Francisco Díaz

La justicia en la balanza. De Francisco Díaz Rodríguez

Francisco Díaz Rodríguez es Superintendente de Competencia

Francisco Díaz Rodríguez , 14 marzo 2017 / EL MUNDO

Cuando en un tribunal colegiado (de dos o más jueces) surge un empate –discordia, se dice en lenguaje judicial- y no se puede decidir, se llama a un tercero (otro juez) para desempatar -dirimir, en el mismo lenguaje. Nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) tiene cuatro jueces (magistrados), los empates pueden suceder y de hecho ha sucedido uno en un caso simbólico: la sanción impuesta en 2008 a las empresas MOLSA y HARISA por la Superintendencia de Competencia (SC). ¿Le interesa saber?

El ilícito (práctica anticompetitiva) cometido por las empresas fue repartirse el mercado de la harina de trigo: 55 % para una, 45 % para la otra). Con este tipo de acuerdos los agentes económicos pueden manipular los precios de los productos a su conveniencia. La sanción impuesta por el Consejo Directivo (CD) de la SC el 4 septiembre 2008, fue de $1,971,015.16 para MOLSA, y de $2,061,406.20 para HARISA. La sanción se basó, fundamentalmente, en pruebas materiales recogidas durante el allanamiento: agendas de empleados gerenciales de la empresa en donde aparecen anotados los porcentajes de ventas, y los cálculos según los cuales una empresa entregaba cinco dólares a la otra por cada quintal vendido en exceso del porcentaje acordado; se recogieron también los archivos electrónicos Excel de esos mismos cálculos.

Las empresas, cada una por su cuenta, presentaron recursos ante la SCA contra la resolución del CD. El recurso impulsado por HARISA ahora está listo para dictar sentencia. MOLSA, en cambio, consiguió que la (anterior) SCA, en sentencia de 1 diciembre 2011, resolviera a su favor declarando “ilegal” la resolución del CD porque, según ella, existían vicios en el procedimiento de allanamiento. En otras palabras, logró botar la resolución de la SC.

Cómo esa sentencia de la SCA pareció tan manifiestamente violatoria de varios principios al debido proceso constitucional, el CD, el 28 febrero 2012, presentó recurso de amparo contra esa sentencia. La Sala de lo Constitucional dio la razón al CD. En sentencia de 24 octubre 2014, dijo que lo actuado por la SC estaba apegado a la ley (por tanto, sus pruebas son válidas), y que la SCA, en su fallo, había violentado principios constitucionales. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional declaró “ha lugar el amparo” y ordenó a la SCA “resuelva de conformidad con los parámetros constitucionalidad señalados”.

Estando así las cosas, MOLSA solicitó recusar -sacar del juicio- a la Presidenta de la (actual) Sala de lo Contencioso, pero debido a lo inconsistente de su argumento su solicitud fue rechazada el 25 agosto 2016.

El 15 de febrero pasado, el CD fue sorprendido por otra extraña vicisitud en el juicio: no se puede dictar sentencia, hay empate. La notificación de la SCA dice: “vistos en discordia para emitir sentencia”, llámese “para dirimirla a la magistrada suplente…”. Dicho en cristiano: estamos empatados, llamemos otro juez para que desempate. La justicia en la balanza.

Sé que el Derecho de Competencia es muy especializado y que no muchos lo conocen, pero, aun así, es difícil entender cómo, existiendo prueba material directa del ilícito y existiendo una sentencia constitucional que legitima la prueba, magistrados de Corte tengan tantas dudas, o temores, o presiones, que les confundan tanto hasta el punto de no poder resolver sobre lo evidente y comprobado. Esto no resulta razonable. Llama también la atención el hecho de que, casi a última hora, la empresa intente descabezar al (actual) tribunal recusando a su Presidenta.

Es importante decir que las prácticas anticompetitivas son modalidades de corrupción privada, de corrupción en el mercado y en los negocios, y que no sancionarlas significa contribuir a la impunidad en El Salvador. Desde la sanción del CD hasta la fecha llevamos ocho años seis meses de impunidad. Durante todos esos años -y otros hacia atrás en que se cometió la práctica ilícita, el mercado ha estado distorsionado, los panificadores y los consumidores finales hemos sido directamente perjudicados, aquéllos en sus ingresos y nosotros en nuestros bolsillos. Hago un llamado a las organizaciones que actualmente denuncian con firmeza la corrupción y la impunidad para que se informen, analicen y pronuncien sobre este caso. Pueden leer todas las resoluciones del CD, así como las de las Salas Constitucional y Contencioso Administrativo, desde cualquier dispositivo electrónico a través de la app.sc.gob.sv, o en la página http://www.sc.gob.sv. Detengamos la impunidad. Ojalá todavía estemos a tiempo.

