Sala de lo Constitucional

“Se aprendió a vivir en el marco de la Constitución”: Claudia Umañana

La coyuntura de 2012 transformó a la sociedad civil para siempre, de acuerdo a la abogada.

Claudia Umaña

Entrevista a Claudia Umaña, de Guillermo Miranda Cuestas, 14 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

En 2012, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) reunió a distintos jóvenes que rápidamente coordinaron iniciativas ciudadanas para incidir en la crisis institucional. De esos espacios surgieron líderes juveniles y organizaciones que actualmente dibujan el mapa de la sociedad civil salvadoreña joven. La presidente de DTJ, Claudia Umaña, recuerda aquellos días críticos para la democracia salvadoreña.

EDH log¿Cuál es el rol de la sociedad civil en la crisis?
La crisis realmente lo que hace es provocar una reacción desde la sociedad civil de protección hacia la institucionalidad. Eso vino a cambiar el escenario de la sociedad civil para siempre. En la Fundación DTJ tuvimos muchos acercamientos con jóvenes que nos preguntaban qué es lo que está sucediendo, porque hasta esa época los jóvenes no habían tenido esa identificación tan importante con ciertos derechos constitucionales y la comprensión de la teoría a la práctica era todavía un poco difusa. Sin embargo, se empezaron a dar iniciativas interesantísimas.

¿Como cuáles?
Movimientos que incluían formas de activismo innovadoras; marchas, videos, participaciones en medios televisivos, generadores de opinión. Esto provocó también un efecto de contagio, de tal forma que hubo un despertar de la juventud. El desafío era entonces cómo contagiar a más jóvenes para que comprendan que sus libertades individuales pueden ser dañadas en la medida en que tengamos a una Sala de lo Constitucional que ya no esté al servicio de la ciudadanía, sino que se le ate, se le provoque una parálisis que le impida ejercer los frenos y contrapesos. Surgieron iniciativas como Yo Me Visto de Blanco, el Zapatazo… Incluso meses después, cuando se quiso limitar la Ley de Acceso a la Información Pública con nuevas reservas, se desarrollaron dinámicas tan puntuales como “Presidente Vete”, que fueron muy ágiles y se volvieron virales.

¿Hubo colaboración entre generaciones?
La hubo. Recuerda que la crisis trascendió cuando se llevó el conflicto a la Corte Centroamericana de Justicia y en ese momento se vio cómo desde la institucionalidad, no solo nacional sino también regional, se intentaba mantener esa restricción que se le quería imponer a la Sala de lo Constitucional. En ese momento hubo una serie de tensiones muy fuertes; no solo estaban los abogados de gran trayectoria, los que llamamos esos “abogados notables”, los “gurús” involucrados, sino que también los jóvenes coincidieron en esa gesta de protección hacia la Sala de lo Constitucional, que estaba basada en un mayor conocimiento del contenido de la Constitución y del respeto que debe de haber de un órgano hacia el otro. Se concibió una justicia independiente como valor supremo a conservar para mantener los frenos y contrapesos.

¿Se superó la polarización alrededor de ello?
Sí, de hecho la exposición de las ideas fue lo que eventualmente fue calmando las aguas. Se aprendió a vivir el marco de la Constitución en la práctica y privó la independencia judicial y el respeto a la Constitución. Se revalorizó el rol de la Sala de lo Constitucional y fue un proceso de autodescubrimiento de la sociedad civil de su capacidad de incidencia. al sacar esa voz que, aunque vemos a veces que se vuelve a quedar callada, nos dio la percepción de que los jóvenes podían articularse de una manera efectiva e innovadora.

¿Está preparada la ciudadanía para asumir ese rol de ocurrir otra coyuntura similar?
Absolutamente. Con las nuevas técnicas que se han desarrollado, con el activismo, el país ha ido ganando una madurez destacada y de esto ya no hay un regreso. Si bien desde 1983 hemos recorrido momentos históricos, ahora es cuando veo que el tejido ya se armó y hay una sociedad civil dispuesta a cooperar para preservar la institucionalidad.

