Transparencia

Capres niega datos sobre campaña de Sánchez Cerén

Piden información sobre publicidad de “Un año gobernando por la gente”.

La presidencia negó información sobre los gastos de la campaña de publicidad denominada: “Un año gobernando con la gente”, del mandatario Salvador Sánchez Cerén. | Foto por Web Capres

La presidencia negó información sobre los gastos de la campaña de publicidad denominada: “Un año gobernando con la gente”, del mandatario Salvador Sánchez Cerén. | Foto por Web Capres

, 19 diciembre 2015 / EDH

diario hoyLa Oficial de Información de la Presidencia de la República (Capres) negó información sobre la campaña de publicidad del presidente Salvador Sánchez Cerén denominada “Un año gobernando con la gente”, como por ejemplo costos, agencia encargada y método para seleccionar a dicha compañía.

Dicha campaña fue lanzada el 1 de junio de 2015, un año después de la ejecución del programa “Gobernando con la gente”.

Por ello, una ciudadana solicitó a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) los acuerdos, resoluciones o cualquier respaldo documental sobre los objetivos, fines y acciones esenciales de dicha campaña; la agencia de publicidad, entidad, empresa o persona contratada para el diseño, producción y colocación de espacios o pautas y el presupuesto asignado.

También solicitó los costos previstos, incluyendo y sin limitarse, de diseño,  producción de anuncios (vallas y mupis), pautas en medios radiofónicos y televisivos y publicación en medios escritos (tanto físicos como virtuales); así como todos los contratos con agencias de publicidad, empresas radiofónicas, televisivas, medios de comunicación escritos, que sirven de antecedentes, apoyo, insumo o medio para la colocación y divulgación de tal campaña publicitaria.

Sin embargo, y utilizando los mismos argumentos cuando les solicitaron información sobre los gastos de publicidad durante la administración del expresidente Mauricio Funes, Capres argumentó que hay reserva de esa información, ya que esto podría tener repercusión en una medida desleal y desigualitaria ante potenciales oferentes de servicio nacionales e internacionales; alegaron que sería un obstáculo para que la presidencia adquiera tales servicios sin intermediación de terceros y que eso se convertiría en una ventaja indebida en perjuicio de otros competidores en un procedimiento de contratación de bienes y servicios institucionales.

La peticionaria apeló esta negativa ante el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) y actualmente está esperando a que le reprogramen el juicio, el cual fue suspendido esta semana.

A finales de 2014, el IAIP apoyó los argumentos de Capres cuando la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Funde) solicitó datos sobre los gastos de publicidad en 2010, más no así los montos totales que sí fueron desbloqueados. También el IAIP reiteró la reserva en datos de los viajes del expresidente Funes y la exprimera dama.

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A nadie le gusta tener una prensa independiente: Transparencia Internacional

Es común que la prensa independiente sea atacada por exponer la corrupción, dijo Ugaz, al que le extraña que en un gobierno de origen progresista como el salvadoreño no se ataque la corrupción.

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José Ugaz, de origen peruano, es presidente de Transparencia Internacional

Hermelinda Bolaños, 20 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaJosé Ugaz, de origen peruano, es presidente de Transparencia Internacional y asegura que los medios de comunicación independientes son fundamentales en los países con altos índices de corrupción, en donde las instituciones y el Gobierno no ejecutan acciones que den resultados positivos para combatir el problema. Según Ugaz, en la última evaluación El Salvador obtuvo una nota de 3.8 en transparencia y combate a la corrupción, lo que calificó como una nota de desaprobación, y dijo que llama la atención porque se da en el contexto de “un gobierno de origen progresista y revolucionario” que luchó por la justicia y los principios de transparencia.

¿Cómo evalúa la situación de transparencia en El Salvador?

En los índices de percepción de corrupción que viven midiendo la percepción de transparencia, integridad y corrupción en los países del mundo, El Salvador no ha calificado bien. De hecho, se ha movido siempre en el tercio inferior de la tabla y eso quiere decir, primero, que ha habido mucho problema de falta de regulación adecuada para que los procesos de toma de decisiones y distribución de recursos sean efectivamente transparentes y sean de conocimiento de la ciudadanía, pero, por otro lado, que incluso en aquellos casos que se han dado normas como la ley de acceso a la información estas no se cumplen. Entonces, no se trata solamente de tener una arquitectura legal que sea bonita, que sea igual a la del primer mundo, sino que los funcionarios públicos y, en particular las autoridades de Gobierno, tengan claro que el compromiso con la transparencia es una forma de gobernar.

¿Cuál es la nota que obtuvo El Salvador en la última evaluación?

En el último índice, El Salvador apareció con 3.8 sobre 10, lo cual es una nota desaprobatoria.

¿Considera, entonces, que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que se implementa en el país no es suficiente o no se está cumpliendo como debería?

No es un problema de la ley, yo creo que la ley es buena y es una ley que tiene los principios estandarizados de estas leyes a nivel mundial. El problema es la aplicación de la ley. No basta con tener la norma, hay que cumplirla y para eso tiene que haber un cambio de cultura de los funcionarios públicos y de las autoridades para entender que ellos no son los propietarios de la información. Creo que esa ley no se está cumpliendo a cabalidad y hay varios ejemplos, incluso, que han llegado a la autoridad de control de acceso a la información que no están siendo de dominio de la opinión pública.

Entonces, ¿cómo calificaría el trabajo que está haciendo la institucionalidad del país y el Gobierno para combatir la corrupción y ser más transparente?

