Impuesto

Carta a los señores del Fomilenio: No se presten a maniobras del gobierno. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 29 noviembre 2016 / EDH

Estimados amigos:
Tienen razón mis amigos William Pleitez y Bobby Murray, quienes a nombre de la Corporación Fomilenio han puesto en la agenda nacional la urgencia de dar mantenimiento adecuado a nuestra red vial. El actual gobierno ya es el tercero que ha dejado abandonadas las carreteras, porque han usado el FOVIAL, que todos nosotros financiamos cada vez que echamos gasolina, para financiar proyectos que por ley corresponden a Obras Públicas, no al FOVIAL: reconstrucción de carreteras y obras nuevas, incluyendo los pasos a desnivel, túneles, etcétera.

diario hoyUstedes, que están a cargo de Fomilenio, deberían seguir presionando al gobierno que se haga cargo del mantenimiento. Pero no deben prestarse a ayudar al gobierno a zamparnos un aumento del impuesto para el FOVIAL de 20 a 37 centavos por galón de gasolina o diesel.

La ley es clara: El impuesto para FOVIAL es exclusivamente para el mantenimiento de la red, no para su renovación, ni mucho menos para proyectos nuevos. Esto es tarea del MOP, y lo tiene que financiar poniendo los costos en el presupuesto nacional. Pero dentro de la política inconstitucional de no poner todos los costos en el presupuesto, los gobiernos de Saca, Funes y Sánchez Cerén han optado por vaciar las cajas del FOVIAL, pagando de este fondo específico las inversiones en nuevas obras. Esto tiene para ellos la ventaja de poder artificialmente reducir el déficit en su presupuesto general, pero con la grave consecuencia que ya no quedan fondos para el mantenimiento. El lamentable estado de las carreteras refleja esta realidad.

La Asamblea, y específicamente la oposición legislativa, debe ver esta problemática en el contexto de sus actuales negociaciones para obligar al gobierno a presentar un presupuesto completo y equilibrado, incluyendo las inversiones del MOP. Aprobarle al gobierno el aumento de 17 centavos por galón para el FOVIAL significaría legitimar otra forma de manipular el presupuesto. Y los voceros del Fomilenio no pueden hacerse cómplices de esta maniobra. Ni tampoco los diputados.

Una vez que las inversiones del MOP ya no se carguen al FOVIAL, se puede hacer, con la ayuda de los expertos de Fomilenio, un análisis de las necesidades de mantenimiento. Y si este análisis llega a la conclusión que hay que ajustar el monto del impuesto del FOVIAL, la Asamblea tendrá que aprobar el aumento que sea necesario para garantizar el mantenimiento adecuado. Pero no para ayudar al gobierno a esconder montos que no quiere incluir en el presupuesto del MOP. Y no serán 17 centavos adicionales por galón, sino tal vez un reajuste de 7 % que plantean los expertos del Fomilenio. Estrictamente para mantenimiento, y ni un centavo más.

La presión del Fomilenio y sus autoridades, que tienen mucho prestigio, tiene que ser sobre el gobierno, para que ordene sus finanzas, y no sobre la Asamblea, para que apruebe nuevas cargas a la población. La imagen de ustedes, acompañando al gobierno cuando solicitaron el aumento del impuesto, se presta a muchos malentendidos.

Atentamente, su amigo

44298-firma-paolo

El ministro de Hacienda tiene razón, pero… Del Centro de Estudios Jurídicos

El ministro de Hacienda tiene razón: las contribuciones especiales no son impuestos. Hay tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. En el caso de las contribuciones especiales, estas se caracterizan porque el pago que realiza el contribuyente va directamente a financiar una obra o un servicio en particular.

centro estudios juridicos CEJCentro de Estudios Jurídicos, 29 sept. 2015 / EDH

La Sala de lo Constitucional ha dicho que no debe confundirse a la contribución con ciertos impuestos que pudieran establecerse en virtud del incremento de valor que algunos bienes pudieran experimentar, ya que la contribución especial es una prestación pecuniaria creada por el Estado, con carácter obligatorio, a cargo de personas naturales y jurídicas por el beneficio especial que cierta o potencialmente percibirán en virtud de la realización de una actividad u obra estatal de interés general”. Por ello y hasta ahí, el ministro tiene razón.

