Pensiones

La cháchara. De Cristian Villalta

A nuestro gobierno no hay que creerle ni la incapacidad. Si parece que varios diputados del FMLN, así como algunos ministros, no conectan con la población y no tienen sensibilidad en temas delicados de la agenda pública, no hay que tomárselo de modo literal.

CRISTIAN VILLALTACristian Villalta, 30 julio 2017 / LPG

La intervención del presidente de la república a media semana pareció prueba final de una desconexión con la población. Creer que los salvadoreños abrazaremos mensajes de siniestra ambigüedad es ignorar nuestra historia moderna, la inercia de esta época, y abstraerse de las conquistas en materia de separación de poderes y orden constitucional que la sociedad, Frente incluido, debería considerar orgullosamente suyas. Pero ¿qué hubo de auténtico en esas palabras?

LPGNo estoy discutiendo que el partido oficial ha perdido la huella de muchos de sus votantes, que no encuentra el rastro de la izquierda académica, que rompió sus vasos comunicantes con la clase media. Ese divorcio paulatino con el interés de la mayoría, por obvio que este sea, es resentido cada cinco o 10 años por cientos de miles de votantes que desprecian a aquellos a quienes eligieron como sus representantes en el Ejecutivo. Esa ha sido la dinámica de nuestra vida política en democracia. Tal divorcio ocurre no porque los políticos sean todos corruptibles o el poder esencialmente corrupto, sino porque a más tiempo en el Gobierno, más ideología y menos pensamiento.

Lo vimos con ARENA, que aún no se recupera de sus años en el poder, y ahora con el FMLN: el pensamiento es sustituido por la ideología. Y no ideología de derecha o izquierda, sino a una versión menor y menos digna, que es la pura mentalidad ideológica, es decir, una visión sin filosofía ni metafísica ni cosa alguna que la respalde que reemplaza el razonamiento por eslóganes y descalificaciones, y que no aspira sino a la conservación del estado de las cosas y a simular lo políticamente correcto.

Si sumamos las declaraciones brindadas esta semana por Sánchez Cerén, Mata Bennett, Lorena Peña y Roberto Lorenzana, voceros representativos del oficialismo, establecemos rápidamente la naturaleza del contenido, la lógica del método y el tenor de los meses que vienen. Y toda la narrativa gubernamental puede resumirse como patrañas.

Denominador común en sus discursos, se simplifica la insolvencia de nuestro sistema previsional, reduciendo un problema multidisciplinario a mera agenda arenera de los magistrados de la Sala de lo Constitucional; ni el más militante de los dirigentes del FMLN se cree ese argumento, reduccionismo de cátedra. Y sobre esa base, cada uno puso algo de su cosecha personal: manierismos revolucionarios poco creíbles en el doctor Mata, sarcasmo bien logrado en la diputada Peña, casi marasmo emocional en Sánchez y nada en Lorenzana.

¿Por qué el partido en el Gobierno no quiere pasar de la cháchara ideologizante en el tema de las pensiones? Quizá porque considera que poner el énfasis en la retórica contra las AFP y sus propietarios es más conveniente en estos tiempos electorales, le permite reconectar con su votante duro a través de una neocruzada contra el capitalismo y echar mano del resto de páginas del manual de Martita Harnecker. Y todo eso mientras el futuro de los jubilados de hoy y mañana es cada vez más negro.

Talvez en otra época habríamos aplaudido este derroche de pragmatismo, pero a aquellos en el FMLN que camuflan la independencia y fuerza de su pensamiento, acomodados entre lo que han acumulado y la aprobación de sus mentores, solo cabe reclamarles por su inacción y silencio. Sería preferible tener incapaces auténticos a gente inteligente pero domesticada y cobarde.

¿Quiere suicidarse el gobierno? De Manuel Hinds

Un segundo impago llevaría a un paro del financiamiento al país —no sólo al gobierno, sino al país entero—. Y al gobierno esto parece no importarle. Es difícil entender por qué está dispuesto a tirar al país a un barranco.

Manuel Hinds, 23 junio 2017 / EDH

Hace un par de meses —sin necesidad, porque tenía el dinero para pagar—, el gobierno cayó en impago en una deuda con los cotizantes de las pensiones. Con esto se le volvió casi imposible conseguir financiamiento.

