Guatemala

¡Qué envidia los chapines! De Cristina López

Una de las lecciones que podemos aprender de los guatemaltecos es que la corrupción no desaparece solo porque se instauren comisiones internacionales en su contra.

Cristina LópezCristina López, 25 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Qué envidia dan los chapines, la verdad. Aunque padecen de uno de los mismos males que ha plagado a tantas sociedades latinoamericanas, o sea, gobernantes que han usado el servicio público para enriquecerse, han respondido de maneras más valientes. El 20 de septiembre llenaron las calles con más de 205 mil ciudadanos (según cifras del movimiento Justicia Ya) que con un paro nacional buscaban demostrar su descontento con la corrupción de las autoridades y exigir reformas al sistema.

EDH logY no es poco lo que la sociedad civil guatemalteca ha logrado hasta ahora: hace 2 años, en 2015, la presión ciudadana fue uno de los factores más importantes para lograr la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Lo verdaderamente envidiable es que han logrado trascender de la polarización y los colores partidarios, y en las calles y plazas, los colores que predominaban eran los de la bandera chapina. Tanto en la capital como en el interior del país, el clamor ciudadano se dejó oír a una sola voz, trascendiendo (quizás no totalmente, pero algo) las divisiones habituales entre campo y ciudad. En pocas palabras, lo que los chapines están protestando es lo mismo que podríamos protestarles a nuestros propios gobernantes: que se han aprovechado del poder para enriquecerse.

Específico al caso chapín, lo que muchos activistas exigen actualmente es una reforma a su legislación electoral y de partidos políticos para evitar la financiación con dinero oscuro y la protección de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que tantos frutos les ha rendido y a la que tanto le teme su presidente, Jimmy Morales. Tanto así que su discurso frente a las Naciones Unidas solo vino a confirmar sus intenciones de debilitar las instituciones instauradas para exigirle cuentas y proteger el Estado de Derecho.

Las protestas no son solo en contra de la corrupción de Morales, sino también en contra de los legisladores que continúan protegiéndolo y se niegan a quitarle el fuero.

Los diputados, en su esfuerzo de proteger a Morales y protegerse de potenciales investigaciones por corrupción, intentaron pasar reformas legislativas diseñadas para que líderes de partidos políticos puedan evitar las consecuencias penales de violentar leyes de financiamiento electoral. Fue su Corte Constitucional la que tuvo que intervenir y obligarlos a corregir la plana, puesto que el espíritu de las reformas claramente era evitar la justicia y esto violentaba el Estado de Derecho.

La reacción de la sociedad civil ha sido también protestar las acciones de los diputados, llegando al punto que varios negocios les han negado sus servicios. Aunque ha habido críticas de que negar servicios comerciales por razones políticas raya en la violencia a los derechos civiles, hay que recordar que ser corrupto no es una condición natural inevitable, sino un ejercicio que se decide libremente y que acarrea terribles consecuencias sociales y erosiona el estado de derecho. No será hasta que los corruptos sufran consecuencias reales por sus actos –tanto legales como sociales– que la corrupción comenzará a menguar.

Una de las lecciones que podemos aprender de los guatemaltecos es que la corrupción no desaparece solo porque se instauren comisiones internacionales en su contra. Parte del problema está en la cultura de tolerancia y en la indiferencia. Los gobernantes deberían abstenerse de la corrupción no solo porque lo prohíben las leyes, sino porque deberían temerle a la sociedad civil cuando esta se organiza y protesta. En nuestro país, que existan políticos corruptos pone en evidencia que no nos tienen miedo. ¡Qué envidia da Guatemala!

@crislopezg.

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La tragedia de ‘un sistema de protección fallido’ en Guatemala. The New York Times

Un retrato de Siona Hernández, de 17 años, durante su funeral en Ciudad Peronia, al sur de Ciudad de Guatemala, el 10 de marzo. Credit Johan Ordonez/Agence France-Presse – Getty Images

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CIUDAD DE GUATEMALA — Aún no habían pasado 36 horas del incendio en el que murieron 37 mujeres adolescentes en un hogar estatal para menores, cuando llegó la orden judicial de regresar a un niño a esas mismas instalaciones.

Dos días antes, el 7 de marzo, más de medio centenar de menores habían intentado escapar de ese centro, pero solo 19 lo lograron. El resto fueron detenidos por la policía esa misma noche en los bosques y campos de los alrededores. Cuando volvieron las autoridades del hogar decidieron encerrarlos bajo llave: las mujeres en un aula y los hombres en un auditórium.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en las afueras de la capital guatemalteca, es el principal centro de acogida de menores de Guatemala. El gobierno lo fundó en 2010 y allí viven, en distintas áreas y sin protocolos claros de atención diferenciada, niños huérfanos o abandonados, víctimas de trata o de violencia intrafamiliar, menores en conflicto con la ley (algunos señalados de extorsión o asesinato) y miembros de pandillas cuyos padres decidieron que no tenían la capacidad para hacerse cargo. El 90 por ciento de los habitantes del hogar tienen padres o familiares cercanos, pero están internados por orden judicial.

El intento de huida había activado a dos equipos de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sabían que después de un hecho así, los familiares suelen agolparse en la entrada del centro para pedir que les devuelvan a sus hijos y querían aprovechar la circunstancia para “desinstitucionalizar” a algunos de los menores.

Los equipos de la PGN, conformados por psicólogos, abogados, y trabajadores sociales, tenían la misión de que la mayor cantidad posible de menores regresara con sus familias y de buscarle a los nuevos casos salidas distintas a las judiciales. El internamiento es la decisión automática de la mayoría de los jueces.

Según investigaciones fiscales, desde que se abrió el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, dentro de sus muros de aspecto carcelario habían sucedido demasiadas historias de abuso y violencia: golpizas, trata, violaciones, y hasta un asesinato. Entre los especialistas en la atención de menores se consolidaba la idea de que el centro de protección se había convertido en un lugar de maltrato.

Una psicóloga de la PGN que acudió al hogar la noche del 7 de marzo, y habló con la condición de mantener su anonimato porque no está autorizada para dar declaraciones, cuenta que al volver al centro en la mañana del miércoles vio cómo un incendio empezaba a devorar el aula en la que habían encerrado a las niñas que protagonizaron el escape. Tuvo la impresión de que los bomberos tardaron en llegar. Nadie puso en marcha ningún protocolo de evacuación, pero algunos tomaron unos baldes en los que se lava ropa y corrieron febrilmente acarreando agua con la intención de socavar el fuego.

“Los internos del otro módulo rompieron los vidrios para salir a ayudar, mojaron colchas, pero con el fuego a la espalda, las autoridades estaban más preocupadas porque los hombres no salieran de donde les habían encerrado y se armaron varias trifulcas para que regresaran”, recuerda la psicóloga. “Todo ocurrió muy rápido, en menos de quince minutos”.

