Sala de lo Constitucional

La Fedaes. De Humberto Sáenz Marinero

No podemos ceder ante aquellos que sin ningún tipo de vergüenza manifiestan su insano deseo de controlar el Órgano Judicial, sin percatarse de que con ello anuncian su rechazo a uno de los pilares de todo Estado Democrático de Derecho.

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Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Humberto Sáenz Marinero, 18 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

En 1967, cinco asociaciones de abogados decidieron constituir la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), la cual se organizó con el propósito inicial de propiciar la armonía y la acción conjunta del gremio de abogados. Valga señalar que desde sus orígenes, los estatutos de Fedaes previeron una presidencia rotativa de un año, entre todas las asociaciones.

En 1997, Fedaes se vio en la necesidad de ajustar sus estatutos a lo previsto por la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro que por aquellos años recién entraba en vigencia. Para entonces, ya se habían incorporado 3 nuevas asociaciones de abogados con lo que Fedaes quedaba compuesta por 8 asociaciones.

EDH logTambién es oportuno mencionar que en los nuevos estatutos se decidió mantener la presidencia rotativa de un año entre todas las asociaciones y se estableció que cada asociación tendría 3 miembros propietarios y 3 suplentes designados en Junta Directiva aunque, eso sí, cada asociación contaría solamente con un voto.

Por otra parte, y como resultado de las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de paz, Fedaes adquirió un rol sumamente trascendental en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que, de acuerdo con nuestro texto constitucional, quince de los candidatos a ocupar las más altas magistraturas, deben provenir de las entidades representativas de los abogados en El Salvador.

En la práctica esto se traduce en que Fedaes, cada tres años, organiza y administra las elecciones en que el gremio de abogados elige a quince de sus pares, para que junto con otros quince propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, formen el listado de elegibles que tendrán que ser considerados por la Asamblea Legislativa para la renovación de la Corte Suprema de Justicia.

Tal como lo prevén sus estatutos, hace unos días se llevó a cabo la elección de la Junta Directiva de Fedaes para el período 2017/2018, correspondiendo la presidencia – por los mismos estatutos – a la Asociación de Abogados de Oriente. Los demás cargos se reparten entre las otras asociaciones.

La Junta Directiva así electa tendrá a su cargo la administración del próximo proceso de elecciones de magistrados que el gremio llevará a cabo en 2018 y en el que, como resultado final, la Asamblea Legislativa deberá elegir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y un magistrado adicional que podrá llegar a cualquiera de las otras 3 Salas que conforman la Corte.

La tarea, desde luego, entraña una responsabilidad enorme. Esta Junta Directiva de Fedaes deberá conducir un proceso completamente transparente, eficiente y participativo, en el que desde el arranque se puedan introducir los filtros adecuados para facilitar la labor legislativa y para entorpecer el odiado reparto de cuotas.

Las 8 asociaciones de abogados que forman la Fedaes tienen a su vez el compromiso de evidenciar que el gremio está dispuesto a manejar de forma diferente las cosas; que hay unidad de criterio en cuanto al objetivo de llevar a la Corte Suprema de Justicia a los mejores elementos, y que hemos entendido que debemos impulsar no solo la honorabilidad y competencia notoria de nuestros pares, sino también la independencia político partidaria, así como las capacidades y habilidades técnicas y gerenciales para los cargos.

Lo que se espera son 8 votos de 8 asociaciones de abogados que muestren querer privilegiar el mérito en este proceso que se avecina, que recuerden y revivan los orígenes de Fedaes, que den contenido al compromiso de velar por la buena administración de justicia, la efectividad de la carrera judicial y el correcto ejercicio de la profesión y que, con sus respectivas posiciones, contribuyan a la dignificación del gremio.

La ciudadanía, por su parte, debe convertirse en un fiscalizador activo y propositivo, abandonando cualquier asomo de apatía ante un proceso eleccionario que –como ya se ha visto- afecta directa y frontalmente los intereses ciudadanos.

Hemos avanzado en la administración de justicia y sin duda alguna hemos comenzado a disfrutar las mieles de la independencia judicial. Ahora no podemos retroceder; no podemos ceder ante aquellos que sin ningún tipo de vergüenza manifiestan su insano deseo de controlar el Órgano Judicial, sin percatarse de que con ello anuncian su rechazo a uno de los pilares de todo Estado Democrático de Derecho. Fedaes y las asociaciones que la integran tienen un compromiso histórico; hay que cumplirlo.