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Lo que también dijo el FMI. De Francisco Díaz

Francisco-Díaz

Francisco Díaz, superintendente de Competencia

Francisco Díaz, 29 junio 2016 / ELMUNDO.SV

Pasó la tormenta de noticias, comentarios, opiniones y artículos, críticos o elogiosos, en prensa escrita, radial, televisiva y digital, sobre las conclusiones preliminares de la reciente visita al país (25/04 – 06/05) de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI). En la Superintendencia de Competencia (SC) analizamos todo lo que se dijo o escribió al respecto: 68 % sobre medidas de ajuste fiscal, 24 % reducción de gasto público y sólo 8 % sobre mejora en las condiciones de inversión. Hasta hace pocos días nadie mencionó el segundo párrafo del apartado Reformas para el crecimiento.

El apartado dice: “20. Puede mejorarse la inversión y el crecimiento inclusivo a través del consenso social en políticas que: (segundo párrafo) Mitiguen las barreras de entrada y a la competencia, frenando prácticas no-competitivas tales como la fijación de precios en sectores clave, y que mejore la provisión de personal de la el mundoSuperintendencia de Competencia así como la efectividad de las sanciones que ésta impone. La reducción de las barreras para la entrada a los sectores de transporte y electricidad ayudaría a reducir los costos de los servicios públicos y de logística.”

¿Por qué la Misión introdujo en su Informe esos temas?

En sus diez años de existencia, la Superintendencia de Competencia nunca había sido visitada por el FMI. La visita muestra la importancia creciente que se da hoy día a la competencia como factor del desarrollo económico y, también, de algún modo, el perfil alcanzado por nuestra institución. Pero esto no responde aún nuestra pregunta.

La visita duró 60 minutos, suficientes para mostrar, en cuatro proyecciones, la pronunciada concentración de la economía salvadoreña en sectores claves para el desarrollo (electricidad, telecomunicaciones, transporte aéreo, TV abierta); para la seguridad social (dos AFP y dos agentes en seguros de invalidez y sobrevivencia), y para el consumo básico (arroz y azúcar, principal, pero no únicamente), e igualmente, para mostrar cómo, en conjunto, el 3 % de las empresas del país obtienen el 77 % del total de ingresos generados.

Presentamos, en otras cuatro proyecciones, una muestra (“para muestra, un botón”) de los abusos de posición dominante que han sido comprobados y sancionados en distintos sectores (electricidad, telecomunicaciones, combustibles, azúcar), y otra de los acuerdos de fijación de precios, comisiones, o distribución geográfica del mercado (telecomunicaciones, seguros de invalidez y sobrevivencia, harinas de trigo), igualmente comprobados y sancionados.

Cuatro proyecciones más bastaron para presentar, en resumen, las principales actuaciones de la SC en sus diez años de experiencia, y a preguntas de los visitantes, explicamos el organigrama de la institución, hablamos del número de empleados y su presupuesto (aclarando que estos últimos fueron aumentados en 2015) y, a repreguntas, expusimos cómo la lentitud judicial (en los casos más graves hasta de ocho años) más la mora de la Fiscalía (FGR) en la cobranza, limitan la efectividad de la institución y de la política de competencia.

No debe entonces extrañar que, con esa información, verificable por varias fuentes, la Misión recomiende “consenso social en políticas que mitiguen las barreras de entrada a la competencia frenando las prácticas anticompetitivas” y que “mejore la previsión de personal de la Superintendencia de Competencia así como la efectividad de las sanciones que ella impone”.

En realidad, la concentración excesiva de la economía y sus secuelas de desigualdad y exclusión, son ahora temas de preocupación en el FMI. Su directora ejecutiva, Christine Lagarde, viene hablando de ello al menos desde inicios de 2015. En entrevista con Moises Naím (El Tiempo, Col. 13/04/15), a la pregunta “¿Le preocupa la elevadísima concentración de activos financieros en unas cuantas instituciones de gran tamaño?”, respondió: “Sí, por dos razones. La concentración limita las posibilidades de competir, y eso es malo.” Más recientemente, en el Foro Económico Mundial (Davos, 2016) explicó: “La excesiva desigualdad no propicia un crecimiento sostenible”, y continuó diciendo que según investigaciones de economistas del FMI “la distribución de la riqueza es importante en sí, porque aumentar los ingresos de los pobres tiene un efecto multiplicador que no se produce si se aumenta el ingreso de los que ya son ricos”.

No creo estar errado si pienso que esto puede entenderse como un llamado a la necesidad de democratizar la economía, tanto la del mundo como la de las naciones, y que la Superintendencia de Competencia, como el resto de instituciones públicas y privadas salvadoreñas, no pueden ser ajenas a ello.