Pero el funcionario no puede pretender que el debate respecto a la naturaleza y denominación correcta del tributo eluda el debate de fondo respecto a la conveniencia del tributo que él propone.

Funcionarios del gobierno pasaron de señalar que la crisis de inseguridad era una percepción a reconocer su carácter real. Luego de ese cambio de discurso han dicho que para enfrentar esa –ahora real– crisis de inseguridad, necesitan $2,100 millones; monto que surge del Plan El Salvador Seguro, en el que se identifican una serie de medidas y su respectivo monto de inversión, como incremento de la presencia del Estado en municipios prioritarios, mejoramiento de infraestructura de centros de privación de libertad; y así.

A los contribuyentes, que serán quienes pagarán esas cuentas, se les han expuesto medidas de un carácter muy genérico, y se les dice cuánto deben de pagar por ellas; punto. No se ha hecho público ni se ha sometido al debate ciudadano el detalle de donde surgen tales estimaciones.

Por otra parte, los funcionarios piden más dinero sin ofrecer un sistema serio de evaluación de resultados. El Plan El Salvador Seguro ofrece resultados ambiguos que no garantizan nada. Es retórico decirle a los ciudadanos que a cambio de los millones que contribuirán les darán un sistema de investigación criminal y justicia penal articulado y efectivo que goza de la confianza de la ciudadanía. ¿Qué es eso? ¿Dónde están los datos mesurables?

La idea de que entregándole más dinero a los funcionarios de turno los ciudadanos tendrán mas seguridad ha generado escepticismo. Aquí un ejemplo de por qué ha ocurrido eso. En el año 2009 el presupuesto del ramo de seguridad pública y justicia era de $265.3 millones. En el año 2015 es de $422.7 millones. El presupuesto actual de ese ramo representa el 159.3 % del que tenía en 2009.

Al actual ministro de Justicia y Seguridad Pública los ciudadanos le han entregado $157.4 millones más de lo que le dieron a su predecesor. ¿Qué resultados ha habido? ¿Darles más dinero a los funcionarios ha resuelto el problema de inseguridad? ¿Estamos mas seguros que en 2009? ¿Qué nos garantiza que hoy, entregándoles $2,100 millones a los funcionarios, las cosas serán distintas? No todos los problemas se resuelven “entregándoles más dinero”.

Pero además, consideramos que no resulta conveniente imponer un nuevo tributo o “contribución especial” a la ciudadanía, sobre un insumo tan relevante que forma parte de la canasta básica como lo es la telefonía, sin que antes exista un planteamiento serio sobre cuál será la estructura del plan a ejecutar así como una detallada explicación sobre el destino de los fondos. Caso contrario, este dinero pasará a formar parte de los millones que previamente ha contado el Estado y que no han generado resultados favorables y medibles para la población en materia de seguridad. No queremos más tributos para tener más de lo mismo.

Usuarios de telefonía pagarán impuesto de Seguridad

Tributo se verá reflejado en la factura de las personas. ARENA en contra de nuevos impuestos y pide que se ejecute mejor el presupuesto actual.

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres en conferencia de prensa luego de presentar la propuesta del gobierno de un nuevo impuesto de seguridad

Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres en conferencia de prensa luego de presentar la propuesta del gobierno de un nuevo impuesto de seguridad

Jaime López, Eugenia Velázquez, 18 sept. 2015 / EDH

Una propuesta del Gobierno fue presentada ayer para que los salvadoreños paguen una “contribución especial” del 10 por ciento sobre la facturación de su consumo telefónico por mes, para financiar la seguridad ciudadana y convivencia.

Con este nuevo impuesto llamado contribución especial el Gobierno pretende obtener 140 millones de dólares anuales, con los cuales “se financiarían los planes y acciones específicas  contempladas en los cinco ejes del plan El Salvador Seguro”.

El gobierno calcula gravar a diez millones de usuarios de telefonía celular.

La diputada de ARENA, Ana Vilma Escobar dijo que como fracción no están de acuerdo con más impuestos a la seguridad porque “a quien viene a golpear es a la población que está bien afectada en su economía”.

