Pensiones

Comprendiendo la realidad fiscal. De Manuel Hinds

manuel hindsManuel Hinds, 24 octubre 2016 / EDH-Observadores

Ha aparecido en el país un grupo de economistas que, financiado por varias embajadas, ha estado visitando a varios grupos e instituciones para transmitirles varios mensajes, de los cuales tres parecen dictados por el gobierno.

Primero, que el problema de la deuda del gobierno ha sido endémico y que fue igual durante el tiempo de ARENA. De acuerdo a ellos, este gobierno ha tenido la mala suerte de heredar un problema ancestral, que viene en gran parte de lo que el FMLN llama “los veinte años de ARENA”.

Segundo, que todos los partidos políticos y agrupaciones gremiales tienen que llegar a un acuerdo con el gobierno, para inmediatamente decir que eso quiere decir poner nuevos impuestos.

Tercero, que los pagos de pensiones son una de las causas principales del déficit.

observadorEstas tres embajadas son todas amigas, y sin duda que están financiando esto con magníficas intenciones. Pero los economistas que han contratado parecen no haber visto la realidad completa. En su afán de evitar un impago, lo cual es loable, se están prestando para transmitir mensajes que el gobierno ha estado usando en su propaganda política. En este artículo, brevemente expongo cómo las cosas que dicen no concuerdan con la verdad.

En primer lugar, basta ver la gráfica 1 para darse cuenta de que no es cierto que el país siempre ha tenido un problema de deuda. La gráfica presenta tres indicadores de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto: la del gobierno central, la del sector público no financiero (que es el gobierno central más las instituciones autónomas) y la total (que es la anterior más todas las demás instituciones gubernamentales). Están medidas como porcentaje del PIB, que es lo correcto porque mide la carga de la deuda sobre la producción del país. La línea vertical define el comienzo del primer gobierno del FMLN en 2009. ¿Cómo pueden decir los señores que los gobiernos de ARENA también sobre-endeudaron al país durante sus 20 años si, al comenzar esos 20 años, dichos gobiernos bajaron la deuda de los niveles que tiene ahora a aproximadamente la mitad? ¿Cómo pueden decirlo si desde 1997 hasta el primer gobierno del FMLN El Salvador fue uno de los pocos países latinoamericanos que tenían grado de inversión?

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Explicando el término, el grado de inversión es la categoría superior (que se divide en varias sub-categorías) de la evaluación de lo buena que es la deuda de un país. Un país con deuda excesiva por definición no tiene un grado de inversión sino grado especulativo, que es lo que tenemos ahora desde que el FMLN comenzó a manejar las finanzas del país. Cuando El Salvador obtuvo su grado de inversión sólo había cinco países más en Latino América con esa calificación. En la crisis del cambio de siglo sólo quedaron dos: Chile y El Salvador. Esto seguramente no lo sabían los economistas que ahora están aconsejando al país, y por eso dicen lo que a todas luces no es cierto: que el país siempre ha tenido un problema de deuda. Esto es algo que tienen que corregir porque es obvio que no quieren decir algo que no refleja la realidad.

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El segundo punto alejado de la verdad (que la culpa de los problemas fiscales la tienen las pensiones) está basado en una trampa verbal. Lo que el gobierno dice, y los consultores repiten, es que los pagos de las pensiones representan más de la mitad del déficit. Esto da la impresión de que son las pensiones las que causan el problema. Lo que no dicen es que, como se ve en la gráfica, hay gastos mucho mayores y que han crecido más rápidamente en lo últimos años. Si usted ya se asustó porque las pensiones son el 50 por ciento del déficit, ahora dese cuenta de que los subsidios son iguales al 100 por ciento del déficit, que los gastos de consumo del gobierno son 360 por ciento del déficit, y que solo los gastos de salarios son varias veces el déficit. En realidad, como se ve en la gráfica, de los gastos principales el más bajo, y el que ha crecido menos, es del de las pensiones.

