IAIP

A los comisionados de Transparencia: Hecha la ley, hecha la trampa. De Paolo Luers

Paolo Luers, 15 junio 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Ahora que la primera generación del Instituto de Acceso a la Información Pública comienza a ser relevada -y cuando existen indicios que el gobierno quiere manipular la elección de sus sucesores- déjenme decirles que han logrado incomodar a los corruptos. Les han levantado un poco el manto de secretividad bajo el cual operaban con impunidad. Mi respeto.

Pero ustedes saben mejor que cualquier otro que falta mucho por hacer para que la transparencia se convierta en la regla en esta sociedad. Porque sigue siendo la excepción. Sigue siendo algo que uno tiene que pelear. Sigue siendo algo que cuesta paciencia para conseguir. Sigue siendo no accesible para todo el mundo, porque el trámite es complicado, burocrático, tardado, lleno de trampas, y obstaculizado por lenguaje jurídico.

¿Por qué han permitido ustedes que el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública quede a cargo de Casa Presidencial, o sea de una de las instancias más frecuentemente demandadas por negación de información? Dicen que “hecha la ley, hecha la trampa” – y en muchos casos las trampas están en los reglamentos. Ustedes, los comisionados, hubieran tenido que pelear el reglamento.

La primera vez que hice uso del derecho a la información pública, me topé con una muralla: Casa Presidencial. Estaba investigando cuánto nos cuesta cada segundo sábado el reality show del presidente: “Gobernando con la Gente”. Me contestaron que 5 mil dólares, o sea me vieron cara de tonto (a mi y a ustedes, los comisionados). Ustedes ordenaron a CAPRES relevar más datos (o sea más de los costos reales), y al fin reconocieron un costo de 35 mil dólares. Pero ustedes se quedaron cortos: no obligaron a CAPRES a revelar todo. Hice el cálculo sin datos oficiales y resulta que el costo real llega a casi 100 mil dólares. Cada dos semanas.

Los periodistas usamos el acceso a la información pública para nuestras investigaciones. De nada nos sirve conseguir datos o documentos escondidos en 4 meses, cuando la noticia ya pasó. Yo investigué el “caso Daniel Alemán”, que se convirtió en el “caso PNC” – y en un caso penal contra dos agentes que habían arrestado ilegalmente a Daniel, acusándolo con pruebas materiales que ellos mismos le habían puesto -. Pedí a la PNC el expediente de su Unidad de Control que investigó a los agentes y estableció el fraude procesal. La PNC me negó la información. Puse la demanda ante ustedes – a tiempo, pensaba yo, para que la información solicitada saliera antes de la audiencia de instrucción contra Daniel -. Pensé mal. El caso penal ya terminó y hasta la fecha ustedes no han convocado la audiencia para resolver si la PNC me tiene que entregar el expediente que comprueba la inocencia de Daniel y la culpabilidad de los agentes de la PNC. Presenté la solicitud oficial el 16 de febrero 2017, y la apelación el 23 de marzo. Cuatro meses sin respuesta, ni de la PNC ni de su Instituto (por suerte, conseguimos el expediente por “vía no oficial”, y Daniel quedó sobreseído de los cargos falsos).

En muchos casos, retrasar la información solicitada por meses es equivalente a negarla. Incluso si después es entregada, la información ya no es relevante. Si ustedes no logran agilizar el proceso de acceso a la información pública, y si no pelean que las instituciones demandadas entreguen la información completa, la ley no sirve para mucho.

Les queda mucho trabajo y mucho pleito.

Saludos,

Ha sido la acción ciudadana. De Humberto Sáenz Marinero

humberto saenzHumberto Sáenz Marinero, 17 diciembre 2016 / EDH

Hace unos días, Daniel Olmedo escribía que esa sensación que muchos tenemos de que ya hay instituciones que están funcionando en el combate a la corrupción, en realidad inició con un ciudadano que solicitó una declaración de probidad y que luego continuó con un grupo de funcionarios que se tomaron en serio su trabajo, destacando entre ellos el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte en pleno, la Fiscalía General de la República y los tribunales de segunda instancia en materia civil.

diario hoyDaniel destacaba que no fueron necesarias ningún tipo de reformas legislativas, ni dotar de mayor presupuesto a las instituciones, lo cual desde luego no significa que no se requieran. En realidad, solamente se necesitó que un ciudadano hiciera uso correcto de las herramientas de control a su alcance y que un grupo de funcionarios se propusiera cumplir con su mandato constitucional aún y cuando no se contara con la normativa más adecuada.

