corte de cuentas

Cómplices. De Cristian Villalta

Como nación, nuestro juicio queda mal parado cuando tres de nuestros últimos cuatro presidentes fueron acusados de peculado, dos de ellos con lavado de dinero añadido. Si en esos 15 años no pegamos una, ¿eso nos vuelve los votantes más estúpidos del planeta? No.

10 junio 2018 / La Prensa Gráfica

Con disculpas para la exageración anterior -la de los votantes, no la de los presuntos delitos-, realmente cabe preguntarse si como electorado cometimos un error eligiendo en su momento a los señores Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes. La Fiscalía General de la República respondería tres veces que sí, a juzgar por las causas que siguió y/o sigue contra ellos.

Esta columna va por otro lado, porque la respuesta es no. Y tres veces. A cada uno se lo eligió por irrepetibles factores históricos; no hubo mejores opciones en ninguna de esas estaciones de nuestro tránsito democrático.

Además, el sufragio no es un ejercicio de psicoanálisis y a menos que el candidato sea una persona inválida emocionalmente y lo demuestre en público de modo reiterado (sí…), para el elector es imposible juzgar su carácter y si se resistirá a los apetitos del poder.

Mientras no haya pruebas que ninguno de ellos ya llegó al poder con un plan delictivo debajo del brazo, no podemos sino pensar que sus intenciones eran honestas. Y es mejor creerlo así para no desviarnos en la lectura, lamentándonos que El Salvador haya sido víctima de unos bellacos imperdonables. Bellaquería o no, el caldo de cultivo de estas vergüenzas reside en un Estado mal diseñado en el que las instituciones tienen proxenetas políticos a su cargo, y en las intocables mafias que eventualmente corrompen a los funcionarios.

Pero considerando la naturaleza de los delitos, la artillería debe enfilarse principalmente hacia la Corte de Cuentas de la República y al modo casi entusiasta en el que faltó a su deber, incluso dándole finiquitos en su momento a cada uno de los mencionados.

Década y media de incompetencia no es incompetencia sino un sistema.
La Corte de Cuentas de la República fue manejada por el Partido de Conciliación Nacional desde 1984 hasta 2011. ¿Por qué la contralora gubernamental por excelencia ha sido durante años sólo una concubina entre el oficialismo y sus satélites ocasionales? Porque si legalmente se la presume “independiente en lo funcional, administrativo y presupuestario”, en la práctica no se sustrajo nunca del influjo de los verdaderos poderes.

Esos poderes fácticos, dueños de este o de aquel partido político, invierten en sus diputados sólo con la garantía que sabrán hacerse cargo. Y parte de hacerse cargo ha sido el diseño de la Corte, que ha funcionado como el revólver que ataca o defiende a la mafia política salvadoreña.

La mayor parte de la desatención de los deberes en la institución ocurrió durante el largo periodo que Hernán Contreras campeó en ella, 17 años en dos periodos (1990-1998 y 2002-2011). Contreras no sólo fue designado dos veces sino reelecto otras cuatro, la penúltima de ellas con Elías Saca como presidente, y con el abrazo de 48 diputados, entre ellos toda la bancada arenera.

Lo que ha fallado pues sí ha sido el juicio, pero de los diputados de todo el espectro político que actuaron en bloque apoyando tantas veces a Contreras contra todo interés público. Esos votantes tampoco fueron estúpidos, sino cómplices.

Sigue mal la elección de Corte de Cuentas. Centro de Estudios Jurídicos

En los próximos días seremos testigos de un nuevo proceso de selección de funcionarios. Otra vez, estamos en medio de la elección de las nuevas cabezas de la Corte de Cuentas; una institución que nos debe mucho. Y nuevamente nos enfrentaremos a la desidia de los diputados a realizar un proceso de selección que resulte creíble y objetivo para la sociedad.

Centro de Estudios Jurídicos, 12 junio 2017 / LPG

Se han presentado a la Asamblea Legislativa alrededor de cuarenta personas mostrando interés en ser nombrados como magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ya dijimos que el proceso inició mal cuando en el primero de los filtros –la convocatoria– se invitó prácticamente a cualquiera.

Ahora sigue mal en otro de los filtros: la entrevista de los candidatos con los diputados miembros de la subcomisión encargada del proceso de elección es demasiado básica, abstracta y fácilmente manipulable.