Los consultores seguramente no saben que cuando ellos dicen que el problema del fisco son las pensiones, que como se ve en la gráfica no lo son, están apoyando al gobierno en su propaganda para confiscar los ahorros que han acumulado los futuros pensionados desde que se reformó el sistema de pensiones en 1998. En ese año se descontinuó el sistema de reparto (que estaba quebrado) y se estableció el de ahorros individuales. En el nuevo sistema, la gente se financia sus propias pensiones, de modo que el gobierno no tiene que realizar pagos para que ellos se pensionen. Los pagos que ahora tiene que hacer el gobierno son los de las obligaciones que acumuló el viejo sistema de reparto, que se eliminó en 1998. Y es a ese sistema que el gobierno quiere regresar, haciéndose cargo del pago de las pensiones en el futuro. ¿Y por qué quiere el gobierno hacer esto? Para confiscar los 9,000 millones de dólares que los futuros pensionados tienen en el sistema, gastárselos para las campañas electorales de 2018 y 2019 y dejar a los futuros gobiernos con la obligación de pagar esas pensiones.

Es necesario que los consultores sepan dos cosas más. Una, que este gobierno no solo ha aumentado las deudas del Estado sino también ha puesto muchos impuestos, con lo que la recaudación ha subido muchísimo en los años del FMLN. La otra es que todos estos gastos no han servido, como dice el gobierno, para mejorar los servicios públicos y rebajar la pobreza.

El dinero ha sido orientado a otras actividades de las cuales el gobierno no quiere dar cuenta. Han sacado tanto dinero para estos propósitos que no hay medicinas en los hospitales, las escuelas se están cayendo, el gobierno ha reducido los gastos por alumno en las escuelas y no paga las deudas, ni los aumentos pactados desde 1994 en el escalafón de salud, ni los bonos de los policías, ni a los proveedores… Y así, el gobierno quiere aumentar los impuestos todavía más, y los consultores lo apoyan, para que se queden con los 9,000 millones de las pensiones, los 1,200 millones más de deuda este año, y al menos dos cuotas más del mismo tamaño en 2017 y 2018, y además, con más impuestos. Y con eso van a contratar más gente en su sistema de clientelismo, que en vez de dar servicio al público hacen activismo para el partido oficial.

Los consultores están correctamente preocupados de que un impago descalabraría al país. Pero lo primero que hay que hacer, y se puede hacer en este momento, es parar la hemorragia de desperdicio que está destruyendo a nuestro país, que lo está dejando sin servicios públicos para financiar redes clientelares. Si eso no se para, habrá chantaje de impago en cada año que queda de este gobierno. Para que los nuevos recursos no se desperdicien, es necesario que las finanzas públicas no sean un agujero negro, como lo son ahora.

Es importante volver a ver la gráfica 1, en la que se muestra que un manejo competente de las finanzas públicas, sin una crisis como la de ahora, y sin caer en impago puede rebajar la deuda desde los niveles que hoy tiene (que son los mismos que tenía en 1990) hasta los niveles que alcanzó en 1997, cuando el país se convirtió en grado de inversión.

¿Qué sucede en pensiones según las leyes? De Ruth de Solórzano

Cuando el 29 de septiembre de 2016, se reforma la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en la Asamblea Legislativa, se le quita al Estado la obligación que tiene de responder por las deudas que tenga el Fideicomiso de Pensiones.

Tuth de Solórzano, presidente de la AFP Crecer

Ruth de Solórzano, presidente de la AFP Crecer

Ruth de Solórzano, 18 octubre 2016 / EDH

¿Cuáles son las verdades sobre la base de las Leyes vigentes en Pensiones? ¿A quién afecta la reforma al Fideicomiso de Pensiones?

1.Debemos saber todos que el dinero de los trabajadores ahorrado en su Fondo de Pensiones está separado completamente del dinero de la sociedad que los administra, llamada AFP.

2. En la Ley SAP se establecen las condiciones para invertir los Fondos de Pensiones de los Trabajadores, por ser un ahorro tan relevante para la vejez, la invalidez y la sobrevivencia.

diario hoy3. Las mejoras al esquema para diversificar las inversiones por instrumento, “para no tener todos los huevos concentrados en una sola canasta”, han sido muy limitadas a pesar de que tanques de pensamiento y las mismas AFP han pedido más oportunidades de inversión para los ahorros de los afiliados y para que así se cumpla con el objeto que es “una adecuada rentabilidad” para que cada trabajador pueda tener una buena pensión.  Solo dos veces se ha mejorado el Art. 91 de la Ley, en 2001 y en 2006.