En efecto, a estas alturas ha quedado demostrado de lo que es capaz la ciudadanía organizada. El año 2016 ha sido aleccionador en ese sentido. Para el caso, valga resaltar los esfuerzos liderados por Acción Ciudadana para exigir que los partidos políticos transparenten sus fuentes de financiamiento y el destino de estos fondos.

Como ese esfuerzo, hay muchos otros encaminados a evitar omisiones legislativas en la elecciones de segundo grado de los funcionarios o que buscan que estos procesos de elección se realicen en fiel apego a las exigencias constitucionales.

Propuestas legislativas, divulgación de información de interés público, defensa de intereses gremiales, peticiones de investigación en la Fiscalía General de la República, defensa de la institucionalidad y la separación de poderes y hasta el decidido apoyo a la labor desempeñada por algunas instituciones que están dando muestras de querer combatir la impunidad, han sido comunes en este 2016.

Así, ha sido la acción ciudadana la que ha llegado hasta el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos y el Ministerio de Hacienda. Y han sido estas instituciones – unas bien, otras no tan bien y otras mal – las que han dado respuesta a las peticiones y acciones iniciadas por la ciudadanía organizada y las que han permitido que poco a poco comencemos a conocer la información relacionada con el financiamiento político.

Ha sido la acción ciudadana la que ha promovido acciones encaminadas a sancionar a funcionarios que presumiblemente están haciendo uso indebido de los bienes del Estado. Claro está que más que las sanciones, interesa el establecimiento de precedentes que contribuyan a erradicar este tipo de prácticas.

Y ha sido la acción ciudadana la que a partir de investigaciones periodísticas, ha puesto el dedo sobre la llaga al pedir que la Corte de Cuentas de la República audite los fondos que en la Asamblea Legislativa se han estado repartiendo a organizaciones privadas, toda vez que ya se ha conocido que existen organizaciones muy vinculadas a partidos políticos, que sin ningún tipo de procedimiento y en la más absoluta oscuridad, han estado recibiendo fondos públicos.

Se trata de un fenómeno que seguramente va a arreciar en 2017. Se camine por donde se camine, es evidente que cada vez existen más personas que se quieren sumar a este tipo de esfuerzos porque se han cansado de lamentarse, criticar y escuchar las reacciones que Erika Saldaña bien describe como “absurdas excusas de colegio”.

Las instituciones que ya están funcionando deberán mantenerse a la altura de las expectativas ciudadanas y las que –como Corte de Cuentas y Tribunal de Ética Gubernamental– todavía no funcionan bien, deberán comenzar a hacerlo. No les queda mucho espacio porque las exigencias ciudadanas no van a desaparecer.

En realidad, y aprovechando que en estos días se hace aún más propicia la reflexión, los propósitos de enmienda y el establecimiento de objetivos para el próximo año, todos deberíamos incluir el hecho de hacer un poco de patria, de dejar la comodidad de nuestros hogares, universidades, oficinas o puestos de trabajo. No es retórica decir que el país nos necesita.

Aprovecho para desear a todos los ciudadanos que de verdad quieren contribuir con el país, un exitoso y bendecido año 2017.

@hsaenzm

Ministro de Economía encubrió destrucción de archivos

Así lo estableció el IAIP. Además informó a FGR por haber existencia de delitos. Minec se desmarca de los señalamientos hechos.

índice

, 11 marzo 2016 / EDH

diario hoyEl Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó, a través de una resolución, que el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, debe ser investigado por la Fiscalía General por encubrir la destrucción de 41 documentos calificados como históricos.

“En cuanto al Ministro de Economía, Tharsis Salomón López Guzmán (…)  se ha acreditado que el ministro tuvo conocimiento de lo ocurrido, que ordenó a sus asesores realizar una investigación, que asumió la destrucción documental e intentó justificarla, además adoptó medidas para encubrir lo sucedido -incluidas advertencias al denunciante- para evitar que este hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”, consta en una resolución emitida por el Instituto.

La responsabilidad del presunto delito fue advertid a por el IAIP en el proceso que se le abrió al responsable de archivo ad honorem del Ministerio de Economía (Minec), Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al haber destruido 41 archivos.

