Jorge Castaneda

Teodoro Petkoff fue el símbolo de la izquierda democrática en América Latina. De Jorge Castaneda

El intelectual, político y economista Teodoro Petkoff en Caracas, en mayo de 2015 Credit Miguel Gutiérrez/EPA-EFE/REX

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

1 noviembre 2018 / THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK – Pocos personajes de la historia de la izquierda latinoamericana afectaron y reflejaron la evolución de la misma a lo largo de los últimos sesenta años como Teodoro Petkoff. Falleció ayer en Caracas a los 86 años, después de una larguísima trayectoria recorriendo todos los meandros de esa izquierda de América Latina. Transitó de la guerrilla castrista en Venezuela a principios de la década de los sesenta hasta la crítica despiadada, acertada e ilustrada de los peores excesos del chavismo y del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasando por una larga etapa como símbolo de una nueva izquierda: democrática, independiente de Moscú y de La Habana, moderna y globalizada.

Petkoff inició su trabajo político a finales de la década de los cuarenta en Caracas. Muy poco después del triunfo de la Revolución cubana, en enero de 1959, y del primer viaje al exterior de Fidel Castro a Caracas el 23 de enero para celebrar el primer aniversario de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, Petkoff empezó a conspirar con los cubanos y con su hermano Luben para crear un foco guerrillero en las montañas venezolanas. No tardó en entrar en conflicto con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), del cual eran miembros y que —como casi todos los partidos comunistas de América Latina en esa época— era prosoviético, reformista, pacifista y opuesto a la teoría cubana del foco guerrillero, teorizada por el joven filósofo francés Régis Debray, quien mantuvo una relación lejana pero constante con Petkoff todos estos años. Tras años de lucha contra el gobierno venezolano, finalmente fueron derrotados por el entonces presidente de Venezuela y quizás el primer socialdemócrata verdadero en América Latina, Rómulo Betancourt.

En esos años, Venezuela fue el punto de intersección más importante entre dos esfuerzos: los de la Revolución cubana por apoyar un foco guerrillero y reproducir la epopeya de la Sierra Maestra y los del gobierno de Estados Unidos —primero de Eisenhower y sobre todo de Kennedy— de contrarrestar ese esfuerzo cubano a través de una estrategia contrainsurgente, pero también de la alianza para el progreso y un enfoque socialdemócrata como el de Betancourt.

Después de esa derrota, varias pasantías por la cárcel y el paso de los años, Teodoro Petkoff entró en otra dinámica, la de la lucha pacífica por la misma revolución, y luego por una revolución distinta.

En 1971, junto con varios compañeros venezolanos, funda el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo estreno tuvo, entre otras virtudes, el haber recibido en donación el dinero que Gabriel García Márquez recibió por el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y un himno compuesto especialmente para ellos por Mikis Theodorakis. El MAS fue la niña de los ojos de la izquierda latinoamericana moderada, democrática, modernizada durante muchos años. Teodoro fue candidato a la presidencia por el MAS en 1983 y en 1988, pero la organización no despegó. El viejo partido Acción Democrática, el de Betancourt y de Carlos Andrés Pérez, nunca perdió su base obrera de los sindicatos venezolanos y, más allá de intelectuales y estudiantes, el MAS se marginalizó.

El partido cerró su ciclo a finales de la década de los ochenta, después del “Caracazo” y de las desventuras de toda la izquierda pacífica e institucional venezolana. El MAS empezó a ser sustituido por grupos más radicales como Causa Radical y por el intento de golpe de Estado de un puñado de jóvenes militares encabezados por Hugo Chávez, aparentemente nacionalistas, pero en realidad formados directa o indirectamente por los cubanos.

Teodoro Petkoff nunca fue chavista, aunque en las pláticas que tuve con él a finales de la década de los noventa y principios de este siglo manifestaba cierta simpatía, no por las propuestas de Chávez, sino por su diagnóstico de la catástrofe generada por el famoso Pacto de Punto Fijo, que sirvió de base para el bipartidismo de Acción Democrática y Copei. Petkoff fue ministro de Coordinación y Planificación de 1996 a 1999, durante el último gobierno del Pacto (aunque algunos no lo considerarían como tal), el de Rafael Caldera. Durante un tiempo se convirtió en una especie de vicepresidente. Realizó un gran esfuerzo por poner al día al Estado venezolano benefactor y controlador, sobre todo de las gigantescas reservas petroleras de la faja del Orinoco. En mis conversaciones con él en aquel momento, tuve la impresión de que no obtuvo de parte de Caldera —un hombre mayor— el apoyo necesario para sacar adelante todas sus propuestas.

Para mucha gente Petkoff se volvió neoliberal al final de su vida política. No lo creo. Tanto en el gobierno de Caldera y luego como líder de opinión en Venezuela durante los primeros años de Chávez —en el diario El Mundo y después en Tal Cual, que él fundó y que fue reprimido por el chavismo— sostuvo una postura, no siempre lograda, de izquierda democrática. Para mí, Teodoro Petkoff fue alguien que luchó por las mismas causas desde el inicio de su carrera, en la década de los cincuenta, hasta el final de su vida, cuando el gobierno de Nicolás Maduro arrinconó a Tal Cual y le abrió un juicio, con lo que le prohibió a Teodoro salir del país.

Ha muerto un personaje de gran valor, honestidad y congruencia de la izquierda latinoamericana, de la que quisiéramos que imperara en toda la región y que nadie como él ha encarnado a lo largo de estos últimos seis decenios.

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El papel de México en la crisis nicaragüense. De Jorge Castaneda

Aunque López Obrador debería condenar el derramamiento de sangre en Nicaragua y apoyar los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y de la OEA para dar con una solución y defender los derechos humanos en la región, es poco probable que lo haga. Después del 1 de diciembre, no cuenten con México.

