Sala de lo Constitucional

Lista de súper. De Erika Saldaña

Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 7 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

El presupuesto de 2017 está fuera de la realidad y por eso es inconstitucional. Así lo dictaminó la Sala de lo Constitucional. En corto, no cumple el principio de equilibrio presupuestario, no se consideran gastos obligatorios y abundan los innecesarios. Se mantienen intactos las asignaciones de muchos ministerios y dependencias, mientras que para el pago de pensiones fijan mil dólares a una partida que ya sabíamos que necesitaba doscientos treinta millones de dólares en este año. Es como si del presupuesto de su casa, usted apartara una cantidad para salir con sus amigos, pero no sabe cómo pagará el colegio de sus hijos.

EDH logEsta no es la primera vez que la Sala interviene en el presupuesto. Hace un par de años estableció que es inconstitucional la existencia de partidas presupuestarias libres de auditoría y control, rechazando las llamadas “partidas secretas” o de gastos imprevistos. Además, en otras resoluciones ha dicho que hay gastos que pueden recortarse para comprar, por ejemplo, medicamentos para la hemofilia. A pesar de que estas medidas le suenan lógicas a cualquier ciudadano que le cuesta ganar su salario y salir con los gastos mensuales, el Gobierno y la Asamblea parecen no entender y no las han cumplido como deberían. Se niegan a hacer bien un presupuesto y a ordenar las cuentas del Estado.

El problema fiscal de El Salvador hay que arreglarlo y para eso es necesario, en primer lugar, ordenar la casa e implementar una verdadera política de austeridad. Cuando hablamos de recortar gastos varios funcionarios del gobierno han tergiversado las intenciones y han intentado satanizar las acciones. Lo primero que dicen es que se eliminarán los programas sociales, que no se entregarán uniformes ni alimentos a los niños en las escuelas, que no habrá medicinas en los hospitales y que se tendrá que despedir gente del aparato estatal. Nada más alejado de la realidad. Pareciera que su única intención es meter miedo a la gente necesitada que se beneficia de dichos programas.

El recorte de los gastos se tiene que dar en el día a día y donde existe grasa. Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado. Y, por otro lado, tengan a gente sufriendo la falta de un medicamento en un hospital o un niño yendo a una escuela sin agua. Si camináramos en los pasillos de las distintas instituciones públicas probablemente encontraríamos gastos que podrían eliminarse y que se invertirían mejor en áreas que beneficien directamente a distintos sectores poblacionales.

Y, seamos honestos. El Estado tiene una planilla sobrepoblada, donde se paga salario a dos personas por el trabajo que bien podría hacer una si se pone las pilas. Los administradores del aparato estatal tienen que hacer una purga y eliminar las plazas innecesarias, hacer un ajuste de salarios para pagar a cada quien por el trabajo que corresponde, y establecer un verdadero sistema de control del servicio civil. No existe un mecanismo de supervisión de la eficiencia de cada empleado público y no sabemos con certeza cuántos empleados debería tener el Estado para salir con sus quehaceres. Los tres Órganos del Estado están obligados a colaborar con las medidas que ayuden a reducir gastos e invertir de mejor manera el dinero disponible.

La diputada Lorena Peña, analizando lo dicho por la Sala en un programa de televisión, señaló que las medidas ordenadas para tratar de solventar la crisis fiscal y que se corrija el problema de equilibrio presupuestario son una lista de súper; y que el Gobierno tenía más y mejores reglas sobre la austeridad que las que se establecen en la sentencia. Si ya tienen un plan para sacar a país de la crisis y si creen que este caminaría mucho mejor sin la existencia de la Sala de lo Constitucional, adelante, demuéstrenlo. No se arriesguen a que les sigan corrigiendo la plana.

Los caminos de la ley. De Manuel Hinds

La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley. El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela.

manuel hindsManuel Hinds, 28 julio 2017 / EDH

Anteayer la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la reforma a la Ley del Sistema de Ahorros para pensiones que aprobaron la semana pasada el FMLN y GANA. Esta reforma permitía al gobierno tomar hasta el 50 % de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones del ahora extinto sistema de reparto que cesó de funcionar en 1997. Esta reforma contravenía directamente la sentencia que la Sala emitió en diciembre de 2014, en la que estableció como máximo el 45 % que existía hasta entonces para no limitar excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar en beneficio de los trabajadores. El gobierno reaccionó con furia y con veladas amenazas de hacer cosas que no especificó pero que sonaban traumáticas para pagar las pensiones que adeuda.

