario, tan propio de El Salvador de los Ochenta con sus escuadrones de la muerte y sus ejecuciones sumarias, es también propio de El Salvador de hoy, de ayer y de El Salvador del futuro a menos que le exijamos al gobierno que tome responsabilidad del asunto.

Un reportaje de la Revista Factum reveló la existencia y modus operandi de células dentro de la estructura de la FES ( la fuerza especial de la PNC encargada de lidiar con la criminalidad de las pandillas) que no solo operan al margen de la ley, sino que lo hacen de maneras cínicamente públicas difundiendo en las redes sociales sus “hazañas” de exterminio de pandilleros, azuzados por el apoyo de quienes se han dejado deshumanizar tanto que ven en sus actos heroísmo y no cobardía.

Factum describe con lujo de detalles las pruebas obtenidas, muestra evidencia de lo que por mucho tiempo solo eran sospechas, dejando claro que para ciertos agentes policiales los derechos constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la vida son meramente opcionales.

Lo más desgarrador del reportaje de Factum no solo fueron los hechos descubiertos, sino una parte importante de las reacciones en las redes sociales. Es alarmante la cantidad de personas que acusaron a los periodistas de Factum de estar defendiendo pandilleros, y con su reportaje, de estar atacando a los pobres policías exponiéndose para mantener la ley y el orden. Como si los derechos constitucionales fueran algo relativo, que solo nos aplica a algunos. Como si las democracias modernas y las repúblicas operaran con base en el rudimentario principio del “ojo por ojo, diente por diente”. Como si las mismas circunstancias que hicieron atroz el conflicto armado de los Ochenta ahora permitieran relativismos.

Como si denunciar el abuso policial implicara “defender” el crimen. Como si fuera imposible analizar realidades complejas en las que más de una cosa puede ser cierta al mismo tiempo: que los crímenes de las pandillas son un flagelo que hace dificilísima la vida para la ciudadanía, y que la policía, precisamente debido a que ejecutan el monopolio de la fuerza, no debería operar como clica pandilleril.

Si los actos de las pandillas son horrorosos e ilegales, ¿cómo se puede argumentar que los mismos actos son válidos cuando los perpetran sujetos uniformados y pagados con fondos estatales?

Excusar la brutalidad policial y la violación de la ley en que las pandillas “se han ganado” un trato inhumano es un arma de doble filo, pues esta erosión del Estado de Derecho y de los derechos procesales individuales nos afecta a todos, pandilleros o no. Con la misma facilidad con la que en la actualidad las células policiales de exterminio montan “enfrentamientos” que no hubo y escenas criminales ficticias, mañana pueden acusarle a usted de ser pandillero, sin prueba alguna e ignorando absolutamente el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Dirán que era una rata más.

Es triste que esto sea aún materia de debate, pero los derechos humanos no son algo que se “merece”, sino algo que se goza por el hecho de ser persona. No son de aplicación relativa. En teoría, constituyen la razón de ser de nuestro Estado según nuestra Constitución. En el momento en que el miedo y rabia que nos han causado el asedio constante de la criminalidad nos lleva a relativizar los principios de nuestra Constitución, cuya tendencia pro-vida ensalzamos en otro tipo de debates, no somos mejores que los criminales que decimos rechazar.

@crislopezg

El debate en Venezuela: ¿Ir o no a elecciones en una dictadura?

Nuevamente entre los opositores hay un fuerte debate sobre participar o no en las elecciones de gobernadores convocadas para final de este año. No es por primera vez: las elecciones parlamentarias de 2005 los partidos de la oposción decidieron boicotear, dejando al chavismo el control total del Estado. Luego la oposicn camb de estrategia y consiguió, en 2015, la mayoría calificada en la Asamblea. Sin embargo, el gobierno y el Tribunal de Justicia, controlado por el chavismo, desconocieron la autoridad de la Asamblea Nacional. Para deshacerse del parlamento, Maduro convocó a un proceso constituyente, que por la oposición y la mayoría de países democráticos fue considerado como una ruptura constitucional. 

En esta nueva situación que ha cambiado el carácter del régimen chavista, la oposición venezolano tiene que decidir si tiene sentido participar en elecciones. La Mesa de Unidad democrática decidió inscribir candidatos, pero partes de la oposición llaman a boicotear estas elecciones. Documentamos aquí parte de este debate.

