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El retroceso exterior de México. De Jorge Castaneda

La estrategia del presidente López Obrador en política exterior además de un enorme paso atrás puede convertir al país norteamericano en cómplice de las peores prácticas en el hemisferio.

JORGE CASTANEDA, Ex Secretario de Relaciones Exteriores de México

28 enero 2019 / EL PAIS

América Latina enfrenta hoy retos en derechos humanos y democracia que pocos hubieran previsto. A las graves crisis en Venezuela y Nicaragua se suman los casos de Guatemala, donde la disolución de la CICIG preocupa; el de Bolivia, donde crece la tentación para Evo Morales de reelegirse a como dé lugar, y la tragedia de Brasil. ¿Quién pensaba hace dos años que el país más grande de la región se hallaría en la antesala de un ataque directo a los derechos humanos por parte de su presidente? Esto sucede en un contexto ominoso. A diferencia de lo ocurrido durante veinte años, y a pesar de sus propias y graves violaciones a los derechos humanos, México, en lugar de ser un defensor de los mismos, está en vías de convertirse en un cómplice de las peores prácticas en el hemisferio.

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La llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador trajo consigo el mayor cambio en la política exterior del país desde el año 2000. A diferencia de entonces, cuando el presidente Vicente Fox profundizó la actualización externa puesta en marcha por su predecesor, Ernesto Zedillo, abandonando el tótem de la no intervención y la fatigada retórica de la neutralidad e introversión mexicanas, López Obrador da un enorme paso atrás. Pretende retrotraer al país a posturas o bien inexistentes, o bien de los años cincuenta y sesenta, cuando México procuraba, no siempre con éxito, evitar cualquier toma de partido en las relaciones internacionales.

El retroceso tiene dos partes: Estados Unidos, y América Latina. Desde su elección y a pesar de declaraciones anteriores, López Obrador tomó una decisión consciente de evitar cualquier conflicto con el Gobierno de Donald Trump. Ni los actos ni los dichos del presidente norteamericano lo sacarían de sus casillas o lo obligarían a responder ante las provocaciones de su colega. Ha cumplido su compromiso, pero su vecino no se ha sentido obligado por ello.

En la mayor concesión mexicana hasta la fecha, López Obrador y su canciller, Marcelo Ebrard, aceptaron el ucase de Trump a propósito de los centroamericanos aglutinados en puntos fronterizos como Tijuana. En el equivalente de un convenio de facto de tercer país seguro, el Gobierno de AMLO accedió a una exigencia norteamericana. Los centroamericanos que soliciten asilo en Estados Unidos esperarán sus entrevistas y audiencias en territorio mexicano, bajo custodia mexicana, y a cargo del erario mexicano. Tratándose de esperas de hasta dos años, se dimensiona la magnitud de esta concesión. El corolario de dicha concesión consiste en el silencio declarativo de las autoridades mexicanas. Diga Trump lo que diga, haga lo que haga, el Gobierno de México permanece callado.

Resultará muy difícil modificar esta nueva y lamentable postura mexicana. Pedro Sánchez lo comprobará…

Es el caso asimismo de la política hacia América Latina, y en particular frente a las crisis en Venezuela y Nicaragua. El Gobierno de Peña Nieto, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, asumió una posición proactiva ante ambos países. En la Organización de Estados Americanos (OEA) y en foros ad hoc dentro y fuera de esa instancia, México, repetidamente, denunció las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y, a partir de principios de 2018, en Nicaragua. Criticó a los Gobiernos de Maduro y de Ortega por autoritarios, represivos y productos de elecciones fraudulentas. Participó en esfuerzos fallidos de mediación, incluyendo el llamado Grupo de Lima para Venezuela, y el grupo de trabajo en la OEA para Nicaragua.

