Seguridad

Iguales. De Cristian Villalta

CRISTIAN VILLALTA

Christian Villalta, director de El Gráfico

Cristian Villalta, 8 octubre 2017 / LA PRENSA GRAFICA

No idénticos, pero sí iguales.

Esa es al menos la enternecedora pretensión recogida en el artículo 3 de nuestra Constitución Política: la de que todos los salvadoreños somos iguales ante la ley. Y así, para gozar de los derechos civiles, nadie puede aspirar a preferencias sobre otro basándose en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

En 2017, es imposible no ruborizarse con esta noción, sobre todo con el plano de la igualdad relativo a “ante la ley”, ese que opera exclusivamente para proteger a los ciudadanos ante los poderes públicos, limitando sus abusos y obligándolos a respetar a cada salvadoreño de la misma manera.

LPGLas pretensiones de nuestros actuales administradores son hacerle un pie de página a la Carta Magna, y que en letras chiquitas se lea: “Excepto si el salvadoreño vive en una ciudad dormitorio, parece sospechoso, navega en la pubertad, se conduce en transporte público o camina por el centro de San Salvador con apariencia ambigua”.

Que el ministro de la Defensa, señor Munguía Payés, celebre que el personal militar se dedique otra vez a labores de seguridad pública, ahora con auxilio de toda la utilería castrense, es razonable. Reacción primitiva de un hombre primitivo. Pero que civiles en el Gobierno, especialmente el vicepresidente de la república, insistan con una retórica guerrerista, vecina a la limpieza social, es grave. Si los salvadoreños ya no somos efectivamente iguales ante la ley, ¿qué posibilidades tenemos de que la ley se nos aplique de modo igualitario?

El rubor ante la idea de igualdad en nuestra nación también pasa por la indecencia de nuestra clase política. Sin excepciones. Y por tal me refiero a que la principal piedra de tropiezo para el avance democrático de El Salvador lo representan precisamente ellos, instalados no solo ni principalmente como operarios de los poderes fácticos, sino como una oligarquía dentro del aparato público, que con independencia de la temática gana con cada crisis y con cada controversia. El pago de pensiones es apenas el último ejemplo.

Debido a la codicia de nuestros políticos, la democracia no funciona: el poder sale del pueblo, pero las recompensas de esa activación se quedan en la política, no suelen volver al “demos”. En esa cleptomanía al gobernar y en ese desprecio para con la nación, ARENA y FMLN fueron formidables alumnos del PCN.

Si algo inspira a nuestros políticos y principales servidores públicos es la singularidad de sus beneficios y prebendas, y no quieren renunciar a ellas aunque la sociedad lo demande y la situación lo exija. Son, llanamente, unos miserables.

¿Qué, sino, podemos decir de todos esos ministros, diputados y mandos medios que gozan de un seguro médico privado que es cortesía de los contribuyentes? En un país en el que endémicamente los hospitales no tienen suficientes camas, en el que llegó a haber desabastecimiento de más de 350 medicamentos hace tres meses, y en el que la próxima cita puede ser dentro de seis meses, solo un cretino puede creerse merecedor de tales prebendas.

¿Quiere un seguro médico privado? Págueselo usted. O pregúntele a sus electores si usted se lo merece más que ellos. Le dirán que lo mismo para los mismos no es igualdad.

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La encuesta de El Diario de Hoy: ARENA queda debajo del FMLN

Pocos días después de la publicación de la encuesta de LPG-Datos, El Diario de Hoy publica su encuesta, realizada por Predictvia. Las evaluaciones que los ciudadanos dan del gobierno del FMLN son casi idénticas: hay un mayoritaria rechazo a las políticas del gobierno. Pero a diferencia de la encuesta de LPG-Datos, la de EDH registra que ARENA todavía queda debajo del FMLN en intención de votos.