“No es con fanfarronadas que la Fiscalía debe hacer su trabajo”: Francisco Díaz, candidato a fiscal general

Francisco Díaz, superintendente de Competencia, es uno de los candidatos a fiscal general de la República. Critica la gestión del saliente Luis Martínez aunque coincide con él en algunos puntos como el rechazo a una tregua con las pandillas donde sea el mismo Estado el que viola las leyes.

Gabriel Labrador, 14 diciembre 2015 / EL FARO

el faroFrancisco Díaz Rodríguez es un abogado que preside la Superintendencia de Competencia, cargo al que llegó el 2 de febrero de 2011, nombrado por el entonces presidente Mauricio Funes. Ha dirigido una institución que ha impuesto millonarias multas a emporios empresariales ligados tanto a la derecha como a la izquierda: el tradicional gremio azucarero representado en Dizúcar y la empresa Alba Petróleos fueron castigadas por prácticas anticompetitivas. “Esa es una muestra de mi propia independencia de criterio”, dice, aunque rechaza la idea de que esas sanciones se muestren como su carta de presentación.

Antes de ocupar ese cargo vivió y trabajó durante cinco años en Haití como director de una oenegé sueca dedicada a la asistencia legal para el gobierno de ese país. Durante ese tiempo también trabajó como consultor. Una de las consultorías que mayor debate causó es la que firmó junto al entonces juez Quinto de Instrucción –ahora magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema- Sidney Blanco, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El estudio, publicado en 2007, dio una idea de las dimensiones del nivel de impunidad en la criminalidad al investigar los datos de varios juzgados del país. Encontró que en algunos casos el 97 % de los casos quedaba impune por fallas en todos los niveles. El gobierno de Antonio Saca demeritó los resultados y señaló que eran cifras desfasadas (eran del año 2005) y que sus autores eran de izquierda. El PNUD, a raíz de la reacción adversa de la administración Saca, prohibió a Blanco y a Díaz divulgar los hallazgos, revela el candidato a fiscal.

Díaz tuvo que vivir en el exilio durante los primeros años de la guerra civil, entre 1980 y 1986, por su participación en movimientos pro democracia. El exilio lo vivió en Ecuador.

Francisco Díaz Rodríguez, candidato a fiscal general de la República. Desde febrero de 2011 a la fecha (diciembre de 2015) ha sido superintendente de Competencia.

Francisco Díaz Rodríguez, candidato a fiscal general de la República. Desde febrero de 2011 a la fecha (diciembre de 2015) ha sido superintendente de Competencia. Foto cortesía: Superintendencia de Competencia

En 1988 fue fundador de la oficina de asistencia legal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Fue miembro del Consejo Nacional de la Judicatura entre 1999 y 2002 y asesor legal de la municipalidad de San Salvador durante la administración de Héctor Silva (1997-2003).

A Díaz no le cuesta hacer críticas al trabajo de Luis Martínez, el fiscal general que terminó su período el 3 de diciembre pasado y que quiere un segundo mandato. Su nombre causa división entre los diputados de las dos bancadas con más escaños en la Asamblea Legislativa, Arena (35) y FMLN (31), sin cuyos votos es imposible una elección.

¿Qué impresión le ha dejado el trabajo de la Fiscalía en estos últimos tres años?
Primero, hay que señalar que la Fiscalía no ha sido, históricamente, una institución muy prestigiosa o querida por la población. Lo malo es que en este último período, como se puede constatar en artículos, caricaturas, en redes sociales, se ha convertido en motivo de burlas y mofas, y eso implica una profunda depreciación de una institución que por mandato constitucional debe velar por la legalidad de la administración pública. Si la institución encargada de eso está cuestionada, ¿qué se puede esperar del resto? Por otra parte, la situación nacional es bastante compleja, y hay que tratarla de manera serena, inteligente, buscando la cooperación, la integración de las distintas instituciones que tienen que ver con esto y no precisamente entrando en confrontación y en crítica de cualquier otra iniciativa y generando más ese ambiente de crispación que se nota en el discurso o en la agenda que aparece en los medios. La violencia y la inseguridad, que es lo que más nos preocupa a todos, es solo la repunta de un fenómeno mucho más profundo. Más que la repunta, hay que ver qué es lo que la ha generado.