López Obrador ha abandonado esa postura, en votaciones, declaraciones y gestos como invitar a Maduro a su toma de protesta. Son tres las explicaciones que el Gobierno, sus partidarios o analistas han ofrecido al respecto. La primera es de orden principista. AMLO y su canciller Ebrard han afirmado que desean volver a lo que reza la Constitución mexicana desde 1988, a saber, que la política exterior del país se regirá por varios principios (de definición dudosa) y en particular el de no intervención. Lo interpretaron como un no opinar o tomar partido ante cualquier conflicto interno dentro de otro país, o frente a violaciones de derechos humanos o la ausencia de democracia. Releyeron la historia de la política exterior mexicana a su modo, olvidando cómo el país tomó partido contra el régimen de Batista en Cuba en los años cincuenta, reconoció a la República española hasta 1977, combatió al régimen de Pinochet en Chile a partir de 1973, y al de Somoza en Nicaragua en 1979, y a la dictadura militar en El Salvador en 1981.

Esta justificación peca de ingenua. Es cierto que AMLO es ajeno a cualquier asunto exterior a México, y que su provincianismo le podría permitir asumir estas actitudes con sinceridad. Pero su canciller tiene demasiado mundo y formación para creer en semejantes lugares comunes o francos errores históricos, de derecho constitucional mexicano, o de derecho internacional. Siendo un razonamiento que muchos en México suscriben, no se sustenta como tesis explicativa. Tampoco se sostiene el planteamiento de que México no interviene para evitar que otros intervengan en México.

AMLO pretende retrotraer al país a posturas o bien inexistentes, o bien de los años cincuenta y sesenta…

El segundo razonamiento, más franco y apegado a la verdad, aunque iluso, reside en el deseo del Gobierno de México de mediar en ambos conflictos. Ebrard considera que si México calla sus críticas, se aleja del radicalismo y la estridencia del Grupo de Lima o del grupo de trabajo de la OEA, y adopta una definición equidistante entre las oposiciones y los Gobiernos de Maduro y Ortega, podrá desempeñar un papel útil y eficaz para resolver las dos crisis.

El problema es que esta tesis ya la formularon los predecesores de AMLO y Ebrard, y muchos más: en el caso de Venezuela, el papa Francisco, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos, y todo el Grupo de Lima; en el caso de Nicaragua, la Iglesia local, Vinicio Cerezo y António Guterres. Todas las mediaciones han fracasado, porque ni Maduro ni Ortega desean negociar su salida, y ni la oposición venezolana o nicaragüense poseen la fuerza para imponerla. Queda la denuncia, el aislamiento y la plegaria. Además, nadie entiende quién le otorgó a México el papel de mediador: ni los Gobiernos ni las oposiciones, ni el Espíritu Santo.

La tercera y última explicación es la más robusta. La amplia coalición de Morena y López Obrador abarca muchas sensibilidades ideológicas. Pero no cabe duda de que desde su extrema izquierda hasta su centro-derecha, allí imperan afinidades reales, emotivas e históricas, con los regímenes “revolucionarios” de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. En algunos casos se entienden, por motivos personales; en otros, por apoyos recibidos a lo largo de los años. Muchos dirigentes, cuadros medios y militantes de a pie de AMLO no comprenderían que su presidente se sumara a la “campaña del imperio” contra Maduro y Ortega, ya sin hablar de Raúl Castro. Detrás de toda la jerga principista, vacua y falsa, de la no intervención, o hiperpragmática de la mediación, yace una fuerte afinidad por los Gobiernos llamados de izquierda en América Latina. De allí la vergonzosa postura mexicana de los últimos días frente a los acontecimientos en Caracas: no reconocer a Guaidó; apoyar a Maduro en los hechos; salir del Grupo de Lima; y ofrecer una mediación aceptada por Maduro y rechazada por la oposición.

Por eso resultará difícil modificar esta lamentable postura mexicana. Pedro Sánchez lo comprobará en su próxima visita a México, cuando quizás intente acercar a López Obrador a la postura firme de la Unión Europea frente a las dos crisis de América Latina.