Ahora, el gobierno, con toda tranquilidad, juega con la posibilidad de no pagar completamente otro vencimiento de las deudas con los cotizantes de las pensiones. Al igual que en abril, el gobierno tiene dinero para hacer el pago completo, pero está insistiendo en que en todo caso pagará sólo los intereses, aunque las clasificadoras de riesgo le han advertido seriamente que el pagar sólo los intereses sería clasificado inmediatamente como un impago. Este segundo impago llevaría a un paro del financiamiento al país —no sólo al gobierno, sino al país entero—. Y al gobierno esto parece no importarle.

Es difícil entender por qué el gobierno está dispuesto a tirar al país a un barranco: si lo está haciendo por mala intención o por ignorancia, ya que ambas existen.

La mala intención parece ser que el gobierno usaría el impago como pretexto para expropiar las pensiones y con ellas tener plata para reventarla durante las campañas electorales de 2018 y 2019. Pero aquí entra la ignorancia. Creen que el único problema del impago sería la falta de financiamiento para el gobierno, que ellos piensan que estaría resuelto con la expropiación de las pensiones. Pero la cesación de créditos llevaría a un colapso de la demanda interna y a un crisis similar a la de Venezuela, y, con ella, al derrumbe de la gobernabilidad del país.

Para que entiendan. El financiamiento externo aumenta la demanda interna del país porque se usa para financiar gastos domésticos e inversiones, que a su vez se convierten en demandas de bienes y servicios y en producción. Las salidas brutas de divisas en operaciones corrientes en 2016 fueron de $12,104 millones, y las entradas brutas de $11,573 millones. Al restar las salidas de las entradas queda un neto de $531 millones, que se cubrió con préstamos netos adicionales. Si lo que dejara de entrar al país fueran sólo esos $531 millones, la actividad económica del país caería por esa cantidad, que representa el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Pero el efecto en la demanda sería mucho mayor que eso. Usar el flujo neto para calcular el impacto en la demanda lo subestima porque muchos créditos externos son necesarios para generar las exportaciones que los pagan. Como se toman y se pagan en el mismo año no aparecen como aumentos en el crédito neto. Pero el impacto de su eliminación en la producción del país sería devastador ya que las exportaciones y la producción local caerían si desaparece el crédito necesario para financiar las materias primas. Este impacto se magnifica porque el mismo crédito de largo plazo se usa dos o tres veces al año, de modo que, por ejemplo, un crédito rotativo de mil dólares puede ser usado para producir tres mil dólares en mercadería en tres períodos secuenciales. De igual forma, al caer el crédito del ejemplo de mil a cero dólares, la producción perdida no sería de mil sino de tres mil.

Es imposible estimar exactamente cuánto sería la caída de la producción si el crédito internacional se nos negara como consecuencia de un segundo impago, pero sería enorme. Las salidas brutas de divisas, $12,104 millones en 2016, son financiadas en gran parte con créditos externos de corto plazo. Estas representan cerca del 50 por ciento del PIB de El Salvador. La caída de la demanda no sería tan grande porque las empresas se ajustarían a trabajar con menos crédito por producto terminado. Pero aun tomando en cuenta este efecto, la contracción de la economía al secarse el financiamiento externo podría ser del orden del 25 por ciento del PIB —o sea, del mismo orden que lo que está pasando en Venezuela—. Infligir esta tragedia en la población es lo que, por la mala intención de quedarse con las pensiones, y por su ignorancia de la más elemental economía, se está jugando con tanta liviandad el gobierno.

¿Hay alguien que les pueda explicar que lo que quieren hacer es un suicidio?

Para creyentes y afortunados. De Erika Saldaña

Las cartas están sobre la mesa; la reforma de pensiones debe ser integral, contemplar las propuestas y observaciones de todos, no solo de los creyentes en el Gobierno o de los más afortunados.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 6 marzo 2017 / EDH

En El Salvador ya llevamos varios años con una bomba de tiempo que atenta con explotarnos en la mano. La reforma de pensiones sigue pendiente, postergando la toma de muchas decisiones que afectarán la vida de todos los ciudadanos de un país que busca soluciones y garantías sobre el derecho a una pensión digna. Para todos. Algo bueno ha pasado en los últimos días; distintas organizaciones presentaron recientemente una contrapropuesta a la ofrecida por el gobierno el año pasado, reviviendo un debate que estaba guardado en el congelador  y obligándonos a retomar las discusiones.

