Sala de lo Constitucional

Gracias, magistrados. De Erika Saldaña

Lo importante no era aferrarse a un cargo, sino hacer respetar la Constitución. Se van por la puerta grande.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

16 julio 2018 / El Diario de Hoy

Muchos calificativos se han utilizado sobre lo hecho por la Sala de lo Constitucional los últimos nueve años. Desde que “hicieron un trabajo excepcional”, “devolviéndole la majestad a la justicia”, hasta que son “la peor Sala de la historia” por las sentencias que emitieron. La mejor forma de calificar todo lo realizado por la Sala de lo Constitucional la definieron los mismos magistrados cuando les preguntaban por qué emitían ciertas sentencias: era su trabajo. Sin palabras rimbombantes ni frases llenas de exageraciones.

Tuve el enorme privilegio de trabajar con Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Florentín Meléndez durante casi los nueve años de su periodo. Y entre papeles donde anotaban sus observaciones en cada caso, las discusiones maratónicas y el compañerismo que casi siempre rondó la salita de reuniones, la justificación que siempre se escuchó al tomar una decisión fue la misma: solo hacían su trabajo.

Ustedes siempre supieron la relevancia del lugar donde estaban parados. Que la Sala de lo Constitucional era la institución encargada de defender los derechos constitucionales de los ciudadanos y que con su firma podían ayudar a cambiar la realidad de un país sumido en el letargo institucional. Y no iban a desaprovechar esa oportunidad. Tenían claro que la Sala de lo Constitucional era un lugar para trabajar y no para gozar de privilegios, hacer favores o mantener el status quo. Ustedes hicieron su trabajo.

Siempre he creído que cuando todos los funcionarios entiendan que la investidura de su cargo es un trabajo como cualquier otro y no una corona de privilegios, en ese momento tendremos un país que empiece a mejorar.

Estemos o no de acuerdo con las decisiones que tomaron, con sus acciones dejaron claro que la institucionalidad independiente de intereses o injerencias políticas es posible. Porque en épocas donde todas las instituciones parecían atrapadas por la inercia, ustedes sacudieron esa pasividad y le dieron un aire nuevo a situaciones que creíamos que poco podían cambiar. Demostraron que para sacar adelante al país solo se necesita de valor y de ganas de trabajar.

Además de un trabajo con valor y mucho criterio técnico, ustedes también son ejemplo de las cosas bien hechas. A pesar de que muchos piensan que los magistrados solo firman sentencias, eso no es así. Quienes trabajamos con ustedes damos fe de la meticulosidad con la que el trabajo era corregido y observado; siempre nos sorprendieron con perspectivas más amplias sobre los temas y con ideas más ingeniosas para resolver los problemas.

Más allá de cualquier tema de derecho que alguien puede aprenden al escucharlos a ustedes, yo me llevo el aprendizaje para la vida. Con ustedes aprendí a dejar de preocuparme por el qué dirán. Que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo y menos cuando se ven afectaron sus intereses. Si uno está convencido de sus ideas, defenderlas es lo que corresponde; siempre respetando y escuchando todas las posturas y sugerencias.

También aprendí de su sencillez. Porque a pesar de su amplia experiencia como abogados y su estatus de magistrados, siempre escucharon las sugerencias e ideas de “los bichos” que les rodeaban como colaboradores. Respetaron la independencia de criterios al interior de la Sala y la libertad de expresión de cada uno de sus colaboradores; de ustedes solo he obtenido palabras de apoyo a mi labor como columnista, independientemente de si estamos de acuerdo o no con un tema.

Y aprendí de su buen humor. Porque en momentos de estrés no hay como un buen chiste para romper el hielo y que las horas interminables de trabajo se pasan mejor con un pedazo de semita mieluda. Que ante las puertas de la destitución era mejor reír que preocuparse. Ustedes sabían que Dios los puso ahí y él mismo iba a determinar la forma de su salida, pues lo importante no era aferrarse a un cargo, sino hacer respetar la Constitución. Se van por la puerta grande.

Magistrados, siéntanse orgullosos de lo que hicieron todos estos años; les queda la enorme satisfacción de haber realizado un buen trabajo. Como platicaba con un compañero y amigo: colaboradores buenos siempre hubo, mucha gente técnica ha pasado por la Sala, pero la diferencia la hicieron ustedes. El trabajo está hecho. Quienes ocupen su silla tienen un gran reto por delante y ojalá lo hagan con igual o mayor valentía. Gracias, Magistrados. Los vamos a extrañar.