Segunda Vuelta

La evaluación del gobierno del FMLN y sus políticas

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La inclinación por los partidos

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Las políticas del gobierno del FMLN hacia Venezuela y Estados Unidos

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La reforma de pensiones

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El anális del director de Predictvia, la casa encuestadora de El Diario de Hoy

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Ficha Técnica

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Compare esta encuesta con la de LPG-Datos

 

La falsa respuesta. De Florent Zemmouche

Hay obsesiones de algunos hombres políticos que se pueden resumir en una sola palabra: armar. Pretenden resolver los graves problemas de inseguridad en nuestro país armando a ultranza. Pero están equivocados. Y si su error es multifacético, también revela un síntoma recurrente de la ineficacia política.

Florent Zemmouche, 26 mayo 2017 / LPG

Por lo general, estos políticos se inscriben dentro de un mismo marco de ideas retrógradas e inadecuadas como lo son el restablecimiento de la pena de muerte o la legalización de grupos de “autodefensas comunales”. Incluso, este último proyecto ha sido ya apoyado mediante el financiamiento de licencias de tenencia de armas de una comunidad. Por cierto, es interesante que un diputado en cualidad de hombre público proponga una medida y mientras tanto, sin que sea aceptada, como ciudadano lambda, la aplique. Es una manera particular de entender y de practicar el proceso democrático. Tal separación del individuo no puede existir para un hombre político quien no es un ciudadano cualquiera. Además, preciso es notar que si bien el dinero da cierto poder, el poder no rima necesariamente con la inteligencia.

Frente a cada nuevo caso de violencia, aquellos dirigentes repiten su inquietante leitmotiv: hay que armar a la población. Tal propuesta es fruto de una observación errónea de la realidad. La inseguridad proviene precisamente de la tenencia masiva de armas en El Salvador. Impulsar su distribución en la sociedad civil no resuelve el problema, lo incrementa. Tal acción es perniciosa. Hay que optar por la dinámica contraria, la del desarmamiento. Por ejemplo, en vez de pagar para armar, ¿por qué no dar dinero a cambio de cada arma depositada definitivamente en manos de una organización designada para ello?

El hecho de apoyar económicamente la tenencia de armas denota la cobardía de los políticos que se destituyen de sus responsabilidades. La seguridad pública es un deber constitucional del Estado. Le incumbe fundamentalmente conservar y proteger la vida de sus ciudadanos, con sus fuerzas de seguridad. El monopolio de la violencia legítima es, según Max Weber, la definición misma del Estado. Otorgarle a cada individuo la posibilidad de defenderse por sí mismo destruiría ese monopolio central destinado a garantizar el orden. Desaparecería entonces el Estado, dejando la sociedad ser devorada por una guerra de todos contra todos.

En realidad, este tipo de medida obedece a la lógica de la política-espectáculo que nos gobierna y cuya esencia es la inmediatez. Somos impacientes. Y la impaciencia destroza la eficacia de la acción política. Queremos que todos los problemas se resuelvan inmediatamente mientras que la política no puede concentrarse sola y exclusivamente en el presente. Tiene que proponer una visión, un proyecto, un futuro. Su trabajo es una construcción. Entendamos entonces que la respuesta a la violencia en nuestro país es un largo proceso que requiere paciencia. Sus resultados no serán inmediatos. La política de la “mano dura” es un paliativo. Por cierto, los abusos policiales y los estragos colaterales ya son numerosos y a cargo de profesionales. ¿Cuántos serán los errores con novatos?

Así no se resuelve el verdadero problema. Las raíces de la plaga permanecen intactas. Detrás de la violencia se esconde una sociedad que no funciona. Un Estado que no cumple con sus deberes. Si hay dinero que gastar, que sea usado de manera sensata. ¿Por qué no financiar escuelas? ¿Docentes? ¿Por qué no apoyar económicamente la construcción de estructuras sociales en todo el país? ¿Por qué no dedicarse a integrar los territorios abandonados? Seamos exigentes y rigurosos para estar a la altura de las dificultades. No caigamos en la trampa de la impaciencia y de la rabia.

