Transparencia Internacional

Secretos al clic de una computadora. De Roberto Rubio

rubioRoberto Rubio, 11 abril 2016 / LPG
Como ya bien señalaba hace casi 6 años el conocido periodista Jorge Ramos en su columna de opinión, titulada “Nada es secreto”: “La sencilla razón de WikiLeaks parece ser la nueva premisa del siglo 21: una vez publicado, nada desaparece. Si algo aparece en la pantalla de una computadora, muy probablemente será guardado en alguna parte. En esta era digital, incluso un texto íntimo puede convertirse, con solo un clic del mouse, en un asunto público… Y en estos días, cualquiera armado de una computadora puede buscar y revelar un secreto de Estado” (LPG, 12/12/2010).

la prensa graficaDicho artículo me motivó a escribir lo siguiente en este mismo periódico: “Esto lo deben tener muy presente nuestros gobernantes. Estos no deben olvidar que sus puestos se los ha prestado el elector por 5 o 3 años, que un día no lejano dejarán de ser funcionarios, y que lo que hacen o hicieron siempre estará expuesto a un clic de computadora. Lo que ahora roben, lo que indebidamente hagan para incrementar su patrimonio, las movidas políticas que levanten, las leyes que violen a escondidas, etcétera, más temprano que tarde se hará del conocimiento público. Lo que WikiLeaks enseña es que de ahora en adelante hay que comportarse como si siempre se estuviera bajo el sol. Hoy más que nunca cobra sentido aquel refrán del no se puede tapar el sol con un dedo… menos con el dedo del corrupto y del pícaro” (LPG, 12/2010).

Gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, al accionar ciudadano y a la intervención de ciertos tribunales, en los últimos años se han podido revelar aspectos que se consideraban secretos de Estado: gastos discrecionales en Asamblea Legislativa, conocimiento (todavía parcial) de nombres y salarios de asesores legislativos, datos de viajes de diputados/as, actas de directivas de algunas empresas públicas, etcétera; y algo importante que se consideraba secreto ya no lo es: las declaraciones de patrimonio de los funcionarios.

Esto ha permitido que secretos sobre posibles delitos de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios públicos sean no solo del conocimiento ciudadano, sino que sean también parte de procesos judiciales, como los casos del expresidente del Seguro Social, los expresidentes Saca y Funes, y otros que seguirán. Gracias a los registros comerciales, ahora es público que el vicepresidente Ortiz es socio de una persona identificada por el mismo presidente Obama como uno de los Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Algo que tendrá que aclarar bien el vicepresidente Ortiz y enfrentar adecuadamente el gobierno para evitar significativas consecuencias.

Gracias al acceso a las computadoras de una firma panameña, Mossack-Fonseca, ahora sabemos con más detalle cómo funcionan y se usan indebidamente las operaciones offshore, y cómo algunos empresarios y altos funcionarios esconden riquezas mal habidas y/o eluden impuestos. Ahora sabemos con evidencia que uno de los principales amigos y financistas del expresidente Funes, Miguel Menéndez, utilizaba las plataformas opacas de las offshore.

En fin, los empresarios, los funcionarios de ayer y hoy, las instancias civiles o religiosas, las organizaciones ciudadanas, etcétera, debemos saber que lo que se hizo o se hará siempre estará expuesto al clic de una computadora.

PD: A propósito del escándalo mundial en torno a la firma panameña antes mencionada, el presidente de Chile Transparente fue inmediatamente separado de su cargo por Transparencia Internacional al saber que había tenido relación personal con operaciones offshore. Igualmente, Transparencia Panamá aclaró que hace unos 10 años, cuando descubrió que uno de los miembros de su consejo asesor, el panameño Fonseca, estaba relacionado con una empresa acusada de contrabando de diamantes, fue también inmediatamente separado de su cargo. En ambos casos no se esperó a ver si actuaron o no legalmente, o si eran culpables o no. Bastó la simple sospecha. Nadie debe estar jugando con la opacidad, mucho menos dentro de Transparencia Internacional. Esto por cierto contrasta con el comportamiento de algunas instituciones estatales en nuestro país, que lo que hacen es correr prestos a la defensa del sospechoso, a pesar de la abultada evidencia que pudiera haber en su contra.