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Una Sala de cheros. De Max Mojica

La tentación de tener un Poder Judicial manejado por compadres no es solo propia de tiranos y de dictadores, sino también de gobernantes electos democráticamente, incluso en un país con una larga tradición republicana como los Estados Unidos.

max mojica-xMax Mojica, 30 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

“Una Sala de cheros” es lo que parece que todas las fracciones políticas en la Asamblea Legislativa están buscando, una Sala de lo Constitucional integrada por cheros de ellos. Gente que “ayude” y que no “estorbe”. Nombrar “compadres” que de una vez por todas sustituyan a esos molestos “Cuatro Magníficos” quienes, desde que llegaron al puesto, han estado emitiendo sentencias cuyo contenido ha incomodado a muchos políticos y de forma especial, al gobierno socialista actualmente en el poder.

EDH logQue un gobernante quiera contar con un Órgano Judicial, no digamos sumiso, pero al menos “no molesto”, no es una tentación recurrente únicamente para los gobernantes salvadoreños; la vivió Argentina con Perón y Kirchner; Cuba con Castro; Chile con Pinochet; Perú con Fujimori; Nicaragua con Ortega y Venezuela con Chávez, solo por citar algunos ejemplos latinoamericanos. Es que si en algo se parecen los dictadores de izquierda y de derecha es en desarrollar esa afición tan adictiva al poder absoluto. Eso de pesos y contrapesos republicanos, del cual un Órgano Judicial independiente forma una parte esencial, para ellos es una burgués sutileza.

Lo que resulta interesante al revisar la Historia es que la tentación de tener un Poder Judicial manejado por compadres no es solo propia de tiranos y de dictadores, sino también de gobernantes electos democráticamente, incluso en un país con una larga tradición republicana como los Estados Unidos. Ese fue el caso del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.

“Teddy” Roosevelt fue electo presidente en 1932, en plena Gran Depresión. Llegó al poder gozando de un importante apoyo popular, en un momento que una cuarta parte de la mano de obra estaba desempleada y cuando, por primera vez en décadas, un porcentaje importante de las familias norteamericanas vivía en pobreza. Adicionalmente, el Partido Demócrata que lo había llevado a la presidencia gozaba de mayoría de integrantes en el Congreso y el Senado, lo que le brindaba al presidente los votos necesarios para aprobar un “paquete legislativo” para impulsar el “New Deal”, que requería reformas a leyes existentes o creación de nuevos cuerpos legales, que permitirían hacer realidad sus promesas de campaña.

La piedra en el zapato consistía en que muchas de las leyes sobre las que se basaba el programa tenían problemas constitucionales, por lo que acabaron sometidas al control jurisdiccional del Tribunal Supremo, el cual, para molestia del presidente, escapaba a su control e influencia. El Tribunal, luego de un examen de las normativas, las declaró inconstitucionales.

Debido a la enorme popularidad adquirida por Roosevelt, derivada de los decretos presidenciales que concedían beneficios económicos a la población, éste no estaba dispuesto a que un “tecnicismo constitucional” detuviese sus ambiciosos planes políticos, por lo que empezó a atacar a los miembros del Tribunal Supremo en sus alocuciones radiales periódicas (¿les suena conocido?), acusándolos de “incapaces” y de adjudicarse ilegítimamente en su rol de jueces, las funciones de otros órganos del Estado en perjuicio del Ejecutivo y, en última instancia, del pueblo…si no hubiera aclarado que era Roosevelt, de hecho, hubiéramos pensado que se trataba de Chávez o de alguno de nuestros actuales gobernantes.

Ante la reacción negativa del Tribunal Supremo, el presidente consideró que era hora de “inyectar sangre nueva al Tribunal”, considerando que los actuales jueces (que casualmente eran los que habían decretado como inconstitucional el paquete legislativo propuesto), estaban “sobrecargados de trabajo” y esa carga laboral era excesiva para “personas de su edad”. Claramente, lo que buscaba el presidente era que los senadores destituyeran a los actuales miembros del Tribunal Supremo para elegir de dedo a nuevos integrantes, esta vez asegurándose que los nuevos jueces, fuera menos críticos a sus programas y menos “quisquillosos” a la hora de considerar que esta y aquella ley tuviese o no defectos constitucionales.