De ambas propuestas para reforma de pensiones hay que considerar lo bueno y lo malo. La idea de una pensión universal propuesta por el Gobierno ayudaría a mantener un mínimo de vida a todos los salvadoreños en la vejez. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados de la propuesta presentada es que condiciona la entrega de la pensión a la disponibilidad de fondos que tenga el Estado; con las habilidades que ha demostrado el Ejecutivo en la elaboración de presupuestos y cumplimiento de obligaciones, es probable que las pensiones se conviertan en otra promesa sin cumplir y solo sus férreos creyentes confíen la promesa.

La propuesta hecha por el sector privado plantea reestructurar y ordenar los gastos provenientes de la deuda provisional, así como extender el plazo de pagos pendientes, dando un respiro a las ya forzadas finanzas públicas. Además, dentro de la cotización se constituye una reserva vitalicia, la cual permitirá mantener la pensión en caso que el monto ahorrado por el cotizante se agote.

Un punto propuesto por la iniciativa privada es que se aumente la tasa de cotización; esta ayudaría a obtener una pensión mayor y más estable a futuro, pero no considera el impacto que puede tener a los bajos sueldos que se devengan en el país. Es necesario analizar propuestas paralelas que permitan implementar esta medida y no afectar el agotado bolsillo de los salvadoreños.

Considerando ambas propuestas, ¿tendremos los salvadoreños una pensión que nos permita vivir dignamente en la vejez? La repuesta a esto depende de las condiciones de cotización de cada uno. La pensión de una persona será alrededor del 40 % del sueldo con el que cotice; entre más alto es su sueldo, mayor será su pensión; esto hay que insertarlo en una realidad donde solo una mínima cantidad de trabajadores gana más de mil dólares mensuales. Y depende de si el nivel de ingresos le permite a alguien hacer aportes voluntarios de manera permanente. Así, el sistema podría garantizar una pensión digna y suficiente para las personas más afortunadas, aquellas que gozan de un buen empleo en el presente y lo mantienen por varios años.

Al analizar los proyectos del Gobierno y del sector privado, una vez más se dejan a un lado las medidas que muchos expertos señalan como necesarias para tratar de solucionar el problema de insostenibilidad de las pensiones. Hay cuestiones complicadas que no se contemplan, por ejemplo: aumento de la edad de retiro, cuando hoy tenemos la esperanza de vivir alrededor de 73 años o más, mientas la edad de retiro se mantiene en 55 y 60 años; aumento de cobertura del sector que se mantiene informal o que no tiene trabajo, considerando que solo 1 de cada 4 personas invierte para tener una pensión a futuro. Estas medidas son impopulares y nadie quiere asumir el costo político de decisiones técnicas y realistas. En ese sentido, las propuestas dan un paso adelante en la restructuración del sistema de pensiones, pero aún resultan insuficientes para resolver el problema de las pensiones.

Para estructurar una propuesta que soluciones la bomba de tiempo de las pensiones, hay que abrirnos al diálogo y retomar las cosas buenas de cada postura. El Gobierno debe dejar de tratar de resolver su problema fiscal con los fondos de pensiones; ese dinero no puede tener un fin distinto ni asumir ningún tipo de riesgo. Por otra parte, las propuestas privadas deben contemplar opciones realistas y no caer en un populismo disfrazado al ignorar puntos necesarios. Las cartas están sobre la mesa; la reforma debe ser integral, contemplar las propuestas y observaciones de todos, no solo de los creyentes en el Gobierno o de los más afortunados.

 

Comprendiendo la realidad fiscal. De Manuel Hinds

manuel hindsManuel Hinds, 24 octubre 2016 / EDH-Observadores

Ha aparecido en el país un grupo de economistas que, financiado por varias embajadas, ha estado visitando a varios grupos e instituciones para transmitirles varios mensajes, de los cuales tres parecen dictados por el gobierno.

Primero, que el problema de la deuda del gobierno ha sido endémico y que fue igual durante el tiempo de ARENA. De acuerdo a ellos, este gobierno ha tenido la mala suerte de heredar un problema ancestral, que viene en gran parte de lo que el FMLN llama “los veinte años de ARENA”.

