Nueva Sala de lo Constitucional, una perspectiva alemana. De Bernd Finke

Bernd Finke, Embajador de la República Federal de Alemania

20 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Después de meses de lucha, los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional han sido finalmente elegidos. El proceso de selección fue obviamente un trabajo duro. Algunas veces, las calificaciones jurídicas de los candidatos estaban en el centro de los debates, pero sobre todo se planteó la cuestión de la presunta proximidad de los futuros magistrados a los partidos políticos del país. Algunos de los debates recordaban a un chalaneo y existía el riesgo de que la reputación de la Sala y de los futuros magistrados se viera dañada.

Por otro lado, también se podría decir que las intensas controversias sobre la elección de nuevos magistrados tenían algo bueno: los debates atestiguan la gran importancia sociopolítica que se concede a la Sala como órgano central de control de la constitucionalidad de la vida política. Las decisiones de la Sala siempre se refieren a cuestiones de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Un tribunal no puede tener una mayor responsabilidad y, como consecuencia, la selección de su jueces debe hacerse con el máximo debido cuidado.

En los últimos nueve años, los jueces constitucionales cuyo mandato, con una excepción, terminó el 15 de julio, establecieron nuevos estándares. Gracias a su integridad, independencia, imparcialidad y profesionalismo han contribuido a un fortalecimiento sustancial del orden constitucional de El Salvador y han asegurado que el “tercer poder” fuera un contrapeso efectivo a los poderes Ejecutivo y Legislativo, equilibrando mejor el sistema de checks and balances (controles y equilibrios) requerido para cualquier democracia y para cualquier Estado de Derecho.

Donde quiera que los magistrados de la Sala vislumbraron desarrollos indeseables o una necesidad de corrección trazaron límites claros y no se alejaron de decisiones incómodas. En Alemania y en otros países europeos, la Sala ha fortalecido la reputación de El Salvador como una democracia relativamente joven pero firmemente establecida.

La elección del nuevo panel de magistrados marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la Sala y en la historia constitucional del país. Alemania felicita a los magistrados recién electos. No debemos sobrestimar el hecho de que hubo muchas críticas a su presunta afiliación partidista durante el proceso de selección. En Alemania también los jueces constitucionales son elegidos por recomendación de los partidos políticos. Nuestras democracias viven del compromiso político de sus ciudadanos y de su contribución a la competencia de ideas. Aristóteles ya describió al hombre –hace más de 2000 años– como un “zoon politikon”, es decir, un ser político. Sería ingenuo asumir que los magistrados han pasado por la vida sin influencias o preferencias políticas o partidistas. Todos formamos nuestras propias opiniones políticas y nos inclinamos por uno u otro campo. Eso es normal.

Lo importante es que a partir de ahora, el día en que asumen sus cargos, los magistrados de la Sala dejarán atrás sus preferencias partidistas o ideológicas y harán de la defensa de la Constitución el único punto de referencia para sus acciones. Esperamos que los nuevos jueces sean conscientes de esta gran responsabilidad para con el pueblo de El Salvador y para con el futuro de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en el país.

Como todas las cortes constitucionales de los estados democráticos, la nueva Sala a veces tomará decisiones que provoquen críticas. Esto también es normal. La crítica es parte integrante del discurso político y es un derecho fundamental protegido por la Constitución como parte de la libertad de expresión. Lo que no se debe repetir son los ataques personales y los actos de agresión verbal contra los magistrados o sus familias. Las decisiones desagradables no son la expresión de una “dictadura de la justicia”, sino de la supremacía de la ley, siempre que se tomen de acuerdo con la Constitución.

Además, los líderes políticos en el Gobierno y en el Parlamento tienen el poder de evitar conflictos con la Sala si tienen en cuenta el contenido y los límites de la Constitución en el período previo a sus decisiones. Y no hay que olvidar que hay otro aspecto central para la paz jurídica en una sociedad: la voluntad de los órganos constitucionales de no competir entre sí, sino trabajar unidos por el bien común. Como decía Cicerón: “El bien público será la ley suprema”.