Yo creo que hay, efectivamente, muchas declaratorias de lo que quiere hacer en términos de transparencia, pero poca práctica de lo predicado y esto, si no se hace un esfuerzo real, un esfuerzo con una voluntad política concreta, en lo que va a terminar es en una prédica demagógica que lo único que va a hacer es desencantar a la gente y esto en realidad llama la atención porque ocurre en el contexto de un gobierno progresista, que tuvo un origen progresista, revolucionario, y que dedicó sus años de lucha precisamente para que estos principios de transparencia, de justicia, de no corrupción –porque a la larga la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres– estuviera en vigencia y, sin embargo, vemos que una vez en el poder hay una distancia entre lo que se quiso hacer algunos años y lo que se está practicando en la realidad.

¿A qué cree que se debe este cambio?

Yo creo que tiene que ver con la cercanía del poder. Hay una frase que creo que es muy gráfica que dice: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Entonces, cuando uno está cerca del poder se vuelve resistente a entender que se debe a sus representados y los representados son el pueblo, no son los funcionarios, ni son las autoridades. Estamos hablando del partido en el gobierno porque es el que está hoy día tomando las decisiones, pero yo quisiera decir que este no es un problema de partidos, este es un problema de la clase política y no es un problema de El Salvador, es un problema regional. La clase política latinoamericana es una clase política que ha olvidado que se les entrega el poder para gobernar a favor de los que les han delegado esa capacidad. Lamentablemente, una vez que llegan al poder se olvidan de esa delegación y se convierten, entonces, en servidores de sí mismos y eso, de alguna manera, es lo que tiene a la región en una situación tan complicada, con altísimos niveles de corrupción, con altísimos niveles de seguridad ciudadana, que mucho tiene que ver con corrupción.

En El Salvador, la fiscalización mediática sobre temas con indicios de corrupción ha generado ataques a algunos medios de comunicación e incluso se han intentado aprobar leyes que podrían coartar la libertad de expresión. ¿Qué opina de esta situación?

Esto pasa en todas partes donde hay prensa que denuncia casos de corrupción. Lo importante es que los medios de comunicación social sean neutrales, no obedezcan a intereses partidarios, sino que con este gobierno, con el siguiente, con el que venga, independientemente de la posición ideológica que tengan, mantengan una fiscalización del ejercicio del poder y creo que ahí está precisamente el valor que la prensa independiente tiene. Lo que muchas veces no pueden hacer los sistema judiciales ineficientes o capturados por el poder político, lo que no pueden hacer a veces fiscales incapaces, la prensa puede lograrlo y hemos visto que los grandes destapes anticorrupción, a escala mundial, no vienen de las contralorías generales, no vienen normalmente de las fiscalías, sino que usualmente vienen de una prensa independiente y comprometida con los destinos de su país.

¿Qué rol diría usted que juegan los medios de comunicación entonces?

Yo creo que mientras haya niveles de corrupción como los que vivimos nosotros, el rol fundamental de la prensa está en el lado de la fiscalización y, por supuesto, ataques como los que usted me comenta son comunes. A nadie le gusta tener una prensa independiente que levante la voz, porque los desnuda ante la opinión pública, los hace visible, los expone, y cuando hay exposición viene la sanción social, pero yo creo que independientemente de los ataques que se reciban, hay una misión periodística en la región que viene cumpliendo un papel muy eficaz.

Según la situación de transparencia y lucha contra la corrupción en El Salvador, ¿considera que es necesario instalar una comisión internacional contra la impunidad?

Habría que evaluar cuáles son los niveles de impunidad en el país. Yo me inclino más por lo que ha dicho Roberto Rubio, director de FUNDE, respecto a la situación en El Salvador. Creo que hay la expectativa de tener un buen fiscal en el corto plazo, hay un tribunal constitucional independiente que creo que está dando la talla y habrá que ver cómo se está comportando el Órgano Judicial a nivel de Corte Suprema de Justicia y en los niveles inferiores. Si hay espacios para que el propio sistema nacional pueda funcionar. Lo que hay que buscar simplemente es darle las herramientas y el apoyo, si fuera necesario, externo, profesional y técnico, para que puedan cumplir con su papel. Por lo que he escuchado, creo que hay condiciones como para que el sistema pueda operar con cierto nivel de eficiencia y lo que hay que hacer es contribuir a que ese nivel de eficiencia crezca.

Ni viajes ni publicidad pueden ser “secretos” y los periodistas son aliados contra la corrupción

Especialista Delia Ferreira afirmó que no brindar esa información del Presidente va contra la transparencia.

La especialista argentina y miembro de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, recalcó que para combatir la corrupción es necesario tener instituciones fuertes y buenas leyes de acceso a la información pública

La especialista argentina y miembro de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, recalcó que para combatir la corrupción es necesario tener instituciones fuertes y buenas leyes de acceso a la información pública

, 6 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyNi la información sobre los viajes de un presidente ni los gastos que su administración realiza en materia de publicidad tienen suficientes motivos para ser ocultados a la población aduciéndose razones de seguridad, manifiesta Delia Ferreira, especialista argentina y miembro de Transparencia Internacional.

La experta cuestionó que cuál era el sentido de que un viaje y los gastos que se hacen, como en este caso, sean secretos, ya que por lo general los presidentes cuando viajan lo hacen públicamente.

“Los presidentes cuando viajan lo hacen públicamente: se sacan fotos van a visitar otros presidentes, eso no tiene porque ser secreto y lo que se ha gastado en eso, tampoco. ¿Cuánto se pagó en pasajes, quiénes fueron, la comitiva, por ejemplo quiénes lo acompañaron? Y ¿cuál es la seguridad nacional que se está resguardando cuando un viaje ya se ha hecho, ha sido público y no ha sido secreto? ¿Qué tiene que ver la seguridad nacional con el gasto en pasajes?”, cuestionó la especialista a la vez que aseveró que no tiene razón de ser estas barreras a la información.