Cuestionó la baja capacidad del Gobierno para ejecutar el presupuesto asignado para 2015, y pese a ello, esté buscando más recursos.

Argumentó que el Ministerio de Justicia y Seguridad solo ha ejecutado el 58 por ciento de su presupuesto anual.

Asimismo afirmó que tampoco han ejecutado los préstamos internacionales, lo que implica que el tema de inseguridad del país no es cuestión de más dinero  y “lo más preocupante de esto es que se afecte a la población que tiene necesidad de las telecomunicaciones, subrayó Escobar.

“Hemos discutido en el seno del Consejo de Seguridad sobre los dos mil millones de dólares que necesita el programa El Salvador Seguro, así como las fuentes de financiamiento, pero no deben haber iniciativas aparte donde se busque un impuesto adicional a la familia salvadoreña que ya está bastante afectada”, cuestionó la diputada Escobar.

A su juicio lo que se debería hacer es buscar como utilizar mejor el dinero y ejecutar los fondos disponibles, utilizar los préstamos y que ni siquiera han sido reembolsados, ahí como tener planes concretos en que piensan utilizar esos fondos, pero no más impuestos, sentenció.

El teléfono ahora no es un lujo, es algo necesario por la angustia que causan 22 homicidios diarios. La familia gasta en comunicaciones no por lujo sino por necesidad, pues mediante la comunicación puede saber dónde están sus seres queridos, informarse  si les ha pasado algún problema o si llegaron  con bien al trabajo, explicó.

Entre tanto el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres insiste en que “si bien es cierto que diez millones de teléfonos van a pagar, también es cierto que todos los beneficiarios son ellos que tendrán una mejor calidad en la seguridad”.

La propuesta del  nuevo tributo (Ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia) fue entregada ayer por la tarde a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña  para su discusión en el seno de la Comisión de Hacienda y su posterior aprobación en el pleno legislativo.

Cáceres dijo que el nuevo tributo no se debe concebir como otro  impuesto si no como una “contribución especial”.

Explicó que los fondos que se recojan  no podrán utilizarse en otros fines sino solo en los planes de  seguridad.

“El nuevo tribuno recaerá  sobre la adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades y aparatos  y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación”, justificó Cáceres.

De ser aprobada la medida, las telefónicas agregarán a la factura, ya no solo el 13 por ciento del impuesto de venta sino también el 10 por ciento del consumo mensual.

El ministro de Seguridad, Benito Lara afirmó que con esta propuesta pretenden generar una discusión en la Asamblea Legislativa  en torno al problema principal del país, y que al final se llegue a la conclusión que se requiere de un financiamiento especial que permita abordar todos los factores de riesgo de la sociedad, en los cuales se pueda invertir y se puedan resolver.

———-

Presentan anteproyecto de impuesto a la telefonía

El Gobierno llevó ayer al parlamento su propuesta de redacción para gravar con un 10 % la factura de consumo por servicios de telecomunicaciones. De ser aprobada, la ley solo estaría vigente por 10 años, según explicó Hacienda.

Rosa María Pastrán, 18 sept. 2015 / LPG
Funcionarios del Ejecutivo llegaron ayer hasta el Palacio Legislativo para oficializar la entrega del anteproyecto de ley con el que se busca gravar con un 10 % los servicios de telecomunicaciones y la adquisición de dispositivos para la utilización de esos mismos servicios. La propuesta se denomina Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, y con la iniciativa el Gobierno busca los fondos para los ejes del Plan El Salvador Seguro, según manifestaron tres miembros del gabinete.

El gravamen “recaerá sobre la adquisición o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades, independientemente de los medios tecnológicos, terminales, aparatos o dispositivos que empleen para su consumo”, de acuerdo con un fragmento del artículo 1 de la ley que entregó el titular de Hacienda, Carlos Cáceres.

El funcionario aseguró que no se trata de un impuesto, sino una contribución, “ya que este no irá al Fondo General de la Nación sino a un fondo particular para la seguridad ciudadana y convivencia”.