En todos los estados del mundo existe una divergencia entre la teoría constitucional y la realidad constitucional. El Salvador se ha dotado de una Constitución comprometida con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Esperemos que la Sala pueda contribuir para que la teoría constitucional sea cada vez más apegada a la realidad constitucional y que El Salvador siga siendo un buen ejemplo para toda la región”.

Carta a la nueva Sala de lo Constitucional: Sin la sociedad civil están condenados a fracasar. De Paolo Luers

20 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Estimados magistrados:
En mi última carta, publicada como primera reacción a su elección, les di a ustedes el beneficio de la duda: “En el caso de la Sala de lo Constitucional, se ha elegido a cuatro magistrados que tal vez nosean los más idóneos, pero que sin duda son idóneos (…). Tenemos una nueva Sala de lo Constitucional prometedora. Valió la pena la presión ciudadana y tal vez incluso el retraso de 4 meses.”

Quiero, por el bien del país, mantener este optimismo. Aunque tengo que decirles que algunas declaraciones de algunos de ustedes me han sembrado dudas. Entiendo y puedo respetar su gesto de solidaridad con la procuradora Sonia Cortez de Madriz, la candidata más cuestionada, al final electa como suplente. Pero es incomprensible (y para mi criterio inaceptable y peligroso) la descalificación que dos de ustedes han expresado contra quienes han asumido el rol de participación ciudadana propositiva y de escrutinio crítico en este proceso.

Es indiscutible que sin el compromiso y la persistencia de estos representantes de la sociedad civil, el proceso hubiera sido aun más viciado, y que los diputados hubieran negociado cuotas de poder en la Corte Suprema. Algunos de ustedes no estuvieran ahora en la Corte.

Tienen razón que hay que relativizar la vigencia de los baremos que se han manejado, pero la falta de un baremo confiable es culpa de la Asamblea, no de las organizaciones civiles. Ellas asumieron la tarea de llenar este vacío, ante la negativa de la Asamblea de reformar sus procedimientos y de crear un sistema objetivo de valoración de los candidatos. Ya estamos acostumbrados al desprecio (y miedo) que varios diputados (y fracciones enteras) tienen al escrutinio crítico de la sociedad civil. Pero escuchar las mismas descalificaciones por parte de dos magistrados recién electos, en el mismo lenguaje de Gallegos o Handal, es una pésima señal. De todos modos, es un error que los magistrados de la Corte Suprema emitan sus opiniones mediáticamente. Ustedes tienen que hablar con sus sentencias y apartarse de las polémicas políticas y mediáticas.

Espero que las declaraciones duras de la magistrada Marina de Torrento y del magistrado Sergio Avilés sean reflejo de la tensión que esta elección ha creado, y no de la manera como piensan actuar frente a la sociedad civil durante los 9 años de su ejercicio. La historia reciente comprobó, sin lugar a dudas, que ustedes no podrán resistir las presiones de los diferentes factores del poder (gubernamental, político, económico) sin el respaldo decidido de la sociedad civil y sus organizaciones. No interpreten mal el mandato constitucional de la independencia. La Corte tiene que obrar estrictamente independiente de los demás órganos del Estado, de los partidos y de los poderes fácticos, pero no de la sociedad civil, a la cual se deben y cuyos derechos deben proteger. Sin el apoyo y las presiones de la ciudadanía sobre el gobierno y la Asamblea, ustedes estarían condenados al fracaso.

Repito: por el bien del país, todos debemos otorgarles a ustedes no solo el beneficio de la duda, sino el apoyo que necesitan. Pero este apoyo será, como debe ser, crítico. Dejen atrás las incomodidades y traumas que puede haber causado el accidentado proceso de su nombramiento. Esta capacidad de dejarlos atrás es tal vez más importante que todos los factores incluidos en los baremos. Pero lastimosamente, solo la podemos evaluar una vez que están electos y comiencen a sentenciar.

Saludos,

Carta sobre la Asamblea, la Sala y la Corte. De Paolo Luers

17 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Luego de 4 meses de retraso, hubo humo blanco. O más bien, humo gris, mensajes mixtos. Pero sí, habemos Sala.