Segunda Vuelta

Trece razones para votar. De Fernando Mires

Fernando Mires, 18 agosto 2017 / TALCUAL

En Venezuela, antes de cada elección, surge la misma controversia. Los argumentos son, si no iguales, parecidos. Al final se impone la razón y la mayoría de la oposición vota. Si la oposición gana, todos festejan el triunfo. Esta vez, en cambio, hay algunas variantes. Las anunciadas elecciones regionales que deberían haberse realizado un año atrás, están por venir. Tendrán lugar después de las grandes demostraciones de masas en defensa de la Constitución, iniciadas en abril del 2017. Los ánimos están enervados y no es para menos: el régimen ha asesinado a muchos seres humanos. Casi todos, jóvenes.

La dictadura, ya abiertamente declarada, ha impuesto mediante el fraude más grosero conocido en toda la historia electoral latinoamericana, una asamblea constituyente, fascista y cubana a la vez. El ambiente es propicio para todo tipo de aventuras antipolíticas, y también hay razones que lo explican: la lógica de la fuerza representada en una mafia de poder en alianza con los altos mandos del ejército se ha impuesto por sobre la voluntad de la inmensa mayoría. Bajo estas condiciones ha crecido en el seno de la oposición un abstencionismo políticamente anómico pero a la vez militante; muy destructivo con respecto a la única organización política de oposición que existe en Venezuela: la MUD.

Frente a las amenazas que provienen del régimen y de los divisionistas, los sectores democráticos de la oposición intentan defender los pocos espacios que restan. Como una contribución solidaria a la lucha que ellos libran en condiciones tan adversas, he redactado trece puntos que, en mi opinión, son razones que deben tenerse en cuenta para participar en las elecciones regionales de 2017. Siempre y cuando tengan lugar. Pues bajo una dictadura ejercida por personajes sin principios, seres brutales al servicio de sus propias ansias de poder, todo puede ser posible.

1. Las elecciones regionales están pautadas en la Constitución. Desconocerlas o renunciar a participar es seguir a la pauta de la dictadura -la que como toda dictadura es antielectoral-. Es faltar a la letra y al espíritu de la Constitución. Es romper con la línea histórica de la oposición. Línea que ha sido definida por sus principales líderes y suscrita por la gran mayoría de sus partidos como pacífica, democrática, constitucional y electoral. La Constitución es la guía, es el programa y es la ruta de la oposición. Sin la Constitución la oposición no existiría. Todo lo que es la oposición se lo debe a la Constitución. La decisión divisionista, derrotista y abstencionista de una parte de la oposición liderada por el grupo VENTE, es anticonstitucional y por lo mismo hace el juego a los planes de la dictadura.
2. Entre oposición y Constitución hay una relación simbiótica. Todo voto a favor de la oposición es un voto a favor de la Constitución. Por esa misma razón, todo voto a favor de la Constitución es un voto en contra de la constituyente cubana. La principal contradicción política de las próximas regionales deberá ser  -siempre y cuando los partidos y candidatos entiendan la esencia del problema-: o Constitución o constituyente. Agitar esa contradicción es más importante que el número de gobernaciones que puedan ser ganadas. Las elecciones, en ese sentido, no son solo un fin sino, además, un medio de agitación política a favor de la Constitución. Convertir a las regionales en un movimiento democrático, popular y constitucionalista es la gran tarea política del momento.
3. El 16/J la mayoría del pueblo venezolano votó (simbólicamente) en contra de la constituyente, no en contra de las elecciones. Y la razón es elemental: la constituyente fue inventada para evitar las elecciones, sobre todo las regionales, destinadas a privar a la dictadura de todos sus poderes locales. Luego, al votar en contra de la constituyente, los venezolanos votaron a favor de la reivindicación del sufragio universal. Los puntos 2 y 3 tampoco auspician el abstencionismo. Por eso, los que hablan del mandato del 16/J, tergiversan su sentido, tanto en su letra como en su intención. Aparte del rechazo terminante a la constituyente, no hay, en ninguno de los tres puntos del 16/J, un mandato explícito a favor de la abstención electoral.
4. La Unidad al ir a las elecciones regionales no interrumpe, más bien confirma su continuidad política. La MUD siempre ha sido electoral. Nació y se configuró como una asociación electoral. Que, obligada por las circunstancias, hubiera debido asumir otras funciones, es otro tema. Lo importante es que la MUD ha continuado la línea trazada el año 2007 cuando defendió la Constitución en contra del propio Chávez. Sus más grandes éxitos han sido electorales. Electoral fue el triunfo que robaron a Capriles en las presidenciales del 2013. Electoral fue el grandioso triunfo del 6D. Electorales son las alcaldías y gobernaciones arrancadas a la dictadura. Electorales fueron las grandes manifestaciones por el RR16. La defensa de la AN, elegida electoralmente, fue el punto de partida de las grandes movilizaciones que llevaron a Maduro a imponer la constituyente cubana. Electorales por último fueron las jornadas que llevaron a votar el 16/J en contra de la constituyente. No hay ningún motivo para que la MUD se aparte de la vía electoral, la única que conoce. Romper la vía electoral es romper la oposición. Quienes lo hacen están por cierto en su derecho. Pero para ejercerlo deben presentar una línea política diferente. Y hasta ahora, definitivamente, no la tienen. Son como los perros hortelanos de la política: no hacen ni dejan hacer.
5. Al plantearse en contra de las elecciones, sin ofrecer ninguna otra alternativa, los abstencionistas solo piensan en dos posibilidades: o en una invasión o en un golpe militar. En cualquiera de los dos casos la oposición no tiene ningún papel que jugar. De este modo los abstencionistas no solo exigen la abstención. Además, buscan eliminar a la oposición, sobre todo a la MUD,  como sujeto político, condenándola a servir de coro de acciones en las cuales ella no tiene ningún poder de decisión.
6. Las elecciones se encuentran en perfecta continuidad con las protestas iniciadas en abril del 2017. No hay ningún objetivo surgido durante las protestas del 2017 que no pueda ser revivido durante las campañas electorales que –eventualmente- tendrán lugar. Protestas sin vía electoral al chocar permanentemente con la soldadesca están condenadas a la derrota. Las elecciones, en cambio, abren un nuevo cauce. Mientras las protestas tenían lugar solo en centros urbanos, allí donde hay universidades, las elecciones pueden llevar la protesta hasta los últimos rincones, ampliando el espacio de participación pública. Las elecciones regionales son en ese sentido más radicales que las elecciones presidenciales. Más allá de los resultados, de los fraudes, y de la posibilidad de que sean eliminadas por el régimen, las elecciones permiten abrir un nuevo espacio de confrontación política.

