Guatemala

Naturaleza que mata. De Cristina López

Desaprovechar esta oportunidad para tener conversaciones serias sobre planes y estrategias para mejor lidiar en el futuro con tragedias ambientales de este tipo sería imperdonable. Es una obligación moral para con las poblaciones más vulnerables…

11 junio 2018 / El Diario de Hoy

Siempre lo he dicho: la relación que en Latino América tenemos con la naturaleza es bastante diferente a la que tienen otras culturas. Se lo explico a la gente en Estados Unidos cuando les cuento que gran parte de nuestra Oración a la Bandera Salvadoreña es en realidad una oda a nuestra naturaleza: los soberbios volcanes, los apacibles lagos, los cielos de púrpura y oro.

Y, sin embargo, la relación con la naturaleza tenemos quienes crecimos en regiones al Sur es diferente a la que tienen otras culturas, principalmente porque en nuestros lares la naturaleza es una fuerza viva: una entidad que tememos y reverenciamos casi en partes iguales. Nuestra tierra está viva, y como lo describía Rómulo Gallegos en su novela Doña Bárbara, es voraz y salvaje, permanentemente dinámica y puede al mismo tiempo ser tan generosa como puede ser cruel. En nuestros parajes le tememos porque sabemos que tiene la capacidad de bailar bajo nuestros pies y tragarse edificios enteros en cosa de segundos atemorizantes que medimos en la escala de Richter. Es como si en nuestros parajes la naturaleza no conoce la templanza y hace y deshace con el volumen al máximo: si llueve, inunda. Los apacibles lagos esconden secretos de embudos sin fondo que devoran muelles y lanchas.

Y los soberbios volcanes, en toda su soberbia, devastan vidas y ciudades. Como para recordarnos que son poderosos gigantes dormidos. Y es en ese contexto en el que nos movemos, existimos, construimos ciudades, echamos raíces y creamos nuevas generaciones. Olvidamos la voracidad y fuerza viva de la naturaleza con la que coexistimos bajo nuestro propio riesgo. Ignoramos el cambio climático en nuestras decisiones personales y nuestras políticas públicas como si no tuviera impactos fuertísimos, incluso letales, en nuestra vulnerabilísima existencia, cual reses votando por el carnicero para presidente. En nuestra región las políticas públicas y las decisiones gubernamentales, si realmente se diseñan poniendo al individuo al centro, no pueden ignorar el contexto ambiental en el que vivimos. No pueden olvidar que la naturaleza, cuando amenaza, no ensaya, ni amaga, ni hace bluffing.

Fue esto lo que dolorosamente recordamos en el contexto de que en nuestro país vecino el Volcán de Fuego decidió hacerle honor a su nombre. A pesar de los avisos de actividad volcánica, las autoridades decidieron no actuar y aquellos que podrían haberse salvado con una evacuación efectiva y eficiente se quedaron en casa. La cuenta de muertos continúa en aumento y el impacto para las poblaciones que ya de por sí eran económicamente vulnerables tendrá consecuencias permanentes. La solidaridad con Guatemala en estos momentos de crisis es indispensable, pero desaprovechar esta oportunidad para tener conversaciones serias sobre planes y estrategias para mejor lidiar en el futuro con tragedias ambientales de este tipo sería imperdonable. Es una obligación moral para con las poblaciones más vulnerables, que no tienen el lujo de mudarse a zonas fuera de rutas de peligro, o que no cuentan con la educación adecuada para la internalización de riesgos ambientales. Si bien los riesgos de coexistir con la naturaleza viva que hace de nuestros países verdaderos paraísos son inevitables, la capacidad de diseñar estrategias de resiliencia está enteramente en nuestras manos.

@crislopezg

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Primaveras centroamericanas. De Daniel Olmedo

7 junio 2018 / El Diario de Hoy

Primero fue Guatemala.

En 2015 se investigaba una estructura de corrupción en las aduanas. La organización involucraba a la cúpula del poder político. La indignación popular estalló.

Las manifestaciones llevaron a renunciar a la vicepresidente, y luego al presidente. Ambos fueron detenidos. Miles de guatemaltecos en las calles hicieron que cayera el gobierno. Aquí muchos envidiaban a los guatemaltecos por su arrojo en protestar en las calles.

Luego vino Honduras.

Todo inició con un fraude a la Constitución fraguado por la misma Sala de lo Constitucional hondureña en 2015. Permitió la reelección presidencial cuando la Constitución lo prohibía expresamente.