El papel de México en la crisis nicaragüense. De Jorge Castaneda

Aunque López Obrador debería condenar el derramamiento de sangre en Nicaragua y apoyar los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y de la OEA para dar con una solución y defender los derechos humanos en la región, es poco probable que lo haga. Después del 1 de diciembre, no cuenten con México.

Un joven participa en una marcha contra el gobierno de Daniel Ortega el 23 de julio de 2018, en Managua. Credit Rodrigo Sura/EPA, vía Shutterstock

Jorge Castaneda, secretario de Relaciones Exteriores de México, de 2000 a 2003

26 julio 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — Más de 350 personas, la mayoría estudiantes y manifestantes, han muerto desde abril en Nicaragua, donde una reforma de pensiones, que al final se revocó, inició un movimiento social masivo que busca la renuncia del presidente Daniel Ortega.

La cantidad de muertos, encarcelados y desaparecidos es sorprendente para un país con poco más de seis millones de habitantes. Casi cuarenta años después de que Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocaron a la dinastía corrupta y sangrienta de los Somoza —que gobernó Nicaragua durante casi medio siglo—, estudiantes y activistas exigen la salida de lo que consideran una repetición histórica imperdonable. Su grito de protesta es: “Ortega y Somoza, son la misma cosa”.

Sin distinciones, están siendo atacados campesinos, activistas, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y líderes de la oposición históricos y actuales; manifestantes mujeres e incluso niños se han vuelto víctimas de los escuadrones de matones de Daniel Ortega. El régimen se está convirtiendo a toda velocidad en una dictadura, una situación que las comunidades latinoamericana e internacional deberían detener a toda costa. Nadie quiere otra Venezuela en la región.

Aunque al principio la respuesta de las organizaciones regionales e internacionales a la represión en Nicaragua fue lenta, recientemente ha comenzado a adoptar un papel más activo. La semana pasada, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió una declaración en la que condenaba la violencia y la Organización de Estados Americanos (OEA) también aprobó una resolución condenatoria y exhortó a que se celebren elecciones presidencias “libres, justas y oportunas”. Un grupo ad hoc de naciones de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil y México, ha denunciado la matanza en Managua y en la icónica ciudad de Masaya, que albergó la resistencia más heroica contra Somoza en la década de los setenta.

Un grupo de países está trabajando tras bambalinas con la Iglesia y la comunidad empresarial —así como con Estados Unidos— para negociar un acuerdo que exige tres elementos cruciales. Primero, el fin de la represión y del uso de escuadrones paramilitares o de matones que golpean o asesinan a los estudiantes. Segundo, la renuncia de Rosario Murillo —la esposa de Ortega, vicepresidenta y el poder tras el trono— y su promesa de que no contendrá a la presidencia en las próximas elecciones. Tercero, convocar elecciones con observadores internacionales a principios del próximo año y la renuncia previa del presidente. Este esfuerzo de intermediación y el acuerdo consiguiente pueden o no tener éxito, pero al menos se está haciendo algo para poner fin al baño de sangre.

A diferencia de la situación en Venezuela —un país que, además de la represión y las violaciones a otros derechos humanos, ha enfrentado una crisis humanitaria, económica y migratoria durante varios años—, la encrucijada nicaragüense podría resolverse a través de la cooperación regional e internacional. Nicaragua carece de lo que Venezuela tiene: petróleo y respaldo ruso y chino. Sin embargo, hay dos obstáculos importantes en el camino.

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, celebra el 39 aniversario de la revolución sandinista el 19 de julio de 2018 Credit Jorge Torres/EPA, vía Shutterstock

El primero es el apoyo continuo de buena parte de la izquierda latinoamericana al régimen de Ortega. Apenas la semana pasada en La Habana, los más de 430 participantes del Foro de São Paulo —el encuentro anual de partidos políticos de izquierda y otras organizaciones de América Latina y el Caribe iniciada en 1990— manifestaron su solidaridad con Ortega y condenaron a “los grupos terroristas de la derecha golpista” que intentan derrocarlo con, por supuesto, el apoyo del imperialismo de Estados Unidos. Además del presidente cubano, los mandatarios de Venezuela, Bolivia y El Salvador asistieron a la reunión, con la presencia de una expresidenta brasileña y representantes de organizaciones influyentes de centroizquierda afines a Ortega, provenientes de Colombia y Ecuador.