Funcionarios del Ministerio Público aventurarían la hipótesis de que dos niñas le prendieron fuego a un colchón en protesta por los malos tratos. Según la psicóloga, cuando los bomberos superaron el muro de personas que se concentraban en la entrada preguntando por sus hijos, uno de los socorristas se echó a llorar. Ella y sus compañeros ayudaron a extraer los cadáveres carbonizados de las adolescentes.

Familiares cargan el viernes con los restos de Madelyn Patricia Hernández Hernández, una joven de 14 años que murió en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Credit Moises Castillo/Associated Press

Un día después del incendio, la mitad del personal no llegó a trabajar, y de los cerca de 800 jóvenes que se encontraban internados cuando comenzó el incendio en ese establecimiento concebido para alojar a no más de 500 personas, ya solo quedaban 80. “Son los jóvenes que nadie quiere”, dijo la psicóloga.

En la noche del jueves, calcinada ya toda esperanza, centenares de personas comenzaban a manifestarse frente al Palacio de Gobierno. Con día y medio de retraso, el presidente Jimmy Morales ofreció su primera conferencia de prensa. No había hablado antes porque se encontraba atendiendo asuntos urgentes, explicó su portavoz. El presidente ofreció una única solución: “cerrar de forma paulatina” el hogar estatal, y dejar la investigación de lo ocurrido a las autoridades correspondientes. Ya habían destituido al director, pero no rodó ninguna cabeza más.

En ese mismo instante, por orden del juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, Máximo Gustavo Ruiz Campos, ingresó el niño al hogar. No era nuevo. El ejército lo había encontrado en medio del bosque. Era uno de los huidos que a menos de 36 horas del incendio fue obligado a regresar a las ruinas de las que había escapado. Sus padres lo habían entregado por rebelde. Según el personal de la PGN, en el centro carecían de un expediente con sus datos.

Desde 2013 decenas de denuncias han sido presentadas ante la fiscalía y la Procuraduría de los Derechos Humanos por abusos sexuales y vejámenes cometidos en contra de los niños en el hogar donde ocurrió la tragedia. Una denuncia menciona una organización criminal integrada por empleados de ese sitio, dedicada a la explotación sexual de las niñas recluidas.

Mayra Véliz, secretaria general de la fiscalía, anunció el jueves que un equipo especial ha sido designado para esclarecer los hechos. “Se investigarán todas las denuncias, las anteriores y las nuevas relacionadas con lo que ha ocurrido en ese lugar”, aseguró Véliz. “Esto no quedará impunidad”, agregó.

‘Quienes tenemos niños albergados, tenemos que lidiar con un sistema de protección fallido’. Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza

“El sistema de protección de niños y adolescentes no funciona”, señala Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, una organización no gubernamental dedicada a la protección de niños desamparados. Escobar Sarti estaba deshecha. Cuatro niñas que pasaron por La Alianza habían terminado en el centro estatal. Y ahora tres estaban muertas.

“Quienes tenemos niños albergados, tenemos que lidiar con un sistema de protección fallido”, sin recursos y sin el respaldo de políticas públicas funcionales, agrega.

El año pasado, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia apenas contó con un presupuesto de unos 2,5 millones de dólares para el mantenimiento de cuatro orfanatos, entre ellos el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Más de la mitad de esos recursos se invierten en la alimentación de los cerca de 800 menores internados en cada uno de los establecimientos, según las autoridades. El resto se destina al pago de salarios del personal encargado de la educación y protección de los menores.

Oficiales de policía resguardan la entrada al Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San Jose Pinula, Guatemala, el 8 de marzo. Credit Luis Soto/Associated Press

En un comunicado anterior a la conferencia de prensa del presidente, el gobierno responsabilizó al organismo judicial por la tragedia. “Previo al siniestro, se solicitó a los órganos jurisdiccionales el traslado inmediato de los menores en conflicto con la ley a otros centros de privación de libertad para evitar consecuencias mayores”, se lee en el comunicado. “El gobierno de Guatemala lamenta que no se atendiera esta petición en el momento oportuno, acción que pudo haber evitado la tragedia que hoy lamentamos todos los guatemaltecos”.

El gobierno decretó tres días de duelo nacional, pero la respuesta no ha sido suficiente para tranquilizar los ánimos. Desde ayer se organizan protestas contra el gobierno frente al Palacio Nacional.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia se ha resistido a informar sobre la identidad, calidades profesionales y perfiles psicológicos del personal encargado de la seguridad, educación y protección de los menores. También se negó a acatar la resolución de un juez de menores que en diciembre ordenó mejorar las condiciones de vida de los internos. “No hemos cumplido al 100 por ciento” las disposiciones del juez, pero “hemos remodelado las instalaciones e incrementado el personal”, dijo el miércoles en una rueda de prensa el director de la SBSP, Carlos Rodas.

En los últimos cuatro años, decenas de jóvenes han huido del centro. “Los más grandes nos pegaban y abusaban”, declaró a medios locales Daniel, un chico de 16 años que logró salir el miércoles después del incendio.

“Mi hija siempre se quejaba de que las monitoras las maltrataban y obligaba a hacer física (ejercicios) en la madrugada”, dijo una mujer que buscaba a su hija entre las víctimas.

Carta a nuestra conciencia: ¿Lo del ‘Hogar Seguro’ de Guatemala puede pasar mañana en El Salvador? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 11 marzo 2017 / EDH

En Guatemala celebraron el Día de la Mujer dejando morir a más de 30 muchachas en un lugar que irónicamente se llama ‘Hogar Seguro’.

Las menores de edad -algunos internados por abandono, otros por conflicto con la ley- durante años fueron sujeto a abusos de todo tipo, incluyendo violaciones. Sus denuncias y las respectivas órdenes judiciales no fueron atendidas por las ‘autoridades’. 80 de ellas se fugaron y 60 fueron recapturadas y encerradas en una sala. Se amotinaron. Hubo un fuego, posiblemente causado por las niñas encerradas para llamar la atención a su situación, como grito de ayuda. Nadie los liberó, nadie les abrió las puertas. Murieron más de 30, y unos 20 están en hospitales, debatiéndose entre vida y muerte. Feliz Día Internacional de Mujer…

diario hoyNos tenemos que preguntar: ¿Puede pasar algo parecido en El Salvador? ¿Cómo asume el Estado salvadoreño su responsabilidad sobre los menores de edad que están a su cuidado, sea por abandono o maltrato de parte de sus familias, sea porque han violado leyes?

Sinceramente: ¿Cuántas de las siguientes preguntas las podemos contestar con un sí?

¿Nos consta que en El Salvador, en las ‘instituciones de resguardo’, no están mezclados menores abandonados con menores delincuentes?

¿Podemos estar seguros nosotros que en El Salvador en estas ‘instituciones de resguardo’ los menores internos no sufren el mismo hacinamiento, los mismos abusos sexuales, la misma comida podrida, la misma ausencia de asistencia sicológica y educación que en Guatemala? ¿O para no ir tan lejos, como en nuestros centros penales?

