Corte Suprema de Justicia

Los guardianes de las esencias. De Rodolfo González

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional

30 octubre 2918 / EL DIARIO DE HOY

En los años ochenta del siglo pasado, en el debate sobre la confirmación de Robert Bork, nominado por Reagan para la Suprema Corte, se calcula que la movilización de los grupos sociales en favor y en contra de su ratificación por el Senado implicó un gasto total de 20 millones de dólares. La cifra refleja la amplitud del debate y la importancia que le dieron ciertos actores relevantes, pues algunos consideraban que las posiciones excesivamente conservadoras del candidato harían retroceder los derechos alcanzados en las décadas anteriores gracias a la jurisprudencia del dicho tribunal, mientras que otros, quienes eran parte de la ola conservadora que había llevado al poder al presidente proponente, consideraban que era necesario poner límites a la Suprema Corte.

Unos años después, cuando en 1990 el presidente Bush nominó a David Souter para dicho tribunal, el tema fue la nota principal de los periódicos más importantes del país, y el resultado final, su confirmación, fue primera plana del Chicago Tribune, mientras que la noticia del nombramiento del antecesor de Souter, en 1956 –William Brennan–, apenas llamó la atención del mismo periódico, quien publicó la nota en su sección 3, “debajo de las historietas”, como reseña Lawrence Baum.

La Suprema Corte estadounidense es hoy por hoy uno de los tribunales más influyentes del mundo, junto con el Tribunal Constitucional Federal alemán y la Corte Constitucional italiana, aunque no tiene una Sala especializada en su interior, y tampoco dispone de un proceso especialmente creado para la protección de los derechos constitucionales, llámese amparo, acción de tutela o de otra manera.

Sin embargo, es difícil creer que en los orígenes de la historia estadounidense se dieron casos de personas que rechazaron ser nombradas como jueces –incluso presidente–, por considerarla una institución carente de relevancia, o la abandonaron para hacer actividad puramente política, o incluso solicitaron pasar a un puesto judicial en un tribunal inferior.

Es generalmente reconocido el papel de su presidente John Marshall, a inicios del siglo XIX, para hacer que el tercer “departamento” del gobierno llegara a ser un órgano relevante, en condiciones de igualdad con el Legislativo y el Ejecutivo; y lo hizo sentando las bases jurisprudenciales para el control de constitucionalidad de las leyes, definiendo la distribución de competencias entre la federación y los estados, y sentando algunas reglas sobre interpretación de la constitución que aún son utilizadas, más de dos siglos después, por la academia y la jurisdicción.

La relevancia de un tribunal constitucional depende de las competencias que le asigna la propia Constitución, básicamente la protección de los derechos fundamentales y de los principios de la democracia y el Estado de Derecho; pero también depende de que sus titulares se tomen el cargo en serio, y estén conscientes del papel que desempeña la institución a la cual pertenecen.

Un amigo diplomático califica a los jueces constitucionales como “guardianes de las esencias de la democracia”, y en los países en que se ha consolidado la justicia constitucional, los ciudadanos en general saben de la relevancia para mantener el cumplimiento de la Ley Fundamental.

En El Salvador también los ciudadanos han ido adquiriendo cada vez más conciencia de esa relevancia, se involucran más en el análisis de la jurisprudencia, siendo orientados por la comunidad de especialistas; saben distinguir los pronunciamientos que implican avances en la democracia, de los que implican un retroceso; y en la actualidad se mantienen vigilantes de la Asamblea cumpla su papel de elegir a los más idóneos para esa importante tarea.

Solo corresponda esperar que los diputados también tomen conciencia de la importancia de la tarea que tienen entre manos.

La dignidad de la magistratura. De René Fortín Magaña

René Fortín Magaña, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

René Fortín Magaña, 8 abril 2018 / El Diario de Hoy

Con un resplandor de grandeza, que sin embargo no debe envanecer a nadie, está situada la magistratura en la cúspide del escalafón judicial o profesional. Ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia es la máxima posición a que pueden aspirar los profesionales del derecho por la sencilla razón de que a ella están llamados los más probos y los más capaces, para administrar con sabiduría y rectitud la “pronta y cumplida justicia” de que habla con imperio la Constitución de la República.