A nadie le gusta tener una prensa independiente: Transparencia Internacional

Es común que la prensa independiente sea atacada por exponer la corrupción, dijo Ugaz, al que le extraña que en un gobierno de origen progresista como el salvadoreño no se ataque la corrupción.

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José Ugaz, de origen peruano, es presidente de Transparencia Internacional

Hermelinda Bolaños, 20 noviembre 2015 / LPG
la prensa graficaJosé Ugaz, de origen peruano, es presidente de Transparencia Internacional y asegura que los medios de comunicación independientes son fundamentales en los países con altos índices de corrupción, en donde las instituciones y el Gobierno no ejecutan acciones que den resultados positivos para combatir el problema. Según Ugaz, en la última evaluación El Salvador obtuvo una nota de 3.8 en transparencia y combate a la corrupción, lo que calificó como una nota de desaprobación, y dijo que llama la atención porque se da en el contexto de “un gobierno de origen progresista y revolucionario” que luchó por la justicia y los principios de transparencia.

¿Cómo evalúa la situación de transparencia en El Salvador?

En los índices de percepción de corrupción que viven midiendo la percepción de transparencia, integridad y corrupción en los países del mundo, El Salvador no ha calificado bien. De hecho, se ha movido siempre en el tercio inferior de la tabla y eso quiere decir, primero, que ha habido mucho problema de falta de regulación adecuada para que los procesos de toma de decisiones y distribución de recursos sean efectivamente transparentes y sean de conocimiento de la ciudadanía, pero, por otro lado, que incluso en aquellos casos que se han dado normas como la ley de acceso a la información estas no se cumplen. Entonces, no se trata solamente de tener una arquitectura legal que sea bonita, que sea igual a la del primer mundo, sino que los funcionarios públicos y, en particular las autoridades de Gobierno, tengan claro que el compromiso con la transparencia es una forma de gobernar.

¿Cuál es la nota que obtuvo El Salvador en la última evaluación?

En el último índice, El Salvador apareció con 3.8 sobre 10, lo cual es una nota desaprobatoria.

¿Considera, entonces, que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que se implementa en el país no es suficiente o no se está cumpliendo como debería?

No es un problema de la ley, yo creo que la ley es buena y es una ley que tiene los principios estandarizados de estas leyes a nivel mundial. El problema es la aplicación de la ley. No basta con tener la norma, hay que cumplirla y para eso tiene que haber un cambio de cultura de los funcionarios públicos y de las autoridades para entender que ellos no son los propietarios de la información. Creo que esa ley no se está cumpliendo a cabalidad y hay varios ejemplos, incluso, que han llegado a la autoridad de control de acceso a la información que no están siendo de dominio de la opinión pública.

Entonces, ¿cómo calificaría el trabajo que está haciendo la institucionalidad del país y el Gobierno para combatir la corrupción y ser más transparente?

Yo creo que hay, efectivamente, muchas declaratorias de lo que quiere hacer en términos de transparencia, pero poca práctica de lo predicado y esto, si no se hace un esfuerzo real, un esfuerzo con una voluntad política concreta, en lo que va a terminar es en una prédica demagógica que lo único que va a hacer es desencantar a la gente y esto en realidad llama la atención porque ocurre en el contexto de un gobierno progresista, que tuvo un origen progresista, revolucionario, y que dedicó sus años de lucha precisamente para que estos principios de transparencia, de justicia, de no corrupción –porque a la larga la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres– estuviera en vigencia y, sin embargo, vemos que una vez en el poder hay una distancia entre lo que se quiso hacer algunos años y lo que se está practicando en la realidad.

¿A qué cree que se debe este cambio?