@hsaenzm

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Candidatos: ¿asumen estos cinco compromisos? Del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

centro estudios CEJCentro de Estudios Jurídicos CEJ, 28 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Faltan 188 días para la elección legislativa y aún no hay compromisos claros respecto a un tema de suma relevancia nacional e intergeneracional: la elección de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia –cuatro de ellos, a la Sala de lo Constitucional. A continuación y sobre esta decisión, se plantean cinco puntos no negociables para la construcción de un verdadero estado constitucional de derecho en El Salvador.

LPG1) Una elección sin retrasos. El peligro más inmediato es que la Asamblea Legislativa no elija magistrados antes de julio de 2018, sino que lo haga después de las elecciones presidenciales de 2019. Este vacío de más de medio año no solo dejaría desprotegidos los derechos fundamentales de los salvadoreños, sino que permitiría graves abusos durante el período de campaña electoral. En este escenario, la ausencia de la jurisdicción constitucional colocaría en grave riesgo la legitimidad del acceso al poder político, la confianza en las instituciones y por tanto la estabilidad política del país.

2) Una elección sin secretismos. Las decisiones que afectan al público deben ser públicas, documentadas y debidamente motivadas, tal como lo demanda la ciudadanía y ha sido ordenado en numerosos fallos por la Sala de lo Constitucional. La transparencia permite que la ciudadanía audite las decisiones de sus representantes y por ende es garantía que personas con moralidad y competencia notoria, como lo exige el artículo 176 de la Constitución, sean elegidas. Tanto los perfiles y las entrevistas de los candidatos como los debates posteriores y los criterios de evaluación, ya sea en el Consejo Nacional de la Judicatura, en la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador o en la Asamblea Legislativa, deben presentarse de cara a la población.

3) Una elección sin cuotas partidarias. La justicia constitucional debe ser independiente e imparcial, de acuerdo con los artículos 172 y 186 de la Constitución que han sido aplicados en distintas resoluciones también emanadas de la Sala de lo Constitucional. Cuando las instituciones son repartidas en cuotas partidarias, su funcionamiento no responde a la ley ni a la conciencia de sus miembros, sino a grupos de poder que reclaman privilegios e incluso impunidad. Promover candidatos con vínculos partidarios resulta inadmisible desde la ética y el orden constitucional.

4) Una elección sin traslados. Los artículos 174 y 186 de la Constitución establecen que la Sala de lo Constitucional se conforma por magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa para integrar dicho tribunal durante nueve años. Por tanto, está prohibida cualquier norma jurídica o designación que permita trasladar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional o viceversa, como ya se estableció en la sentencia de inconstitucionalidad 19-2012.

5) Una elección sin reciclajes injustificados. No debe confundirse la carrera judicial o de servicio público, que se justifican sobre la base de la estabilidad y la meritocracia, con promover a funcionarios por su lealtad con intereses personales. Si se propone elegir a determinado juez o funcionario a la Corte Suprema de Justicia, debe justificarse cuáles son los méritos demostrados y los logros puntuales por tal persona durante su gestión al frente del servicio público. De esta forma y en sintonía con la sentencia 3-2015 de la Sala de lo Constitucional, se evitará premiar a quienes han favorecido a algún grupo de poder desde la función pública y al margen de la ley.

Las campañas electorales son oportunidades valiosas para preguntar a los candidatos y obtener compromisos concretos de estos. Desde el CEJ, invitamos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación, a hacer la siguiente pregunta a cada una de las personas que aspiran a ocupar o seguir ocupando una curul en la Asamblea Legislativa: usted, ¿asume estos cinco compromisos?

Carta a los colegas de Focos: La gallina y el huevo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

paolo luers caricaturaEstimados amigos:
Felicito a Alberto Arene, Karen Fernández y Saúl Hernández por su intento necesario y exitoso de desarrollar un formato novedoso de debate televisivo. Ya era hora. Los acompaño con apoyo, pero también con crítica.

Este domingo Alberto entrevistó a Rubén Zamora, sobre un tema importante que hay que poner en la agenda nacional: cómo renovar la política, los partidos y el trabajo parlamentario. Lastimosamente, hubo mucho análisis, en partes interesante, en partes solamente discursivo, pero ninguna pista de por dónde comenzar y en qué dirección transformar el sistema de partidos. Quedan con deuda, Alberto y Rubén.

