Toman la decisión con 14 votos de los magistrados por la transparencia y el combate de la corrupción. Presidente de Corte dice que González dio el ejemplo.Corte entregó el jueves declaración patrimonial del magistrado González.
La Corte en pleno
1 agosto 2015 / EDH
En adelante, los salvadoreños podrán conocer con cuántos bienes, propiedades y dinero entran y con cuánto dejan los cargos los funcionarios públicos, en virtud de una disposición de la Corte Suprema de Justicia.
El pleno de los magistrados del máximo tribunal sentó un precedente para la transparencia en El Salvador al aprobar el martes que la Sección de Probidad de la Corte entregue copia de la declaración patrimonial de funcionarios y exfuncionarios a quienes lo soliciten, dijeron fuentes oficiales.
El primero en dar el ejemplo fue el magistrado Rodolfo González, cuya declaración fue entregada el jueves anterior al abogado Herbert Danilo Vega, quien lo había requerido al máximo tribunal.
De esa manera, la Corte cumplió una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a quien recurrió el abogado Vega cuando en un primer momento le dijeron que la información solicitada “era reservada”.
En la Corte Plena del martes, los magistrados acordaron por 14 votos que así como se hizo en el caso del abogado Vega, de entregarle copia de la declaración patrimonial del magistrado González, “con el mismo criterio y modo de proceder deberá de implementarse las solicitudes que con base en el derecho a la información pública hagan o hayan hecho las personas sobre declaraciones de estado patrimonial de funcionarios, aunque éstos ya hayan cesado en sus cargos” (ver fragmento del acta anexo).
De acuerdo con copia del acta, a la que tuvo acceso El Diario de Hoy, el acuerdo fue tomado por los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, Ricardo Mena Guerra, Rodrigo Suárez Fishnnaler, María Luz Regalado, Belarmino Jaime, Armando Pineda Navas (presidente), Sidney Blanco, María Luz Regalado, Roberto Argueta, Elsy Dueñas, Juan Manuel Bolaños, Sergio Luis Rivera, Ricardo Iglesias y el mismo Rodolfo González.
Partes de la información se reservarán, como datos personales o familiares, en vista de que lo que se busca es facilitar la transparencia sobre las cuentas y facilitar investigaciones en caso de enriquecimiento ilícito, se explicó en la misma sesión.
Según el acta, el presidente de la Corte, Oscar Pineda Navas, dio testimonio de que fue el mismo magistrado González quien promovió la apertura de su informe en aras de sentar ejemplo de transparencia y combate a la corrupción en el Estado.
“Magistrado presidente felicita al magistrado González por la apertura y apoyo a que sea su caso el que permita al Pleno pronunciarse, con la unanimidad que se advierte”.
Según el acta, el presidente de la Corte reveló que fue el mismo González el primero en mostrar su apertura a transparentar su declaración patrimonial. “Él fue el primero en decir: miren, a mí me parece que hemos estado como Sala como Corte tratando de combatir la corrupción, lo menos que podemos hacer es apoyar y que se haga público unas declaraciones de este tipo, pues que lo que demuestran es transparencia”, aseguró Pineda.
Luego el presidente de la Corte dijo que respaldaba la decisión, “porque abona al combate de la corrupción”.
Belarmino Jaime, magistrado de la Sala de lo Constitucional, dijo al pleno que esta decisión se tornaba “trascendental por la cantidad de solicitudes que se presentarán, ya que estima que la ocultación de informción ha contribuido a la creciente corrupción estatal de los últimos años”.
Por su parte, la magistrada Doris Luz Rivas Galindo también calificó de trascendental combatir la corrupción, pero pidió no dejar del lado el contexto nacional en el proyecto de resolución.
Según la magistrada, también hay “otros actores de la sociedad como los grandes evasores que están llevándose la cosa pública”, además de la falta de actualización de los formularios de la sección y la pasividadd en su actuación.
El mismo González propuso que dado que tanto las Salas como la SCJ han dado grandes avances sobre criterios constitucionales, principios y utilización de tratados, se debería “integrar los demás pronunciamientos de avanzada que se han pronunciado en otros temas trascendentales”.