En ningún lugar como en el campo de la justicia cabe la trepidante frase de José Ingenieros: “Los grandes cerebros ascienden por la senda exclusiva del mérito; o por ninguna”. Y agrega: “La vanidad empuja al hombre vulgar a perseguir un empleo en la administración del Estado, indignamente si es necesario; sabe que su sombra lo necesita. El hombre excelente, por el contrario, se reconoce porque es capaz de renunciar a toda prebenda que tenga por precio una partícula de su dignidad”.

La historia del Órgano Judicial de nuestro país conforma un claroscuro en el cual se alternan las luces y las sombras. Algunas de ellas están reflejadas en la “Historia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador”, escrita por el profesor Gilberto Aguilar Avilés.

Frente a las sombras, diremos que para los tiranos y los déspotas que han abundado en nuestro Continente, el Órgano Judicial ha sido su presa más codiciada, porque bajo el ropaje de justicia que muestran las sentencias judiciales, (verdaderas pieles de cordero) se han cometido las mayores atrocidades. ¿Qué respeto nos merece la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, por ejemplo? ¿Y la de Bolivia, que con “sesudos” argumentos le otorga un cuarto periodo de gobierno al ínclito presidente de aquel país? ¿Son ellas representantes del derecho? ¿O amanuenses del absolutismo?

En nuestro, país, estamos por elegir a cinco nuevos magistrados: cuatro de la Sala de lo Constitucional, la cual ha jugado un distinguido papel histórico, y uno de las otras Salas.

De todos ellos esperamos lucidez, independencia, coraje, sabiduría y probidad, cualidades que no siempre han estado presentes entre tan altos dignatarios. De lucidez esperamos el amplio conocimiento no solo de las leyes sino del Derecho en general que está axiológicamente iluminado por los valores de justicia, libertad y seguridad. De independencia, que es la cualidad fundamental, esperamos que sepan leer a cabalidad el artículo 172 de la Constitución que la establece: “Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes” Ojo: no son independientes para hacer lo que les dicta su albedrío, sino que están sometidos. ¿Sometidos a qué? A la Constitución y a las leyes. Sin embargo, hemos visto a largo de la historia, magistrados que envanecidos con la toga virtual que los distingue, han creído más que en la Constitución y las leyes, en su propio criterio, en su sabiduría y en su interés personal, cayendo fácilmente en el perjurio y el prevaricato.

Corre ya el segundo cuarto del siglo XXI, y en muchos aspectos, la civilización todavía está en sus inicios, si no la destruye Kim Jong –Un, supremo líder de Corea del Norte. Poco podemos hacer los abogados de la generación sub-90. Pero los jóvenes, la nueva generación de diputados y diputadas a quienes tocará elegir a los funcionarios de segundo grado, entre ellos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corresponde dar un paso más en el camino del progreso, no solo material, sino en el de nuestras instituciones, para que la caravana de la vida siga el rumbo de la vida ascendente.

Dejemos atrás los contubernios, los combos, los cambalaches, los pactos bajo la mesa, los toma y daca a que nos tenían maniatados los diputados del pasado en un perenne quid pro quo que para nada tenía en cuenta el interés general. Existe un rayo de luz para los magistrados probos y competentes: sus sentencias deben estar tan bien fundamentadas, lógica y éticamente, que por su elocuencia estén llamadas a ser modélicas, a sentar jurisprudencia y a convertirse en doctrina legal. Lo demás es rutinario, escrito sin convicción o mala fe, en una hoja de papel que no abona la confianza popular en la justicia pública. En algún momento tiene que llegar la hora de que avancemos en la superación de nuestras instituciones. Y esa hora es la actual. La sociedad civil en cuya vanguardia florece la juventud, está despierta y dispuesta a tomar su lugar en la historia. No esperemos más. Y actuemos como deben hacerlo los ciudadanos de un país libre, soberano e independiente, pues, como dice Will Durant, en su libro “Filosofía, cultura y vida”: “Tras muchos errores y muchas dudas, llegaremos a comprender que, aunque en escala pequeña, también nosotros participamos en la actividad del mundo y que, si lo deseamos, podemos escribir con imaginación y saber, algunas líneas del misterioso drama que vivimos”.