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La hora de la verdad para ARENA. De Manuel Hinds

Esta columna urgente saldrá hasta mañana lunes en El Diario de Hoy. Pero por la urgencia de que los dirigentes y diputados de ARENA lo lean hoy, antes de la plenaria para elegir a magistrados de la Corte Suprema, fue publicada on-line un día antes.

Hoy en la elección de magistrados está en juego la credibilidad de ARENA y su candidato. No se pueden equivocar. No pueden aceptar magistrados malos como ficha de una alianza electoral. Tienen que vetar al jefe de Probidad y a la Procuradora. Tienen que insistir en la elección de magistrados independientes, honrados y capaces. 

Paolo Luers

15 julio 2018 / El Diario de Hoy

¿Hacia donde va El Salvador?

Hay pocas veces en las que una acción marca la diferencia en la contestación a esta pregunta, y hoy estamos en uno de ellas. Hay pocas veces también en las que las acciones de un solo actor son determinantes. Hoy también estamos en una de ellas. La decisión es la del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de los cuales serán de la Sala de lo Constitucional. El actor decisivo es ARENA. Ningún magistrado puede ser electo sin los votos de ARENA. En esta decisión ARENA se está jugando la suerte del país, y la suya propia. Puede tener o un gran triunfo o un gran fracaso. Puede demostrar que su cambio es auténtico o que ha colapsado ante las presiones políticas. Nada en medio.

Es la decisión más importante de estos años, mucho más importante que la elección presidencial de 2019, porque, como se ha demostrado en los últimos años, el país puede aguantar pésimos gobiernos con muchos enemigos de la democracia y el imperio de la ley, siempre que tengamos una Corte Suprema y una Sala de lo Constitucional que haga respetar la ley y los derechos fundamentales del ciudadano. Eso, sin embargo, no es posible si tenemos un gran presidente pero una Corte que es corrupta o incompetente o dedicada a subvertir el orden constitucional.

Mucha gente interpreta esto en términos de inclinaciones hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso es un error. La clave está en términos de la integridad personal de los magistrados electos, y de su dedicación a respetar la constitución y los derechos que da a los ciudadanos. Hay personas que llenan estos requisitos, y otras que no los llenan, en la izquierda y en la derecha.

En los últimos años los medios de comunicación han estado llenos de las tragedias de Venezuela, primero, y desde hace un año, de Venezuela y Nicaragua, dos países que han entrado en una barrena de corrupción y violencia y muerte contra sus ciudadanos. En este momento decisivo del país debemos reflexionar en el vínculo que une la elección de los magistrados con la sangrienta represión que hay en esos países. Lo que está pasando allá pasó primero por la corrupción de sus cortes supremas de justicia, que luego se dedicaron a facilitar la toma del poder por parte de los tiranos que ahora reprimen a sus pueblos, y a justificar jurídicamente todo lo que hicieran—desde hacer trampa en las elecciones, hasta perseguir a los defensores de la democracia, hasta asesinar impunemente a los ciudadanos. Los medios que ocuparon estos tiranos para dominar la Corte no fueron ideologías sino los medios oscuros de la corrupción.

Lo que salga de esta elección pesará sobre los que hayan tomado la decisión por toda la historia del país—para bien o para mal. Y el peso será más grande sobre los hombros de ARENA y de los que dentro de ella la tomen. No habrá excusa que valga.

El daño de que se tomen decisiones equivocadas sería enorme, difícil de revertir. Después de mucho trabajo ARENA está logrando credibilidad en su lucha por renovarse y dejar atrás muchas cosas que decepcionaron a la población. Todo esto, incluyendo las posibilidades de ganar las elecciones de 2019, se irían al trasto si ARENA da sus votos para una Corte que se va a mover no para respetar los derechos de los ciudadanos sino para asegurar intereses oscuros. Mostraría que el poder real lo tiene el pasado, no el futuro.

No hay ninguna, ninguna razón que justifique desproteger a los ciudadanos.

