declaraciones patrimoniales

Probidad: Funes no justificó $728,329.74

Expresidente de la República declaró ingresos como accionista en una empresa que, según informe del Ministerio de Hacienda, no tuvo ganancias. Tiene tres días hábiles para desvanecer inconsistencias ante CSJ.

Explicaciones. Funes dijo ayer que hay unos gastos en su declaración patrimonial de salida que no aparecen en su declaración de entrada.

Explicaciones. Funes dijo ayer que hay unos gastos en su declaración patrimonial de salida que no aparecen en su declaración de entrada.

Jessica Ávalos/Ezequiel Barrera/ Mauricio Qüehl, 4 febrero 2016 / LPG

la prensa graficaLa Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le informó a los magistrados del máximo tribunal que encontró una cantidad de $728, 329.74 que el expresidente de la República Mauricio Funes no justificó con sus declaraciones patrimoniales de toma y cese de funciones.

La Sección de Probidad hizo del conocimiento del pleno de la Corte que “existen suficientes indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena en el ejercicio del cargo de presidente de la República”.

La Corte le envió la notificación ayer al exfuncionario, que tendrá tres días hábiles para desvanecer las inconsistencias o justificar el origen de los fondos no declarados en sus informes patrimoniales.

Luego los magistrados volverán a analizar el informe para decidir si procede o no ordenar un juicio civil por enriquecimiento ilícito, tal como lo hicieron ya con el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el diputado del PCN por el departamento de Chalatenango Reynaldo Cardoza.

Funes acudió ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) a rendir declaración acerca de la tregua de pandillas de 2012. Ahí aseguró que solventará las observaciones hechas por la Sección de Probidad.

“Ayer (martes) lo que pasó fue que los 15 magistrados recibieron el informe y comenzaron a discutirlo y hubo una buena cantidad de magistrados, los suficientes como para tomar una decisión para considerar que el informe estaba incompleto y eso me notificaron hoy”, declaró Funes.

El expresidente de la República, por ejemplo, plasmó en su declaración patrimonial que había obtenido ganancias por más de $100,000 en una empresa de la que es accionista. Pero cuando Probidad cotejó ese dato con el Ministerio de Hacienda, descubrió que dicha empresa no había reportado ganancias.

“Hay unos gastos que dentro de mi declaración patrimonial de salida que no aparecen en mi declaración de entrada, y que no está justificado su origen, pero eso no significa que el origen sea ilícito. Me han dado un plazo de tres días hábiles, es decir hasta el viernes, para que entregue esa justificación”, declaró Funes.

Y pese a que el informe de la Sección Probidad dice de forma textual que hay una presunción de enriquecimiento ilícito, él consideró que no lo están investigando por haber obtenido riqueza de dudosa procedencia.

“En ningún momento me están notificando que me están investigando por enriquecimiento ilícito, ya con la justificación que yo entregue, Corte Plena discutirá el informe y tomará la decisión que estime pertinente. No se me han reportado hallazgos ilícitos”, matizó el exmandatario.

SOPORTE JURÍDICO

La Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, con la cual han sido auditadas las declaraciones de Funes, establece que se presumirá que un funcionario se enriqueció ilícitamente cuando “el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa”.

El expresidente tuvo un salario de $3,467.43. En 2009, cuando tomó posesión, declaró que ingresaba a la presidencia con un patrimonio líquido de $598,884.30. Y en 2014 que finalizó su mandato declaró un patrimonio líquido de $656,794.77 (Ver detalle en imágenes superiores).

De sus declaraciones juradas también se desprende que en cinco años sus deudas bajaron de $126,481.80 a $15,843.51.

La Sección de Probidad concluyó su auditoría con base en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito, así como el artículo 240 de la Constitución de la República. La nueva Ley de Probidad, aprobada a finales de 2015 por la Asamblea, fue suspendida por la Sala de lo Constitucional de la Corte, que revisa si tiene puntos que transgreden la Constitución.

Probidad todavía está pendiente de la entrega de las auditorías a los patrimonios de otros dos expresidentes de la República: Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009) Flores inició su gestión con $1,954,757 y terminó con $2,314,412.20.

El patrimonio del expresidente Saca creció un 260 % porque asumió con $4,016,249.60 y al finalizar declaró $14,451,589.20.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha dado como plazo máximo el 23 de febrero para que Probidad concluya los exámenes patrimoniales y entregue los tres informes (el de Funes, Flores y Saca) a la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) a través de la Oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC).