Segundo, que todos los partidos políticos y agrupaciones gremiales tienen que llegar a un acuerdo con el gobierno, para inmediatamente decir que eso quiere decir poner nuevos impuestos.

Tercero, que los pagos de pensiones son una de las causas principales del déficit.

observadorEstas tres embajadas son todas amigas, y sin duda que están financiando esto con magníficas intenciones. Pero los economistas que han contratado parecen no haber visto la realidad completa. En su afán de evitar un impago, lo cual es loable, se están prestando para transmitir mensajes que el gobierno ha estado usando en su propaganda política. En este artículo, brevemente expongo cómo las cosas que dicen no concuerdan con la verdad.

En primer lugar, basta ver la gráfica 1 para darse cuenta de que no es cierto que el país siempre ha tenido un problema de deuda. La gráfica presenta tres indicadores de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto: la del gobierno central, la del sector público no financiero (que es el gobierno central más las instituciones autónomas) y la total (que es la anterior más todas las demás instituciones gubernamentales). Están medidas como porcentaje del PIB, que es lo correcto porque mide la carga de la deuda sobre la producción del país. La línea vertical define el comienzo del primer gobierno del FMLN en 2009. ¿Cómo pueden decir los señores que los gobiernos de ARENA también sobre-endeudaron al país durante sus 20 años si, al comenzar esos 20 años, dichos gobiernos bajaron la deuda de los niveles que tiene ahora a aproximadamente la mitad? ¿Cómo pueden decirlo si desde 1997 hasta el primer gobierno del FMLN El Salvador fue uno de los pocos países latinoamericanos que tenían grado de inversión?

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Explicando el término, el grado de inversión es la categoría superior (que se divide en varias sub-categorías) de la evaluación de lo buena que es la deuda de un país. Un país con deuda excesiva por definición no tiene un grado de inversión sino grado especulativo, que es lo que tenemos ahora desde que el FMLN comenzó a manejar las finanzas del país. Cuando El Salvador obtuvo su grado de inversión sólo había cinco países más en Latino América con esa calificación. En la crisis del cambio de siglo sólo quedaron dos: Chile y El Salvador. Esto seguramente no lo sabían los economistas que ahora están aconsejando al país, y por eso dicen lo que a todas luces no es cierto: que el país siempre ha tenido un problema de deuda. Esto es algo que tienen que corregir porque es obvio que no quieren decir algo que no refleja la realidad.

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El segundo punto alejado de la verdad (que la culpa de los problemas fiscales la tienen las pensiones) está basado en una trampa verbal. Lo que el gobierno dice, y los consultores repiten, es que los pagos de las pensiones representan más de la mitad del déficit. Esto da la impresión de que son las pensiones las que causan el problema. Lo que no dicen es que, como se ve en la gráfica, hay gastos mucho mayores y que han crecido más rápidamente en lo últimos años. Si usted ya se asustó porque las pensiones son el 50 por ciento del déficit, ahora dese cuenta de que los subsidios son iguales al 100 por ciento del déficit, que los gastos de consumo del gobierno son 360 por ciento del déficit, y que solo los gastos de salarios son varias veces el déficit. En realidad, como se ve en la gráfica, de los gastos principales el más bajo, y el que ha crecido menos, es del de las pensiones.

Los consultores seguramente no saben que cuando ellos dicen que el problema del fisco son las pensiones, que como se ve en la gráfica no lo son, están apoyando al gobierno en su propaganda para confiscar los ahorros que han acumulado los futuros pensionados desde que se reformó el sistema de pensiones en 1998. En ese año se descontinuó el sistema de reparto (que estaba quebrado) y se estableció el de ahorros individuales. En el nuevo sistema, la gente se financia sus propias pensiones, de modo que el gobierno no tiene que realizar pagos para que ellos se pensionen. Los pagos que ahora tiene que hacer el gobierno son los de las obligaciones que acumuló el viejo sistema de reparto, que se eliminó en 1998. Y es a ese sistema que el gobierno quiere regresar, haciéndose cargo del pago de las pensiones en el futuro. ¿Y por qué quiere el gobierno hacer esto? Para confiscar los 9,000 millones de dólares que los futuros pensionados tienen en el sistema, gastárselos para las campañas electorales de 2018 y 2019 y dejar a los futuros gobiernos con la obligación de pagar esas pensiones.