El mundo al revés. De Javier Castro de León

Han tenido que pasar más de 56 años para que se aplicara adecuadamente la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) y se iniciaran los primeros juicios civiles por enriquecimiento ilícito. Dicha ley debe ser actualizada para prevenir y combatir de forma efectiva la corrupción –en efecto mejorada y no omitiendo precisamente el juicio civil que ha empezado a funcionar, como ocurre con la Ley de Probidad aprobada en diciembre de 2015 y cuya vigencia se ha suspendido mientras se tramita un proceso de inconstitucionalidad.

JAVIER CASTROJavier Castro De León, 10 JUNIO 2016 / LPG
Realmente es el mundo al revés. Resulta asombroso y difícil de creer que personeros políticos vengan a criticar y cuestionar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por aplicar precisamente la ley, con argumentos absurdos y sin base jurídica, al señalar que se han aplicado “criterios arbitrarios” para investigar los casos de probidad. Al contrario, debemos estar agradecidos de que luego de una larga espera de más de medio siglo, finalmente se vino a aplicar bien la LEIFEP.
Lo que la CSJ ha hecho es aplicar el artículo 240 de la Constitución, norma que también estaba en el olvido, la cual dispone que se presumirá enriquecimiento ilícito cuando el patrimonio del servidor público no guarde relación con los ingresos e incrementos de la prensa graficacapital que haya obtenido de forma legal. Esto lleva a que se inicie el respectivo juicio civil y si se establece que existe responsabilidad legal, opera una restitución de los bienes adquiridos por el funcionario a costa del Estado. Cabe mencionar que a quienes se les ha iniciado el respectivo juicio civil por enriquecimiento ilícito ante las correspondientes Cámaras de Segunda Instancia de lo Civil se les debe respetar el debido proceso y que serán culpables si así lo determina la sentencia definitiva.

Respecto de los argumentos de que ha habido actuación arbitraria de parte de la CSJ, el Centro de Estudios Jurídicos, en su columna publicada esta semana, argumenta categóricamente que ni la Constitución ni la ley establecen la obligación de emitir alguna norma para seleccionar los casos que serán investigados por presunto enriquecimiento ilícito. Los criterios que pueden determinarse y que en efecto ya lo hizo la CSJ son una guía útil para ordenar el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ; pero, bajo ningún concepto son condicionantes para la validez jurídica de los casos que se investigan. Lo que es relevante para el Estado de derecho es que se cumpla la Constitución, la cual ordena a la CSJ que si existen indicios de enriquecimiento ilícito, se aplique la LEIFEP.

Las reacciones al trabajo realizado por la CSJ en materia de probidad no son ninguna sorpresa, pues en efecto la Ley de Probidad aprobada en 2015 buscaba frenar el trabajo que se estaba haciendo al respecto. Otra reacción ha sido la denuncia penal por actos arbitrarios presentada contra dos magistrados de la Sala de lo Constitucional y el jefe de la Sección de Probidad, la cual no debe de prosperar judicialmente, ya que no hay ninguna conducta ilícita, pues como ya se dijo, lo que se ha hecho es cumplir un mandato constitucional frente a indicios de enriquecimiento ilícito.

Lo que se debe hacer es felicitar a la CSJ por desempolvar la LEIFEP y aplicarla con valentía por primera vez, pues la impunidad y el mal uso de los fondos públicos le han hecho mucho daño al país. Sin embargo, otros la cuestionan por aplicar la Constitución y la ley y querer perseguir la corrupción; es el mundo al revés. Si queremos avanzar como país no podemos seguir así.

Carta a los magistrados de la Corte Suprema. De Paolo Luers

PAOLOPaolo Luers, 17 diciembre 2015 / EDH

Lo conquistado no se entrega. Ha costado demasiado caro volver a poner la sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia en capacidad de cumplir su función constitucional como guardián de la probidad de los funcionarios, para ahora permitir que vuelvan a sacarle los dientes a esta institución clave.

Tuvo que instalarse en el 2009 una Sala de lo Constitucional independiente. La sociedad entera tuvo que defender esta Sala del Frente y la gente de Funes y Saca se dieron cuenta que iba en serio la independencia de estos magistrados. Hubo que derrotar dos intentos de tomarse de asalto el control de la Corte Suprema. Y tuvo que pasar otra elección complicada de magistrados de la Corte, ahora en el 2015, para lograr una Corte Plena más unificada alrededor de la institucionalidad democrática del país.

