“Ametrallan a patrulla en San Miguel”, “muere otro agente de la
Policía Nacional Civil”, “disparan contra la sede de la Subdirección de
Tránsito Terrestre de la Policía”. Estas fueron algunas de las noticias
con las que nos dormimos el viernes recién pasado. Viernes negro. Muchas
muertes violentas de miembros de la PNC, sumados a los civiles que
engrosan las estadísticas; todo en un solo día. El país se desangra y el
presidente de la República está ausente.
Ese día, el viernes 18 de enero, también se reunieron en Casa
Presidencial el director de la PNC, el Fiscal General, el ministro de
Seguridad Pública y Justicia, el ministro de Defensa y el director de
Centros Penales para tratar e informar sobre la alerta por el alza en
los homicidios de policías y civiles que azota al país. Y el presidente,
quien hace varios meses aseguró que estaría al frente de la seguridad
pública, ni siquiera se asomó.
Según datos de la PNC, en el año 2016 El Salvador sufrió 5,278
muertes violentas; en 2017 fueron 3,954 y en 2018 se dieron 3,340
homicidios. De estos, en 2016 fueron 47 policías fallecidos, en 2017 se
registraron 46, mientras que en 2018 murieron 31. Con este panorama tan
sombrío y repetitivo, el gobierno ya debería tener un plan coordinado de
seguridad entre las distintas instituciones, pero parece que, un año
más, andamos a la deriva. Mientras tanto, surge en el ambiente un nuevo
fantasma de pacto con las pandillas para fines electorales. Es
vergonzoso y repugnante.
Apenas nos empezábamos a alegrar por varias semanas o meses con una
reducción significativa en los homicidios, y las pandillas nos vuelven a
demostrar que siguen dominando a su antojo los números de la violencia.
Cuando quieren, ponen en alerta al Estado y en pánico a la población.
¿Cómo es posible que se maneje con cierta resignación el alza de estos
ataques en época electoral? Pareciera que hasta lo normalizamos. Somos
un país que constantemente está en elecciones y a la fecha las
autoridades no han sido capaces de ejecutar un plan que controle esta
problemática que se repite.
Hay temas o situaciones que nos deberían unir a todos, sin importar
ideología o simpatías políticas. Este es el momento para que el
gobierno, los partidos políticos y sus líderes, y hasta los candidatos
presidenciales dejen a un lado sus diferencias; deben trabajar en
conjunto, junto a las diversas instituciones pertenecientes al sector
justicia, para tratar de erradicar y solventar el problema. Mejorar la
seguridad pública es un tema que nos interesa a todos y sobre el cual
los antes mencionados tienen que ponerse de acuerdo sobre la manera
adecuada e integral de tratarlo. Hoy se deben borrar los colores
políticos, pues se trata de vidas humanas que a diario se apagan.
Cada uno debe asumir su responsabilidad. Al presidente de la
República: usted está al mando de este país hasta el 1 de junio de 2019.
Aunque sea en los últimos meses de su mandato es necesario que se ponga
al frente de la seguridad pública de manera firme, con acciones
concretas, y busque la manera de controlar la crisis social por la que
estamos pasando.
A los candidatos a la presidencia: queremos planteamientos precisos y
realistas sobre la manera en que abordarán el grave problema de
seguridad en que permanentemente vivimos; el cómo pretenden hacer las
cosas es importante, no queremos más declaraciones de lo que ya sabemos.
Ya no podemos seguir lamentándonos la falta de liderazgo en materia de
seguridad pública.
De Uber se puede tener variedad de opiniones: es una de las fuerzas
más disruptoras de la economía del transporte y, al mismo tiempo, una
compañía que se ha resuelto el “problema” de tener que cumplir con leyes
y protecciones laborales para sus trabajadores al funcionar con una
flotilla de “contratistas” o “colaboradores independientes”. Por suerte,
esta columna ni es de Uber ni pretende influenciar debate alguno sobre
las complejidades de su aparición en el mercado global en general y el
salvadoreño en específico.
Esta columna es sobre las conversaciones políticas interesantísimas
que durante la semana pasada, en una visita exprés de esta hermana
lejana a mi añorado El Salvador, tuve en el contexto de movilizarme en
Uber. Con el servicio me topé con una muestra estadística interesante:
los conductores variaron en edad, sexo, profesión u oficio y provenían
además de diferentes zonas aledañas a la capital o a La Libertad.
Obviamente no estoy abogando por sacar conclusiones con peso estadístico
alguno, y es claro que socioeconómicamente los conductores tienden a
ser más parecidos que distintos (en el sentido que todos tienen acceso a
carro y a tecnología celular en teléfono inteligente) como para no
representar más que a un sector sumamente específico de la clase media.
Tuve la suerte de que todos me resultaron platicones, y el tráfico
insoportable que nuestra bien intencionada pero insuficiente
infraestructura permite, contribuyó al espacio para platicar con tiempo
sobre el país. En específico, la situación política y lo que puede que
nos depare en las próximas elecciones. Y aunque, de nuevo, las pláticas
carecen en lo absoluto de peso estadístico ni deberían inspirar
predicción alguna sobre lo que nos depara después de febrero del próximo
año, a mí me sirvieron muchísimo, pues, como salvadoreña en el exterior
interesada en la coyuntura nacional, las redes sociales son el único
medio en el que consumo noticias nacionales. Las opiniones que ahí se
vierten son la única manera en la que, desde allá, puedo construir mi
percepción sobre la popularidad o efectividad de diferentes candidatos y
propuestas y, en cierto modo, tomar la temperatura de ciertos temas.