Mitos sobre la violencia. De Mario Vega

Cuando el tema de seguridad se aborda desde una óptica electoral, se definen prioridades cuestionables y se hacen inversiones insuficientes en aquellos elementos que es necesario atender para mitigar el problema, pero que no reditúan mucho apoyo electoral.

Mario Vega, pastor general de la Iglesia ELIM

Mario Vega, 5 mayo 2017 / EDH

El problema de la violencia es el resultado de la confluencia de múltiples variables que deben ser reconocidas para desarrollar un auténtico diagnóstico del problema y, consecuentemente, una auténtica solución. Lastimosamente, eso es lo que no se hace en nuestro país, pues el problema se ha abordado desde la política electoral y no desde las ciencias sociales. Al utilizar el problema de la violencia en perspectiva electoral se desarrollan mitos que dificultan la objetividad en el acercamiento al problema. Por ejemplo, pensar que la cantidad de homicidios es el mejor parámetro para medir las violencias es un desacierto mayúsculo que desvía la atención de las causas para enfocarse en las consecuencias. En ese ir y venir de las manipulaciones electorales, los medios de comunicación pueden entrar en el juego amplificando los temores y legitimando simplificaciones. Cuando las simplificaciones penetran en la mentalidad colectiva se convierten en mitos que distorsionan por completo la comprensión del problema.

El principal mito que se ha creado baja esa dinámica es el de pensar que el tema de la violencia se resuelve con el uso de la fuerza. En ese afán, que es ya desesperado, se deja de combatir a la violencia para combatir a las personas. Con ello se produce una distorsión de la etiología de la violencia, que es equivalente a mutilar un miembro y no al cáncer. Las personas que creen que la violencia es la manera de resolver los conflictos lo hacen, porque es el modelo que aprendieron en sus hogares. Es decir, opera en ellos la misma lógica de los miembros de pandillas: están reproduciendo en el mundo exterior los modelos interiores de sus hogares paternos. El considerar la violencia como la única salida al problema de seguridad puede llevar a razonamientos absurdos como el de calificar al fiscal general como protector de las pandillas por enjuiciar a policías acusados de ejecuciones ilegales.

A pesar de todo ello, existen en el ambiente elementos esperanzadores que ameritan un poco más de reflexión. Uno de ellos es la aprobación de fondos para el Plan para la Prosperidad para el Triángulo Norte, el cual, es un reconocimiento de las causas estructurales subyacentes a la migración y que, desembocan en problemas de seguridad. En ese caso no solamente se reconocen las causas sino también se reconoce que las mismas son comunes a los tres países del Triángulo de la Muerte, debido a que sus complicaciones estructurales son comunes. Esa es una visión más globalizadora de un problema que de por sí no es simple. Cuando el tema de seguridad se aborda desde una óptica electoral se definen prioridades cuestionables y se hacen inversiones insuficientes en aquellos elementos que es necesario atender para mitigar el problema pero que no reditúan mucho apoyo electoral. Dado que nos aproximamos a nuevos eventos electorales, se ve ya en el ambiente intentos por continuar utilizando el dolor de los salvadoreños para ofrecer soluciones populistas que nada tienen que ver con las auténticas causas de las violencias y mucho menos con sus soluciones. Como población, debemos mantener la mente abierta y pensar en el punto adonde nos ha llevado una serie de medidas desatinadas y el alto costo humano que eso ha representado para miles de familias. Es tiempo de poner un alto a tanto juego con la vida y el dolor humano para ponernos serios en el mayor problema del país.