Y entonces, la Corte le quitó el bozal a la Sección Probidad, devolviéndole el mandato de examinar de fondo, y no solo de forma, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, incluyendo presidentes de los órganos del Estado. Y la Corte Plena retomó su facultad de iniciar juicios contra los funcionarios que no pasaron este examen.

Inmediatamente viene la contraofensiva: en el debate sobre la nueva Ley de Probidad, iniciada para evitar que alguien vuelva a ponerle bozal a la Sección Probidad para proteger a funcionarios corruptos, introducen de contrabando algunos artículos que, al ser aprobados, volverían a echarle agua a esta ley y quitarle fuerza a la Sección Probidad.

El Frente y sus aliados de Gana quieren quitarle a la Corte Plena la facultad de supervisar la Sección Probidad y de autorizar sanciones y apertura de juicios. Quieren que tres magistrados de la Sala de lo Civil asuman esta función, y no los 15 magistrados en pleno. Calculan que es más fácil corromper a tres magistrados que a los 15…

Además quieren eliminar de la legislación la llamada “presunción de enriquecimiento ilícito”, que ahora permite abrir juicios contra quienes entregan declaraciones patrimoniales donde los números no cuadran.

Posiblemente tengan la mayoría simple de 43 diputados para hacer estas reformas. Pero esto no significa que la sociedad tenga que aceptar este retroceso en nuestra proceso de fortalecer y transparentar las instituciones democráticas. Dependería de ustedes, los magistrados de la Corte Suprema, sobre todo de la Sala de lo Constitucional, que pongan paro a esta maniobra. La consigna “Lo conquistado no se entrega” no es patrimonio de ninguna ideología particular, aunque la hemos escuchado más en manifestaciones de la izquierda.

Los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia (como por ejemplo la Sección Probidad) son patrimonio y conquistas de la sociedad entera, y ustedes como magistrados son sus guardianes.

Siempre, cuando ustedes ejercen esta su función de guardianes, la sociedad civil les ha apoyado, y los partidos al final han tenido que aceptar las reglas.

Saludos, 5d6de-firma-paolo

Magistrado Sidney Blanco: “El camino más fácil es decir que es persecución”

El magistrado de la CSJ afirma que es una excusa de funcionarios para no explicar a la gente cómo obtuvieron su patrimonio.

Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional

Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional

diario hoyEl magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, manifestó ayer que son “excusas” las que dan el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y el diputado Reynaldo López Cardoza, de que los procesos que se les abrieron a ellos son “persecución política” para no explicar al pueblo el origen de sus patrimonios.

“Estas son excusas que están dando estos funcionarios para no centrarse a explicarle al pueblo cómo obtuvieron el patrimonio que tienen, entonces el camino más fácil es decir que es persecución política”, afirmó Blanco.

Esta es la primera ocasión que uno de los magistrados de la Corte se refiere públicamente al caso de Flores Sosa.

La Corte Suprema de Justicia en pleno ordenó el pasado 16 de noviembre abrirle un juicio al exdirector del ISSS, tras determinar “indicios suficientes” de que se ha enriquecido de forma ilícia.

El máximo tribunal estableció que el exfuncioniario no justificó el origen del dinero con que compró vehículos ni parte de sus ahorros, ni la presunta sobreevaluación de una casa, además de no haber probado ingresos adicionales ni que los recibiera de una sociedad de la que dijo ser parte.

Blanco agregó que con todos esos indicios que se han detectado en esta primera fase en la Sección de Probidad, Flores Sosa tiene que desvirtuarlos en el juicio respectivo, al igual que lo deberá hacer López Cardoza, a quien también le ordenaron abrir juicio por sospechas de enriquecimiento ilícito, en octubre de este año.

“Esto no es persecución política. La Corte no está interesada en hacer persecuciones políticas, sino que está interesada en la transparencia, en la honestidad y en la probidad de los funcionarios; en la medida en que tengamos funcionarios honestos, los ciudadanos en general podremos disponer de los derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad”, agregó.

Durante una entrevista televisiva, el magistrado reiteró que, en el caso del exdirector del ISSS, la Corte le dio el derecho de audiencia cuando se le pidió que aclarara “inconsistencias”.