En 2017 era la elección presidencial, y el presidente, cobijado por esa sentencia, competía por su segundo mandato. Pero el escrutinio estuvo lleno de irregularidades. La OEA pidió que se repitieran las elecciones. Muchos hondureños indignados salieron a protestar a las calles. Las manifestaciones fueron bastante más violentas que las ocurridas en Guatemala.

El presidente logró resistirlas. Asumió su segundo mandato presidencial en medio de una ola de protestas populares. Aquí, otra vez, aparecieron muchos envidiando a los hondureños por su coraje en salir a protestar.

Ahora es Nicaragua.

Unas reformas al sistema previsional detonaron manifestaciones populares. El gobierno intentó contenerlas dejando sin efecto las reformas, pero era muy tarde. Las protestas ahora se dirigen contra el control absoluto de la dinastía presidencial sobre el Estado, y el sistema corrupto y mercantilista construido en connivencia con la cúpula empresarial. Los manifestantes piden la salida del matrimonio presidencial.

Los estudiantes universitarios protagonizan las protestas. El gobierno usa la estrategia de Maduro: Intenta ganar tiempo con la retórica del diálogo, mientras permite que sus hordas paramilitares fustiguen a los manifestantes. Los muertos ya superan la centena. Aquí, nuevamente, aparecen muchos envidiando el heroísmo de los jóvenes nicaragüenses en estas protestas populares.

Pero es probable que no haya mucho que envidiar a nuestros vecinos.

Las protestas ocurridas en Guatemala, Honduras, y ahora en Nicaragua, son el último recurso para canalizar demandas populares. Y se justifican cuando todas las salidas institucionales se han cerrado. Son románticas las primaveras políticas y su épica, héroes, y frases cautivadoras en las pancartas. Pero son un síntoma del grave deterioro institucional.

Nuestra democracia tiene muchos problemas. No nos libramos de la corrupción, y la ineficiencia del Estado en cumplir sus funciones más básicas. Pero, mal o bien, las vías institucionales continúan operando para canalizar la voluntad popular de un modo más civilizado que en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido el 4 de marzo. No fue necesario que el descontento popular con el gobierno se expresara en protestas públicas. Se hizo en las urnas, y de una manera contundente.

La reacción del mismo gobierno se enmarcó en la institucionalidad. Lejos de desconocer los resultados, intentan recuperar el terreno perdido dentro del mismo juego político.

Tenemos nuestros pecados. En 2012 hubo un intento de golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, y eso llevó a gente a las calles. Fue la crisis democrática más grave desde la firma de los Acuerdos de Paz. Pero, luego de ello, los problemas los hemos ido solucionando —con desaciertos, en muchos casos— por las vías institucionales.

Mientras sea posible, es mejor que los conflictos políticos y sociales los ventilemos en el aburrimiento de la institucionalidad. Las primaveras centroamericanas pueden ser muy cautivadoras. Los héroes son románticos. Pero pensémoslo dos veces si deseamos que algo así ocurra aquí. Esa épica puede resultarnos demasiado costosa, si aún hay vías institucionales disponibles. Y creo que, por el momento, las hay.

@dolmedosanchez

¡Qué envidia los chapines! De Cristina López

Una de las lecciones que podemos aprender de los guatemaltecos es que la corrupción no desaparece solo porque se instauren comisiones internacionales en su contra.

Cristina LópezCristina López, 25 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Qué envidia dan los chapines, la verdad. Aunque padecen de uno de los mismos males que ha plagado a tantas sociedades latinoamericanas, o sea, gobernantes que han usado el servicio público para enriquecerse, han respondido de maneras más valientes. El 20 de septiembre llenaron las calles con más de 205 mil ciudadanos (según cifras del movimiento Justicia Ya) que con un paro nacional buscaban demostrar su descontento con la corrupción de las autoridades y exigir reformas al sistema.

EDH logY no es poco lo que la sociedad civil guatemalteca ha logrado hasta ahora: hace 2 años, en 2015, la presión ciudadana fue uno de los factores más importantes para lograr la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Lo verdaderamente envidiable es que han logrado trascender de la polarización y los colores partidarios, y en las calles y plazas, los colores que predominaban eran los de la bandera chapina. Tanto en la capital como en el interior del país, el clamor ciudadano se dejó oír a una sola voz, trascendiendo (quizás no totalmente, pero algo) las divisiones habituales entre campo y ciudad. En pocas palabras, lo que los chapines están protestando es lo mismo que podríamos protestarles a nuestros propios gobernantes: que se han aprovechado del poder para enriquecerse.