7. Las elecciones no legitiman al régimen pues el régimen es anti-electoral. Las elecciones solo legitiman a las elecciones. Por eso cabe esperar que la dictadura hará todo lo posible por torpedear, boicotear y, si todo eso no resulta, postergar o incluso eliminar a las elecciones. Si se da ese caso, como es probable que ocurra, no la oposición sino la dictadura habrá perdido legitimidad; si es que le queda algo.
8. Las elecciones tampoco legitiman al CNE. Todo lo contrario, permiten derrotar al CNE como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Por eso quienes arguyen que no irán a las elecciones después del monstruoso fraude del 30/J sacan mal las cuentas. Pues ese CNE no es fraudulento desde el 30/J. Lo ha sido siempre. Incluso, el mayor fraude electoral de su historia no lo cometió el 30/J – en el hecho, una elección interna del PSUV- sino el 14 de abril de 2013 cuando Tibisay Lucena -al negarse a mostrar los cuadernos electorales- reconoció, objetivamente, haber robado las elecciones presidenciales. La oposición aprendió la lección: cuando la votación se convierte en un aluvión y cuando las mesas son vigiladas una por una, el fraude puede ser derrotado. Mesa vigilada es mesa ganada.
9. La monstruosidad del fraude del 30/J cumplió dos objetivos: el primero:  inventar millones de votos para imponer a la constituyente cubana. El segundo: advertir a la oposición de este modo: “nosotros somos tramposos, no tiene sentido que ustedes vayan a las elecciones pues con nuestros fraudes los volveremos a derrotar”. Imposibilitada de ganar las elecciones, la dictadura ha decidido envilecerlas, desmoralizando a la ciudadanía y dividiendo a la oposición en electoralistas y anti-electoralistas. De este modo, si la oposición no acude a votar, la dictadura hará elecciones adjudicándose un triunfo electoral sobre la oposición “anti-electoral”. El problema más grave es que una parte de la oposición –ignoramos su magnitud- ya ha pisado la trampa. Esa parte ha olvidado el principio más elemental de la política: “nunca hagas lo que tu enemigo quiere que tú hagas”.
10. No el 30/J sino el 6/D debe ser el parámetro electoral de la oposición. El 30/J solo demostró los límites que es capaz de traspasar la dictadura cuando la oposición está ausente. El 6/D demostró en cambio lo que puede llegar a alcanzar la oposición cuando participa activamente en las elecciones. Si en las regionales no lo hace, tendrá lugar un segundo 30/J. Que nadie tenga dudas. Los responsables serán los abstencionistas. Nadie más.
11. La participación electoral bajo dictaduras está avalada por la experiencia de una gran cantidad de movimientos democráticos que han usado todos los espacios para acelerar la caída de los tiranos. No se trata por cierto de reeditar la discusión bizantina acerca de “la dictadura no sale con votos” o a la inversa: “solo con votos sale la dictadura”. Se trata solo de tener presente dos hechos objetivos: El primero dice que siempre los movimientos democráticos han puesto a las elecciones en el primer reglón de la lista de exigencias. El segundo dice que hasta ahora no se conoce ningún caso en la historia en el cual una dictadura haya sido derrotada mediante la abstención electoral.
12. La mantención de una línea constitucional  y por lo mismo electoral ha sido la principal razón que explica por qué la oposición ha concitado en su torno un gran apoyo internacional. Si los asesinatos de tantas personas lograron sensibilizar a la opinión pública mundial no fue por la innegable tragedia del hecho –en Siria son asesinados grandes cantidades de seres humanos día a día y la indignación internacional es muy débil- sino porque quienes cayeron en Venezuela lo hicieron luchando por uno de los sacramentos de la política moderna: el sufragio universal, inscrito en la Constitución de 1999 y negada por la constituyente de la dictadura. Si la oposición decidiera no participar en futuras elecciones, aún  argumentando trampas y fraudes, el impacto sobre esa opinión mundial sería más negativo que positivo y, sin duda, la dictadura sabría como manipular a su favor esa situación.