¿Podemos dormir tranquilos, sin pesadillas, luego de ver las noticias del ‘Hogar Seguro’ de Guatemala y escuchar a los funcionarios de más alto nivel del país vecino evadiendo su responsabilidad?

¿Podemos confiar que en nuestro país las niñas y los niños en los orfanatos, los centros de resguardo, los centros de detención de menores viven seguros y libres de humillaciones, abusos, violaciones?

¿Podemos confiar que en El Salvador no puede pasar una tragedia similar?

Temo que a cada una de las preguntas la respuesta es: no. No podemos confiar en esto.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos como sociedad ante esta incertidumbre? ¿Cómo garantizamos que la dignidad y seguridad de los menores que están bajo la custodia del Estado?

Cada uno tiene que hacerse estas preguntas inquietantes. No podemos dormir tranquilos.

Piénsenlo.

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Lea el reportaje:
La tragedia de ‘un sistema de protección fallido’ en Guatemala

La “Unidad Antiimpunidad” en la FGR. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 22 septiembre 2016 / EDH

Con la “Unidad Especial Antiimpunidad”, anunciada por el Fiscal General de la República en una videoconferencia organizada desde Washington por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, son tres los modelos institucionales para el combate de la corrupción en la región Centroamericana. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) complementan el grupo de entidades con las que los Estados del triángulo norte enfrentarán un flagelo por años enquistado en sus respectivas sociedades pero sobre el que muy pocos mostraron interés por erradicar.

diario hoyLas funciones y la evolución de los tres prototipos son muy diferentes. La génesis de la CICIG se remonta al año 2006 y su principal promotor fue el exvicepresidente de la República, Eduardo Stein, junto a la Organización de las Naciones Unidas. Los cinco fenómenos criminales priorizados para su investigación por la CICIG son el contrabando, la corrupción administrativa, el financiamiento electoral ilícito, la corrupción judicial, el narcotráfico y el lavado de activos.

En agosto de 2014 se concretaron capacitaciones sobre métodos de análisis financiero, detección de capitales, narcotráfico, corrupción institucional y análisis criminal e identificación de estructuras. Fueron capacitados un total de 65 funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos Económicos y del Departamento de Análisis Criminal. El caso conocido como “La Línea”, que desmanteló una red de defraudación aduanera en abril de 2015, y el de la “cooptación del Estado de Guatemala”, de junio de 2016, son dos de los procesos exitosos de la CICIG.

Por su parte, el convenio que constituyó la MACCIH fue suscrito el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA. Las líneas de acción se basaron en cuatro componentes: i. La prevención y el combate a la corrupción; ii. La reforma de la justicia penal; iii. La reforma político-electoral; y iv. La seguridad pública.

De manera similar a la CICIG, la MACCIH no se limita a una sola área de investigación y amplía sus facultades, por ejemplo, a la materia electoral. En este ámbito presentó, siempre con el respaldo de la OEA, una “Ley de Política Limpia”, en la que se imponen límites a los partidos para gastar en las campañas electorales, se fundan registros de contribuciones privadas, se abre la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización con el objetivo de auditar, investigar y sancionar a partidos y candidatos que infrinjan la normas de financiamiento y se prohíben los donativos anónimos.

En el proyecto de ley de la MACCIH sobre el financiamiento de los partidos también se les impone la obligación de informar sobre sus ingresos y gastos, se establece la sanción de “expulsión” de la competencia electoral para los candidatos cuya campaña sea financiada con dinero ilegal, se crea un catálogo de sanciones que puede llegar hasta la cancelación de la inscripción de un partido, se prohíben los actos de inauguraciones de obras como actos de proselitismo y se suspende la publicidad estatal durante el tiempo que dure la campaña electoral. Algunos de los castigos son muy severos porque podrían debilitar al sistema de partidos, pero lo relevante es la intervención en un espacio que indudablemente se presta a conductas ilegales.

La situación salvadoreña tendrá matices diferentes. Será el Fiscal General de la República el que, reformando el Reglamento Especial de la FGR, creará la nueva unidad. Las funciones de esta instancia tendrán como límite las atribuciones que la Constitución de la República y la respectiva Ley Orgánica otorgan al titular de la Institución. Las ventajas de esta iniciativa son la especialización que podrán adquirir sus integrantes, el soporte que le brindará la comunidad internacional y la coordinación con otras instituciones públicas para la obtención de información y la persecución del delito.

Con la Unidad Antiimpunidad se cierra un círculo que, en el marco de la Alianza por la Prosperidad, procurará mejorar el funcionamiento de la institucionalidad democrática por medio de la intolerancia a la malversación de los fondos públicos.

Izquierda continental rechaza a la CICIG. De José Rubén Zamora

José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, Guatemala

José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, Guatemala

José Rubén Zamora, 29 junio 2016 / EL PERIODICO

La XXII edición del Foro de São Paulo realizada en El Salvador entre el 23 y 26 de junio finalizó con 23 conclusiones, entre las cuales se rechaza el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por considerarla una “injerencia de los Estados Unidos”, que irrespeta la soberanía de los países. Los países firmantes se refirieron de esta forma al tema:

En la actual coyuntura es importante resaltar que en Guatemala se produjo una maniobra política impulsada por las fuerzas de la derecha empresarial, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, para construir el triunfo electoral del cómico Jimmy Morales, apoyado por exmilitares de la ultraderecha, como parte de su estrategia global en contra de la corrupción, iniciada con el golpe en contra de la dirigencia de la FIFA. La estrategia imperialista ha comprendido debilitar a los candidatos que les resultaban indeseables en las pasadas elecciones, para en un segundo momento afectar a los grupos oligárquicos involucrados en evasión de impuestos y lavado de activos. Esa estrategia incluye perseguir penalmente a Screen Shot 2016-06-30 at 4.32.36 PMfuncionarios y empresarios corruptos, introducir cambios en el sistema de justicia, fortalecer algunos espacios democráticos y cambios importantes en el modelo económico oligárquico plutocrático, que limita el crecimiento de la economía nacional, ha generalizado la pobreza (según datos oficiales, el 60 por ciento de la población vive en la pobreza), y construye un escenario de generalizada inestabilidad.