Si, por el contrario, ARENA se asegura que la Corte sea una de lujo, que puede serlo, habrá demostrado que su renovación es real y que promete llevar al país a un futuro mucho mejor que su pasado—el rumbo hacia la democracia, el respeto a los derechos individuales y el desarrollo. Que el poder está con el futuro, no con el pasado.

Quiera Dios que ARENA esté a la altura de su compromiso histórico.

 

Lea también:
Carta a los que eligen magistrados: Aquí la lista de los buenos.
De Paolo Luers

Mal cálculo. Columna Transversal de Paolo Luers

Con esta campaña Bukele puede lograr movilizar y radicalizar a sus seguidores en su postura antipolítica y antisistema, pero al mismo tiempo se aísla del resto de la sociedad, incluyendo los sectores que comparten su desencanto con los partidos. Son precisamente estos los sectores que más se han movilizado para defender a la Sala de lo Constitucional. Y son los sectores que tanto él como cualquier otro candidato necesita para ganar elecciones. Mal cálculo de Bukele.

29 junio 2018 / El Diario de Hoy

El ataque a la Sala de lo Constitucional y las amenazas directas al magistrado Rodolfo González no son simplemente unos pasos más en la acostumbrada retórica demagógica de Nuevas Ideas. Marcan un paso más de este movimiento y su líder al desconocimiento de la institucionalidad del país —y un paso aún más peligroso: al uso de la violencia política. Quien juega así con el fuego, está al punto de romper el consenso social que desde los Acuerdos de Paz no permitía volver al uso de la violencia para fines políticos.

Cuando en la transición a la paz fueron asesinados algunos dirigentes del Frente, la sociedad entera levantó su voz y paró una nueva escalada de violencia política.

Cuando en 2006 un comando vinculado a estructuras del FMLN, dirigido por Mario Belloso, perpetró un atentado contra agentes policiales, la sociedad entera exigió al FMLN desarmar estas estructuras y estrategias —y lo hizo.

Hemos logrado mantener vigente este sólido consenso social contra la violencia política, es una lección aprendida de nuestra historia. Esto nos ha salvado del peor de los males: el uso de la violencia para preservar o alcanzar el poder. Hemos tenido violencia de todo tipo (social, intrafamiliar, contra mujeres, de pandillas, de policías…) pero no contra jueces, políticos, periodistas, sindicalistas o empresarios.

La sociedad salvadoreña no está dispuesta a permitirle a nadie romper este consenso. Tampoco a Nayib Bukele y sus apóstoles. Uno de ellos, de nombre Silvio Aquino, viaja por Europa como “emisario” de Bukele para organizar grupos de apoyo a Nuevas Ideas. Fue él quien en Twitter llamó a asediar la casa del magistrado Rodolfo González, para presionar a la Sala de lo Constitucional que desista de su supuesta intención de ordenar la cancelación del CD y así bloquear la candidatura presidencial de Bukele.

Viendo la personalidad y trayectoria de este activista subcultural elevado a apóstol por el líder de Nuevas Ideas, uno podría pensar que se trato del desliz de un loquito. Lamentablemente, no es así. Los tuits de Aquino siguieron la línea de su líder. Bukele escribió en Twitter: “Yo sé que eso es lo que quieren los mismos de siempre, su plan es arrinconarnos ahí, pero no nos dejan otra opción: Si no hay democracia, salimos a las calles”. Y enseguida dio retuit y aval a la amenaza contra Rodolfo González.

¿Qué hizo el magistrado para provocar la ira de Bukele y sus apóstoles? Anunció que esta semana la Sala va a deliberar sobre una resolución del TSE de 2015, en la cual declaró inaplicable el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos. Este artículo ordena que un partido será cancelado si no alcanza 50 mil votos o una diputación. El CD no cumplió ninguno de los dos requisitos en las elecciones de 2015, pero el TSE le perdonó la vida, interpretando que este artículo viola el principio del pluralismo político.

Siempre cuando un tribunal declara inaplicable una ley por razones constitucionales, la Sala tiene que sentenciar sobre la ley en cuestión.

El mismo CD, a través de su director de comunicaciones, pidió que la Sala no demore más esta revisión, para crear seguridad jurídica en una situación donde el CD pretende participar en las elecciones presidenciales, lanzando como candidato a Bukele. En este sentido es incomprensible que Nuevas Ideas y el CD hayan interpretado el anuncio del magistrado González como intención de bloquear la candidatura de Bukele.

