Seguridad

¿Quién tiene el control? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

21 enero 2019 / EL DIARIO DE HOY

“Ametrallan a patrulla en San Miguel”, “muere otro agente de la Policía Nacional Civil”, “disparan contra la sede de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la Policía”. Estas fueron algunas de las noticias con las que nos dormimos el viernes recién pasado. Viernes negro. Muchas muertes violentas de miembros de la PNC, sumados a los civiles que engrosan las estadísticas; todo en un solo día. El país se desangra y el presidente de la República está ausente.

Ese día, el viernes 18 de enero, también se reunieron en Casa Presidencial el director de la PNC, el Fiscal General, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, el ministro de Defensa y el director de Centros Penales para tratar e informar sobre la alerta por el alza en los homicidios de policías y civiles que azota al país. Y el presidente, quien hace varios meses aseguró que estaría al frente de la seguridad pública, ni siquiera se asomó.

Según datos de la PNC, en el año 2016 El Salvador sufrió 5,278 muertes violentas; en 2017 fueron 3,954 y en 2018 se dieron 3,340 homicidios. De estos, en 2016 fueron 47 policías fallecidos, en 2017 se registraron 46, mientras que en 2018 murieron 31. Con este panorama tan sombrío y repetitivo, el gobierno ya debería tener un plan coordinado de seguridad entre las distintas instituciones, pero parece que, un año más, andamos a la deriva. Mientras tanto, surge en el ambiente un nuevo fantasma de pacto con las pandillas para fines electorales. Es vergonzoso y repugnante.

Apenas nos empezábamos a alegrar por varias semanas o meses con una reducción significativa en los homicidios, y las pandillas nos vuelven a demostrar que siguen dominando a su antojo los números de la violencia. Cuando quieren, ponen en alerta al Estado y en pánico a la población. ¿Cómo es posible que se maneje con cierta resignación el alza de estos ataques en época electoral? Pareciera que hasta lo normalizamos. Somos un país que constantemente está en elecciones y a la fecha las autoridades no han sido capaces de ejecutar un plan que controle esta problemática que se repite.

Hay temas o situaciones que nos deberían unir a todos, sin importar ideología o simpatías políticas. Este es el momento para que el gobierno, los partidos políticos y sus líderes, y hasta los candidatos presidenciales dejen a un lado sus diferencias; deben trabajar en conjunto, junto a las diversas instituciones pertenecientes al sector justicia, para tratar de erradicar y solventar el problema. Mejorar la seguridad pública es un tema que nos interesa a todos y sobre el cual los antes mencionados tienen que ponerse de acuerdo sobre la manera adecuada e integral de tratarlo. Hoy se deben borrar los colores políticos, pues se trata de vidas humanas que a diario se apagan.

Cada uno debe asumir su responsabilidad. Al presidente de la República: usted está al mando de este país hasta el 1 de junio de 2019. Aunque sea en los últimos meses de su mandato es necesario que se ponga al frente de la seguridad pública de manera firme, con acciones concretas, y busque la manera de controlar la crisis social por la que estamos pasando.

A los candidatos a la presidencia: queremos planteamientos precisos y realistas sobre la manera en que abordarán el grave problema de seguridad en que permanentemente vivimos; el cómo pretenden hacer las cosas es importante, no queremos más declaraciones de lo que ya sabemos. Ya no podemos seguir lamentándonos la falta de liderazgo en materia de seguridad pública.

Encuestas de Uber. De Cristina López

10 diciembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

De Uber se puede tener variedad de opiniones: es una de las fuerzas más disruptoras de la economía del transporte y, al mismo tiempo, una compañía que se ha resuelto el “problema” de tener que cumplir con leyes y protecciones laborales para sus trabajadores al funcionar con una flotilla de “contratistas” o “colaboradores independientes”. Por suerte, esta columna ni es de Uber ni pretende influenciar debate alguno sobre las complejidades de su aparición en el mercado global en general y el salvadoreño en específico.