EDH logEl gobierno se ha pintado como víctima de la Sala de lo Constitucional, diciendo que és-ta no quiere dejarlo gobernar, que sigue una agenda escondida de ARENA, que se excede en sus facultades, y alegando como prueba que la Sala ha emitido muchas sentencias en contra del gobierno en éste y otros temas. El gobierno no reconoce, ni quiere reconocer, que este no es ningún argumento, como no lo es el del delincuente que se queja de que la policía tiene algo en contra de él porque cada vez que quiere delinquir lo detiene.

La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley.

El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela. Ha puesto el ojo en los ahorros (cerca de 10 mil millones de dólares) que los trabajadores acumulan para luego financiar los pagos de sus pensiones, y los quiere. Su expropiación le permitiría gastar a manos llenas de aquí a las elecciones sin tener que manejarse con prudencia. De esta manera, los trabajadores salvadoreños financiarían las campañas electorales del FMLN. Al gobierno le parece escandaloso que la Sala defienda los derechos de los trabajadores.

Las amenazas del gobierno sólo añaden un detalle a lo que ha estado tratando de hacer por mucho tiempo para apropiarse de los ahorros de los trabajadores con el fin último de apropiarse del poder total en el país, y para siempre. En esta vena, el gobierno ha tratado muchas veces de confiscar al menos la mitad de estos ahorros, fracasando muchas veces, la última el martes pasado. Paralelamente, ha seguido una estrategia de ir logrando que los fondos de pensiones le presten más y más dinero, pagándoles tasas de interés mucho más bajas que las que les paga a otros acreedores. Esta estrategia paralela, que se podría llamar la del salami, es la que la Sala detuvo en diciembre de 2014 y volvió a detener ayer. Esto provocó las quejas del gobierno y las poses de estar luchando por pagar las pensiones.

La hipocresía profunda del gobierno se evidencia en el hecho que se pinta a sí mismo como un defensor del pago de las pensiones de los trabajadores cuando, al mismo tiempo, les está reduciendo las pensiones que pueden recibir al rebajarles las tasas de interés que les pagan, y está tratando de confiscarles el dinero que los trabajadores mismos han ahorrado para retirarse.

Pero los esfuerzos del gobierno para perpetuarse en el poder, no se detienen en la apropiación de fondos de los trabajadores. Por varios años ha tratado de echar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de quitarle el poder a la Sala misma, de ahogar al Tribunal Supremo Electoral por falta de fondos para quitarle transparencia a las elecciones, y, en estos días, han empezado a hablar de cambiar la Constitución.

Si todavía queda algún norteado que no se ha dado cuenta de que nos llevan por la misma ruta que Venezuela, ya es tiempo de que se entere y que mida las consecuencias de lo que está pasando. Distraídos en el chambre diario, en el último tuit, en el video viral, los salvadoreños no se están dando cuenta de que vamos hacia la esclavitud.

Van por la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo.

Luis Mario Rodríguez, 25 mayo 2017 / EDH

En los últimos dos años se han intensificado los artificios legales para tomarse algunas de las instituciones que por años acogieron la relación tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. En 2013 se neutralizó por completo al Consejo Superior del Trabajo (CST). Esta instancia surgió después de la firma del acuerdo de paz como un espacio para que los sectores laboral y privado discutieran, bajo la mediación del Ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo, distintas medidas que fortalecieran los derechos laborales, incentivaran el crecimiento económico y promovieran el cumplimiento de los tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de 19 años ininterrumpidos de fomentar el diálogo social, el ministro de turno rechazó las propuestas de las organizaciones sindicales alegando que no estaban representadas algunas que, según trascendió públicamente, son afines al partido de gobierno. Las federaciones de sindicatos que han formado parte del CST alegan que el ministerio autorizó cientos de sindicatos, pasando, según las estadísticas de 2013, año en el que se desarticuló el ente tripartito, de 213 a 618 entre públicos y privados.
En 2015 la OIT urgió al gobierno salvadoreño a reactivar al CST señalando que su acefalía violenta el convenio sobre libertad sindical ratificado por El Salvador en 2006 después de una intensa negociación entre las autoridades de ese entonces y el partido FMLN. A dos años de la resolución de la OIT el CST continúa sin operar.