En Guatemala, Estados Unidos está aprovechando el trabajo a favor del fortalecimiento de la justicia que ha impulsado la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) creada por la ONU, originalmente a raíz de los Acuerdos de Paz, para desmantelar las estructuras de poder paralelo que sembraron el terror en el país entre 1954 y los primeros años de la década del noventa. En ese sentido, aunque el fortalecimiento de la justicia que se está produciendo en Guatemala es real y beneficioso para el país, la intención de Estados Unidos es crear un efecto demostración, que les permita promover comisiones internacionales similares, controladas por ellos, como ya pasó en Honduras con la creación de una Comisión en el marco de la OEA, para intentar desestabilizar al gobierno del FMLN en El Salvador y probablemente intentaría hacerlo más tarde en contra del FSLN en Nicaragua. Un conjunto de factores, incluyendo las movilizaciones que de abril a septiembre se produjeron en buena parte del país, pero en especial las investigaciones penales por casos de corrupción que han desarrollado la CICIG junto al Ministerio Público, han producido además la captura de dos expresidentes del Congreso de la República, de varios exdiputados y la solicitud de antejuicio en contra de otros dos expresidentes del Congreso y cinco diputados más.

El “Titiritero” detrás de la resolución del XXII Foro de Sao Paulo

Ángel González, un hombre de negocios apátrida, que practica el pragmatismo pervertido y sin ideología, que igual establece alianzas con las derechas e izquierdas corruptas. Es uno de los bastiones del FMLN en El Salvador, de Daniel Ortega y el FSLN en Nicaragua y del presidente Rafael Correa en Ecuador, pero también ha sido aliado de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en Guatemala, como lo fue de Fujimori y Vladimiro Montesinos en Perú y de los Kirchner en Argentina.

A pedido del Presidente Correa compró uno de los últimos diarios de prensa independiente de Ecuador, quizá el más importante de ese país. Ahora, ha cobrado facturas a sus socios izquierdistas del continente y con el liderazgo de Correa y el soporte del FMLN de El Salvador y el FSLN de Nicaragua, ha inducido a través de sus operadores una resolución en contra de CICIG con aire “anti-imperialista”, no obstante, vive y disfruta de las comodidades, la civilización, el respeto, los privilegios, lujos y las seguridades de las que solo puede gozar un billonario de su dimensión y calibre descomunal en los propios Estados Unidos, con el capital incalculable que ha acumulado exponencialmente esquilmando Centro y Sudamérica y el Caribe y degenerando sus respectivas democracias.

La CICIG, fue ideada, conceptualizada e impulsada por los guatemaltecos. Sin embargo, para ellos –los izquierdistas verticalistas y de discurso único– y para Ángel Remigio González y González, no es la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad que derrumba a los todopoderosos (no importa la cuna donde nació ni el poder que ejerció), sino el instrumento del imperio –los Estados Unidos de América– para dominar y someter a América Latina.

Ángel Remigio González y González dirige y controla sus monopolios de televisión, oligopolios de radios, medios escritos, restaurantes y bienes inmobiliarios en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, todos a través de prestanombres y testaferros, desde su mansión en Key Biscayne, en Miami, Estados Unidos, de donde es residente y tiene establecidas desde hace bastante más de una década sus oficinas centrales.

A continuación, cómo Ángel Remigio González y González interpretó y difundió la Resolución del XXII Foro de São Paulo, a través de Radio Sonora en Guatemala y el diario El Comercio de Ecuador, ambos propiedad del magnate mexicano:

El domingo 26 finalizó en El Salvador el Foro de São Paulo, con la presencia de la militancia de izquierda de distintos países. Uno de los acuerdos a los que llegaron los asistentes al final de la reunión fue unirse contra una supuesta injerencia de los Estados Unidos. Las reuniones y deliberaciones de los representantes de los movimientos de izquierda regionales duraron cuatro días y culminaron con 23 resoluciones. Uno de los principales temas discutidos fue el rechazo a la creación de organismos como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El líder y secretario general del FMLN, Medardo González, advirtió que se trata de “esquemas políticos intervencionistas que más bien lo que hacen es debilitar (la política interna) y están evidenciando que están usando a Guatemala como un laboratorio político”. En el Foro se hizo énfasis en la “lucha en contra de la ofensiva imperial, en contra de todos estos métodos”.

A la presente edición del Foro de São Paulo asistieron unos 500 políticos de izquierda del continente, el cual fue fundado por el Partido de los Trabajadores en São Paulo en 1990 para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de Berlín.

El Foro de São Paulo es una instancia creada por Fidel Castro y Lula Da Silva para reagrupar a las organizaciones de izquierda en el continente. Lo ha liderado también Hugo Chávez y ahora está en manos del presidente de Ecuador, Rafael Correa.

El Presidente de Ecuador tiene una estrecha alianza con Ángel Remigio González y González, el dueño del monopolio de canales de televisión abierta en Guatemala, cuya esposa tiene una orden de captura internacional al ser acusada por la CICIG y el Ministerio Público en el caso Cooptación del Estado, por financiar de forma ilícita al Partido Patriota y de obtener millonarios contratos del Estado como forma de pago al apoyo de dicha organización. González y González también regaló una mansión de descanso, en Marina del Sur, en el Pacifico guatemalteco, a través de una red de testaferros por US$900,000.

 El único medio que dio amplia difusión a la declaración final de la XXII edición del Foro, fue el diario El Comercio, un medio de comunicación ecuatoriano que era considerado como el último bastión de la libertad de expresión en el país, pero que en 2015 fue vendido a Ángel González, quien a pesar de que no comulga con los medios escritos, lo adquirió a petición de Correa, con el fin de acabar con los medios de comunicación independientes en ese país.

 “El pueblo pidió a la CICIG”

 En contraste con las conclusiones del foro, los representantes de la izquierda guatemalteca como el diputado al Congreso Álvaro Velásquez, se desligan del acuerdo alcanzado en El Salvador y expresan apoyo a la CICIG.

“No suscribimos el acuerdo porque apoyamos plenamente a la CICIG y al Ministerio Público. Entiendo que el discurso de la izquierda exguerrillera teme que haya intervención en El Salvador, Nicaragua o Venezuela, pero no es para nada la realidad guatemalteca. Nosotros pedimos a este órgano para fortalecer el Sistema de Justicia en el país”, subrayó.

 En tanto que la activista Helen Mack dijo estar en desacuerdo con el documento suscrito por las izquierdas de América, ya que “el instrumento como tal no es intervencionista porque quien lo pidió y lo solicitó a las Naciones Unidas, fue el mismo país y fue aprobado por el Congreso”.

“Es un modelo híbrido que nació por los ataques que teníamos los defensores de Derechos Humanos que trabajamos por casos de memoria. No hay una cuestión ideológica sino de justicia”, subrayó Mack.

Iván Velásquez, comisionado de la CICIG: “La CICIG es como una coraza que ha podido proteger a la Fiscalía de Guatemala”

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no es un superpoder, dice Velásquez, ante algunas de las críticas respecto de este organismo cuyo trabajo llevó a la caída del presidente guatemalteco. “Lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados”. Velásquez agrega que, lejos de suplantar a la Fiscalía guatemalteca, la CICIG la ha apuntalado y protegido en la lucha contra la corrupción.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuyo mandato comenzó en septiembre de 2013. Velásquez terminará su trabajo en septiembre de 2017. Foto: cortesía de CICIG.