Termina un capítulo vergonzoso del parlamentarismo salvadoreño. ¿Es un fin feliz? Sí, porque termina el peligroso vacío en el poder judicial. No, porque no hay ningún indicio que nos haga pensar que los diputados y sus partidos hayan aprendido las lecciones correctas de esta crisis – y que estos empates y bloqueos no se vayan a repetir. Lo veremos en pocos días, cuando les tocará elegir al próximo fiscal general.

El reglamento interno de la Asamblea, cuya deficiencia se puso en evidencia en esta elección de magistrados, no ha sido reformado. Para elegir al próximo fiscal general procederán con los mismos mecanismos: entrevistas superficiales a los candidatos; una subcomisión mediocre al cargo de las evaluaciones; ningún acuerdo sobre cómo plasmar las evaluaciones de los candidatos en un esquema objetivo de puntuación. Nuevamente corremos riesgo que los intereses partidarios van a prevalecer sobre la idoneidad para el cargo. Y no solo los intereses partidarios, sino también intereses muy personales de buscar protección de investigaciones incómodas.

En el caso de la Sala de lo Constitucional, se ha elegido a cuatro magistrados que tal vez no sean los más idóneos, pero que sin duda son idóneos. No así en el caso de sus suplentes. Hay que felicitar a aquellos diputados responsables que con su persistencia han conseguido derrotar los intentos de paralizar la Sala de lo Constitucional insertándole magistrados propietarios no idóneos. Pero también hay que criticar a aquellos diputados y partidos que han condicionado sus votos a concesiones cuestionables en la elección de los suplentes.

Es incomprensible que una candidata tan sobresaliente como Ivette Cardona no haya sido tomada en cuenta, por el simple hecho que ha mostrado un grado de independencia y autoridad profesional que obviamente intimida a nuestros legisladores. Pero igual es incomprensible que las fracciones de GANA y FMLN hayan condicionado su apoyo a la nueva Sala a que se acomode a su candidata Sonia Cortez de Madriz como suplente, a pesar de ser la peor calificada de los 30 candidatos.

En el caso del quinto magistrado electo, quien servirá en cualquiera de las otras tres salas, igual se tomó una decisión poco comprensible: Se eligió como propietario al juez Roberto Calderón, altamente cuestionado por su propuesta de convertir la violación de menores en un delito conciliable – y dejaron como suplente a Alex Marroquín, uno de los candidatos más sobresalientes entre los 30 aspirantes. Solo nos queda pedir a la Corte Plena que a Roberto Calderón no lo asignen a la Sala Penal.

Incomprensible me parece también que 10 diputados de ARENA le hayan negado su voto a Carlos Sergio Avilés, por la única razón que es de pensamiento de izquierda – aunque nadie haya cuestionado su independencia, integridad y capacidad.

En resumen: Tenemos una nueva Sala de lo Constitucional prometedora. Valió la pena la presión ciudadana – y tal vez incluso el retraso de 4 meses. Habrá que esperar sus primeras sentencias para ver si llena los zapatos de sus antecesores, que han hecho historia con su actuar valiente e independiente.

Tenemos nuevamente una Corte Plena completa, y veremos pronto si en ella habrá una mayoría en favor de fortalecer la lucha contra la corrupción – o un retroceso.

Tenemos una Asamblea que ya enfrenta su siguiente gran reto: Escoger entre 33 candidatos al mejor para dirigir la Fiscalía General de la República. Sin pactos oscuros. Sin demora. Sin meter al país en una nueva crisis.

Saludos, Paolo Luers

¿Somos tontos? De Humberto Sáenz Marinero

6 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

En el contexto del vergonzoso retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema, varias organizaciones han pasado de los tradicionales comunicados, editoriales, entrevistas y conferencias de prensa, a realizar otras actividades que no solo reiteran el descontento con la omisión legislativa, sino pretenden exigir directamente, y dejar claro qué es lo que de verdad está atrasando este proceso de elección.

Una legítima presión ciudadana que poco a poco ha comprendido la importancia de contar con un tribunal constitucional compuesto por personas honorables, capaces e independientes.