Por tal hecho, se le impuso el pago de una multa correspondiente a 35 salarios mínimos, que equivale a $8,809.50 y que deberá pagar a título personal.

En el proceso se consignó que fueron 34 documentos y siete libros, entre los cuales habían resoluciones, acuerdos originales del ramo y decretos que fueron destruidos por Ramírez mientras sustituyó al entonces encargado del archivo, Ulises Alexander Carranza, quien tuvo una incapacidad médica.

De hecho fue Carranza quien, al regresar a sus labores, recibió una llamada telefónica donde le pedían el acuerdo número 9 del año 2010, y que al buscarlo, descubrió un memorándum donde se señalaba que era de carácter histórico. Al tratar de dar con el paradero de dicho documento, Carranza supo que habían sido destruidos.

El empleado ahora sancionado, reconoció que él destruyó los documentos, pero justificó que no tenía conocimiento que estos fueran históricos, y además que la eliminación de estos se llevó a cabo con base en los instructivos emitidos por la Secretaría de Transparencia y a las normas nacionales e internacionales de archivo.

El Instituto determinó que estos argumentos no eran válidos, pues las normativas que mencionó establecían un procedimiento que seguir y este no se realizó. Aunque también indicaron que el instructivo de la Secretaría estaba derogado en el momento en que se dio la destrucción.

Y respecto al desconocimiento que alegó tener sobre que la información era de carácter histórica, dijo el IAIP que esto no le habilitaba a que los destruyera “de manera arbitraria”.

Rechazan señalamientos

A través de un comunicado, el Minec, a través de su Gerencia de Comunicaciones, rechazó los señalamientos hechos por el Instituto.

“Este Ministerio considera inaceptable cualquier declaración en las que se pretenda imputar conductas ilegales y reprochables en contra de sus funcionarios, y reitera su disposición para que se realicen las investigaciones respectivas en forma respetuosa y transparente”, informó.

Agregó que “ningún funcionario de este Ministerio  tuvo conocimiento de lo ocurrido, sino varios días después” y que en ningún momento “ha  intentado justificar o encubrir infracción alguna relacionada con la Ley de Acceso a la Información Pública, o con la conducta del señor Ramírez”, por lo que dice estar abierto a la investigación del caso.

El traje del imperador. De Mario González

No dejó de darme un poco de pena ajena cuando vi por televisión a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) teniendo que desplazarse hasta la Asamblea Legislativa para obligar a los diputados a publicar el listado completo de asesores del anterior pleno.

Mario González, editor subjefe de EDH

Mario González, editor subjefe de EDH

Los comisionados tuvieron que ir personalmente a hacer que se cumpliera su resolución en vista de que, en lo que más pareció una burla, en los días previos se había publicado un listado incompleto para ver si nos tragábamos la píldora y que así quedara todo.

Tampoco dejó de darme un poco de pena ajena al escuchar al encargado de propaganda gubernamental ufanándose de que ahora hay más “transparencia” en las instituciones y que puede funcionar con libertad la Sala de lo Constitucional.

Hasta se dio el lujo de agarrar desprevenidos a los comunicadores preguntándoles con insistencia si no era así, pero solo obtuvo silencio y caras de duda.

Lo que no dijo este funcionario es que si hay algo de transparencia en las instituciones y la Sala –a Dios gracias– puede trabajar con independencia no es obra de él, que debería de ser el primero en dar el ejemplo, ni del gobierno que tanto lo pregonó en el pasado, ni ha sido fácil lograrlo.

Todavía siguen ocurriendo casos como el ocultamiento del listado de asesores y también la Sala ha tenido que sortear muchas amenazas de inmovilizarla y hasta descabezarla, venidas tanto de sectores del oficialismo como de la Asamblea y otros poderes fácticos.

Todo este tiempo muchas instituciones que deberían ser baluartes de transparencia han ofrecido información parcial o han evadido darla mientras las oficinas que lo reivindican más bien son centros de propaganda y desinformación.

Si no fuera así, ese señor que se llena la boca hablando de transparencia habría sido el primero en reclamar por la burla que se quiso hacer a la población con el listado parcial de asesores, o hubiera protestado cuando la Corte de Cuentas se negaba a entregar la auditoría de El Chaparral para conocimiento de la ciudadanía.