La Sala no va a decidir sobre la suspensión o sobrevivencia del CD como partido. Mucho menos sobre la candidatura de Bukele. La Sala únicamente va a revisar si el TSE tuvo razón cuando declaró inaplicable el artículo 47. En caso de que la Sala decida revertir la interpretación del TSE, no significa que suspende el CD ni deja nuevamente sin vehículo a Bukele. Significa que a partir de ahora el TSE ya no podrá negarse a aplicar el artículo 47.

Incluso si la Sala declarara inválida la resolución del TSE de mantener vivo al CD, esto no suspende su existencia como partido. Sería el TSE que nuevamente tendrá que decidir sobre vida o muerte del CD -—y tendrá buenos argumentos para dejarlo con vida, porque de hecho siguió existiendo, y en las últimas elecciones ganó una diputación.

Viendo las cosas como realmente son, nada justifica que Bukele se presente como víctima de un bloqueo sistemático a su candidatura. Mucho menos justifica movilizaciones contra la Sala y amenazas a los magistrados.

Lo que Bukele, Nuevas Ideas y el CD están haciendo con toda esta arenga es crear un conflicto artificial para sostener su tesis de que “el sistema” está usando las instituciones (TSE y Sala de lo Constitucional), porque “los partidos de siempre” no se atreven a medirse en elecciones con ellos. Esto confirma la falta de respeto que Bukele tiene para la institucionalidad del país. Lo demostró cuando quiso intimidar a la Fiscalía, movilizando a sus indignados seguidores a asediar la sede del Ministerio Público. Lo mostró cuando expresó que al ser presidente y no tener apoyo legislativo buscaría la forma de disolver la Asamblea. Lo demuestra hoy instigando a sus turbas a intimidar a los magistrados de la Sala y del TSE.

Lo que no toma en cuenta es que la sociedad salvadoreña no tolera ni violencia política ni ataques contra la independencia judicial. Con esta campaña Bukele puede lograr movilizar y radicalizar a sus seguidores en su postura antipolítica y antisistema, pero al mismo tiempo se aísla del resto de la sociedad, incluyendo los sectores que comparten su desencanto con los partidos. Son precisamente estos los sectores que más se han movilizado para defender a la Sala de lo Constitucional. Y son los sectores que tanto él como cualquier otro candidato necesita para ganar elecciones. Mal cálculo de Bukele.

Vea también:
Carta a la ciudadanía crítica: Otra vez a defender la Sala. De Paolo Luers
Video: Los observadores discutiendo el tema del CD, la Sala y Nuevas Ideas

Traslados inconstitucionales. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

28 mayo 2018 / El Diario de Hoy

En los últimos años se han escrito ríos de tinta sobre las cualidades que deben poseer los magistrados que la Asamblea Legislativa está próxima a elegir. Y no es para menos, la Sala de lo Constitucional se ha convertido en un bastión fundamental de la institucionalidad del país, a quien poco han importado si las decisiones afectan a la derecha o a la izquierda, sino que han tratado de hacer valer los principios y derechos que contiene la Constitución. Nos agraden o no las decisiones que tomen, los magistrados actuales nos han dejado como legado experimentar que es cierto aquello de que “el poder (de la Constitución) frena al poder político”.

Dada la trascendencia que ha tomado el trabajo de la Sala, ahora la silla de magistrado tiene más valor. Mucho se ha dicho que estas personas no deben tener vínculos con partidos políticos y que deben contar con sobrada experiencia y capacidad para desempeñarse en el cargo. Sin embargo, hay un requisito establecido en la jurisprudencia constitucional del que se habla poco: los magistrados de otras Salas no pueden ser trasladados hacia la Sala de lo Constitucional.

Hay que tener el panorama completo y poner sobre la mesa la relevancia del tema. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos para un periodo de nueve años con una renovación periódica de personas cada tres años, y la Ley Orgánica Judicial dice que cada año será la Corte en pleno la que determinará en cuál Sala se ubicará cada magistrado. Pero para la Sala de lo Constitucional hay una consideración especial: es la Constitución la que dice que los magistrados constitucionales serán nombrados por la Asamblea por nueve años.