La “contribución” especial consiste en una alícuota del 10 % que se “va a medir contra toda la factura tecnológica de telecomunicaciones en todas sus particularidades”, según explicó Cáceres.

La ley estará vigente por un plazo de 10 años, según la propuesta gubernamental. En El Salvador hay nueve millones de líneas de telefonía móvil –la mayor parte líneas prepago– y tres millones de líneas de telefonía fija, de acuerdo con datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), para 2014.

Los cálculos de Hacienda indican que recaudarán $140 millones cada año con el nuevo tributo. “No puede ser utilizada para su destino especial. Si bien es cierto que 10 millones de teléfonos que andan circulando en nuestro país van a pagar, también es cierto que los beneficiarios son todos ellos que ahora van a tener una mejor calidad en la seguridad”, apuntó el responsable de las finanzas públicas, quien citó que el artículo 11 de la ley establece que el “destino exclusivo de los recursos que generará la contribución es la seguridad ciudadana y convivencia”.

Cáceres manifestó que la ciudadanía verá reflejados estos recursos en “instituciones de seguridad fortalecidas, en servicios institucionales eficientes para la población, la recuperación de espacios públicos, la reducción de la incidencia delictiva, la reducción del número de niños y jóvenes que no tienen trabajo y estudio, la reducción de la mora en las investigaciones del delito; el fortalecimiento, control y mejora de las condiciones de los centros penitenciarios, el desarrollo de programas de reinserción, la prevención del delito, y el perfeccionamiento del sistema de la administración de justicia”, entre muchas otras actividades, algo que, dijo, es la “esencia del Plan El Salvador Seguro”. Los recursos necesarios para echar a andar este plan han sido valorados en poco más de $2,000 millones, que se reunirán con diversas fuentes.

En enero pasado, los más de 60 participantes lanzaron un plan de acción para combatir (y prevenir) la violencia. Según el plan, son 124 iniciativas las que requieren fondos nacionales y de cooperación para ejecutarse, según comentaron entonces.

Según Hato Hasbún, comisionado para la Seguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) recibirá informes trimestrales sobre el uso de los recursos provenientes del impuesto. “Es un planteamiento integral”, afirmó Hasbún.

Discusión

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, comunicó a los funcionarios del Ejecutivo que la pieza con la propuesta será analizada en una comisión junto a la que presentó el partido GANA. Este último propone que el 10 % de las ganancias que facturan las compañías telefónicas sea destinado a programas de seguridad, a través de un gravamen. Otra diferencia es que tendría un carácter indefinido.

El ministro de Seguridad, Benito Lara, quien fue uno de los funcionarios asistentes a la presentación, pidió a las fracciones legislativas que de ambas iniciativas se saque una propuesta que “venga a contribuir a que el problema principal que tiene este país también tenga un financiamiento especial que nos permita abordar todos los factores de riesgo que tiene nuestra sociedad en los cuales podamos hacer una inversión para ir solucionando poco a poco este problema”.

Lara dijo que con la iniciativa también se financiará “la política de justicia, seguridad y convivencia”.

El ministro de Seguridad dijo que el Plan El Salvador Seguro tiene medidas a corto, mediano y largo plazo. El trabajo, según el titular de Seguridad, se enfoca en lograr resultados a “corto y mediano plazo”, aunque es un problema complejo.

La inversión se dirigirá a 50 municipios, 10 este año y 16 el próximo, en los que se ha definido que hay riesgos, de acuerdo con los diagnósticos. Al ministro Cáceres se le preguntó si se había consultado a las telefónicas para formular el anteproyecto, a lo que el ministro dijo que “sí”, porque era algo que se venía platicando desde algún tiempo aunque “no podía decir que ellas (las empresas) están de acuerdo”.

“Ellos son simplemente recaudadores del impuesto”, concluyó Cáceres. Consultado ayer sobre si hubo algún acercamiento del Gobierno por este tributo, Marcelo Alemán, gerente general de Tigo, respondió que no. Las empresas telefónicas darán a conocer hoy en conjunto su postura sobre la ley que presentó el Gobierno. “Es toda la población la que va a contribuir y la que se va a ver beneficiada porque es tan masivo el consumo telefónico, tan completo, creemos que no tiene inconstitucionalidad”, insistió Cáceres.