Gabriel Labrador, 8 noviembre 2015 / EL FARO

el faroDurante la hora que durará esta entrevista, Iván Velásquez Gómez, quien está al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 6 septiembre de 2013, mirará en numerosas ocasiones el reloj colgado de la pared. Tiene prisa, como siempre, y con su agenda llena de actividades no puede darse el lujo de extenderse demasiado con periodistas. Desde abril, cuando la CICIG reveló la existencia de una estructura criminal encabezada por el entonces presidente Otto Pérez Molina que eventualmente lo obligó a renunciar, su reserva y diplomacia con la prensa ha sido una constante, aunque sería un error asegurar que Velásquez no es accesible. La mañana de este miércoles 28 de octubre asistió a la inauguración de un salón especial de audiencias en la Corte Suprema de Justicia y a media tarde tendrá una breve pero significativa conferencia de prensa con el presidente electo Jimmy Morales.

Velásquez permitirá que esta entrevista se extienda media hora más de lo pautado y responderá cada pregunta como si su cargo dependiera de ello, con la claridad de alguien que ha reflexionado sobre las mismas ideas una y otra vez. “No, la CICIG no es un superpoder”. “El propósito es que la ciudadanía sea activa, participante”. “Estamos acostumbrados en nuestros países a que simplemente se elija a los representantes”. A la media hora de entrevista, Velásquez y su asesor de prensa insinúan que ya se agotó el tiempo para platicar. Velásquez sabe que la CICIG y él no son del agrado de muchas fuerzas que se resisten a ser investigadas. Hasta abril pasado, el mismo gobierno de Otto Pérez Molina aún regateaba la posibilidad de pedir a Naciones Unidas que extendiera otros dos años el mandato de la Comisión. Tras la revelación de la existencia una organización de defraudación aduanera con raíces en el mismo gobierno de Pérez, a este no le quedó otro remedio que refrendar el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017.

Guatemala vive en la incertidumbre. Tras la caída de Pérez Molina en septiembre, los guatemaltecos eligieron como sustituto a un comediante sin experiencia política que, por si no bastara, tendrá un Congreso desfavorable. Malas noticias para las profundas reformas políticas y leyes que el país requiere para frenar la corrupción: leyes como la de partidos políticos, la del servicio civil, o la de contrataciones del gobierno.

Es un país pobre y desigual, con niveles de delincuencia entre los más altos del mundo y con instituciones penetradas por el crimen organizado. Este miércoles 28 de octubre solo han pasado dos días -y un día después de la segunda vuelta en la elección presidencial- desde que la CICIG desbarató una organización integrada por médicos y empresarios dedicados a enriquecerse mediante la venta de medicinas a hospitales públicos. Uno de los principales implicados, Gustavo Alejos, ahora prófugo, financió la campaña de los últimos tres presidentes, Óscar Berger, Álvaro Colom y Pérez Molina.

Velásquez es un abogado y exmagistrado colombiano de 60 años, y dice que la Guatemala que él ve en el futuro debe tener a sus ciudadanos muy activos y empoderados, ejerciendo veedurías locales para controlar el poder. Sabe que el camino es largo y que se parte desde un punto cercano al cero. “La ciudadanía no estaba preparada para quedarse sin presidente y sin vicepresidenta, pero es un proceso en formación”, dice, cuando se le pregunta quién está liderando la búsqueda de las transformaciones del país exigidas por multitudes desde abril hasta la caída de Pérez Molina.

Antes de ser comisionado de la CICIG, en su natal Colombia, Velásquez envió a prisión a medio centenar de congresistas colombianos por sus relaciones con el paramilitarismo, y también encontró el nexo de 130 diputados con estructuras del narcotráfico.

Está puntual para la entrevista a las 12 del mediodía de este 28 de octubre.

¿Usted cómo describe a la Guatemala de hoy en contraposicón con la que usted encontró en septiembre de 2013?
Sí ha habido una transformación. Desde abril, el movimiento social, la reacción después de presentar el caso de defraudación aduanera de La Línea, significó un despertar de la sociedad que se expresó, primero, de manera casi que absolutamente espontánea, y que de pronto fue creando niveles de coordinación suficiente, aunque no con una preparación grande, como para que algunos actores empezaran a hablar entre sí. Por ejemplo, el 25 de abril hubo estudiantes que salieron a manifestar aisladamente pero después, el 2 de mayo, sectores estudiantiles que nunca habían conversado entre sí lo hicieron. Creo que ellos nunca pensaron en que iban a sentarse a una misma mesa para un propósito común. Ha sido muy provechoso en el país, precisamente, tener un propósito común, porque ha habido mucha división en las organizaciones de la sociedad civil y entre personas que miran con recelo las actividades del otro. Pero el tema de la corrupción logró juntar a las personas casi por 20 semanas, hubo expresiones públicas que pueden considerarse multitudinarias para un país con mucha apatía. Y no era simplemente la protesta, reaccionaban para exigir reformas al Estado porque paralelamente se organizó un movimiento ciudadano contra la corrupción, parece que se llamaba Ciudadanos contra la Corrupción; la Plataforma por la reforma del Estado que convocó la Universidad San Carlos y más de 120 organizaciones terminaron participando en las discusiones que tenían como objetivo eso, propuestas de reformas.

¿Usted ve otro tema que tenga similar capacidad de aglutinamiento en Guatemala?
De la forma tan generalizada, no, porque en muchos otros temas hay grandes diferencias entre sectores de la sociedad. Por ejemplo, el tema indígena divide cuando debería ser un aglutinante, pero esa es una realidad. Me parece, en todo caso, que persistir en torno a la lucha contra la corrupción en la formación de ese movimiento ciudadano es muy positivo. Es decir, ya encontrado un tema aglutinador en el país, es muy positivo que ahora de manera organizada asuman un papel en el control del ejercicio del poder. Lo que se ha estado anunciando desde muchos sectores es que con la elección del nuevo presidente, su toma de posesión el 14 de enero, o inclusive desde ahora, se debe ejercer una veeduría. El propio presidente electo dijo estos días en una entrevista que, aunque estaba en el sistema como presidente, se incluía entre los inconformes y llamaba a que se mantuviera ese movimiento ciudadano. Ayer mismo dijo en otra entrevista que, así como enseñaba Ronald Reagan, “hay que gobernar con dos de tres”, y que eso podía asegurar el éxito del gobierno. En el caso de Guatemala, los tres son el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad. Entonces, tener Ejecutivo y sociedad es una forma de anticiparse a lo que también se afirma va a ser una situación difícil cuando el 14 de enero asuma un gobierno que tiene una representación muy pequeña en el Congreso.