En primer lugar, las preguntas no presentan ningún reto o dificultad a ser superada por los candidatos. Con relación a la primera pregunta, en la que se pide que se señalen las funciones fundamentales que debe ejercer un magistrado de la Corte de Cuentas, la respuesta no puede ser otra más que lo establecido en el artículo 195 de la Constitución, es decir, la fiscalización de la Hacienda Pública y la ejecución del presupuesto; se trata de un mandato constitucional claro e incuestionable.

En relación con la segunda pregunta, el estado actual de la Corte de Cuentas, es casi un hecho público y notorio que el rol de esta institución ha sido lamentable durante los últimos veinticinco años y que es necesario levantar cabeza; así, no hay mucho margen de discusión sobre estas dos preguntas, ni posibilidad de que se constituyan en un filtro ni siquiera aparente.

Las últimas dos preguntas (por qué se considera capacitado para desempeñar el cargo y sus planes de trabajo en caso de resultar electo) son cuestiones subjetivas que poco ayudan a verificar si una persona tiene la competencia y el mérito para desempeñar el cargo de magistrado; muchos candidatos a funcionario han llegado a la Asamblea manifestando su intención de entregar el cielo y las estrellas, pero nos han fallado una y otra vez.

La fase de entrevistas es –por ahora– el único paso del que la sociedad tiene conocimiento sobre este proceso de selección. Y las impresiones que tenemos hasta el momento no son nada alentadoras, teniendo en cuenta la poca calidad de preguntas y rematando en que han sido de conocimiento público dos semanas antes de la entrevista. Cualquier candidato puede preparar el mejor de los discursos y eso no garantiza que trabajará de la misma manera.

Esperamos que la Asamblea y la comisión encargada del proceso de elección reformule el formato de entrevista y vayan más allá de un simple par de preguntas para que el asunto tenga forma de proceso. También esperamos que analicen las hojas de vida de una forma objetiva y ponderada, utilizando un método que permita diferenciar los logros y experiencias (profesional, académica y laboral) entre los distintos candidatos.

A los diputados de la Asamblea Legislativa les volvemos a exhortar que modifiquen el Reglamento Interior en relación con estos procesos de elección, y les recordamos que, como lo ha manifestado la Sala de lo Constitucional, el deber de documentar y justificar la “honradez y competencia notorias” no puede reducirse a la descripción del proceso de selección. La mera descripción carece de utilidad práctica, ya que el fin verdadero de un proceso de selección es demostrar que el elegido como funcionario es el más calificado de todos los participantes. Háganlo esta vez, o nos obligarán a tener que acudir de nuevo a pedir la inconstitucionalidad de la decisión.

La partida que no era secreta. De Erika Saldaña

Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 29 mayo 2017 / EDH

Uno de los secretos a voces más fuertes en El Salvador, posconflicto armado, es la existencia de la mal llamada partida secreta. Digo mal llamada, pues cuando un funcionario dice que la partida secreta no existe, tiene razón. Dentro del Presupuesto General de la Nación no hay un rubro con esa denominación; el nombre formal de esa partida es “gastos imprevistos”, y otros fondos se han gestionado como “gastos reservados”.

De estas líneas presupuestarias, cuentan diversos reportes periodísticos, salió dinero para pagar sobresueldos a funcionarios en diferentes periodos gubernamentales, “actividades de inteligencia”, “reparar crisis políticas” y quién sabe qué otro tipo de cuestiones, porque aquí podemos especular lo que sea, ya que nunca se ha transparentado su verdadero uso. Los indicios de las investigaciones de la Sección de Probidad y la Fiscalía señalan que algunos de estos dineros, probablemente, fueron a parar a cuentas privadas de expresidentes o exsecretarios privados de la Presidencia, lo cual ya degenera en corrupción.

Aunque su existencia en sí misma no es inconstitucional, la forma oscura y discrecional en la que se han utilizado las partidas de gastos imprevistos o gastos reservados deja muchísimas dudas. Antes del año 2010 nunca se habían aceptado los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del Presupuesto General de la Nación y las asignaciones presupuestarias sin control alguno; esto, a pesar de que algunos demandantes habían manifestado que este tipo de partidas podían llegar a acumular grandes cantidades de recursos que, al carecer de transparencia y control, no garantizaban que se estuvieran utilizando adecuadamente, para los fines del Estado.