Un joven participa en una marcha contra el gobierno de Daniel Ortega el 23 de julio de 2018, en Managua. Credit Rodrigo Sura/EPA, vía Shutterstock

Jorge Castaneda, secretario de Relaciones Exteriores de México, de 2000 a 2003

26 julio 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Más de 350 personas, la mayoría estudiantes y manifestantes, han muerto desde abril en Nicaragua, donde una reforma de pensiones, que al final se revocó, inició un movimiento social masivo que busca la renuncia del presidente Daniel Ortega.

La cantidad de muertos, encarcelados y desaparecidos es sorprendente para un país con poco más de seis millones de habitantes. Casi cuarenta años después de que Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocaron a la dinastía corrupta y sangrienta de los Somoza —que gobernó Nicaragua durante casi medio siglo—, estudiantes y activistas exigen la salida de lo que consideran una repetición histórica imperdonable. Su grito de protesta es: “Ortega y Somoza, son la misma cosa”.

Sin distinciones, están siendo atacados campesinos, activistas, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y líderes de la oposición históricos y actuales; manifestantes mujeres e incluso niños se han vuelto víctimas de los escuadrones de matones de Daniel Ortega. El régimen se está convirtiendo a toda velocidad en una dictadura, una situación que las comunidades latinoamericana e internacional deberían detener a toda costa. Nadie quiere otra Venezuela en la región.

Aunque al principio la respuesta de las organizaciones regionales e internacionales a la represión en Nicaragua fue lenta, recientemente ha comenzado a adoptar un papel más activo. La semana pasada, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió una declaración en la que condenaba la violencia y la Organización de Estados Americanos (OEA) también aprobó una resolución condenatoria y exhortó a que se celebren elecciones presidencias “libres, justas y oportunas”. Un grupo ad hoc de naciones de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil y México, ha denunciado la matanza en Managua y en la icónica ciudad de Masaya, que albergó la resistencia más heroica contra Somoza en la década de los setenta.

Un grupo de países está trabajando tras bambalinas con la Iglesia y la comunidad empresarial —así como con Estados Unidos— para negociar un acuerdo que exige tres elementos cruciales. Primero, el fin de la represión y del uso de escuadrones paramilitares o de matones que golpean o asesinan a los estudiantes. Segundo, la renuncia de Rosario Murillo —la esposa de Ortega, vicepresidenta y el poder tras el trono— y su promesa de que no contendrá a la presidencia en las próximas elecciones. Tercero, convocar elecciones con observadores internacionales a principios del próximo año y la renuncia previa del presidente. Este esfuerzo de intermediación y el acuerdo consiguiente pueden o no tener éxito, pero al menos se está haciendo algo para poner fin al baño de sangre.

A diferencia de la situación en Venezuela —un país que, además de la represión y las violaciones a otros derechos humanos, ha enfrentado una crisis humanitaria, económica y migratoria durante varios años—, la encrucijada nicaragüense podría resolverse a través de la cooperación regional e internacional. Nicaragua carece de lo que Venezuela tiene: petróleo y respaldo ruso y chino. Sin embargo, hay dos obstáculos importantes en el camino.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, celebra el 39 aniversario de la revolución sandinista el 19 de julio de 2018 Credit Jorge Torres/EPA, vía Shutterstock

El primero es el apoyo continuo de buena parte de la izquierda latinoamericana al régimen de Ortega. Apenas la semana pasada en La Habana, los más de 430 participantes del Foro de São Paulo —el encuentro anual de partidos políticos de izquierda y otras organizaciones de América Latina y el Caribe iniciada en 1990— manifestaron su solidaridad con Ortega y condenaron a “los grupos terroristas de la derecha golpista” que intentan derrocarlo con, por supuesto, el apoyo del imperialismo de Estados Unidos. Además del presidente cubano, los mandatarios de Venezuela, Bolivia y El Salvador asistieron a la reunión, con la presencia de una expresidenta brasileña y representantes de organizaciones influyentes de centroizquierda afines a Ortega, provenientes de Colombia y Ecuador.

La izquierda latinoamericana ya no es lo que era hace solo cinco años, pero continúa siendo poderosa, además de estar bien organizada y conectada. Aunque en la actual camarilla de Ortega queda poco de la vieja mística sandinista, todavía cuenta con el respaldo tradicional internacional y regional. Este apoyo fue determinante para llevarlo al poder en 1979 y puede ser igualmente fundamental para mantenerlo hoy.

El segundo obstáculo es México. Este país desempeñó un papel clave en 1979, ya que encabezó la oposición regional contra Somoza y a la intención del gobierno de Jimmy Carter de mantener un “somocismo sin Somoza”. Por ende, apoyó al régimen sandinista, al igual que la paz negociada en Centroamérica.

En el año 2000, México abandonó su tradicional política exterior de no intervención y enfatizó la defensa colectiva de los derechos humanos y la democracia en la región. Entre 2007 y 2015 se intentó de manera poco entusiasta regresar a la postura del pasado. Con Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, el país ha atribuido una importancia mucho mayor a los valores universales que a la introversión y el aislacionismo tradicionales.

Fue así hasta el 1 de julio de este año. En esa fecha, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente en una victoria aplastante que dará un giro radical a la política en México, y es posible que ocurra lo mismo con la política exterior. Una coalición amplia compuesta de moderados de centroizquierda, protestantes conservadores, radicales de extrema izquierda y nacionalistas tradicionales le dio la victoria con el 53 por ciento del voto, 32 puntos arriba del contendiente en el segundo lugar, Ricardo Anaya. Una de sus propuestas más repetidas fue la de crear una nueva política exterior para México.

El 5 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó a Marcelo Ebrard como su elección de secretario de Relaciones Internacionales en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Credit Carlos Jasso/Reuters

Entre las directrices que López Obrador ha enfatizado se ve un regreso obcecado a la postura tradicional de México de no involucrarse en la política de otras naciones ni expresar opiniones sobre la situación de los derechos humanos en otros países. Su futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que la sola discusión de los casos de Nicaragua y Venezuela en la OEA era equivalente a interferir en los asuntos internos de estas naciones. Por lo tanto, el nuevo gobierno, que asume el poder el 1 de diciembre, se abstendrá de llevar adelante dichas iniciativas. López Obrador envió a la presidenta de Morena, su partido, al Foro de São Paulo en La Habana, cuya declaración final firmó. Otro de sus enviados pronunció un contundente discurso de apoyo a los gobiernos latinoamericanos de izquierda, incluyendo al de Nicaragua.