Yo creo que tiene que ver con la cercanía del poder. Hay una frase que creo que es muy gráfica que dice: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Entonces, cuando uno está cerca del poder se vuelve resistente a entender que se debe a sus representados y los representados son el pueblo, no son los funcionarios, ni son las autoridades. Estamos hablando del partido en el gobierno porque es el que está hoy día tomando las decisiones, pero yo quisiera decir que este no es un problema de partidos, este es un problema de la clase política y no es un problema de El Salvador, es un problema regional. La clase política latinoamericana es una clase política que ha olvidado que se les entrega el poder para gobernar a favor de los que les han delegado esa capacidad. Lamentablemente, una vez que llegan al poder se olvidan de esa delegación y se convierten, entonces, en servidores de sí mismos y eso, de alguna manera, es lo que tiene a la región en una situación tan complicada, con altísimos niveles de corrupción, con altísimos niveles de seguridad ciudadana, que mucho tiene que ver con corrupción.

En El Salvador, la fiscalización mediática sobre temas con indicios de corrupción ha generado ataques a algunos medios de comunicación e incluso se han intentado aprobar leyes que podrían coartar la libertad de expresión. ¿Qué opina de esta situación?

Esto pasa en todas partes donde hay prensa que denuncia casos de corrupción. Lo importante es que los medios de comunicación social sean neutrales, no obedezcan a intereses partidarios, sino que con este gobierno, con el siguiente, con el que venga, independientemente de la posición ideológica que tengan, mantengan una fiscalización del ejercicio del poder y creo que ahí está precisamente el valor que la prensa independiente tiene. Lo que muchas veces no pueden hacer los sistema judiciales ineficientes o capturados por el poder político, lo que no pueden hacer a veces fiscales incapaces, la prensa puede lograrlo y hemos visto que los grandes destapes anticorrupción, a escala mundial, no vienen de las contralorías generales, no vienen normalmente de las fiscalías, sino que usualmente vienen de una prensa independiente y comprometida con los destinos de su país.

¿Qué rol diría usted que juegan los medios de comunicación entonces?

Yo creo que mientras haya niveles de corrupción como los que vivimos nosotros, el rol fundamental de la prensa está en el lado de la fiscalización y, por supuesto, ataques como los que usted me comenta son comunes. A nadie le gusta tener una prensa independiente que levante la voz, porque los desnuda ante la opinión pública, los hace visible, los expone, y cuando hay exposición viene la sanción social, pero yo creo que independientemente de los ataques que se reciban, hay una misión periodística en la región que viene cumpliendo un papel muy eficaz.

Según la situación de transparencia y lucha contra la corrupción en El Salvador, ¿considera que es necesario instalar una comisión internacional contra la impunidad?

Habría que evaluar cuáles son los niveles de impunidad en el país. Yo me inclino más por lo que ha dicho Roberto Rubio, director de FUNDE, respecto a la situación en El Salvador. Creo que hay la expectativa de tener un buen fiscal en el corto plazo, hay un tribunal constitucional independiente que creo que está dando la talla y habrá que ver cómo se está comportando el Órgano Judicial a nivel de Corte Suprema de Justicia y en los niveles inferiores. Si hay espacios para que el propio sistema nacional pueda funcionar. Lo que hay que buscar simplemente es darle las herramientas y el apoyo, si fuera necesario, externo, profesional y técnico, para que puedan cumplir con su papel. Por lo que he escuchado, creo que hay condiciones como para que el sistema pueda operar con cierto nivel de eficiencia y lo que hay que hacer es contribuir a que ese nivel de eficiencia crezca.

Ni viajes ni publicidad pueden ser “secretos” y los periodistas son aliados contra la corrupción

Especialista Delia Ferreira afirmó que no brindar esa información del Presidente va contra la transparencia.

La especialista argentina y miembro de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, recalcó que para combatir la corrupción es necesario tener instituciones fuertes y buenas leyes de acceso a la información pública

La especialista argentina y miembro de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, recalcó que para combatir la corrupción es necesario tener instituciones fuertes y buenas leyes de acceso a la información pública

, 6 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyNi la información sobre los viajes de un presidente ni los gastos que su administración realiza en materia de publicidad tienen suficientes motivos para ser ocultados a la población aduciéndose razones de seguridad, manifiesta Delia Ferreira, especialista argentina y miembro de Transparencia Internacional.