13. Hay por último una razón en la cual están contenidas todas las demás. Una razón que condiciona a toda otra razón, o –para decirlo con el vocabulario de Freud- una razón sobredeterminante. Esa es la razón ciudadana. Significa, según esa razón, que cuando uno vota no lo hace solo para cumplir un objetivo, o por motivos tácticos o estratégicos, o porque voy a perder o ganar. Uno vota simplemente porque es un deber hacerlo. Que otros van a robar mi voto no me exime del cumplimiento de mi deber. Nadie puede dejarse determinar por la maldad de los otros. El hecho de que Maduro y su mafia sean unos hijos de puta, es problema de ellos, y alguna vez lo pagarán. Pero cuando uno vota, también vota para y por sí mismo. El voto es la dignidad del ciudadano.

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Convencemos pero no vencemos. DE Gisela Kozak Rovero

Gisela Kozak Rovero, 24 agosto 2017 /  PRODAVINCI

I

Oír a Ramón Muchacho, alcalde depuesto del Municipio Chacao en el exilio, declarar a la cadena televisiva CNN que hoy es imposible una salida democrática en Venezuela no hace más que subrayar lo que firmes partidarios de la unidad opositora, como quien esto escribe, hemos observado con alarma desde que ganamos las elecciones parlamentarias del 2015. Aunque alcanzamos la mayoría de las diputaciones no pudimos defender tal mayoría ni convertirla en poder efectivo en la ruta para sacar por los votos al gobierno que hoy en día compite con los más tiránicos del planeta. La MUD, siendo poco más que una plataforma electoral, convenció al mundo de la naturaleza no democrática del régimen porque se mantuvo en la ruta electoral, movilizó a millones de personas en la búsqueda de la salida menos traumática posible y logró arrebatarle votos al chavismo. Se trata de una obra titánica, pero lamentablemente no ha logrado ese milagro político que es convertir las condiciones actuales, tan desfavorables a la tiranía desde una perspectiva racional, en la oportunidad propicia para hacerse con el poder: la MUD convence pero no vence. Quienes están fuera de la MUD, como ahora VENTE, el partido de María Corina Machado, tampoco. No tienen la fuerza para hacerlo.