Gobierno prepara impuesto para la seguridad

Las gremiales empresariales advirtieron que sin un plan concreto y discutido con los sectores para combatir el crimen el dinero nunca será suficiente. Cáceres detalló que el nuevo tributo es una opción que tomar.

d972602e-2e1e-49ca-a609-56fb68e67667_XLW

Loida Martínez/Javier Orellana/Ezequiel Barrera, 19 junio 2015 / LPG

El Gobierno salvadoreño busca aumentar la recaudación que le permita financiar proyectos de seguridad pública y para ello considera la creación de un nuevo impuesto, anunció ayer el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

“Ya habíamos venido hablando del tema de financiar la seguridad pública. No puede ocurrir que financiemos la seguridad solo de préstamos, de las donaciones internacionales. La seguridad es un reto para el pueblo salvadoreño, para la sociedad”, dijo Chicas.

Chicas agregó que el nuevo tributo se recolectaría con un modelo similar al FOVIAL, que se retiene al momento de consumir combustible y luego esos fondos se dirigen al mantenimiento de puentes y carreteras. “Ya tenemos buenas prácticas como el FOVIAL, que es uno de los instrumentos más efectivos para financiar un tema relevante del país, como la red vial. Por lo tanto, algo parecido tendría que ser. Generar un mecanismo que permita financiar la seguridad pública”, explicó Chicas.

Mientras tanto, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, manifestó: “El problema principal de este país es la inseguridad y todos debemos exigir seguridad. Pero debemos estar conscientes de que no hay recursos especiales como sí lo hay para otras carteras del Estado. Y a pesar del impedimento que nos ha puesto la Sala de lo Constitucional, de no permitirnos el monto asignado a Seguridad que era parte de los $900 millones, el país debe estar seguro que este gobierno va a cumplir en el tema de seguridad”.

Lara se refiere a la medida cautelar que dictó la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 8 de junio y que prohíbe negociar $900 millones en bonos o deuda del Gobierno. La medida llegó como parte del análisis de una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que autorizó la negociación de los bonos.

El Gobierno afirma que $96 millones de esos recursos serían utilizados para resolver las diversas necesidades de la Policía Nacional Civil (PNC).

Chicas también expuso: “Estará en manos del Ministerio de Hacienda (MH) formular una iniciativa. El paso dos es que se lleve al Consejo Nacional de Seguridad y buscar el consenso de las fuerzas políticas. Solo entonces se llevará como iniciativa a la Asamblea Legislativa”.

En este sentido, Carlos Cáceres, titular del MH, dijo que por ahora esperan la decisión del Órgano Judicial para emitir una propuesta en firme: “Aclaro que el establecimiento del impuesto aún no es definitivo, ya que se está esperando la decisión de la Sala de lo Constitucional sobre la emisión de los $900 millones en bonos”. Sin embargo, el ministro de Hacienda afirmó que si la sentencia no es favorable, el Estado buscaría las alternativas para obtener los fondos para seguridad pública: “En la medida en que no tengamos recursos de otras fuentes, tendremos que utilizar cualquier mecanismo para financiar”.

Otra vía que busca el Gobierno es la aprobación de un préstamo por $200 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“No solo hay alternativas del impuesto. Estamos trabajando en un préstamo de $200 millones con el BID para apoyo de la seguridad, que sería una alternativa buena”, acotó el titular de Hacienda.

No obstante, el ministro admitió que la respuesta más viable frente a una negativa por parte de la sala sería obtener un financiamiento de la misma población, siempre a través de contribuciones al fisco. “Al fin de cuenta, la población debe pagar todos sus compromisos que tiene en cuenta todos los gastos de seguridad, educación, salud”, dijo Cáceres.

El diputado Johnny Wright Sol, del partido ARENA, comentó que si bien la inseguridad debe abordarse de manera urgente, el problema no solo debe verse desde la cifra de homicidios y debe abordarse el fenómeno de forma integral. Wright lamentó que no se abordará el tema de la corrupción en las instituciones de seguridad. “Quiero decir que la cifra más importante no necesariamente es la cifra de homicidios, sino también la cantidad de jóvenes que pueden acceder a trabajo y la creación de oportunidades de empleo”, concluyó el diputado arenero.