CNR y VMT no dan informes sobre Funes, Saca y Reyes

Corte en pleno advierte a estas dos instituciones públicas como a dos bancos que entreguen datos; si no, se deducirán responsabilidades legales.

La decisión fue tomada por la Corte Plena, el pasado 3 de noviembre.

La decisión fue tomada por la Corte Plena, el pasado 3 de noviembre.

, 5 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyPese a que la legislación les obliga, instituciones como el Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) no han entregado la información que les ha requerido la Sección de Probidad de la Corte Suprema (CSJ) sobre bienes y propiedades de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes y del exdiputado Sigfrido Reyes.

Similares trabas ha encontrado en dos instituciones financieras, según informaron fuentes del máximo tribunal.

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó a advertir al Jefe de Registro Público de Vehículos Automotores, del VMT, al director del CNR y a los representantes legales de las dos instituciones bancarias que de seguir negando u omitiendo la información solicitada por la sección de Probidad, se “realizarán las gestiones pertinentes a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes”.

“La Sección de Probidad es una especie de órgano instructor para indagar los posibles actos de enriquecimiento ilícito que hayan realizado los funcionarios públicos al ejercer su cargo, a efecto de que sea la propia CSJ la que decida si procede instar el inicio de un proceso contra el funcionario responsable”, les recuerdan los magistrados en su resolución.

Según fuentes de la CSJ, Probidad informó el pasado 3 de noviembre, sobre la falta de respuesta a sus requerimientos a casi un mes de solicitados.

Probidad detalló que el 12 de octubre pasado solicitó al Registro Público de Vehículos Automotores del VMT información de los expresidentes  Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena, así como del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, pero no ha obtenido respuesta.

Similar situación ocurrió con el CNR, que si bien envió con celeridad la información sobre los expresidentes, no lo ha hecho en el caso de   Sigfrido Reyes.

Este último tiene registradas al menos 11 propiedades, según documentación que este periódico solicitó al CNR y le fue entregada en menos de una semana (ver notas previas).

Probidad solicitó la información de Reyes el 9 de octubre, según la fuente.

A una de las instituciones bancarias Probidad les requirió datos financieros de Saca, Funes y Reyes el 9 de octubre, y el 27 de ese mismo mes les fue enviada pero incompleta, asegurando que solo podían dar datos de los últimos 10  años, para lo cual se amparaban en el artículo 451 del Código de Comercio.

Pero, Probidad dijo que no tomaron en cuenta lo regulado en el artículo 12 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, además de incumplir el plazo de 3 días que dio.

En la otra institución bancaria, Probidad solicitó información el 10 de septiembre del presente año, pero en este caso sobre el expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón.

Once días después mandaron los datos de manera parcial, por lo que Probidad remitió una nueva nota haciendo hincapié en la información incompleta, pero no fue hasta el 1 de octubre que el banco les solicitó una prórroga de 30 días más para brindar los informes.

El retraso en contestar a las solicitudes de información de Probidad es igual al del resto de instituciones, tanto financieras como públicas.

Se informó que algunas han llegado al atrevimiento de responderle a la sección de Probidad que “hagan la gestión por medio del Oficial de Información” y esperen los 10 días hábiles que manda la ley. Otras no contestan siquiera.

Advertencia

Por lo anterior, la Corte Plena (sesión de los 15 magistrados de la CSJ) emitió una resolución en la cual advierte al CNR, VMT y los dos bancos  que cualquier autoridad estatal, incluidas las que tienen bajo su responsabilidad los registros públicos, y las privadas, tienen la “obligación” de remitir la información solicitada.

También recordaron que, según lo establece el artículo 240 de la Constitución de la República, la Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de los datos.

El artículo 322, inciso 1, del Código Penal tipifica como delito de desobediencia de funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que se “negare abiertamente a dar el debido cumplimiento de una sentencia, decisión u órdenes de un superior, dictadas dentro del ámbito de su competencia”.

La sanción por este delito es prisión de seis meses a un año e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo por igual tiempo.

El artículo 338 del mismo Código estipula el delito de desobediencia para el caso de particulares, cuya sanción está establecida con prisión de uno a tres años y el pago de una multa de 50 a 100 días multa.