 

Carta a todos que gritan por mano dura: Pidan algo verdaderamente extraordinario. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 23 febrero 2017 / EDH

Estimados ministros, analistas, diputados y ciudadanos:
La Asamblea prorrogó el decreto de las “medidas extraordinarias”, por que ustedes piden que el gobierno haga algo extraordinario para superar la situación insoportable de violencia e inseguridad. Nadie se quería oponer a esta presión, aunque muchos de los diputados saben que estas medidas implementadas por el gobierno no han funcionado. Sólo Johnny Wright Sol lo dijo en voz alta y votó en contra de la locura de seguir haciendo lo mismo y esperar mejores resultados.

diario hoyEn abril 2016 publiqué una columna titulada “¿Algo extraordinario quieren?” Propuse aplicar unas medidas realmente extraordinarias que tienen años de estar agarrando polvo en las gavetas de tres gobiernos consecutivos – y que nadie las ha puesto en marcha. Hablo del plan elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad, dirigido por Salvador Samayoa en el período del presidente Flores. El gobierno de Tony Saca no sólo desestimó el plan, sino disolvió el Consejo que lo había propuesto. La “Súper Mano Dura” no tenía uso para propuestas racionales.

Las descartadas por Saca (y luego por Funes y Sánchez Cerén) sí eran medidas extraordinarias: intervenir, sanear e incorporar al desarrollo las docenas de comunidades donde nacieren, crecieron y se siguen reproduciendo los fenómenos de pandillas, violencia y marginación. La idea era intervenir en estas comunidades todo y con todo: viviendas, escuelas, el sistema de salud, la infraestructura, el tejido social, la formación vocacional, el fomento del empleo y emprendedurismo…

Todos hablan de prevención. Pero la única prevención efectiva es que el Estado cumpla con sus funciones y responsabilidades constitucionales. Cualquier institución estatal, cualquier funcionario que hace bien su trabajo, está haciendo prevención. Delincuencia y violencia no prosperan donde el Estado cumple.

Hoy que nuevamente todos (sobre todo el gobierno y sus responsables de Seguridad) presentan como “medidas extraordinarias” una especie de Estado de Excepción con suspensión de derechos y amplias potestades de represión para las fuerzas de seguridad y al sistema penitenciario, vale la pena hablar de verdaderas medidas extraordinarias.

Extraordinario fuera que se actualizara y pusiera en marcha el Plan de Transformación de Barrios.

Extraordinario fuera que la Fuerza Armada, en vez de jugar a policía, la empleáramos para arreglar desastres sociales, de la misma manera como ya lo ha hecho en casos de desastres naturales. Quisiera ver la Fuerza Armada, junto con los jóvenes de las comunidades, arreglando barrancos, viviendas, canchas, escuelas, sistemas de aguas negras, caminos, parques en las comunidades.

Extraordinario fuera que el sistema carcelario, en vez de suspender los derechos que la Constitución y la Ley Penitenciaria garantiza a los privados de libertad, de veras les concediera el derecho al trabajo productivo y la educación, convirtiendo los penales en fábricas y centros de formación vocacional.

Extraordinario fuera que el Estado se descentralizara, dando a las alcaldías las competencias y los recursos que necesitan para hacer avanzar a las comunidades locales en educación, salud, transporte, y seguridad, en vez de concentrar todo en burocracias anónimas e ineficientes lejos de la gente.

Extraordinario fuera que hubiera una política nacional de deporte.

Extraordinario fuera que al ejército de funcionarios públicos en secretarías y consejos e institutos, en vez de darles flotillas de camionetas 4×4, les dieran botas para pisar terreno en las comunidades.

Extraordinario fuera que el presidente dejara de poner cuadros partidarios al mando de la policía.

Extraordinario fuera que ARENA, en vez de competir con el FMLN por la mano más dura, presentara una estrategia alternativa para enfrentar las crisis de marginación en inseguridad.

Extraordinario fuera que los ciudadanos, en vez de aplaudir que se usa el miedo para establecer Estados de Excepción, defendiera el Estado de Derecho.

Extraordinario fuera que los medios consecuentemente investigaran quiénes son los muertos de cada día y quiénes los están matando.

Hagamos todos algo extraordinario para resolver un problema extraordinario. Saludos,

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Lea la columna de abril 2016: ¿Algo extraordinario quieren?