Esto fue incumplido por la Asamblea Legislativa en el año 2006, cuando se trasladaron a dos magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de la Corte hacia la Sala de lo Constitucional. Así generó un problema que por el momento los legisladores no han encontrado solución: ahora la Sala de lo Constitucional cambia drásticamente su conformación cada nueve años, renovando a cuatro de sus cinco integrantes, tres años después se renueva uno y en los siguientes tres años ninguno. Antes de ello, la renovación se realizaba de manera escalonada con dos magistrados nuevos los primeros tres años de funcionamiento, dos los siguiente tres años y un magistrado tres años después, completando cada uno el ciclo de nueve años.

El sentido de un nombramiento tan largo en una misma Sala no es más que la estabilidad en el tiempo de los criterios con los que se resuelven los casos, pues nos asegura que éstos no cambiarán injustificadamente por cada magistrado de turno. Además, esta regla también tiene como fin evitar que la silla de magistrado en la Sala de lo Constitucional se convierta, cada tres años, en moneda de cambio, en premio para algunas personas que logren “agradar” al poder político, o que el traslado signifique “el castigo” para otras, como pasó con el magistrado Belarmino Jaime.

Si nos ponemos a hacer memoria, en 2012 la Asamblea Legislativa intentó trasladar al magistrado Jaime cuando terminó su periodo de presidente del Órgano Judicial y la Sala de lo Constitucional; en una sentencia de inconstitucionalidad la Sala consideró que esa acción era una intromisión inconstitucional hacia la forma como se compone el tribunal encargado de defender la Constitución en El Salvador y cuyos miembros fueron nombrados por la misma Asamblea para un periodo determinado.

Ya los diputados en la Asamblea Legislativa tienen claro que deben elegir a personas competentes que no tengan vínculos partidarios; calificadas y capacitadas, porque en la Sala se tratan temas complejos y que requieren de un conocimiento integral y desarrollado; y, que no pertenezcan a partidos, ya que la no vinculación partidaria es una garantía que a los magistrados no les tiemble el pulso al momento de enfrentarse a decisiones que pueden afectar a la clase política, como ha pasado en los últimos nueve años. Diputados, además de estos dos requisitos, también tomen en cuenta que los nombramientos son por nueve años y no pueden trasladar magistrados de otras Salas; la Sala de lo Constitucional no es moneda de cambio. Los estaremos observando.

Para alcaldes y concejales. De Daniel Olmedo

19 mayo 2018 / El Diario de Hoy

Por años la Sala de lo Constitucional desarrolló el principio de equidad tributaria. Una manifestación de este, decía el tribunal, es el principio de capacidad económica en materia impositiva.

Cuando en 2015 se declaró inconstitucional la modalidad de pago mínimo del impuesto sobre la renta —conocida como impuesto al 1% sobre activos— se hizo precisamente por violar la capacidad económica. El tribunal dijo: “Al establecerse el activo neto como la base imponible para el pago mínimo del impuesto sobre la renta, sin considerar la deducción de todos los gastos indispensables para la producción de la riqueza y la conservación de su fuente, se evidencia una deficiente definición de activo neto, lo que significa que el legislador no ha tomado en consideración un índice revelador de capacidad económica que determina la riqueza efectiva del contribuyente”.

La jurisprudencia ha sido bastante clara en cuanto a que la base imponible de un impuesto no debe tomar en cuenta únicamente los activos. A este deben deducírsele los pasivos.

Por muchos años la Sala de lo Constitucional resolvió favorablemente amparos contra impuestos municipales. Y es que, aunque cada municipio cuenta con su propia legislación impositiva, el diseño de los tributos es estandarizado: en todos se establecen como base imponible los activos sin deducir pasivos.

Eran tantos los casos, que la Sala comenzó a aplicar la figura de la dimensión objetiva del amparo. Esto significaba que, aunque el efecto regular del amparo es que solo alcanza a los involucrados en el caso, en ciertas circunstancias se puede ampliar a otros sujetos. Así en sentencias que amparaban a determinados contribuyentes en San Salvador, Soyapango y otros municipios, el Tribunal ordenó que la autoridad municipal dejara de cobrar el impuesto inconstitucional tanto al demandante como a cualquier otro contribuyente.