Y nada: las pláticas me botaron mi percepción construida a punta del
ruido de las redes sociales de que el candidato de Nuevas Ideas no tiene
competencia. O por lo menos la percepción de que es el incuestionable
mesías que resolverá todos los problemas. De la mayoría de
conversaciones sobre lo que se habla en redes sociales saqué la
conclusión de que hay cierto hartazgo de que el diálogo político y la
discrepancia de opiniones de cualquier tipo se hayan vuelto tan tóxicos.
Hay quienes dijeron que prefieren no opinar porque el costo de decir
opiniones impopulares o que contrarias (incluso en la manera más leve) a
lo que parece ser la mayoría se ha vuelto demasiado alto: con bullying,
memes sexistas (esto solo lo mencionaron las mujeres), o insultos.
Más allá de candidatos, hablamos de problemas. Y de lo raro que
resulta que en un país donde el mayor problema parece ser la seguridad
pública, que el tema no sea el eje único y principal de todos los
candidatos. Una de las historias que oí, de un conductor que antes hacía
rutas dentro de diversas colonias y de cómo tuvo que abandonar ese
empleo cuando las maras lo volvieron inviable, me recordó que es
imposible hablar de trabajo para todos sin incluir las políticas que
harán factible que los trabajos no le cuesten la seguridad a la gente.
Sin tratar de hacerle propaganda a Uber, los candidatos deberían
considerar darse una vuelta y hablar, sin ideas preconcebidas, con los
conductores. Las pláticas son más informativas que la bulla digital.
Carlos Calleja presentó el 8 de noviembre su propuesta de cómo construir Seguridad Ciudadana. Se desmarcó tanto de las políticas tradicionales de Mano Dura de los gobiernos de ARENA, como de la guerra declarada contra las pandillas del gobierno del FMLN. Publicamos este discurso, porque este tema merece un debate. Estamos pendientes de las propuestas de los otros candidatos presidenciales, para publicarlas de la misma manera.
Segunda Vuelta
14 noviembre 2018 / SEGUNDA VUELTA Nota: El texto que publicamos es la versión autorizada del discurso que la campaña de Calleja proporcionó previamente a los medios. No es una transcripción del discurso. Las ilustraciones provienen de un side show que acompaño el discurso.
Es hora de hablar del tema más importante para todos los
salvadoreños – y del que nadie ha querido hablar:
¿Cómo terminar con la pesadilla de
violencia y delincuencia, que tiene a los salvadoreños postrados y abatidos,
especialmente en los asentamientos precarios urbanos, suburbanos y rurales?
¿Cómo lograr que la gente viva segura
en sus vecindarios?
¿Cómo devolver a los niños y jóvenes
la felicidad de jugar en las calles y la posibilidad de estudiar?
¿Cómo asegurar a los pequeños
comerciantes, a los que quieren comenzar un negocio, a los empresarios del
transporte público,
a las señoras humildes que se sacrifican todos los días para dar de comer a sus hijos,
que nadie les quite el fruto de su trabajo, que nadie los extorsione ni
amenace?
Esta es una realidad que no podemos
obviar quienes pretendemos gobernar el país. No solo la tenemos que conocer,
la tenemos que sentir.
Conozco los estragos de la
violencia: expulsa de sus hogares a los más humildes y roba la alegría y el futuro a los más pequeños.
En mis visitas a los barrios de las
ciudades y al interior del país, la gente me ha contado todas las formas en las
que la violencia destruye sus vidas, su frustración por la inoperancia y
ausencia de las autoridades, y el agotamiento de su esperanza.
La delincuencia también ha
afectado a las empresas de todos los tamaños y a toda la economía del país.
7 de cada 10 micro y pequeñas empresas se sienten
amenazadas por su entorno y 4 de cada 10 son víctimas
de algún delito.
Miles de pequeñas y medianas
empresas han cerrado, miles de emprendedores no se han atrevido a comenzar sus
negocios, y casi todos los empresarios pagan por dispositivos y servicios de
seguridad privada, lo que ha elevado sus costos y ha disminuido su
competitividad.
Cada empresa cerrada, cada
emprendimiento desalentado, cada inversión extranjera que no ha llegado al país por la inseguridad, se ha
traducido en empleos perdidos, en freno al crecimiento, en un
costo económico que ronda los $4 mil
millones al año, y en reiteración del círculo
vicioso de la pobreza en el país.
De este conocimiento de la
realidad, de esta identificación personal con el sufrimiento de la gente, de
este sentimiento de resignación e impunidad, la primera conclusión que saco es
que No
podemos seguir así.
No podemos seguir teniendo una de
las tasas más
altas de homicidios en el mundo, con más de 60 homicidios por cada 100,000
habitantes el año pasado. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos
haciendo las cosas de la misma manera, si seguimos sin
poner la voluntad, el compromiso, la inteligencia, los enfoques audaces,
la estrategia coherente, los recursos suficientes, el liderazgo decidido y las
personas capaces de sacar al país de esta situación.
¡A pesar de su magnitud, el
problema tiene solución!
Si hay algún dirigente político o candidato que crea que esto
no tiene arreglo, que se vaya para su casa. Yo estoy convencido que podemos
dejar atrás esta
devastadora ola de violencia y delincuencia.
No voy a hacer promesas
irresponsables. No se sale de la noche a la mañana
de 20 años de violencia
desbordada, no se superan por arte de magia las peores tasas de homicidios del
mundo; pero me siento comprometido y capaz a cambiar el rumbo en el campo de la
seguridad ciudadana.