La experta cuestionó que cuál era el sentido de que un viaje y los gastos que se hacen, como en este caso, sean secretos, ya que por lo general los presidentes cuando viajan lo hacen públicamente.

“Los presidentes cuando viajan lo hacen públicamente: se sacan fotos van a visitar otros presidentes, eso no tiene porque ser secreto y lo que se ha gastado en eso, tampoco. ¿Cuánto se pagó en pasajes, quiénes fueron, la comitiva, por ejemplo quiénes lo acompañaron? Y ¿cuál es la seguridad nacional que se está resguardando cuando un viaje ya se ha hecho, ha sido público y no ha sido secreto? ¿Qué tiene que ver la seguridad nacional con el gasto en pasajes?”, cuestionó la especialista a la vez que aseveró que no tiene razón de ser estas barreras a la información.

Ferreira está en el país invitada por la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales (Fusades).

En el país, Casa Presidencial declaró bajo reserva los datos sobre viajes del expresidente Mauricio Funes, así como la comitiva que lo acompañó en sus viajes, y detalles sobre los gastos de publicidad. Adujo motivos de seguridad para la actual presidencia, pues se revelaban datos de la actual logística de seguridad.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio la razón a la Presidencia, concretamente sobre estas peticiones. Solo avaló la entrega de datos globales de publicidad a la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y capítulo en El Salvador de Transparencia Internacional.

Roberto Burgos, coordinador de la Funde-ALAC, ha asegurado que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad por dicha resolución.

Sobre los gastos de publicidad, Ferreira manifestó que en otros países, aunque existe una ley de financiamiento de partidos, los candidatos oficialistas usan todo el presupuesto público de publicidad para hacer campaña y es un abuso claro de los recursos públicos. Por tal motivo, es necesario conocer la información detallada sobre esos gastos.

“Obviamente va en contra de la transparencia. Los gastos de publicidad no tienen ningún motivo para ser secretos. ¿Cuál es el motivo para no dar a conocer cómo se ejecuta el presupuesto en rubro, que además es usado muchas veces, no sé si el caso es así, (de) la pauta publicitaria (…) se gasta en publicidad, usado como mecanismo de campaña indirecta”, expresó Ferreira.

Otro caso donde no debe existir secretismo de los funcionarios es en lo relacionado a la salud, según la experta.

Ferreira fue enfática al asegurar que nunca se debe declarar “reservada” la información de una enfermedad, sobre todo si es terminal, de los funcionarios públicos.

“Hay datos de la vida privada que hay que reservar, pero en el caso de los funcionarios públicos la protección de la intimidad baja en función de que haya un interés público, que es predominante sobre la reserva de la vida privada”, expresó la argentina.

Asimismo, agregó que si bien es importante contar con una buena ley de acceso a la información y actuar con transparencia, ambas no son garantía para que se reduzcan los índices de corrupción.

Agregó que es necesario contar también con una buena ley de ética, que las instituciones funcionen, que la población exija y no siga tolerando la corrupción para ver cambios sustanciales en una sociedad democrática.

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“Periodistas son aliados contra la corrupción”

La especialista argentina expresó que la reacción frente investigaciones periodísticas no debe ser amenazar con sanciones.

, 6 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyLos periodistas son aliados centrales en todo el mundo en la lucha contra la corrupción y los políticos no deben enfilar medidas para coartar la libertad de expresión, sino todo lo contrario, deben actuar con probidad y transparencia, afirmó la especialista argentina Delia Ferreira.

La experta manifestó lo anterior tras conocer sobre la iniciativa de cambiar los días multa por prisión de hasta ocho años por delitos contra el honor, y coincidiera con la publicación en medios escritos de las declaraciones patrimoniales de varios diputados.

Explicó que hay países que han eliminado la figura de la calumnia y la injuria cuando se da información sobre funcionarios públicos.