La izquierda latinoamericana ya no es lo que era hace solo cinco años, pero continúa siendo poderosa, además de estar bien organizada y conectada. Aunque en la actual camarilla de Ortega queda poco de la vieja mística sandinista, todavía cuenta con el respaldo tradicional internacional y regional. Este apoyo fue determinante para llevarlo al poder en 1979 y puede ser igualmente fundamental para mantenerlo hoy.

El segundo obstáculo es México. Este país desempeñó un papel clave en 1979, ya que encabezó la oposición regional contra Somoza y a la intención del gobierno de Jimmy Carter de mantener un “somocismo sin Somoza”. Por ende, apoyó al régimen sandinista, al igual que la paz negociada en Centroamérica.

En el año 2000, México abandonó su tradicional política exterior de no intervención y enfatizó la defensa colectiva de los derechos humanos y la democracia en la región. Entre 2007 y 2015 se intentó de manera poco entusiasta regresar a la postura del pasado. Con Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, el país ha atribuido una importancia mucho mayor a los valores universales que a la introversión y el aislacionismo tradicionales.

Fue así hasta el 1 de julio de este año. En esa fecha, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente en una victoria aplastante que dará un giro radical a la política en México, y es posible que ocurra lo mismo con la política exterior. Una coalición amplia compuesta de moderados de centroizquierda, protestantes conservadores, radicales de extrema izquierda y nacionalistas tradicionales le dio la victoria con el 53 por ciento del voto, 32 puntos arriba del contendiente en el segundo lugar, Ricardo Anaya. Una de sus propuestas más repetidas fue la de crear una nueva política exterior para México.

El 5 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó a Marcelo Ebrard como su elección de secretario de Relaciones Internacionales en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Credit Carlos Jasso/Reuters

Entre las directrices que López Obrador ha enfatizado se ve un regreso obcecado a la postura tradicional de México de no involucrarse en la política de otras naciones ni expresar opiniones sobre la situación de los derechos humanos en otros países. Su futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que la sola discusión de los casos de Nicaragua y Venezuela en la OEA era equivalente a interferir en los asuntos internos de estas naciones. Por lo tanto, el nuevo gobierno, que asume el poder el 1 de diciembre, se abstendrá de llevar adelante dichas iniciativas. López Obrador envió a la presidenta de Morena, su partido, al Foro de São Paulo en La Habana, cuya declaración final firmó. Otro de sus enviados pronunció un contundente discurso de apoyo a los gobiernos latinoamericanos de izquierda, incluyendo al de Nicaragua.

En otras palabras, México, la segunda nación más grande de la región, ya no será parte de la alianza latinoamericana que buscaba, sin tener éxito hasta ahora, una solución a la pesadilla venezolana y la crisis nicaragüense.

En el mejor de los casos, desde la óptica de los derechos humanos y la defensa de la democracia, México mirará hacia el interior de manera reflexiva y sencillamente se distanciará de cualquier desafío regional. En el peor, se alineará con regímenes como el nicaragüense y el venezolano aludiendo al principio de la no intervención pero, en realidad, simpatizando con ellos en lo político y lo ideológico.

Para que el esfuerzo actual por encontrar una solución en Nicaragua tenga éxito, debe dar resultados antes de diciembre, mientras el gobierno de Peña Nieto siga en el poder y se mantenga activo en ese frente.

Aunque López Obrador debería condenar el derramamiento de sangre en Nicaragua y apoyar los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto y de la OEA para dar con una solución y defender los derechos humanos en la región, es poco probable que lo haga. Después del 1 de diciembre, no cuenten con México.