Esta columna es sobre las conversaciones políticas interesantísimas que durante la semana pasada, en una visita exprés de esta hermana lejana a mi añorado El Salvador, tuve en el contexto de movilizarme en Uber. Con el servicio me topé con una muestra estadística interesante: los conductores variaron en edad, sexo, profesión u oficio y provenían además de diferentes zonas aledañas a la capital o a La Libertad. Obviamente no estoy abogando por sacar conclusiones con peso estadístico alguno, y es claro que socioeconómicamente los conductores tienden a ser más parecidos que distintos (en el sentido que todos tienen acceso a carro y a tecnología celular en teléfono inteligente) como para no representar más que a un sector sumamente específico de la clase media.

Tuve la suerte de que todos me resultaron platicones, y el tráfico insoportable que nuestra bien intencionada pero insuficiente infraestructura permite, contribuyó al espacio para platicar con tiempo sobre el país. En específico, la situación política y lo que puede que nos depare en las próximas elecciones. Y aunque, de nuevo, las pláticas carecen en lo absoluto de peso estadístico ni deberían inspirar predicción alguna sobre lo que nos depara después de febrero del próximo año, a mí me sirvieron muchísimo, pues, como salvadoreña en el exterior interesada en la coyuntura nacional, las redes sociales son el único medio en el que consumo noticias nacionales. Las opiniones que ahí se vierten son la única manera en la que, desde allá, puedo construir mi percepción sobre la popularidad o efectividad de diferentes candidatos y propuestas y, en cierto modo, tomar la temperatura de ciertos temas.

Y nada: las pláticas me botaron mi percepción construida a punta del ruido de las redes sociales de que el candidato de Nuevas Ideas no tiene competencia. O por lo menos la percepción de que es el incuestionable mesías que resolverá todos los problemas. De la mayoría de conversaciones sobre lo que se habla en redes sociales saqué la conclusión de que hay cierto hartazgo de que el diálogo político y la discrepancia de opiniones de cualquier tipo se hayan vuelto tan tóxicos. Hay quienes dijeron que prefieren no opinar porque el costo de decir opiniones impopulares o que contrarias (incluso en la manera más leve) a lo que parece ser la mayoría se ha vuelto demasiado alto: con bullying, memes sexistas (esto solo lo mencionaron las mujeres), o insultos.

Más allá de candidatos, hablamos de problemas. Y de lo raro que resulta que en un país donde el mayor problema parece ser la seguridad pública, que el tema no sea el eje único y principal de todos los candidatos. Una de las historias que oí, de un conductor que antes hacía rutas dentro de diversas colonias y de cómo tuvo que abandonar ese empleo cuando las maras lo volvieron inviable, me recordó que es imposible hablar de trabajo para todos sin incluir las políticas que harán factible que los trabajos no le cuesten la seguridad a la gente. Sin tratar de hacerle propaganda a Uber, los candidatos deberían considerar darse una vuelta y hablar, sin ideas preconcebidas, con los conductores. Las pláticas son más informativas que la bulla digital.

@crislopezg


Vamos a transitar de un enfoque de represión a uno para construir paz social. De Carlos Calleja

Carlos Calleja presentó el 8 de noviembre su propuesta de cómo construir Seguridad Ciudadana. Se desmarcó tanto de las políticas tradicionales de Mano Dura de los gobiernos de ARENA, como de la guerra declarada contra las pandillas del gobierno del FMLN.
Publicamos este discurso, porque este tema merece un debate. Estamos pendientes de las propuestas de los otros candidatos presidenciales, para publicarlas de la misma manera.


Segunda Vuelta

14 noviembre 2018 / SEGUNDA VUELTA
Nota: El texto que publicamos es la versión autorizada del discurso que la campaña de Calleja proporcionó previamente a los medios. No es una transcripción del discurso. Las ilustraciones provienen de un side show que acompaño el discurso.

Es hora de hablar del tema más importante para todos los salvadoreños – y del que nadie ha querido hablar:

¿Cómo terminar con la pesadilla de violencia y delincuencia, que tiene a los salvadoreños postrados y abatidos, especialmente en los asentamientos precarios urbanos, suburbanos y rurales?

¿Cómo lograr que la gente viva segura en sus vecindarios?

¿Cómo devolver a los niños y jóvenes la felicidad de jugar en las calles y la posibilidad de estudiar?