Ni la Cámara de Representantes ni el Senado -a pesar de existir en ambos una mayoría del Partido Demócrata- apoyó a Roosevelt en ese arriesgado juego político de “tomarse” el Órgano Judicial, ya que entendieron que la misma esencia de la vida democrática de la nación estaba en juego: el control constitucional independiente es esencial para que haya los pesos y contrapesos propios de una república, lo cual, a su vez, constituye la esencia de vivir bajo el imperio del Derecho y de la vida en democracia.

La lección que nos deja esta historia debe ser tomada muy en cuenta por el CNJ y eventualmente por la Asamblea Legislativa: caer en la tentación de nombrar magistrados de la Sala de lo Constitucional sumisos a los poderes fácticos en nuestro país será el tiro de gracia al contenido de los Acuerdos de Paz que tanta sangre nos costó alcanzar. Nombrar “una Sala de Cheros” sería una traición imperdonable a nuestro pueblo.

@MaxMojica

La Fedaes. De Humberto Sáenz Marinero

No podemos ceder ante aquellos que sin ningún tipo de vergüenza manifiestan su insano deseo de controlar el Órgano Judicial, sin percatarse de que con ello anuncian su rechazo a uno de los pilares de todo Estado Democrático de Derecho.

humberto saenz

Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Humberto Sáenz Marinero, 18 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

En 1967, cinco asociaciones de abogados decidieron constituir la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), la cual se organizó con el propósito inicial de propiciar la armonía y la acción conjunta del gremio de abogados. Valga señalar que desde sus orígenes, los estatutos de Fedaes previeron una presidencia rotativa de un año, entre todas las asociaciones.

En 1997, Fedaes se vio en la necesidad de ajustar sus estatutos a lo previsto por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro que por aquellos años recién entraba en vigencia. Para entonces, ya se habían incorporado 3 nuevas asociaciones de abogados con lo que Fedaes quedaba compuesta por 8 asociaciones.

EDH logTambién es oportuno mencionar que en los nuevos estatutos se decidió mantener la presidencia rotativa de un año entre todas las asociaciones y se estableció que cada asociación tendría 3 miembros propietarios y 3 suplentes designados en Junta Directiva aunque, eso sí, cada asociación contaría solamente con un voto.

Por otra parte, y como resultado de las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de paz, Fedaes adquirió un rol sumamente trascendental en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que, de acuerdo con nuestro texto constitucional, quince de los candidatos a ocupar las más altas magistraturas, deben provenir de las entidades representativas de los abogados en El Salvador.

En la práctica esto se traduce en que Fedaes, cada tres años, organiza y administra las elecciones en que el gremio de abogados elige a quince de sus pares, para que junto con otros quince propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, formen el listado de elegibles que tendrán que ser considerados por la Asamblea Legislativa para la renovación de la Corte Suprema de Justicia.

Tal como lo prevén sus estatutos, hace unos días se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva de Fedaes para el período 2017/2018, correspondiendo la presidencia – por los mismos estatutos – a la Asociación de Abogados de Oriente. Los demás cargos se reparten entre las otras asociaciones.

La Junta Directiva así electa tendrá a su cargo la administración del próximo proceso de elecciones de magistrados que el gremio llevará a cabo en 2018 y en el que, como resultado final, la Asamblea Legislativa deberá elegir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y un magistrado adicional que podrá llegar a cualquiera de las otras 3 Salas que conforman la Corte.

La tarea, desde luego, entraña una responsabilidad enorme. Esta Junta Directiva de Fedaes deberá conducir un proceso completamente transparente, eficiente y participativo, en el que desde el arranque se puedan introducir los filtros adecuados para facilitar la labor legislativa y para entorpecer el odiado reparto de cuotas.