En otras palabras, México, la segunda nación más grande de la región, ya no será parte de la alianza latinoamericana que buscaba, sin tener éxito hasta ahora, una solución a la pesadilla venezolana y la crisis nicaragüense.

En el mejor de los casos, desde la óptica de los derechos humanos y la defensa de la democracia, México mirará hacia el interior de manera reflexiva y sencillamente se distanciará de cualquier desafío regional. En el peor, se alineará con regímenes como el nicaragüense y el venezolano aludiendo al principio de la no intervención pero, en realidad, simpatizando con ellos en lo político y lo ideológico.

Para que el esfuerzo actual por encontrar una solución en Nicaragua tenga éxito, debe dar resultados antes de diciembre, mientras el gobierno de Peña Nieto siga en el poder y se mantenga activo en ese frente.

Aunque López Obrador debería condenar el derramamiento de sangre en Nicaragua y apoyar los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y de la OEA para dar con una solución y defender los derechos humanos en la región, es poco probable que lo haga. Después del 1 de diciembre, no cuenten con México.

Respuesta a Maduro. De Jorge Castaneda

Sorprende el silencio de Manuel López Obrador ante el régimen político venezolano.

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

1 junio 2018 / El País

Las elecciones en Venezuela resultaron un poco mejor de lo previsto. Fue tanto el fraude que ni siquiera Henry Falcón, el candidato opositor palero,pudo avalarlas. La participación sí fue mucho menor que la histórica —como deseaba la oposición— y Falcón se vio obligado a desconocer los resultados y pedir nuevos comicios. Fracasó la maniobra de Nicolás Maduro de llamar al día siguiente a un diálogo nacional, al que hubiera acudido Falcón, y menos aún de formar un gobierno de unidad nacional con él y otros opositores a modo.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta, en medio de una crisis económica, humana, de abastecimiento y de violencia sin parangón en la historia moderna de América Latina, a permanecer seis años más en el poder. Lo hará, según el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprobando una nueva Constitución que instalará una dictadura siguiendo el modelo cubano, acabando con lo poco que queda de la vieja democracia venezolana.

La comunidad internacional, a su vez, condenó las elecciones, desconoció los resultados y, según los países, inició o endureció las sanciones contra Maduro y sus colaboradores. En particular el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Perú, llamó a sus integrantes a aplicar o a intensificar medidas de suspensión de relaciones militares, culturales, financieras y comerciales con Venezuela, y a preparar una resolución de mayor dureza para la próxima asamblea anual de la OEA, en Washington, dentro de dos semanas.

El régimen sobrevivió a la tormenta y se apresta,
en medio de una crisis económica, humanitaria,
de abastecimiento y de violencia sin parangón

En plena campaña presidencial en México, el tema no parece atraer demasiada atención. Extrañamente, en el segundo debate presidencial, realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana, dedicado al tema México en el mundo, el mismo día de las elecciones en Venezuela, los moderadores no consideraron útil o necesario interrogar a los aspirantes sobre su postura ante los comicios venezolanos, ni sobre la crisis de aquel país en general. Se hubieran llevado una sorpresa, y hubieran ayudado a ilustrar al electorado mexicano sobre una paradoja más que envuelve al puntero de la contienda, el candidato del partido llamado Morena, Andrés Manuel López Obrador.

La sorpresa: los otros candidatos —Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y José Antonio Meade, del PRI— sostienen la misma posición, a saber, básicamente la del Grupo de Lima: desconocimiento de los resultados por inexistencia de las condiciones mínimas necesarias, de acuerdo con criterios internacionales, suspensión de toda la cooperación con Maduro, llamada a consultas de los embajadores en Caracas, sanciones crecientes contra la dictadura. López Obrador, por su parte, mantiene en todos los foros su silencio tradicional, pero sus voceros o bien invocan el consabido y llevado y traído principio de no intervención, o bien confiesan que no han discutido el tema o no responden a la pregunta salvo para decir que AMLO no conoce a Nicolás Maduro. La paradoja: el tema incomoda enormemente a Morena y a AMLO, y no saben dónde esconderse cuando surge.

En efecto, se les abren dos caminos. O bien critican y denuncian el fraude, el autoritarismo, el exilio forzado y la corrupción del chavismo, en cuyo caso brincan sus huestes internas: la ultra-izquierda, los sectores castrófilos en Morena o los que reciben dinero de Venezuela (el llamado Partido del Trabajo), y corren el riesgo de que Caracas revele secretos inconfesables de la elección de 2006, en la que también contendió López Obrador y perdió. O bien defienden al régimen dictatorial, escudándose tras una vergonzosa no intervención, y aparecen ante sectores clave del electorado como cómplices del autoritarismo y el fraude. Mejor se callan. Pero si se les arrincona, trastabillan o cascabelean.

Por una de dos razones. Ya sea porque simplemente no saben qué decir, y piensan, tal vez con razón, que el silencio no será reprobado por una opinión pública mexicana indiferente. No pagan costo alguno por contestar con lugares comunes o balbuceos. O tal vez callan, porque existe una verdadera afinidad o cercanía de Morena y AMLO con la experiencia chavista, en todas sus versiones, y no quieren criticar o deslindarse de un aliado y, sobre todo, de un modelo, cuyo fracaso es culpa del imperio, no de los errores y excesos garrafales que ha cometido.

A Venezuela por Cuba. De Jorge Castaneda

No hay una solución para la tragedia de Caracas que no pase por Washington y La Habana.

Aspecto de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Cancún.