A partir de la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, cuando la Sala de lo Constitucional aclaró que en casos anteriores sobre el presupuesto la interpretación hecha no había sido lo suficientemente fundada, se estableció que el presupuesto debe especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos. Debe señalarse de manera clara cuánto gasta, en qué gasta y quién lo gasta. Además que ningún ente público puede tomar una decisión jurídica que implique un gasto no previsto en la Ley de Presupuesto; tampoco se pueden gastar las sumas autorizadas para una finalidad diferente a la plasmada en la ley, sin realizar el procedimiento establecido para la modificación del presupuesto.

La Sala también expuso que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino, salvo en las excepciones que exista una causal justificada de reserva de la información. La sentencia fue clara al señalar que las denominadas “partidas secretas”, entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional.

En los últimos cuatro gobiernos se han gastado cientos de millones de dólares de los que no se ha rendido cuentas por pertenecer a gastos imprevistos o reservados; se ha tratado de justificar su opacidad en que es información reservada del Estado por atender a funciones del Organismo de Inteligencia del Estado, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada o porque se trata de gastos urgentes que surgen de alguna emergencia nacional. Pero en un rubro tan delicado como las finanzas del Estado, entre más transparencia y más información hay, mejor. No hay lugar para partidas secretas ni para que algunos funcionarios decidan discrecionalmente en qué gastar.

Después de tantas líneas cuestionando la partida de gastos imprevistos y reservados, la duda del millón es ¿dónde ha estado, está y estará la Corte de Cuentas para investigar la forma en que se administran y gastan los fondos públicos? ¿por qué la Corte de Cuentas se resiste a auditar la forma en que se usan todos los fondos públicos cuando se supone que es su principal misión? Nuevamente el tema está sobre la mesa, y ante la próxima elección de los magistrados de la Corte de Cuentas a los ciudadanos nos toca exigir que nos expliquen con detalle en qué se gastan el pisto del Estado.

Asesoría de campaña gratis. De Cristina López

Propongan una Corte de Cuentas con dientes y sin colores políticos, que cuente los centavos y las costillas de quienes hemos elegido para manejarlos.

Cristina López, 29 mayo 2017 / EDH

No es necesariamente mi experiencia principal la estrategia electoral, pero algo conozco. Quienes se dedican exclusivamente a la planificación de tácticas políticas y construcción de mensajes electorales con el fin de llevar a diferentes candidatos al poder tienden a ganar salarios que rondan los millones de dólares. Es un rubro sumamente lucrativo, ese de llevar gente al poder, diciéndoles qué tienen que decir y hacer para conseguir votos.

En El Salvador, a dos años de las elecciones presidenciales, comienzan a darse a conocer las ambiciones de diferentes aspirantes a la presidencia, que seguramente, pagarán pequeñas fortunas a diversos consultores para que les construyan el mapa de ruta que los lleve con éxito a la Casa Presidencial. Sin ganas de andarle quitando trabajo a ninguno de estos consultores de lujo, motivada en parte por altruismo y en parte por el hartazgo del status quo, voy a darles sin cobro alguno a los aspirantes presidenciales una estrategia de campaña que llevaría al triunfo electoral a cualquiera, con instrucción notoria o a falta de ella.

La persona que base su candidatura en el compromiso con erradicar por completo el uso discrecional de fondos públicos y prometa transparentar cada centavo que del erario se disponga, ganaría en un abrir y cerrar de ojos. Es triste que algo que es tan elemental para otros países, en el nuestro suene como una revolucionaria e innovadora manera de hacer política, pero la realidad es que en un país donde la tasa de pobreza ha ido en crecimiento en los últimos años, tener presidentes cuyas “partidas secretas” (por lo menos antes de que la Sala de lo Constitucional limitara el flujo de excedentes monetarios ministeriales hacia Casa Presidencial) y uso de fondos públicos sin auditoría alguna, es una vergüenza monumental.