Las 8 asociaciones de abogados que forman la Fedaes tienen a su vez el compromiso de evidenciar que el gremio está dispuesto a manejar de forma diferente las cosas; que hay unidad de criterio en cuanto al objetivo de llevar a la Corte Suprema de Justicia a los mejores elementos, y que hemos entendido que debemos impulsar no solo la honorabilidad y competencia notoria de nuestros pares, sino también la independencia político partidaria, así como las capacidades y habilidades técnicas y gerenciales para los cargos.

Lo que se espera son 8 votos de 8 asociaciones de abogados que muestren querer privilegiar el mérito en este proceso que se avecina, que recuerden y revivan los orígenes de Fedaes, que den contenido al compromiso de velar por la buena administración de justicia, la efectividad de la carrera judicial y el correcto ejercicio de la profesión y que, con sus respectivas posiciones, contribuyan a la dignificación del gremio.

La ciudadanía, por su parte, debe convertirse en un fiscalizador activo y propositivo, abandonando cualquier asomo de apatía ante un proceso eleccionario que –como ya se ha visto- afecta directa y frontalmente los intereses ciudadanos.

Hemos avanzado en la administración de justicia y sin duda alguna hemos comenzado a disfrutar las mieles de la independencia judicial. Ahora no podemos retroceder; no podemos ceder ante aquellos que sin ningún tipo de vergüenza manifiestan su insano deseo de controlar el Órgano Judicial, sin percatarse de que con ello anuncian su rechazo a uno de los pilares de todo Estado Democrático de Derecho. Fedaes y las asociaciones que la integran tienen un compromiso histórico; hay que cumplirlo.

@hsaenzm

Candidatos: ¿asumen estos cinco compromisos? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 28 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Faltan 188 días para la elección legislativa y aún no hay compromisos claros respecto a un tema de suma relevancia nacional e intergeneracional: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia –cuatro de ellos, a la Sala de lo Constitucional. A continuación y sobre esta decisión, se plantean cinco puntos no negociables para la construcción de un verdadero estado constitucional de derecho en El Salvador.

LPG1) Una elección sin retrasos. El peligro más inmediato es que la Asamblea Legislativa no elija magistrados antes de julio de 2018, sino que lo haga después de las elecciones presidenciales de 2019. Este vacío de más de medio año no solo dejaría desprotegidos los derechos fundamentales de los salvadoreños, sino que permitiría graves abusos durante el período de campaña electoral. En este escenario, la ausencia de la jurisdicción constitucional colocaría en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la confianza en las instituciones y por tanto la estabilidad política del país.

2) Una elección sin secretismos. Las decisiones que afectan al público deben ser públicas, documentadas y debidamente motivadas, tal como lo demanda la ciudadanía y ha sido ordenado en numerosos fallos por la Sala de lo Constitucional. La transparencia permite que la ciudadanía audite las decisiones de sus representantes y por ende es garantía que personas con moralidad y competencia notoria, como lo exige el artículo 176 de la Constitución, sean elegidas. Tanto los perfiles y las entrevistas de los candidatos como los debates posteriores y los criterios de evaluación, ya sea en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador o en la Asamblea Legislativa, deben presentarse de cara a la población.

3) Una elección sin cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo con los artículos 172 y 186 de la Constitución que han sido aplicados en distintas resoluciones también emanadas de la Sala de lo Constitucional. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e incluso impunidad. Promover candidatos con vínculos partidarios resulta inadmisible desde la ética y el orden constitucional.

4) Una elección sin traslados. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como ya se estableció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012.

5) Una elección sin reciclajes injustificados. No debe confundirse la carrera judicial o de servicio público, que se justifican sobre la base de la estabilidad y la meritocracia, con promover a funcionarios por su lealtad con intereses personales. Si se propone elegir a determinado juez o funcionario a la Corte Suprema de Justicia, debe justificarse cuáles son los méritos demostrados y los logros puntuales por tal persona durante su gestión al frente del servicio público. De esta forma y en sintonía con la sentencia 3-2015 de la Sala de lo Constitucional, se evitará premiar a quienes han favorecido a algún grupo de poder desde la función pública y al margen de la ley.