Aspecto de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Cancún. Mario Guzmán EFE

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castaneda, 28 junio 2017 / EL PAIS

Una de las posibles explicaciones de la interminable tragedia venezolana yace en la persistente indiferencia o complicidad de la región latinoamericana. Hace años que los vecinos de Venezuela debieron haber tomado cartas en el asunto y evitar el paulatino deslizamiento del régimen de Chávez y ahora de Maduro hacia la dictadura en el que se ha convertido. Una vez iniciada la espiral descendente, debieron actuar para revertir la tendencia. Nada de eso sucedió. Hasta ahora. Ya era tiempo.

Hay varios resultados de la Reunión de Consulta y de la Asamblea General de la OEA, celebradas en Cancún entre el 19 y el 21 de junio. Tres revisten particular relevancia, tanto para México, como país anfitrión, como para el resto de América Latina, sin menosprecio de las consecuencias y balances para Venezuela, tema central de los debates.

Empezando por México, por fin vuelve a contar con una postura moderna, digna y correcta. En Cancún, el país antepuso los compromisos regionales de defensa colectiva de la democracia representativa y de derechos humanos a los principios caducos de no intervención y de supuesta autodeterminación de los pueblos. Durante muchos años, México combinó, en ocasiones con una leve dosis de hipocresía, la no intervención con el combate diplomático a las dictaduras latinoamericanas (y al régimen de Franco, por cierto). Rompió relaciones con Pinochet y con Somoza; apoyó a la oposición chilena, nicaragüense y salvadoreña contra los Gobiernos autoritarios de esos países, tanto localmente como en foros internacionales. Colocó esta encomiable definición en una línea más congruente al censurar, desde 2001, a la dictadura castrista en la ONU, y en el plano bilateral, desde 1998. Hoy, con Venezuela, vuelve a esa tradición, al cabo de un decenio de abandono.

Este avance de política exterior de inmediato generó repercusiones en la política interna. No se puede disociar la posición mexicana ante Venezuela de la decisión de duplicar las aportaciones aztecas y de los demás países al sistema interamericano de derechos humanos. Tampoco es útil separarla de la declaración del canciller Luis Videgaray de dar la bienvenida a todo escrutinio externo, incluyendo observadores internacionales para las elecciones del 2018. No se puede lo uno sin lo otro, aunque el abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa admire a la dictadura de Maduro.

Los Gobiernos que representan a más de 90% de la población y del PIB de América Latina votaron por una resolución sobre Venezuela contra la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Hace pocos años, Brasil, Argentina, Perú y México no lo hubieran hecho. Solo Bolivia y Nicaragua se solidarizaron con Maduro; ni Ecuador ni El Salvador los siguieron. El cambio es notable. Sin embargo, México y sus aliados fracasaron. No se consiguieron los votos necesarios para que el proyecto de resolución fuera aprobado. Fue imposible arrancar tres votos más a los países del Caribe, que hicieron la diferencia, entre abstenciones y votos en contra.

Hay varias explicaciones. La primera es la que parte del petróleo que Venezuela regala o vende con subsidio a las islas caribeñas. La segunda consiste en que EE UU no hizo la tarea. Rex Tillerson, el secretario de Estado, no viajó a Cancún, y debilitó así el esfuerzo de todos. Hay un caso especialmente escandaloso: República Dominicana. Que EE UU no pueda convencer a Santo Domingo que vote con él es increíble. Otra interpretación adicional involucra a otro país formalmente ausente en Cancún: Cuba, que ejerce una enorme influencia sobre esos pequeños países vecinos porque ha puesto en práctica una política de cooperación, desde hace muchos años. Ha enviado a miles de agentes de inteligencia, médicos, maestros, instructores deportivos y militares. Esto le ha aportado a Cuba un gran ascendiente sobre sus gobernantes.

Por otro lado, México, Brasil, Argentina y Colombia han hecho hasta lo imposible para complacer a la dictadura cubana, en detrimento de sus propios valores y principios. Ya es hora de que haya un mínimo de reciprocidad cubana por estos esfuerzos desmedidos que todos han llevado a cabo por Cuba. Tal vez no surgieron las condiciones para alcanzar esta correspondencia cubana en las reuniones de Cancún. Pronto se celebrarán otras reuniones y surgirán otras oportunidades. Pero tres tesis parecen evidentes. No hay salida de la tragedia de Caracas sin Cuba; no habrá cooperación cubana sin algo a cambio; solo EE UU tiene algo que dar a cambio.

Mexico’s Forceful Resistance. De Jorge Castaneda

Credit Mikey Burton

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castaneda, 27 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES

MEXICO CITY — It has been just over a week since President Trump took office, and he already has a diplomatic mini-crisis on his hands. First, he demanded that Mexico pay for his wall along our mutual border — on the very day when Mexican diplomats were to meet with White House officials. When President Enrique Peña Nieto of Mexico rejected that idea out of hand, Mr. Trump tweeted that he should consider calling off a planned visit to Washington next Tuesday. Which is just what Mr. Peña Nieto did.

For Mexico, the cancellation, and the rise in tensions with the United States, are a sad and serious affair.

Sad, because no Mexican wants a breakdown in bilateral ties. Five successive presidents have pursued a new course with our northern neighbor, putting behind us the apprehensions and resentment of the past. The North American Free Trade Agreement, American support during the mid-’90s financial NEW YORK TIMEScrisis, immigration negotiations in 2001, expanded drug enforcement and security cooperation, and the encouragement of a new mind-set for Mexicans where being neighbors is no longer seen as a problem but as an opportunity: All of this is being questioned and jeopardized.

This is why Mexico today faces a tough choice, given the asymmetry between both countries: accommodate Mr. Trump and get the least-bad deal possible, or lay out a series of red lines or list of American demands Mexico cannot accept and adopt a policy of forceful resistance. It could then attempt to wait Mr. Trump out, hoping that he will open too many fronts simultaneously, that domestic opposition to his excesses will grow, and that Mexico’s allies in the United States and abroad will eventually rebalance the unequal correlation of forces.