“Previénese… que atiendan los requerimientos realizados por esta Corte, mediante el Jefe de la Sección de Probidad y, en caso de negar u omitir la remisión de la información solicitada, dentro del plazo establecido por la Sección de Probidad, se realizarán las gestiones pertinentes a fin de que se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes”, resolvió la Corte en pleno.

En el caso de los dos expresidentes, Probidad se encuentra realizando las auditorías de esas declaraciones patrimoniales.

Siete reflexiones sobre las declaraciones patrimoniales. De José Miguel Arévalo Rengifo

Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios.

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

Miguel Arévalo Rengifo, 28 agosto 2015 / EDH

Hace algunos días, pudimos conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ordenó a la Sección de Probidad que entregue versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, de cualquier funcionario o exfuncionario, que sean solicitadas por los ciudadanos. De lo que observamos en estas declaraciones patrimoniales, podemos hacer las siguientes reflexiones:

1. Los expresidentes del país han gozado del mismo salario: $3,467.43 mensuales. Este debería de ser el salario máximo dentro de la función pública, siendo totalmente injustificable que otro funcionario devengue un mayor salario que el presidente de la República. En ese sentido, los $7,000 dólares mensuales que se destinan a quien ocupe el cargo de presidente de PROESA, por ejemplo, es un abuso para todos los salvadoreños que con nuestros impuestos pagamos mensualmente su salario y  se debe revisar al igual que muchos otros.

2. Todas las declaraciones dejan dudas razonables sobre su veracidad. En algunos casos, la Sección de Probidad ha buscado indagar más. Pero hemos tenido casos lamentables, como el de 2006, cuando el Jefe de la Sección de Probidad quiso investigar las cuentas bancarias del expresidente Flores y la Corte Suprema de Justicia le quitó la facultad de solicitar información protegida por el secreto bancario. Si bien la Corte le devolvió a la Sección de Probidad esta facultad en 2014, pudiera volverse a tomar un acuerdo como el de 2006, ante un panorama que les incomode. Por ello, es importante que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tenga, por ley, plenas facultades para investigar y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales.

3. En cuanto al expresidente Saca, declaró que había logrado acumular, a lo largo de sus 39 años de vida, activos por un monto de $4 millones de dólares. Durante los siguientes cinco años de su período presidencial, incrementó sus activos en $10.4 millones de dólares, tal como lo plasmó en su declaración patrimonial, al cesar del cargo. Ello no incluye el valor de su nueva residencia, ya que no aparece reflejada. Esto indica, al menos, una posible “presunción de enriquecimiento ilícito”, según la definición del Art. 240 de la Constitución. Sin embargo, a la fecha ni el Fiscal General de la República ni el Gobierno, han mostrado el mínimo interés de investigar, contrario a lo que ha ocurrido con otros casos.

4. La declaración del expresidente Funes no incluye, dentro de sus pasivos, el “préstamo/donación” de $3 millones que recibió durante su campaña presidencial. Esto se podría deberseS a lo que él mismo reveló públicamente, cuando manifestó que había buscado la manera de no pagar impuestos.

5. En cuanto a las declaraciones patrimoniales que continúan pendientes (Cristiani y Calderón Sol), la sociedad tendrá también el derecho de conocerlas y hacer sus valoraciones. Sin embargo, cualquier intento de investigar una eventual presunción de enriquecimiento ilícito llegará muy tarde, ya que lastimosamente, nuestra Constitución establece un corto período de 10 años para que prescriba este delito. Este plazo se debería de revisar.

6. El poder conocer el contenido de las declaraciones patrimoniales evidencia, una vez más, cómo el derecho de libertad de expresión está íntimamente vinculado con el derecho de acceso a la información pública, ya que al estar al tanto de información de interés nacional, los ciudadanos podemos emitir opiniones y propiciar un debate, lo cual es sano y necesario en toda democracia. Lástima que el IAIP no es siempre así de coherente con sus resoluciones, y no nos quiere dar acceso a los gastos en publicidad y viajes de los expresidentes.