Específico al caso chapín, lo que muchos activistas exigen actualmente es una reforma a su legislación electoral y de partidos políticos para evitar la financiación con dinero oscuro y la protección de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que tantos frutos les ha rendido y a la que tanto le teme su presidente, Jimmy Morales. Tanto así que su discurso frente a las Naciones Unidas solo vino a confirmar sus intenciones de debilitar las instituciones instauradas para exigirle cuentas y proteger el Estado de Derecho.

Las protestas no son solo en contra de la corrupción de Morales, sino también en contra de los legisladores que continúan protegiéndolo y se niegan a quitarle el fuero.

Los diputados, en su esfuerzo de proteger a Morales y protegerse de potenciales investigaciones por corrupción, intentaron pasar reformas legislativas diseñadas para que líderes de partidos políticos puedan evitar las consecuencias penales de violentar leyes de financiamiento electoral. Fue su Corte Constitucional la que tuvo que intervenir y obligarlos a corregir la plana, puesto que el espíritu de las reformas claramente era evitar la justicia y esto violentaba el Estado de Derecho.

La reacción de la sociedad civil ha sido también protestar las acciones de los diputados, llegando al punto que varios negocios les han negado sus servicios. Aunque ha habido críticas de que negar servicios comerciales por razones políticas raya en la violencia a los derechos civiles, hay que recordar que ser corrupto no es una condición natural inevitable, sino un ejercicio que se decide libremente y que acarrea terribles consecuencias sociales y erosiona el estado de derecho. No será hasta que los corruptos sufran consecuencias reales por sus actos –tanto legales como sociales– que la corrupción comenzará a menguar.

Una de las lecciones que podemos aprender de los guatemaltecos es que la corrupción no desaparece solo porque se instauren comisiones internacionales en su contra. Parte del problema está en la cultura de tolerancia y en la indiferencia. Los gobernantes deberían abstenerse de la corrupción no solo porque lo prohíben las leyes, sino porque deberían temerle a la sociedad civil cuando esta se organiza y protesta. En nuestro país, que existan políticos corruptos pone en evidencia que no nos tienen miedo. ¡Qué envidia da Guatemala!

@crislopezg.

La tragedia de ‘un sistema de protección fallido’ en Guatemala. The New York Times

Un retrato de Siona Hernández, de 17 años, durante su funeral en Ciudad Peronia, al sur de Ciudad de Guatemala, el 10 de marzo. Credit Johan Ordonez/Agence France-Presse – Getty Images

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CIUDAD DE GUATEMALA — Aún no habían pasado 36 horas del incendio en el que murieron 37 mujeres adolescentes en un hogar estatal para menores, cuando llegó la orden judicial de regresar a un niño a esas mismas instalaciones.

Dos días antes, el 7 de marzo, más de medio centenar de menores habían intentado escapar de ese centro, pero solo 19 lo lograron. El resto fueron detenidos por la policía esa misma noche en los bosques y campos de los alrededores. Cuando volvieron las autoridades del hogar decidieron encerrarlos bajo llave: las mujeres en un aula y los hombres en un auditórium.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situado en las afueras de la capital guatemalteca, es el principal centro de acogida de menores de Guatemala. El gobierno lo fundó en 2010 y allí viven, en distintas áreas y sin protocolos claros de atención diferenciada, niños huérfanos o abandonados, víctimas de trata o de violencia intrafamiliar, menores en conflicto con la ley (algunos señalados de extorsión o asesinato) y miembros de pandillas cuyos padres decidieron que no tenían la capacidad para hacerse cargo. El 90 por ciento de los habitantes del hogar tienen padres o familiares cercanos, pero están internados por orden judicial.

El intento de huida había activado a dos equipos de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sabían que después de un hecho así, los familiares suelen agolparse en la entrada del centro para pedir que les devuelvan a sus hijos y querían aprovechar la circunstancia para “desinstitucionalizar” a algunos de los menores.

Los equipos de la PGN, conformados por psicólogos, abogados, y trabajadores sociales, tenían la misión de que la mayor cantidad posible de menores regresara con sus familias y de buscarle a los nuevos casos salidas distintas a las judiciales. El internamiento es la decisión automática de la mayoría de los jueces.