Ferreira está en el país invitada por la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades).

En el país, Casa Presidencial declaró bajo reserva los datos sobre viajes del expresidente Mauricio Funes, así como la comitiva que lo acompañó en sus viajes, y detalles sobre los gastos de publicidad. Adujo motivos de seguridad para la actual presidencia, pues se revelaban datos de la actual logística de seguridad.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio la razón a la Presidencia, concretamente sobre estas peticiones. Solo avaló la entrega de datos globales de publicidad a la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y capítulo en El Salvador de Transparencia Internacional.

Roberto Burgos, coordinador de la Funde-ALAC, ha asegurado que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad por dicha resolución.

Sobre los gastos de publicidad, Ferreira manifestó que en otros países, aunque existe una ley de financiamiento de partidos, los candidatos oficialistas usan todo el presupuesto público de publicidad para hacer campaña y es un abuso claro de los recursos públicos. Por tal motivo, es necesario conocer la información detallada sobre esos gastos.

“Obviamente va en contra de la transparencia. Los gastos de publicidad no tienen ningún motivo para ser secretos. ¿Cuál es el motivo para no dar a conocer cómo se ejecuta el presupuesto en rubro, que además es usado muchas veces, no sé si el caso es así, (de) la pauta publicitaria (…) se gasta en publicidad, usado como mecanismo de campaña indirecta”, expresó Ferreira.

Otro caso donde no debe existir secretismo de los funcionarios es en lo relacionado a la salud, según la experta.

Ferreira fue enfática al asegurar que nunca se debe declarar “reservada” la información de una enfermedad, sobre todo si es terminal, de los funcionarios públicos.

“Hay datos de la vida privada que hay que reservar, pero en el caso de los funcionarios públicos la protección de la intimidad baja en función de que haya un interés público, que es predominante sobre la reserva de la vida privada”, expresó la argentina.

Asimismo, agregó que si bien es importante contar con una buena ley de acceso a la información y actuar con transparencia, ambas no son garantía para que se reduzcan los índices de corrupción.

Agregó que es necesario contar también con una buena ley de ética, que las instituciones funcionen, que la población exija y no siga tolerando la corrupción para ver cambios sustanciales en una sociedad democrática.

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“Periodistas son aliados contra la corrupción”

La especialista argentina expresó que la reacción frente investigaciones periodísticas no debe ser amenazar con sanciones.

, 6 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyLos periodistas son aliados centrales en todo el mundo en la lucha contra la corrupción y los políticos no deben enfilar medidas para coartar la libertad de expresión, sino todo lo contrario, deben actuar con probidad y transparencia, afirmó la especialista argentina Delia Ferreira.

La experta manifestó lo anterior tras conocer sobre la iniciativa de cambiar los días multa por prisión de hasta ocho años por delitos contra el honor, y coincidiera con la publicación en medios escritos de las declaraciones patrimoniales de varios diputados.

Explicó que hay países que han eliminado la figura de la calumnia y la injuria cuando se da información sobre funcionarios públicos.

“Esa no puede ser la reacción frente a las investigaciones periodísticas, no puede ser. Obviamente cuanto más eficientes son las investigaciones y cuanto más interesantes son los datos que se descubren, muchas veces la clase política reacciona poniendo límites y tratando de coartar la libertad de información”, aseveró.

Ferreira, miembro de Transparencia Internacional, afirmó que los periodistas son uno de los actores centrales en esa lucha contra la corrupción junto a las organizaciones de la sociedad civil y “a aquellos funcionarios que quieren hacer bien su trabajo y cumplir sus funciones”.

Añadió que la ley de acceso a la información por sí sola no garantiza que con los datos obtenidos lleve a mejorar la calidad de una democracia.

Cree que esta debe de operar en un marco de respeto a la libertad de prensa, respeto al derecho a la información por parte de toda la ciudadanía, garantías judiciales para quienes ejercen sus derechos como el de investigar y publicar sus ideas por la prensa.

“Los que trabajamos por la transparencia lo que buscamos es una mejor calidad de la democracia. Lo que queremos es que los políticos representen a quienes los votan y no a quienes financian sus campañas”, manifestó Ferreira.

Pese a la orden del IAIP, Capres no da informes de publicidad y auditorías

Presidencia pidió prórroga de 15 días para entregar los datos, pero el Instituto se lo negó. Instituto le advirtió que la sancionará si no cumplen con la resolución y plazos establecidos.

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, 21 sept. 2015 / EDH

La Presidencia de la República sigue sin revelar información que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que era pública: los montos globales de los gastos en publicidad, así como las auditorías internas practicadas de 2007 a 2011.

El Ejecutivo había solicitado una prórroga de 15 días, pero el IAIP se la negó.

Estos documentos fueron solicitados por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) a través de su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (Alac), que al mismo tiempo pidió los detalles de los viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes y la exprimera dama, Vanda Pignato.

Screen Shot 2015-09-21 at 11.56.03 AMA mediados de agosto pasado, el Instituto reiteró su decisión de mantener como secreto de Estado, los viajes que Funes realizó en sus cinco años de mandato a diferentes partes del mundo. De esa manera dio la razón a los argumentos del Ejecutivo de que desclasificar esa información atentaría contra la seguridad del actual presidente Salvador Sánchez Cerén, ya que implicaría revelar datos de su dispositivo de seguridad.