¿Cómo asegurar a los pequeños comerciantes, a los que quieren comenzar un negocio, a los empresarios del transporte público, a las señoras humildes que se sacrifican todos los días para dar de comer a sus hijos, que nadie les quite el fruto de su trabajo, que nadie los extorsione ni amenace?

Esta es una realidad que no podemos obviar quienes pretendemos gobernar el país. No solo la tenemos que conocer, la tenemos que sentir.

Conozco los estragos de la violencia: expulsa de sus hogares a los más humildes y roba la alegría y el futuro a los más pequeños.

En mis visitas a los barrios de las ciudades y al interior del país, la gente me ha contado todas las formas en las que la violencia destruye sus vidas, su frustración por la inoperancia y ausencia de las autoridades, y el agotamiento de su esperanza.

La delincuencia también ha afectado a las empresas de todos los tamaños y a toda la economía del país. 7 de cada 10 micro y pequeñas empresas se sienten amenazadas por su entorno y 4 de cada 10 son víctimas de algún delito.

Miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado, miles de emprendedores no se han atrevido a comenzar sus negocios, y casi todos los empresarios pagan por dispositivos y servicios de seguridad privada, lo que ha elevado sus costos y ha disminuido su competitividad.

Cada empresa cerrada, cada emprendimiento desalentado, cada inversión extranjera que no ha llegado al país por la inseguridad, se ha traducido en empleos perdidos, en freno al crecimiento, en un costo económico que ronda los $4 mil millones al año, y en reiteración del círculo vicioso de la pobreza en el país.

De este conocimiento de la realidad, de esta identificación personal con el sufrimiento de la gente, de este sentimiento de resignación e impunidad, la primera conclusión que saco es que No podemos seguir así.

No podemos seguir teniendo una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, con más de 60 homicidios por cada 100,000 habitantes el año pasado. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, si seguimos sin poner la voluntad, el compromiso, la inteligencia, los enfoques audaces, la estrategia coherente, los recursos suficientes, el liderazgo decidido y las personas capaces de sacar al país de esta situación.

¡A pesar de su magnitud, el problema tiene solución!

Si hay algún dirigente político o candidato que crea que esto no tiene arreglo, que se vaya para su casa. Yo estoy convencido que podemos dejar atrás esta devastadora ola de violencia y delincuencia.

No voy a hacer promesas irresponsables. No se sale de la noche a la mañana de 20 años de violencia desbordada, no se superan por arte de magia las peores tasas de homicidios del mundo; pero me siento comprometido y capaz a cambiar el rumbo en el campo de la seguridad ciudadana.

Una cosa es clara: vamos a combatir el crimen con la máxima firmeza y el máximo rigor, pero también, el combate central y decisivo será contra las raíces sociales y estructurales de la violencia, contra la exclusión social, la marginación y la ausencia del Estado como garante de la seguridad y proveedor de servicios de calidad.

No podemos seguir con una guerra interminable contra las pandillas. Y menos aún podemos seguir viviendo paralizados del miedo.

Tengo una visión diferente de la intervención estatal, de la eficacia policial y de la estrategia social que debemos impulsar.

La fuerza represiva contra el crimen seguirá siendo indispensable, pero la verdadera fuerza del Estado será llevar la obra pública a toda la población y todos los territorios, sin exclusión alguna.

Cuando digo que no podemos seguir con lo mismo, me refiero a todas las políticas de Mano Dura, tanto de los gobiernos de ARENA como de los de los últimos gobiernos del FMLN, que en vez de producir más seguridad y paz han profundizado la crisis. Es hora de un concepto nuevo y audaz.

Tenemos que cambiar de fondo y forma las políticas – y no solo las políticas de Seguridad en el sentido estrecho, sino TODAS NUESTRAS POLITICAS, y la jerarquía de prioridades de las inversiones sociales.

Vamos a invertir la priorización entre la REPRESIÓN, que ha estado durante décadas al centro de la política de Seguridad – y la PREVENCIÓN, que ha sido un complemento sin estrategia, coherencia y sostenibilidad.

Pero esto solo tiene sentido si redefinimos radicalmente ambos conceptos: represión y prevención. Esto es lo que nuestro gobierno hará en estrecha colaboración con el sector privado, la sociedad civil, los municipios, las iglesias, y la comunidad internacional.