Es necesario que los consultores sepan dos cosas más. Una, que este gobierno no solo ha aumentado las deudas del Estado sino también ha puesto muchos impuestos, con lo que la recaudación ha subido muchísimo en los años del FMLN. La otra es que todos estos gastos no han servido, como dice el gobierno, para mejorar los servicios públicos y rebajar la pobreza.

El dinero ha sido orientado a otras actividades de las cuales el gobierno no quiere dar cuenta. Han sacado tanto dinero para estos propósitos que no hay medicinas en los hospitales, las escuelas se están cayendo, el gobierno ha reducido los gastos por alumno en las escuelas y no paga las deudas, ni los aumentos pactados desde 1994 en el escalafón de salud, ni los bonos de los policías, ni a los proveedores… Y así, el gobierno quiere aumentar los impuestos todavía más, y los consultores lo apoyan, para que se queden con los 9,000 millones de las pensiones, los 1,200 millones más de deuda este año, y al menos dos cuotas más del mismo tamaño en 2017 y 2018, y además, con más impuestos. Y con eso van a contratar más gente en su sistema de clientelismo, que en vez de dar servicio al público hacen activismo para el partido oficial.

Los consultores están correctamente preocupados de que un impago descalabraría al país. Pero lo primero que hay que hacer, y se puede hacer en este momento, es parar la hemorragia de desperdicio que está destruyendo a nuestro país, que lo está dejando sin servicios públicos para financiar redes clientelares. Si eso no se para, habrá chantaje de impago en cada año que queda de este gobierno. Para que los nuevos recursos no se desperdicien, es necesario que las finanzas públicas no sean un agujero negro, como lo son ahora.

Es importante volver a ver la gráfica 1, en la que se muestra que un manejo competente de las finanzas públicas, sin una crisis como la de ahora, y sin caer en impago puede rebajar la deuda desde los niveles que hoy tiene (que son los mismos que tenía en 1990) hasta los niveles que alcanzó en 1997, cuando el país se convirtió en grado de inversión.

¿Qué sucede en pensiones según las leyes? De Ruth de Solórzano

Cuando el 29 de septiembre de 2016, se reforma la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en la Asamblea Legislativa, se le quita al Estado la obligación que tiene de responder por las deudas que tenga el Fideicomiso de Pensiones.

Tuth de Solórzano, presidente de la AFP Crecer

Ruth de Solórzano, presidente de la AFP Crecer

Ruth de Solórzano, 18 octubre 2016 / EDH

¿Cuáles son las verdades sobre la base de las Leyes vigentes en Pensiones? ¿A quién afecta la reforma al Fideicomiso de Pensiones?

1.Debemos saber todos que el dinero de los trabajadores ahorrado en su Fondo de Pensiones está separado completamente del dinero de la sociedad que los administra, llamada AFP.

2. En la Ley SAP se establecen las condiciones para invertir los Fondos de Pensiones de los Trabajadores, por ser un ahorro tan relevante para la vejez, la invalidez y la sobrevivencia.

diario hoy3. Las mejoras al esquema para diversificar las inversiones por instrumento, “para no tener todos los huevos concentrados en una sola canasta”, han sido muy limitadas a pesar de que tanques de pensamiento y las mismas AFP han pedido más oportunidades de inversión para los ahorros de los afiliados y para que así se cumpla con el objeto que es “una adecuada rentabilidad” para que cada trabajador pueda tener una buena pensión.  Solo dos veces se ha mejorado el Art. 91 de la Ley, en 2001 y en 2006.

4. El 100 % de la rentabilidad de los Fondos de Pensiones es de los dueños de dichos Fondos que son los trabajadores y “exclusivamente de los trabajadores”. A la AFP se le establece que puede cobrar una comisión a sus afiliados y esta comisión está escrita por Ley, no se puede cobrar nada más ni tocarse la rentabilidad de los ahorros.  Esta comisión la han ajustado varias veces: en 2001, 2005 y 2012. Desde 3.5 % hasta 2.2 %.