Pero por otro lado determinó que sí es de carácter pública la información contenida en las auditorías internas realizadas a las administraciones presidenciales, que de 2007 a mayo de 2009 estaba a cargo de Elías Antonio Saca, y las de junio de 2009 a 2011, bajo el mando de Funes.

EDH20150921EN_003PLos montos globales de los gastos de Casa Presidencial también son parte de los datos que deben ser revelados.

Sin embargo, aunque la resolución ya fue ratificada y se denegó una última petición de prórroga, la Funde-Alac recibió el pasado jueves una notificación del IAIP en la cual se le decía que la Presidencia ya había remitido un informe en el que aseguraban haber cumplido parcialmente la resolución, emitida el 18 de diciembre pasado.

A lo que se referían es que solo retiraron de su índice de información reservada las auditorías internas de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Según Roberto Burgos, coordinador de Alac, es incomprensible por qué a este momento Capres sigue dando largas a entregar la información, al solicitar la prórroga.

Consta en documentos enviados al IAIP que los representantes legales del Presidente pidieron más tiempo para entregar la copia de los informes de auditoría interna de 2007 a 2011, así como los montos globales anuales de los servicios de publicidad, pese a que previo a la audiencia del 18 de diciembre, cuando se emitió el fallo, aseguraron al Instituto que esos datos los tenían en resguardo.

Tener en resguardo la información, cuya declaratoria de reserva está siendo dirimida en un proceso del IAIP, significa, según a ley, que debe tenerla a la mano para preservar su integridad (que no sea alterada o simplemente que se asegure su existencia física) antes de que se defina si es pública o se mantiene en secreto.

“En virtud de la complejidad y antigüedad de parte de la documentación pretendida, a efecto de garantizar la veracidad de la misma, solicito a este Instituto una prórroga para el cumplimiento de la orden administrativa de quince días hábiles adicionales”, solicitó el oficial de información de la presidencia, Pavel Cruz, el pasado 10 de septiembre.

El Instituto advirtió que en el trámite del proceso de apelación se decretó con base en el artículo 85, literal “b” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la medida preventiva de “resguardo y copia de seguridad de la información”, a lo que Capres presentó documentación de que había acatado la medida.

Xenia Hernández y Roberto Burgos, de Funde-Alac, exponen ante el IAIP que datos sobre viajes y publicidad son públicos y no pueden restringirse. A la derecha, los representantes del gobierno.

Xenia Hernández y Roberto Burgos, de Funde-Alac, exponen ante el IAIP que datos sobre viajes y publicidad son públicos y no pueden restringirse. A la derecha, los representantes del gobierno.

Por esa razón, el IAIP determinó que era “innecesaria” una extensión en el tiempo de entrega, pues se entiende que dicha información “se encuentra recopilada por el acatamiento de la medida cautelar antes relacionada”.

“Estése a lo dispuesto en la resolución emitida por este Instituto a las quince horas y treinta minutos del 18 de diciembre de 2014 y cumpla con lo en ella ordenado en los plazos establecidos, so pena de proceder al inicio del proceso sancionatorio”, ordenó el IAIP.

Burgos también señaló en ese sentido que es la institución a la que se le pelea el acceso a la información la que por ley debe resguardar los datos que están incluidos en el índice de reserva.

“Ellos mandaron un escrito en el que dicen: ‘confirmamos que se ha cumplido la medida cautelar’, es decir, toda la información que estábamos peleando ya la tenían identificada y resguardada. ¿Cómo vienen ahora a pedir más tiempo para poder entregárnosla? Es evidente la falta de voluntad para transparentar esta clase de información”, dijo Burgos.

Para el coordinador de Funde-Alac, este retraso no es más que la extensión de la “misma estrategia” de intentar disuadir a los ciudadanos de seguir exigiendo esta información, ocultar del escrutinio público esta clase de datos y seguir incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho de acceso a la información pública.

Screen Shot 2015-09-21 at 11.56.18 AMSeguirá proceso en Sala

Por otro lado, Burgos reiteró que Funde-Alac siempre presentará la demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a los viajes al extranjero, logística de seguridad y transporte durante el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, mientras Funes se desempeñaba como presidente, pues reitera que es un derecho constitucional que se está violando al no dar a conocer esa información que es de interés público.

En esa misma petición se incluirá otros datos que fueron negados por Capres y confirmados por el IAIP, como los gastos en las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador durante la administración de Funes y la concerniente a los servicios de publicidad, al diseño, producción e implementación de la campaña para Presidencia en 2010 y sus prórrogas. No incluye montos totales en ese rubro, pues a este dato ya dio acceso el Instituto.

Recurrir a la Sala de lo Constitucional se deriva de la decisión del IAIP el 18 de diciembre de 2014 de mantener el secreto impuesto por la Presidencia a esta información solicitada. La Funde-Alac interpuso un recurso apelando esa decisión y no fue hasta ocho meses después del fallo que IAIP ratificó su decisión.

ALAC, que es el representante de Transparencia Internacional en El Salvador, ha realizado una serie de peticiones a la Presidencia, de las cuales, la mayoría ha sido declarada bajo reserva.

Otro caso que recientemente se ha conocido es la solicitud sobre si existe o no la “Unidad de Análisis Económico” en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), de cuáles son sus funciones y fuentes de financiamiento.

La Presidencia se ha escudado en la Ley del OIE y ha interpuesto un recurso ante el IAIP en el que señala que ese Instituto no es competente para conocer sobre la reserva de tales datos.