4. El 100 % de la rentabilidad de los Fondos de Pensiones es de los dueños de dichos Fondos que son los trabajadores y “exclusivamente de los trabajadores”. A la AFP se le establece que puede cobrar una comisión a sus afiliados y esta comisión está escrita por Ley, no se puede cobrar nada más ni tocarse la rentabilidad de los ahorros.  Esta comisión la han ajustado varias veces: en 2001, 2005 y 2012. Desde 3.5 % hasta 2.2 %.

5. Lastimosamente, la apertura para buscar mejores opciones de inversión de los ahorros de los trabajadores se ha quedado esperando varias veces con propuestas concretas desde 1996, en 2005, 2009 2012 y 2014.  Todos esos expedientes con articulados completos propuestos por las AFP y con iniciativas de ley están en la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto, en documentos de Fundaungo, de Funde y en escritorios de funcionarios públicos pasados y presentes, en el documento de Enade 2014 y de la misma Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda de 2014. Entonces, ¿cómo se podrán mejorar las pensiones si no se mejora la forma en que la ley y las normas establecen las reglas para la inversión de los Fondos de Pensiones de los trabajadores?

6. Cuando se hace la modificación a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales el 29 de septiembre de 2016, debemos tomar en cuenta sus bases, ya que ese Fideicomiso emite papeles llamados Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que son comprados obligatoriamente con ahorros de los trabajadores desde 2006.

7. Luego, en  2012 hacen una reforma a la Ley del SAP y  ese límite de compra obligatoria se eleva del 30 % al 45 % de los Fondos de Pensiones, es decir que por mandato de Ley los trabajadores debemos prestarle al Estado $45 de cada $100 que ahorramos desde el año 2012 y antes de 2012 le prestábamos $30.

8. Desde 2006, el uso de esas inversiones obligatorias en CIP de los ahorros de los trabajadores era exclusivamente para el pago de obligaciones del ISSS y del INPEP y para que los pensionados de estos Institutos no dejaran de recibir sus pensiones mensuales. Gracias a estas inversiones es que no les ha faltado su pago mes tras mes. Los $500 millones anuales que estos institutos pagan por obligaciones con sus cotizantes no salen  de las arcas del Estado, salen de los ahorros de los trabajadores que se lo prestan al Estado para que no falle al sagrado derecho de las pensiones.

9. En esa Ley del Fideicomiso de Pensiones de 2006, ese préstamo que los trabajadores le hacemos al Estado para que pague lo que debe del ISSS y del INPEP, el Estado no se desligaba de su responsabilidad, sino que era quien paga anualmente intereses y capital de esos préstamos del CIP. La misma Ley del Fideicomiso lo señalaba hasta antes del 29 de Septiembre de 2016 que se cambió:

Art. 6, numeral 3. Es obligación del Ministerio de Hacienda, en su calidad de fideicomitente, “proporcionar al Fiduciario, los bienes y derechos necesarios para cumplir con aportaciones que sean necesarias”;

Y en el “Art. 5, numeral 2. Los demás aportes que deberá realizar el Estado al Fideicomiso, de conformidad a los recursos que se aprueben en el Presupuesto General del Estado, para cada ejercicio”;

10. Cuando el 29 de septiembre de 2016, se reforma la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en la Asamblea Legislativa, se le quita al Estado la obligación que tiene de responder por las deudas que tenga el Fideicomiso de Pensiones (FOP).  Entonces ¿quién pagará los intereses y el capital que ya ese Fideicomiso les debe a los trabajadores?  Ese Decreto de reforma a la Ley FOP, establece entonces que el Fideicomiso emita más Certificados de Inversión Previsional (CIP) y que los trabajadores se paguen a sí mismos lo que el Fideicomiso les debe.  Esto significa para 2016, que si el Estado debía pagar $71.9 millones de intereses y capital a los trabajadores, ya no los pagará el Estado, sino que el mismo Fideicomiso emitirá más papeles por $71.9 millones para que los trabajadores los compremos obligatoriamente con los ahorros para la pensión y cuando el Fideicomiso reciba esos $71.9 mm, se los devuelven como pago de intereses y capital de los CIP. Esto significa pagar deuda con deuda. Es decir, que cada trabajador se paga a sí mismo lo que el Estado le debía pagar.