Mr. Peña Nieto had no choice but to cancel his trip. But he had partly boxed himself into a corner because of previous indecision or procrastination.

He knew some time ago that Mr. Trump would insist on renegotiation. He knew that several roads could lead to a favorable outcome for all three member countries, but that there could also be dire consequences for Mexico if the road chosen led to a revised Nafta requiring drawn-out deliberations in the legislative bodies of Canada, the United States and Mexico. The agreement would then fall hostage to partisan bickering, with no guarantees of approval. The uncertainty that would entail might easily place new foreign investment in Mexico on hold.

Mexico should have a red line on trade. Everything that can be done without new legislative approval in all the three countries is fair game, but nothing else. Better to have the United States invoke Nafta’s Article 2205, which says that a country can withdraw from the agreement six months after giving notice.

A similar red line should have been drawn by Mr. Peña Nieto on the prickliest, if not the most substantive issue: the wall. Again, incomprehensibly, Mr. Peña Nieto painted himself into a corner by stressing the wall’s payment, rather than its very existence. The crux of the matter should never have been who would pay for it, but rather that it was an unfriendly act toward a friendly country, sending a disastrous symbolic message to Latin America. The real issue is that it will generate countless social, cultural and environmental problems along the border; raise the cost and danger of unauthorized crossings; and attract even more organized crime.

Mexico should now clearly draw another red line. If the United States wants to build a wall, we will use every tool available to delay it and make it more expensive. But we will also point out that President Trump’s wall better be a very effective one. Because it will have to deter, without any further Mexican cooperation, drugs, migrants, terrorists and “bad hombres” from entering. If Mr. Trump “breaks” the border arrangement that our two countries have enjoyed for nearly a century, he “owns” it (the Pottery Barn rule).

Finally, on deportations, Mexico must also publicize its nonnegotiable bottom line. More money and agents for immigration enforcement, punishing sanctuary cities and attempting to send so-called criminals to Mexico is likewise an unfriendly act. Especially when one recalls that the same policy toward El Salvador in the late 1990s made it the most violent country in the world.

Mexico must say clearly that we will encourage all our potential deportees to demand a hearing upon arrest and to refuse voluntary removal; that we will provide legal support, on our dime, for all arrested undocumented Mexicans; and that we will deny entry to anyone whom American authorities cannot prove is a Mexican citizen. These are not simple decisions and are not exempt from the risk of retaliation. But neither is a 20 percent tariff on imports from Mexico, a proposal the White House suggested on Thursday it might embrace.

Mexico’s most effective leverage in this unfortunate and needless conflict lies in its stability on the United States’s southern flank. Washington should count its blessings. For a century, the United States has been an accomplice to Mexican corruption, human rights violations and authoritarian rule. But it has also supported Mexico economically, abstained from seeking regime change, tolerated mass migration from the south and generally treated Mexico with respect. The quid pro quo was immensely and mutually beneficial. Messing with it is worse than rash: It is reckless, for both countries.

Ventajas de una catástrofe. De Jorge Castaneda

Lo que ha sucedido con la elección de Trump puede suceder pronto en otros países porque la globalización no ha traído los beneficios deseados. Y es necesario que México, Centroamérica y el Caribe reinventen su relación con EE UU.

Jorge Castaneda, ex cancillero de México y escritor

Jorge Castaneda, ex cancillero de México y escritor

Jorge Castaneda, 15 noviembre 2016 / EL PAIS

La victoria de Donald Trump es una pesadilla para Estados Unidos, para el mundo, y en particular para algunos países, como México y las naciones de Centroamérica y el Caribe. Trump habló con más cordura que antes al pronunciar su discurso de victoria. Pero esto no cambia las consecuencias de la campaña electoral estadounidense ni de su desenlace.

Los mercados se adaptarán al nuevo gobierno y no habrá una hecatombe económico-financiera producto de los comicios. Pero todo eso que es cierto en general no lo es tanto en lo particular para América Latina.

el paisNingún otro candidato a la presidencia de un país importante ha hecho campaña durante un año y medio explícitamente contra los intereses nacionales de otro país, y mucho menos de uno vecino. Eso hizo Trump desde junio del 2015. Hizo campaña sobre los temas de la deportación de millones de indocumentados, de la construcción de un muro para terminar de sellar la frontera sur de su país, de la revisión, apertura o derogación del que llamó el peor acuerdo comercial del mundo: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Lo mismo vale para los países de Centroamérica y el Caribe que en su mayoría son emisores de flujos migratorios a EE UU, cuentan con contingentes importantes de ciudadanos suyos sin papeles y han firmado también acuerdos de libre comercio con Washington.

Algunos analistas creen, sobre todo en México, que los reiterados pronunciamientos de Trump son la típica retórica de campaña, que no lo comprometen a nada, y que sus propuestas no son factibles. Nada de esto es del todo cierto. Trump debe su victoria a los votantes de Estados como Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, que fueron de los más afectados por los acuerdos de libre comercio de EU con México y otros países, y del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el año 2000.

El candidato triunfante tendrá que responderles a sus seguidores en esos Estados que además sufrieron agravios innegables debido a los efectos de la globalización y del libre comercio. El que otras regiones de EE UU sí se hayan beneficiado de esto es sólo un triste consuelo para ellos. Por eso se enojaron, votaron por Trump, lo hicieron ganador y por eso les va a tener que cumplir. Si Obama, que hizo campaña a favor de una reforma migratoria integral, y que nunca se comprometió a expulsar a los indocumentados, deportó a más de dos millones de mexicanos y centroamericanos durante sus ocho años en la presidencia, no sería raro que Trump, que sí lo ha prometido, haga lo mismo. Quizás no deporte a todos los que se encuentran sin papeles en Estados Unidos. Pero a un número importante, sí.