Hay un Consejo Nacional de Seguridad concebido como el espacio donde se integra el trabajo de las instituciones del sector justicia. ¿Usted evalúa bien el trabajo de la Fiscalía ahí?
Veo que en la actuación del fiscal hay una dimensión de política de Estado que no se ha sabido llevar, eso me parece bastante claro, porque no es con gritos, no es con retos o con fanfarronadas que la Fiscalía debe hacer su trabajo, sino con entendimientos. Al Consejo, de cierta manera, yo sí le doy el aval como espacio idóneo porque al menos existe, aunque es cierto que puede parecer muy numeroso para tomar decisiones de estrategia o tácticas, y que el documento que han producido brinda una línea de acción que podría mejorarse. Ahora bien, la Fiscalía ocupa un lugar tan central en este sistema que, aunque no sea su tarea, tiene el peso legal y constitucional suficiente para orientar, sugerir, motivar a las otras instituciones. Para la Fiscalía es vital que funcionen las instituciones encargadas de la prevención y disuasión del delito, de la reinserción del delincuente, por una sencilla razón: si no se detiene el flujo delictual y siguen entrando delincuentes al sistema, y siguen reentrando los que ya salieron, el problema será interminable. Y hay una instancia que se ignora un poquito, que es la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, que existe desde hace 20 años, que tiene su presupuesto, que tiene su gente, y que es una instancia creada para coordinar las actividades del sector justicia. Ese es el lugar idóneo para que el Ministerio de Justicia, Fiscalía, Procuraduría General de la República, puedan ponerse de acuerdo y fijar una estrategia.

¿Le parece que el Consejo es una acción deliberada para que el gobierno coseche réditos particulares?
No comparto esa idea, la Coordinadora del Sector Justicia, que tiene su brazo ejecutivo, la Unidad Técnica Ejecutiva, está para la coordinación de sus instituciones estratégicas, tácticas y operativas si se quiere, pero el Consejo va más lejos. El Consejo incorpora la dimensión de la educación, la presencia de la sociedad civil, la academia, a los partidos políticos. O sea, el Consejo es, de un modo, un intento de reproducir a la sociedad para que toda ella pueda opinar. Podría pensarse también en la presencia de las víctimas, que tienen algo que decir.

¿Cómo le parece que un fiscal general critique a ministros de Defensa y de Seguridad y califique sus decisiones como “culeradas”?
Agarrar a un funcionario y decir en público: “Nooo, ese está equivocado porque el número de muertos es este y no es otro, y no ha tomado en cuenta esto, y no ha tomado en cuenta el otro”, y al día siguiente sale el funcionario señalado “no, pero es que el otro también”… ese no es debate, ese es show. Eso es cualquier otra cosa menos construcción de entendimiento y de consenso. El debate público es necesario, sano y parte de la democracia, pero debe hacerse con respeto, con seriedad y con base. Desgraciadamente, no son esas las características del debate público en nuestro país, salvo excepciones. Pensemos primero en los programas de opinión, a veces los que llegan son profesionales que a base de elevar la voz y de gritar y de hacer expresiones provocativas creen que van a resolver la cuestión. Dicho eso, soy un profundo convencido de la transparencia, pero hay que distinguirla del nudismo. Hay discusiones que se tienen que dar primero en las instituciones y cuando ya están claras, es el momento de someterlas al debate público. La discrepancia entre instituciones por el tema de homicidios es un ejemplo, nada más, y las discrepancias se utilizan para increparse fallas e incapacidades. Esa no es la manera resolver las cosas.

Usted es el coautor de un estudio de 2007 sobre eficacia de las instituciones del sector justicia para combatir los homicidios y nunca se ha hecho un estudio similar. Concluía que la impunidad en los homicidios rondaba el 97 %, y ocho años después ninguna institución del sector revela cifras de eficacia en el combate al crimen.
Hay un problema con el concepto de impunidad, porque por impunidad se entiende cualquier cosa. Impunidad es la incapacidad del Estado para perseguir, juzgar y castigar al delincuente. Puede ser incapacidad operativa, incapacidad por falta de recursos, lo que sea. Policía, Fiscalía y Órgano Judicial son Estado y ninguno de ellos puede echarle la culpa al otro, todos son el Estado. Entonces, en el estudio de 2007 encontramos que los responsables de las deficiencias que a su vez provocan que salgan libres el 97 % de los homicidas son, en el 54 % de los casos, la Fiscalía; en el 20 %, la Policía y la Fiscalía; y en el 26 %, la Policía. Cuando metemos el elemento de la judicatura encontramos que el 21 % era responsabilidad de los jueces. Para hacer el estudio, consultamos cifras de la Fiscalía. Encontramos tres fuentes de información y discrepaban la una de la otra: la página web, la sede central, y las sedes locales.