¿Cómo redefinir el concepto de la represión, O SEA DE LA PERSECUSIÓN DEL DELITO?

Vamos a limpiar el concepto de la represión del enfoque de una guerra, de mano dura, de la militarización de la seguridad pública, y sustituir por un enfoque que busca construir paz social.

Vamos a transitar de un enfoque de represión a uno para construir paz social.

La persecución del crimen que necesitamos es la consecuente aplicación de la ley, estrictamente en el marco legal y de los Derechos Humanos.

Tiene que estar basada en la eficiencia de la policía, de la fiscalía y del sistema judicial.

Vamos a priorizar la investigación y la inteligencia por encima de medidas que son contraproducentes para la prevención.

Es imperativo llevar a cabo una reingeniería de las instituciones de seguridad pública, que incluya la despolitización de la Policía Nacional Civil y el reforzamiento de sus mecanismos de control interno.

Vamos a rescatar la vocación civil sobre la seguridad pública: un ministerio de Seguridad civil que supervisa a la policía y los centros penales. No pueden seguir siendo policías controlándose a si mismos.

Esta reingeniería incluye una importante apuesta por la formación profesional de la policía y de Centros Penales, así como la revisión del sistema de ascensos y de una estructura de incentivos que sea sostenible y dignificante.

La situación en los centros penales del país es INSOSTENIBLE.

Vamos a crear un sistema carcelario con prioridad de rehabilitación y formación profesional de los internos.

Quiero hacer énfasis en algo: la mejora de condiciones, prestaciones y equipamiento de los agentes de seguridad es fundamental en nuestra estrategia. Nuestra apuesta es por la Tecno-seguridad.

Recuperaremos los territorios a través de la aplicación de una intervención integral en comunidades, no solo por parte de la PNC, sino por parte de todas las instituciones del Estado. Solo un Estado presente en cuanto a sus servicios puede recuperar el control efectivo de los territorios. Para ello:

  • Nos apoyaremos en comités locales de desarrollo, para darle una participación relevante a las comunidades y autoridades locales.
  • Fortaleceremos la presencia y efectividad de los agentes de la policía a través de patrullajes preventivos, permanentes y respetuosos de los derechos ciudadanos. Nuestro compromiso es que la población se sienta más protegida.
  • Impulsaremos reformas legales, que permitan una pronta y cumplida justicia en delitos menores, lo cual ayudará a descongestionar el sistema judicial, y a contrarrestar el clima de impunidad cotidiano, en casos como hurtos o robos.
  • Fortaleceremos la seguridad de las mujeres en el transporte público, así como los mecanismos de denuncia ante casos de violencia contra la mujer.

Cuando hablamos en una persecución de delito basado en investigación e inteligencia, esto incluye un rol fundamental de la tecnologíaía en nuestra estrategia de seguridad. Dotaremos a la policía de la tecnología necesaria para la prevención, persecución e investigación del delito.

¿Y cómo redefinir el concepto de prevención?

Nosotros vamos a desarrollar el concepto de INVERSIÓN SOCIAL FOCALIZADA. Para hacer sostenible y efectivo el Plan de Seguridad Ciudadana, nuestro gobierno dará a la INVERSIÓN SOCIAL un carácter prioritario, integral, focalizado y sostenible.

Como Presidente asumiré la responsabilidad directa sobre este plan, garantizando que el gabinete revise todas las inversiones sociales (educación, salud, juventud, mujeres, caminos rurales, agua, saneamiento, trabajo) para dar prioridad a aquellas que tengan impacto directo y sostenible sobre las comunidades, barrios, asentamientos precarios, cantones con alto grado de pobreza, exclusión e incidencia delincuencial.

  • Diseñaremos un plan para transformar estas comunidades, en cuanto a infraestructura y servicios públicos de calidad.
  • Solo un ejemplo de lo que haremos de manera inmediata: daremos énfasis a las escuelas que sirven estas comunidades y territorios conflictivos, para convertirlas en escuelas de tiempo completo con extensas actividades complementarias, de tal forma de convertir a las escuelas en los motores de cambio de las comunidades.