Una cosa es clara: vamos a combatir el crimen con la máxima
firmeza y el máximo rigor, pero también,
el combate central y decisivo será contra
las raíces sociales y
estructurales de la violencia, contra la exclusión social, la marginación y la
ausencia del Estado como garante de la seguridad y proveedor de servicios de
calidad.
No
podemos seguir con una guerra interminable contra las pandillas.Y menos aún
podemos seguir viviendo paralizados del miedo.
Tengo una visión diferente de la
intervención estatal, de la eficacia policial y de la estrategia social que
debemos impulsar.
La fuerza represiva contra el
crimen seguirá siendo
indispensable, pero la verdadera fuerza del Estado será llevar
la obra pública a
toda la población y todos los territorios, sin exclusión alguna.
Cuando digo que no podemos seguir
con lo mismo, me refiero a todas las políticas
de Mano Dura, tanto de los gobiernos
de ARENA como de los de los últimos gobiernos del FMLN,
que en vez de producir más seguridad y paz han profundizado la
crisis. Es hora
de un concepto nuevo y audaz.
Tenemos
que cambiar de fondo y forma las políticas – y no solo las políticas de Seguridad en el sentido
estrecho, sino TODAS NUESTRAS POLITICAS, y la jerarquía de prioridades de las inversiones sociales.
Vamos a invertir la priorización entre la REPRESIÓN, que ha estado durante décadas
al centro de la política
de Seguridad – y la PREVENCIÓN, que ha sido un complemento sin estrategia,
coherencia y sostenibilidad.
Pero esto solo tiene sentido si
redefinimos radicalmente ambos conceptos: represión y prevención. Esto es lo
que nuestro gobierno hará en estrecha colaboración con el sector privado, la
sociedad civil, los municipios, las iglesias, y la comunidad internacional.
¿Cómo
redefinir el concepto de la represión, O SEA DE
LA PERSECUSIÓN DEL DELITO?
Vamos a limpiar el concepto de la
represión del enfoque de una guerra, de mano dura, de la
militarización de la seguridad pública, y sustituir por un enfoque que
busca construir paz social.
Vamos a
transitar de un enfoque de represión a uno para construir paz social.
La
persecución del crimen que
necesitamos es la consecuente aplicación de la ley, estrictamente en el marco legal y
de los Derechos Humanos.
Tiene que estar basada en la eficiencia de la policía, de
la fiscalía y del
sistema judicial.
Vamos
a priorizar la investigación y la inteligencia por encima de medidas que son
contraproducentes para la prevención.
Es imperativo llevar a cabo una reingeniería
de las instituciones de seguridad pública, que incluya la despolitización de la Policía Nacional Civil y el reforzamiento
de sus mecanismos de control interno.
Vamos
a rescatar la vocación civil sobre la seguridad pública: un ministerio de
Seguridad civil que supervisa a la policía y los centros penales. No
pueden seguir siendo policías controlándose a si mismos.
Esta reingeniería incluye una importante apuesta por la formación profesional de la policía y de Centros Penales, así como la revisión del
sistema de ascensos y de una estructura de incentivos que sea sostenible y
dignificante.
La
situación en los centros penales del
país es INSOSTENIBLE.
Vamos a crear un sistema carcelario con prioridad de rehabilitación y formación
profesional de los internos.
Quiero
hacer énfasis en algo: la mejora de condiciones,
prestaciones y equipamiento de los agentes de seguridad es fundamental en
nuestra estrategia. Nuestra apuesta es por la Tecno-seguridad.
Recuperaremos
los territorios a través
de la aplicación de una intervención integral en comunidades, no solo por parte de la PNC, sino
por parte de todas las instituciones del Estado. Solo un
Estado presente en cuanto a sus servicios puede recuperar
el control efectivo de los territorios. Para ello:
Nos apoyaremos en comités locales de desarrollo, para
darle una participación relevante a las comunidades y autoridades locales.
Fortaleceremos la presencia y efectividad de los agentes de
la policía a través de patrullajes preventivos, permanentes y respetuosos de
los derechos ciudadanos. Nuestro compromiso es que la población se sienta más
protegida.
Impulsaremos reformas legales, que permitan una pronta y
cumplida justicia en delitos menores, lo cual ayudará a descongestionar el
sistema judicial, y a contrarrestar el clima de impunidad cotidiano, en casos
como hurtos o robos.
Fortaleceremos la seguridad de las mujeres en el transporte
público, así como los mecanismos de denuncia ante casos de violencia contra la
mujer.
Cuando hablamos
en una persecución de delito basado en investigación e inteligencia, esto
incluye un rol fundamental de la tecnologíaía en nuestra estrategia de
seguridad. Dotaremos a la policía
de la tecnología
necesaria para la prevención, persecución
e investigación del delito.
¿Y cómo redefinir el concepto de
prevención?
Nosotros vamos a desarrollar el
concepto de INVERSIÓN SOCIAL FOCALIZADA. Para hacer sostenible y efectivo
el Plan de Seguridad Ciudadana, nuestro gobierno dará a la INVERSIÓN SOCIAL un carácter prioritario, integral,
focalizado y sostenible.
Como Presidente asumiré la responsabilidad directa
sobre este plan, garantizando que el gabinete revise todas las
inversiones sociales (educación, salud, juventud, mujeres, caminos rurales,
agua, saneamiento, trabajo) para dar prioridad a aquellas que tengan impacto
directo y sostenible sobre las comunidades, barrios,
asentamientos precarios, cantones con alto grado de pobreza, exclusión e
incidencia delincuencial.