Blanco enfatizó que por mucho tiempo la sección de Probidad no tuvo la facultad de solicitar información patrimonial para determinar si habían indicios de funcionarios o exfuncionarios que pudieron haberse enriquecido ilícitamente porque, asegura, hubo en el pasado un grupo mayoritario de magistrados “que no estaban interesados en perseguir la impunidad, en combatir la corrupción”.

“Los tiempos cambian y hay circunstancias que se han venido produciendo, que han conducido a que actuemos así. La Ley de Acceso a la Información Pública, la actuación del Instituto de Acceso a la Información Pública que ha ordenado que el patrimonio de los funcionarios es de carácter público. La actitud de la CSJ también ha cambiado, hoy tenemos una nueva integración que nos permite tener esa visión común de combatir la corrupción. Esas son las circunstancias, las piezas que se han venido poniendo para emprender esta dura tarea de combatir la corrupción de los funcionarios”, apuntó.

Destacó que la información obtenida de las instituciones bancarias son “fuente valiosísima” de registros sobre transferencias, depósitos o registros; de manera que al verificar la veracidad de esa información que proporcionan, los funcionarios están obligados a dar cuentas sobre sus adquisiciones o gastos.

“Si luego se hacen las investigaciones en los bancos y se constata que sus depósitos son excesivamente superiores, eso ya genera un indicio de enriquecimiento ilícito, porque aquí podemos encontrarnos (información), aunque los funcionarios estén mintiendo en sus declaraciones, lo cual es delito también, o los funcionarios se han enriquecido ilícitamente”, manifestó.

En tanto, el exdirector del ISSS asegura que en su declaración de bienes hubo “error de omisión” y dice que buena parte de sus ingresos no provenían de su salario en el Seguro Social.

En una entrevista televisiva, Flores afirmó que al declarar los montos de los vehículos adquiridos no puso el valor real, pues su asistente le dijo que debía colocar el valor estimado de los autos, lo cual admite fue “error de omisión”.

Respecto al dinero que enviaba hacia el extranjero, Flores indicó que se trataba de una mensualidad para sus dos hijos que estaban en Estados Unidos y aseguró que mandaba el dinero, cuyo monto no sobrepasaba los $10 mil por cada envío para este gasto y para la cuota de una casa.

Flores Sosa dijo que espera desvanecer los indicios de presunto enriquecimiento ilícito en el juicio e insistió que su caso es “guerra política”.

El otro caso Flores: Corte ordena juicio contra Leonel Flores, exdirector del ISSS

La Corte Plena indica que informe de Probidad da indicios suficientes de supuesto enriquecimiento ilícito, ya que el exfuncionario no justificó parte de sus ingresos.

Leonel Flores Sosa

 

diario de hoyLa Corte Suprema de Justicia en pleno ordenó abrirle un juicio a Leonel Flores, exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en el gobierno de Mauricio Funes, tras determinar “indicios suficientes” de que se ha enriquecido de forma ilícita.

El máximo tribunal estableció que el exfuncionario no justificó el origen del dinero con que compró vehículos ni parte de sus ahorros ni la presunta sobrevaluación de una casa, además de no haber probado ingresos adicionales ni que los recibiera de una sociedad de la que dijo ser parte.

Los magistrados emitieron su decisión por unanimidad y remitieron el caso a la Cámara Segunda de lo Civil, tras recibir un amplio informe de la sección de Probidad.

Según la Corte, Probidad detectó en lo declarado por Flores Sosa “irregularidades e indicios que presumen enriquecimiento ilícito” y destaca las transacciones bancarias hechas durante su gestión.

“La Sección de Probidad estableció la existencia de irregularidades e indicios que presumen enriquecimiento ilícito, debido a que los depósitos bancarios realizados a cuentas del exfuncionario reflejan ingresos mensuales muy superiores a lo recibido por la prestación de servicios en el ISSS”, dice el informe.

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Flores Sosa fungió como director general del ISSS del 14 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014, cargo que vino año y medio después de que Mauricio Funes asumiera la Presidencia y luego que le apoyara en la campaña entre la diáspora salvadoreña en Estados Unidos.