Priorizaremos todas aquellas inversiones y programas que, aparte de tener impacto sobre la pobreza y sobre la generación de buenos trabajos, tengan impacto directo sobre la convivencia ciudadana y la seguridad. Esto es nuestro concepto integral de prevención. La única prevención efectiva es que el Estado cumpla con eficiencia todas sus obligaciones, sobre todo con las poblaciones más necesitadas.

En vez de enfrascarnos en una guerra interminable contra las pandillas, produciendo más muertos, vamos a emprender y ganar la lucha contra la violencia y sus raíces, produciendo inclusión, oportunidades, trabajo y convivencia ciudadana.

ME COMPROMETO ESTE DÍA CON USTEDES, a ponerme al frente de los esfuerzos para combatir la inseguridad y la delincuencia que tanto dolor causa a las familias salvadoreñas. Nuestro país merece un enfoque integral como el que este día he planteado. Estoy seguro que es el camino correcto, y sé que juntos, lograremos enfrentar este enorme desafío.


Carta al alcalde D’Aubuisson y al candidato Calleja: ¿Cómo construir paz social? De Paolo Luers

10 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

El mismo día que Carlos Calleja, el candidato presidencial de ARENA, sorprendió a propios y ajenos presentando un concepto de Seguridad Ciudadana que radicalmente rompe con la apuesta tradicional de su partido “mano dura”, el alcalde de Santa Tecla, Roberto D’Aubuisson, también de ARENA, mandó a su CAM a reprimir, con lujo de fuerza masiva, a vendedores informales.

Aquí dos frases claves de la presentación de Calleja:

  • “Vamos a avanzar de un enfoque de represión a uno para construir paz social. Vamos a perseguir el crimen apegados a la ley y el respeto a los Derechos Humanos.”
  • “Nosotros no vamos a continuar una guerra contra las pandillas que genera más violencia y muertos. Vamos a emprender y ganar la lucha contra la violencia con inclusión, oportunidades y #TrabajoParaTodos.”

Aquí dos frases del alcalde de Santa Tecla:

  • “Lamentablemente hay heridos. Heridos del CAMST y heridos de los revoltosos. Y a mí no me preocupan los heridos de los revoltosos, lo quiero dejar bien claro.”
  • “Hay que empoderar al CAM.”

Es obvio que aquí estamos frente a dos concepciones diferentes dentro del mismo partido. Hay quienes toman esta contradicción como prueba para descalificar como no creíbles las declaraciones de Carlos Calleja. Pero también se puede interpretar de otra manera: Tal vez surgió un candidato con la voluntad para romper con las políticas fracasadas y para privilegiar el diálogo y la inversión social focalizada y sostenida sobre el uso masivo de la fuerza.

Voy a dejar clara una cosa: Hay que investigar los enfrentamientos entre vendedores violentos y un CAM fuertemente armado en Santa Tecla. Igual hay que investigar porque la PNC, que constitucionalmente tiene el monopolio del uso de la fuerza, no intervino en Santa Tecla, dejando al CAM enfrentar un problema de seguridad pública. Que bueno que la fiscalía inmediatamente inició estas investigaciones. Esperemos sus resultados antes de hacer condenas públicas contra manifestantes o contra agentes del CAM en el caso de los heridos (de vendedores y agentes) y de la muerte de un vendedor.

Tiene razón el alcalde de Santa Tecla cuando dice: “Es nuestro trabajo mantener el orden.” El problema es: ¿Cómo y con qué políticas y medidas? ¿Militarizando el CAM, de la misma manera que el gobierno ya militarizó a la PNC? ¿O apostando, como propone Carlos Calleja, a la construcción de la paz social mediante una inversión social que se convierte en prioridad #1 del Estado y se focaliza a erradica la marginación y el desempleo?

Estoy convencido que el orden público y la paz social en nuestras ciudades no se construye convirtiendo a las policías municipales en unidades de combate. Tampoco hay que “empoderarlos” a comportarse como el extinto GRP o la UMO de a PNC. Tampoco parece justo tratar a los vendedores, incluso cuando rompan el orden público, como delincuentes o pandilleros.

Es positivo que a fin un candidato salga con una propuesta novedosa de seguridad y esté mostrando un criterio independiente. Habrá que ver si en los meses que faltan para las elecciones logrará precisar y defenderla.