II

¿Por qué no logramos vencer?, nos preguntamos los opositores de a pie. ¿Será que el diagnóstico de la enfermedad no encuentra el remedio adecuado? María Corina Machado, muy denostada en estos momentos, hace el diagnóstico correcto aunque hasta hora no ofrece el remedio capaz de articular las voluntades opositoras: en Venezuela se ha conformado un régimen totalitario, una secta alimentada de narcotráfico, petróleo y corrupción que jura estar dispuesta a salvar a la patria de las garras del imperialismo, al pueblo de los desmanes de la burguesía y a la oposición de sí misma a través de su reducción a mera comparsa del régimen. Este lenguaje dramático y ampuloso es propio de estas sectas persuadidas de su papel redentor en el mundo: son fanáticos sedientos de poder que no paran de trabajar y maquinar en ningún momento. Se parecen a los matones del ejército islámico, capaces de los peores crímenes pero rebosantes de intenciones megalómanas que involucran el destino mismo de la humanidad. La perdurabilidad de semejante proyecto podría ser puesta seriamente en duda por las circunstancias internacionales, la crisis económica y las divisiones dentro del oficialismo, pero ciertamente hay tiranías que han continuado largo tiempo en situaciones muy adversas, sobre todo si Rusia y China están detrás.

III

Analistas reconocidos como Américo Martín, Ángel Oropeza, Elías Pino, Fernando Mires y Colette Capriles insisten en que quienes tenemos dudas sobre continuar en la lucha electoral no entendemos que es el único camino posible dada la naturaleza misma de la MUD, una coalición democrática y desarmada cuyas mayores virtudes residen en definirse de este modo, sobre todo de cara al mundo. Las noticias de los periódicos internacionales sobre Venezuela subrayan, en cambio, que el régimen se consolida en su vocación tiránica. Poco se gana con señalar severamente como divisionistas y servidores inconscientes del chavismo a quienes pensamos que poner esperanzas en elecciones, después de lo ocurrido con la Asamblea Nacional, es equivalente a abrir una tienda todos los días en la que nadie compra: no perdamos la disciplina para que la vida tenga sentido. Puede que la oposición se empeñe en asistir a las elecciones regionales a falta de algo mejor que hacer —la resistencia clandestina requiere un esfuerzo, dinero y tiempo que no puede medirse con facilidad—, pero me imagino que nuestros aliados internacionales no deben entender muy bien lo que ocurre. Es evidente que la correlación de poder actual en el país no sufrirá modificaciones por unas elecciones que el gobierno no perderá porque hará lo mismo que hizo con el referéndum revocatorio y la Asamblea Nacional: evitar la victoria o desconocerla. El razonamiento de que así se moviliza a la gente y se anima al desanimado contempla a las personas como extras de televisión o de cine: se les convoca para cumplir con una ficción de ejercicio democrático que no servirá para darle un vuelco a la situación. Repito, hasta el 2015 fui firme partidaria de luchar por ganar las elecciones, pero al ganarlas y no poder defenderlas era evidente que tal forma de lucha ya no tiene sentido.

IV

Es necesario poner en cuestión los tantos lugares comunes que gente por demás respetable e inteligente han puesto a circular en el mundo político nacional. Es mentira que todas los gobiernos autoritarios salen con votos: unos cuantos han salido a tiros como fue el caso de Pol Pot en Camboya, Hitler en Alemania, Somoza en Nicaragua y Batista en Cuba; Pinochet salió porque el alto mando militar chileno no lo respaldó en su intento de desconocer la voluntad popular, en cambio Maduro no ha caído porque para las Fuerzas Armadas el clamor ciudadano no tiene ninguna importancia; Ceaucescu en Rumania fue ajusticiado; Noriega en Panamá salió de la presidencia por una invasión norteamericana, solución que no tiene respaldo en la región ni en la MUD tanto por pruritos sobre la soberanía nacional como por el temor, justificado, de una Siria en Suramérica. En cuanto a los ejemplos de Sudáfrica, Polonia y la Unión Soviética, en Venezuela no existen líderes oficialistas en el pináculo del poder que propicien la transición como fueron Jaruzelski, De Klerk y Gorbachov, respectivamente. Aunque la división en el seno del oficialismo es evidente, no alcanza todavía a posiciones clave que puedan inclinar la balanza a favor de la transición democrática. Por último, la MUD no ha podido paralizar la administración pública, los servicios y las empresas básicas como sí logró hacerlo el sindicato Solidaridad en Polonia; de hecho la rebelión popular del primer semestre de este año se agotó en medio de la represión y el sinsentido de seguir participando en protestas que aunque hundieron al gobierno internacionalmente no evitaron la paralización de la Asamblea Nacional Tiránica.