Pero me voy a permitir enfocar en la otra entrevista, la que Karen y Saúl hicieron a Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional.

masLas insistentes preguntas y repreguntas que ustedes hicieron al magistrado demuestran que luego de 8 años de permanentes pleitos sobre el rol de la Sala de lo Constitucional todavía se dan discusiones absurdas sobre este tema. Es preocupante, ya que en pocos meses al país le toca sustituir a 4 de los 5 magistrados de esta sala. Bueno, toca a la Asamblea que vamos a elegir en marzo, pero es un asunto de país. Cómo elegir una nueva sala debería ser uno de los puntos centrales a la hora de votar por partidos y diputados particulares en marzo.

EDH logSus preguntas insistentes sobre la legitimidad el poder de la sala de tomar decisiones inapelables y de obligatorio cumplimiento por parte de los demás poderes del Estado demuestran que todavía no hay claridad sobre los principios básicos del orden republicano de controles y contrapesos. Incluso entre los generadores de opinión más avanzados e independientes, como ustedes en Focos. Construir un dilema de ¿Quién controla a los controladores?, como ustedes lo hicieron con Rodolfo González, es tan absurdo como de tratar de encontrar respuesta a lo que todos como niños nos preguntamos: ¿Qué hubo primero, la gallina o el huevo? Esto es de niños, no de analistas, amigos.

En un Estado de Derecho, cualquier disputa legal debe tener una instancia final. En todo orden republicano, esto es la Corte Suprema de Justicia. Querer tener una instancia mayor que revise las sentencias de las salas de la Corte Suprema, sólo provoca regresar con la misma pregunta: ¿Y adonde se puede apelar contra la sentencia de esta instancia mayor? Etc., etc., hasta el infinito.

Hay que asumir, de una vez por todas, que hay una instancia final en la cual delegamos el poder de decidir; que no habrá otra instancia más donde apelar; y que ciertamente no pueden ser los otros órganos del Estado, que son sujeto al control constitucional de la Sala, que pueden controlar a la Sala y revertir sus sentencias.

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Resultado y reflejo de esta discusión absurda que trataron hacer con el magistrado, son los comentarios que provocaron en redes sociales. Sólo voy a citar la más preocupante, de Lorena Peña. Preocupante porque se trata de una ex presidenta de la Asamblea. Ella escribió en Twitter sobre este tema: “Nada es inapelable, sólo en las dictaduras hay poderes absolutos.” Demuestra el desprecio del FMLN, su gobierno y sus diputados, a someterse a que una instancia judicial ejerce control sobre sus actuaciones. No, Lorena, es en las dictaduras (y no en las democracias constitucionales) donde los gobernantes no se someten al control de las instituciones jurídicas.

La pregunta ¿Quién controla a la Sala? tiene fácil respuesta: Nadie. Nunca. El dilema no es quién controla a los controladores, sino con qué criterios vamos a elegir a magistrados de la Sala, de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas y del Tribunal Electoral, para que de manera independiente controlen al Estado, sus funcionarios y sus actuaciones.

Este es el dilema que enfrentamos y que hasta hora no tiene solución en nuestro país. Y en esto debemos enfocarnos los generadores de opinión.

Ustedes, como Focos, tienen mucho que aportar para llenar este vacío. Saludos,

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Lista de súper. De Erika Saldaña

Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado.

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Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 7 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

El presupuesto de 2017 está fuera de la realidad y por eso es inconstitucional. Así lo dictaminó la Sala de lo Constitucional. En corto, no cumple el principio de equilibrio presupuestario, no se consideran gastos obligatorios y abundan los innecesarios. Se mantienen intactos las asignaciones de muchos ministerios y dependencias, mientras que para el pago de pensiones fijan mil dólares a una partida que ya sabíamos que necesitaba doscientos treinta millones de dólares en este año. Es como si del presupuesto de su casa, usted apartara una cantidad para salir con sus amigos, pero no sabe cómo pagará el colegio de sus hijos.

EDH logEsta no es la primera vez que la Sala interviene en el presupuesto. Hace un par de años estableció que es inconstitucional la existencia de partidas presupuestarias libres de auditoría y control, rechazando las llamadas “partidas secretas” o de gastos imprevistos. Además, en otras resoluciones ha dicho que hay gastos que pueden recortarse para comprar, por ejemplo, medicamentos para la hemofilia. A pesar de que estas medidas le suenan lógicas a cualquier ciudadano que le cuesta ganar su salario y salir con los gastos mensuales, el Gobierno y la Asamblea parecen no entender y no las han cumplido como deberían. Se niegan a hacer bien un presupuesto y a ordenar las cuentas del Estado.