¿No es mejor que la Fiscalía reconozca que está desbordada para que, en primer lugar, pueda exigir más presupuesto?
Yo sí creo que debería hacer eso y, de hecho, en las recomendaciones que hacíamos en este estudio, decíamos: “(…) recomendar la realización exhaustiva de una evaluación de este tipo en tales instituciones promovida desde su interior. A partir de dicha evaluación, una oficina de auditoría de procedimientos o de control de calidad debería quedar establecida en cada una de ellas a efecto de que pueda examinarse con frecuencia la evolución de la investigación en cada caso”.

Usted mencionaba la necesidad de que todas las instituciones se pongan de acuerdo antes de hacer público un debate. Hablemos de la tregua entre pandillas propiciada por el Estado. Ese fue una estrategia secreta del gobierno del presidente Funes que El Faro reveló y que la administración intentó negar. ¿Usted cree que esa tregua le hizo bien al país?
Yo lo evaluó desastroso por la forma en que se ejecutó, y la forma en que fueron resultando las cosas. Desde luego, no es concebible una negociación en donde el Estado traspase las leyes. Eso no es aceptable, pero tampoco es aceptable la absoluta incomunicación. Creo que fue un desastre el resultado final, y creo que nadie duda de eso.

¿Debería impulsar el Estado algún tipo de diálogo con los cabecillas de las pandillas? Uno de los funcionarios más críticos de la tregua fue el exfiscal Luis Martínez, pero incluso él en algún momento habló de la posibilidad de entregas o confesiones de pandilleros a cambio de reducciones de penas en el marco de la ley.
Mire, hay que agregarle a esta cuestión un problema adicional, y es la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el terrorismo, que restringe bastante. Porque por lo menos acerca la posibilidad de ser calificado como terrorista por determinado tipo de acercamiento. Pero dicho esto, yo me iría al extremo: los privados de libertad han perdido el ejercicio de sus derechos políticos, pero no el de sus derechos ciudadanos. Ellos, entonces, pueden dirigirse -conforme al artículo 18 de la Constitución- de manera decorosa a las autoridades, a que se les resuelva y a que se les haga saber lo resuelto. Para mí ese sería el recurso extremo. También la defensoría pública tiene la obligación de buscar lo que sea favorable para su defendido. Esa es otra vía de comunicación institucional. Lo que sí me parece absolutamente evidente es que el problema de El Salvador trasciende, por mucho, el derecho penal. Es un problema de orden jurídico, social, político, económico y la solución está en el abordamiento conjunto de todos estos niveles.

¿Usted cree que hay suficientes indicios de ilegalidades para procesar a los mediadores de la tregua?
Tendría que conocer cómo quedó con detalles la sentencia esta de terrorismo y cuál fue la actuación de ellos. No me puedo pronunciar, pero a primera vista yo diría que no.

¿Usted cree que una comisión internacional contra la impunidad es una herramienta acertada de apoyo para un país como El Salvador?
No puede evitarse que a la Fiscalía le hagan falta recursos pero la disponibilidad para colaborar con la Fiscalía por parte de la cooperación internacional es muy grande, muy grande. Una comisión como la de Guatemala aquí ya no es factible porque entró al debate político partidario, se ha perdido la posibilidad de hacer un análisis de qué tuvo de bueno, qué tuvo de malo y cuál es el resultado que tuvo en Guatemala, por un lado. Por otro lado, el gobierno ha dicho no quiere una comisión, y el fiscal, aunque es un funcionario independiente, no puede estar como opositor del gobierno, por ninguno que sea, aunque lo piense razonablemente. En todo caso, yo no veo por qué se han hecho tanto problema con esto, pues en el “Plan El Salvador Seguro” aparece, como una actividad, la creación de una comisión especial destinada a investigar la corrupción y el crimen organizado, dentro de las normas de las instituciones y la legalidad salvadoreña. Ahí está la solución. Ahora, lo que no es concebible es que sea una cosa paralela y que en el mejor de los casos apenas coordine con el fiscal, porque entonces ahí sí habría dos cabezas, y eso traería más confusión de la que ya existe.

Otro candidato a fiscal, Pedro Cruz, nos decía que los casos en la Fiscalía se ganan por azar, porque no hay método, no hay una política de investigación. ¿Usted cree que la Fiscalía gana casos por azar?
Lo que más he sabido es que, al menos en los casos interesantes, efectivamente, han sido resultado de golpes de suerte que se dan en acciones de la Policía. Parte de eso lo dije a la subcomisión que hizo la entrevista. Yo les decía: “miren, la Fiscalía, un poco por inercia y un poco por la formación profesional propia de los abogados viene actuando estructuralmente de la misma manera en la que ha actuado siempre: va tras el caso, y viendo el árbol se impide de ver el bosque, va tras el caso cuando ya se produjo sin tener la posibilidad de preguntarse cuál es el origen”. La Fiscalía es reactiva y debería ser proactiva. Yo les ponía un ejemplo de una gotera. Si usted cada vez que llueve solo coloca recipientes para que su casa no se inunde, debería modificar su enfoque para ir directamente a reparar la gotera.