V

La MUD corre el peligro de volverse inocua, pero puede eludirlo si sabe aprovechar dos de sus fortalezas: el apoyo popular y el justo temor de las democracias de la región de darle alas a los totalitarios de sus propios países. Es la hora de los líderes con visión histórica, no de las recetas de autoayuda de los bienintencionados, de los analistas que juraron por su madre que habría referéndum revocatorio y de los políticos que tratan de justificarse en victorias que no significan poder real. Si bien la unidad opositora es indispensable, la misma no puede reducirse a la MUD y a la estrategia electoral; si hubiese militares, civiles y políticos de la MUD con una misma hoja de ruta alternativa a unas elecciones que no significan el poder tal vez valdría la pena planteárselo. En lugar de regalar esperanza toca insuflar valentía, la cual no está por cierto asociada a ese derroche de testosterona que es Oscar Pérez, el ex-CICPC amante del cine, ni tampoco a esos militares con lenguaje evangélico que se creen la mano de dios y no hacen alianzas con políticos. Las escaramuzas de los militares imbuidos de un patriotismo bobo es una de las tantas miasmas del pantano ideológico del chavismo.

La valentía es contradecir y lanzarse al abismo cuando es necesario; es tener también cabeza fría y cálculo político e intelectual, el arma que nos queda cuando no sabemos qué camino tomar para salir de nuestra tragedia lo más pronto posible. Solo una muy fuerte presión externa hará ceder al gobierno por medio de sanciones que le impidan los apoyos económicos y militares que necesita; solos no podemos lograr que la oligarquía roja negocie su salida del poder y una transición democrática. Tristemente, el destino de Venezuela no depende solo de su gente, pero no por cuenta del imperialismo yankee, como piensan la izquierda ciega o la izquierda autoritaria que todavía cree en el madurismo, sino por culpa de una tiranía que pretende convertirnos en espectros de ciudadanos.

La revolución en el ventilador. De Alberto Barrera Tyszka

Fotografía de Esther Carolina Fernández

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

Alberto Barrera Tyszka, 27 agosto 2017 / PRODAVINCI

Ahí la puso, nuevamente, esta semana, la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Lo que tanto temían, ocurrió. Todo el estiércol está en el aire. Y no es fácil sortear la situación. No es tan sencillo pasar agachadito debajo de cien millones de dólares, por ejemplo. Si alguien, medianamente sensato, todavía tiene alguna pregunta sobre la naturaleza del oficialismo, las denuncias realizadas por la Fiscal prometen desvanecer todas las dudas. Ya en España comenzaron a salir noticias sobre los negocios de algunos clanes bolivarianos. En México y Panamá las investigaciones están en marcha. Quizás pronto los rumores se conviertan en evidencias. Pero, ante los ojos del mundo, ya no solo queda claro que Maduro dirige un gobierno dictatorial, represivo, que ejerce ferozmente la violencia del Estado en contra de cualquier disidencia, sino que ahora también es evidente que es un gobierno escandalosamente corrupto, que se trata de una élite envilecida que se ha hecho millonaria manteniendo al pueblo en la miseria. El chavismo está podrido.

Pero justo en el momento cuando el oficialismo parece haber perdido toda legitimidad, aparece entonces el gobierno norteamericano con nuevas sanciones económicas y Donald Trump le da a Nicolás Maduro algo de oxígeno, aunque sea oxígeno discursivo. Ya salió el Canciller Arreaza exigiendo a la ONU tomar medidas, diciendo que el gobierno va a “proteger al pueblo” del bloqueo financiero de los Estados Unidos. Quienes quebraron al país, ya tiene una simple pero eficiente explicación que dar. Y no hay que subestimar la narrativa anti imperialista. Menos en este continente, tan maltratado por la política exterior de Estados Unidos; menos con un personaje como Trump en la Casa Blanca. El gobierno por fin tiene al gran enemigo que tan desesperadamente estaba buscando.