Diseñaremos un plan para transformar estas comunidades, en
cuanto a infraestructura y servicios públicos de calidad.
Solo
un ejemplo de lo que haremos de manera inmediata: daremos énfasis a las
escuelas que sirven estas comunidades y territorios conflictivos, para
convertirlas en escuelas de tiempo completo con extensas actividades
complementarias, de tal forma de convertir
a las escuelas en los motores de cambio de las comunidades.
Priorizaremos todas aquellas
inversiones y programas que, aparte de tener impacto sobre la pobreza y sobre
la generación de buenos trabajos, tengan impacto directo sobre la convivencia
ciudadana y la seguridad. Esto es nuestro concepto integral de prevención. La única
prevención efectiva es que el
Estado cumpla con eficiencia todas sus obligaciones, sobre todo con las
poblaciones más
necesitadas.
En
vez de enfrascarnos en una guerra interminable contra las pandillas,
produciendo más muertos, vamos a emprender y ganar la lucha
contra la violencia y sus raíces,
produciendo inclusión, oportunidades, trabajo y convivencia ciudadana.
ME
COMPROMETO ESTE DÍA CON
USTEDES, a ponerme al frente de
los esfuerzos para combatir la inseguridad y la delincuencia que tanto dolor
causa a las familias salvadoreñas. Nuestro país merece un enfoque integral como
el que este día he
planteado. Estoy seguro que es el camino correcto, y sé que
juntos, lograremos enfrentar este enorme desafío.
El mismo día que Carlos Calleja, el candidato presidencial de ARENA, sorprendió a propios y ajenos presentando un concepto de Seguridad Ciudadana que radicalmente rompe con la apuesta tradicional de su partido “mano dura”, el alcalde de Santa Tecla, Roberto D’Aubuisson, también de ARENA, mandó a su CAM a reprimir, con lujo de fuerza masiva, a vendedores informales.
Aquí dos frases claves de la presentación de Calleja:
“Vamos a avanzar de un enfoque de represión a uno para construir paz social. Vamos a perseguir el crimen apegados a la ley y el respeto a los Derechos Humanos.”
“Nosotros no vamos a continuar una guerra contra las pandillas que genera más violencia y muertos. Vamos a emprender y ganar la lucha contra la violencia con inclusión, oportunidades y #TrabajoParaTodos.”
Aquí dos frases del alcalde de Santa Tecla:
“Lamentablemente hay heridos. Heridos del CAMST y heridos de los revoltosos. Y a mí no me preocupan los heridos de los revoltosos, lo quiero dejar bien claro.”
«Hay que empoderar al CAM.»
Es obvio que aquí estamos frente a dos concepciones diferentes dentro del mismo partido. Hay quienes toman esta contradicción como prueba para descalificar como no creíbles las declaraciones de Carlos Calleja. Pero también se puede interpretar de otra manera: Tal vez surgió un candidato con la voluntad para romper con las políticas fracasadas y para privilegiar el diálogo y la inversión social focalizada y sostenida sobre el uso masivo de la fuerza.
Voy a dejar clara una cosa: Hay que investigar los enfrentamientos entre vendedores violentos y un CAM fuertemente armado en Santa Tecla. Igual hay que investigar porque la PNC, que constitucionalmente tiene el monopolio del uso de la fuerza, no intervino en Santa Tecla, dejando al CAM enfrentar un problema de seguridad pública. Que bueno que la fiscalía inmediatamente inició estas investigaciones. Esperemos sus resultados antes de hacer condenas públicas contra manifestantes o contra agentes del CAM en el caso de los heridos (de vendedores y agentes) y de la muerte de un vendedor.
Tiene razón el alcalde de Santa Tecla cuando dice: «Es nuestro trabajo mantener el orden.» El problema es: ¿Cómo y con qué políticas y medidas? ¿Militarizando el CAM, de la misma manera que el gobierno ya militarizó a la PNC? ¿O apostando, como propone Carlos Calleja, a la construcción de la paz social mediante una inversión social que se convierte en prioridad #1 del Estado y se focaliza a erradica la marginación y el desempleo?
Estoy convencido que el orden público y la paz social en nuestras ciudades no se construye convirtiendo a las policías municipales en unidades de combate. Tampoco hay que “empoderarlos” a comportarse como el extinto GRP o la UMO de a PNC. Tampoco parece justo tratar a los vendedores, incluso cuando rompan el orden público, como delincuentes o pandilleros.
Es positivo que a fin un candidato salga con una propuesta novedosa de seguridad y esté mostrando un criterio independiente. Habrá que ver si en los meses que faltan para las elecciones logrará precisar y defenderla.
Llama la atención que un candidato se arriesgue ir contra corriente la opinión popular – inusual para los políticos tradicionales en tiempos de campaña. Precisamente por esta razón los candidatos de GANA y el FMLN han preferido no tocar este tema espinoso, pero esencial…
A los que hablan de Santa Tecla para descalificar a Calleja y su propuesta, habría que decir: Es Carlos Calleja que corre para presidente y no Roberto D’Aubuisson – y tal vez no sea casualidad.