5. Lastimosamente, la apertura para buscar mejores opciones de inversión de los ahorros de los trabajadores se ha quedado esperando varias veces con propuestas concretas desde 1996, en 2005, 2009 2012 y 2014.  Todos esos expedientes con articulados completos propuestos por las AFP y con iniciativas de ley están en la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto, en documentos de Fundaungo, de Funde y en escritorios de funcionarios públicos pasados y presentes, en el documento de Enade 2014 y de la misma Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda de 2014. Entonces, ¿cómo se podrán mejorar las pensiones si no se mejora la forma en que la ley y las normas establecen las reglas para la inversión de los Fondos de Pensiones de los trabajadores?

6. Cuando se hace la modificación a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales el 29 de septiembre de 2016, debemos tomar en cuenta sus bases, ya que ese Fideicomiso emite papeles llamados Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que son comprados obligatoriamente con ahorros de los trabajadores desde 2006.

7. Luego, en  2012 hacen una reforma a la Ley del SAP y  ese límite de compra obligatoria se eleva del 30 % al 45 % de los Fondos de Pensiones, es decir que por mandato de Ley los trabajadores debemos prestarle al Estado $45 de cada $100 que ahorramos desde el año 2012 y antes de 2012 le prestábamos $30.

8. Desde 2006, el uso de esas inversiones obligatorias en CIP de los ahorros de los trabajadores era exclusivamente para el pago de obligaciones del ISSS y del INPEP y para que los pensionados de estos Institutos no dejaran de recibir sus pensiones mensuales. Gracias a estas inversiones es que no les ha faltado su pago mes tras mes. Los $500 millones anuales que estos institutos pagan por obligaciones con sus cotizantes no salen  de las arcas del Estado, salen de los ahorros de los trabajadores que se lo prestan al Estado para que no falle al sagrado derecho de las pensiones.

9. En esa Ley del Fideicomiso de Pensiones de 2006, ese préstamo que los trabajadores le hacemos al Estado para que pague lo que debe del ISSS y del INPEP, el Estado no se desligaba de su responsabilidad, sino que era quien paga anualmente intereses y capital de esos préstamos del CIP. La misma Ley del Fideicomiso lo señalaba hasta antes del 29 de Septiembre de 2016 que se cambió:

Art. 6, numeral 3. Es obligación del Ministerio de Hacienda, en su calidad de fideicomitente, “proporcionar al Fiduciario, los bienes y derechos necesarios para cumplir con aportaciones que sean necesarias”;

Y en el “Art. 5, numeral 2. Los demás aportes que deberá realizar el Estado al Fideicomiso, de conformidad a los recursos que se aprueben en el Presupuesto General del Estado, para cada ejercicio”;

10. Cuando el 29 de septiembre de 2016, se reforma la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en la Asamblea Legislativa, se le quita al Estado la obligación que tiene de responder por las deudas que tenga el Fideicomiso de Pensiones (FOP).  Entonces ¿quién pagará los intereses y el capital que ya ese Fideicomiso les debe a los trabajadores?  Ese Decreto de reforma a la Ley FOP, establece entonces que el Fideicomiso emita más Certificados de Inversión Previsional (CIP) y que los trabajadores se paguen a sí mismos lo que el Fideicomiso les debe.  Esto significa para 2016, que si el Estado debía pagar $71.9 millones de intereses y capital a los trabajadores, ya no los pagará el Estado, sino que el mismo Fideicomiso emitirá más papeles por $71.9 millones para que los trabajadores los compremos obligatoriamente con los ahorros para la pensión y cuando el Fideicomiso reciba esos $71.9 mm, se los devuelven como pago de intereses y capital de los CIP. Esto significa pagar deuda con deuda. Es decir, que cada trabajador se paga a sí mismo lo que el Estado le debía pagar.

Menos fotos, menos disputas y más acciones concretas. De Luis Membreño

La única forma que conozco para resolver problemas entre personas antagónicas es estableciendo mesas de negociación con actores definidos, agendas y procedimientos bien concretos, plazos de tiempo estipulados, con mediadores formales e informales y con equipos técnicos de respaldo que puedan proponer soluciones viables a problemas que a pesar de que requieren de aprobaciones políticas, son eminentemente técnico-financieros.

luis-membrenoLuis Membreño, 18 octubre 2016 / LPG

Me voy a concentrar en hacer propuestas bien concretas para que avancemos en la solución de los problemas nacionales de tipo fiscal, económico y de pensiones. Lo primero, y que ha sido muy positivo, es que ya se dividieron los temas y no deben mezclarse nuevamente . Vamos uno por uno.