Llama la atención que un candidato se arriesgue ir contra corriente la opinión popular – inusual para los políticos tradicionales en tiempos de campaña. Precisamente por esta razón los candidatos de GANA y el FMLN han preferido no tocar este tema espinoso, pero esencial…

A los que hablan de Santa Tecla para descalificar a Calleja y su propuesta, habría que decir: Es Carlos Calleja que corre para presidente y no Roberto D’Aubuisson – y tal vez no sea casualidad. 

Saludos,

Cinco temas ineludibles. De Luis Mario Rodríguez

25 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La realidad obliga a los presidenciables a pronunciarse sobre cinco temas de trascendencia nacional: la situación fiscal, la inseguridad pública, la acefalía en la Sala de lo Constitucional, la elección del próximo Fiscal General de la República y la situación de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. La indiferencia, el silencio y la superficialidad de los planteamientos no son opción. Se trata de materias de relevante importancia de las que depende la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico y social y la protección de los derechos humanos. No incluir en sus agendas las medidas puntuales para cada uno de esos tópicos debe interpretarse como incapacidad para gobernar.

Los próximos cinco años marcarán la ruta hacia una de dos vías: el descalabro de las finanzas del Estado o el reordenamiento de la deuda pública. La primera nos encaminaría a un nuevo impago y al incumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales; aumentaría el “riesgo país”, se incrementarían los intereses y no seríamos objeto de más préstamos. La firma de un pacto fiscal, por el contrario, impulsaría la implementación del plan de gobierno, reorientaría el destino del gasto público para más inversión y abriría un debate acerca de las fuentes para más ingresos, incluyendo, principalmente, los incentivos para el crecimiento económico.

La lucha contra el crimen debe enfocarse de manera diferente. El abordaje deber incluir los aspectos legales, financieros y estratégicos. El próximo presidente está obligado a discutir y acordar con los operadores de justicia, la policía y la Fiscalía General las herramientas jurídicas que permitan hacer frente a la delincuencia. Es necesario transparentar el presupuesto de seguridad y probar, con evidencias, los rubros a reforzar. La manera en la que se ha invertido el impuesto que resulta de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia no ha demostrado su eficiencia. No hay resultados concretos con los que la autoridad justifique el sacrificio que hace la población pagando ese gravamen. La información es otro asunto a revisar. Los datos no son uniformes; no sabemos “quién pone los muertos” ni hay estadísticas claras que diferencien a los asesinados de los desaparecidos. Sin números y, peor aún, sin análisis riguroso y científico de la data, no hay táctica que resulte exitosa.

Por otra parte la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción son cuestiones ineludibles. La elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del próximo Fiscal General está intrínsecamente vinculado a ese desafío. Las señales no son alentadoras. Los diputados cumplieron esta semana 100 días de retraso en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La apertura del proceso para elegir al titular de la FGR evidencia la intención de un “combo legislativo”. Los aspirantes a dirigir el Ejecutivo no han dado muestras claras para zanjar esta delicada trama. Ahora es el momento de manifestar el liderazgo que ejercerán sobre los grupos parlamentarios con los que tendrán que lidiar en los próximos tres años. No se les pide imponer candidatos a su conveniencia sino sugerir a los más capaces teniendo en cuenta los distintos baremos presentados por las organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo aplica para el próximo Fiscal General. Una mala decisión puede descalabrar el ritmo que ha tomado la erradicación de este flagelo.

Finalmente los migrantes. La caravana de hondureños camino a Estados Unidos nos muestra el drama que viven millones de centroamericanos. En el caso de nuestros compatriotas, de otorgarle la razón la Corte Suprema de Justicia al presidente Trump, quedaría sin efecto la orden preliminar de suspensión que emitió el juez federal de distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, que impide que el gobierno cancele por ahora el TPS para los inmigrantes de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua. Eso significa que el 9 de septiembre de 2019 los más de 260,000 salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal retornarían a suelo nacional ¿Cuál es el plan para insertarlos a la economía nacional? ¿Cuál será el impacto en las políticas de seguridad si en medio de los miles de repatriados vienen peligrosos pandilleros?