“Esa no puede ser la reacción frente a las investigaciones periodísticas, no puede ser. Obviamente cuanto más eficientes son las investigaciones y cuanto más interesantes son los datos que se descubren, muchas veces la clase política reacciona poniendo límites y tratando de coartar la libertad de información”, aseveró.

Ferreira, miembro de Transparencia Internacional, afirmó que los periodistas son uno de los actores centrales en esa lucha contra la corrupción junto a las organizaciones de la sociedad civil y “a aquellos funcionarios que quieren hacer bien su trabajo y cumplir sus funciones”.

Añadió que la ley de acceso a la información por sí sola no garantiza que con los datos obtenidos lleve a mejorar la calidad de una democracia.

Cree que esta debe de operar en un marco de respeto a la libertad de prensa, respeto al derecho a la información por parte de toda la ciudadanía, garantías judiciales para quienes ejercen sus derechos como el de investigar y publicar sus ideas por la prensa.

“Los que trabajamos por la transparencia lo que buscamos es una mejor calidad de la democracia. Lo que queremos es que los políticos representen a quienes los votan y no a quienes financian sus campañas”, manifestó Ferreira.

Funde cuestiona las declaraciones de bienes de tres expresidentes

Considera que, a juzgar por antecedentes de Saca, Funes y Flores, no es creíble lo que han declarado ante oficina de Probidad de la CSJ.

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23 agosto 2015 / EDH

Las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes,  no son  “creíbles” y es necesario que la Corte de Cuentas haga públicos los exámenes de auditoría a esas declaraciones, señaló Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

Por petición de El Diario de Hoy y personas particulares, la oficina de Probidad de la Corte Suprema hizo públicas el jueves las declaraciones de los exgobernantes, tanto las que presentaron al inicio de sus periodos como al final.

Transparencia Internacional, cuya representación en el país la tiene la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), basa sus dudas en que no se tiene certeza de que las versiones públicas de las declaraciones que ha entregado la Corte estén diciendo la verdad sobre las finanzas de los exmandatarios.

El fundamento principal de esas duda es que tanto Flores como Saca y Funes terminaron su mandato con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas, según Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac (Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador)

“Es una versión pública (los documentos). Hay que tener cuidado porque no sabemos si en realidad qué cosas se ocultan allí”, advierte Burgos sobre el contenido de las declaraciones en las que, añade, destaca el expresidente Antonio Saca con un incremento en su patrimonio cuando dejó el cargo en 2009.

Según la información proporcionada por la oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expresidente Saca reportó en su balance patrimonial cuando empezó su gestión el 1 de junio de 2004 que tenía bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, por valor de 4 millones 16 mil 249 dólares.

Pero cuando salió de la presidencia, el 31 de mayo de 2009, sus bienes subieron a 14 millones 451 mil 589 dólares.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

El expresidente Saca, es el que se retiró con mayor incremento patrimonial según informes revelados por la CSJ.

Esto significa, según análisis de contadores consultados, que el mandatario tuvo un aumento de su patrimonio de $10 millones 435 mil 34, equivalente a un 259.8 %. Es decir, cuadriplicó  sus bienes.

En el informe que presentó a la sección de Probidad, Saca también dice que no tuvo durante esa época ninguna deuda, lo que según los contadores, de haberlas tenido, se podría concluir que de allí pudieron haber salido los fondos para contar que le permitieron tener en ese momento un patrimonio que sobrepase los 10 millones de dólares.

Además es el único expresidente, de los cuatro exmandatarios de los cuales se pidió  los registros patrimoniales a la CSJ, y que tuvo un aumento de más del 250% en plena crisis económica mundial.

Según la declaración, el exmandatario pasó de tener bienes muebles y otros por un valor de 951 mil 351 dólares en 2004, a 3 millones 467 mil 736 dólares en 2009, lo que significa que lo aumentó en poco más de 2 millones y medio de dólares.

Mientras que en el caso de los bienes inmuebles, los disminuyó. Al iniciar su mandato tenía propiedades por 262 mil 857 dólares y terminó con 194 mil 285 dólares.