Según investigaciones fiscales, desde que se abrió el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, dentro de sus muros de aspecto carcelario habían sucedido demasiadas historias de abuso y violencia: golpizas, trata, violaciones, y hasta un asesinato. Entre los especialistas en la atención de menores se consolidaba la idea de que el centro de protección se había convertido en un lugar de maltrato.

Una psicóloga de la PGN que acudió al hogar la noche del 7 de marzo, y habló con la condición de mantener su anonimato porque no está autorizada para dar declaraciones, cuenta que al volver al centro en la mañana del miércoles vio cómo un incendio empezaba a devorar el aula en la que habían encerrado a las niñas que protagonizaron el escape. Tuvo la impresión de que los bomberos tardaron en llegar. Nadie puso en marcha ningún protocolo de evacuación, pero algunos tomaron unos baldes en los que se lava ropa y corrieron febrilmente acarreando agua con la intención de socavar el fuego.

“Los internos del otro módulo rompieron los vidrios para salir a ayudar, mojaron colchas, pero con el fuego a la espalda, las autoridades estaban más preocupadas porque los hombres no salieran de donde les habían encerrado y se armaron varias trifulcas para que regresaran”, recuerda la psicóloga. “Todo ocurrió muy rápido, en menos de quince minutos”.

Funcionarios del Ministerio Público aventurarían la hipótesis de que dos niñas le prendieron fuego a un colchón en protesta por los malos tratos. Según la psicóloga, cuando los bomberos superaron el muro de personas que se concentraban en la entrada preguntando por sus hijos, uno de los socorristas se echó a llorar. Ella y sus compañeros ayudaron a extraer los cadáveres carbonizados de las adolescentes.

Familiares cargan el viernes con los restos de Madelyn Patricia Hernández Hernández, una joven de 14 años que murió en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Credit Moises Castillo/Associated Press

Un día después del incendio, la mitad del personal no llegó a trabajar, y de los cerca de 800 jóvenes que se encontraban internados cuando comenzó el incendio en ese establecimiento concebido para alojar a no más de 500 personas, ya solo quedaban 80. “Son los jóvenes que nadie quiere”, dijo la psicóloga.

En la noche del jueves, calcinada ya toda esperanza, centenares de personas comenzaban a manifestarse frente al Palacio de Gobierno. Con día y medio de retraso, el presidente Jimmy Morales ofreció su primera conferencia de prensa. No había hablado antes porque se encontraba atendiendo asuntos urgentes, explicó su portavoz. El presidente ofreció una única solución: “cerrar de forma paulatina” el hogar estatal, y dejar la investigación de lo ocurrido a las autoridades correspondientes. Ya habían destituido al director, pero no rodó ninguna cabeza más.

En ese mismo instante, por orden del juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, Máximo Gustavo Ruiz Campos, ingresó el niño al hogar. No era nuevo. El ejército lo había encontrado en medio del bosque. Era uno de los huidos que a menos de 36 horas del incendio fue obligado a regresar a las ruinas de las que había escapado. Sus padres lo habían entregado por rebelde. Según el personal de la PGN, en el centro carecían de un expediente con sus datos.

Desde 2013 decenas de denuncias han sido presentadas ante la fiscalía y la Procuraduría de los Derechos Humanos por abusos sexuales y vejámenes cometidos en contra de los niños en el hogar donde ocurrió la tragedia. Una denuncia menciona una organización criminal integrada por empleados de ese sitio, dedicada a la explotación sexual de las niñas recluidas.

Mayra Véliz, secretaria general de la fiscalía, anunció el jueves que un equipo especial ha sido designado para esclarecer los hechos. “Se investigarán todas las denuncias, las anteriores y las nuevas relacionadas con lo que ha ocurrido en ese lugar”, aseguró Véliz. “Esto no quedará impunidad”, agregó.

‘Quienes tenemos niños albergados, tenemos que lidiar con un sistema de protección fallido’. Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza

“El sistema de protección de niños y adolescentes no funciona”, señala Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, una organización no gubernamental dedicada a la protección de niños desamparados. Escobar Sarti estaba deshecha. Cuatro niñas que pasaron por La Alianza habían terminado en el centro estatal. Y ahora tres estaban muertas.

“Quienes tenemos niños albergados, tenemos que lidiar con un sistema de protección fallido”, sin recursos y sin el respaldo de políticas públicas funcionales, agrega.