La realidad obliga a los presidenciables a pronunciarse sobre cinco temas de trascendencia nacional: la situación fiscal, la inseguridad pública, la acefalía en la Sala de lo Constitucional, la elección del próximo Fiscal General de la República y la situación de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. La indiferencia, el silencio y la superficialidad de los planteamientos no son opción. Se trata de materias de relevante importancia de las que depende la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico y social y la protección de los derechos humanos. No incluir en sus agendas las medidas puntuales para cada uno de esos tópicos debe interpretarse como incapacidad para gobernar.
Los próximos cinco años marcarán la ruta hacia una de dos vías: el descalabro de las finanzas del Estado o el reordenamiento de la deuda pública. La primera nos encaminaría a un nuevo impago y al incumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales; aumentaría el “riesgo país”, se incrementarían los intereses y no seríamos objeto de más préstamos. La firma de un pacto fiscal, por el contrario, impulsaría la implementación del plan de gobierno, reorientaría el destino del gasto público para más inversión y abriría un debate acerca de las fuentes para más ingresos, incluyendo, principalmente, los incentivos para el crecimiento económico.
La lucha contra el crimen debe enfocarse de manera diferente. El abordaje deber incluir los aspectos legales, financieros y estratégicos. El próximo presidente está obligado a discutir y acordar con los operadores de justicia, la policía y la Fiscalía General las herramientas jurídicas que permitan hacer frente a la delincuencia. Es necesario transparentar el presupuesto de seguridad y probar, con evidencias, los rubros a reforzar. La manera en la que se ha invertido el impuesto que resulta de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia no ha demostrado su eficiencia. No hay resultados concretos con los que la autoridad justifique el sacrificio que hace la población pagando ese gravamen. La información es otro asunto a revisar. Los datos no son uniformes; no sabemos “quién pone los muertos” ni hay estadísticas claras que diferencien a los asesinados de los desaparecidos. Sin números y, peor aún, sin análisis riguroso y científico de la data, no hay táctica que resulte exitosa.
Por otra parte la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción son cuestiones ineludibles. La elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del próximo Fiscal General está intrínsecamente vinculado a ese desafío. Las señales no son alentadoras. Los diputados cumplieron esta semana 100 días de retraso en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La apertura del proceso para elegir al titular de la FGR evidencia la intención de un “combo legislativo”. Los aspirantes a dirigir el Ejecutivo no han dado muestras claras para zanjar esta delicada trama. Ahora es el momento de manifestar el liderazgo que ejercerán sobre los grupos parlamentarios con los que tendrán que lidiar en los próximos tres años. No se les pide imponer candidatos a su conveniencia sino sugerir a los más capaces teniendo en cuenta los distintos baremos presentados por las organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo aplica para el próximo Fiscal General. Una mala decisión puede descalabrar el ritmo que ha tomado la erradicación de este flagelo.
Finalmente los migrantes. La caravana de hondureños camino a Estados Unidos nos muestra el drama que viven millones de centroamericanos. En el caso de nuestros compatriotas, de otorgarle la razón la Corte Suprema de Justicia al presidente Trump, quedaría sin efecto la orden preliminar de suspensión que emitió el juez federal de distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, que impide que el gobierno cancele por ahora el TPS para los inmigrantes de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua. Eso significa que el 9 de septiembre de 2019 los más de 260,000 salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal retornarían a suelo nacional ¿Cuál es el plan para insertarlos a la economía nacional? ¿Cuál será el impacto en las políticas de seguridad si en medio de los miles de repatriados vienen peligrosos pandilleros?
Gobernar en el próximo quinquenio no será nada sencillo.
Escuchamos las primeras pinceladas de un retrato difícil: el de los planes de Seguridad de las fórmulas presidenciales. Recibimos un retrato abstracto, dibujado por Félix Ulloa, quien dijo todo lo políticamente correcto que se puede decir sobre este tema – pero lo único concreto que anunció fue que van a continuar con el Plan El Salvador Seguro y con el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana, así como fue concebido y conducido por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. ¿Más de lo mismo?
Josué Alvarado, candidato presidencial de VAMOS, y Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia de la alianza opositora nos dibujaron por lo menos bocetos de lo que podría ser un cambio de rumbo en la política de Seguridad: invertir la relación entre represión y prevención, priorizando la prevención y convirtiéndola en el eje central de las políticas económicas y sociales del país.
El escenario: un foro convocado por el PNUD y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia para que los candidatos expusieran sus conceptos de política de Seguridad. Un reto incómodo, porque las fórmulas todavía no tienen listos sus planes de Seguridad. Pero más incómodo aun porque la violencia es el tema más sensible para la población – y a la vez el terreno más resbaloso para los candidatos. Saben que para solucionar el problema hay que romper con las políticas de mano dura (versión ARENA y versión FMLN), pero nadie sabe cómo le irá a un candidato que con audacia propone soluciones alternativas.
¿Será por esto que Bukele y Calleja decidieron mandar mejor a sus vices para medir la temperatura del agua antes de quemarse ellos, y que el Frente prefirió no asistir a este foro?
Pero Josué Alvarado y Carmen Aída Lazo mostraron que, por muy delicado que sea el tema, sí se pueden plantear alternativas, aun cuando no correspondan al supuesto clamor popular por medidas más drásticas. Alvarado puso en el centro las comunidades y planteó que hay que intervenirlas, pero no con plomo y sembrando temor entre los jóvenes, sino respondiendo a sus necesidades básicas: educación, salud, oportunidades. Fue también el que más énfasis puso en el daño que las redadas indiscriminadas causan a la confianza de estas poblaciones en el Estado.
