Impuesto

Sánchez Cerén arremete contra Fusades por impuesto a telefonía

El presidente dice que necesitan más de $100 millones al año para desarrollar el plan El Salvador Seguro.

1437848196085, 24 octubre 2015 / EDH

El presidente Salvador Sánchez Cerén arremetió esta mañana contra la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), luego que señalaran vicios de inconstitucionalidad de la propuesta gubernamental de impuesto a los servicios de telecomunicaciones.

Con este denominada “contribución especial”, el Gobierno busca obtener el 10% sobre el pago de servicios y uso de telefonía fija y celular, además del servicio de televisión por cable y acceso a internet, para el área de seguridad.

El mandatario señaló que miembros de Fusades que han hecho este análisis “se dan como iluminadas” y “no entienden” que el país necesita reursos para apoyar el plan El Salvador Seguro.

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“Fusades ya le ordenó a los señores diputados que la ley que nosotros hemos presentado de contribución especial para financiar el plan El Salvador Seguro es inconstitucional, sin haberlo discutido en la Asamblea Legislativa. Qué poder está detrás de esta gente? Qué poder que cree que en el país todavía se puede seguir imponiendo la voluntad de lo que más tienen”, dijo Sánchez Cerén durante el festival de “el buen vivir”, en Mejicanos.

Fusades realizó un análisis económico y jurídico de dicha propuesta y señaló que se trata de un impuesto pues se está tratando de conseguir fondos de una “manifestación de capacidad económica”.

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Asimismo, les criticó que Fusades haya manifestado que el presupuesto general de 2016, que actualmente está siendo analizado en la Asamblea, también tiene vicios de inconstitucionalidad.

Por ello, el mandatario pidió a los diputados que agilicen la aprobación del mismo.

Por otra parte, Sánchez Cerén anunció que el Ministro de Justicia y Seguridad presentará, la próxima semana, un proyecto de Ley Especial para personas que están en riesgo por pandillas, esto como parte del plan El Salvador Seguro.

Usuarios de telefonía pagarán impuesto de Seguridad

Tributo se verá reflejado en la factura de las personas. ARENA en contra de nuevos impuestos y pide que se ejecute mejor el presupuesto actual.

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres en conferencia de prensa luego de presentar la propuesta del gobierno de un nuevo impuesto de seguridad

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres en conferencia de prensa luego de presentar la propuesta del gobierno de un nuevo impuesto de seguridad

Jaime López, Eugenia Velázquez, 18 sept. 2015 / EDH

Una propuesta del Gobierno fue presentada ayer para que los salvadoreños paguen una “contribución especial” del 10 por ciento sobre la facturación de su consumo telefónico por mes, para financiar la seguridad ciudadana y convivencia.

Con este nuevo impuesto llamado contribución especial el Gobierno pretende obtener 140 millones de dólares anuales, con los cuales “se financiarían los planes y acciones específicas  contempladas en los cinco ejes del plan El Salvador Seguro”.

El gobierno calcula gravar a diez millones de usuarios de telefonía celular.

La diputada de ARENA, Ana Vilma Escobar dijo que como fracción no están de acuerdo con más impuestos a la seguridad porque “a quien viene a golpear es a la población que está bien afectada en su economía”.

Cuestionó la baja capacidad del Gobierno para ejecutar el presupuesto asignado para 2015, y pese a ello, esté buscando más recursos.

Argumentó que el Ministerio de Justicia y Seguridad solo ha ejecutado el 58 por ciento de su presupuesto anual.

Asimismo afirmó que tampoco han ejecutado los préstamos internacionales, lo que implica que el tema de inseguridad del país no es cuestión de más dinero  y “lo más preocupante de esto es que se afecte a la población que tiene necesidad de las telecomunicaciones, subrayó Escobar.

“Hemos discutido en el seno del Consejo de Seguridad sobre los dos mil millones de dólares que necesita el programa El Salvador Seguro, así como las fuentes de financiamiento, pero no deben haber iniciativas aparte donde se busque un impuesto adicional a la familia salvadoreña que ya está bastante afectada”, cuestionó la diputada Escobar.

A su juicio lo que se debería hacer es buscar como utilizar mejor el dinero y ejecutar los fondos disponibles, utilizar los préstamos y que ni siquiera han sido reembolsados, ahí como tener planes concretos en que piensan utilizar esos fondos, pero no más impuestos, sentenció.

El teléfono ahora no es un lujo, es algo necesario por la angustia que causan 22 homicidios diarios. La familia gasta en comunicaciones no por lujo sino por necesidad, pues mediante la comunicación puede saber dónde están sus seres queridos, informarse  si les ha pasado algún problema o si llegaron  con bien al trabajo, explicó.

Entre tanto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres insiste en que “si bien es cierto que diez millones de teléfonos van a pagar, también es cierto que todos los beneficiarios son ellos que tendrán una mejor calidad en la seguridad”.

La propuesta del  nuevo tributo (Ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia) fue entregada ayer por la tarde a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña  para su discusión en el seno de la Comisión de Hacienda y su posterior aprobación en el pleno legislativo.

Cáceres dijo que el nuevo tributo no se debe concebir como otro  impuesto si no como una “contribución especial”.

Explicó que los fondos que se recojan  no podrán utilizarse en otros fines sino solo en los planes de  seguridad.

“El nuevo tribuno recaerá  sobre la adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades y aparatos  y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación”, justificó Cáceres.

De ser aprobada la medida, las telefónicas agregarán a la factura, ya no solo el 13 por ciento del impuesto de venta sino también el 10 por ciento del consumo mensual.