La misma estrategia se utilizó para la designación de los representantes laborales en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). El período para el cual fueron elegidos sus miembros finalizó en febrero de 2015 y el Ministerio de Trabajo convocó a elecciones hasta el 31 de octubre de 2016 en medio de la negociación para el aumento del salario mínimo. Tanto las organizaciones sindicales del sector privado como las gremiales empresariales delataron serias irregularidades en la elección de los nuevos integrantes quienes finalmente aprobaron un incremento salarial con montos y condiciones diferentes a los que originalmente pactaron las anteriores autoridades del CNSM.
En un nuevo episodio de saqueo institucional el Grupo Promotor (GP) de la Ley de Acceso a la Información Pública denunció los intentos por controlar el Instituto que tiene a su cargo la aplicación de esta normativa. La queja señala la manipulación del reglamento de elección por parte de Casa Presidencial al exigir la presencia del representante legal de las organizaciones con derecho a voto sin permitírseles otorgar un poder para que alguien más comparezca en su nombre. Además el GP rechaza la participación de organizaciones que no pueden participar en la elección porque su naturaleza jurídica es la de una asociación cooperativa cuando la ley establece el derecho para las asociaciones empresariales. También criticó la imposibilidad de examinar con el rigor necesario las hojas de vida de los candidatos, varios de los cuales, según el comunicado de esa instancia ciudadana, carecen de la experiencia para ocupar el cargo de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Esta realidad puede llevarnos de nuevo a la oscuridad en la que vivíamos antes de 2011 y que favoreció el mal manejo de los fondos públicos.

Con esos antecedentes a sus espaldas es muy probable que la próxima “víctima” sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo. Sus resoluciones han modernizado el sistema electoral, promovieron el acceso a la información pública, iniciaron la despartidización de varias entidades del Estado, impulsaron la transparencia y la democratización interna de los partidos políticos y han sido fundamentales, junto con el resto de integrantes del máximo tribunal de justicia y la Fiscalía General de la República, en la lucha contra la corrupción. También revalorizó la justicia constitucional.

La concentración del poder político debilita por completo a los sistemas democráticos. Venezuela y Nicaragua son dos claros ejemplos en la región latinoamericana. Sin independencia de poderes los ciudadanos pierden la mayoría de sus libertades individuales. Detener esta insana pretensión es urgente si se quiere vivir en un pleno Estado de derecho.

Carta a los usuarios del SITRAMSS: El pleito no es con ustedes. De Paolo Luers

Paolo Luers, 13 mayo 2017 / EDH y MAS!

Estimados ciudadanos que todos los días usan el SITRAMSS:
No se dejen engañar: Este pleito sobre la constitucionalidad del SITRAMSS no es con ustedes. Es entre el gobierno y la Constitución.

Quieren convencerles que la Sala se puso en contra del transporte público moderno, seguro, rápido y limpio. Falso. La Sala no prohibió al SITRAMSS ni la circulación de sus buses. Sólo ordenó que los carriles, que por decisión arbitraria del gobierno eran exclusivamente para el SITRAMSS y los vehículos de los funcionarios del Estado, se abrieran para todos los demás ciudadanos, quienes igual que ustedes circulan todos los días entre San Salvador y la zona de Soyapango.

Como ya vieron, el SITRAMSS sigue funcionando, un poco menos rápido, pero fluido – y todos los demás ya no sufren las tremendas trabazones. Nadie salió jodido.

Ni los magistrados (ahora declarados enemigos de la patria por el FMLN), ni nadie que tenga sus cinco sentidos está en contra de la idea de un transporte urbano moderno, rápido y seguro. El problema es que los gobiernos del FMLN lo han ejecutado muy mal: de forma inconstitucional. Lo hicieron sin la Asamblea, que tenía que aprobar la concesión a la empresa operadora; de manera corrupta, por la manera mafiosa como crearon las empresas operadoras; de manera ineficiente, porque no hicieron caso a los expertos para diseñar el sistema y las rutas.