Ese es otro caso insólito: el informe inicial que hicieron los auditores que vieron el caso de primera mano señala una serie de irregularidades, entre ellas el pago de los $108.5 millones a la constructora pese a que los trabajos quedaron abandonados y que ninguna ley facultaba hacerlo así.

Sin embargo, poco o nada dice el informe que al final y obligadamente entregó la Corte, el cual no cuestiona ni el arreglo directo ni el pago multimillonario que le hicieron a la constructora y que seguramente saldrá de las bolsas de todos los salvadoreños.

Esos $108.5 millones, más los $70 millones adicionales que quieren ahora, hubieran servido perfectamente para la seguridad pública en lugar de gravar a los usuarios de la telefonía.

Estamos en un país en el que algunos que se creen más vivos piensan que caeremos en farsas como en la del cuento del traje del emperador, la historia de unos pícaros que le hicieron creer al monarca que le confeccionarían un atuendo que solo podrían ver los sabios e inteligentes, pero más bien le hicieron hacer el ridículo cuando le dijeron que lo “vistiera” y saliera en desfile para que la gente inteligente lo viera. Lo que vio el pueblo, con extrañeza e hilaridad, fue a un hombre desnudo y convertido en el hazmerreír de todos.

Y realmente así vamos a quedar todos con medidas desesperadas que se quieren aplicar, como el impuesto a los usuarios de telefonía fija y celulares y el plan de las pensiones del gobierno.

A veces me pongo a pensar que de la misma manera como los confeccionistas de la fábula, actúan los que niegan el desborde de la violencia en El Salvador y culpan a los medios, o los que se ufanan de que hay plena transparencia en las instituciones del Estado.

Lo que no entienden es que el pueblo no se traga cuentos de hadas como el del traje del emperador y que más bien funcionarios como el mencionado al inicio hacen el ridículo diciendo las cosas que dicen y viendo la paja en el ojo ajeno cuando tienen una gran viga enfrente: la falta de idoneidad para desempeñar el cargo o de valentía para no ser partícipe de lo que no está bien.

Pese a la orden del IAIP, Capres no da informes de publicidad y auditorías

Presidencia pidió prórroga de 15 días para entregar los datos, pero el Instituto se lo negó. Instituto le advirtió que la sancionará si no cumplen con la resolución y plazos establecidos.

Screen Shot 2015-09-21 at 11.55.36 AM

, 21 sept. 2015 / EDH

La Presidencia de la República sigue sin revelar información que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que era pública: los montos globales de los gastos en publicidad, así como las auditorías internas practicadas de 2007 a 2011.

El Ejecutivo había solicitado una prórroga de 15 días, pero el IAIP se la negó.

Estos documentos fueron solicitados por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) a través de su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (Alac), que al mismo tiempo pidió los detalles de los viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes y la exprimera dama, Vanda Pignato.

Screen Shot 2015-09-21 at 11.56.03 AMA mediados de agosto pasado, el Instituto reiteró su decisión de mantener como secreto de Estado, los viajes que Funes realizó en sus cinco años de mandato a diferentes partes del mundo. De esa manera dio la razón a los argumentos del Ejecutivo de que desclasificar esa información atentaría contra la seguridad del actual presidente Salvador Sánchez Cerén, ya que implicaría revelar datos de su dispositivo de seguridad.

Pero por otro lado determinó que sí es de carácter pública la información contenida en las auditorías internas realizadas a las administraciones presidenciales, que de 2007 a mayo de 2009 estaba a cargo de Elías Antonio Saca, y las de junio de 2009 a 2011, bajo el mando de Funes.

EDH20150921EN_003PLos montos globales de los gastos de Casa Presidencial también son parte de los datos que deben ser revelados.

Sin embargo, aunque la resolución ya fue ratificada y se denegó una última petición de prórroga, la Funde-Alac recibió el pasado jueves una notificación del IAIP en la cual se le decía que la Presidencia ya había remitido un informe en el que aseguraban haber cumplido parcialmente la resolución, emitida el 18 de diciembre pasado.

A lo que se referían es que solo retiraron de su índice de información reservada las auditorías internas de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Según Roberto Burgos, coordinador de Alac, es incomprensible por qué a este momento Capres sigue dando largas a entregar la información, al solicitar la prórroga.