Menos fotos, menos disputas y más acciones concretas. De Luis Membreño

La única forma que conozco para resolver problemas entre personas antagónicas es estableciendo mesas de negociación con actores definidos, agendas y procedimientos bien concretos, plazos de tiempo estipulados, con mediadores formales e informales y con equipos técnicos de respaldo que puedan proponer soluciones viables a problemas que a pesar de que requieren de aprobaciones políticas, son eminentemente técnico-financieros.

luis-membrenoLuis Membreño, 18 octubre 2016 / LPG

Me voy a concentrar en hacer propuestas bien concretas para que avancemos en la solución de los problemas nacionales de tipo fiscal, económico y de pensiones. Lo primero, y que ha sido muy positivo, es que ya se dividieron los temas y no deben mezclarse nuevamente . Vamos uno por uno.

El acuerdo fiscal es el que se requiere que se concluya entre octubre y noviembre. Dada la velocidad a la que están cambiando los mercados financieros internacionales en perjuicio de El Salvador y de los mercados emergentes, propongo que esta semana se concluya la ley de responsabilidad fiscal, que se mande al archivo la reforma fiscal propuesta por el Gobierno y que se nombre la comisión técnica con expertos nacionales y extranjeros, y contra la prensa graficaesos resultados que ARENA le autorice al Gobierno la emisión de la totalidad de los $1,200 millones, pero que la utilización sea dividida en dos tramos. Los primeros $600 millones inmediatamente que se obtenga el dinero y los $600 millones restantes contra el acuerdo fiscal completo que incluya el período 2017 a 2020. Lo más probable es que los bonos se puedan colocar a finales de noviembre y que se reciba el dinero a principios de diciembre, por lo que da tiempo suficiente como para que se negocie el acuerdo completo, pero se habrá avanzado en la obtención del dinero antes de fin de año.

El deterioro de los bonos de El Salvador durante octubre le costaría en un bono a 30 años al país $360 millones en intereses adicionales, y si la tasa de interés subiera en los tres puntos porcentuales que había bajado entre junio y septiembre tendremos que pagar $1,080 millones más en intereses en un período de 30 años, es decir que necesitamos emitir lo más pronto posible porque este “impasse” en el que estamos ya nos costó en octubre varios cientos de millones de dólares en 30 años.

El acuerdo por el crecimiento económico debe incluir a los políticos, pero sobre todo es un acuerdo en el que deben participar los empresarios privados, ya que son ellos los que producen la riqueza y la inversión en una sociedad. Se deben generar condiciones políticas y económicas que permitan atraer tanto a inversionistas extranjeros como a nacionales, y para ello es importante tener el apoyo de los empresarios nacionales.

En el tema de pensiones se ha hablado ya hasta la saciedad de la necesidad de crear una comisión presidencial que presente una propuesta de reforma del sistema de pensiones que sea constitucional y de beneficio para los trabajadores, y para ello se requiere que se constituya con expertos académicos nacionales y extranjeros y con un plazo máximo de dos años para que se pueda aprobar la reforma integral después de las elecciones de 2019. Propongo las siguientes personas para que integren la comisión y que tomen como modelo la que constituyó la presidenta Bachelet, de Chile, y que presentó su informe final en septiembre de 2015. Pido disculpas a los que voy a proponer, ya no he hablado con ninguno, pero creo que podrían hacer una contribución enorme a definir un mejor sistema de pensiones para nuestro país.

Propongo que sea compuesta por 13 miembros: cinco salvadoreños, cinco académicos extranjeros y tres miembros de instituciones internacionales. Los nacionales podrían ser cinco de cualquiera de los siguientes seis profesionales conocedores del tema, por si alguno no acepta. Los salvadoreños propuestos son: Luz María Serpas de Portillo, de FUSADES; María Elena Rivera, de FUNDAUNGO; Carlos Pérez, de FUNDE; Carmen Aída Lazo, de la ESEN; Wiliam Pleites, de FOMILENIO II; y Roberto Rivera Campos.

Los cinco extranjeros podrían ser escogidos entre los siguientes siete candidatos: David Bravo, de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión en Chile; Nicholas Barr, del London School of Economics; Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de Pittsburg; Olivia S. Mitchell, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania; Costas Meguir, de la Universidad de Yale; Joakim Palme, de la Universidad de UPPSALA de Suecia; y Orazio Attanasio, del University College de Londres. Sugiero invitar a tres miembros de organismos internacionales como OIT, CEPAL, BID o Banco Mundial. Un nacional debería ser el que coordinara la comisión.