 

Carta a los diputados que no son del FMLN: 5 razones para no votar por las medidas extraordinarias. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 24 enero 2017 / EDH

Estimados amigos:
Con el presupuesto ya aprobado, en la próxima plenaria les espera otro asalto del FMLN a la democracia: Quieren que la Asamblea les apruebe 12 meses más para aplicar sus “medidas extraordinarias” contra la delincuencia. Van a decir que quien no da su voto está obstaculizando la lucha contra la delincuencia. O sea, van a tratar de echar sus muertos -y sus fracasos- a ustedes. Espero que no se dejen extorsionar y que analicen con cabeza fría el asunto antes de votar.

Les voy a dar 5 razones de peso para no votar por este decreto:

diario hoy1. El decreto No. 321, que ustedes aprobaron el 31 de marzo del 2016, se llama “Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penales, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión”. Fíjense en las palabras “especiales”, “transitorias” y “extraordinarias”. Solo el hecho de haber aplicado estas medidas durante ya más de 9 meses, significa que no son “transitorias”, sino permanentes; que no son “extraordinarias”, sino ordinarias. Pero son medidas de suspensión de derechos que por su naturaleza solo pueden ser transitorias, y al convertirse en ordinarias y permanentes chocan con la Constitución y todos los convenios contra la tortura, tratos crueles y en defensa de los Derechos Humanos. Suficiente razón para no prolongar estas medidas.

2. Cualquier medidas de privación de derechos tiene que ser racionada, basado en comportamientos concretos e individualizados de las personas afectadas. Pero las medidas que quiere el FMLN que ratifiquen por un año más, son aplicadas de manera general a la población total de siete centros penales. Esto es a todas luces ilegal. Si el Estado quiere ganar esta batalla contra la delincuencia, tiene que actuar estrictamente en el marco de la ley y del respeto a los Derechos Humanos. Si no lo hace, agrava la situación en vez de resolverla.

3. Las medidas “extraordinarias” no son efectivas. Con ellas, ustedes dieron un cheque en blanco al gobierno a proceder de la manera más estricta en los penales, y en 9 meses no han mostrado resultados. Es porque el supuesto sobre el que se basan las medidas resulta falso. ¿Cuál fue el supuesto? Que por más que incomunicamos y les hacemos la vida miserable a los pandilleros presos, va a bajar la actividad de las pandillas afuera. Es una falacia. Las pandillas son organizaciones altamente descentralizadas, y para delinquir no necesitan dirección desde las cárceles. El gobierno puede controlar las cárceles, pero mientras no controla los territorios, no va a lograr nada.

4. Las medidas son contraproducentes. En vez de disminuir la violencia, la agravan. Por más fragmentadas se vuelvan las pandillas, con liderazgos dispersos y más jóvenes, más impredecible y radical su accionar. El resultado lo hemos visto durante todo el año 2016, con un despliegue inusual de la Fuerza Armada y de los  cuerpos militarizados de la PNC, pero sin lograr romper el control territorial que  ejercen las pandillas. Las medidas “extraordinarias”, dentro y fuera de los penales, prometen una falsa seguridad y distraen de la búsqueda de estrategias integrales.

5. El gobierno no ha cumplido con su deber de rendir cuentas a la Asamblea del uso de las enormes cantidades de dinero, y de las facilidades de contratación directa que venían con el decreto de la las medidas.

Son 5 razones de peso para no aprobar la prórroga. En vez de seguir haciendo lo mismo, a pesar de que no ha dado resultados, es tiempo de obligar al gobierno a revisar y corregir su política de Seguridad. No les pueden dar otro cheque en blanco y esperar que los resultados sean diferentes.

Si no me quieren hacer caso a mi, lean con detención la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la situación “inconstitucional” en las bartolinas y cárceles, los pronunciamientos de la Procuradora de Defensa de los Derechos Humanos. Pidan hablar con los jueces de vigilancia, con los delegados de la Cruz Roja Internacional y con los profesionales del Programa de Tuberculosis que han tenido que intervenir en los penales para contrarrestar la epidemia de tuberculosis. Luego voten.