¿Qué piensa de la Ley de Aministía, tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha ordenado que se desmonte? La Fiscalía además ha hecho ya algunas pesquisas en el caso de la masacre de El Mozote, y ciertamente podría investigar más casos, ¿pero usted qué piensa?
Mire, hay que ajustarse a la Constitución, pero debemos esperar qué dice la Sala, a ver cómo lo califica, antes de eso creo que hay un poquito de especulación. Lo que ya es del derecho internacional es que hay ciertos delitos que son imprescriptibles y que tampoco son amnistiables, son los delitos de lesa humanidad, cuando han sido efectivamente comprobados. Esos delitos, entonces, tendrían que, en un momento dado, poder averiguarse. El punto es averiguar la verdad y cómo dar el siguiente paso para que esa averiguación sirva a efectos de sanar las heridas y de reconciliar y mejorar la sociedad, y ahí es donde pienso yo que hay que inspirarse en experiencias ajenas pero muy aleccionadoras como ha sido el caso de Ruanda y Sudáfrica, o como ha sido está siendo el caso en Colombia, que es quizás el caso más parecido al nuestro, en donde se mezcló por una parte, la insurgencia revolucionaria contra un gobierno, o sea una acción política, eso se mezcló con narcotráfico, con terrorismo de Estado, por toda clase de atropellos de derechos humanos por parte del Estado, después entraron paramilitares, después grupos de autodefensa, entonces ahí, los orígenes, las causas y los autores y la cantidad de hechos están en una mezcolanza, y ellos están buscando formas de cómo abordar esa situación y algo de esa complejidad la tiene nuestro conflicto.

Hay quienes creen que buscar la verdad en realidad sería revanchismo con riesgo de un retroceso a la época de la guerra y que…
… Pero eso es el resultado de cómo se maldiscuten las cosas en nuestro país, y en donde los medios tienen buena parte de responsabilidad. Una investigación seria, ejecutada por gente confiable, que pueda trabajar libremente, independientemente, sin el acoso ni de los que quieren ocultar ni de los que quieren mostrar y que puedan presentar después un resultado, ese sería el procedimiento, y no es nuevo. Así fue como actuó la Comisión de la Verdad y recuerdo que el presidente Betancourt, que la presidía, dijo una frase que a mí me quedó para el resto de mi vida: “No somos presionables ni impresionables”. Si se pudiera hacer una cosa semejante creo que tendríamos un gran resultado, pero las posiciones estas de debate, en donde no se ha terminado de levantar la última palada de tierra, y ya se viene toda clase de especulación, insulto, es imposible.

En el ámbito de la corrupción. ¿La Fiscalía debe actuar de oficio cuando un medio hace revelaciones de indicios de corrupción?
Claro que sí, desde que tiene conocimiento de la comisión de un delito o indicios del cometimiento de un delito, está obligada, no facultada, a investigar.

El Faro reveló, por ejemplo, investigaciones sobre el presidente Funes y decisiones que favorecieron a sus allegados, y Funes terminó con una casa cuyo propietario fue uno de los grandes contratistas del gobierno y financista de su campaña.
El problema es que de todo eso se conoce actualmente solo a través de medios….

Por eso le pregunto. ¿La Fiscalía puede hacer algo sobre la base de esos reportajes o definitivamente no?
Yo tendría que estudiar esos reportajes previamente, porque francamente no lo he hecho. Pero sí te voy a decir una cosa: quien quiera que llegue no debe llegar a hacer una cacería de brujas, que sería muy negativo. Quien quiera que llegue debe llegar pensando en trabajar del presente al futuro, eso no quiere decir ignorar el pasado, pero no irse a meter al pasado mientras el presente y el futuro están en este estado. Mire, otra cosa: yo desde la primera vez que se me planteó esta posibilidad de ser candidato planteé algunas circunstancias necesarias para poder hacer las cosas bien: una es contar con la confianza del presidente de la República, dos, que la elección sea el resultado de un acuerdo partidario político por superar la situación de crisis de corrupción, impunidad e inseguridad pública del país, y tres, que la embajada estadounidense dé su apoyo, por la enorme necesidad de asistencia técnica y financiera. Digámoslo claro. El punto más delicado, me parece, es el de la decisión de los partidos, si los partidos quieren dar un salto de calidad hacia adelante, hacia el mejoramiento de las instituciones del país, que elijan a las personas que para ellos garantice mejor eso, por trayectoria, por capacidad, por conocimiento, que no necesariamente soy yo, hay otras personas que tienen excelentes credenciales. En ese sentido, ni le he pedido el voto a ningún diputado ni se lo voy a pedir.