Precisamente ante una de esas varias manifestaciones, el expresidente de la Asamblea Legislativa, como ya es su costumbre, en lugar de hacer mea culpa, pedir perdón a los ciudadanos y proponerse enmendar, reacciona virulenta e irrespetuosamente, tildando de tontos a un grupo de personas, simplemente porque no comparte el mensaje que estas pregonan. Un despropósito más para su colección.

Dejando de lado el improperio del legislador, lo cierto es que ello nos debe llamar a la reflexión. Nosotros, por acción u omisión, por desconocimiento, ignorancia, desidia, comodidad o hasta complicidad, hemos permitido que en nuestro país los Órganos de Estado y principales instituciones estén copados de funcionarios que jamás tuvieron que haber tenido la oportunidad de representarnos o administrar nuestros impuestos. El caso del expresidente de la Asamblea es sin duda uno de los casos más emblemáticos y deshonrosos, pero como ese han existido y aún existen muchísimos más.

Hemos tolerado que nos insulten, que en nuestras narices distraigan fondos públicos para sus intereses o el de sus familiares, que pisoteen recurrentemente nuestros derechos, que nos impongan sus agendas sin consultarnos, que se enriquezcan exponencialmente sin pudor alguno, que no se preocupen por los más desamparados, que usen vilmente las instituciones, que las atiborren con sus amigos y parientes y que se burlen de nuestras legítimas exigencias ciudadanas. Lo peor es que lo hacen sin pudor alguno y con unos niveles de cinismo que a cualquier llevan a la exasperación.

Ante eso nos quejamos con nosotros mismos o con nuestro círculo más cercano, nos atrevemos a comentar alguna que otra cosa en redes sociales y con la excusa de ya estar haciendo suficiente porque se trabaja honradamente y se pagan los impuestos, nos escondemos en las típicas expresiones de… “ya es hora de que alguien haga algo”, “lo que pasa es que acá nadie hace nada”, “ojalá hiciéramos como en otros países”, etc.

Vemos y cuestionamos hacia todos lados, pero nunca nos vemos en el espejo. Buscamos que alguien más haga algo que nosotros mismos podríamos estar haciendo. Queremos que las cosas cambien pero seguimos sin entender que de alguna forma tenemos que involucrarnos, porque trabajar, no es suficiente.

En todo esto reconozco mi cuota de responsabilidad. Como lo he dicho en diferentes oportunidades, nuestra generación fue despreocupada, quizá conformista con el destino de nuestro país. Aplaudimos el cese del conflicto armado y eso nos pareció suficiente, sin darnos cuenta de los huracanes sociales y políticos que se estaban gestando en ese momento. Cuando jóvenes vimos pasar, dejamos hacer, nos desentendimos y hoy estamos pagando esas consecuencias.

Ojalá y los jóvenes de ahora no cometan ese mismo error; ojalá que los que tienen el privilegio de recibir educación universitaria comprendan que el hecho de permanecer en las aulas, desconectados y despreocupados de la realidad que les rodea, nos perjudica a todos; perjudica su futuro.

Quizá sí debemos preguntarnos si somos tontos. Pero no por manifestarnos y exigir, sino por no haberlo hecho antes, por haber esperado llegar al día 100 y no haberlo hecho desde el día 1, por habernos conformado con tan poco, por seguir apoyando a personajes que mancillan el quehacer legislativo, por aplaudir discursos populistas y mesiánicos, por premiar una mal entendida astucia política, por no usar más las instituciones, y en fin… por permitir que desde un curul se nos insulte.

Carta al FMLN y GANA: Todavía hay salida de su dilema, De Paolo Luers

3 noviembre 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

A los dirigentes, diputados y candidatos del Frente y de GANA:
Pronto tendremos Sala de lo Constitucional. No hay fuerza política que resista tanta presión ciudadana, moral y política. El berrinche de GANA o terminará o les causará un costo político muy alto en tiempos electorales. Ya varios de sus diputados están buscando cómo salir del dilema en el cual su dirección y su candidato presidencial los han metido.