La pregunta que plantea uno de los contadores es: ¿por qué la cifra de bienes muebles (que son aquellos objetos como electrodomésticos, vehículos, etc.) sobrepasan en cifra a los bienes inmuebles (que puede ser cualquier propiedad como casas)?

Debido a que en los informes entregados por la oficina de Acceso a la Información Pública de la CSJ no se dan detalles sobre la lista de bienes inmuebles y muebles es difícil determinar cuántas viviendas reportó. Igualmente cuántos son los bienes muebles que tiene y que sumaron los más de $3 millones.

En los casos del expresidente Francisco Flores y Mauricio Funes, los incrementos, según la declaración entregada por la CSJ, fueron menores en comparación con los de Saca.

Según ese informe, Flores ingresó a la presidencia con un patrimonio de 1 millón 954 mil 757 dólares y salió con 2 millones 314 mil 412 dólares.

En tanto en el caso de Funes, el informe publicado dice que reportó un patrimonio inicial de 611 mil 884 dólares y al final de 669 mil 794 dólares.

A diferencia del expresidente Saca, tanto Funes como Flores sí declararon tener deudas, lo que hace que  reportaran un incremento de su patrimonio al salir de su gestión.

Los cuestionamientos

Roberto Burgos, de Funde-Alac, insiste en que tales números no pueden ser creíbles, en primer lugar porque habría que ver el examen de auditoría a esos informes; y en segundo lugar porque, añade,  los tres expresidentes mencionados reúnen una historia de señalamientos que hacen increíble sus informes.

De cada uno pone ejemplos concretos. De Funes dice que su estilo de vida de lujo que dejó públicamente en evidencia no equivale con los egresos ni los ingresos reportados ante la CSJ.

“Eso no valen ni los relojes que se ha comprado en su gestión” y de lo cual hay fotografías, cuestiona Burgos.

Pero entre los evidentes lujos, a los que según Burgos el anterior presidente efemelenista era “aficionado” y con los que termina su mandato.

“Ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume, que tantas veces le señalamos, y tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, afirma Burgos.

Pero su cuestionamiento a los declarado por Funes no llega allí. “Estamos hablando de una persona que se rodeó de una vida de lujos, de abuso de poder y ahora resulta que su declaración patrimonial aparece con el incremento menor de todos los expresidentes de los últimos 15 años. Eso es muy poco creíble”, apunta (ver nota aparte).

En el caso del expresidente Saca, ve “bien raro” el documento en el que al analizarlo detenidamente “pareciera que tiene cero pasivos… sí hay  varias contradicciones”, dice y añade que lo más sorprendente es el incremento “cuantioso” (en más de $10.4 millones) en sus ingresos durante su mandato.

Dice que tampoco los números rendidos ante la CSJ son creíbles y trae a cuenta que hasta el mismo partido le cuestionó el manejo y destino de más de $200 millones tomados de la llamada partida secreta que la Fiscalía nunca investigó y quedó como “parte de la dinámica política habitual de este país de ataques recíprocos”.

Dice que tampoco se investigó las concesiones de frecuencias de radio de que gozaba antes de ganar la Presidencia  y que antes transfirió a sus socios porque la Constitución no lo permite.

En las elecciones de 2014, cuando se postuló nuevamente a la presidencia, volvió a transferir a su hijo mayor sus acciones, por lo cual la Sala de lo Constitucional de CSJ invalidó su candidatura.

“Ese fraude de ley también nos hace dudar de esa declaración patrimonial”, afirma.

En el caso de Flores, le achaca su admisión ante una comisión de diputados sobre fondos recibidos del gobierno  de Taiwán durante su gestión que no fueron sometidos a ningún control contable.

“Con esta afirmación del mismo presidente Francisco Flores, yo dudaría de toda su declaración, no tendría mucha credibilidad”, dice Burgos.

De  Salvador Sánchez Cerén Burgos espera una gestión limpia y no surjan sospechas como tampoco de sus familiares que emplea en el gobierno (hijos, yernos y nieta).

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Funde dice: Funes no refleja el millonario donativo de Salume

La representante de Transparencia Internacional recuerda el cuestionado donativo de $3 millones al expresidente en apoyo a su campaña.