Espero que estas propuestas puedan ayudar al presidente Sánchez Cerén , al FMLN y a ARENA a buscar soluciones reales en lugar de continuar con diálogos que solo sirven para tomarse fotos y tazas de café, pero que no se concretan en acuerdos que resuelvan los problemas de los salvadoreños. Que el Señor los ilumine, porque los márgenes de acción cada vez se reducen más y el ajuste tendrá que ser más fuerte en la medida que se sigan postergando las decisiones difíciles.

La reforma del Fideicomiso no fue para pagar pensiones. De Ruth de Solórzano

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Ruth de Solórzano, presidenta Ejecutiva de la AFP Crecer

, 4 octubre 2016 / EDH

Para comenzar a explicar lo que ocurrió la semana pasada en la Asamblea Legislativa, lo primero que debe aclararse es que la reforma hecha al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) no responde a la necesidad de pagarle pensiones a 160 mil pensionados.

El pago de las pensiones a los jubilados del ISSS e INPEP y de las AFP no es lo que estaba en riesgo, pues existen tanto los recursos como los mecanismos de pago, los cuales siguen vigentes. Decir que la reforma responde a esta urgencia no es cierto, pues actualmente el Estado no está sacando efectivo de la caja de Hacienda para pagar las pensiones del ISSS e INPEP, ni de las AFP. El pago de las pensiones no dependía de la aprobación de esta reforma al FOP.

diario hoyAntes de esta reforma al Fideicomiso, el Estado era responsable de presupuestar anualmente el capital e intereses de la deuda contraída con los trabajadores a través de la compra obligatoria de los CIP con sus Fondos de Pensiones. Para 2016, no se presupuestó lo debido para hacer este pago durante todo el año, sino que les hizo falta.

El pago de intereses y capital de los CIP que se debe a los trabajadores anualmente andaba entre 2 % y 3 % del Presupuesto General de la Nación. Pero, en la Asamblea Legislativa se modificó la Ley del Fideicomiso para que se emita más deuda para poder pagar el servicio de la deuda de CIP (Certificados de Inversión Previsional) que el Estado tenía con los trabajadores dueños de sus Cuentas de Ahorro para la Pensión.

Ahora con esta reforma, el Estado se desliga y es el Fideicomiso el que deberá emitir más deuda para pagar el servicio de intereses y amortización de la deuda que emite.

Con esta reforma a la Ley del Fideicomiso (FOP) que se aprobó, en lugar de que la compra obligatoria de CIP que hacen los cotizantes en las AFP sirva solo para uso exclusivo del pago de las pensiones y obligaciones de los Institutos públicos ISSS e INPEP, hoy también con esa reforma obligan a los afiliados a darle sus ahorros para que el Estado pague los intereses y amortización de capital de esos CIP, es decir, toman dinero de los mismos trabajadores para pagar compromisos de deuda consigo mismos, que antes de esta reforma le correspondía pagar al Estado.

En resumen, la reforma sirve para pagar CIP con CIP, papel que se paga con otro papel, no es papel (CIP) que recibe dinero como pago por el préstamo que se le hizo al Estado.

Ya no hay quien pague los compromisos de capital e intereses por las emisiones de CIP que hace el Fideicomiso. Esta reforma sí pone en peligro que no haya dinero para pagar las pensiones actuales de 165 mil personas y las de los futuros pensionados.

Para detallarlo más:

1. Hoy la cuenta de ahorro de cada trabajador tiene el 60 % de su dinero en un papel que se llama CIP obligado por el Estado para comprarlo.

2. El Gobierno con esta Ley dice hoy que no le puede pagar los intereses y capital de los CIP correspondiente al dinero que cada trabajador le ha prestado con sus ahorros, sino que manda a que le preste más dinero de su propia cuenta de ahorro, para poder pagarle los intereses y capital que le debe. Entonces toca comprar los segundos CIP para pagar los primeros CIP.

3. Cuando en  2017 le toque al Estado pagar intereses y capital de los primeros CIP y de los segundos CIP que le prestó cada trabajador antes de 2016 y en el 2016, el Estado le va a volver a pedir a cada trabajador que le vuelva a prestar de sus propios ahorros para pagarle todos esos intereses y capital de los primeros CIP y de los segundos CIP, con un tercer CIP.