Saludos,

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 Posdata: El día de la publicación de esta carta, recibí respuesta a una solicitud de información que en diciembre hice al Ministerio de Justicia y Seguridad. Accedieron mandarme el texto del Acuerdo Ministerial No. 229, con el cual el 8 de diciembre 2016 el ministro de Justicia y Seguridad prorroga por un período de 30 días la vigencia de la “medidas extraordinarias”. Pedí este documento para verificar y documentar que en él se decreta la “política cero aire, cero sol”, que el ministro haba amenazado aplicar a todos los reos miembros de la Mara Salvatrucha. De hecho, en el numeral IV de este acuerdo aparece la medida: las 3 horas, a los cuales es limitado el acceso a sol y aire fresco para la población carcelaria sujeta a las medidas, para los miembros de la MS13 es cero horas.
Aquí copia del Acuerdo Ministerial No. 229, y las respuesta del Ministerio a mi solicitud de Acceso a Información Pública:
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¿Está mejorando realmente El Salvador, una de las sociedades más violentas del mundo? De Roberto Valencia

Miembros de las pandillas son escoltados al llegar a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador en Zacatecoluca el 1 de diciembre de 2016. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Miembros de las pandillas son escoltados al llegar a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador en Zacatecoluca el 1 de diciembre de 2016. Credit Marvin Recinos/Agence France-Presse — Getty Images

Roberto Valencia, 5 enero 2017 / THE NEW YORK TIMES/Español

MARYLAND —El Salvador, el pequeño país centroamericano de 20.000 kilómetros cuadrados y seis millones y medio de habitantes, cerró 2016 con 5.278 asesinatos. Un promedio de 14 al día. Una tasa de 81 homicidios por cada cien mil habitantes. Ocho veces superior al límite que Naciones Unidas fija para establecer que una sociedad sufre epidemia de violencia.

A pesar de estos números, el gobierno lleva semanas hablando de éxito en su estrategia de combate a la criminalidad. “Las medidas extraordinarias implementadas por mi gobierno están dando resultados positivos”, dijo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en su discurso de fin de año.

El gabinete de seguridad se aferra al clavo ardiente de que en 2015 las cifras fueron más terroríficas —una tasa de tres dígitos— para inflar un discurso triunfalista que está en las antípodas de lo conveniente para una sociedad herida y traumatizada. Sin embargo, lejos de la idea que sus asesores de comunicación quieren diseminar, el combate frontal a las maras no está sino agravando y dilatando los problemas de convivencia social arrastrados durante décadas.

El bienio 2015-16 es el más mortífero desde que inició el siglo: casi 12.000 asesinados. Tendrían que haber matado a 80.000 personas en Argentina, a 234.000 en México, o a 593.000 en Estados Unidos para igualar la tasa salvadoreña.

El bienio sangriento calza a la perfección con la estrategia belicista del gobierno de Sánchez Cerén, que tiene su arranque simbólico el 5 de enero de 2015, con un discurso en el cuartel central de la Policía Nacional Civil en el que el presidente rechazó “volver a negociar con las pandillas” y anunció una política de persecución y castigo. Dicho así suena enérgico y bien intencionado, pero luego se reveló que apenas un año atrás, su partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), al más alto nivel —y bajo la mesa— había negociado con las maras contraprestaciones a cambio del voto de las decenas de miles de pandilleros y de sus familiares.

Conviene consignar que en 2012 y 2013, durante la fase más exitosa de la negociación entre el gobierno anterior y las pandillas, un proceso conocido como la Tregua —también oscuro y mal manejado, pero monitoreado por la Organización de Estados Americanos—, la cifra de asesinados bajó a unos 2.500 cada año.