Otra petición de información, hecha por Roberto Burgos en su carácter personal, es sobre el estado de salud actual del presidente Sánchez Cerén, copia del expediente clínico, informe sobre los costos de atención médica en Cuba, compra de medicamentos, entre otros. IAIP aún lo estudia.

El patrimonio líquido del diputado Reynaldo Cardoza superó el millón de dólares. De El Faro

Esta es la primera de una serie de entregas sobre el patrimonio de los diputados. ¿Cómo mejoran sus cuentas los funcionarios públicos salvadoreños en el transcurso de los años? Este es el caso del diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, y de cómo en sus primeros seis años como legislador el patrimonio líquido suyo y de su grupo familiar se multiplicó por siete al pasar de poco más de 163 mil dólares a más de un millón.

el faroSergio Arauz, 31 agosto 2015 / EL FARO

Reynaldo Cardoza inició su carrera en 2009, cuando ganó por primera vez una diputación. Ha logrado tres elecciones consecutivas como diputado por el departamento de Chalatenango. Al inicio y al final de cada legislatura, Cardoza -como todos los funcionarios de mayor relevancia- debe entregar una declaración jurada de su patrimonio: casas, terrenos, vehículos, ingresos, cuentas bancarias, inversiones, empresas…

Declaración que por ley, debía mantenerse en secreto, hasta cuando el pasado 27 de julio el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió que los ciudadanos tienen derecho a conocer el patrimonio de los funcionarios y que la reserva de la que habla la Constitución se refiere solo a datos personales.

En 56 años que tiene de vigencia la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, esta es la primera vez que la Sección de Probidad da información sobre el patrimonio de los diputados o de otros exfuncionarios como presidentes de la República.

Según la versión pública de la primera declaración del diputado Cardoza, en 2009, el legislador del Partido de Conciliación Nacional (hoy Concertación Nacional) tenía junto con su grupo familiar (cónyuge e hijos) un patrimonio líquido valorado en 163 mil 618 dólares.

El patrimonio líquido es el monto que resulta de restar las deudas al total del patrimonio que posee una persona. El patrimonio lo forman todos los bienes del legislador -muebles e inmuebles, cuentas bancarias, acciones en empresas…- y ya para 2009 Cardoza declaró bienes inmuebles -terrenos o casas- valorados en 405 mil dólares. Ese mismo año, sus deudas eran de 243 mil dólares, sus activos superaban los 400 mil dólares y él o su grupo familiar no eran acreedores de nadie. Es decir, sus cuentas por cobrar estaban en cero.

El diputado por Chalatenango fue miembro de la junta directiva de la Asamblea Legislativa en el trienio 2012-2015, y en la que inició en mayo pasado ocupa el cargo de secretario. Ahora es parte de la Comisión de Cultura y de la de Defensa.

Tres años después de haber iniciado su carrera como diputado, en 2012, los cambios más drásticos que reflejó su nueva declaración patrimonial estaban en cuatro rubros: a él y su grupo familiar les aparecen cuentas por cobrar por 577 mil dólares. Además, aquella deuda de casi un cuarto de millón de dólares que reportó en 2009 se vio reducida en tres años a menos de 54 mil dólares. Sus activos, que en 2009 estaban un poco por encima de 400 mil dólares, en 2012 superaron el millón de dólares y su patrimonio líquido se acercó al millón.

Para 2015, Cardoza y su grupo familiar poseían un patrimonio de 1.2 millones de dólares y su deuda era de tan sólo 2 centavos de dólar. Este año, el cambio más destacado en su historial desde 2009 es que sus bienes inmuebles (terrenos, casas, edificios, etc.) pasan de poco más de 300 mil dólares a más de un millón. Las cuentas por cobrar por más de 500 mil dólares que aparecieron en su declaración de 2012 se han extinguido.

¿Quién le debía ese dinero? ¿Cómo pagó más de 180 mil dólares en deudas con un salario anual de 48 mil dólares? Aunque en su ficha de la Corte Suprema de Justicia aparece como comerciante, dejó en blanco la casilla en la que los funcionarios deben declarar sus inversiones o empresas.

El Faro buscó una entrevista con el diputado Cardoza, pero este dijo vía telefónica que no tenía tiempo. En una breve conversación por teléfono, el diputado explicó -sin muchos detalles- que su patrimonio creció debido a una herencia.

—Su patrimonio empezó con un poco más de 163 mil dólares en 2009 y ahora es de más de un millón de dólares.

—¡Ahhhh! ¡Claro! ¡Claro, tengo más de un millón de dólares, lo que pasa es que usted distorsiona la noticia, distorsiona la noticia.

—No. No.

—Ustedes cómo Faro distorsionan la noticia y después no dan derecho a respuesta. Así hicieron con El Cártel de Texis.

—Cuénteme ahora para entender.

—Ustedes hicieron una nota periodística donde un policía, supuestamente, les iba contando en el camino.

—En abril de 2012, cuando terminó la legislatura 2009-2012, usted declaró que alguien le debía 577 mil dólares. ¿Quién le debía 577 mil dólares?

—Mire, ahorita no lo puedo atender, es la verdad, estoy en el pleno, ocupado, y vaya a ser que usted me confunda y me comience a distorsionar la noticia.

—¿Y cómo hacemos, nos puede recibir?

—Bueno, llame otro día, por favor.

El diputado interrumpe la llamada telefónica.