4. En el año 2018, le volverá a pedir dinero prestado al trabajador de su cuenta de pensión para pagarle los intereses del 1º., 2º. y 3er. CIP con un 4º. CIP. Y esto, no se sabe si se acaba o parará hasta que se acabe el dinero de cada trabajador y no haya con qué pagar ni tu pensión ni la de tus padres ni la de tus hijos.

Los “FMLN papers”, los documentos escondidos del FMLN. De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 4 mayo 2016 / EDH

Ayer escribí un artículo en el que noté que es incomprensible la obsesión que el FMLN y el gobierno tienen de aprobar la así llamada Reforma de Pensiones, que en realidad es un intento de confiscar los ahorros de los futuros pensionados para seguir financiando los gastos desaforados y mal direccionados del gobierno. La obsesión es incomprensible porque es obvio que los dos millones de salvadoreños que serían confiscados lo notarían inmediatamente en los saldos de sus libretas de ahorro de pensiones, que les mostrarían que el gobierno les ha arrebatado la mitad de ellos y en la mayoría de los casos, todos. La furia de estos ciudadanos sería incontenible e impresionante. Igual sería la furia de los diputados que tendrían que responder al artículo 106 de la Constitución, que dice: “Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles”. Es decir, estos diputados no solo perderían la posibilidad de ser electos, sino también todas sus posesiones si la reforma pasara. Políticamente, pues, la reforma sería un desastre político para el FMLN y cualesquiera aliados que obtuviera para pasar la reforma.

observadorEn ese artículo anterior apenas mencioné que la reforma sería un desastre económico también, no solo para los futuros pensionados sino también para las cuentas fiscales, para el gobierno en general y para la ciudadanía entera. Si la propuesta reforma se ejecutara el gobierno quedaría considerablemente más endeudado, agravando el problema fiscal, mientras que los cotizantes perderían más de la mitad de sus ahorros (la mitad ahora más todo lo que hubieran cotizado en el futuro) de tal manera que muchos, que en el sistema actual recibirían mucho más que la pensión mínima, recibirían solo dicho mínimo en el sistema propuesto por el gobierno. Además, la débil institucionalidad del gobierno no evitaría que las cantidades enormes que se confiscarían fueran malgastadas. También, el hecho de que la reforma consiste en una confiscación, su aplicación generaría enormes problemas legales para los que la aprueben.

Que el gobierno siga obsesionado con la reforma es un misterio. El misterio se vuelve más espeso cuando uno se da cuenta de que la reforma es negativa, no solo se lo han dicho expertos internacionales sino también los propios expertos del gobierno. De hecho, los problemas que menciono en el párrafo anterior son sacados de un informe preparado por expertos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero (Ver El Diario de Hoy, 27 y 28 de abril y 2 de mayo, y La Prensa Gráfica, 28 de abril, todos de 2016).

Este informe es parte de muchos otros que el gobierno ha ocultado de los diputados y del público en general, elaborados algunos por técnicos locales y otros por técnicos extranjeros. Sabemos que todos ellos se han pronunciado en contra de la reforma, en el caso de los locales por el informe al que nos referimos, y en el caso de los internacionales porque todos ellos han hecho declaraciones públicas en contra. No ha habido ni uno solo de estos expertos que no haya dicho que la reforma sería un desastre para el país.

Hay dos escándalos en esto. Uno es que el gobierno y el FMLN se obstinen tanto en pasar la reforma cuando sus propios técnicos han concluido que aprobarla sería ruinoso para el gobierno, para los cotizantes de ahorros de pensiones, y para el país en general. El otro escándalo es que el gobierno ha ocultado los informes que proporcionan la evidencia de lo ruinosa que es la reforma con la que el FMLN y el gobierno están tan obsesionados.

El FMLN y el gobierno deberían hacer tres cosas. Primero, deberían de publicar todos los documentos escondidos del FMLN relacionados con las pensiones. Segundo, deberían de renunciar a seguir con la reforma. Tercero, deberían de explicar por qué, a pesar de todos los informes que hay en contra de las reformas, y a pesar de los enormes costos políticos que ellas causarían al FMLN y al gobierno mismos, se obsesionaron tanto con llevarlas adelante.