Gobernar en el próximo quinquenio no será nada sencillo.

Otra carta a los candidatos: No se corran del tema Seguridad. De Paolo Luers

25 septiembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Escuchamos las primeras pinceladas de un retrato difícil: el de los planes de Seguridad de las fórmulas presidenciales. Recibimos un retrato abstracto, dibujado por Félix Ulloa, quien dijo todo lo políticamente correcto que se puede decir sobre este tema – pero lo único concreto que anunció fue que van a continuar con el Plan El Salvador Seguro y con el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana, así como fue concebido y conducido por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. ¿Más de lo mismo?

Josué Alvarado, candidato presidencial de VAMOS, y Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia de la alianza opositora nos dibujaron por lo menos bocetos de lo que podría ser un cambio de rumbo en la política de Seguridad: invertir la relación entre represión y prevención, priorizando la prevención y convirtiéndola en el eje central de las políticas económicas y sociales del país.

El escenario: un foro convocado por el PNUD y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia para que los candidatos expusieran sus conceptos de política de Seguridad. Un reto incómodo, porque las fórmulas todavía no tienen listos sus planes de Seguridad. Pero más incómodo aun porque la violencia es el tema más sensible para la población – y a la vez el terreno más resbaloso para los candidatos. Saben que para solucionar el problema hay que romper con las políticas de mano dura (versión ARENA y versión FMLN), pero nadie sabe cómo le irá a un candidato que con audacia propone soluciones alternativas.

¿Será por esto que Bukele y Calleja decidieron mandar mejor a sus vices para medir la temperatura del agua antes de quemarse ellos, y que el Frente prefirió no asistir a este foro?

Pero Josué Alvarado y Carmen Aída Lazo mostraron que, por muy delicado que sea el tema, sí se pueden plantear alternativas, aun cuando no correspondan al supuesto clamor popular por medidas más drásticas. Alvarado puso en el centro las comunidades y planteó que hay que intervenirlas, pero no con plomo y sembrando temor entre los jóvenes, sino respondiendo a sus necesidades básicas: educación, salud, oportunidades. Fue también el que más énfasis puso en el daño que las redadas indiscriminadas causan a la confianza de estas poblaciones en el Estado.

Lazo, por su parte, puso el énfasis en la urgencia de invertir más en prevención, pero al mismo tiempo cambiar radicalmente su concepto. Lo definió así: Prevención efectiva requiere que todas las políticas públicas (sobre todo de inversión social, de crecimiento económico y de educación) se concentren en erradicar la pobreza y la exclusión – y en la generación de empleos y oportunidades.

Si desarrollan bien estos enfoques, pueden construir un plan de Seguridad Ciudadana integral con sentido. Faltan muchos elementos concretos, y también más audacia para nombrar con claridad los errores de las políticas pasadas y actuales. Un ejemplo: Cuando el moderador preguntó a los candidatos por sus medidas inmediatas para enrumbar la política de Seguridad, nadie dijo que volver a establecer el control civil sobre la policía. Tenemos un Ministerio de Seguridad en manos de policías, controlándose ellos mismos. Por esto nadie detiene los serios abusos de autoridad. Necesitamos un ministerio civil controlando al instrumento armado.

Otro ejemplo: Nadie tuvo el valor de decir que hay que cambiar radicalmente las prioridades del gasto público. Hay que dejar de regar recursos a todos los sectores y territorios por igual, y focalizar las intervenciones donde producen impacto estructural sobre la pobreza y a la vez sobre la inseguridad. Claro, priorizar y focalizar significa atender menos a otras demandas. Nadie tiene el valor de decir que va a reducir los subsidios generalizados para poder duplicar los presupuestos de los centros educativos en las zonas más conflictivas. Decir esto podría costar votos, pero hacerlo seguramente salvará vidas.

Repito: El tema Seguridad es terreno liso para candidatos en campaña. Sin embargo, queremos soluciones, y ustedes tienen que tener el valor de presentarlas. Si no, quedamos atrapados en más clientelismo y más violencia.