Lazo, por su parte, puso el énfasis en la urgencia de invertir más en prevención, pero al mismo tiempo cambiar radicalmente su concepto. Lo definió así: Prevención efectiva requiere que todas las políticas públicas (sobre todo de inversión social, de crecimiento económico y de educación) se concentren en erradicar la pobreza y la exclusión – y en la generación de empleos y oportunidades.
Si desarrollan bien estos enfoques, pueden construir un plan de Seguridad Ciudadana integral con sentido. Faltan muchos elementos concretos, y también más audacia para nombrar con claridad los errores de las políticas pasadas y actuales. Un ejemplo: Cuando el moderador preguntó a los candidatos por sus medidas inmediatas para enrumbar la política de Seguridad, nadie dijo que volver a establecer el control civil sobre la policía. Tenemos un Ministerio de Seguridad en manos de policías, controlándose ellos mismos. Por esto nadie detiene los serios abusos de autoridad. Necesitamos un ministerio civil controlando al instrumento armado.
Otro ejemplo: Nadie tuvo el valor de decir que hay que cambiar radicalmente las prioridades del gasto público. Hay que dejar de regar recursos a todos los sectores y territorios por igual, y focalizar las intervenciones donde producen impacto estructural sobre la pobreza y a la vez sobre la inseguridad. Claro, priorizar y focalizar significa atender menos a otras demandas. Nadie tiene el valor de decir que va a reducir los subsidios generalizados para poder duplicar los presupuestos de los centros educativos en las zonas más conflictivas. Decir esto podría costar votos, pero hacerlo seguramente salvará vidas.
Repito: El tema Seguridad es terreno liso para candidatos en campaña. Sin embargo, queremos soluciones, y ustedes tienen que tener el valor de presentarlas. Si no, quedamos atrapados en más clientelismo y más violencia.
Saludos,
A cuatro meses de las elecciones los candidatos presidenciales no han presentado propuestas serias y estructuradas en tres ámbitos fundamentales para el desarrollo nacional: la seguridad pública, el endeudamiento estatal y el crecimiento económico. Esta es una invitación para que respondan a una lista de interrogantes sobre situaciones que, indiscutiblemente, tendrá que administrar el que gane los comicios.
La inseguridad mantiene a los salvadoreños en una disposición permanente de angustia. Las cifras de homicidios no ceden. No existe una política de Estado que permita contemplar el rumbo, las metas y los resultados en el corto, mediano y largo plazo. El enfoque electoral del problema, por las administraciones de derecha y de izquierda, ha impedido un tratamiento responsable del tema. Las extorsiones ahogan a los pequeños empresarios y las maras siguen al asecho de los jóvenes en zonas donde la autoridad no logra recuperar el control del territorio.
¿Cómo enfrentarán a las pandillas? ¿Cuál será su estrategia para combatir las extorsiones? ¿Cuáles son sus planes de prevención del delito, de rehabilitación y de reinserción de los privados de libertad? ¿Cuál es su planteamiento en relación al hacinamiento carcelario? ¿Impulsarán una política criminal que atienda el dilema de la seguridad de manera global? ¿Promoverán un proceso de depuración al interior de la Policía Nacional Civil? ¿Otorgarán un mayor presupuesto a esa entidad para incentivar a los agentes policiales y proteger el futuro de sus familias ante los atentados que sufren aquellos en el desempeño de sus deberes? ¿Mantendrán en una sola institución la atención a la seguridad y a la justicia o debatirán acerca del restablecimiento de dos ministerios diferentes? ¿Retomarán el Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Propondrán una normativa legal que armonice las estadísticas criminales y que evite la contradicción de los datos y la falta de información sobre los diferentes delitos? ¿Instalarán una mesa de consulta con jueces, fiscales y gremiales de abogados que les permita identificar modificaciones a las leyes para una lucha más eficiente en contra de la delincuencia?
El endeudamiento público sobrepasó los topes límite para una economía dolarizada. El pago de las obligaciones crediticias asfixia el financiamiento de diferentes programas y políticas públicas. Los acuerdos en esta materia se incumplen reiteradamente. A las fuerzas políticas parece no importarles el desprestigio internacional y el encarecimiento de los intereses que causó el impago de la deuda en 2017.
¿Cuál es el programa de los presidenciables para reducir progresivamente la deuda pública durante su quinquenio? ¿Fomentarán un “pacto fiscal integral” en los primeros seis meses de su gestión? ¿Cómo mejorarán los ingresos de la hacienda pública? ¿Subirán los impuestos, crearán incentivos fiscales para atraer inversión, recomendarán medidas para acabar con la evasión y la elusión fiscal? ¿Cómo atenderán el exceso de gasto público? ¿Qué harán para afrontar la presión del escalafón salarial de los ministerios de educación y salud? ¿Conservarán el sistema privado de pensiones, multiplicarán el rendimiento de los ahorros e incorporarán los cambios que no fueron atendidos durante la última reforma para mitigar el apremio fiscal? ¿Cuáles criterios aplicarán para aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes)? ¿Revisarán el incumplimiento de la “ley reguladora de endeudamiento público municipal” que establece un techo a los pasivos de los gobiernos locales? ¿Presentarán un plan de empréstitos internacionales con montos y cronogramas cuya aprobación es indispensable para estabilizar el endeudamiento? ¿Cómo pretenden alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para ratificar esos préstamos? ¿Ampliarán la base tributaria facilitando la formalización de los comerciantes?