Además del mandato que tiene la CICIG, ¿cuál es su aspiración última como comisionado? ¿Hacia dónde espera que la gente se dirija con el nuevo escenario que tienen enfrente?
El propósito es cumplir verdaderamente el mandato de la Comisión: que sí se logre identificar las estructuras criminales profundas, no las transitorias, aunque también es importante. Y también buscar el fortalecimiento institucional, que existan unas instituciones de justicia realmente fuertes o por lo menos independientes, algo que es tan necesario en nuestros países de América Latina. Pero también que haya una sociedad que sea participativa, reclamante, vigilante, creo que eso sería un gran avance. La aspiración es la posibilidad de construir con mayor fuerza un Estado social y democrático de derecho que es más bien la aspiración que todos los países debemos tener.

En sus intervenciones públicas una constante es su llamado al fortalecimiento de la ciudadanía con sus demandas y exigencias hacia los gobernantes. Pareciera hablar de un personaje granítico, cuando en realidad la ciudadanía es amorfa y con circunstancias que requieren que madure de golpe…
Es amorfa pero tiene que buscar formas de participación. Naturalmente no será toda la sociedad porque la sociedad no es una unidad. Hay sectores, intereses y contradicciones en la sociedad, pero sí puede haber propósitos generales, propósitos más compartidos entre más amplios sectores sociales y aprovechar eso como posibilidad de reconstruir ese tejido social que no es muy visible aquí en Guatemala. Hay mínimas cosas de la cotidianidad alrededor de las cuales los habitantes, los municipios, pudieran organizarse, por ejemplo, como veedores ciudadanos para el control en la municipalidad del gasto público en obra pública. Eso sería algo significativo. Es un proceso, naturalmente, pero es un proceso en el que se tiene que reivindicar la necesidad de que siempre la ciudadanía se interese por los asuntos del Estado, que el pueblo participe en los asuntos de la política como administración de lo público. Estamos acostumbrados en todos nuestros países a que simplemente se elige, pero ese es un concepto que permite que se llegue a lo que han llegado nuestros países.

En nuestros países esa fórmula falla muchísimo.
Y en todo caso, aun existiendo una buena representación en el Congreso, el pueblo no debe renunciar a su posibilidad de participar en los asuntos del Estado. Se debe tender hacia una conformación de un Estado verdaderamente democrático pero con una sociedad activa, participativa y vigilante. Si hay además unos partidos políticos verdaderamente representativos, fuertes, democráticos, y si esos partidos además tienen una representación legítima en el Congreso, no vía transfuguismo, muchísimo mejor. ¿Pero cuál es la situación del país en ese sentido? Que hay unos partidos políticos que son partidos mucho más electorales que ideológicos o programáticos, que no agencian los intereses ni siquiera de sectores de la sociedad frente al Estado, que es tal vez el papel principal que tendría un partido político, sino que promueven más los intereses personales, hasta en algunos casos, de los dueños de los partidos y eso, naturalmente, se refleja en el Congreso y en la forma de actuar del Legislativo. Pero otro problema es el transfuguismo en Guatemala, así como se ha visto, partidos que eligen 12 diputados y terminan con más de 60. O partidos que comienzan con más de 40 y terminan con menos de 20. ¿Y entonces qué era lo que estaba escogiendo el pueblo en las elecciones? Porque si estaba escogiendo un proyecto, significa que todos estos que se pasaron traicionaron un proyecto y finalmente no se responde a esa participación electoral. Por todo esto una de la reformas que me parece muy importante en Guatemala es la de la ley electoral y de partidos políticos que, en esta coyuntura, ya se intentó aprobar en el Congreso pero se estancó.

¿Y cómo se concilia la idea de que la ciudadanía debe empoderarse más para controlar el poder si al mismo tiempo se busca leyes que refuercen a los partidos políticos como las únicas opciones para ejercer ese poder?
Ley electoral es un tema de mucha importancia, porque además puede democratizar la participación en movimientos políticos. El hecho de que se posibilite que organizaciones sociales, movimientos cívicos puedan participar y tener una representación en el Congreso y en las alcaldías ha sido positivo. Leía en estos días también una crítica hacia esto por la posibilidad de que sean movimientos organizados cooptados por el crimen organizado, pero ante eso yo diría que la experiencia de Colombia en cuanto a movimientos ciudadanos con representación ha sido muy buena. Debería reflexionarse sobre temas de esta naturaleza.

¿Estaba preparada la ciudadanía para quedarse sin presidente y vicepresidenta y empezar a impulsar reformas como esas de las que habla?
No, este es un proceso en formación. Sin embargo hay elementos también que se pueden destacar, como el hecho de que hubiera sido un movimiento ciudadano tan multisocial, digámoslo así, tan heterogéneo, y todo con un respeto de la institucionalidad. A todo el mundo, yo creo que hasta a la propia sociedad la cogió por sorpresa. A las propias organizaciones sociales que se supone que están siempre en la reflexión sobre esta sociedad, también las tomó por sorpresa, pero se ha logrado ir en este proceso de construcción. Lo que esperamos es que efectivamente se consolide, ya el tiempo dirá.

¿Y de dónde han venido las presiones más grandes en contra de su trabajo y cuáles han sido los obstáculos mayores para que la CICIG haga su labor?
Creo que una ventaja grande que hay en Guatemala, en las circustancias actuales, es la presencia de la CICIG como un órgano de cooperación internacional con el sistema de justicia. Si pudiéramos buscar una figura para explicar el papel de la CICIG, sería esta: es como una coraza que ha podido proteger al Ministerio Público mucho más sensible a las presiones de todo género que se pueden presentar. Es indudable, y no es un problema de Guatemala, sino en todos los países pero mucho más visible en América Latina, que factores, fuerzas de poder dentro del Estado, y por fuera del Estado, presionan a los órganos de justicia para que no afecten sus intereses… y que tienen, además, gran posibilidad de incidencia por la manera en cómo se integran esos órganos de justicia entre otras muchas otras razones.

¿Está hablando de la gran empresa organizada, el CACIF?
Del CACIF no hemos recibido presiones para el cumplimiento de la actividad nuestra, como que reprochen o intenten bloquear alguna acción que hemos adelantado… de ninguna de las investigaciones ha habido respecto de nosotros ninguna interferencia de ningún sector.

¿No cree que en la sociedad guatemalteca la incidencia del CACIF sí es grande y evidente, como en el juicio contra Ríos Montt, para que se recortara el período de la fiscal Paz y Paz, o ahora en el caso del Seguro Social?
En la sociedad guatemalteca están todos, era lo que decía ahora precisamente de los diferentes intereses que se mueven en la sociedad…

En este punto, interrumpe Diego Álvarez, jefe de prensa de la CICIG: “Recuerde que Jorge Briz ha tomado muy en serio las banderas de la lucha contra la corrupción…”. Velásquez continúa su respuesta.

… porque es algo que yo iba a indicar: que tampoco, ni siquiera el sector empresarial es homogéneo, granítico.