Hace 10 años, Reynaldo Cardoza estaba lejos de ser uno de los salvadoreños con mayor responsabilidad en el país. El 13 de septiembre de 2005 fue capturado por la Policía acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. Fue detenido junto a Juan Ovidio Cerón Moreno, un expolicía que fue arrestado y expulsado de la corporación por su vinculación con la banda de robafurgones de Margarita Parada Grimaldi. Al ahora diputado le decomisaron una pistola Jericho con una placa dorada con su nombre grabado.

Según la Policía, esa placa es de oro. Además, le decomisaron una licencia de conducir mexicana, en la que la foto del diputado aparecía con un nombre diferente: Reinaldo Guerra Flores. En noviembre de 2005 salió libre al pagar una fianza de 2 mil dólares. En noviembre de 2006, el caso se cerró definitivamente, ya que la Fiscalía no presentó la solicitud para reanudarlo. Años después, documentos de la Policía ubican a Cardoza en las cercanías del Cártel de Texis, no como parte de la red, sino como aliado.

En enero de 2009, fue elegido diputado del PCN. En la legislatura 2012-2015 ganó la diputación junto a su amigo Wilver Rivera Monge, al que llevó como diputado suplente. Rivera Monge perdió su fuero en septiembre del año pasado, cuando fue señalado como una persona que lavaba dinero y facilitaba vehículos para el transporte de cocaína. Guarda prisión preventiva en el penal de Metapán mientras continúa su causa penal por el blanqueo de casi 10 millones de dólares. Este exdiputado suplente de Chalatenango, dice la Fiscalía, formó parte de la organización que dirigía el supuesto narco Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, conocido como El Repollo.

Ese escándalo de su suplente no perjudicó a Cardoza, quien en marzo de 2015 ganó por tercera ocasión consecutiva uno de los tres escaños chalatecos. Cardoza recibe su paga como diputado por medio de cheques. Una fuente administrativa de la Asamblea Legislativa aseguró que de los 84 legisladores propietarios, es el único que pidió que sus salarios se le paguen de esa forma y no con depósito a cuenta bancaria como se hace con el resto de parlamentarios.

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL PATRIMONIO
DEL DIPUTADO REYNALDO CARDOZA DE 2009 A 2015

Aumenta reserva a datos públicos en instituciones

Instituciones como la Corte de Cuentas y la Presidencia ponen candado a información que, según la LAIP, es oficiosa.

Corte de Cuentas pone llave a la auditoría que cuestiona emisión del DUI . Foto Douglas Urquilla

Corte de Cuentas pone llave a la auditoría que cuestiona emisión del DUI
. Foto Douglas Urquilla

, 23 AGOSTO 2015 / EDH

A pesar de que hace más de cuatro años entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), con la que la población puede conocer datos referentes al funcionamiento de las instituciones públicas y el desempeño de  los funcionarios, instituciones como la Casa Presidencial y la Corte de Cuentas siguen  impidiendo el acceso a datos oficiosos que dicta la ley y son de interés para la ciudadanía.
Tanto ciudadanos como investigadores y  medios de comunicación vienen recibiendo un no por respuesta a solicitudes de información oficiosa argumentando reserva, es decir, no se pueden dar a conocer a la ciudadanía.

Recientemente, la Corte de Cuentas de la República le negó a El Diario de Hoy  una copia del examen especial a la ejecución del contrato llave en mano suscrito entre CEL y la empresa Astaldi S.p.A. para la construcción de la presa El Chaparral, cuya finalización se hizo mediante un cuestionado arreglo directo.

La Corte no accedió, alegando que se trata de “información reservada”. El Diario de Hoy ha recurrido al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que el documento sea liberado.

Por el interés del público, El Diario de Hoy publicó el informe preliminar de la  Corte, al cual  tuvo acceso, y en el cual se le cuestiona a la CEL que pagara a Astaldi $108.5 millones, pese a que esta dejó abandonada la obra.

Aunque la CEL ahora dice tener el informe final en el que no le señalan irregularidades, en el preliminar los auditores sí le cuestionaron que el cálculo de los $108.5 millones no fue respaldado con documentos, que no procedió contra la Astaldi por incumplir el contrato ni tomó en cuenta las advertencias de sus propios supervisores ni los de las dos firmas externas de que la obra estaba atrasada en más de un 68 % al momento del arreglo directo, por tanto no correspondía lo pagado con el avance real de la obra.

Otro ejemplo reciente es el aval que dio el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a la reserva a la información a pagos por servicios de publicidad, a los gastos de los viajes del expresidente Mauricio Funes y  Vanda Pignato, así como a los gastos en atenciones protocolarias a funcionarios internacionales.

De esa manera, el IAIP respaldó el alegato de la Presidencia de que, por ejemplo, revelar los gastos de viajes de Funes y Pignato pone en peligro la seguridad nacional, pese a que el solicitante, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), a través del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), argumentó que había pedido costos de viajes pasados no de los futuros ni datos de planes de seguridad.

Tras la apelación de la Funde-Alac ante el IAIP, este ratificó su decisión de mantener el secretismo  impuesto por Capres que había dictado en diciembre.

Otro ejemplo es la negativa de la Corte de Cuentas a brindarle a El Diario de Hoy una  copia de una auditoría a la “Gestión de tecnologías e información del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN)”.

En ese documento, al que también tuvo acceso El Diario de Hoy, se le señaló por ejemplo la duplicidad de 410 Documentos Únicos de Identidad (DUI), es decir, asignó dos documentos con distinto número a una misma persona.

Además le achacaron los auditores al RNPN que no hizo pruebas de huellas dactilares en duicentros sino que en la empresa contratada para emitir los DUI, así como errores de digitación, entre otros.

