Sala de lo Contencioso

Siga con su trabajo, Superintendencia. De Sandra de Barraza

Pero… a muchos les disgusta la competencia y la Sala de lo Contencioso Administrativo se presta para esos privilegios. ¿Ya pagaron la multa las dos empresas? Ojalá que la Fiscalía, responsable de defender los intereses de la sociedad, ya tenga el cheque.

Sandra de Barraza, 30 junio 2017 / LPG

Casi la cuarta parte del ingreso de los hogares se destina a la compra de alimentos y bebidas. Y casi la cuarta parte del gasto es para el consumo en pan y cereales. El 98 % de los hogares consume pan y cereales. Cualquier modificación en los precios hace diferencia. Las encuestas de Ingresos y Gastos de la DIGESTYC lo demuestran.

En 2006, 1.3 millones de hogares salvadoreños gastaron $30.5 millones en pan al mes. Ese año los hogares gastaron $366 millones en pan. Eso es mucho dinero. Cualquier modificación en los precios del pan hace diferencia.

En octubre de 2012, miembros de la Asociación de Panaderos Artesanales Independientes protestaron frente a Casa Presidencial por el alto precio de las harinas de trigo, “los altos precios de la harina de trigo ahogan a los panaderos”.

“La principal queja de los panaderos es que los precios de la harina se mantienen altos desde agosto de 2012, cuando el quintal de harina tipo pasó de $16 a $24. En septiembre hubo otro incremento, hasta llegar a los $32 y $40 el quintal. Para noviembre, el quintal ya costaba $42, detallaron los artesanales. La pregunta que ellos se hacen es por qué en El Salvador la harina sigue tan cara, si a nivel internacional el costo ha bajado entre $60 a $70 la tonelada métrica desde noviembre de 2011”.

Analizaron la distorsión de precios con autoridades del Ministerio de Economía. A nivel internacional los precios han bajado, dijeron, y a nivel nacional, los precios van al alza. El ministerio ofreció “interceder ante las harineras, para que los precios bajen cuando el precio internacional baje”. Así informaron los medios.

El precio de la harina impactó a un millón trescientos mil hogares porque la harina de trigo es el principal insumo para elaborar el pan. Los hogares compraron el pan más caro. Los hogares compraron el pan más pequeño.

Desde 2008, la Superintendencia de Competencia “demostró que dos empresas acordaron repartirse el mercado de la harina de trigo en 55 y 45 % respectivamente afectando. El Consejo Directivo de la Superintendencia sancionó a dos agentes económicos ordenando el cese del acuerdo anticompetitivo; la abstención de intercambiar datos o información sensible y relacionada con producción, ventas, precios y clientes; y el pago de las multas de $1,971,015.16 a una y de $2,061,406.20 a la otra. El acuerdo habría provocado que los consumidores pagaran en un período de 25 meses un sobreprecio aproximado del 22 % en la harina de trigo, equivalente a $25 millones”.

La Superintendencia de Competencia hizo su trabajo. Sancionó y multó a las empresas. Las empresas iniciaron juicios en contra de la Superintendencia de Competencia. Cuatro años después, en enero de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón a las empresas afectando a la Superintendencia de Competencia y a 1.3 millones de hogares salvadoreños. En febrero de 2012 la Superintendencia de Competencia puso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, demostrando integridad y compromiso con su misión.

En octubre de 2014, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Le ordenó hacer una nueva sentencia. Lo hizo porque la Sala de lo Constitucional está integrada por gente decente. Y, después de 103 meses, en mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso emite nueva resolución “corrigiendo”. ¡Esto sucede por primera vez en este país!

A todos nos conviene la competencia porque dinamiza el mercado y favorece a los consumidores. A pocos les convienen los privilegios y los mercados cautivos. Sin competencia el capitalismo no se desarrolla. Pero… a muchos les disgusta la competencia y la Sala de lo Contencioso Administrativo se presta para esos privilegios. ¿Ya pagaron la multa las dos empresas? Ojalá que la Fiscalía, responsable defender los intereses de la sociedad, ya tenga el cheque.

Llama la atención que el presidente de la República y su equipo de trabajo no comentan absolutamente nada en su informe anual. Llama la atención porque esta resolución beneficia más que los mismos uniformes y zapatos escolares. Reconozco la importancia de la competencia y por esto felicito al superintendente y a su equipo de trabajo. Sigan haciendo lo que les manda la ley. Aprendimos que las Salas de la Corte Suprema de Justicia hacen diferencia dependiendo de la gente que las integra.

La justicia en la balanza. De Francisco Díaz Rodríguez

Francisco Díaz Rodríguez es Superintendente de Competencia

Francisco Díaz Rodríguez , 14 marzo 2017 / EL MUNDO

Cuando en un tribunal colegiado (de dos o más jueces) surge un empate –discordia, se dice en lenguaje judicial- y no se puede decidir, se llama a un tercero (otro juez) para desempatar -dirimir, en el mismo lenguaje. Nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) tiene cuatro jueces (magistrados), los empates pueden suceder y de hecho ha sucedido uno en un caso simbólico: la sanción impuesta en 2008 a las empresas MOLSA y HARISA por la Superintendencia de Competencia (SC). ¿Le interesa saber?