Ya no hay que hablar de la inflación sino de invasión. Ya no hay que enfrentar la escasez de alimentos y de medicinas, las denuncias de corrupción, las masacres en las cárceles, el problemas los presos políticos… Ahora hay que organizar ejercicios de campaña, jornadas de entrenamiento para defender a la patria. El gobierno que se ha militarizado de manera feroz y vertiginosa tiene, por fin, la oportunidad de justificar ese proceso. Tal vez la mayoría de la población venezolana no crea en esta farsa. Pero el gobierno, igual, la repetirá y la difundirá. Es combustible retórico. A los paranoicos les ha llegado un perseguidor visible. El oficialismo vuelve a tener un argumento. Es mejor hablar del imperialismo que de los testaferros y de las cuentas bancarias en Suiza.

¿Cuánto puede, realmente, durar este guión? No es fácil saberlo. Quizás no demasiado. La tragedia real del país devora rápidamente cualquier espejismo. Pero sin duda es un refuerzo para la mentalidad de “contexto de guerra” con la que se maneja el oficialismo. Todo esto solo alimenta la vocación totalitaria de la Constituyente. Tanto la auto proclamada “Comisión de la Verdad” como el proyecto de ley contra el odio son ahora los instrumentos perversos para terminar de enterrar la democracia en el país. El gobierno que ha hecho de la opacidad su metodología, que ha ocultado todas las estadísticas e invisibilizado el dinero público, pretende ahora decretar qué es verdad y qué es mentira en el país. El gobierno que convirtió el odio en una política de Estado pretende ahora crear una legislación para combatir el odio.

¿Quiénes se erigen como la nueva conciencia nacional? Los mismos que han hecho negocios durante todos estos años. Los mismos que no reconocen el voto popular. Los que detienen a estudiantes, los torturan, los encarcelan. Los mismos que son responsables de las masacres de Barlovento o de Puerto Ayacucho. Los que te pinchan el teléfono. Los que secuestran. Los que te desaparecen. Los que te despiden del trabajo si no te pones la camisa roja o si no votas por ellos. Los que aparecen en televisión y te llaman escuálido, golpista, apátrida, maricón. Los que te suspenden los viajes y los conciertos porque dijiste algo que no les gustó. Los que tienen empresas fantasmas en otros países. Los que te han robado miles de millones dólares. Ellos ahora van a juzgarte. Van a definir tu futuro.

Lo primero que habría que hacer en Venezuela es hablar del odio institucional. De la manera en que el chavismo se instaló en el Estado como si estuviera reconquistando su territorio, como si expulsara a un enemigo extranjero de su casa. Llegó con la idea de quedarse para siempre. Y, desde ese nuevo poder, comenzó a instrumentalizar el odio en todos los espacios. ¿Acaso ya olvidamos el primer símbolo comunicacional en las campañas de Chávez? El puño alzado, golpeando la mano abierta ¿Qué era eso? ¿Puro cariño? ¿Ternurita de la buena?

Vicente Díaz señaló alguna vez que, pretendiendo eliminar la exclusión económica, el chavismo había creado una enorme y terrible exclusión política. Así fue. Y ahora, a su manera, aun con el control del poder, las consecuencias les llegan por donde menos esperaban: quien siembra exclusiones, cosecha escraches. Confieso que yo, en lo personal, me siento incómodo y rechazo cualquier situación de violencia. Sobre todo si involucra gente menor de edad o personas inocentes. Pero puedo entender que el escrache es en el fondo un estallido, una válvula de escape. Por eso mismo, también, quienes realizan estas acciones muchas veces se muestran algo descontrolados, nerviosos, más dispuestos a gritar cualquier cosa que a ordenar una frase coherente. Se trata de una catarsis defensiva. Con todos los riesgos que eso tiene. Es la reacción irracional ante tantos años de escrache oficial, ejercido días tras días, sin ninguna piedad, en contra de cualquiera. El odio no se regula con leyes. Es una dinámica. Un vínculo.

Cuando Diosdado Cabello habla de amor, ¿alguien le cree? Probablemente no. Probablemente, ni los suyos. Cuando Tarek Williams Saab invoca la justicia, ¿quién confía en él? Cuando Delcy Rodríguez menciona la verdad y el odio, ¿en qué pensamos los venezolanos? Nos roban millones de dólares, nos golpean, nos encarcelan… ¿y encima quieren que los amemos? Ni de vaina. Nosotros lo sabemos: la ley contra el odio es una ley para censurar, para reprimir a los ciudadanos y para proteger a los corruptos. La revolución sigue estando en el ventilador.