El problema fiscal de El Salvador hay que arreglarlo y para eso es necesario, en primer lugar, ordenar la casa e implementar una verdadera política de austeridad. Cuando hablamos de recortar gastos varios funcionarios del gobierno han tergiversado las intenciones y han intentado satanizar las acciones. Lo primero que dicen es que se eliminarán los programas sociales, que no se entregarán uniformes ni alimentos a los niños en las escuelas, que no habrá medicinas en los hospitales y que se tendrá que despedir gente del aparato estatal. Nada más alejado de la realidad. Pareciera que su única intención es meter miedo a la gente necesitada que se beneficia de dichos programas.

El recorte de los gastos se tiene que dar en el día a día y donde existe grasa. Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado. Y, por otro lado, tengan a gente sufriendo la falta de un medicamento en un hospital o un niño yendo a una escuela sin agua. Si camináramos en los pasillos de las distintas instituciones públicas probablemente encontraríamos gastos que podrían eliminarse y que se invertirían mejor en áreas que beneficien directamente a distintos sectores poblacionales.

Y, seamos honestos. El Estado tiene una planilla sobrepoblada, donde se paga salario a dos personas por el trabajo que bien podría hacer una si se pone las pilas. Los administradores del aparato estatal tienen que hacer una purga y eliminar las plazas innecesarias, hacer un ajuste de salarios para pagar a cada quien por el trabajo que corresponde, y establecer un verdadero sistema de control del servicio civil. No existe un mecanismo de supervisión de la eficiencia de cada empleado público y no sabemos con certeza cuántos empleados debería tener el Estado para salir con sus quehaceres. Los tres Órganos del Estado están obligados a colaborar con las medidas que ayuden a reducir gastos e invertir de mejor manera el dinero disponible.

La diputada Lorena Peña, analizando lo dicho por la Sala en un programa de televisión, señaló que las medidas ordenadas para tratar de solventar la crisis fiscal y que se corrija el problema de equilibrio presupuestario son una lista de súper; y que el Gobierno tenía más y mejores reglas sobre la austeridad que las que se establecen en la sentencia. Si ya tienen un plan para sacar a país de la crisis y si creen que este caminaría mucho mejor sin la existencia de la Sala de lo Constitucional, adelante, demuéstrenlo. No se arriesguen a que les sigan corrigiendo la plana.

Los caminos de la ley. De Manuel Hinds

La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley. El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela.

manuel hindsManuel Hinds, 28 julio 2017 / EDH

Anteayer la Sala de lo Constitucional dejó sin efecto la reforma a la Ley del Sistema de Ahorros para pensiones que aprobaron la semana pasada el FMLN y GANA. Esta reforma permitía al gobierno tomar hasta el 50 % de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones del ahora extinto sistema de reparto que cesó de funcionar en 1997. Esta reforma contravenía directamente la sentencia que la Sala emitió en diciembre de 2014, en la que estableció como máximo el 45 % que existía hasta entonces para no limitar excesivamente el margen de inversión que las AFP pueden realizar en beneficio de los trabajadores. El gobierno reaccionó con furia y con veladas amenazas de hacer cosas que no especificó pero que sonaban traumáticas para pagar las pensiones que adeuda.

EDH logEl gobierno se ha pintado como víctima de la Sala de lo Constitucional, diciendo que és-ta no quiere dejarlo gobernar, que sigue una agenda escondida de ARENA, que se excede en sus facultades, y alegando como prueba que la Sala ha emitido muchas sentencias en contra del gobierno en éste y otros temas. El gobierno no reconoce, ni quiere reconocer, que este no es ningún argumento, como no lo es el del delincuente que se queja de que la policía tiene algo en contra de él porque cada vez que quiere delinquir lo detiene.

La manera en la que el gobierno puede evitar que la Sala lo detenga es muy simple: sólo tiene que gobernar de acuerdo con la Constitución. No tendrá problemas si toma los caminos de la ley.

El problema es que el FMLN no quiere hacer esto sino gobernar arbitrariamente, como se gobierna en Cuba y en Venezuela. Ha puesto el ojo en los ahorros (cerca de 10 mil millones de dólares) que los trabajadores acumulan para luego financiar los pagos de sus pensiones, y los quiere. Su expropiación le permitiría gastar a manos llenas de aquí a las elecciones sin tener que manejarse con prudencia. De esta manera, los trabajadores salvadoreños financiarían las campañas electorales del FMLN. Al gobierno le parece escandaloso que la Sala defienda los derechos de los trabajadores.