Lo vimos cuando algunas de las cámaras del CACIF querían pedirle la renuncia a Otto Pérez como presidente, mientras que otras no porque consideraban que era una afrenta contra la institucionalidad…
El hecho de que un presidente y una vicepresidenta salgan del gobierno no es una fractura de la institucionalidad. La institucionalidad tiene además previstas la formas para superar situaciones de esta naturaleza como se hizo, y se hizo de manera muy pacífica, tranquila… aunque nadie preveía que esto podría ocurrir en el país. Sin embargo, nuestras investigaciones nunca tuvieron una intervención desde sectores que respaldaban al presidente, y no era que la CICIG precisamente estuviera contra el presidente. El 16 de abril salimos con la investigación y mostramos lo que efectivamente teníamos hasta ese momento y era que llegaba hasta el secretario privado de la vicepresidenta. De ahí se siguió examinando sin que nosotros tuviéramos el propósito de ir por tal o cual persona. Avanzamos en las indagaciones, la vicepresidenta renunció, hicimos allanamientos y vimos, por circunstancias, que eventualmente podría perjudicarse al presidente, pero nosotros seguimos con las investigaciones, y aquellos sectores que decían que la defensa del presidente era la defensa de la institucionalidad, siguieron con sus teorías y sus acciones, y nosotros seguimos también independientemente con el Ministerio Público realizando las investigaciones y concluyó como concluyó.

Hay quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos. Justo después de las elecciones dan este golpe contra uno de los financistas del partido UNE. ¿Qué dice usted a quienes señalan que la CICIG hace cálculos de tiempos políticos para presentar sus casos?
Pero entonces no hubiéramos presentado, por ejemplo, el informe sobre financiamiento de la política…

Eso fue en julio, dos mes antes de la primera vuelta.
Muchos analistas y comentaristas decían que se afectaba muy directamente a ese partido. Si hubiera alguna agenda en ese sentido, o el interés de proteger a algún interés político, valga la redundancia, entonces no hubiéramos presentado el informe de financiamiento antes de las elecciones, sino ahora y hasta se pudiera haber presentado una evaluación ya verificada de las dos vueltas presidenciales, una evaluación de todo el tema electoral… En cada caso hacemos coordinaciones con el MP, y llegamos a un punto como al que llegamos ayer: definimos MP y CICIG que ya hay una investigación madura para solicitar orden de captura, formular imputaciones y presentar el caso ante los jueces… Por ejemplo en el caso de los medicamentos hay una razón por la cual no se hubiera realizado antes del 25 de octubre. En ese caso hubo dificultades con el juez contralor por cantidad de cosas que tiene ese juez, pero hay además una situación en Guatemala de recusaciones contra jueces que afecta todo. Pero además debo decir que faltaba concluir un informe criminal, esa era la razón por la cual no se presentó en julio o en agosto o en septiembre. Y había otros puntos de verificación: teníamos mucha información, había teléfonos interceptados y para lo que mostramos ayer en la presentación -que en la página web de compras del Estado- había que hacer unas constataciones de campo para verificar y llegar finalmente a lo que se presentó ayer.

En El Salvador, un argumento contra una Comisión contra la Impunidad es que la institución pueda ser cooptada y llevada a un curso que no necesariamente es el que necesite la ciudadanía. ¿Usted cree que la CICIG es incorruptible y que puede evitar infiltraciones o desvíos importantes en su trabajo?
Pues creo que ese es un riesgo permanente, ninguna institución debe llegar a un nivel de perfección como para decir que es absolutamente infranqueable, pues hay propósitos desde muchos sectores por penetrar, por saber qué es lo que hay aquí, eso es indudable. Pero puedo demostrar con casos que no tenemos fugas de información. Nadie supo, y aquí sí es la afirmación de nadie, a pesar de las suspicacias que se levantaron respecto de Juan Carlos Monzón, que el señor Monzón estaba en esa estructura, sino hasta las 11 de la mañana del 16 de abril cuando lo presenté en la conferencia de prensa ese día, y fue la sorpresa para todo el mundo, inclusive para compañeros de la CICIG.

Para dejar claro lo que me está tratando de decir, porque hubo muchas personas que especularon que hubo fuga de información. ¿Cuántas personas sabían antes del anuncio sobre el involucramiento de Juan Carlos Monzón?
Por ahí unas 10 personas antes de las 11 de mañana. El equipo de investigación acá, el equipo del MP, la fiscal general y yo. Y así ha habido muchos casos similares. Cuando se hizo la investigación relacionada con el sistema penitenciario, de Byron Lima y del director del sistema penitenciario, nadie sospechaba que a las 6 de la mañana iba a ser privado de libertad. Hubo comentarios en contra que se preguntaban “¿cómo es eso que el ministro de Gobernación o la fiscal general no estaban enterados totalmente de algo que se estaba haciendo?” Y yo relaté en aquella época que nosotros nos sentamos en los días previos con el director del sistema penitenciario, en el Ministerio de Gobernación porque había un proyecto de reforma del sistema penitenciario. Los otros funcionarios, ¿para qué van a tener que saber que era inminente la captura del director? Ya bastante con que yo mismo en esa mismas reuniones tuviera que hablar en términos de futuro como si existiera ese futuro. Se ha logrado hasta el momento mantener ese nivel de reserva de las instituciones.

Estados Unidos presiona a los otros países del triángulo norte de Centroamérica ciertas condiciones, entre ellas el establecimiento de comisiones contra la impunidad, para implementar programas como la Alianza para la Prosperidad y otros grandes paquetes millonarios de ayuda. Además, hemos visto muy activo al embajador estadounidense en Guatemala. ¿Cómo describiría el papel de Estados Unidos en el triángulo norte a propósito de la CICIG?
Última pregunta.

¿Tan pronto?
Es porque ya no tengo tiempo, pero yo se la contesto.

Adelante.
(Piensa cinco segundos) Si la inquietud es la relación con la CICIG, yo puedo decir lo mismo que le mencionaba ahora del CACIF. No ha habido ninguna intervención, ninguna injerencia, ninguna recomendación o ningún obstáculo o impulso que se pretendiera ejercer respeto de la comisión. Nosotros organizamos, a partir de enero o febrero de 2014 un plan de investigación, identificando cinco líneas gruesas de investigación que pensábamos era lo conveniente para el país en las condiciones en las que se encontraba. Todo eso se había diseñado y se estaba trabajando en investigación sin que hubiera habido ninguna comunicación desde nadie, desde ninguna embajada, desde ningún sector de Guatemala. El embajador de Estados Unidos dijo en los primeros meses de 2014 que Estados Unidos estaba comprometido con la lucha contra la corrupción. Ahora miran esa frase y dicen: “Aaaah, claro, como el interés de Estados Unidos era la lucha contra la corrupción, la CICIG está desarrollando la agenda de Estados Unidos”. Pero hablar de la lucha contra la corrupción lo he escuchado yo de muchas representaciones diplomáticas. Otros dicen: “Lo que pasa es que Estados Unidos sostiene a la CICIG, entonces hay que atender sus recomendaciones”. Tampoco es verdad que Estados Unidos sostenga a la CICIG, aunque es un aportante importante, pero está a nivel de Suecia. La Unión Europea creo que triplica los aportes que se ha recibido de la comunidad internacional durante el tiempo de la existencia de la CICIG, entonces ese tampoco es un argumento.