7. Los funcionarios corruptos ahora tendrán más temor de presentar su declaración patrimonial, por lo que optarán por no hacerlo, ya que la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos establece multas de ₡100 colones por no presentarla. Por ende, hoy más que nunca, es de urgencia nacional que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva Ley de Probidad Pública, impulsada desde la sociedad civil, la cual establece sanciones más severas, aumenta los controles sobre el enriquecimiento y sobre los conflictos de interés, además de otorgar plenas facultades a la Sección de Probidad para investigar y sancionar a los funcionarios que incumplan con la ley.
Los salvadoreños debemos revisar nuestros niveles de tolerancia e indignación ante posibles hechos de corrupción, y entender, de una vez por todas, que la corrupción no distingue entre colores partidarios, por lo que nuestra lucha en contra de ella tampoco debe hacerlo. Basta de dividirnos sobre quién se podría haber robado nuestro dinero, dejemos la polarización para los fanáticos.

@Arévalo_Rengifo

Corte Suprema abre informes de bienes de funcionarios actuales y retirados. Publican datos del magistrado Rodolfo González.

Toman la decisión con 14 votos de los magistrados por la transparencia y el combate de la corrupción. Presidente de Corte dice que González dio el ejemplo.Corte entregó el jueves declaración patrimonial del magistrado González.

La Corte en pleno

La Corte en pleno

1 agosto 2015 / EDH

En adelante, los salvadoreños podrán conocer con cuántos bienes, propiedades y dinero entran y con cuánto dejan los cargos los funcionarios públicos, en virtud de una disposición de la Corte Suprema de Justicia.

El pleno de los magistrados del máximo tribunal sentó un precedente para la transparencia en El Salvador al aprobar el martes que la Sección de Probidad de la Corte entregue copia de la declaración patrimonial de funcionarios y exfuncionarios a quienes lo soliciten, dijeron fuentes oficiales.

El primero en dar el ejemplo   fue el magistrado Rodolfo González, cuya declaración fue entregada el jueves anterior al abogado Herbert Danilo Vega, quien lo había requerido al máximo tribunal.

De esa manera, la Corte cumplió una orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a quien recurrió el abogado Vega cuando en un primer momento le dijeron que la información solicitada “era reservada”.

En la Corte Plena del martes, los magistrados acordaron por 14 votos que así como se hizo en el caso del abogado Vega, de entregarle copia de la declaración patrimonial del magistrado González, “con el mismo criterio y modo de proceder deberá de implementarse las solicitudes que con base en el derecho a la información  pública hagan o hayan hecho las personas sobre declaraciones de estado patrimonial de funcionarios, aunque éstos ya hayan cesado en sus cargos” (ver fragmento del acta anexo).

De acuerdo con copia del acta, a la que tuvo acceso El Diario de Hoy, el acuerdo fue tomado por los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, Ricardo Mena Guerra, Rodrigo Suárez Fishnnaler, María Luz Regalado, Belarmino Jaime, Armando Pineda Navas (presidente), Sidney Blanco, María Luz Regalado, Roberto Argueta, Elsy Dueñas, Juan Manuel Bolaños, Sergio Luis Rivera, Ricardo Iglesias y el mismo Rodolfo González.

Partes de la información se reservarán, como datos personales o familiares, en vista de que lo que se busca es facilitar la transparencia sobre las cuentas y facilitar investigaciones en caso de enriquecimiento ilícito, se explicó en la misma sesión.

Según el acta, el presidente de la Corte, Oscar Pineda Navas, dio testimonio de que fue el mismo magistrado González quien promovió la apertura de su informe en aras de sentar ejemplo de transparencia y combate a la corrupción en el Estado.

“Magistrado presidente felicita al magistrado González por la apertura y apoyo a que sea su caso el que permita al Pleno pronunciarse, con la unanimidad que se advierte”.

Según el acta, el presidente de la Corte reveló que fue el mismo González el primero en mostrar su apertura a transparentar su declaración patrimonial. “Él fue el primero en decir: miren, a mí me parece que hemos estado como Sala como Corte tratando de combatir la corrupción, lo menos que podemos hacer es apoyar y que se haga público unas declaraciones de este tipo, pues que lo que demuestran es transparencia”, aseguró Pineda.

Luego el presidente de la Corte dijo que respaldaba la decisión, “porque abona al combate de la corrupción”.

Belarmino Jaime, magistrado de la Sala de lo Constitucional, dijo al pleno que esta decisión se tornaba “trascendental por la cantidad de solicitudes que se presentarán, ya que estima que la ocultación de informción ha contribuido a la creciente corrupción estatal de los últimos años”.
Por su parte, la magistrada Doris Luz Rivas Galindo también calificó de trascendental combatir la corrupción, pero pidió no dejar del lado el contexto nacional en el proyecto de resolución.