Parece que al FMLN, como si tuviera tendencia suicida, le cuesta corregir su posición. No quiere dar sus votos, algunos por miedo a perder la cara, otros porque prefieren que no haya Sala ni Corte Plena completa, y algunos pocos porque coinciden con la estrategia de desestabilización de GANA y Bukele. Es absurdo, porque el FMLN ya no tiene argumentos para objetar al listado de candidatos a magistrados que fue aprobado mayoritariamente por la Comisión Política de la Asamblea. Aldo Cáder, Sergio Avilés, Marina de Torrento, Carlos Vásquez y Alex Marroquín son profesionales intachables, ampliamente apoyados por la comunidad jurídica y la sociedad civil, y no hay argumento válido para sostener la tesis de que son fichas de la derecha.

Dentro de pocos días serán electos, posiblemente incluso por unanimidad, porque el berrinche y el boicot ya no son sostenibles, ni para GANA ni para el Frente. El que insista en quedar oponiéndose quedará aislado y será castigado en las urnas. Al fin, jugar irracionalmente con la institucionalidad no paga.

Es más, una vez que se rompa el esquema de polarización estéril que ha mantenido al país sin Sala y con Corte Plena incompleta por más de 100 días, la Asamblea debería aprovechar la oportunidad para también elegir a un fiscal general independiente, capaz y valiente. Si esto significa reelegir al actual fiscal o buscar otro, esto debería ser el centro del debate nacional, una vez que estén electos los magistrados. Lo que todos los partidos y sus candidatos tienen que tener claro es que la ciudadanía no permitirá retrocesos en la Fiscalía, así como no los permitió en la Corte Suprema. No se olviden que el 3 de febrero es ‘payday’.

Quienes valientemente demuestren que son capaces de poner los intereses del país y su institucionalidad democrática encima de sus intereses partidarios o personales y encima de sus ganas de armar berrinches, pueden salir ganando políticamente. La gente premia a los que corrigen sus errores. Todavía tendrán tiempo, de ahí a las elecciones, a limitar el costo político-electoral que de otra manera sería mortal.

Una vez que salgamos de la crisis institucional y tengamos Sala, Corte completa y Fiscal General, nos podemos dedicar de lleno a discutir el rumbo del país que propongan los candidatos.

Saludos,

Cinco temas ineludibles. De Luis Mario Rodríguez

25 octubre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La realidad obliga a los presidenciables a pronunciarse sobre cinco temas de trascendencia nacional: la situación fiscal, la inseguridad pública, la acefalía en la Sala de lo Constitucional, la elección del próximo Fiscal General de la República y la situación de los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos. La indiferencia, el silencio y la superficialidad de los planteamientos no son opción. Se trata de materias de relevante importancia de las que depende la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico y social y la protección de los derechos humanos. No incluir en sus agendas las medidas puntuales para cada uno de esos tópicos debe interpretarse como incapacidad para gobernar.

Los próximos cinco años marcarán la ruta hacia una de dos vías: el descalabro de las finanzas del Estado o el reordenamiento de la deuda pública. La primera nos encaminaría a un nuevo impago y al incumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales; aumentaría el “riesgo país”, se incrementarían los intereses y no seríamos objeto de más préstamos. La firma de un pacto fiscal, por el contrario, impulsaría la implementación del plan de gobierno, reorientaría el destino del gasto público para más inversión y abriría un debate acerca de las fuentes para más ingresos, incluyendo, principalmente, los incentivos para el crecimiento económico.

La lucha contra el crimen debe enfocarse de manera diferente. El abordaje deber incluir los aspectos legales, financieros y estratégicos. El próximo presidente está obligado a discutir y acordar con los operadores de justicia, la policía y la Fiscalía General las herramientas jurídicas que permitan hacer frente a la delincuencia. Es necesario transparentar el presupuesto de seguridad y probar, con evidencias, los rubros a reforzar. La manera en la que se ha invertido el impuesto que resulta de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia no ha demostrado su eficiencia. No hay resultados concretos con los que la autoridad justifique el sacrificio que hace la población pagando ese gravamen. La información es otro asunto a revisar. Los datos no son uniformes; no sabemos “quién pone los muertos” ni hay estadísticas claras que diferencien a los asesinados de los desaparecidos. Sin números y, peor aún, sin análisis riguroso y científico de la data, no hay táctica que resulte exitosa.