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23 agosto 2015 / EDH

Parte de las dudas que asaltan a Transparencia Internacional Capítulo El Salvador cuando lee la declaración patrimonial presentada por Mauricio Funes ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia es que no reflejan, por ejemplo, los costos de  una vida lujosa que llevó y los tres millones de dólares que recibió del empresario Nicolás Salume Barake en la campaña que lo llevó a la presidencia del país.

Para Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, la representante de Transparencia Internacional,  el incremento en su patrimonio con el que entra y sale Funes, según su declaración, no es creíble.

“En el caso del expresidente Funes ese incremento que se supone no llegaría a los $100 mil no está reflejando por ejemplo, los millones de dólares que en su momento recibió como apoyo para su campaña del empresario (Nicolás) Salume que tantas veces le señalamos”, aseveró Burgos.

Pero “tampoco representa todos los bienes de lujo a los cuales era tan aficionado como relojes de lujo, vehículos, los viajes por los cuales se niega acceso”, ahondó Burgos.

El expresidente Funes levantó polémica cuando admitió públicamente que había encontrado la forma de no pagar los impuestos de ley por el donativo de $3 millones.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los perdones de deudas son gravables. Y también establece que las donaciones estarán exentas del pago del impuesto siempre y cuando se produzcan entre ascendientes y descendientes, que no fue el caso de Salume Barake-Funes.

Después de recibir ese donativo en campaña, Funes nombró a su donante Primer Designado a la Presidencia, una decisión que Funde cuestionó porque era visto como pago de favores.

Las versiones

 El exmandatario defendió en su momento que se trató de un dinero para el FMLN, aunque luego afirmó que se transfirió a una cuenta bancaria personal.

En un principio dijo Funes que el dinero se lo había prestado Salume y que habían firmado un mutuo acuerdo, después dijo el dinero se lo había perdonado el empresario.

“El préstamo no se pagó porque sencillamente fue un donativo, él (Salume) lo donó. Una vez gané, él lo donó. Yo no tengo ninguna obligación con él y no sé por qué siguen insistiendo con eso. Yo no tengo ninguna deuda porque sencillamente don Nicolás Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mí como candidato y no al FMLN”, justificó en su momento.

También dijo que los $3 millones no entraron a la contabilidad del FMLN. Previo a esto, durante su campaña política, Funes había manejado la versión de que había contraído un préstamo con “ un empresario respetable y exitoso que en el pasado apoyó al partido ARENA”.

“Muchos se preguntan de dónde se financia mi campaña. Yo le digo que de los fondos de un empresario que tiene suficiente dinero para haberme hecho ese préstamo y más. ¿Por qué hice ese préstamo? Porque era la única manera de competir con la campaña de ARENA. El partido FMLN únicamente ha recibido el dinero que proviene de la deuda política y de algunas colectas con algunos empresarios y eso no ha alcanzado para financiar mi campaña”, justificó el ex mandatario.

En el contexto de este hecho  el abogado constitucionalista y excoordinador general del FMLN, Fabio Castillo, dijo que los presidentes son fácilmente “auditables” cuando concluyen su gestión, a través de las declaraciones patrimoniales, ahora públicas.

“Si el presidente por 60 meses, si gana $5 mil al mes, eso hace $300 mil al año, lo que tenga por encima de eso, de su declaración de probidad, si ha subido más de $300 mil, es que hay dinero mal habido”, afirmó el exdirigente efemelenista luego de hacer cuentas de lo que gana mensualmente Funes y su deuda que se creía tenía a esa fecha.

En julio de 2014 Funes dijo que salió de Casa Presidencial con un menor patrimonio personal y que en la declaración patrimonial estableció que el único bien inmueble que posee es una casa que compró hace 20 años.

“Yo entro (a la Presidencia) con un patrimonio determinado y salgo con el mismo patrimonio, incluso con menos porque vendí dos vehículos que compré cuando era periodista”, confirmó Funes.

Salume, luego de entregar este dinero a Funes, fue nombrado primer designado a la presidencia.