Según la magistrada, también hay “otros actores de la sociedad como los grandes evasores que están llevándose la cosa pública”, además de la falta de actualización de los formularios de la sección y la pasividadd en su actuación.

El mismo González propuso  que dado que tanto las Salas como la SCJ han dado grandes avances sobre criterios constitucionales, principios y utilización de tratados, se debería “integrar los demás pronunciamientos de avanzada que se han pronunciado en otros temas trascendentales”.

Por su parte, el magistrado Meléndez expuso que “no se trata de sacrificar derechos personales de los funcionalios sino que se debilitan frente al interés público”.

El debate de los magistrados que llevó a tomar la decisión de abrir al público los informes patrimoniales de todos los funcionarios, surgió luego de ser notificados por el IAIP sobre la resolución que emitiera el pasado 23 de julio.

El Instituto dice que los informes patrimoniales no son  reservados, por lo que ordenó entregar esa información pero con la condición de que se tachara u omitiera  datos confidenciales del magistrado.

La información debía entregarse en los cinco días hábiles después de la notificación, lo cual se cumplió el jueves.

Según el acta, la discusión incluyó otras aristas como que la Corte apruebe cada caso de solicitud de información sobre declaraciones patrimoniales.

Transparentan datos del patrimonio del magistrado González

Rodolfo Ganzález Fotos RenŽ Quintanilla

Rodolfo Ganzález
Fotos RenŽ Quintanilla

1 agosto 2015 / EDH

En un hecho que sienta un precedente por la transparencia y la lucha contra la corrupción, la Corte Suprema entregó copia de la declaración patrimonial del magistrado Rodolfo González al abogado Herbert Danilo Vega, en cumplimiento de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

En la declaratoria de bienes de González y a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy, se lee que al 17 de julio de 2009 en que presentó su informe tras asumir el cargo, tenía activos por $62,800 y reportó egresos por $52,300.

En el acta que deja constancia la decisión de la Corte en pleno de permitir el acceso a este tipo de información, el magistrado González les dice que si bien existe un riesgo en el hecho de tener abierta “una legitimación para esta información” serán los tribunales los que decidan qué procede y qué no procede.

El mismo presidente de la Corte y presidente también de la Sala de lo Constitucional, Oscar Armando Pineda, reveló  durante la sesión de magistrados que fue el mismo González quien estuvo abierto a que se entregara su declaración patrimonial.

Otro razonamiento que según Pineda dio González fue “lo menos que podemos hacer es apoyar y que se haga público unas declaraciones de este tipo, pues que lo que demuestran es transparencia y buena voluntad sobre todo la buena intención que tiene cada uno de los funcionarios”.

En conjunto, los magistrados de la Sala de lo Constitucional se pronunciaron en ese sentido, al decir que “de lo que se trata en el presente caso es de afirmar el alcance del antecedente, ahora que el IAIP ha determinado que el derecho de acceso a la información pública incluye a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos”.

Y que la resolución del IAIP “no aplica solamente el caso del magistrado González, sino que sienta las bases para darle igual tratamiento a todas las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos”.

Su razonamiento lo basan en que no existe diferencia alguna entre la declaración patrimonial de un magistrado con la de otros funcionarios de otros Órganos de Estado o entes sujetos a la Ley de Enriquecimiento Ilícito”.

Por lo tanto, consideraron que la resolución del IAIP no pone límites al ordenar que se desbloquee la declaración del magistrado González.

Es más, dicen que la reserva absoluta no es la interpretación más adecuada del artículo 240 de la Constitución para dotarle de eficacia en la investigación y erradicación del enriquecimiento ilícito.

“En lo sucesivo, deberá conceder la información que no sea privada ni confidencial  que se contenga en las declaraciones de estado patrimonial de cualquier funcionario público obligado por la Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados públicos”.

También hacen ver que tal criterio se aplica a las declaraciones patrimoniales presentadas con anterioridad al pronunciamiento del IAIP.

El pasado 23 de julio, el IAIP resolvió en contra de la resolución del Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de vedar el acceso a la declaración patrimonial de Rodolfo González que había solicitado el ciudadano Herbert Danilo Vega Cruz argumentando que dicho documento era confidencial.