El asco ante la falta de transparencia y la corrupción política trasciende los colores políticos. Importa poco o nada si en lo personal le rezan a Marx, a Mao, a Ayn Rand, o al Mayor, si cuando tomen posesión van a hacer uso de los fondos públicos sin darle cuentas a la población. La reciente investigación periodística de El Faro le puso números a lo que cualquier ciudadano sin ingenuidad por lo menos sospechaba: que la partida secreta se ocupaba como caja chica durante las administraciones de ARENA y que poco indica que con la llegada del FMLN al poder haya habido un cambio (ni práctico ni filosófico) en la manera en que se usaban estos fondos. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, una porción respetable en proporción a lo que un país de bajo crecimiento económico como el nuestro produce.

Defensores de los anteriores mandatarios podrán argumentar que el uso que se hizo de los fondos no necesariamente fue para beneficio propio, o que se puso al servicio de fines políticos que terminarían favoreciendo la implementación de políticas públicas en pro de la sociedad. El tema es que no importa para qué se usaron los fondos. El hecho de que no quedara evidencia y que se manejara una contabilidad paralela es una afrenta a la probidad y a la honradez básica.

Por eso, aquí les va la asesoría gratis, a candidatos presidenciales e incluso, legislativos: condenen este tipo de prácticas. Propongan una Corte de Cuentas con dientes y sin colores políticos, que cuente los centavos y las costillas de quienes hemos elegido para manejarlos. Prometan consecuencias para quienes hagan mal uso de los fondos que deberían estar orientándose hacia una mejor educación y desarrollo para la población. Basando su plataforma en estos principios básicos, cualquiera gana. Cúmplanlos de veras en su gestión, y tienen la reelección garantizada.

@crislopezg

Hagan su trabajo. De Sandra de Barraza

Los ciudadanos debemos conocer, con nombre y apellido, todas y cada una de las entidades que reciben recursos públicos. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de velar por el uso apropiado de recursos.

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 27 enero 2017 / LPG

La Ley de la Corte de Cuentas de la República es de septiembre de 1995. “La Corte”, dice la ley, “es el organismo encargado de fiscalizar, en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto en particular”. Fiscaliza también la gestión de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban subvención o subsidio del mismo. Y también, fiscaliza la ejecución del presupuesto de los concejos municipales.

la prensa graficaÚnicamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacer ajustes a su proyecto de presupuesto; la Asamblea Legislativa, por votación nominal y pública, elige al presidente y magistrados que la presiden; la Asamblea Legislativa recibe y aprueba su informe anual. Así es de importante “la Corte”.

La jurisdicción de la Corte es amplia y su trabajo es fundamental. Fiscaliza y controla a todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna, dice la ley. Fiscaliza también las actividades de entidades, organismos y personas que reciben asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.

La tarea de fiscalización incluye desde federaciones de fútbol y otras deportivas, hasta partidos políticos, incluyendo ONG, asociaciones, fundaciones, hogares y más. La tarea de fiscalización incluye desde empresarios de buses hasta lisiados de guerra. Así de amplia y compleja es la tarea porque así de amplia es la distribución de recursos públicos. Pero ¿quiénes reciben recursos públicos?

El presupuesto 2017 del Ministerio de Educación (MINED) es de $941.9 millones. Son $64.3 millones para educación de primera infancia (7 % del presupuesto); son $477 millones para Educación Básica (51 % del presupuesto). Son $86 millones para Educación Media (9 % del presupuesto). A la Universidad de El Salvador (UES) le asignan $72.2 millones (8 % del presupuesto). Y para protección social (uniformes, vaso leche y alimentación) son $105 millones (11 % del presupuesto).

En el presupuesto del MINED, hay $119 millones para “Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades”. Este monto representa el 13 % del presupuesto total. ¿Quiénes son las adscritas? Allí están la Universidad de El Salvador (UES), la Caja Mutual de los Empleados del MINED, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

¿Quiénes son las “Otras entidades” en el presupuesto 2017 del MINED? Son 33 entidades y tienen el calificativo de “Implementadoras de Programas Educativos”. Están con nombre y apellido. Son entidades que ponen en funcionamiento iniciativas para complementar el trabajo del MINED y esto motiva un convenio con responsabilidades definidas.