La auditoría vino luego de las elecciones presidenciales de 2014 que dejaron como ganador al efemelenista Salvador Sánchez Cerén.
La importancia de esta auditoría es que advierte de fallas en el proceso de registro de ciudadanos que vigila el RNPN y del que se elabora el padrón de electores.

La LAIP establece claramente en los artículos 10 y 16 que información de este tipo que ha sido negada debe estar al alcance del público.

El artículo 10 le obliga a todas las instituciones publicar de oficio gastos en viajes (viáticos incluidos), presupuesto asignado y su ejecución, salarios entre otros.

En el artículo 16 le obliga a la Corte de Cuentas a publicar los informes finales de auditorías practicadas a los entes estatales obligados.
Fusadeslo ha advertido

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) advirtieron  en mayo pasado de la creciente negativa a datos oficiosos por parte de varias instituciones.

Fusades destacó en su informe importantes avances en acceso a la información pública desde la  entrada en vigencia de la LAIP, pero que se percibía “un creciente abuso en la aplicación de las causales de reserva” por parte de las entidades obligadas.

Según Fusades, a esto también se agregaba la práctica de declarar información como inexistente, como un mecanismo para evadir la entrega de la información, con base en datos que presentó la institución pero que después de 30 apelaciones ante el IAIP por esa causa, en siete ocasiones resultó que a información sí estaba en poder de las entidades públicas.

De acuerdo al análisis elaborado por Fusades, el lenguaje técnico que se maneja en el interior del Instituto también ha sido una de las limitantes para obtener información y cita el ejemplo de una entrevista brindada por el comisionado Jaime Campos en la que concordó en que se visualiza un ánimo de denegar información a partir de tecnicismos.

Y como ejemplo, decía que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia el número de jueces que habían aprobado o reprobado las últimas dos evaluaciones que ha llevado dicha institución y que la respuesta fue no se le podía dar dicha información porque no existe la categoría de aprobado o reprobado, sino que se da la de satisfactorio o no satisfactorio.

Fusades denunció que  investigadores de su Observatorio Judicial han tenido similares experiencias, al hacer consultas a dicha oficina de información, donde no se cumple con el mandato de la LAIP de facilitar el acceso a los solicitantes, sino que se exige utilizar el lenguaje interno de la institución o detalles excesivos e implícitos cuando se realizan las solicitudes.

Funde-Alac: hay abuso

En su  informe sobre el derecho al acceso a la información, la Funde-Alac  reveló que instituciones como la Presidencia de la República y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)  se resisten a brindar información pública.

Pero además destacaba a la Corte de Cuentas y a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa entre las que dilataban datos solicitados.

El informe se basó en 71 solicitudes de información que contienen 217 requerimientos a distintas instituciones del Estado. Las peticiones fueron hechas por ciudadanos con apoyo de Funde-Alac entre enero y abril de 2015.

El director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, afirmó en ese momento que hay un abuso en establecer reservas en las instituciones que se resisten a brindar datos públicos, algo que “vuelve bastante complicado el acceso a la información”.

Roberto Burgos, coordinador de Alac, es de la idea que se ha mantenido una constante en las instituciones que se niegan a brindar cierta información y en los argumentos para clasificar los datos.

En su defensa, el secretario de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno, Marco Rodríguez, dijo que los señalamientos de Funde de que los índices de reserva se habían incrementado no tenían fundamento y dio cifras a su favor de que han entregado la mayor parte de los requerimientos de información.

Siete meses sin revelar gastos en publicidad y viajes de Funes

El Instituto de Acceso a la Información aún no resuelve.

El Instituto aún no ha resuelto la revocatoria de Funde-Alac | Foto por Archivo EDH

El Instituto aún no ha resuelto la revocatoria de Funde-Alac | Foto por Archivo EDH

7 agosto 2015, EDH

Tras siete meses de tener en sus manos una petición para avalar o no que la información sobre gastos de publicidad, viajes, entre otros datos, en la presidente de Mauricio Funes sea pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) aún no resuelve el recurso que interpuso Funde-Alac (Fundación nacional de desarrollo junto al Centro de Asistencia Legal Anti Corrupción).

Las entidades piden que el Instituto determine si los gastos de viaje del expresidente Funes, los informes de auditoría desde la época del expresidente Antonio Saca, los gatos protocolarios de atención a funcionarios internacionales y los gastos de publicidad son reservados o no.
Los gastos de esos cuatro rubros estaban en reserva por un tiempo de 7 años.

EDH20150807NAC006PSi bien el IAIP resolvió el 18 de diciembre del año pasado la petición de Funde-Alac sobre esos cuatro rubros, su respuesta fue que esa información era reservada, incluyendo la relacionada a la logística de seguridad y transporte del Presidente de la República y de la Primera Dama, durante las misiones oficiales internacionales en el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.

Sin embargo, el IAIPordenó a la Presidencia de la República que le entregara a Funde-Alac la información sobre los gastos globales de publicidad y los informes de auditoría.

Pero la entidad peticionaria se mostró en desacuerdo con la resolución emitida por el IAIP por considerar que todos esos gastos son públicos y ante ello puso un recurso para que el Instituto revoque su resolución del 18 de diciembre de 2014.
A Funde-Alac le preocupa que desde el 7 de enero de 2015 que presentó la petición para revertir la decisión del IAIP han pasado 7 meses y aún no ha resuelto.

El director de Alac, Roberto Burgos, dice que aún están esperando un pronunciamiento por parte del Instituto porque ya pasó mucho tiempo desde que presentaron el escrito.