Screen Shot 2015-11-27 at 10.56.12 PMEn ese periodo de gestión (tres años y cuatro meses), dice Probidad que el exfuncionario realizó depósitos que ascienden a $512,016.13 y que además hizo retiros por $367,182.37, pero el punto es que dichos montos no son coherentes con la suma de los salarios percibidos como funcionario.

“De dichos depósitos, los correspondientes a salarios suman $194,733.33”, establece Probidad, tomando en cuenta que tales depósitos los realizaba cada mes y luego de aplicados los descuentos de ley.

Pero en esas transacciones financieras, Probidad estableció que Flores Sosa no justificó el origen de la mayor parte de sus depósitos.

 “La sección de Probidad establece que es desconocida la procedencia de depósitos por $313,282.88, sobre todo tomando en cuenta que según afirmaciones del declarante, los ingresos percibidos en el extranjero no ingresarían a cuentas bancarias de El Salvador, siendo esto último parte del juramento que consta en su declaración patrimonial”, dice la Corte.

Probidad le dice a la Corte Plena que el exdirector del Seguro Social tampoco presentó la documentación adecuada que respaldara dichos depósitos en cuestión.

Screen Shot 2015-11-27 at 10.56.32 PM“Lo anterior indica que las erogaciones efectuadas por el señor Flores Sosa superan significativamente lo que obtuvo como ingresos comprobados de su desempeño en el cargo mencionado, siendo inexistente la justificación sobre la procedencia del dinero utilizado para sufragar los pagos y gastos que excedían en cientos de miles de dólares su ingreso”, dice la Corte.

Pero además, en la resolución de la Corte Plena se hace constar que Flores Sosa informó que solo poseía $78,594 en sus cuentas de ahorro y que “omitió referirse a cuatro cuentas adicionales -tres a su nombre y una a nombre de su cónyuge”, lo que aumenta a más de $105,010.03 el depósito bancario.

“En el informe se concluyó no haberse explicado la procedencia de los depósitos bancarios en efectivo superiores a $1,000 realizados en el periodo que el declarante ejerció el cargo y que aproximadamente suman $313,282.80, los que permitieron al declarante y a su cónyuge tener ahorros al 31 de mayo de 2014 (cese del cargo) por un total de $105,010.03”, dice el fallo.

Destaca, además, que en una de las cuentas de ahorro de la esposa de Flores, Dennis Karina Hernández, se refleja un depósito por $47,000 y que Flores Sosa no registró ningún retiro u otra transacción como préstamos equivalente a esa cantidad hecha en la fecha cercana a la de dicho depósito.

Pero hay otro hecho que llama la atención de Probidad y es que a la par de ese y otros depósitos hechos por la esposa de Flores Sosa (que van de $1,000 a $7,000) hizo retiros de $20,000 y $32,000 entre 2013 y 2014, el último de ellos justificado en que servirían para “prima para compra de casa” y fueron transferidos a Estados Unidos.

Sin embargo, dice el informe, “llama la atención que dentro de la declaración de cese de funciones no conste ningún inmueble adquirido en el extranjero”.

En total, dice Probidad, el exfuncionario suma una cantidad aproximada de $608,387.28 “cuya procedencia no se encuentra justificada”.

Vea la resolución completa de la Corte Suprema de Justicia
sobre el caso Leonel Flores

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Empresa no lo reconoce

Pero el cuestionamiento de Probidad sobre el origen de los ingresos de Flores Sosa no llega allí. Dice que el exfuncionario reportó que sus otros ingresos provienen de una empresa establecida en Estados Unidos, pero no dio información certera de ella.

El declarante indicó a Probidad que tiene acciones en la sociedad Best Quality Service LLC, la cual opera bajo las leyes del Estado de Virginia (EE. UU.) y que los accionistas de dicha empresa decidieron distribuirle un monto mensual de $12,419.

Pero la Corte duda de esa información pues, dice, eso “lo ha intentado respaldar con una fotocopia de una carta suscrita por Félix Carrera, señalado como presidente de la sociedad, que está en inglés y que no ha sido traducida ni legalizada”.

Al tratar de comprobar la veracidad de lo declarado se buscó el apoyo de la Embajada de EE. UU., de la cual recibieron una carta fechada 18 de noviembre y firmada por el asesor jurídico Jason Kaplan, en la que dice que después de haber realizado las “investigaciones apropiadas”, la empresa indicada por Flores no tiene el domicilio que dijo ni él trabaja en dicho local y que tampoco se le identificó.