El año pasado, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia apenas contó con un presupuesto de unos 2,5 millones de dólares para el mantenimiento de cuatro orfanatos, entre ellos el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Más de la mitad de esos recursos se invierten en la alimentación de los cerca de 800 menores internados en cada uno de los establecimientos, según las autoridades. El resto se destina al pago de salarios del personal encargado de la educación y protección de los menores.

Oficiales de policía resguardan la entrada al Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San Jose Pinula, Guatemala, el 8 de marzo. Credit Luis Soto/Associated Press

En un comunicado anterior a la conferencia de prensa del presidente, el gobierno responsabilizó al organismo judicial por la tragedia. “Previo al siniestro, se solicitó a los órganos jurisdiccionales el traslado inmediato de los menores en conflicto con la ley a otros centros de privación de libertad para evitar consecuencias mayores”, se lee en el comunicado. “El gobierno de Guatemala lamenta que no se atendiera esta petición en el momento oportuno, acción que pudo haber evitado la tragedia que hoy lamentamos todos los guatemaltecos”.

El gobierno decretó tres días de duelo nacional, pero la respuesta no ha sido suficiente para tranquilizar los ánimos. Desde ayer se organizan protestas contra el gobierno frente al Palacio Nacional.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia se ha resistido a informar sobre la identidad, calidades profesionales y perfiles psicológicos del personal encargado de la seguridad, educación y protección de los menores. También se negó a acatar la resolución de un juez de menores que en diciembre ordenó mejorar las condiciones de vida de los internos. “No hemos cumplido al 100 por ciento” las disposiciones del juez, pero “hemos remodelado las instalaciones e incrementado el personal”, dijo el miércoles en una rueda de prensa el director de la SBSP, Carlos Rodas.

En los últimos cuatro años, decenas de jóvenes han huido del centro. “Los más grandes nos pegaban y abusaban”, declaró a medios locales Daniel, un chico de 16 años que logró salir el miércoles después del incendio.

“Mi hija siempre se quejaba de que las monitoras las maltrataban y obligaba a hacer física (ejercicios) en la madrugada”, dijo una mujer que buscaba a su hija entre las víctimas.

Carta a nuestra conciencia: ¿Lo del ‘Hogar Seguro’ de Guatemala puede pasar mañana en El Salvador? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 11 marzo 2017 / EDH

En Guatemala celebraron el Día de la Mujer dejando morir a más de 30 muchachas en un lugar que irónicamente se llama ‘Hogar Seguro’.

Las menores de edad -algunos internados por abandono, otros por conflicto con la ley- durante años fueron sujeto a abusos de todo tipo, incluyendo violaciones. Sus denuncias y las respectivas órdenes judiciales no fueron atendidas por las ‘autoridades’. 80 de ellas se fugaron y 60 fueron recapturadas y encerradas en una sala. Se amotinaron. Hubo un fuego, posiblemente causado por las niñas encerradas para llamar la atención a su situación, como grito de ayuda. Nadie los liberó, nadie les abrió las puertas. Murieron más de 30, y unos 20 están en hospitales, debatiéndose entre vida y muerte. Feliz Día Internacional de Mujer…

diario hoyNos tenemos que preguntar: ¿Puede pasar algo parecido en El Salvador? ¿Cómo asume el Estado salvadoreño su responsabilidad sobre los menores de edad que están a su cuidado, sea por abandono o maltrato de parte de sus familias, sea porque han violado leyes?

Sinceramente: ¿Cuántas de las siguientes preguntas las podemos contestar con un sí?

¿Nos consta que en El Salvador, en las ‘instituciones de resguardo’, no están mezclados menores abandonados con menores delincuentes?

¿Podemos estar seguros nosotros que en El Salvador en estas ‘instituciones de resguardo’ los menores internos no sufren el mismo hacinamiento, los mismos abusos sexuales, la misma comida podrida, la misma ausencia de asistencia sicológica y educación que en Guatemala? ¿O para no ir tan lejos, como en nuestros centros penales?

¿Podemos dormir tranquilos, sin pesadillas, luego de ver las noticias del ‘Hogar Seguro’ de Guatemala y escuchar a los funcionarios de más alto nivel del país vecino evadiendo su responsabilidad?