El ilícito (práctica anticompetitiva) cometido por las empresas fue repartirse el mercado de la harina de trigo: 55 % para una, 45 % para la otra). Con este tipo de acuerdos los agentes económicos pueden manipular los precios de los productos a su conveniencia. La sanción impuesta por el Consejo Directivo (CD) de la SC el 4 septiembre 2008, fue de $1,971,015.16 para MOLSA, y de $2,061,406.20 para HARISA. La sanción se basó, fundamentalmente, en pruebas materiales recogidas durante el allanamiento: agendas de empleados gerenciales de la empresa en donde aparecen anotados los porcentajes de ventas, y los cálculos según los cuales una empresa entregaba cinco dólares a la otra por cada quintal vendido en exceso del porcentaje acordado; se recogieron también los archivos electrónicos Excel de esos mismos cálculos.

Las empresas, cada una por su cuenta, presentaron recursos ante la SCA contra la resolución del CD. El recurso impulsado por HARISA ahora está listo para dictar sentencia. MOLSA, en cambio, consiguió que la (anterior) SCA, en sentencia de 1 diciembre 2011, resolviera a su favor declarando “ilegal” la resolución del CD porque, según ella, existían vicios en el procedimiento de allanamiento. En otras palabras, logró botar la resolución de la SC.

Cómo esa sentencia de la SCA pareció tan manifiestamente violatoria de varios principios al debido proceso constitucional, el CD, el 28 febrero 2012, presentó recurso de amparo contra esa sentencia. La Sala de lo Constitucional dio la razón al CD. En sentencia de 24 octubre 2014, dijo que lo actuado por la SC estaba apegado a la ley (por tanto, sus pruebas son válidas), y que la SCA, en su fallo, había violentado principios constitucionales. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional declaró “ha lugar el amparo” y ordenó a la SCA “resuelva de conformidad con los parámetros constitucionalidad señalados”.

Estando así las cosas, MOLSA solicitó recusar -sacar del juicio- a la Presidenta de la (actual) Sala de lo Contencioso, pero debido a lo inconsistente de su argumento su solicitud fue rechazada el 25 agosto 2016.

El 15 de febrero pasado, el CD fue sorprendido por otra extraña vicisitud en el juicio: no se puede dictar sentencia, hay empate. La notificación de la SCA dice: “vistos en discordia para emitir sentencia”, llámese “para dirimirla a la magistrada suplente…”. Dicho en cristiano: estamos empatados, llamemos otro juez para que desempate. La justicia en la balanza.

Sé que el Derecho de Competencia es muy especializado y que no muchos lo conocen, pero, aun así, es difícil entender cómo, existiendo prueba material directa del ilícito y existiendo una sentencia constitucional que legitima la prueba, magistrados de Corte tengan tantas dudas, o temores, o presiones, que les confundan tanto hasta el punto de no poder resolver sobre lo evidente y comprobado. Esto no resulta razonable. Llama también la atención el hecho de que, casi a última hora, la empresa intente descabezar al (actual) tribunal recusando a su Presidenta.

Es importante decir que las prácticas anticompetitivas son modalidades de corrupción privada, de corrupción en el mercado y en los negocios, y que no sancionarlas significa contribuir a la impunidad en El Salvador. Desde la sanción del CD hasta la fecha llevamos ocho años seis meses de impunidad. Durante todos esos años -y otros hacia atrás en que se cometió la práctica ilícita, el mercado ha estado distorsionado, los panificadores y los consumidores finales hemos sido directamente perjudicados, aquéllos en sus ingresos y nosotros en nuestros bolsillos. Hago un llamado a las organizaciones que actualmente denuncian con firmeza la corrupción y la impunidad para que se informen, analicen y pronuncien sobre este caso. Pueden leer todas las resoluciones del CD, así como las de las Salas Constitucional y Contencioso Administrativo, desde cualquier dispositivo electrónico a través de la app.sc.gob.sv, o en la página http://www.sc.gob.sv. Detengamos la impunidad. Ojalá todavía estemos a tiempo.

Sala ordena publicar lista de asesores de la Asamblea Legislativa

La instancia pide que sea revelados los nombres de asesores del período 2012-2015.

, 10 sept. 2015 / EDH

Después de dos años, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló ayer a favor del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y en contra de la Asamblea Legislativa, ordenando a este Órgano de Estado que publique el listado de asesores que funcionaron en la legislatura 2012-2015.

El Comisionado del Instituto, Jaime Campos, calificó de positivo el hecho y afirmó que abona a la democracia del país, pero lamentó que la Sala de lo Contencioso se haya tardado tanto en resolver este caso, el cual es uno de los más de ocho procesos que esa instancia ventila de entidades que se han abocado a ese tribunal en contra de resoluciones del IAIP.

El Instituto sentenció en 2013 a los 14 miembros de la Junta Directiva legislativa a pagar una multa de $666 cada uno, por haberse negado a entregar a un ciudadano la nómina de los asesores legislativos, pese a que el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que es información “oficiosa”; sin embargo, la multa solo fue pagada por los diputados directivos de ARENA.

El entonces presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, del FMLN, acudió a la Sala de lo Contencioso para que resolviera en contra de la orden y de la multa impuesta por el Instituto.

Según Campos, la Sala de lo Contencioso ha resuelto que el IAIP tiene razón en que la Asamblea debe entregar la información solicitada por tratarse de datos que son de obligatoriedad publicarlos en sus sitios de Internet, pero en el caso de la multa, la Sala de lo Contencioso asevera que es “ilegal”.

Cabe recordar que la actual legislatura sí publicó de oficio la lista de sus asesores para el periodo 2015-2018.