Entre las 33 Implementadoras de Programas Educativos hay 3 Institutos Tecnológicos de Educación Superior y 4 Escuelas Superiores de Ingeniería. También hay 7 universidades privadas, 11 asociaciones, 4 Fundaciones, 1 Hogar, 1 Federación, 1 Comité y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Las 33 deben ser fiscalizadas por la Corte.

El Ramo de Trabajo y Previsión Social apoya con “subsidio al Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado”. El Ramo de Salud apoya al ISRI, al Hogar de Ancianos, a la Cruz Roja, al Fondo de Salud y al Consejo Nacional de Salud. Y también apoyan a “30 entidades de asistencia social”. Las 35 deben ser fiscalizadas por la Corte.

El Ministerio de Economía también apoya otras entidades. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) tiene 14 entidades implementadoras de la estrategia para el desarrollo de la mype. Las 14 deben ser fiscalizables por la Corte.

Y también aparecen en el Ministerio de Obras Públicas, en Medio Ambiente y en Defensa. En todos los casos, las instituciones aparecen con nombre y apellido y son 3 las que deben ser fiscalizadas por la Corte. Con esta lista, la Corte tiene al menos 82 para fiscalizar. No todas reciben subsidio. Los términos deben usarse con sabiduría para no confundir la tarea. Faltan. En el Portal de Transparencia Fiscal no aparecen las entidades que reciben recursos públicos de la Asamblea Legislativa.

Los ciudadanos debemos conocer, con nombre y apellido, todas y cada una de las entidades que reciben recursos públicos. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de velar por el uso apropiado de recursos. La Corte debe investigar. La Corte debe darnos certeza. Hagan su trabajo.

Pegarse un balazo en el pie. De Mario González

Mario González, editor subjefe de EDH

Mario González, editor subjefe de EDH

Mario González, 20 noviembre 2016 / EDH

Desidia, desinterés, cautela, tiempo u oportunismo político, otros asuntos… Lo cierto es que el dilatar la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República se volvió contra los mismos diputados.

Los legisladores no midieron que tarde o temprano urgirían que los titulares de la contraloría pública avalaran un trámite nada más y nada menos como el de los $550 millones en bonos y no habría nadie para hacerlo. Es como los que al desenfundar la pistola, se meten un balazo en el pie.

diario hoyComo dijo el magistrado Rodolfo González, se buscaron los consabidos “atajos” que ya no funcionan en los nuevos tiempos, como no funcionó lo de los $900 millones por la misma razón, porque “no  hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas”.

El problema tiene una falla de origen: los diputados no respetan los plazos y, como “en río revuelto, ganancia de pescadores”, algunos pensarán que esto podría tener algunas ventajas. La Sala de lo Constitucional le ordenó a la Asamblea elegir titulares de la Corte de Cuentas antes del 30 de junio.

Pero, como señaló el magistrado, hay un claro incumplimiento y no se puede exigir a los ciudadanos que respeten la ley si los que están en el poder no lo hacen o quieren vivir a base de imposiciones arbitrarias, como en la montaña.

La solución es más fácil de lo que pensamos: busquen a las personas más limpias, más rectas, apolíticas, sin compromisos y conocedoras del Derecho para esos cargos y nómbrenlas cuanto antes.

¡Ah! Pero hay algo imprescindible: deben tener competencia y moralidad notorias, porque si no, la Sala de lo Constitucional se los va a volver a batear, como se dice en buen salvadoreño.

Creo que a quien menos podrán sorprender es a los magistrados, que no se chupan el dedo y bien detectaron la filiación política de varios nombrados anteriormente.

Una vez cumplidos estos requisitos, sólo necesitan 43 votos.

Sólo tienen que serenarse, cargarse de voluntad y patriotismo y votar con toda honestidad y pensando en el país.

Dejando a un lado a personas cuestionadas que han vuelto a lanzarse para el cargo, la Asamblea tiene una lista con muchos profesionales valiosos y honestos, pero lo importante es que sean valientes y rompan esquemas de complacencia y apoltronamiento.

Hay que hacerlo pronto, no porque esté de por medio lo de los bonos, sino porque es una obligación y la acefalía de la Corte de Cuentas sólo favorece la impunidad, ya que muchas auditorías y juicios de cuentas podrían estar caducando y esto perjudica al país.

La corrupción se ve beneficiada porque no hay una entidad plenamente activada para vigilar a las instituciones, los bienes y los fondos del Estado.