El otro gran asunto: la economía. Sin la pujanza empresarial no hay empleo, se ensancha la pobreza y el Estado no recibe más impuestos para financiar programas sociales, infraestructura de gran impacto y áreas como la seguridad. Nos encontramos a la cola en Centroamérica en captación de inversionistas nacionales y extranjeros, tenemos la menor tasa de crecimiento económico y cientos de miles de salvadoreños afrontan circunstancias miserables de vida ¿Cuál es su proyecto para restablecer las condiciones óptimas de competitividad y productividad, para facilitar los negocios, generar confianza, aplacar la tramitología, acabar con el clientelismo y modernizar la función pública? La mesa está servida.
Estimados:
Ahora todos -ustedes en la Asamblea y la ciudadanía- están enfocados en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es la prioridad número 1, indudablemente.
Pero inmediatamente despuées tienen que atender otro problema, que causaría grave daño si no logran encontrar una solución racional, eficiente y pegada a la Constitución. Desde hace varias semanas, ustedes tienen en sus manos la iniciativa del gobierno de reformar la Ley Penitenciaria. Viene, como siempre, con urgencia y mucha presión. Más bien chantaje.
La urgencia del gobierno es esta: Han basado toda su política de Seguridad Pública sobre la muleta de las medidas extraordinarias. Desde ya más de dos años las aplican en el sistema penitenciario. Medidas extraordinarias, que no son otra cosa que un Estado de Excepción parcial, tienen por definición un carácter temporal. La única manera que ustedes, los legisladores, pueden autorizar un Estado de Excepción temporal es bajo el imperativo que el gobierno aproveche el plazo concedido para resolver la emergencia y hacer innecesarias la aplicación de medidas extraordinarias, temporales y restrictivas de derechos constitucionales.
Esta regla constitucional ya ha sido violada por el Ejecutivo al buscar dos veces la prolongación de las medidas extraordinarias. La última vez, la Asamblea se negó a dar otra prorroga de 1 años y dijo al Ejecutivo: Le damos 6 meses para resolver, pero es la última vez. Resuelvan.
Ahora, ante su incapacidad de desarrollar políticas que resuelven la emergencia de inseguridad, el gobierno presentó una reforma de la Ley Penitenciaria que simplemente pretende convertir las medidas extraordinarias en legislación permanente, incluyendo todas sus restricciones a derechos garantizados por la Constitución y por las leyes. Esto no se vale. Es una ofensa tanto a la Sala sobre que sentenció que es inaceptable elestado del sistema penitenciario, como a la Asamblea Legislativa que les negó la prórroga por un año más.
La incapacidad -o la falta de voluntad- del gabinete de Seguridad de resolver la emergencia no puede ser razón para la Asamblea de permitir que el Estado de Excepción se convierta en legislación permanente. Sería una derrota del Estado de Derecho.
Así lo han calificado las instancias internacionales encargadas de vigilar y garantizar los Derechos Humanos. Ustedes tienen en sus manos los informes respectivos.
Convertir las medidas extraordinarias en legislación permanente sería permitir que el ejecutivo actual y el que venga sigan construyendo sus políticas de Seguridad Pública sobre la libertad de continuar violando derechos humanos y constitucionales.
Tienen en sus manos la oportunidad de obligar al gobierno a reorientar sus políticas y presentar y cumplir planes de seguridad integrales apegados a la Constitución. Estamos acercándonos a las elecciones presidenciales y la transición a un nuevo gobierno. La Asamblea no debe cerrar la puerta a que los candidatos y sus partidos desarrollen propuestas nuevas en el área de Seguridad y que no sean amarrados a una legislación que surge de la incapacidad de los últimos gobiernos.
Hagan su trabajo. No son el órgano auxiliar del gobierno.
Estimados Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López:
Muchos han señalado que el primer intercambio entre ustedes no fue realmente debate. Este segundo, sobre seguridad, fue hasta peor. Parecía más bien un examen: El moderador les tiró una pregunta, los 3 contestaron en 2 minutos cada uno – pero en vez de repreguntar para profundizar en el tema y escarbar los diferentes enfoques de ustedes, Rafael Domínguez les lanzó otra pregunta, pasando al siguiente tema.
Así cubrieron 10 temas concretos, pero en ninguno de ellos se profundizó. Escuchamos las respuestas, en general políticamente correctas, pero NO pudimos apreciar las diferencias en cuanto a filosofía, enfoques, prioridades – ni tampoco en cuanto a factibilidad y eficiencia de las soluciones.
Sin un moderador acucioso y capaz de repreguntar, y sin espacios para que los candidatos pudieran discutir y cuestionarse entre ellos, terminaron exponiendo más o menos lo mismo. Javier Simán y Carlos Calleja (en este orden) con un poco más elocuencia y coherencia, paro nadie de ustedes tres logró distinguirse e ir más allá de las respuestas obvias. Claro que hay que hacer una reforma penitenciaria, ¿pero cómo, con qué prioridades y principios? Obvio que el próximo presidente tiene que asumir personalmente la seguridad como jefe, ¿pero cómo va a afectar esto a la PNC, al gabinete de seguridad y al consejo de ministros en su totalidad? ¿Qué prioridades va a definir para la inversión social, para que la prevención se convierta en política del estado deje de ser un mosaico de proyectos aislados? Por supuesto hay que recuperar el control territorial que el Estado abandonó, ¿pero qué significa control? ¿Es un asunto militar o uno de presencia e impacto de los servicios del Estado?