Consta en documentos enviados al IAIP que los representantes legales del Presidente pidieron más tiempo para entregar la copia de los informes de auditoría interna de 2007 a 2011, así como los montos globales anuales de los servicios de publicidad, pese a que previo a la audiencia del 18 de diciembre, cuando se emitió el fallo, aseguraron al Instituto que esos datos los tenían en resguardo.

Tener en resguardo la información, cuya declaratoria de reserva está siendo dirimida en un proceso del IAIP, significa, según a ley, que debe tenerla a la mano para preservar su integridad (que no sea alterada o simplemente que se asegure su existencia física) antes de que se defina si es pública o se mantiene en secreto.

“En virtud de la complejidad y antigüedad de parte de la documentación pretendida, a efecto de garantizar la veracidad de la misma, solicito a este Instituto una prórroga para el cumplimiento de la orden administrativa de quince días hábiles adicionales”, solicitó el oficial de información de la presidencia, Pavel Cruz, el pasado 10 de septiembre.

El Instituto advirtió que en el trámite del proceso de apelación se decretó con base en el artículo 85, literal “b” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la medida preventiva de “resguardo y copia de seguridad de la información”, a lo que Capres presentó documentación de que había acatado la medida.

Xenia Hernández y Roberto Burgos, de Funde-Alac, exponen ante el IAIP que datos sobre viajes y publicidad son públicos y no pueden restringirse. A la derecha, los representantes del gobierno.

Xenia Hernández y Roberto Burgos, de Funde-Alac, exponen ante el IAIP que datos sobre viajes y publicidad son públicos y no pueden restringirse. A la derecha, los representantes del gobierno.

Por esa razón, el IAIP determinó que era “innecesaria” una extensión en el tiempo de entrega, pues se entiende que dicha información “se encuentra recopilada por el acatamiento de la medida cautelar antes relacionada”.

“Estése a lo dispuesto en la resolución emitida por este Instituto a las quince horas y treinta minutos del 18 de diciembre de 2014 y cumpla con lo en ella ordenado en los plazos establecidos, so pena de proceder al inicio del proceso sancionatorio”, ordenó el IAIP.

Burgos también señaló en ese sentido que es la institución a la que se le pelea el acceso a la información la que por ley debe resguardar los datos que están incluidos en el índice de reserva.

“Ellos mandaron un escrito en el que dicen: ‘confirmamos que se ha cumplido la medida cautelar’, es decir, toda la información que estábamos peleando ya la tenían identificada y resguardada. ¿Cómo vienen ahora a pedir más tiempo para poder entregárnosla? Es evidente la falta de voluntad para transparentar esta clase de información”, dijo Burgos.

Para el coordinador de Funde-Alac, este retraso no es más que la extensión de la “misma estrategia” de intentar disuadir a los ciudadanos de seguir exigiendo esta información, ocultar del escrutinio público esta clase de datos y seguir incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho de acceso a la información pública.

Screen Shot 2015-09-21 at 11.56.18 AMSeguirá proceso en Sala

Por otro lado, Burgos reiteró que Funde-Alac siempre presentará la demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a los viajes al extranjero, logística de seguridad y transporte durante el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, mientras Funes se desempeñaba como presidente, pues reitera que es un derecho constitucional que se está violando al no dar a conocer esa información que es de interés público.

En esa misma petición se incluirá otros datos que fueron negados por Capres y confirmados por el IAIP, como los gastos en las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador durante la administración de Funes y la concerniente a los servicios de publicidad, al diseño, producción e implementación de la campaña para Presidencia en 2010 y sus prórrogas. No incluye montos totales en ese rubro, pues a este dato ya dio acceso el Instituto.

Recurrir a la Sala de lo Constitucional se deriva de la decisión del IAIP el 18 de diciembre de 2014 de mantener el secreto impuesto por la Presidencia a esta información solicitada. La Funde-Alac interpuso un recurso apelando esa decisión y no fue hasta ocho meses después del fallo que IAIP ratificó su decisión.

ALAC, que es el representante de Transparencia Internacional en El Salvador, ha realizado una serie de peticiones a la Presidencia, de las cuales, la mayoría ha sido declarada bajo reserva.

Otro caso que recientemente se ha conocido es la solicitud sobre si existe o no la “Unidad de Análisis Económico” en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), de cuáles son sus funciones y fuentes de financiamiento.