Pero el Instituto dijo todo lo contrario y ordenó entregar una versión pública de la información a Vega Cruz pero omitiendo datos confidenciales.

La liberación de dicho documento sienta un precedente para conocer de ahora en adelante los informes de patrimonio de bienes de todos los funcionarios y exfuncionarios públicos del país.

¿Son públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios? De José Miguel Arévalo Rengifo

Tomando en cuenta ese menor grado de privacidad del que gozan los servidores públicos en comparación con los demás ciudadanos, el Instituto hizo una ponderación entre el derecho de acceso a la información y la reserva de la declaración patrimonial, para concluir que el ciudadano tenía derecho a obtener una “versión pública” de la declaración.

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

José Miguel Arévalo Rengifo, abogado

José Miguel Arévalo Rengifo, 28 julio 2015 / EDH

En agosto, se cumplen cinco años desde que la Sala de lo Constitucional reconoció, por primera vez, el derecho de acceso a la información pública. En la sentencia, emitida en agosto de 2010, se estableció que este derecho fundamental está en íntima conexión con “el deber del Estado de garantizar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos, así como la publicidad en la administración y destino de los recursos y fondos públicos”. Todos los salvadoreños, como titulares del poder soberano del Estado, tenemos el derecho de conocer la forma en la que nuestros funcionarios se desempeñan y cómo administran los recursos del Estado.

El 23 de julio de este año, el Instituto de Acceso a la Información Pública, máximo garante de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, emitió una sentencia que sienta un nuevo precedente importante en el tema de probidad y transparencia en la gestión pública. Un ciudadano había solicitado a la Corte Suprema de Justicia, una copia de la declaración patrimonial de un magistrado de la Sala de lo Constitucional. Esta declaración se presenta cuando un servidor público toma posesión de su cargo, y luego nuevamente cuando termina su período, con el objetivo de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia pueda vigilar y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.

En virtud del artículo 240 de la Constitución, que establece que las declaraciones patrimoniales se mantendrán en reserva, se había denegado la entrega de la copia de la declaración patrimonial solicitada. El ciudadano apeló esta resolución ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual determinó que “los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son servidores públicos que desempeñan una función constitucional y legal de gran importancia (…), por lo que sus actuaciones deben adecuarse a los cánones de la legalidad, independencia, probidad e imparcialidad, y el desempeño de su función pública exige el escrutinio público, de ahí que la excepción de privacidad debe interpretarse de forma restrictiva en estos casos”.

Tomando en cuenta ese menor grado de privacidad del que gozan los servidores públicos en comparación con los demás ciudadanos, el Instituto hizo una ponderación entre el derecho de acceso a la información y la reserva de la declaración patrimonial, para concluir que el ciudadano tenía derecho a obtener una “versión pública” de la declaración. Es decir, ordenó a la Corte Suprema de Justicia a brindarle una copia de la declaración patrimonial, pero cuidando de tachar toda la información confidencial del magistrado, como pueden ser los números de sus cuentas bancarias, el nombre de su cónyuge o de sus hijos, la dirección de sus propiedades, y los números de placa de sus vehículos automotores.

Esta resolución posicionaría a El Salvador en el mismo nivel de países como Chile y México, en los que todos los ciudadanos pueden tener acceso a las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios. Por ejemplo, con solo digitar en un buscador de Internet “declaración de patrimonio de Michelle Bachelet”, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede saber que la presidenta de Chile tiene cinco bienes inmuebles, una camioneta Mitsubishi y algunas deudas bancarias. También podemos conocer los ingresos que obtiene el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y saber que tiene cuatro casas, un apartamento y cuatro terrenos, además de obras de arte, relojes y joyas.
No obstante, el Instituto de Acceso a la Información Pública se ha otorgado una facultad de interpretación constitucional que realmente correspondería hacer a la Sala de lo Constitucional, cómo máxima autoridad en la materia. Considero que el referido magistrado, que acompañó con su firma la resolución que reconoció en 2010 el derecho de acceso a la información pública, podría no tener ningún reparo en que hoy conozcamos su declaración patrimonial, en aras del interés superior de la población de vigilar el actuar transparente y probo de los servidores públicos. Pero no dudo que este tema llegará eventualmente al conocimiento de la Sala de lo Constitucional, y será entonces cuando se dé la última palabra.

@Arevalo_Rengifo