El acuerdo fiscal es el que se requiere que se concluya entre octubre y noviembre. Dada la velocidad a la que están cambiando los mercados financieros internacionales en perjuicio de El Salvador y de los mercados emergentes, propongo que esta semana se concluya la ley de responsabilidad fiscal, que se mande al archivo la reforma fiscal propuesta por el Gobierno y que se nombre la comisión técnica con expertos nacionales y extranjeros, y contra la prensa graficaesos resultados que ARENA le autorice al Gobierno la emisión de la totalidad de los $1,200 millones, pero que la utilización sea dividida en dos tramos. Los primeros $600 millones inmediatamente que se obtenga el dinero y los $600 millones restantes contra el acuerdo fiscal completo que incluya el período 2017 a 2020. Lo más probable es que los bonos se puedan colocar a finales de noviembre y que se reciba el dinero a principios de diciembre, por lo que da tiempo suficiente como para que se negocie el acuerdo completo, pero se habrá avanzado en la obtención del dinero antes de fin de año.

El deterioro de los bonos de El Salvador durante octubre le costaría en un bono a 30 años al país $360 millones en intereses adicionales, y si la tasa de interés subiera en los tres puntos porcentuales que había bajado entre junio y septiembre tendremos que pagar $1,080 millones más en intereses en un período de 30 años, es decir que necesitamos emitir lo más pronto posible porque este “impasse” en el que estamos ya nos costó en octubre varios cientos de millones de dólares en 30 años.

El acuerdo por el crecimiento económico debe incluir a los políticos, pero sobre todo es un acuerdo en el que deben participar los empresarios privados, ya que son ellos los que producen la riqueza y la inversión en una sociedad. Se deben generar condiciones políticas y económicas que permitan atraer tanto a inversionistas extranjeros como a nacionales, y para ello es importante tener el apoyo de los empresarios nacionales.

En el tema de pensiones se ha hablado ya hasta la saciedad de la necesidad de crear una comisión presidencial que presente una propuesta de reforma del sistema de pensiones que sea constitucional y de beneficio para los trabajadores, y para ello se requiere que se constituya con expertos académicos nacionales y extranjeros y con un plazo máximo de dos años para que se pueda aprobar la reforma integral después de las elecciones de 2019. Propongo las siguientes personas para que integren la comisión y que tomen como modelo la que constituyó la presidenta Bachelet, de Chile, y que presentó su informe final en septiembre de 2015. Pido disculpas a los que voy a proponer, ya no he hablado con ninguno, pero creo que podrían hacer una contribución enorme a definir un mejor sistema de pensiones para nuestro país.

Propongo que sea compuesta por 13 miembros: cinco salvadoreños, cinco académicos extranjeros y tres miembros de instituciones internacionales. Los nacionales podrían ser cinco de cualquiera de los siguientes seis profesionales conocedores del tema, por si alguno no acepta. Los salvadoreños propuestos son: Luz María Serpas de Portillo, de FUSADES; María Elena Rivera, de FUNDAUNGO; Carlos Pérez, de FUNDE; Carmen Aída Lazo, de la ESEN; Wiliam Pleites, de FOMILENIO II; y Roberto Rivera Campos.

Los cinco extranjeros podrían ser escogidos entre los siguientes siete candidatos: David Bravo, de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión en Chile; Nicholas Barr, del London School of Economics; Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de Pittsburg; Olivia S. Mitchell, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania; Costas Meguir, de la Universidad de Yale; Joakim Palme, de la Universidad de UPPSALA de Suecia; y Orazio Attanasio, del University College de Londres. Sugiero invitar a tres miembros de organismos internacionales como OIT, CEPAL, BID o Banco Mundial. Un nacional debería ser el que coordinara la comisión.

Espero que estas propuestas puedan ayudar al presidente Sánchez Cerén , al FMLN y a ARENA a buscar soluciones reales en lugar de continuar con diálogos que solo sirven para tomarse fotos y tazas de café, pero que no se concretan en acuerdos que resuelvan los problemas de los salvadoreños. Que el Señor los ilumine, porque los márgenes de acción cada vez se reducen más y el ajuste tendrá que ser más fuerte en la medida que se sigan postergando las decisiones difíciles.