En el caso del expresidente Flores, ¿cómo evalúa el papel de la Fiscalía?
No me atrevo porque no he visto autos, toda la información que tengo es de los medios, entonces para un abogado es un poco delicado hacer eso. Sin embargo, hay cosas que pueden decirse. Cuando uno ve que en una audiencia de instrucción la Fiscalía pelea contra los querellantes particulares porque estos están presentando pruebas de la existencia de otros delitos, uno dice “esto no es lógico ni normal”. Lo más que podría haber hecho es decir “Es responsabilidad de ellos, tomamos distancia, señor juez”, pero no ponerse a querer sacarlos de la escena. Cuando uno ve que un juez que ha tenido una trayectoria correcta emite una sentencia tan valiente como la que acaba de emitir -valiente porque repartió para todo mundo- y dice “efectivamente, hay dos delitos más”, uno puede decir que no ha habido por parte de la Fiscalía la mayor atención o dedicación en el asunto. Esas son cosas evidentes, pero no puedo decir más porque no he visto folios.

¿Qué es lo primero que usted haría en la institución?
Yo la primera indicación que daría es que todo mundo siga trabajando como lo está haciendo siempre y cuando tenga la convicción de estarlo haciendo conforme a derecho y honestamente, y si lo está haciendo así van a encontrar el respaldo del jefe, suceda lo que suceda. Si hay alguna irregularidad, también se van a encontrar al jefe pero para lo contrario. El otro punto es que hay que hacer una reestructuración por méritos, hay que hacer una evaluación, de cómo está el personal, porque se tienen noticias de que se han producido numerosos nombramientos en cargos delicados de personas que no tenían los requisitos acumulados, los créditos, llamémoslo, acumulados, y eso hay que verlo. La Fiscalía debe redistribuir su personal atendiendo a la mayor incidencia de delitos. Estuve viendo las estadísticas en la página web el mes pasado, los últimos datos que tenían eran de abril. ¡De abril! Y ahí aparecía que tres oficinas fiscales tenían 25 homicidios ese mes, y había una unidad que tenía un delito nada más.

¿Qué le parece que la Fiscalía se reserve la información de cómo usó los 14 millones de dólares que se encontraron en los barriles en La Paz?
Gravísimo, gravísimo, eso no tiene justificación ninguna. Tiene derecho a reservarse todo lo que sea la estrategia de su investigación, los elementos confidenciales de la investigación, pero la existencia material del cuerpo del delito o de la evidencia, no es tampoco para que comience a regalarla, vea si es falso o verdadero. Me parece absolutamente obligatorio desde el punto de vista de la transparencia.

¿Usted cree que es cierta esta afirmación: “En El Salvador hay un sector económico que es necesario controlar y que es corresponsable de la situación actual del país”?
Sí, pero hay que acotar un poco los temas, porque un tema es la responsabilidad del sector privado en la situación actual del país y otro tema es las condiciones de competencia. En cuanto a las condiciones de competencia, a cinco años de estar en la Superintendencia, mi conclusión es que aquí impera la cultura del compadrazgo, la misma que impera abajo, a la mitad y arriba. La cultura del compadrazgo, el ponernos de acuerdo nosotros para no afectarnos entre nosotros, que la afectación le caiga a otros… Y lo otro es una pregunta más compleja: yo creo que en el país todos tenemos que hacer un mea culpa, quien más tiene, tiene una culpa mayor que el que menos tiene, pero me refiero no solo al que tiene materialmente, sino también al que más tiene intelectualmente. Creo que eso es muy importante, porque el país ha estado administrado históricamente no solo, no-so-lo, por poderes económicos sino por profesionales, sujetos pensantes, con capacidad técnica… que nadie me diga que el país expresa éxito, donde tenemos un 34 % de niños en condición de pobreza y de desnutrición… no pueden decir que es un modelo que tuvo éxito. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Hagamos un mea culpa todos: todos hemos fallado.

 

 

Por qué postulo para Fiscal General. De Francisco Díaz Rodríguez

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General.

Francisco-Díaz

Francisco Díaz Rodríguez, candidato al cargo de Fiscal General, actualmente Superintendente de Competencia

Francisco Díaz Rodríguez, 7 noviembre 2015

diario de hoyHace catorce años, en julio de 2001, escribí en las páginas editoriales de El Diario de Hoy, un artículo titulado “La lucha es larga, comencemos ya”, en el que decía:

“Quienes hablando de la delincuencia dicen ‘no se puede más, esto ya es invivible’, por desgracia se equivocan: puede ser peor y tendremos que seguir viviéndolo” (…) “Y las cosas serán tanto más graves, cuanto más tardemos en hacer lo que se debe, como se debe (…) El problema es tan grave y de tal complejidad y tamaño, que se requieren acciones coordinadas de carácter nacional para enfrentarlo.