Gremiales rechazan nuevo tributo

Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), dijo: “Todo impuesto, toda reforma tributaria que incremente lo que los ciudadanos ya estamos pagando al Estado con nuestros impuestos, debería tener un criterio técnico. Estrictamente técnico”. Hernández considera que la justificación de Cáceres, que supedita la propuesta a lo que decidan los magistrados de la Sala de lo Constitucional, es “cualquier cosa, pero no un criterio técnico”.

Mientras que Javier Argueta, director de asuntos jurídicos en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recordó que el Gobierno ha promovido cinco reformas en siete años. “Puede haber una sexta, una séptima reforma. Aumentar la renta de los salarios, a las empresas… No les va a alcanzar si no tienen un plan, una guía, un elemento de golpe directo a la delincuencia”.

Hernández agregó: “Llama la atención que, por un lado, se diga que hace falta dinero para garantizar a la ciudadanía honrada su seguridad, y, sin embargo, sobra (dinero) para estar atacando a la Sala de lo Constitucional con spots (anuncios comerciales) en la televisión”.

Argueta concluyó: “Lo que ellos (las autoridades) necesitan es ordenar la casa, tener planes efectivos que tanto necesita la población”.

Ambos miembros de las gremiales recordaron que se han presentado propuestas desde el sector privado en el tema de seguridad y la más reciente es la que elaboró el consultor internacional Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York. El experto elaboró un diagnóstico y una propuesta que fueron entregados al Órgano Ejecutivo.

 

Fracciones parlamentarias divididas ante posibilidad de nuevo impuesto

Diputados quieren conocer la propuesta del Gobierno antes de decidir sobre el voto.

Edwin Teos/Javier Orellana, 19 junio 2015 / LPG

Las diferentes fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa reaccionaron con opiniones divididas ante la posibilidad de que el Gobierno esté preparando una propuesta para financiar la seguridad nacional. Funcionarios han planteado un nuevo tributo como alternativa ante la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que detuvo la colocación de $900 millones en bonos. Los diputados esperarán a conocer la sentencia de la sala para comunicar su postura oficial.

Algunos diputados de ARENA se mostraron inconformes con la idea de un posible impuesto, porque consideran que el Gobierno actual cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los problemas de delincuencia.

“Hay que buscar soluciones de calidad y de austeridad para el gasto, antes de castigar más al pueblo salvadoreño con otro impuesto. Nosotros estamos listos para dialogar, lo que pasa es que ellos (FMLN) no quieren”, dijo Milena Calderón, diputada de ARENA.

El diputado Ernesto Muyshondt, también tricolor, señaló que el tributo que el Gobierno propondría es una manera de aprovecharse de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.

“Este Gobierno ha contado con más recursos que cualquier otro y no se hace responsable de sus fracasos. Quiere culpar a otros por no tener rumbo y planes de seguridad”, agregó Muyshondt.

Por parte del FMLN, el diputado Rolando Mata sostuvo que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional ya habrían decidido declarar inconstitucional los $900 en bonos.

“Lo mejor sería que levanten la medida cautelar y digan que no es inconstitucional. Sino, el Gobierno está obligado a buscar todas las posibilidades que le permite reorganizar sus ingresos para cumplir sus obligaciones”, aseguró Mata.

El diputado efemelenista no descartó la posibilidad de un nuevo impuesto, porque afirmó que el Gobierno tiene la obligación de solucionar los problemas de seguridad.

En el caso del PCN, el diputado José Almendáriz dijo que como fracción creen que los temas de seguridad deben financiarse desde el Ministerio de Hacienda y que no apoyan la idea de más impuestos. “La dosis que se le debe inyectar a los problemas de seguridad deben ser completas y no medias dosis”, expresó el diputado.

Numan Salgado, diputado de GANA, afirmó que como grupo parlamentario darían los votos si, después de estudiar la propuesta, consideraban viable aprobar un nuevo impuesto. “Depende de lo que diga la sala, nosotros veríamos si es necesario apoyar o no”, agregó el diputado de GANA.