Para Estados Unidos el triángulo norte es muy importante en su estrategia de seguridad…
Sí, pero podría ser que Estados Unidos ha visto que un proyecto como el de la CICIG ha sido exitoso en Guatemala y que efectivamente ellos tienen intereses en la región, y dicen: “¿Qué tan conveniente podría ser que organismos similares pudieran apoyar en estos otros países como un respaldo en la lucha por la independencia de los órganos de investigación y de juzgamiento?” Los empresarios guatemaltecos dicen: “Para nosotros es muy importante un sistema de justicia independiente, honesto, idóneo, porque eso es también una garantía para los negocios”. Y lo he escuchado en la discusión del Plan para la Prosperidad, una garantía para que los negocios funcionen. Al final es un tema de inversión, de desarrollo, que podría permitir también el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos de los tres países para que haya un adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Se ha encontrado que esto que se ha intentado en Guatemala podría contribuir a eso, y es en este sentido que yo interpreto la afirmación pública que han hecho funcionarios de Estados Unidos. Y si respaldan que en los otros países se pudiera establecer, es por la experiencia exitosa que se ha venido viendo en Guatemala, no como una posibilidad de intervención, de injerencia, a través de esas comisiones, porque por lo menos en Guatemala no ha existido… Y la última pregunta…

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

Iván Velásquez es un abogado colombiano. Antes de trabajar para la CICIG investigó el palamitarismo y el narcotráfico en Colombia y sus nexos con la política. Foto: cortesía de CICIG.

¿Para quiénes supone un riesgo una Comisión contra la Impunidad en países como El Salvador, Honduras con condiciones?
No voy a hablar de El Salvador ni de Honduras, pero sí puedo hablar de América Latina, y en todos los países en los que hay un sistema de justicia o dependiente o poco independiente o débil, una comisión de esta naturaleza puede ser un apoyo. ¿A quiénes les puede perjudicar entonces? Precisamente a quienes no les interesa tener una justicia independiente, honesta, idónea. Es decir, a un sector muy importante, a quienes están comprometidos con estructuras, o por lo menos con actividades delictivas. Del resto, a los Estados, a los gobernantes, a la sociedad en general, le debe interesar tener un sistema de justicia que sea efectivamente respuesta a la criminalidad, que pueda reducir los niveles de impunidad, que sea un enemigo real, fuerte, de la corrupción. En la generalidad de nuestros países latinoamericanos esa es la aspiración que tenemos, y por eso hay diversos sectores -estos sí de mayor amplitud- que objetan una comisión de esta naturaleza por razones de nacionalismo. Es lo que ha ocurrido en Guatemala. Lo que dicen es que estamos soportando la intervención extranjera..

O que entonces los países estaríamos admitiendo debilidades…
Pero que un país admita una debilidad es una realidad que se debe hacer, a menos que se tenga realmente la fortaleza. Si no se tiene la fortaleza, yo creo que es una actitud responsable admitir las debilidades, porque admitiéndolas es que se permite obtener las fortalezas. Entonces, dicen: “Esto es una entidad que afecta la autodeterminación guatemalteca”. El propio expresidente Pérez Molina está con que… y en alguna ocasión dijo que el comisionado tenía más poder que cualquiera en el país, y que en el MP me atendían más a mí que a la fiscal, eso no es verdad. Lo que pasa es que todos tienen una certeza, y es que la independencia de la CICIG está sometida a toda prueba. Es decir, que no se puede tratar de intervenir, de incidir, de infiltrar para que defienda otros intereses. ¿Por qué razón creo, entonces, que una comisión de estas no afecta la soberanía? Por un lado, es una iniciativa que no partió de Naciones Unidas. Salió de los acuerdos de paz, de la necesidad de que existiera algo que permitiera luchar contra la impunidad, mucho más dirigido al todo el tema de la represión que existió en toda la época del conflicto pero que había necesidad de que se luchara efectivamente contra la impunidad. Se llegó a un acuerdo que, dada la experiencia de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) que acompañó todo el proceso posconflicto, podía ser una comisión de Naciones Unidas pero con características específicas de la investigación criminal. Entonces se produjo un primer acuerdo en el año 2004, pero la Corte de Constitucionalidad dictaminó que vulneraba la soberanía nacional porque le daba titularidad de la acción penal a algo que se conoció como CICIACS, la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Era casi una Fiscalía internacional que se superponía a la Fiscalía local, y por lo tanto, se le daban facultades de captura, allanamiento. Se siguió alimentando la idea, y en 2006 se llega al acuerdo de la CICIG, y entonces se le confiere una capacidad de investigación que no va a tener un resultado judicial si el MP no está de acuerdo.

¿La CICIG es un superpoder?
Nosotros podemos adelantar investigaciones independientes, y en el acuerdo está que las autoridades del Estado nos deben suministrar la información que requiramos en nuestras investigaciones, pero si nosotros necesitamos que se haga una intervención telefónica nosotros no podemos pedirle al juez que lo ordene. Le tenemos que presentar el caso al MP, pedirle a la fiscal general que disponga que se abra un caso en la Fiscalía General contra la Impunidad, que es una dependencia de ellos con la que trabajamos 9 de cada 10 casos. Luego le decimos mediante un informe por qué razón sería recomendable que aquí hubiera una intervención telefónica, por ejemplo. El fiscal determina si está de acuerdo con la sugerencia, dice que sí, entonces le hace una solicitud al juez. El juez autoriza y controla esa intervención, que es hecha por funcionarios de la Policía Nacional Civil en la sede del MP con la presencia exclusiva de la unidad de métodos especiales, sin intervención nuestra. Entonces no hay ese superpoder, lo que pasa es que se siente tan fuerte porque estamos blindados.

¿Sería un error replicar el mismo esquema de Guatemala en otro país?
Cada país tiene sus particularidades y es lo que debe examinar qué es lo que más le conviene. Esto es una iniciativa que tiene que surgir de un país, es la reflexión en ese país la que debe determinar si es necesario que haya colaboración internacional. Honduras dijo sí es necesario pero como no les gustaba el modelo de la CICIG hablaron con la Organización de los Estados Americanos (OEA), han hecho unos primeros acuerdos y van a establecer una comisión. ¿Cuál será finalmente la sustancia de esa comisión? Habrá que ver cuando celebren el acuerdo, habrá que esperar. Es Honduras quien tiene que definir cuál es el acompañamiento internacional que requiere o si finalmente no se necesita ningún acompañamiento de ese tipo.