“Hey, las pensiones, hey”. De Cristina López

Cristina López, 2 mayo 2016 / EDH

El tema de las pensiones está grave. Grave, porque de algún modo, nos estamos dando cuenta los cotizantes que podríamos quedar verdaderamente impotentes frente a las reformas planteadas por el gobierno de instaurar un sistema mixto de reparto. Algunos acusan a quienes nos oponemos al sistema de reparto de “individualistas” o de faltos de solidaridad.

No es individualismo: es desconfianza en el gobierno. Desconfianza justificadísima, puesto que en lo que al manejo de recursos se refiere, no tienen el mejor historial, tanto gobiernos de izquierda como de derecha. No es que al cotizante le falte la solidaridad ante el pensionado de la tercera edad: el tema es que el saco del que se pretende sacar para darle al pensionado de la tercera edad está roto, y el agujero negro de incompetencia, ineficiencia y malversación lo hemos llegado a conocer demasiado bien.

diario hoySi algo debe concedérsele a quienes empujan la agenda gubernamental en este debate, es que no les ha faltado credibilidad. En una instancia que a muchos de nosotros nos hizo retroceder en el tiempo y volver a los días de estudiantes de derecho, fue la absurda interpretación que un analista representando a FESPAD hiciera de la reforma planteada, negando la propiedad que sobre nuestros fondos tenemos los cotizantes. Por un momento, muchos no sabíamos si lo que leíamos era el titular de un periódico, o un caso inventado por un creativo profesor de Derecho Civil, buscando torturar a sus desvelados alumnos en un examen parcial de Bienes.

Según el analista no existiría extinción de dominio de pasarse la reforma, porque según él, los ahorros que se generan de retenerle su sueldo al cotizante, no pertenecen a los cotizantes. Esto equivale a decir que parte de los frutos de su trabajo no le pertenecen. La confusión (asumiendo en buena fe que tan bizarra interpretación de los derechos de propiedad proviene de la confusión y no de motivaciones políticas) parece venir del hecho que el uso de los fondos, mientras permanecen en las cuentas individuales, está restringido. La existencia de limitaciones en el uso no equivale a la extinción de la propiedad.

Desde el punto de vista político, vale la pena que nos dejemos de eufemismos. La reforma que busca impulsar el gobierno no tiene trasfondo solidario ni busca mejorar el sistema previsional. Volver al sistema de reparto simplemente serviría para beneficiar al gobierno que busca con los ahorros de los cotizantes cancelarse un pasivo, puesto que en la actualidad los ahorros de los cotizantes son deuda pública– si los ahorros se vuelven públicos, la deuda desaparece. Si lo que se busca es alivio fiscal, cualquiera pensaría que se buscaría la solución en recortes de gasto o reestructuración de la deuda pública. Agregue además que la transición al sistema mixto implicaría nuevos gastos en sí mismos, puesto que sería necesaria la creación de infraestructura burocrática para administrar los pagos de pensiones vitalicias. Se pensaría que la decencia impide echar mano del esfuerzo de los trabajadores con el fin de continuar financiando despilfarros, pero el empeño demostrado por impulsar las reformas han demostrado que exigir decencia es optimismo rayano en la ingenuidad.

Oponerse a la reforma no equivale a decir que el sistema previsional es perfecto: Mariana Belloso, en una columna de febrero, señalaba correctamente las deficiencias actuales, las que hacen que valga la pena tener un foro para discutir estas insuficiencias del sistema. Los bajos rendimientos, la falta de acceso a las AFP por parte de los trabajadores económicamente desaventajados, la imposibilidad de retirarse por parte del sector informal, por mencionar algunos. Sin embargo, porque el problema previsional se está abordando desde el punto de vista de un alivio fiscal, todos estos temas permanecerán ignorados.