Por otra parte la transparencia, el acceso a la información pública y el combate a la corrupción son cuestiones ineludibles. La elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del próximo Fiscal General está intrínsecamente vinculado a ese desafío. Las señales no son alentadoras. Los diputados cumplieron esta semana 100 días de retraso en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La apertura del proceso para elegir al titular de la FGR evidencia la intención de un “combo legislativo”. Los aspirantes a dirigir el Ejecutivo no han dado muestras claras para zanjar esta delicada trama. Ahora es el momento de manifestar el liderazgo que ejercerán sobre los grupos parlamentarios con los que tendrán que lidiar en los próximos tres años. No se les pide imponer candidatos a su conveniencia sino sugerir a los más capaces teniendo en cuenta los distintos baremos presentados por las organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo aplica para el próximo Fiscal General. Una mala decisión puede descalabrar el ritmo que ha tomado la erradicación de este flagelo.

Finalmente los migrantes. La caravana de hondureños camino a Estados Unidos nos muestra el drama que viven millones de centroamericanos. En el caso de nuestros compatriotas, de otorgarle la razón la Corte Suprema de Justicia al presidente Trump, quedaría sin efecto la orden preliminar de suspensión que emitió el juez federal de distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, que impide que el gobierno cancele por ahora el TPS para los inmigrantes de Sudán, El Salvador, Haití y Nicaragua. Eso significa que el 9 de septiembre de 2019 los más de 260,000 salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal retornarían a suelo nacional ¿Cuál es el plan para insertarlos a la economía nacional? ¿Cuál será el impacto en las políticas de seguridad si en medio de los miles de repatriados vienen peligrosos pandilleros?

Gobernar en el próximo quinquenio no será nada sencillo.

Impedir un Prometeo encadenado. De Roberto Rubio

24 septiembre 2018 / La Prensa Gráfica

Las instituciones de control, sobre todo la Sala de lo Constitucional, la CSJ, la Fiscalía y la Corte de Cuentas, tenían delimitado su campo de acción por parte del sistema de partidos políticos: no ir más allá de los intereses del gobierno de turno y sus aliados. La dependencia partidaria y el reparto de cuotas en la Asamblea Legislativa en la elección de funcionarios de segundo grado demarcaban el terreno donde dichas instituciones se moverían. Pero un buen día, como Prometeo, una independiente Sala de lo Constitucional transgredió las fronteras impuestas por el «Olimpo Político», y llevó sin su permiso el fuego a los mortales.

Esa Sala no pudo ser encadenada. La Corte Plena se vitalizó. La Sección de Probidad de la CSJ resucitó. El Instituto de Acceso a la Información Pública dio algunas señales de vida. Más adelante, después de una fiscalía turbia y oscura, esta emanó algunos destellos de luz. Asistimos entonces a reformas políticas y electorales que fortalecieron nuestra tierna democracia, se enderezaron leyes torcidas, se limitaron prácticas políticas consideradas normales, se desvelaron secretos que no lo eran (nombre de asesores legislativos, declaraciones patrimoniales de funcionarios y sus auditorías), la justicia comenzó a alcanzar a los de arriba, se llevaron al pasillo de la justicia a altos funcionarios, entre ellos tres expresidentes, uno de ellos prófugo y otro, en un hecho sin precedentes, condenado.

Las circunstancias históricas permitieron que el fuego comenzara a expandirse entre los mortales. Pero como todo fuego, no solo ilumina sino también quema. Y sonó la alarma entre algunos de los operadores del Olimpo Político ante la hibris cometida por algunos mortales. La llama libertaria les amenazaba.

Como muchas cosas en la vida, la acción produce reacción, las buenas acciones generan malas resistencias, los avances producen temores y retrocesos. Es así que la incipiente llama expandida del Estado de Derecho, del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de la independencia de poderes, resultaba incómoda en las cloacas de los corruptos y autoritarios. Y entonces reaccionaron alertados los dioses malignos, como Tántalo y Cronos que cocinaban y/o comían a sus propios hijos para no compartir el trono con nadie, tratando de apagar la llama y encadenar a Prometeo.