“Cuánto tiempo ha pasado, yo incluso me he reunido con el presidente del Instituto de Acceso a la Información y le he insistido que establezca un criterio al respecto, y en caso que no nos satisfaga nos permita recurrir, en este caso, a la Sala de lo Constitucional”, expresa Burgos.

Y aunque la Ley de Acceso a la Información Pública no establece un determinado tiempo para que el IAIP resuelva, el abogado cree que el Instituto se ha extralimitado al no tomar una decisión expedita sobre la petición que presentaron.

Al consultar al comisionado del IAIP, Jaime Campos, responde que tiene entendido que ya existe un proyecto de resolución de parte de los cuatro comisionados restantes y que “se estaría resolviendo después de las vacaciones de agosto”.

Burgos insiste en que la información de los gastos que han solicitado es pública y cita que en el caso de los viajes de la Presidencia “el artículo 10 de la Ley de Acceso de la Información establece que los viajes de los funcionarios son información que se divulgará de manera oficiosa”.

Otro de los argumentos que esgrime el abogado, en cuanto a que esos gastos no deben ser reservados, es que están pidiendo información sobre viajes ya realizados, es decir, “no se pone en peligro la seguridad de ningún funcionario”, explica Burgos.

“Todos los presidentes de la región divulgan datos sobre  sus viajes, no vemos por qué éste está tan amenazado que no puede informar al respecto”, señala el abogado.

A otros sectores les preocupa el secretismo

También hay otros sectores a los que les inquieta esa lentitud para resolver. Uno de ellos es la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la organización Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

Javier Castro, director de asuntos legales de Fusades, también expresa que esperar mucho tiempo sin tener una resolución les parece una deficiencia de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública.

“Ojalá que en este caso el Instituto haga prevalecer el derecho de acceso a la información pública y se revoque esas declaratorias de reserva que pidió el Órgano Ejecutivo y que el Instituto de Acceso a la Información avaló en su momento”, indica Castro.

Claudia Araujo, presidenta de la organización DTJ, es de la opinión de que el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene la oportunidad de resolver favorablemente la revocatoria que presentó Funde-Alac, ya que todos los gastos que se están solicitando de la presidencia “son de carácter público”.

Y para Castro, uno de los problemas que han notado cuando se trata de información de tipo sensible es el “abuso” de declaratoria de reserva por parte de las instituciones. “Nos preocupa y sí hemos visto esa tendencia de que con la información que genera este tipo de sensibilidad o preocupación política la respuesta que se tiene es: declaremos reserva”, opina.

Añade que otro de los argumentos que dan las instituciones públicas cuando se les solicita la información es que la misma se encuentra “en proceso deliberativo” y terminan declarándola con reserva.

Como ejemplo menciona los contratos que firmó Tribunal Supremo Electoral (TSE) con las empresas de transmisión de datos, durante las pasadas elecciones municipales y legislativas de marzo de este año, las cuales se encuentran reservadas.

Pero mientras el IAIP aún no resuelve este caso, sí ha admitido recursos relacionados a  la declaración patrimonial de los últimos tres expresidentes.

El comisionado del Instituto, Jaime Campos, indica que el jueves de la semana pasada admitieron un recurso de apelación contra la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia a la que Funde-Alac ha pedido el examen que hizo esa dependencia sobre la declaración de patrimonio de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.

Campos dice que le notificarán a Funde y a Probidad, después las vacaciones agostinas.
Luego explica que estudiarán el caso y emitirán una resolución para definir si la ciudadanía podrá acceder a las declaraciones patrimoniales de los exmandatarios.

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Fusades pedirá reformas a la Ley de Acceso a la Información

La entidad solicitará que el Instituto de Acceso pueda verificar si la información es “reservada” o no.

Javier Castro, director de asuntos legales, de Fusades. | Foto por Archivo EDH

Javier Castro, director de asuntos legales, de Fusades. | Foto por Archivo EDH

, 7 agosto 2015, EDH

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) presentará un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para que sea un derecho plasmado en la Constitución de la República.

De acuerdo con Javier Castro, director de asuntos legales de esa institución, incluir el acceso a la información en la Carta Magna le vendría a dar mayor fortaleza a ese derecho ciudadano.

Otra de las reformas que plantearían es que el ciudadano no tenga que identificarse al momento de solicitar información pública, lo cual hoy es una obligación con la ley actual.

“De acuerdo a las mejores prácticas acceso a la información, eso puede ser una restricción al acceso de la información, porque en la medida que la personas se identifican pueden sentir que hay un tipo de represalia. Hay países en los que no es necesario identificarse”, indicó Castro.

Otro de los aspectos donde propondrían cambios es en el apartado de las reservas, ya que, según Castro, se cometen abusos por parte de las instituciones.

Explicó que tal como se encuentra redactada la Ley de Acceso a la Información, cuando una institución clasifica una información como reserva, el Instituto no puede constatar si de verdad lo es.

“El Instituto no puede revisar esa información, o sea que hay casos como el de Casa Presidencial en el que el Instituto no ha constatado físicamente que la información es reservada, sino que se ha atado a lo que el ente obligado (Capres) ha expresado sobre esa información”, indicó.

Según Castro, el país se ha quedado corto con esa disposición en la ley, porque el Instituto debería ver si esa información es reservada, “pero si no se entrega, no hay forma de saberlo”.

Agregó que lo que pretenden es darle herramientas a la Ley de Acceso a la Información Pública para evitar los abusos que se han generado por parte de las instituciones del Estado.

Según Fusades, las declaratorias de reserva se ha vuelto uno de los puntos débiles de la normativa. El paquete de reformas lo están trabajando y en un mes lo darán a conocer.