Las campañas electorales son oportunidades valiosas para preguntar a los candidatos y obtener compromisos concretos de estos. Desde el CEJ, invitamos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación, a hacer la siguiente pregunta a cada una de las personas que aspiran a ocupar o seguir ocupando una curul en la Asamblea Legislativa: usted, ¿asume estos cinco compromisos?

Carta a los colegas de Focos: La gallina y el huevo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Felicito a Alberto Arene, Karen Fernández y Saúl Hernández por su intento necesario y exitoso de desarrollar un formato novedoso de debate televisivo. Ya era hora. Los acompaño con apoyo, pero también con crítica.

Este domingo Alberto entrevistó a Rubén Zamora, sobre un tema importante que hay que poner en la agenda nacional: cómo renovar la política, los partidos y el trabajo parlamentario. Lastimosamente, hubo mucho análisis, en partes interesante, en partes solamente discursivo, pero ninguna pista de por dónde comenzar y en qué dirección transformar el sistema de partidos. Quedan con deuda, Alberto y Rubén.

Pero me voy a permitir enfocar en la otra entrevista, la que Karen y Saúl hicieron a Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional.

masLas insistentes preguntas y repreguntas que ustedes hicieron al magistrado demuestran que luego de 8 años de permanentes pleitos sobre el rol de la Sala de lo Constitucional todavía se dan discusiones absurdas sobre este tema. Es preocupante, ya que en pocos meses al país le toca sustituir a 4 de los 5 magistrados de esta sala. Bueno, toca a la Asamblea que vamos a elegir en marzo, pero es un asunto de país. Cómo elegir una nueva sala debería ser uno de los puntos centrales a la hora de votar por partidos y diputados particulares en marzo.

EDH logSus preguntas insistentes sobre la legitimidad el poder de la sala de tomar decisiones inapelables y de obligatorio cumplimiento por parte de los demás poderes del Estado demuestran que todavía no hay claridad sobre los principios básicos del orden republicano de controles y contrapesos. Incluso entre los generadores de opinión más avanzados e independientes, como ustedes en Focos. Construir un dilema de ¿Quién controla a los controladores?, como ustedes lo hicieron con Rodolfo González, es tan absurdo como de tratar de encontrar respuesta a lo que todos como niños nos preguntamos: ¿Qué hubo primero, la gallina o el huevo? Esto es de niños, no de analistas, amigos.

En un Estado de Derecho, cualquier disputa legal debe tener una instancia final. En todo orden republicano, esto es la Corte Suprema de Justicia. Querer tener una instancia mayor que revise las sentencias de las salas de la Corte Suprema, sólo provoca regresar con la misma pregunta: ¿Y adonde se puede apelar contra la sentencia de esta instancia mayor? Etc., etc., hasta el infinito.

Hay que asumir, de una vez por todas, que hay una instancia final en la cual delegamos el poder de decidir; que no habrá otra instancia más donde apelar; y que ciertamente no pueden ser los otros órganos del Estado, que son sujeto al control constitucional de la Sala, que pueden controlar a la Sala y revertir sus sentencias.

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Resultado y reflejo de esta discusión absurda que trataron hacer con el magistrado, son los comentarios que provocaron en redes sociales. Sólo voy a citar la más preocupante, de Lorena Peña. Preocupante porque se trata de una ex presidenta de la Asamblea. Ella escribió en Twitter sobre este tema: “Nada es inapelable, sólo en las dictaduras hay poderes absolutos.” Demuestra el desprecio del FMLN, su gobierno y sus diputados, a someterse a que una instancia judicial ejerce control sobre sus actuaciones. No, Lorena, es en las dictaduras (y no en las democracias constitucionales) donde los gobernantes no se someten al control de las instituciones jurídicas.