@crislopezg

Los confiscados y las penas para los confiscadores . De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 28 abril 2016 / EDH

Es muy probable que el Gobierno presente el día de hoy a la Asamblea Legislativa la así llamada Reforma de Pensiones, que en realidad es una ley para financiar al Gobierno por lo que queda de esta administración a través de confiscar los ahorros de los futuros pensionados. El hecho que el Gobierno todavía siga pensando en que este jueves, o cualquier otro jueves, va a presentar ese proyecto de ley demuestra lo poco que le importa al Gobierno el tener un diálogo realmente transparente con los ciudadanos. Si al Gobierno le importara el diálogo honesto, habría desde el principio declarado que lo que lo mueve es el deseo de apoderarse de más de ocho mil millones de dólares que los futuros pensionados han ahorrado para su retiro, y que aunque en la ley se contemplan ciertas reformas del sistema de pensiones, además de la confiscación, estas reformas están orientadas a dejar desprotegidos a los futuros pensionados, y a reducirles su pensión.

observadorHabría dicho también que las cuentas individuales, que le dan propiedad a la gente sobre los fondos que se usarán para sus pensiones, y que les permiten saber cuánto dinero tienen ahorrado en el sistema y cuánta rentabilidad han tenido, van a desaparecer en la mitad de los ahorros que serán confiscados, y que probablemente del resto también, ya que el Ministerio de Hacienda ha dicho que en un par de años el Gobierno confiscaría el resto de los ahorros y de las contribuciones mensuales. Habría dicho, pues, que los ahorrantes del sistema de pensiones serían despojados de la mitad o más de sus ahorros, y luego de lo que les quedaría, y que esto el Gobierno lo desperdiciaría de la misma forma en la que ha desperdiciado y sigue desperdiciando los recursos del estado.

En vez de decir estas verdades, el Gobierno ha lanzado una campaña de publicidad negra en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Viendo que éstas son el blanco de los ataques del Gobierno, la gente tiende a pensar que es a ellas a las que el Gobierno quiere confiscar, en algo similar a la fracasada nacionalización de la banca de los años ochentas. En la nacionalización de la banca todos los depositantes mantuvieron sus cuentas, a nadie le quitaron sus depósitos. Lo que cambió de propiedad fueron los bancos. El fracaso fue por otras razones que no son del caso discutir.

En este caso, los confiscados serían los ahorrantes mismos. Las AFP permanecerían privadas, con sus mismos dueños. Es como si en los ochentas hubieran dejado a los bancos privados pero le hubieran confiscado los recursos que todos los usuarios del sistema bancario tenían depositados en el sistema. Es como si los bancos hubieran amanecido un día sin ningún recurso, y en vez de dinero y otros activos hubieran tenido una vaga promesa de que el Gobierno pagaría parte del dinero confiscado en algún momento en el futuro, aclarando, como la Ley de Reforma de Pensiones dice, que se pagará si es que Hacienda tiene el dinero para hacerlo.

Esto es lo que el Gobierno está haciendo. Los confiscados no son dos AFP, sino los más de un millón de cotizantes a los fondos de pensiones. Por supuesto, la Constitución prohibe la confiscación independientemente del número de confiscados. Pero el número hace una enorme diferencia política. Si los diputados aprueban que la confiscación se lleve a cabo, no se estarían echando encima el odio de unos cuantos cientos de accionistas de las AFP, sino el de más de un millón de personas que serían despojadas de sus ahorros actuales y de la posibilidad de tener a su nombre sus ahorros futuros.

En esto, el Gobierno no ha sido honesto con los diputados, y mucho menos en decirles que la confiscación es inconstitucional, y que si votan por ella, de acuerdo a la Constitución (no a una ley que ellos mismos pudieran derogar) “responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles”.

En este momento el Gobierno no está siendo honesto tampoco en revelar que en el foro que se realizó esta semana para supuestamente discutir el proyecto no pudo responder a los señalamientos que sindicatos, empresarios y profesionales le hicieron de la inconstitucionalidad de la medida y de las responsabilidades patrimoniales que votar por la ley crearía para los diputados que la aprueben. El ignorar estos señalamientos en realidad es suicida para todos los funcionarios, incluyendo diputados, que participen en la emisión de la ley. Si lo hacen, van a pagar muy caro la falta de diálogo verdadero.

En el fondo, lo que pasa es que el Gobierno está tan cegado por la codicia que le despiertan las enormes cantidades que tienen ahorrados los cotizantes que se está engañando a sí mismo, sin darse cuenta de la gran deuda que están adquiriendo, no sólo para el Gobierno sino para ellos mismos. Siendo tantos los despojados, y tan grande la cantidad despojada, es imposible que nadie los persiga. Firmar esta ley es firmar la propia insolvencia.