¿Podemos confiar que en nuestro país las niñas y los niños en los orfanatos, los centros de resguardo, los centros de detención de menores viven seguros y libres de humillaciones, abusos, violaciones?

¿Podemos confiar que en El Salvador no puede pasar una tragedia similar?

Temo que a cada una de las preguntas la respuesta es: no. No podemos confiar en esto.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos como sociedad ante esta incertidumbre? ¿Cómo garantizamos que la dignidad y seguridad de los menores que están bajo la custodia del Estado?

Cada uno tiene que hacerse estas preguntas inquietantes. No podemos dormir tranquilos.

Piénsenlo.

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Lea el reportaje:
La tragedia de ‘un sistema de protección fallido’ en Guatemala

La “Unidad Antiimpunidad” en la FGR. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 22 septiembre 2016 / EDH

Con la “Unidad Especial Antiimpunidad”, anunciada por el Fiscal General de la República en una videoconferencia organizada desde Washington por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, son tres los modelos institucionales para el combate de la corrupción en la región Centroamericana. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) complementan el grupo de entidades con las que los Estados del triángulo norte enfrentarán un flagelo por años enquistado en sus respectivas sociedades pero sobre el que muy pocos mostraron interés por erradicar.

diario hoyLas funciones y la evolución de los tres prototipos son muy diferentes. La génesis de la CICIG se remonta al año 2006 y su principal promotor fue el exvicepresidente de la República, Eduardo Stein, junto a la Organización de las Naciones Unidas. Los cinco fenómenos criminales priorizados para su investigación por la CICIG son el contrabando, la corrupción administrativa, el financiamiento electoral ilícito, la corrupción judicial, el narcotráfico y el lavado de activos.

En agosto de 2014 se concretaron capacitaciones sobre métodos de análisis financiero, detección de capitales, narcotráfico, corrupción institucional y análisis criminal e identificación de estructuras. Fueron capacitados un total de 65 funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Fiscalía contra la Corrupción, Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía de Delitos Económicos y del Departamento de Análisis Criminal. El caso conocido como “La Línea”, que desmanteló una red de defraudación aduanera en abril de 2015, y el de la “cooptación del Estado de Guatemala”, de junio de 2016, son dos de los procesos exitosos de la CICIG.

Por su parte, el convenio que constituyó la MACCIH fue suscrito el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la OEA. Las líneas de acción se basaron en cuatro componentes: i. La prevención y el combate a la corrupción; ii. La reforma de la justicia penal; iii. La reforma político-electoral; y iv. La seguridad pública.

De manera similar a la CICIG, la MACCIH no se limita a una sola área de investigación y amplía sus facultades, por ejemplo, a la materia electoral. En este ámbito presentó, siempre con el respaldo de la OEA, una “Ley de Política Limpia”, en la que se imponen límites a los partidos para gastar en las campañas electorales, se fundan registros de contribuciones privadas, se abre la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización con el objetivo de auditar, investigar y sancionar a partidos y candidatos que infrinjan la normas de financiamiento y se prohíben los donativos anónimos.

En el proyecto de ley de la MACCIH sobre el financiamiento de los partidos también se les impone la obligación de informar sobre sus ingresos y gastos, se establece la sanción de “expulsión” de la competencia electoral para los candidatos cuya campaña sea financiada con dinero ilegal, se crea un catálogo de sanciones que puede llegar hasta la cancelación de la inscripción de un partido, se prohíben los actos de inauguraciones de obras como actos de proselitismo y se suspende la publicidad estatal durante el tiempo que dure la campaña electoral. Algunos de los castigos son muy severos porque podrían debilitar al sistema de partidos, pero lo relevante es la intervención en un espacio que indudablemente se presta a conductas ilegales.

La situación salvadoreña tendrá matices diferentes. Será el Fiscal General de la República el que, reformando el Reglamento Especial de la FGR, creará la nueva unidad. Las funciones de esta instancia tendrán como límite las atribuciones que la Constitución de la República y la respectiva Ley Orgánica otorgan al titular de la Institución. Las ventajas de esta iniciativa son la especialización que podrán adquirir sus integrantes, el soporte que le brindará la comunidad internacional y la coordinación con otras instituciones públicas para la obtención de información y la persecución del delito.

Con la Unidad Antiimpunidad se cierra un círculo que, en el marco de la Alianza por la Prosperidad, procurará mejorar el funcionamiento de la institucionalidad democrática por medio de la intolerancia a la malversación de los fondos públicos.