La pregunta ¿Quién controla a la Sala? tiene fácil respuesta: Nadie. Nunca. El dilema no es quién controla a los controladores, sino con qué criterios vamos a elegir a magistrados de la Sala, de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas y del Tribunal Electoral, para que de manera independiente controlen al Estado, sus funcionarios y sus actuaciones.

Este es el dilema que enfrentamos y que hasta hora no tiene solución en nuestro país. Y en esto debemos enfocarnos los generadores de opinión.

Ustedes, como Focos, tienen mucho que aportar para llenar este vacío. Saludos,

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Lista de súper. De Erika Saldaña

Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado.

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Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 7 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

El presupuesto de 2017 está fuera de la realidad y por eso es inconstitucional. Así lo dictaminó la Sala de lo Constitucional. En corto, no cumple el principio de equilibrio presupuestario, no se consideran gastos obligatorios y abundan los innecesarios. Se mantienen intactos las asignaciones de muchos ministerios y dependencias, mientras que para el pago de pensiones fijan mil dólares a una partida que ya sabíamos que necesitaba doscientos treinta millones de dólares en este año. Es como si del presupuesto de su casa, usted apartara una cantidad para salir con sus amigos, pero no sabe cómo pagará el colegio de sus hijos.

EDH logEsta no es la primera vez que la Sala interviene en el presupuesto. Hace un par de años estableció que es inconstitucional la existencia de partidas presupuestarias libres de auditoría y control, rechazando las llamadas “partidas secretas” o de gastos imprevistos. Además, en otras resoluciones ha dicho que hay gastos que pueden recortarse para comprar, por ejemplo, medicamentos para la hemofilia. A pesar de que estas medidas le suenan lógicas a cualquier ciudadano que le cuesta ganar su salario y salir con los gastos mensuales, el Gobierno y la Asamblea parecen no entender y no las han cumplido como deberían. Se niegan a hacer bien un presupuesto y a ordenar las cuentas del Estado.

El problema fiscal de El Salvador hay que arreglarlo y para eso es necesario, en primer lugar, ordenar la casa e implementar una verdadera política de austeridad. Cuando hablamos de recortar gastos varios funcionarios del gobierno han tergiversado las intenciones y han intentado satanizar las acciones. Lo primero que dicen es que se eliminarán los programas sociales, que no se entregarán uniformes ni alimentos a los niños en las escuelas, que no habrá medicinas en los hospitales y que se tendrá que despedir gente del aparato estatal. Nada más alejado de la realidad. Pareciera que su única intención es meter miedo a la gente necesitada que se beneficia de dichos programas.

El recorte de los gastos se tiene que dar en el día a día y donde existe grasa. Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado. Y, por otro lado, tengan a gente sufriendo la falta de un medicamento en un hospital o un niño yendo a una escuela sin agua. Si camináramos en los pasillos de las distintas instituciones públicas probablemente encontraríamos gastos que podrían eliminarse y que se invertirían mejor en áreas que beneficien directamente a distintos sectores poblacionales.

Y, seamos honestos. El Estado tiene una planilla sobrepoblada, donde se paga salario a dos personas por el trabajo que bien podría hacer una si se pone las pilas. Los administradores del aparato estatal tienen que hacer una purga y eliminar las plazas innecesarias, hacer un ajuste de salarios para pagar a cada quien por el trabajo que corresponde, y establecer un verdadero sistema de control del servicio civil. No existe un mecanismo de supervisión de la eficiencia de cada empleado público y no sabemos con certeza cuántos empleados debería tener el Estado para salir con sus quehaceres. Los tres Órganos del Estado están obligados a colaborar con las medidas que ayuden a reducir gastos e invertir de mejor manera el dinero disponible.