Para resolver un problema, crearon docenas de nuevos problemas. Medio lo resolvieron a los usuarios del SITRAMSS, pero jodieron a todos los demás que circulamos en carros, buses tradicionales, camiones.

Si hubieran cumplido con la Constitución y presentado el proyecto a la Asamblea, esta hubiera exigido que lo modifiquen de manera que salga una solución verdaderamente integral: o sea, que no favorezca a unos y fregando a los demás.

Soluciones técnicas hay. Expertos hay. Modelos de empresas público-privadas limpias hay. Financiamiento para un proyecto real e integral hay. Lo que faltó al gobierno y al ministro Gerson Martínez es voluntad política de hacerlo correctamente. Prefirieron hacer algo improvisado con sus empresas ALBA y sus cheros transportistas, excluyendo a los demás.

Todavía no es tarde. Nadie quiere quitar el SITRAMSS. Se trata de corregir los errores cometidos, antes de ampliarlo hasta Santa Tecla y crear más caos.

No se dejen enganchar con las consignas del FMLN contra la Sala. Ella sólo cumplió con su deber, que es garantizar que nadie se pase por encima de la Constitución. Los que no les han cumplido a ustedes, son los funcionarios corruptos que han creado un monopolio corrupto e ineficiente de transporte público.

Saludos,

¿Y si la Sala de lo Constitucional queda acéfala? De Daniel Olmedo

Tras nueve años la Sala de lo Constitucional se renovará casi en su totalidad. Y esto ocurrirá en un momento en que ese tribunal ha alcanzado una posición protagónica en la dinámica institucional.

Daniel Olmedo, 11 mayo 2017 / EDH

El 15 de julio de 2018 termina el período de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Lo mismo sucederá con cuatro de sus cinco suplentes. Por ello las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia del próximo año serán de particular importancia.

Tras nueve años la Sala de lo Constitucional se renovará casi en su totalidad. Y esto ocurrirá en un momento en que ese tribunal ha alcanzado una posición protagónica en la dinámica institucional.

De ahí que es previsible que sean muy intensos los procedimientos ante el Consejo Nacional de la Judicatura y ante el gremio de abogados para proponer la lista de treinta candidatos. De igual manera se augura una dura negociación en el seno de la Asamblea Legislativa para elegir, de entre esos candidatos, a quienes finalmente ocuparán esas magistraturas hasta 2027.

Nuestra reciente historia parlamentaria nos muestra que la Asamblea Legislativa se ha caracterizado por retrasarse en la elección de ciertos funcionarios. Así han dejado acéfalas a las instituciones durante tres o doce meses sin que eso cause mayor grima en muchos diputados. Por ello es previsible que lleguemos al 15 de julio de 2018 sin los nuevos magistrados.

Esa circunstancia nos pondrá en una situación particularmente grave. Mientras la Asamblea Legislativa no elija a los nuevos magistrados, la Sala de lo Constitucional permanecerá acéfala. Únicamente contará con la participación de un magistrado propietario y un suplente. Dos magistrados son insuficientes para formar quórum y tomar cualquier decisión.

Esto significa que mientras no se elijan a los nuevos magistrados, las autoridades podrán emitir actuaciones, o aprobar normas sin el control constitucional de la Sala. Eso puede convenir a quienes les incomoda la separación de poderes; pero sería algo muy peligroso para la democracia, y en particular para usted, ciudadano.

Por eso, desde ya debemos prepararnos ante esa situación. Y una manera de hacerlo es identificar alternativas para mitigar los riesgos en que nos colocaría la Asamblea Legislativa ante una demora –deliberada o no– para elegir a los magistrados en 2018.

Desconozco cómo enfrentar el riesgo que supondrá la ausencia de una Sala que resuelva procesos de inconstitucionalidad –cuyo objeto es controlar la constitucionalidad de leyes y normas de un modo general–. Pero sí pueden haber alternativas para enfrentar la imposibilidad de resolver procesos de amparo –cuyo objeto es controlar la constitucionalidad de un acto de autoridad en un caso concreto–.