Para evaluar el primer debate, apliqué un sistema de puntuación, tema por tema, dando 3 puntos a la mejor respuesta/propuesta, y solo 1 para la menos completa. Ganó por puntos Javier Simán. Pero en este segundo foro, por su formato equivocado, ni siquiera esto me funciona. No fue debate – y como examen tampoco funcionó. Ni siquiera fue un examen para evaluar capacidades o propuestas viables, tampoco un examen para ver quien está dispuesto de audazmente cambiar las prioridades y focalizar el gasto del Estado para llegar a la raíz de los problemas que generan violencia y delincuencia.
Así como están diseñados estos foros, resulta difícil que cumplan su principal función: Hacer visibles las diferencias entre los tres candidatos y sus proyectos políticos. Esto es lo que los votantes en esta elección primaria necesitan ver para tomar el 22 de abril una decisión racional sobre quién de ustedes es el candidato que sabrá enfrentar los problemas del país sin repetir las viejas políticas y mañas. Yo lo tengo claro, para mi es Javier Simán, pero no lo puedo derivar de lo que escuché en este segundo foro. No puedo decir que Javier Simán ganó este round, tampoco puedo decir que lo ganó Carlos Calleja.
Ambos metieron la pata, y extrañamente el moderador o no se dio cuenta, o no quería señalarlo. Calleja cuando dijo que la PNC, en vez de tirar con escopetas, debería tirar balas. Simán cuando dijo que la Fuerza Armada debería mover las tanquetas de los redondeles de la Escalón a las comunidades. Ambas cosas no son coherentes con los planteamientos de ambos, que implican buscar soluciones novedosas e inteligentes.
Les solicito a ustedes tres que utilicen el último foro para convertirlo en un debate real. Y si el moderador no sepa generarlo, háganlo ustedes. Usen sus bloques de 2 o 3 minutos para transparentar de qué realmente se trata en esta contienda, cuáles son las diferencias que los distinguen. Y si no hay consenso sobre esto, gana el que acepte el reto de debatir.
Uno de los temas centrales para esta semana es la ampliación de las medidas “excepcionales”. La semana pasada argumenté, en esta columna, que los diputados de oposición no deben dar un cheque en blanco al oficialismo como lo han hecho durante los últimos dos años. Hacerlo contribuiría a que el aparato de seguridad se continúe acomodando a trabajar fuera del marco legal regular, haciendo uso del elevado nivel de discreción y poder que le otorgan las medidas, sin adquirir compromisos que garanticen su transitoriedad, la evaluación de su impacto, la fiscalización de su ejecución y la planificación e implementación de proyectos orientados a solventar las deficiencias que justificaron su aprobación inicial.
He escuchado a funcionarios de seguridad dar declaraciones irresponsables a los medios de comunicación, en las que tratan de descargar su responsabilidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños en los diputados que se nieguen a prorrogar la vigencia de las medidas “excepcionales”. El discurso utilizado por los burócratas ha sido similar. Todos han pintado una imagen casi caricaturesca de peligrosos criminales que se frotan las manos en sus oscuras celdas, esperando que no exista una ampliación para hacer de las suyas. Esencialmente, intentan crear una narrativa en la que cualquier persona que cuestione la prórroga de las medidas se convierta en aquella que dejó la puerta del gallinero abierto para que lobo se diera gusto. Esto es inaceptable y los diputados de oposición no deben prestarse a este chantaje. Los responsables de cualquier cosa que suceda por quitar las medidas son los funcionarios que no aprovecharon los últimos dos años para prepararse para este este momento.
Escuché al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl Antonio López, ofrecer a los diputados que cuestionan la ampliación de las medidas, una visita a los centros penitenciarios, como muestra del impacto que éstas presuntamente han tenido. Este gesto ilustra perfectamente uno de los principales problemas de los que adolecen las políticas públicas salvadoreñas: carecen de un componente robusto de fiscalización y evaluación técnica y objetiva. Entender la necesidad de incluir un componente de evaluación a cualquier proyecto, marcó un punto de inflexión en el progreso de las naciones más desarrolladas. El impacto de un proyecto no se determina con visitas de cinco minutos. La medición y evaluación de impacto requiere de una serie de indicadores previamente seleccionados para recolectar información que permita aplicar métodos cuantitativos y/o cualitativos para llegar a conclusiones técnicas.
Otros funcionarios oficialistas han hecho comentarios similares a los de López. Siempre que se les cuestiona sobre cuáles son los parámetros para medir la efectividad de las medidas “excepcionales”, ofrecen respuestas ambiguas e invitaciones a visitar recintos u oficinas. Es evidente que no se pensó (o no se quiso pensar) en eso. Nadie tiene idea de qué impacto han tenido estas medidas. Los homicidios han continuado, las pandillas han incrementado su control e influencia en las calles, las extorsiones no cesan y así se puede continuar con la lista de problemas de seguridad que permiten cuestionar los resultados de las medidas y plantear la necesidad de contar con un componente de evaluación y fiscalización robusto.
Este debería ser uno de los temas en los que los diputados de oposición se tienen que enfocar. Antes de ampliar cualquier medida temporal o financiamiento deben de crear un mecanismo de fiscalización y evaluación que permita determinar su impacto y amarre a las instituciones públicas que se benefician a compromisos concretos. Así la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer, por ejemplo, si el millonario impuesto a las comunicaciones ha sido invertido en cosas que han tenido un impacto o si el acompañamiento de la Fuerza Armada hace una diferencia significativa en el terreno. Antes de aprobar cualquier otra cosa, los diputados deben de crear un ente que tenga estas facultades y capacidades. Estoy seguro que el sector académico estará presto a colaborar.
Segunda Vuelta 