El ministro de Seguridad, Benito Lara afirmó que con esta propuesta pretenden generar una discusión en la Asamblea Legislativa  en torno al problema principal del país, y que al final se llegue a la conclusión que se requiere de un financiamiento especial que permita abordar todos los factores de riesgo de la sociedad, en los cuales se pueda invertir y se puedan resolver.

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Presentan anteproyecto de impuesto a la telefonía

El Gobierno llevó ayer al parlamento su propuesta de redacción para gravar con un 10 % la factura de consumo por servicios de telecomunicaciones. De ser aprobada, la ley solo estaría vigente por 10 años, según explicó Hacienda.

Rosa María Pastrán, 18 sept. 2015 / LPG
Funcionarios del Ejecutivo llegaron ayer hasta el Palacio Legislativo para oficializar la entrega del anteproyecto de ley con el que se busca gravar con un 10 % los servicios de telecomunicaciones y la adquisición de dispositivos para la utilización de esos mismos servicios. La propuesta se denomina Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, y con la iniciativa el Gobierno busca los fondos para los ejes del Plan El Salvador Seguro, según manifestaron tres miembros del gabinete.

El gravamen “recaerá sobre la adquisición o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de los medios tecnológicos, terminales, aparatos o dispositivos que empleen para su consumo”, de acuerdo con un fragmento del artículo 1 de la ley que entregó el titular de Hacienda, Carlos Cáceres.

El funcionario aseguró que no se trata de un impuesto, sino una contribución, “ya que este no irá al Fondo General de la Nación sino a un fondo particular para la seguridad ciudadana y convivencia”.

La “contribución” especial consiste en una alícuota del 10 % que se “va a medir contra toda la factura tecnológica de telecomunicaciones en todas sus particularidades”, según explicó Cáceres.

La ley estará vigente por un plazo de 10 años, según la propuesta gubernamental. En El Salvador hay nueve millones de líneas de telefonía móvil –la mayor parte líneas prepago– y tres millones de líneas de telefonía fija, de acuerdo con datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para 2014.

Los cálculos de Hacienda indican que recaudarán $140 millones cada año con el nuevo tributo. “No puede ser utilizada para su destino especial. Si bien es cierto que 10 millones de teléfonos que andan circulando en nuestro país van a pagar, también es cierto que los beneficiarios son todos ellos que ahora van a tener una mejor calidad en la seguridad”, apuntó el responsable de las finanzas públicas, quien citó que el artículo 11 de la ley establece que el “destino exclusivo de los recursos que generará la contribución es la seguridad ciudadana y convivencia”.

Cáceres manifestó que la ciudadanía verá reflejados estos recursos en “instituciones de seguridad fortalecidas, en servicios institucionales eficientes para la población, la recuperación de espacios públicos, la reducción de la incidencia delictiva, la reducción del número de niños y jóvenes que no tienen trabajo y estudio, la reducción de la mora en las investigaciones del delito; el fortalecimiento, control y mejora de las condiciones de los centros penitenciarios, el desarrollo de programas de reinserción, la prevención del delito, y el perfeccionamiento del sistema de la administración de justicia”, entre muchas otras actividades, algo que, dijo, es la “esencia del Plan El Salvador Seguro”. Los recursos necesarios para echar a andar este plan han sido valorados en poco más de $2,000 millones, que se reunirán con diversas fuentes.

En enero pasado, los más de 60 participantes lanzaron un plan de acción para combatir (y prevenir) la violencia. Según el plan, son 124 iniciativas las que requieren fondos nacionales y de cooperación para ejecutarse, según comentaron entonces.

Según Hato Hasbún, comisionado para la Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) recibirá informes trimestrales sobre el uso de los recursos provenientes del impuesto. “Es un planteamiento integral”, afirmó Hasbún.

Discusión

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, comunicó a los funcionarios del Ejecutivo que la pieza con la propuesta será analizada en una comisión junto a la que presentó el partido GANA. Este último propone que el 10 % de las ganancias que facturan las compañías telefónicas sea destinado a programas de seguridad, a través de un gravamen. Otra diferencia es que tendría un carácter indefinido.

El ministro de Seguridad, Benito Lara, quien fue uno de los funcionarios asistentes a la presentación, pidió a las fracciones legislativas que de ambas iniciativas se saque una propuesta que “venga a contribuir a que el problema principal que tiene este país también tenga un financiamiento especial que nos permita abordar todos los factores de riesgo que tiene nuestra sociedad en los cuales podamos hacer una inversión para ir solucionando poco a poco este problema”.

Lara dijo que con la iniciativa también se financiará “la política de justicia, seguridad y convivencia”.

El ministro de Seguridad dijo que el Plan El Salvador Seguro tiene medidas a corto, mediano y largo plazo. El trabajo, según el titular de Seguridad, se enfoca en lograr resultados a “corto y mediano plazo”, aunque es un problema complejo.

La inversión se dirigirá a 50 municipios, 10 este año y 16 el próximo, en los que se ha definido que hay riesgos, de acuerdo con los diagnósticos. Al ministro Cáceres se le preguntó si se había consultado a las telefónicas para formular el anteproyecto, a lo que el ministro dijo que “sí”, porque era algo que se venía platicando desde algún tiempo aunque “no podía decir que ellas (las empresas) están de acuerdo”.

“Ellos son simplemente recaudadores del impuesto”, concluyó Cáceres. Consultado ayer sobre si hubo algún acercamiento del Gobierno por este tributo, Marcelo Alemán, gerente general de Tigo, respondió que no. Las empresas telefónicas darán a conocer hoy en conjunto su postura sobre la ley que presentó el Gobierno. “Es toda la población la que va a contribuir y la que se va a ver beneficiada porque es tan masivo el consumo telefónico, tan completo, creemos que no tiene inconstitucionalidad”, insistió Cáceres.