La Presidencia se ha escudado en la Ley del OIE y ha interpuesto un recurso ante el IAIP en el que señala que ese Instituto no es competente para conocer sobre la reserva de tales datos.

Otra petición de información, hecha por Roberto Burgos en su carácter personal, es sobre el estado de salud actual del presidente Sánchez Cerén, copia del expediente clínico, informe sobre los costos de atención médica en Cuba, compra de medicamentos, entre otros. IAIP aún lo estudia.

La CEL se niega a dar informes de presa 5 de noviembre

La autónoma le respondió al exdiputado Valiente que es “imposible” darle esos datos.

La ampliación de la Presa 5 de Noviembre tendrá un costo de $189 millones de dólares. | Foto por Karen Molina

La ampliación de la Presa 5 de Noviembre tendrá un costo de $189 millones de dólares. | Foto por Karen Molina

, 10 sept. 2015 / EDH

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) volvió a negarse a entregar información de la presa 5 de Noviembre al exdiputado de ARENA, Mario Valiente, pese a la orden que le emitió el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de facilitar al exlegislador lo solicitado.

Contrario a eso, la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la CEL envió ayer una resolución a Valiente informándole que “tal como ya se ha expresado en reiteradas oportunidades”, la CEL se “encuentra imposibilitada” de entregar información relativa a la ampliación de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, por tratarse de información “reservada”.

En la carta le detallan su negativa a brindarle los documentos sobre las obras que se realizan en la 5 de Noviembre y que Valiente ha pedido que le entreguen. Entre ellos están: la adjudicación del proyecto y el informe de avances y de cumplimiento de medidas ambientales y sus anexos.

Otro documento que le niegan es el relacionado a la Acta III de sesión de la Junta Directiva realizada el 19 de septiembre de 2012.

Además de otra información relacionada a los servicios de consultoría y supervisión para los trabajos de expansión de la represa, sus anexos y expedientes con la documentación técnica, financiera y legal asociada a la ejecución de los estudios relacionados al proyecto.

La correspondencia que se cruzaron la CEL y el contratista de la obra también le ha sido negada a Valiente, así como notas de reunión, actas de recepción y todos los documentos contractuales.

Asimismo, ha pedido el expediente de la actualización del estudio de factibilidad, validación del análisis ambiental, diseño y especificaciones técnicas de la expansión y todos sus anexos, que incluyen todos los informes contractuales.

La negativa de la OIR de CEL se fundamenta en que es “información calificada como reservada, lo cual consta en el índice de reserva publicado por la Comisión en el portal abierto de la institución, siendo por tanto, imposible ser entregada al ciudadano”.

Pero además de incumplir la resolución del IAIP, en la notificación a Valiente le dicen que la CEL hará uso de su derecho a acudir a otras instancias para rebatir la resolución del IAIP del 31 de agosto anterior, en la que no admitió la petición de revocatoria que la CEL hiciera al Instituto.

“Ratificamos que CEL siendo respetuosa de la legalidad del proceso, oportunamente hará uso de los recursos que la ley le confiere contra la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información”, reza la conclusión de la nota enviada a Valiente.

El exdiputado dice sentirse agraviado porque es segunda ocasión que la CEL le niega toda la información requerida de la 5 de Noviembre y anunció que pedirá al IAIP que tome las medidas correspondientes de ley contra la CEL.

“Ellos no pueden desobedecer (al IAIP), está reservada (la información) por ellos (CEL), son una belleza, la están violando (la ley) al no hacerle caso al Instituto.  ¿Cómo violar la ley si es una orden de una instancia superior?, son pícaros, entre broma y en serio, la CEL solita merece una Cicies (comisión contra la corrupción)”, afirmó Valiente.

El comisionado del Instituto, Jaime Campos, informó que aún cuando Valiente no interponga un escrito por la reiterada negativa de CEL, la resolución emitida por el IAIP sigue vigente y esta entidad puede actuar de oficio para iniciar un proceso administrativo sancionatorio por cometer una “falta muy grave”, ante lo cual, según la ley, amerita una multa de 40 salarios mínimos del sector comercio e industria, es decir, $9,864.

Según Campos, el IAIP puede comenzar con el proceso sancionatorio, pero recuerda que la CEL puede hacer lo mismo que hizo la exdirectiva de la Asamblea. Los diputados acudieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, tras la resolución del IAIP que ordenó entregar información de sus asesores legislativos y ante la imposición de multas a los legisladores de entonces, que incluyó una máxima sanción al expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes.