Ante una violación sistemática de los derechos de los contribuyentes, la Sala se había inclinado por una posición garantista. Consideraba innecesario que cada agraviado presentara una demanda, y comenzó a ordenar ese efecto general.

Pero esas sentencias quedaron solo para estudios académicos. En la vida real, miles de contribuyentes jamás se vieron beneficiados por ellas. Las autoridades municipales ignoraron las órdenes judiciales y, poco después, la Sala de lo Constitucional dio un giro significativo.

El 19 de abril de 2017 se emitió la sentencia del proceso de amparo 446-2015. El tribunal ratificó la inconstitucionalidad de esas bases imponibles de impuestos municipales, pero dispuso que aunque las leyes no establecieran la posibilidad de deducirse los pasivos, los contribuyentes podían hacerlo en sus declaraciones y las autoridades municipales así debían aceptarlas.

Esto se traducía en un voto de confianza a las autoridades municipales. Estas, como garantes de la Constitución, aceptarían que los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos se aplicaran deducciones que no estaban previstas en la ley.

Pero las autoridades municipales no resultaron tan celosas de la Constitución como lo pensó la Sala. El resultado fue que hoy, ante los sistemáticos rechazos a permitir deducciones no previstas en la ley, los contribuyentes deben seguir una carrera de obstáculos en recursos municipales, y luego ante la misma Sala de lo Constitucional. La ruta de la defensa de los derechos constitucionales se hizo aún más larga y menos efectiva.

El pasado 1 de mayo alcaldes y concejales iniciaron un nuevo período en sus municipios. Antes de cumplir con sus promesas de campaña deberían comenzar a cumplir con la Constitución. Las autoridades municipales no pueden continuar rechazando que sus gobernados declaren sus impuestos de acuerdo con los criterios previstos por la Sala de lo Constitucional. Nada justifica que le quiten a sus gobernados recursos que ellos no están obligados a darles.

@dolmedosanchez

Los tendremos en la mira. De Humberto Sáenz Marinero

Humberto Sáenz Marinero, 4 abril 2018 / El Diario de Hoy

Hace algunos meses mencionaba que las elecciones no solo deben ocuparnos y preocuparnos cuando hay elecciones, pues el hecho de que nuestra atención al tema no sea permanente es lo que no nos ha permitido entender a cabalidad la dinámica legislativa, ni ha posibilitado que adoptemos de mejor manera el rol protagónico que nos corresponde en nuestra convivencia democrática. Somos agentes de cambios, pero no nos lo hemos creído del todo.

Acaban de pasar las elecciones legislativas y municipales, cuyos resultados confirman los bajos niveles de aceptación que hoy día tienen todos nuestros partidos político. Esto se debe, en buena medida, a la incapacidad de estos últimos para ajustarse a las nuevas realidades, así como su empecinado esfuerzo por continuar con prácticas que riñen con las más sofisticadas exigencias de probidad, austeridad, transparencia, meritocracia, rendición de cuentas y democracia interna.

Hay un mensaje que casi todos los ciudadanos entendemos, pero que los destinatarios del mismo aún no. Actitudes triunfalistas, resistencia al cambio, insistencia en el goce de privilegios, búsqueda de culpables fuera de las filas partidarias y ausencia de profundidad en el análisis, es lo que hemos encontrado en las primeras respuestas de los partidos políticos.

En lugar de propuestas legislativas concretas que intenten solventar los múltiples problemas que aquejan a nuestra sociedad, las primeras discusiones de quienes conformarán la próxima Asamblea Legislativa han girado en torno a la o las personas que ocuparán la presidencia y la junta directiva, algo que sin duda es importante pero para nada esencial.

Por ejemplo, las pasadas elecciones han dejado en evidencia algunos vacíos y problemas que se pueden presentar en materia electoral con la convivencia entre el voto por bandera y el voto por persona; pero en lugar de estar discutiendo sobre la forma de corregir estos defectos y seguir avanzando en la construcción del sistema, ya hay quienes se han atrevido a proponer regresar al pasado, eliminando el derecho ciudadano a votar por el candidato de su preferencia; en lugar de construir, destruir es la consigna.

Es cierto que en nuestro país las principales modificaciones al sistema electoral se han generado como resultado de las decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional durante los últimos casi nueve años; pero también es cierto que estando o no de acuerdo con lo que en esa sede se ha venido resolviendo, no podemos negar que ha sido la pereza y la desidia legislativa las que en gran medida nos han llevado a ese punto; y en varios casos, la inexcusable desobediencia.