Los hechos me han dado, amargamente, la razón. Hoy día la situación sí es ya realmente invivible para muchos compatriotas ¡miles! que sufren tanto luto, que viven en temor permanente, que no pueden estudiar, trabajar ni progresar, que deben cerrar sus negocios, que no pueden ver a sus familiares en la colonia o en el cantón vecino, que deben dejar el país o, en fin, enfrentar la muerte en cualquier sitio, de cualquier forma, a cualquier hora, en cualquier día. Así, nuestro país está desintegrándose, se nos está yendo de las manos, estamos tocando fondo: hemos llegando al punto en que o salimos a la superficie y respiramos, o nos ahogamos en el fondo del pozo.

La Fiscalía General de la República, ajustándose con eficiencia a su mandato constitucional, debe jugar un papel fundamental para superar la situación, pero necesita importantes cambios. Me postulo entonces para ser Fiscal General, porque tengo conciencia plena de la gravedad de la situación y porque puedo impulsar los cambios que la Fiscalía necesita.

En ese artículo de 2001, aclarando que “sin pretender [decir] la última palabra ni incluir los temas socio económicos de fondo”, propuse diez “grandes líneas de acción” que ahora resumo como aparecieron entonces:

“1. Compromiso nacional de recuperación de los valores cívicos y la probidad (…) una gigantesca acción de divulgación, promoción y reconocimiento de esos valores 2. Combate a la corrupción. (…) esclarecer públicamente el meollo de los numerosos y graves escándalos (…) perseguir y juzgar a sus responsables 3. Operación caminante: Patrullaje PNC/Ejercito a escala nacional con procedimientos claros. 4. Inversión y reingeniería en la FGR. 5. Tecnificación de la PNC. 6. Información estadística. (…) no existe un solo sistema fiable, 7 Reingeniería judicial. 8. Los programas de prevención social del delito (…) deben reforzarse con énfasis en la juventud. 9. Las leyes penales deben ser revisadas (…) con participación de todas las partes afectadas o involucradas. 10. Sistema penitenciario. (…) invertir esfuerzo y dinero para que las cárceles lleguen a ser instancias de readaptación.

Comencemos ya F Diaz 2001-1

El artículo terminaba diciendo “Hemos perdido y estamos perdiendo tanto tiempo…” Han pasado desde entonces 14 años ¿Cuántas de esas propuestas conservan actualidad?

En el pasado, esa manera de enfocar las cosas y sus promotores fuimos ignorados. La profundidad de la crisis actual, así como la nueva configuración política e institucional del país, han abierto el espacio necesario para considerar un enfoque integral, técnico, razonado, participativo y de corto, mediano y largo plazo del problema. El Plan El Salvador Seguro, producido por Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es una buena muestra de ello. Ahora es necesario llevarlo a la práctica, y en esto la Fiscalía juega un papel estratégico, de primera línea: tiene tareas propias importantísimas, pero también tareas de colaboración e impulso del conjunto. La FGR no puede por sí sola realizar las acciones arriba enunciadas, ni siquiera todas las que tienen que ver con la prevención de la delincuencia y la rehabilitación del delincuente, pero por su enorme peso institucional, bien conducida, la FGR puede jugar un papel de coordinación, entendimiento y colaboración, como lo manda la Constitución, entre las instituciones del Estado involucradas.

Se requieren ideas nuevas y mucha experiencia. Ahora es posible aportar ambas y por eso me he postulado para Fiscal General.

La Fiscalía General de la República, con su mandato constitucional y legal de defensa de la legalidad, es el eje principal en torno al cual gira la institucionalidad del Estado. Bien conducida, la FGR puede contribuir, promover, impulsar y, en algunos casos, forzar, dentro del marco de la ley, a que las instituciones hagan lo que deben hacer. Hace veintisiete años vengo trabajando en construir institucionalidad; para citar solo algunas experiencias: FESPAD 1988-1999; CNJ 1999-2002; Haití 2006-2011; estudio Eficiencia del sub sistema de justicia penal PNUD 2007; proyecto Pro Transparencia y Excelencia Judicial F. Ford 2007 y, ahora, Superintendencia de Competencia, de 2011 a las fecha. Porque he acumulado con solvencia esas y otras experiencias me postulo para Fiscal General.

Independencia y probidad demostradas; coherencia ideológica conocida, pero, sobre todo, compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática me habilitan para postularme para Fiscal General.