Si ante una acefalía de la Sala no se puede reclamar vía amparo la violación de derechos fundamentales provocadas por autoridades administrativas, la solución pasará por migrar esos reclamos a la Sala de lo Contencioso Administrativo. En las demandas ante ese tribunal también pueden invocarse como objeto de control categorías constitucionales.

Y en cuanto a violaciones a derechos fundamentales provocadas por otro tipo de autoridades –y que tengan una connotación patrimonial– los afectados podrán migrar sus reclamos hacia los tribunales civiles y mercantiles, presentando demandas por responsabilidad extracontractual contra los funcionarios directamente, y exigiéndoles la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. La base para ello será el artículo 245 de la Constitución, que dispone: “Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución”.

De ese modo, si en 2018 la Asamblea Legislativa nos deja sin un tribunal constitucional, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y los jueces civiles y mercantiles tendrán una oportunidad especial para protagonizar la defensa del Estado de Derecho y la Constitución.

@dolmedosanchez

Las corrientes del pensamiento jurídico en 2018. Centro de Estudios Jurídicos CEJ

En 2018 se elegirá a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuatro ocuparán las vacantes que quedarán en la Sala de lo Constitucional.

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 16 enero 2017 / LPG

Es justo reconocer que el país heredará una Sala de lo Constitucional remozada y con un poder más amplio e intenso que el que tenía en 2009; de ahí que la elección que se avecina tiene una trascendencia particular.

En nuestra comunidad jurídica hay excelentes colegas, que desde una magistratura podrían fortalecer aún más la justicia constitucional y el Estado de Derecho, por lo que el reto es perfeccionar el procedimiento de elección en todas sus fases, y así alcanzar un tribunal constitucional de calidad y equilibrado.

Uno de los análisis que debe emerger en el proceso de elección de 2018 y que ahora queremos destacar es el exigido en el art. 186 de la Constitución: determinar cuál corriente del pensamiento jurídico representa cada candidato.

la prensa graficaEn la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012, la Sala de lo Constitucional dijo que la Asamblea Legislativa “debe renovar la tercera parte de los Magistrados de la Corte cuya posesión del cargo deben asumir en el mes de julio del año de su elección, y posibilitar así que en la renovación de la Corte se exprese la evolución de las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico”. Luego en la sentencia de inconstitucionalidad 94-2014 expresó que “el pluralismo jurídico de los magistrados de la Corte es una característica básica que debe ser considerada en el proceso de selección”.

De ahí que en el proceso de selección de candidatos que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en 2015, se preguntó a los postulantes que identificaran la corriente del pensamiento jurídico que representaban. Pero es probable –como pudimos evidenciarlo– que la simple incorporación de esa pregunta en un cuestionario, y las respuestas automáticas de los postulantes oscilando entre iusnaturalistas y positivistas, sea insuficiente para cumplir con el requisito constitucional. Este es un buen momento para dar un salto de calidad.

Desde ya abogamos para que en el procedimiento ante el CNJ se planteen a los postulantes casos hipotéticos, se les exijan análisis críticos sobre sentencias emitidas en el pasado, o se realicen preguntas sobre hermenéutica jurídica. Todo a fin de escudriñar el pensamiento jurídico de los postulantes.

Y en el procedimiento ante FEDAES, desde ya proponemos que la comunidad de abogados exija a los candidatos que la campaña no la centren en eventos sociales, sino en disertaciones y debates académicos en que los abogados podamos conocer las posturas intelectuales de los candidatos.

Eso supone que hoy, un año antes de que inicien los procedimientos de selección, quienes estén interesados en ser magistrados en 2018 tienen el reto de comenzar a reflexionar sobre sí mismos y definir su corriente de pensamiento. Deben articular y definir su pensamiento jurídico a partir de la filosofía del Derecho. De ese modo, cuando llegue el momento oportuno, podrán exponerlo y justificarlo ante el pleno del CNJ, la comunidad de abogados y la sociedad.

El candidato que tenga una postura intelectual clara y sólida debe tener una ventaja significativa frente a sus competidores en el procedimiento. Y para que eso sea así, los miembros del CNJ y los abogados tenemos la obligación de elevar la exigencia del cumplimiento del requisito previsto en el art. 186 de la Constitución.