Lo que simple y sencillamente ha sucedido es que los partidos políticos se han negado a tocar temas sensibles, que les incomoda o que les resta prerrogativas, por lo que la justicia constitucional ha sido el cauce sustituto que han ubicado las exigencias ciudadanas.

Es entonces momento de demostrarnos a nosotros, los ciudadanos, que no tenemos necesidad de acudir a la protección de la justicia constitucional, porque los diputados electos van a cumplir con sus obligaciones y van a legislar para salvaguardar y viabilizar el ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Los diputados deben asumir una actitud proactiva y no reactiva. ¿Por qué deben esperar una decisión judicial que les diga qué hacer y cómo hacerlo? ¿Por qué no hacerlo por propia iniciativa?

Para el caso, los diputados electos saben que una de sus más trascendentales tareas en el período 2018-2021 será elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y magistrados de Corte de Cuentas. ¿Van a esperar que exista una sentencia que les diga que otra vez se hicieron mal las cosas, o van a anticiparse y confeccionar un proceso que cumpla con las más recientes líneas jurisprudenciales y estándares internacionales?

¿Van a seguir desarrollando elecciones con un proceso que ya ha comprobado hasta la saciedad que no permite premiar el mérito y que favorece el reparto de cuotas partidarias? ¿o van a estructurar uno nuevo que de paso a elecciones transparentes, reflexivas, motivadas y con participación ciudadana?

Los diputados deben entender que muchos de sus electores esperamos un cambio radical y un divorcio absoluto con las prácticas legislativas ya enquistadas, en las que el oscurantismo, el favoritismo y la indecencia ha prevalecido. Los diputados tienen que saber que nuestras exigencias no buscan en lo absoluto debilitar el sistema de partidos, sino que, por el contrario, intentan su fortalecimiento.

Por nuestra parte, tenemos que asumir también nuestro rol, vigilando de cerca lo que harán y lo que no harán los diputados ya electos. Los primeros días serán clave en ese ejercicio ciudadano. Tenemos que lograr que sientan que los tenemos en la mira.

@hsaenzm

La Sala ha reformado la Constitución sin tener facultades constitucionales para hacerlo. De Julio Olivo


“Solo renunciaré cuando advierta que en el TSE se pretende realizar un fraude electoral”, le dice.

Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral

Julio Olivo, 18 marzo 2018 / El Diario de Hoy

Estimado Escritor y Escribidor de cartas don Paolo Luers:
He decidido gastar unas gotas de tinta, casi indelebles e imperceptibles parecidas a las que se pintó en el dedo meñique de su mano derecha, suponiendo que usted ejerció el sufragio activo en la pasada elección, ya que me parece que en su arrogancia  que no debe confundirse con ignorancia, expresa una serie de opiniones y juicios de valor que, si solo observáramos su forma, no deberían ni siquiera ser objeto de análisis jurídico, político, y mucho menos filosófico, debido a las licencias que existen en la actualidad para escribir, sobre todo desde el género epistolar que usted prefiere, hasta la narrativa y la poesía actual.

Lo que si constituye un acto cuestionable, es que se atreva a imputarme, la responsabilidad casi total, de todo lo malo y nada de lo bueno que aconteció en el proceso electoral 2018 y llegue al absurdo de conferirme poderes casi sobre naturales que no creo poseer, como el de conseguir que la mayoría de organismos internacionales y especializados en el tema electoral, como la OEA, Unión Europea, UNIORE, CELLA, AWEB, entre otros, lleguen a considerar nuestro sistema electoral como el más complejo del mundo.

En el párrafo 1, usted afirma: “tiene años de polemizar contra las sentencias de la Sala, sobre todo contra la que permitió el voto cruzado”.

Efectivamente, desde el año 2009, cuando  entraron en funciones los magistrados de la Sala de lo Constitucional, he venido sosteniendo varias tesis y principios que he defendido sin derecho a cansarme, a pesar de luchar contra los poderosos medios de comunicación y contra gente como usted que la defienden ciegamente. Y lo hago en primer lugar, porque considero que un “hombre que no tiene principios no es un hombre”. En segundo lugar porque estoy convencido que la Sala de lo Constitucional ha reformado la Constitución de la República sin tener facultades constitucionales para hacerlo y transformado el espíritu de los Acuerdos de Paz y los grandes acuerdos políticos en materia electoral; siendo esto último, muy delicado para la construcción y la consolidación de la democracia en nuestro país y que está más allá de la inclusión del voto cruzado.