Por su parte, el magistrado Meléndez expuso que “no se trata de sacrificar derechos personales de los funcionalios sino que se debilitan frente al interés público”.
El debate de los magistrados que llevó a tomar la decisión de abrir al público los informes patrimoniales de todos los funcionarios, surgió luego de ser notificados por el IAIP sobre la resolución que emitiera el pasado 23 de julio.
El Instituto dice que los informes patrimoniales no son reservados, por lo que ordenó entregar esa información pero con la condición de que se tachara u omitiera datos confidenciales del magistrado.
La información debía entregarse en los cinco días hábiles después de la notificación, lo cual se cumplió el jueves.
Según el acta, la discusión incluyó otras aristas como que la Corte apruebe cada caso de solicitud de información sobre declaraciones patrimoniales.
Transparentan datos del patrimonio del magistrado González
Rodolfo Ganzález
Fotos Ren Quintanilla
1 agosto 2015 / EDH
En un hecho que sienta un precedente por la transparencia y la lucha contra la corrupción, la Corte Suprema entregó copia de la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González al abogado Herbert Danilo Vega, en cumplimiento de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
En la declaratoria de bienes de González y a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy, se lee que al 17 de julio de 2009 en que presentó su informe tras asumir el cargo, tenía activos por $62,800 y reportó egresos por $52,300.
En el acta que deja constancia la decisión de la Corte en pleno de permitir el acceso a este tipo de información, el magistrado González les dice que si bien existe un riesgo en el hecho de tener abierta “una legitimación para esta información” serán los tribunales los que decidan qué procede y qué no procede.
El mismo presidente de la Corte y presidente también de la Sala de lo Constitucional, Oscar Armando Pineda, reveló durante la sesión de magistrados que fue el mismo González quien estuvo abierto a que se entregara su declaración patrimonial.
Otro razonamiento que según Pineda dio González fue “lo menos que podemos hacer es apoyar y que se haga público unas declaraciones de este tipo, pues que lo que demuestran es transparencia y buena voluntad sobre todo la buena intención que tiene cada uno de los funcionarios”.
En conjunto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional se pronunciaron en ese sentido, al decir que “de lo que se trata en el presente caso es de afirmar el alcance del antecedente, ahora que el IAIP ha determinado que el derecho de acceso a la información pública incluye a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos”.
Y que la resolución del IAIP “no aplica solamente el caso del magistrado González, sino que sienta las bases para darle igual tratamiento a todas las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos”.
Su razonamiento lo basan en que no existe diferencia alguna entre la declaración patrimonial de un magistrado con la de otros funcionarios de otros Órganos de Estado o entes sujetos a la Ley de Enriquecimiento Ilícito”.
Por lo tanto, consideraron que la resolución del IAIP no pone límites al ordenar que se desbloquee la declaración del magistrado González.
Es más, dicen que la reserva absoluta no es la interpretación más adecuada del artículo 240 de la Constitución para dotarle de eficacia en la investigación y erradicación del enriquecimiento ilícito.
“En lo sucesivo, deberá conceder la información que no sea privada ni confidencial que se contenga en las declaraciones de estado patrimonial de cualquier funcionario público obligado por la Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados públicos”.
También hacen ver que tal criterio se aplica a las declaraciones patrimoniales presentadas con anterioridad al pronunciamiento del IAIP.
El pasado 23 de julio, el IAIP resolvió en contra de la resolución del Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de vedar el acceso a la declaración patrimonial de Rodolfo González que había solicitado el ciudadano Herbert Danilo Vega Cruz argumentando que dicho documento era confidencial.
Pero el Instituto dijo todo lo contrario y ordenó entregar una versión pública de la información a Vega Cruz pero omitiendo datos confidenciales.
La liberación de dicho documento sienta un precedente para conocer de ahora en adelante los informes de patrimonio de bienes de todos los funcionarios y exfuncionarios públicos del país.
La Oficial de Información de la Presidencia de la República (Capres) negó información sobre la campaña de publicidad del presidente Salvador Sánchez Cerén denominada “Un año gobernando con la gente”, como por ejemplo costos, agencia encargada y método para seleccionar a dicha compañía.
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