“Hay que responder con vigor a los intentos revisar los acuerdos de libre comercio pendientes”

En cuanto al muro, desde Bill Clinton en 1994 y pasando por George Bush y Barack Obama, se han construido más de 1.000 kilómetros a lo largo de una frontera de 3.000. Los predecesores de Trump lo hicieron sin que fuera una promesa de campaña ni consigna de mítines. No sería extraño que Trump quisiera agregarle otro tanto. No cubriría toda la frontera, pero ya abarcaría mucho más de la mitad.

¿Qué pueden hacer estos países frente a la amenaza que viene? Primero, reconocerla. Deben tomar a Trump en serio, sí hay motivos para preocuparse y sólo se puede diseñar una estrategia de respuesta si parte de la realidad.

Segundo, deben explicarle a la sociedad mexicana, centroamericana y caribeña qué sucedió en EE UU, por qué casi aproximadamente 60 millones de norteamericanos votaron como votaron; por qué eligieron a un presidente con un programa y una personalidad como la de Trump; por qué le dieron una mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso y por qué podrá disponer de una mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Una vez hecho esto, será necesario adoptar una serie de medidas, todas ellas dolorosas y caras, para adaptarse a la nueva situación ya visible en el horizonte. Estas medidas incluyen, pero no se limitan, a: reforzar con recursos financieros y humanos a los 50 consulados que México tiene en EE UU, y a los de otras naciones afectadas, para que, con más personal, más dinero para contratar abogados, más capacidad de salir a la calle y a los medios de comunicación, puedan ofrecerle toda la protección legalmente posible a los nacionales de sus respectivos países, con o sin papeles.

“Se necesita más integración de las economías de América del Norte, Centroamérica y el Caribe”

Además, responder de inmediato y con vigor a los posibles intentos del Gobierno de Trump de revisar o reabrir los acuerdos de libre comercio pendientes. No todos han sido exclusivamente en beneficio de México, Centroamérica y el Caribe, o incluso de varios países de América Latina. Pero lo peor sería incurrir en una reversión de los mismos. Esto implicaría llevar cada hipotética medida dañina a paneles de los tratados bilaterales, a los mecanismos de solución de disputa en la OMC, y cuando sea pertinente, a los propios tribunales norteamericanos donde algunos casos se puedan litigar con posibilidades de éxito.

Por último, y esto es más cierto para México, que el Gobierno y la sociedad mexicana abandonen sus lamentables sermones dirigidos a los norteamericanos sobre la importancia de México para EE UU y se concentren en defender los intereses nacionales, cada quien en la trinchera que pueda, sobre todo ahora que para Trump el respeto a los derechos humanos en México será la última de sus preocupaciones.

Se podría también considerar, en el caso de México, la negociación de acuerdos sectoriales o regionales con empresas norteamericanas de incremento significativo de los salarios. No pondrían en peligro la competitividad de dichas empresas, pero se dejarían de imponer salarios de miseria a los cientos de miles o hasta millones de trabajadores mexicanos en la industria automotriz o maquiladora en el norte del país.

Pero lo más importante será que los países más afectados encuentren la manera de hacer la tarea en casa. Lo que sucedió en EE UU puede suceder en México pronto y en otros países también. La globalización no ha traído los beneficios deseados. Lo peor que se podría hacer es abandonarla u oponerse a ella. Pero tampoco se puede seguir sin buscar de manera mucho más proactiva los beneficios tan poco presentes. Para todas las naciones de lo que se llamaba la Cuenca del Caribe, reinventar su relación con EE UU es indispensable y al mismo tiempo extraordinariamente difícil. No se puede proceder a un repliegue, a una cerrazón o a la llamada diversificación: geografía sí es destino. Se necesita más integración de las economías de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Pero diferente a la que se ha hecho hasta ahora. Como se ve, los retos que presenta la victoria de Trump no son menores, pero la oportunidad de corregir los errores del pasado puede ser una de las ventajas de esta catástrofe.

Jorge G. Castañeda, exministro de Asuntos Exteriores de México, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York.

Corrupción omnipresente. De Jorge Castañeda

Los escándalos políticos son males endémicos en Amércia Latina. Están presentes incluso bajo Gobiernos de izquierda, cuyos líderes se vanagloriaban de que nunca incurrirían en las odiosas prácticas de sus verdugos.