A raíz de eso, la Corte considera que ese es un indicio adicional, pues no ha quedado establecida la vinculación de Flores con la sociedad mencionada, “lo cual deberá indagarse por las instancias correspondientes”.

“Por lo cual concluye que no se cuenta con la documentación legal que respalde las acciones de la sociedad y que justifique el valor declarado al cese de funciones en el rubro de “otros activos e inversiones” por un valor total de $123,200.00”, dice Probidad.

Pero además, se deja constancia que Probidad “realizó observación en relación con este aspecto y requirió presentar el número y valor de las acciones, porcentaje de participación y saldo de la inversión”, pero que Flores Sosa solo cumplió parcialmente”.

Agrega que se le insistió que debía aclarar respecto a todos los puntos indicados pero que nunca contestó.

Las dudas de la Corte también surgen del hecho de que Flores Sosa reportó los ingresos anuales por $149,028 relacionados a sus acciones en dicha empresa, lo cual corresponde al rubro de “otras rentas anuales” y no la inversión de las acciones propiamente en la sociedad.

Compra de autos

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Pero las cuentas bancarias no son los únicos aspectos de la declaración patrimonial de Flores en que Probidad detectó anomalías.

Probidad también le cuestiona a Flores Sosa de dónde sacó el dinero para comprar tres vehículos, según reportó en su informe de bienes.

Uno de los vehículos dice haberlo adquirido al expresidente Mauricio Funes por valor de $15,000. Se trata de un Mini Cooper año 2010, cuya compra dice haberla hecho el 8 de abril de 2013.

También dijo haberle comprado a Herbert Ernesto Saca Vides un Mercedes Benz año 2008 por $60,000, pero que según la Corte “se desconoce de dónde provienen los fondos para su compra, ya que no se advierte la existencia de retiros o créditos bancarios realizados para tal fin tomando en cuenta la fecha de adquisición, el precio y las operaciones bancarias llevadas a cabo por el señor Flores Sosa”.

Además le cuestiona la Corte a Flores que, al asumir el cargo, declara que este vehículo, que dijo haberlo adquirido en $60,000 en abril de 2011, pero que en ese mismo año, cuando asume el cargo, indicó que el valor era de $120,000, pero que al cesar en sus funciones declaró un valor distinto: $23,200.

También reportó la compra de un auto marca Ford valuado en $50,000, el cual, dice el informe de la Corte, fue vendido pero el producto de esa venta no se ve reflejado en la declaración hecha por el exfuncionario; tampoco le informó el precio ni la fecha de venta, información que la Corte considera “esencial para realizar el cruce con los reportes bancarios”. (Ver detalle en cuadro aparte).

En la declaración, Flores Sosa también reportó otros vehículos de su propiedad: una marca Hummer H3 año 2006 que dice haberlo adquirido el 14 de junio de 2014 por $25,500 a José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, otro amigo personal de Funes y expresidente del Centro de Ferias y Convenciones (Cifco).

Además adquirió, luego de asumir el cargo público, un vehículo marca Lexus LS400 año 1994 el 18 de junio de 2012.

En la declaración ante Probidad, según el documento al que tuvo acceso El Diario de Hoy, también reporta una vehículo marca BMW año 2007

Casas y tarjetas crédito

También destaca el informe que en el Registro de la Propiedad del Centro Nacional de Registros, está inscrito un inmueble situado en la colonia Escalón de San Salvador, a nombre de Flores Sosa.

El inmueble, añade, fue adquirido por él en fecha 16 de agosto de 2011 por $500,000, el cual, dice, el día de su compra se constituyó una hipoteca abierta a favor del Banco Hipotecario hasta por la suma de $605,000 para un plazo de 30 años.

Esa deuda es la más significativa de las que reporta Flores Sosa, dice el informe, y por el que se comprometió a pagar cuotas mensuales de $3,962.09, cuota que bajó luego de que reestructurara el crédito con su acreedor.

Otro hallazgo importante de la investigación es que Flores Sosa hizo “abonos sustanciales” a sus tarjetas de crédito por $159,564.48, algo que no supo justificar, según el comunicado de la Corte.