La reforma del Fideicomiso no fue para pagar pensiones. De Ruth de Solórzano

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Ruth de Solórzano, presidenta Ejecutiva de la AFP Crecer

, 4 octubre 2016 / EDH

Para comenzar a explicar lo que ocurrió la semana pasada en la Asamblea Legislativa, lo primero que debe aclararse es que la reforma hecha al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) no responde a la necesidad de pagarle pensiones a 160 mil pensionados.

El pago de las pensiones a los jubilados del ISSS e INPEP y de las AFP no es lo que estaba en riesgo, pues existen tanto los recursos como los mecanismos de pago, los cuales siguen vigentes. Decir que la reforma responde a esta urgencia no es cierto, pues actualmente el Estado no está sacando efectivo de la caja de Hacienda para pagar las pensiones del ISSS e INPEP, ni de las AFP. El pago de las pensiones no dependía de la aprobación de esta reforma al FOP.

diario hoyAntes de esta reforma al Fideicomiso, el Estado era responsable de presupuestar anualmente el capital e intereses de la deuda contraída con los trabajadores a través de la compra obligatoria de los CIP con sus Fondos de Pensiones. Para 2016, no se presupuestó lo debido para hacer este pago durante todo el año, sino que les hizo falta.

El pago de intereses y capital de los CIP que se debe a los trabajadores anualmente andaba entre 2 % y 3 % del Presupuesto General de la Nación. Pero, en la Asamblea Legislativa se modificó la Ley del Fideicomiso para que se emita más deuda para poder pagar el servicio de la deuda de CIP (Certificados de Inversión Previsional) que el Estado tenía con los trabajadores dueños de sus Cuentas de Ahorro para la Pensión.

Ahora con esta reforma, el Estado se desliga y es el Fideicomiso el que deberá emitir más deuda para pagar el servicio de intereses y amortización de la deuda que emite.

Con esta reforma a la Ley del Fideicomiso (FOP) que se aprobó, en lugar de que la compra obligatoria de CIP que hacen los cotizantes en las AFP sirva solo para uso exclusivo del pago de las pensiones y obligaciones de los Institutos públicos ISSS e INPEP, hoy también con esa reforma obligan a los afiliados a darle sus ahorros para que el Estado pague los intereses y amortización de capital de esos CIP, es decir, toman dinero de los mismos trabajadores para pagar compromisos de deuda consigo mismos, que antes de esta reforma le correspondía pagar al Estado.

En resumen, la reforma sirve para pagar CIP con CIP, papel que se paga con otro papel, no es papel (CIP) que recibe dinero como pago por el préstamo que se le hizo al Estado.

Ya no hay quien pague los compromisos de capital e intereses por las emisiones de CIP que hace el Fideicomiso. Esta reforma sí pone en peligro que no haya dinero para pagar las pensiones actuales de 165 mil personas y las de los futuros pensionados.

Para detallarlo más:

1. Hoy la cuenta de ahorro de cada trabajador tiene el 60 % de su dinero en un papel que se llama CIP obligado por el Estado para comprarlo.

2. El Gobierno con esta Ley dice hoy que no le puede pagar los intereses y capital de los CIP correspondiente al dinero que cada trabajador le ha prestado con sus ahorros, sino que manda a que le preste más dinero de su propia cuenta de ahorro, para poder pagarle los intereses y capital que le debe. Entonces toca comprar los segundos CIP para pagar los primeros CIP.

3. Cuando en  2017 le toque al Estado pagar intereses y capital de los primeros CIP y de los segundos CIP que le prestó cada trabajador antes de 2016 y en el 2016, el Estado le va a volver a pedir a cada trabajador que le vuelva a prestar de sus propios ahorros para pagarle todos esos intereses y capital de los primeros CIP y de los segundos CIP, con un tercer CIP.

4. En el año 2018, le volverá a pedir dinero prestado al trabajador de su cuenta de pensión para pagarle los intereses del 1º., 2º. y 3er. CIP con un 4º. CIP. Y esto, no se sabe si se acaba o parará hasta que se acabe el dinero de cada trabajador y no haya con qué pagar ni tu pensión ni la de tus padres ni la de tus hijos.