 Corrupción omnipresente NICOLÁS AZNÁREZ La imputación de Cristina Fernández por haber vendido dólares por debajo del precio de mercado para beneficiar a su sucesor en 2015 es la punta del iceberg del nuevo escándalo de corrupción de América Latina. En la lista de acusaciones, juicios y sentencias en la región, Fernández también está bajo investigación por haber entregado contratos de miles de millones de dólares a un constructor antes inexistente, que adquirió extensiones gigantescas de tierra en la Patagonia y hoteles de lujo en la provincia de Santa Cruz por cuenta de la expresidenta. Lázaro Báez, protagonista principal del escándalo de Hotesur, ya ha sido detenido, pero seguirá la marcha de jueces sumisos que dejaron languidecer estas causas cuando Fernández despachaba en la Casa Rosada. Dicha marcha marca la pauta de una de las grandes novedades en nuestra historia reciente: la creciente intolerancia de las clases medias ante niveles inéditos de corrupción y el uso de esa justificada indignación por opositores políticos para su propio beneficio. En un contexto caracterizado por un letargo económico prolongado y por Gobiernos de izquierda en buena parte de los países latinoamericanos, es fácil comprender por qué se trata de algo novedoso, alarmante para algunos y alentador para otros. Otros artículos del autor Reyes electos Lagos, un socialista en el camino de la Moneda Davos y el neolibralismo El caso emblemático consiste en la tragedia brasileña. Dilma Rousseff ha debido desocupar la presidencia, por lo menos durante 180 días, quizá para siempre, con motivo de un proceso de destitución institucional. Dilma no es acusada de corrupción personal. Pero sin las revelaciones del caso Lava Jato, del juez Sergio Moro y del conjunto de acusaciones y certezas englobadas bajo el término de Petrolão, no enfrentaría los cargos que se le imputan. Asimismo, de no ser por el patético estado de la economía brasileña, tampoco habrían prosperado esos cargos. Por último, si la oposición brasileña no se hubiera envalentonado, gracias a casi 14 años fuera del poder, a un milagroso acercamiento al retorno en 2014, y a una movilización callejera sin precedentes, Rousseff tampoco habría sido defenestrada constitucionalmente. Lo que acontece hoy en Brasil es la suma de todos estos elementos. Pero en todos estos casos, detrás del andamiaje jurídico se perfila el triple fondo político y ético: ellos robaron para la corona, es decir, para mantenerse en el poder. La gente no lo toleró; y la oposición se aprovechó. En ausencia de este comportamiento corrupto, ¿habría funcionado la perpetuación en el poder de un partido, de un matrimonio, o de un solo gobernante en otros casos análogos? Es difícil saberlo, el ejercicio contrafactual es imposible. Hay una creciente intolerancia de las clases medias ante niveles inéditos de corrupción Sí sabemos que lo de Brasil no es un “golpe de Estado” ni un acto opositor ilegítimo en un país con un sistema semihíbrido, donde la multiplicidad de partidos y la existencia de un procedimiento expedito de juicio político alienta a cualquier oposición a utilizarlo. Los intentos de destitución legal de un mandatario son lo propio de la democracia y de la vocación opositora. No se entiende cómo los partidarios de la revocación de mandato, por ejemplo, se indignen ante un procedimiento constitucional ciertamente legislativo, pero no menos legítimo. La pregunta podría ser si lo mismo va a comenzar a gestarse en otros países. En Guatemala ya aconteció. En Nicaragua difícilmente sucederá algo, aunque la corrupción detrás del ficticio canal interoceánico tal vez sea, en términos per capita, la mayor de todas. En El Salvador la corrupción del anterior mandatario electo bajo el emblema del FMLN ya había sido divulgada, pero ahora, con la detención en Brasil de João Santana, el gurú de campañas de la izquierda latinoamericana, saldrán a relucir más datos. En Panamá, el actual Gobierno ha procesado en ausencia al expresidente Martinelli. En Perú, cualquiera que sea el vencedor de la segunda vuelta se verá obligado a investigar, y en su caso a procesar, al mandatario saliente y a su esposa. En Chile, la nuera de Michele Bachelet, y parte de la clase política, han sido acusados de diversas fechorías, basadas en anacronismos jurídicos, con fines claramente políticos, pero en algunos casos con fundamentos reales. El capítulo venezolano encierra las paradojas más dramáticas y arrojará los peores ejemplos de corrupción una vez que se sepa lo ocurrido durante el chavismo. Las fortunas acumuladas por los nuevos magnates bolivarianos solo tienen como parangón las increíbles privaciones que padecen los habitantes de uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. La hecatombe venezolana llegará a su desenlace, y aunque la corrupción de sus autoridades no desempeñará un papel central en lo inmediato, en el ajuste de cuentas con el pasado será decisiva. Hugo Chávez llegó al poder en 1998 denunciando, con toda razón, la corrupción infinita del pacto de Punto Fijo; la de sus correligionarios, mientras estuvo en vida y después, no fue menor. La fortuna de los nuevos magnates bolivarianos crece mientras la gente sufre privaciones Huelga decir que el asunto no es privativo de la izquierda. Esta se encuentra en el poder en varios países de la región y por tanto buena parte de la ira social se dirige en su contra. El caso de México demuestra la omnipresencia de los escándalos de corrupción, con Gobiernos de izquierda, de derecha o de identidad ideológica difusa. El Gobierno del presidente Peña Nieto ya ha sido consignado a la historia por el estigma de la llamada casa blanca, la residencia adquirida por su esposa gracias a facilidades otorgadas por uno de los grandes contratistas de estos años. Pero ahora esto parece lo de menos. El deseo de Peña Nieto —bien intencionado o cínico— de ver aprobadas por el Congreso mexicano leyes eficaces contra la corrupción se ha topado con la resistencia —feroz y cínica también— de su propio partido y de la oposición. La llamada ley 3 de 3, que obliga a servidores públicos y a candidatos a divulgar sus bienes, ingresos e intereses, se ha visto enmarañada en una madeja de objeciones leguleyas. A dos años de las próximas elecciones, Peña sigue a tal punto manchado por los escándalos de corrupción (y de violaciones a los derechos humanos) que difícilmente escapará a la creación, por su sucesor, de sendas comisiones de la verdad con apoyo internacional. En los años ochenta, cuando se efectuaron la mayoría de las transiciones democráticas en América Latina, muchos pensaron que los males endémicos de la región comenzarían a desvanecerse en forma automática. No fue el caso. La violencia y la desigualdad persisten, aunque hayan disminuido en algunos países. La corrupción se encuentra más presente que nunca, incluso bajo Gobiernos conducidos por partidos o líderes de izquierda, que se vanagloriaron de que ellos nunca incurrirían en las odiosas prácticas de sus verdugos o represores: las élites latinoamericanas. Resultó que sí.

NICOLÁS AZNÁREZ

Jorge Castaneda, político, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castaneda, intelectual y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003

Jorge Castañeda, 16 junio 2016 / EL PAIS

La imputación de Cristina Fernández por haber vendido dólares por debajo del precio de mercado para beneficiar a su sucesor en 2015 es la punta del iceberg del nuevo escándalo de corrupción de América Latina. En la lista de acusaciones, juicios y sentencias en la región, Fernández también está bajo investigación por haber entregado contratos de miles de millones de dólares a un constructor antes inexistente, que adquirió extensiones gigantescas de tierra en la Patagonia y hoteles de lujo en la provincia de Santa Cruz por cuenta de la expresidenta. Lázaro Báez, protagonista principal del escándalo de Hotesur, ya ha sido detenido, pero seguirá la marcha de jueces sumisos que dejaron languidecer estas causas cuando Fernández despachaba en la Casa Rosada.