La diputada Lorena Peña, analizando lo dicho por la Sala en un programa de televisión, señaló que las medidas ordenadas para tratar de solventar la crisis fiscal y que se corrija el problema de equilibrio presupuestario son una lista de súper; y que el Gobierno tenía más y mejores reglas sobre la austeridad que las que se establecen en la sentencia. Si ya tienen un plan para sacar a país de la crisis y si creen que este caminaría mucho mejor sin la existencia de la Sala de lo Constitucional, adelante, demuéstrenlo. No se arriesguen a que les sigan corrigiendo la plana.

Los caminos de la ley. De Manuel Hinds

La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley. El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela.

manuel hindsManuel Hinds, 28 julio 2017 / EDH

Anteayer la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la reforma a la Ley del Sistema de Ahorros para pensiones que aprobaron la semana pasada el FMLN y GANA. Esta reforma permitía al gobierno tomar hasta el 50 % de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones del ahora extinto sistema de reparto que cesó de funcionar en 1997. Esta reforma contravenía directamente la sentencia que la Sala emitió en diciembre de 2014, en la que estableció como máximo el 45 % que existía hasta entonces para no limitar excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar en beneficio de los trabajadores. El gobierno reaccionó con furia y con veladas amenazas de hacer cosas que no especificó pero que sonaban traumáticas para pagar las pensiones que adeuda.

EDH logEl gobierno se ha pintado como víctima de la Sala de lo Constitucional, diciendo que és-ta no quiere dejarlo gobernar, que sigue una agenda escondida de ARENA, que se excede en sus facultades, y alegando como prueba que la Sala ha emitido muchas sentencias en contra del gobierno en éste y otros temas. El gobierno no reconoce, ni quiere reconocer, que este no es ningún argumento, como no lo es el del delincuente que se queja de que la policía tiene algo en contra de él porque cada vez que quiere delinquir lo detiene.

La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley.

El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela. Ha puesto el ojo en los ahorros (cerca de 10 mil millones de dólares) que los trabajadores acumulan para luego financiar los pagos de sus pensiones, y los quiere. Su expropiación le permitiría gastar a manos llenas de aquí a las elecciones sin tener que manejarse con prudencia. De esta manera, los trabajadores salvadoreños financiarían las campañas electorales del FMLN. Al gobierno le parece escandaloso que la Sala defienda los derechos de los trabajadores.

Las amenazas del gobierno sólo añaden un detalle a lo que ha estado tratando de hacer por mucho tiempo para apropiarse de los ahorros de los trabajadores con el fin último de apropiarse del poder total en el país, y para siempre. En esta vena, el gobierno ha tratado muchas veces de confiscar al menos la mitad de estos ahorros, fracasando muchas veces, la última el martes pasado. Paralelamente, ha seguido una estrategia de ir logrando que los fondos de pensiones le presten más y más dinero, pagándoles tasas de interés mucho más bajas que las que les paga a otros acreedores. Esta estrategia paralela, que se podría llamar la del salami, es la que la Sala detuvo en diciembre de 2014 y volvió a detener ayer. Esto provocó las quejas del gobierno y las poses de estar luchando por pagar las pensiones.

La hipocresía profunda del gobierno se evidencia en el hecho que se pinta a sí mismo como un defensor del pago de las pensiones de los trabajadores cuando, al mismo tiempo, les está reduciendo las pensiones que pueden recibir al rebajarles las tasas de interés que les pagan, y está tratando de confiscarles el dinero que los trabajadores mismos han ahorrado para retirarse.

Pero los esfuerzos del gobierno para perpetuarse en el poder, no se detienen en la apropiación de fondos de los trabajadores. Por varios años ha tratado de echar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de quitarle el poder a la Sala misma, de ahogar al Tribunal Supremo Electoral por falta de fondos para quitarle transparencia a las elecciones, y, en estos días, han empezado a hablar de cambiar la Constitución.

Si todavía queda algún norteado que no se ha dado cuenta de que nos llevan por la misma ruta que Venezuela, ya es tiempo de que se entere y que mida las consecuencias de lo que está pasando. Distraídos en el chambre diario, en el último tuit, en el video viral, los salvadoreños no se están dando cuenta de que vamos hacia la esclavitud.