Saludos,

Algunas preguntas para los candidatos. De Luis Mario Rodríguez

13 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

A cuatro meses de las elecciones los candidatos presidenciales no han presentado propuestas serias y estructuradas en tres ámbitos fundamentales para el desarrollo nacional: la seguridad pública, el endeudamiento estatal y el crecimiento económico. Esta es una invitación para que respondan a una lista de interrogantes sobre situaciones que, indiscutiblemente, tendrá que administrar el que gane los comicios.

La inseguridad mantiene a los salvadoreños en una disposición permanente de angustia. Las cifras de homicidios no ceden. No existe una política de Estado que permita contemplar el rumbo, las metas y los resultados en el corto, mediano y largo plazo. El enfoque electoral del problema, por las administraciones de derecha y de izquierda, ha impedido un tratamiento responsable del tema. Las extorsiones ahogan a los pequeños empresarios y las maras siguen al asecho de los jóvenes en zonas donde la autoridad no logra recuperar el control del territorio.

¿Cómo enfrentarán a las pandillas? ¿Cuál será su estrategia para combatir las extorsiones? ¿Cuáles son sus planes de prevención del delito, de rehabilitación y de reinserción de los privados de libertad? ¿Cuál es su planteamiento en relación al hacinamiento carcelario? ¿Impulsarán una política criminal que atienda el dilema de la seguridad de manera global? ¿Promoverán un proceso de depuración al interior de la Policía Nacional Civil? ¿Otorgarán un mayor presupuesto a esa entidad para incentivar a los agentes policiales y proteger el futuro de sus familias ante los atentados que sufren aquellos en el desempeño de sus deberes? ¿Mantendrán en una sola institución la atención a la seguridad y a la justicia o debatirán acerca del restablecimiento de dos ministerios diferentes? ¿Retomarán el Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Propondrán una normativa legal que armonice las estadísticas criminales y que evite la contradicción de los datos y la falta de información sobre los diferentes delitos? ¿Instalarán una mesa de consulta con jueces, fiscales y gremiales de abogados que les permita identificar modificaciones a las leyes para una lucha más eficiente en contra de la delincuencia?

El endeudamiento público sobrepasó los topes límite para una economía dolarizada. El pago de las obligaciones crediticias asfixia el financiamiento de diferentes programas y políticas públicas. Los acuerdos en esta materia se incumplen reiteradamente. A las fuerzas políticas parece no importarles el desprestigio internacional y el encarecimiento de los intereses que causó el impago de la deuda en 2017.

¿Cuál es el programa de los presidenciables para reducir progresivamente la deuda pública durante su quinquenio? ¿Fomentarán un “pacto fiscal integral” en los primeros seis meses de su gestión? ¿Cómo mejorarán los ingresos de la hacienda pública? ¿Subirán los impuestos, crearán incentivos fiscales para atraer inversión, recomendarán medidas para acabar con la evasión y la elusión fiscal? ¿Cómo atenderán el exceso de gasto público? ¿Qué harán para afrontar la presión del escalafón salarial de los ministerios de educación y salud? ¿Conservarán el sistema privado de pensiones, multiplicarán el rendimiento de los ahorros e incorporarán los cambios que no fueron atendidos durante la última reforma para mitigar el apremio fiscal? ¿Cuáles criterios aplicarán para aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes)? ¿Revisarán el incumplimiento de la “ley reguladora de endeudamiento público municipal” que establece un techo a los pasivos de los gobiernos locales? ¿Presentarán un plan de empréstitos internacionales con montos y cronogramas cuya aprobación es indispensable para estabilizar el endeudamiento? ¿Cómo pretenden alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para ratificar esos préstamos? ¿Ampliarán la base tributaria facilitando la formalización de los comerciantes?

El otro gran asunto: la economía. Sin la pujanza empresarial no hay empleo, se ensancha la pobreza y el Estado no recibe más impuestos para financiar programas sociales, infraestructura de gran impacto y áreas como la seguridad. Nos encontramos a la cola en Centroamérica en captación de inversionistas nacionales y extranjeros, tenemos la menor tasa de crecimiento económico y cientos de miles de salvadoreños afrontan circunstancias miserables de vida ¿Cuál es su proyecto para restablecer las condiciones óptimas de competitividad y productividad, para facilitar los negocios, generar confianza, aplacar la tramitología, acabar con el clientelismo y modernizar la función pública? La mesa está servida.