Pero en la resolución, dice que el exfuncionario realizó pagos de dos tarjetas de crédito, una de Comédica y otra del Banco Promérica hasta por $163,950.20.

En su resolución, la Corte destaca otras transacciones del exdirector del Seguro Social. Dice que Flores desembolsó $122,824 en concepto de pago de un préstamo de $500,000 en agosto de 2011.

“Al sumar los pagos de la deuda hipotecaria y tarjetas de crédito durante el periodo que ejerció el cargo, da como resultado que el declarante realizó pagos por $286,774.99, es decir que en este concepto el declarante erogó el 97 % de su ingreso total, reportado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, sin tomar en cuenta las deducciones de ley (…) único ingreso comprobado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia”, dice.

La resolución fue firmada por los magistrados Óscar Pineda Navas (presidente), Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, María Luz Regalado, Ovidio Bonilla, Óscar Alberto López Jerez, Doris Luz Rivas Galindo, Leonardo Ramírez, Roberto Argueta, Dafne Sánchez, Elsy Dueña, Paula Patricia Velásquez y Sergio Luis Rivera.

Se le consultó a Leonel Flores vía su cuenta personal de Twitter sobre los hallazgos de la Corte a su informe de bienes y la decisión de abrirle juicio, a lo que contestó: “No tengo la resolución completa de la Corte y solo sé lo del comunicado y que yo me presenté a dejar un oficio para ponerme a la orden por las indagaciones y no me lo permitieron, casi que tengo que revisar cuidadosamente todo para dar mi versión.

Piden a FGR que explique avance caso López Cardoza

Mañana se cumple un mes que la CSJ remitió el caso a la Fiscalía para que abra expediente y presente la acusación formal ante una Cámara de lo Penal.

El Fiscal General, Luis Martínez, deberá informar a los magistrados sobre cómo avanza la investigación penal contra el diputado López Cardoza. | Foto por Jorge Reyes

El Fiscal General, Luis Martínez, deberá informar a los magistrados sobre cómo avanza la investigación penal contra el diputado López Cardoza. | Foto por Jorge Reyes

, 5 noviembre 2015 / EDH

diario de hoyA casi un mes de haberle girado oficios a la Fiscalía General de la República (FGR) para promover acción penal contra el diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza, la Corte Plena le está pidiendo al titular de la institución, Luis Martínez, que informe por qué no ha presentado la respectiva acusación formal ante la Cámara Primera de lo Penal.  

“En resolución del seis de octubre del 2015, la Corte Suprema de Justicia en pleno estableció la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito del diputado Reynaldo López Cardoza, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y remitió a la Cámara Segunda de lo Civil… En vista de que a la fecha no se tiene conocimiento que la Fiscalía General de la República haya promovido alguna acción penal, este día la Corte Plena acordó solicitar al titular de dicha institución, informe sobre los avances de esta investigación”, señala el comunicado de la CSJ.

La FGR anunció el pasado octubre que había abierto el expediente E-1391, el cual estaba a cargo de las Unidades Especializadas de Delitos de Corrupción y de Investigación Financiera.

Se enfocarán en indagar y determinar el origen de $1.3 millones del patrimonio de López que, según la Sección de Probidad de la CSJ, no están justificados por ingresos declarados por el legislador.

El fiscal Martínez dijo el pasado martes que la investigación está en curso y que aún está en el plazo que la ley establece para seguir con el proceso de investigación.

Asimismo, aseguró que se están realizando diligencias sobre presunto lavado de dinero.

Una vez la Fiscalía tenga los indicios suficientes para abrir un proceso penal, debe presentar una solicitud de antejuicio en la Asamblea Legislativa para que puedan retirarle el fuero solo por los delitos que sería procesado.

El diputado López Cardoza expresó ayer al respecto que se dio cuenta a través de los medios de comunicación que al día siguiente de  que la Corte en Pleno giró la orden de abrirle un proceso bajo la vía civil, el Fiscal Luis Martínez se pronunció rápidamente para asegurar que también había abierto la investigación respectiva.

“Desde el primer día de que la Corte dijo que se iniciara una investigación ha abierto un expediente contra mi persona. Además creo que también le dieron 20 días para que la Fiscalía se pronunciara. Con base en eso es que están trabajando”, expresó el diputado López Cardoza.