En tercer lugar, porque como ya lo afirmé en mi discurso de convocatoria a elecciones que tampoco le debe  haber gustado:

“la democracia no es un juego de mesa que se realiza desde un escritorio, ya sea que lo ejecute un juez o un político…La edificación de una sociedad democrática, un verdadero estado constitucional de derecho, no se construye únicamente con buenas leyes o buenas sentencias, sino que es fruto de grandes consensos sociales, tomando en cuenta valores vertebradores como la justicia social y económica”.

En el párrafo 3, también afirma: “Después del 4 de marzo…usted se dedicó tiempo completo a presionar a los observadores internacionales y a los partidos a enfocar sus críticas al proceso electoral 2018 en un solo punto: el voto cruzado no es manejable”.

En efecto, sin tener los poderes casi sobre naturales de convencimiento que me atribuye, los representantes de las misiones de observación internacional, algunos con más de 50 misiones electorales en diferentes países del mundo…concuerdan en afirmar que en ningún país del mundo se ha complejizado el sistema electoral como en El Salvador, sobre todo, tomando en cuenta que de lo que se trata es de “facilitar el ejercicio al sufragio de los ciudadanos” y no lo contrario.

Esto al margen que comparto con usted, que debe resolverse el problema para que las minorías de ciudadanos o élites como a las que usted pertenece, o el “Club de los amigos de la Sala” para que tengan múltiples opciones de voto, pero no sacrificando ni complejizando la manera de votar para las mayorías, mucho menos con un sistema matemáticamente incorrecto, en donde se pierden votos al totalizar las fracciones de voto cruzado, por municipio, por departamento y a nivel nacional. Un sistema que aunque a usted le guste, no es el que le gusta a 190 países en el mundo y solo existe en El Salvador.

Por todo lo anterior, don Paolo, creo que solo usted y algunos de sus “amigos del club”, se atreverían a concluir que el sistema electoral de voto fraccionado o cruzado, resulta ser el más democrático de todos los países del planeta. Solo usted y sus amigos, se atreverían a cuestionar entonces la democracia y el sistema electoral de los 50 estados de EEUU y de todos los contenientes en donde no se aplica el voto cruzado fraccionado.

También usted afirma que: “un salvadoreño residente en Estados Unidos, experto en desarrollo de software, ofreció al Tribunal un sistema confiable, pero usted bloqueó esta solución para dar el paquete a Smartmatic con sus scripts erróneos”.

Parece ser que usted no mira la tele o no lee los mismos periódicos para los que escribe…en donde se han publicado diversas noticias y artículos en donde se aclara que el Presidente del TSE NO VOTÓ POR CONTRATAR a la empresa Smarmatic y expresé mis razonamientos al respecto, sobre todo porque le aposté a un esfuerzo de cooperación internacional con el gobierno de Corea del Sur en materia de tecnología y que por cierto funcionó muy bien y que fruto de ello, hoy podemos contar con 1,800 scanners donados y dispuestos a ser usados en la próxima elección.

Finalmente referirme a su fantástica solución a todos los problemas electorales en El Salvador, al afirmar en su pequeña misiva: “Si no se siente capaz de cumplir este mandato, hay una solución fácil: Renuncie y dedíquese a escribir poemas”.

Respecto a renunciar o no. Ya lo he repetido muchas veces. Solo renunciaré cuando advierta que en el TSE se pretende realizar un fraude electoral. En todo caso, usted y yo sabemos que pedirme que renuncie a trabajar por la democracia de este país, sería equivalente a pedirle a usted que “deje de escribir sus cartas”. Aunque agradezco sobre manera sus buenos deseos de sucumbir en brazos de las musas de la poesía.

Julio Olivo Granadino
Presidente del TSE

 

Vea: La carta de Paolo Luers a la cual el magistrado Olivo se refiere:
Carta al presidente del Tribunal Electoral: “Yo de Olivo no me olvido”