Además de pedir información de la 5 de Noviembre, Valiente había solicitado informes del contrato entre CEL y Enel, pero la autónoma liberó sólo parte de los documentos, por lo que Valiente dijo sentirse insatisfecho. “Esa respuesta que dan en el caso de CEL-Enel es la que publicaron en periódicos, además está borrosa. La verdadera información es la que están negando”, acotó el exlegislador.

El poder de conocer cómo se usan nuestros impuestos. De Mario González

La ciudadanía debe cobrar conciencia de que desde siempre la Constitución le da el derecho de acceso a la información y debe utilizar ese poder no solo para estar enterada, sino como herramienta de fiscalización de sus dineros.

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, editor subjefe de El Diario de Hoy

Mario González, 6 sept. 2015 / EDH

“Es cierto… La ley dice que la información de la institución será pública, pero no dice cuándo…”, fue la peor burla que yo escuché proferir hace unos años a un exfuncionario otrora todopoderoso para evadir su obligación de revelar documentos públicos a la población.

El mencionado señor manejó la entidad bajo su mando como si fuera su finca hasta que no pudo evitar que lo sacaran.

Así como él podíamos encontrar a sus pares en otras entidades interpretando a su antojo la ley para cubrir informes cruciales, o a jueces y secretarios de tribunales que con toda impunidad negaban el acceso a juicios, pese a que la legislación establece que el proceso penal es público.

La semana anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sentó un precedente importante al determinar que la auditoría sobre el proyecto de la represa El Chaparral “es pública” y, por tanto, la Corte de Cuentas debe desclasificarla y entregarla a quien la solicite.

El IAIP le dio un plazo de cinco días hábiles a la Corte para que cumpla con lo ordenado, los cuales se vencen mañana lunes.

Es crucial saber qué sucedió en realidad con los fondos que se erogaron en el fallido proyecto y si fue legal el “arreglo directo” entre la CEL y la empresa constructora mediante el cual esta última recibió $108.5 millones pese a que los trabajos quedaron inconclusos.

Es importante que los salvadoreños se pongan a pensar que ese dinero lo pagaremos todos, por una obra que quedó abandonada y por la cual ahora quien disponer de $70 millones más para reactivarla. A esto hay que agregar que se derrocharon más de $8 millones en diseños que fueron descartados.

Pero más allá de esto, es clave que se nos permita el acceso a esa documentación para saber si fue correcto el proceder de quienes tomaron la decisión, no solo en ese caso, sino en todos los demás en los cuales se usan nuestros impuestos.

Fue muy reconfortante tener la experiencia de participar como parte apelante en una audiencia en el IAIP y quedar impresionado de cómo los comisionados que presidían permitían que los periodistas entraran y cubrieran de principio a fin el procedimiento, en un auténtico y ejemplar ejercicio de transparencia.

Los funcionarios actuales y quienes lo serán en un futuro deben saber que ahora no será fácil ocultar actuaciones o procedimientos, sino que es mejor trabajar de cara a la población que es la que paga sus salarios.

En adelante no deben pensar que son los patrones de la finca, sino que tendrán que dar cuentas tarde o temprano y es mejor que en todo momento estén dispuestos a trabajar con transparencia.

Si no, miren el espejo de Guatemala. Quienes no hacen un manejo correcto de las finanzas públicas tarde o temprano quedan al descubierto y enfrentan procesos judiciales, por más poder que tengan.

La voluntad popular y la justicia prevalecen siempre.

¿Por qué temblar, entrar en crisis y rechazar cualquier iniciativa que implique la transparencia y la lucha contra la corrupción? El que nada debe, nada teme, se dice desde siempre.

Más bien, un gobierno probo debe distanciarse de hechos que puedan enlodarlo, como cualquier nuevo administrador debe ordenar auditorías al nomás llegar a un cargo.

Es cínico decir que como aquellos lo hicieron, ¿nosotros por qué no?

La ciudadanía debe cobrar conciencia de que desde siempre la Constitución le da el derecho de acceso a la información y debe utilizar ese poder no solo para estar enterada, sino como herramienta de fiscalización de sus dineros. Ese es el reto y la ventaja es que ahora ya no pueden tapar el sol con un dedo.

Solo las cucarachas le huyen a la luz.