Esta coyuntura debe ser un punto de partida no sólo para elegir magistrados, sino también para lograr que la contraloría haga un trabajo efectivo, es decir, fiscalice a las instituciones en tiempo real y no hasta que ya han ocurrido los hechos.

Quizá esta sea la raíz de la corrupción:  que los corruptos se sientan con libertad de robar  porque piensan que nadie los vigila ni los pillará en el momento, creen que tienen todo el derecho de hacerlo porque otros lo hicieron antes y tienen amarrada a la institución.

Son numerosos los casos en que la contraloría ha terminado auditorías mucho tiempo después de sucedidos los hechos y me pregunto, ¿será que nos gusta llorar sobre la leche derramada?

Este es el momento de pasar la página de las conveniencias y las imposiciones y tomar las mejores decisiones. Pero recuerden: si siguen con el viejo esquema al elegir a titulares de la Corte, se los volverán a batear…

El que paga el mariachi. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 20 junio 2016 / EDH

En El Salvador estamos llegando al punto de que ni los dichos populares funcionan de la manera que deberían. Nuestro folclor propio y características únicas han logrado que para nosotros hasta los dichos apliquen diferente. Un ejemplo nos lo acaba de dar la Corte de Cuentas, el organismo — en teoría — encargado de auditar y fiscalizar que los fondos públicos se usen de manera adecuada. Y digo, en teoría, porque a menos que sus tácticas innovadoras para mantener cortitos a los funcionarios con lo que gastan incluyan el canto de rancheras, ¿cómo puede justificar una entidad estatal tener entre su inventario trajes completos de mariachi?

Según un reportaje periodístico reciente, que caritativamente le concedió el adjetivo de “extravagantes” a los gastos de la Corte de Cuentas (le quedaba mejor “absurdos” o “inexplicables”), la Corte ha gastado en lavar y planchar trajes de mariachi en los últimos años un monto que sobrepasa varios salarios mínimos. Y si bien lo de los mariachis ni se compara a lo que gastan en refrigerios (¡buen provecho, señores funcionarios, no me les vaya a dar empacho!), no deja de dar rabia. Porque demuestran que ni los dichos les aplican: para los funcionarios públicos en El Salvador, los que pagamos el mariachi, o sea la ciudadanía, no tenemos ni voz ni voto a la hora de escoger la canción. A ver, ¡es que ni nos invitaron a la fiesta!

diario hoyY queda clarísimo que el control que debería estar ejerciendo el organismo con inclinaciones por la música ranchera tiene poco peso en las decisiones del resto de funcionarios sobre cómo invierten el dinero público. Porque a los diputados ni les tembló el pulso cuando decidieron destinar medio millón de dólares en un “nuevo equipo de votación” que incluye rótulos con tecnología LED que seguramente se van a volver la envidia de los negocios de carwash de la Avenida Chiltiupán. Lo anterior no es una crítica a la modernización del estado: enhorabuena, los pasos que llevan hacia una gestión más eficiente y hacia la profesionalización del servicio público, tienden a ser positivos. Tienden, porque el costo de oportunidad — los otros fines que pudieran haber tenido ese medio millón de dólares — puede que termine siendo menor que el beneficio. Los beneficios que traerá esta tecnología de punta se acaban con la compra y solo benefician a un número limitadísimo de ciudadanos salvadoreños. Haber destinado el medio millón a la cartera de educación por medio de políticas públicas eficientes, habría continuado beneficiando salvadoreños muchos años después del desembolso (o eso que le llaman “retornos de inversión”).

La inversión del órgano legislativo da rabia, pero no es una rabia nueva. Ese es el problema, que nos tienen prácticamente acostumbrados a sus remodelaciones millonarias, a sus despilfarros en fiestas navideñas y a sus usos del dinero público en fines que no favorecen al resto de la población. La diferencia, a pesar de la costumbre, es que los gastos son más aberrantes ahora que el país está en una gravísima crisis económica y necesitado de recursos para combatir los males que nos siguen hundiendo: la inseguridad y la falta de educación. Pero pareciera no importarles, puesto que siguen haciendo gala de la misma falta de prioridades que el paciente que invadido de cáncer, invierte los pocos recursos que le quedan en hacerse una rinoplastia.