Las maras no son la única expresión de la violencia en El Salvador, pero sí la más cruda, publicitada y la que más víctimas genera. En marzo de 2012, cuando las tres pandillas dominantes —Mara Salvatrucha-13, 18-Revolucionarios y 18-Sureños— se involucraron en la Tregua, los homicidios cayeron un 60 por ciento de la noche a la mañana, literalmente. Entonces se cifró en 62.000 la cantidad de pandilleros activos, con un colchón social de unas 500.000 personas, integrado por familiares, novias, colaboradores y simpatizantes. Un 8 o 9 por ciento de la población.

Más allá de los números, lo que hace de las maras un fenómeno único en el mundo es su asfixiante control territorial y social. En centenares de colonias y cantones que la debilidad del Estado les permite controlar, por lo general los más empobrecidos, los mareros determinan quién entra, dónde estudian los niños, qué ropa puede usarse, quiénes pagan renta, y hasta qué familiares llegan al velorio cuando un vecino fallece. No hay señal de que esas estructuras de terror, sintetizadas en la hollywoodense frase “ver, oír y callar”, se hayan debilitado tras dos años de represión brutal.

A corto y mediano plazo, la estrategia actual del gobierno no invita al optimismo. Los números 13 y el 18 se importaron desde California hace un cuarto de siglo, pero las maras como fenómeno, la dimensión alcanzada, son consecuencia de las condiciones estructurales que ofrece la sociedad salvadoreña: la pobreza, la desigualdad y la exclusión, ejemplificadas en empresarios reticentes a pagar a un cortador de caña 200 dólares mensuales en un país en el que un litro de leche cuesta 1.30 dólares; la debilidad institucional y un sistema político partidario empeñado en perpetuarla; el histórico uso de la violencia para resolver diferencias, tanto políticas como personales; y un clasismo latente del que nadie quiere hablar, con familias clasemedieras que pagan al día 12 dólares o menos a las mujeres que limpian sus casas y cuidan a sus hijos.

Incluso si la persecución y el castigo debilitaran las maras, nada indica que el escenario resultante vaya a ser mejor. El Estado salvadoreño, con el aplauso o la indiferencia de la ciudadanía, ha hecho a un lado los derechos humanos en su guerra a las pandillas, al más puro ‘Duterte style’. Se está resucitando y tolerando la idea, propia de décadas no tan remotas, de que es legítimo tomarse la justicia por cuenta propia. En dos años, la Policía y las Fuerzas Armadas han matado a más de 900 personas en operativos, hechos que presenta como “enfrentamientos”. Investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales, sin embargo, han evidenciado que las ejecuciones extrajudiciales son práctica habitual y que los ejecutados en ocasiones ni siquiera son pandilleros. Ni un solo policía o soldado ha sido condenado.

David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, se atrevió a denunciar apenas un puñado de casos. Lo destituyeron. Su sucesora, Raquel Caballero, accedió al cargo en septiembre con la venia de todas las fuerzas políticas que impulsan la estrategia represiva, y se ha sumado al coro de instituciones que actúa como si el elefante de las ejecuciones y los abusos no existiera. “Respaldamos las medidas extraordinarias, por el mismo clamor de la población”, dijo Caballero el 22 de diciembre.

Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa, dinamizó su carrera defendiendo la pena de muerte. En la sociedad más violenta del mundo, da votos tuitear “muerte a los mareros” o “pasó lo que queríamos que pasara” el día en que un motín carcelario se salda con 14 pandilleros muertos. Por el contrario, es un suicidio político —y social— exigir que los policías respeten los derechos humanos, plantear mejoras en las cárceles tendientes a la reinserción, o sugerir soluciones al problema que incluyan el diálogo directo y sobre la mesa con los pandilleros.

Hace dos décadas, Colombia tenía tasas de homicidios similares a las que hoy presenta El Salvador. Las han reducido a un tercio. Fortalecer el Estado de derecho y fomentar el diálogo transparente parecen ser apuestas seguras, pero el Estado y la sociedad salvadoreñas prefieren, hoy por hoy, seguir caminando en sentido contrario.