Las amenazas del gobierno sólo añaden un detalle a lo que ha estado tratando de hacer por mucho tiempo para apropiarse de los ahorros de los trabajadores con el fin último de apropiarse del poder total en el país, y para siempre. En esta vena, el gobierno ha tratado muchas veces de confiscar al menos la mitad de estos ahorros, fracasando muchas veces, la última el martes pasado. Paralelamente, ha seguido una estrategia de ir logrando que los fondos de pensiones le presten más y más dinero, pagándoles tasas de interés mucho más bajas que las que les paga a otros acreedores. Esta estrategia paralela, que se podría llamar la del salami, es la que la Sala detuvo en diciembre de 2014 y volvió a detener ayer. Esto provocó las quejas del gobierno y las poses de estar luchando por pagar las pensiones.

La hipocresía profunda del gobierno se evidencia en el hecho que se pinta a sí mismo como un defensor del pago de las pensiones de los trabajadores cuando, al mismo tiempo, les está reduciendo las pensiones que pueden recibir al rebajarles las tasas de interés que les pagan, y está tratando de confiscarles el dinero que los trabajadores mismos han ahorrado para retirarse.

Pero los esfuerzos del gobierno para perpetuarse en el poder, no se detienen en la apropiación de fondos de los trabajadores. Por varios años ha tratado de echar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de quitarle el poder a la Sala misma, de ahogar al Tribunal Supremo Electoral por falta de fondos para quitarle transparencia a las elecciones, y, en estos días, han empezado a hablar de cambiar la Constitución.

Si todavía queda algún norteado que no se ha dado cuenta de que nos llevan por la misma ruta que Venezuela, ya es tiempo de que se entere y que mida las consecuencias de lo que está pasando. Distraídos en el chambre diario, en el último tuit, en el video viral, los salvadoreños no se están dando cuenta de que vamos hacia la esclavitud.

Van por la Sala… De Luis Mario Rodríguez

Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo.

Luis Mario Rodríguez, 25 mayo 2017 / EDH

En los últimos dos años se han intensificado los artificios legales para tomarse algunas de las instituciones que por años acogieron la relación tripartita entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. En 2013 se neutralizó por completo al Consejo Superior del Trabajo (CST). Esta instancia surgió después de la firma del acuerdo de paz como un espacio para que los sectores laboral y privado discutieran, bajo la mediación del Ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo, distintas medidas que fortalecieran los derechos laborales, incentivaran el crecimiento económico y promovieran el cumplimiento de los tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después de 19 años ininterrumpidos de fomentar el diálogo social, el ministro de turno rechazó las propuestas de las organizaciones sindicales alegando que no estaban representadas algunas que, según trascendió públicamente, son afines al partido de gobierno. Las federaciones de sindicatos que han formado parte del CST alegan que el ministerio autorizó cientos de sindicatos, pasando, según las estadísticas de 2013, año en el que se desarticuló el ente tripartito, de 213 a 618 entre públicos y privados.
En 2015 la OIT urgió al gobierno salvadoreño a reactivar al CST señalando que su acefalía violenta el convenio sobre libertad sindical ratificado por El Salvador en 2006 después de una intensa negociación entre las autoridades de ese entonces y el partido FMLN. A dos años de la resolución de la OIT el CST continúa sin operar.

La misma estrategia se utilizó para la designación de los representantes laborales en el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM). El período para el cual fueron elegidos sus miembros finalizó en febrero de 2015 y el Ministerio de Trabajo convocó a elecciones hasta el 31 de octubre de 2016 en medio de la negociación para el aumento del salario mínimo. Tanto las organizaciones sindicales del sector privado como las gremiales empresariales delataron serias irregularidades en la elección de los nuevos integrantes quienes finalmente aprobaron un incremento salarial con montos y condiciones diferentes a los que originalmente pactaron las anteriores autoridades del CNSM.
En un nuevo episodio de saqueo institucional el Grupo Promotor (GP) de la Ley de Acceso a la Información Pública denunció los intentos por controlar el Instituto que tiene a su cargo la aplicación de esta normativa. La queja señala la manipulación del reglamento de elección por parte de Casa Presidencial al exigir la presencia del representante legal de las organizaciones con derecho a voto sin permitírseles otorgar un poder para que alguien más comparezca en su nombre. Además el GP rechaza la participación de organizaciones que no pueden participar en la elección porque su naturaleza jurídica es la de una asociación cooperativa cuando la ley establece el derecho para las asociaciones empresariales. También criticó la imposibilidad de examinar con el rigor necesario las hojas de vida de los candidatos, varios de los cuales, según el comunicado de esa instancia ciudadana, carecen de la experiencia para ocupar el cargo de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Esta realidad puede llevarnos de nuevo a la oscuridad en la que vivíamos antes de 2011 y que favoreció el mal manejo de los fondos públicos.