Tener una u otra visión respecto a un fenómeno jurídico no hace a los sujetos mejores o peores. La diversidad es propia de la naturaleza humana. La pluralidad de pensamiento jurídico en la Corte, y particularmente en la Sala de lo Constitucional, puede enriquecer y equilibrar sus decisiones. Con un tribunal monocromático, o con sujetos sin posturas intelectuales claras, es menos probable que eso se logre.

Carta de bienvenida al 2017: Lo que quisiera ver este año. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 3 enero 2017 / EDH

No voy a pedir nada imposible. No es hora de soñar, sino de reclamar lo necesario y posible. A esto sí tenemos derecho.

En 2017 quisiera ver…

  • …elecciones primarias, donde FMLN y ARENA permitan a líderes de la sociedad civil competir en condiciones justas por las candidaturas a diputados y alcaldes.
  • …que los liderazgos emergentes de la sociedad civil, más allá de criticar a la clase política, comiencen a revolucionarla – tomando espacios, candidaturas, protagonismo.
  • …perfilándose potenciales candidatos presidenciales y ministros a través de un debate abierto y audaz sobre las políticas públicas necesarias para llevar al país a la ruta de crecimiento económico, seguridad jurídica y paz social.
  • …que en ARENA participen figuras como Claudia Umaña, José Miguel Fortín, Javier Simán, Carlos Calleja, Chico Bertrand Galindo, Ana Vilma de Escobar de este debate. En el FMLN me temo que será entre los pocos que tienen la venia del Buró Político…
  • …que Bukele tenga que enfrentar en la elección del próximo alcalde de San Salvador un candidato como Diego de Sola o Johnny Wright Sol.
  • …candidatos a diputados como Erika Saldaña, Cristina López, Guillermo Miranda, Marlon Anzora, Aida Betancourt, Felissa Cristales, Berta María Deleón, Max Mojica, Eduardo Cader, Juan Pablo Fontán, Bessy Ríos, Zaira Navas. (Vean que me he esforzado a proponerle al FMLN por lo menos 4 candidatos que le harían honor…)
  • …que ARENA deje un municipio (¿por qué no Soyapango?) a un candidato y equipo que represente el relevo generacional, la apertura hacia la sociedad civil y la renovación – para ensayar y enseñar cómo podrían ser la cara, el contenido y el lenguaje de la ARENA del futuro. Si no, de todos modos no ganan esta alcaldía.
  • …durante todo el año las universidades, los gremios de abogados, las organizaciones civiles discutan el perfil de los futuros magistrados de la Sala de lo Constitucional, para que el final del año exista un banco plural de profesionales altamente capacitados, preparados e independientes, cuyas concepciones jurídicas y filosóficas sean coherentes, transparentes y discutidos – para que la Asamblea pueda escoger de ahí a los 10 propietarios y suplentes que tiene que elegir en el 2018.
  • …al fiscal general revisar (y posiblemente retirar) los casos penales producidos en la fabrica de manipulaciones de Luis Martínez y Julio Arriaza – entre ellos el de la tregua.
  • …a Mauricio Funes encarar a sus jueces y enfrentar la justicia.
  • …a la fiscalía y los tribunales procediendo ágilmente con los juicios contra Saca, Luis Martínez, y toda la lista de funcionarios señalados por la Sección Probidad, para que se tenga la verdad y las condenas – y para poner un punto final en forma de una amnistía y reformas legales e institucionales que garanticen que a partir de este punto ya no exista impunidad para los corruptos.
  • …que en la opinión pública, y entre la academia, el sector privado, las organizaciones civiles, las iglesias y los partidos se desarrolle un debate serio, plural y libre de amarres ideológicos para analizar las distintas políticas de seguridad pública: mano dura, tregua, prevención, guerra contra las pandillas – con el fin de facilitar que el siguiente gobierno no sea condenado a continuar o repetir políticas y prioridades fracasadas.
  • …la Sala no se vaya sin obligar a la Asamblea a completar la reforma electoral; y sin establecer jurisdicción que impida al gobierno (cualquier gobierno que venga) a robarse las pensiones.

¿Será que con estos deseos me pasé de la raya entre realismo e ilusión? Bueno, se trata de mover esta frontera entre lo posible y lo imposible, desafiarla, empujarla. Si la meta es baja, poco vamos a lograr.

Feliz año nuevo,

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