Dicha marcha marca la pauta de una de las grandes novedades en nuestra historia reciente: la creciente intolerancia de las clases medias ante niveles inéditos de corrupción y el uso de esa justificada indignación por opositores políticos para su propio beneficio. En un contexto caracterizado por un letargo económico prolongado y por Gobiernos de izquierda en buena parte de los países latinoamericanos, es fácil comprender por qué se trata de algo novedoso, alarmante para algunos y alentador para otros.

el paisEl caso emblemático consiste en la tragedia brasileña. Dilma Rousseff ha debido desocupar la presidencia, por lo menos durante 180 días, quizá para siempre, con motivo de un proceso de destitución institucional. Dilma no es acusada de corrupción personal. Pero sin las revelaciones del caso Lava Jato, del juez Sergio Moro y del conjunto de acusaciones y certezas englobadas bajo el término de Petrolão, no enfrentaría los cargos que se le imputan. Asimismo, de no ser por el patético estado de la economía brasileña, tampoco habrían prosperado esos cargos. Por último, si la oposición brasileña no se hubiera envalentonado, gracias a casi 14 años fuera del poder, a un milagroso acercamiento al retorno en 2014, y a una movilización callejera sin precedentes, Rousseff tampoco habría sido defenestrada constitucionalmente. Lo que acontece hoy en Brasil es la suma de todos estos elementos.

Pero en todos estos casos, detrás del andamiaje jurídico se perfila el triple fondo político y ético: ellos robaron para la corona, es decir, para mantenerse en el poder. La gente no lo toleró; y la oposición se aprovechó. En ausencia de este comportamiento corrupto, ¿habría funcionado la perpetuación en el poder de un partido, de un matrimonio, o de un solo gobernante en otros casos análogos? Es difícil saberlo, el ejercicio contrafactual es imposible.

Hay una creciente intolerancia de las clases medias
ante niveles inéditos de corrupción

Sí sabemos que lo de Brasil no es un “golpe de Estado” ni un acto opositor ilegítimo en un país con un sistema semihíbrido, donde la multiplicidad de partidos y la existencia de un procedimiento expedito de juicio político alienta a cualquier oposición a utilizarlo. Los intentos de destitución legal de un mandatario son lo propio de la democracia y de la vocación opositora. No se entiende cómo los partidarios de la revocación de mandato, por ejemplo, se indignen ante un procedimiento constitucional ciertamente legislativo, pero no menos legítimo.

La pregunta podría ser si lo mismo va a comenzar a gestarse en otros países. En Guatemala ya aconteció. En Nicaragua difícilmente sucederá algo, aunque la corrupción detrás del ficticio canal interoceánico tal vez sea, en términos per capita, la mayor de todas. En El Salvador la corrupción del anterior mandatario electo bajo el emblema del FMLN ya había sido divulgada, pero ahora, con la detención en Brasil de João Santana, el gurú de campañas de la izquierda latinoamericana, saldrán a relucir más datos. En Panamá, el actual Gobierno ha procesado en ausencia al expresidente Martinelli. En Perú, cualquiera que sea el vencedor de la segunda vuelta se verá obligado a investigar, y en su caso a procesar, al mandatario saliente y a su esposa. En Chile, la nuera de Michele Bachelet, y parte de la clase política, han sido acusados de diversas fechorías, basadas en anacronismos jurídicos, con fines claramente políticos, pero en algunos casos con fundamentos reales.

El capítulo venezolano encierra las paradojas más dramáticas y arrojará los peores ejemplos de corrupción una vez que se sepa lo ocurrido durante el chavismo. Las fortunas acumuladas por los nuevos magnates bolivarianos solo tienen como parangón las increíbles privaciones que padecen los habitantes de uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. La hecatombe venezolana llegará a su desenlace, y aunque la corrupción de sus autoridades no desempeñará un papel central en lo inmediato, en el ajuste de cuentas con el pasado será decisiva. Hugo Chávez llegó al poder en 1998 denunciando, con toda razón, la corrupción infinita del pacto de Punto Fijo; la de sus correligionarios, mientras estuvo en vida y después, no fue menor.

La fortuna de los nuevos magnates bolivarianos
crece mientras la gente sufre privaciones

Huelga decir que el asunto no es privativo de la izquierda. Esta se encuentra en el poder en varios países de la región y por tanto buena parte de la ira social se dirige en su contra. El caso de México demuestra la omnipresencia de los escándalos de corrupción, con Gobiernos de izquierda, de derecha o de identidad ideológica difusa. El Gobierno del presidente Peña Nieto ya ha sido consignado a la historia por el estigma de la llamada casa blanca, la residencia adquirida por su esposa gracias a facilidades otorgadas por uno de los grandes contratistas de estos años. Pero ahora esto parece lo de menos.

El deseo de Peña Nieto —bien intencionado o cínico— de ver aprobadas por el Congreso mexicano leyes eficaces contra la corrupción se ha topado con la resistencia —feroz y cínica también— de su propio partido y de la oposición. La llamada ley 3 de 3, que obliga a servidores públicos y a candidatos a divulgar sus bienes, ingresos e intereses, se ha visto enmarañada en una madeja de objeciones leguleyas. A dos años de las próximas elecciones, Peña sigue a tal punto manchado por los escándalos de corrupción (y de violaciones a los derechos humanos) que difícilmente escapará a la creación, por su sucesor, de sendas comisiones de la verdad con apoyo internacional.

En los años ochenta, cuando se efectuaron la mayoría de las transiciones democráticas en América Latina, muchos pensaron que los males endémicos de la región comenzarían a desvanecerse en forma automática. No fue el caso. La violencia y la desigualdad persisten, aunque hayan disminuido en algunos países. La corrupción se encuentra más presente que nunca, incluso bajo Gobiernos conducidos por partidos o líderes de izquierda, que se vanagloriaron de que ellos nunca incurrirían en las odiosas prácticas de sus verdugos o represores: las élites latinoamericanas. Resultó que sí.