Con esos antecedentes a sus espaldas es muy probable que la próxima “víctima” sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Desde 2009 el máximo intérprete de la Constitución ha sido incómodo para la mayoría de los partidos políticos y para el Órgano Ejecutivo. Sus resoluciones han modernizado el sistema electoral, promovieron el acceso a la información pública, iniciaron la despartidización de varias entidades del Estado, impulsaron la transparencia y la democratización interna de los partidos políticos y han sido fundamentales, junto con el resto de integrantes del máximo tribunal de justicia y la Fiscalía General de la República, en la lucha contra la corrupción. También revalorizó la justicia constitucional.

La concentración del poder político debilita por completo a los sistemas democráticos. Venezuela y Nicaragua son dos claros ejemplos en la región latinoamericana. Sin independencia de poderes los ciudadanos pierden la mayoría de sus libertades individuales. Detener esta insana pretensión es urgente si se quiere vivir en un pleno Estado de derecho.

Carta a los usuarios del SITRAMSS: El pleito no es con ustedes. De Paolo Luers

Paolo Luers, 13 mayo 2017 / EDH y MAS!

Estimados ciudadanos que todos los días usan el SITRAMSS:
No se dejen engañar: Este pleito sobre la constitucionalidad del SITRAMSS no es con ustedes. Es entre el gobierno y la Constitución.

Quieren convencerles que la Sala se puso en contra del transporte público moderno, seguro, rápido y limpio. Falso. La Sala no prohibió al SITRAMSS ni la circulación de sus buses. Sólo ordenó que los carriles, que por decisión arbitraria del gobierno eran exclusivamente para el SITRAMSS y los vehículos de los funcionarios del Estado, se abrieran para todos los demás ciudadanos, quienes igual que ustedes circulan todos los días entre San Salvador y la zona de Soyapango.

Como ya vieron, el SITRAMSS sigue funcionando, un poco menos rápido, pero fluido – y todos los demás ya no sufren las tremendas trabazones. Nadie salió jodido.

Ni los magistrados (ahora declarados enemigos de la patria por el FMLN), ni nadie que tenga sus cinco sentidos está en contra de la idea de un transporte urbano moderno, rápido y seguro. El problema es que los gobiernos del FMLN lo han ejecutado muy mal: de forma inconstitucional. Lo hicieron sin la Asamblea, que tenía que aprobar la concesión a la empresa operadora; de manera corrupta, por la manera mafiosa como crearon las empresas operadoras; de manera ineficiente, porque no hicieron caso a los expertos para diseñar el sistema y las rutas.

Para resolver un problema, crearon docenas de nuevos problemas. Medio lo resolvieron a los usuarios del SITRAMSS, pero jodieron a todos los demás que circulamos en carros, buses tradicionales, camiones.

Si hubieran cumplido con la Constitución y presentado el proyecto a la Asamblea, esta hubiera exigido que lo modifiquen de manera que salga una solución verdaderamente integral: o sea, que no favorezca a unos y fregando a los demás.

Soluciones técnicas hay. Expertos hay. Modelos de empresas público-privadas limpias hay. Financiamiento para un proyecto real e integral hay. Lo que faltó al gobierno y al ministro Gerson Martínez es voluntad política de hacerlo correctamente. Prefirieron hacer algo improvisado con sus empresas ALBA y sus cheros transportistas, excluyendo a los demás.

Todavía no es tarde. Nadie quiere quitar el SITRAMSS. Se trata de corregir los errores cometidos, antes de ampliarlo hasta Santa Tecla y crear más caos.

No se dejen enganchar con las consignas del FMLN contra la Sala. Ella sólo cumplió con su deber, que es garantizar que nadie se pase por encima de la Constitución. Los que no les han cumplido a ustedes, son los funcionarios corruptos que han creado un monopolio corrupto e ineficiente de transporte público.

Saludos,