Sin duda los avances que tuvimos con la Sala de lo Constitucional y tenemos con la Fiscalía develaron la importancia que tienen tales instituciones para robustecer nuestra democracia y el combate a la corrupción e impunidad. Pero este hecho histórico también revela a los corruptos y autoritarios la importancia de encadenar y controlar a los que controlan.

De ahí la operación maligna de algunos partidos por encadenar la Sala de lo Constitucional, como posteriormente lo intentarán en la elección del fiscal. No menciono con nombre y apellido a los partidos/diputados que se alinean con Cronos o Tántalo y que son los principales culpables que no tengamos a estas alturas una buena Sala. Basta que el ciudadano se fije en quiénes quieren colocar a candidatos/as que no están entre los mejor evaluados, e insisten en colocar a los peor o medianamente evaluados, y cuyo único mérito es la fidelidad partidaria o la compra de su voluntad para ocultar las fechorías de los corruptos y/o defender la podredumbre de los malignos. Por ello, hoy más que nunca involucrémonos en la lucha por impedir un Prometeo encadenado.

Se deteriora la institucionalidad. De Erika Saldaña

10 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El Salvador sigue sin Sala de lo Constitucional. Han pasado casi sesenta días desde que los nuevos magistrados tuvieron que tomar posesión de su cargo. Mientras tanto, cientos de salvadoreños ven desprotegidos sus derechos constitucionales porque no hay tribunal que les resuelva sus demandas y la Asamblea Legislativa está desinflada en el esfuerzo de que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en un punto muerto.

Hace un par de semanas, varios diputados manifestaron que “nadie se muere porque no haya Sala de lo Constitucional”. No se mueren personas, pero sí se deteriora el Estado de Derecho. Sin un tribunal que proteja los derechos constitucionales de los ciudadanos y limite el poder de las entidades estatales, poco a poco se muere la institucionalidad del país. No tener Sala de lo Constitucional es igual de grave a que se elijan personas que no son idóneas para el cargo como magistrados. Se debe elegir los más pronto posible a las personas que cumplan con el perfil que demanda el cargo.

Además del desgaste en la institucionalidad, aumenta la mora judicial y son los ciudadanos los que sufren el incumplimiento de la Asamblea Legislativa. Del trabajo de la Sala de lo Constitucional, los diputados únicamente tienen en mente las sentencias que les molestaron o las que iban en contra de sus intereses políticos. Pero la Sala emitía mucho más que sentencias en esos temas. Los magistrados del periodo 2009-2018 dejaron al país un amplio legado jurisprudencial en temas relacionados a derechos a la salud, medio ambiente, a la estabilidad laboral, al agua, a la libertad económica, a la equidad tributaria, a la verdad, a la seguridad, entre otros temas relevantes.

En los últimos nueve años, la Sala de lo Constitucional emprendió una tarea titánica: se resolvieron más de novecientos procesos heredados por los magistrados que dejaron sus cargos en 2009 y, además, se le dio respuesta a las más de mil demandas anuales que se presentaron en el periodo. A la fecha la Sala de lo Constitucional tiene pendiente de resolver 159 hábeas corpus, 422 amparos y 171 inconstitucionalidades. Por esto también es grave la omisión de la Asamblea Legislativa de elegir magistrados, ya que la mora judicial aumenta y las personas desprotegidas siguen ahí.

Esto no puede seguir así. Ya es hora que exijamos a los partidos políticos que actúen conforme a lo que tanto predican en la Asamblea Legislativa. Si tanto pregonan que trabajan por elegir a los mejores perfiles para el cargo de magistrado y a personas independientes de cualquier poder político o fáctico, lo que tienen que hacer es elegirlos. Ya no es momento de inventar la rueda; el Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción publicó una tabla donde se promedian las notas obtenidas por cada candidato a magistrado, producto de las evaluaciones hechas por la Iniciativa Social para la Democracia, Acción Ciudadana y el diputado no partidario. Si de verdad queremos a los mejores perfiles, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben salir de los mejores evaluados.

En este punto crítico para El Salvador también los líderes de cada partido tienen que asumir un rol relevante. Y por líderes hago especial énfasis en los candidatos presidenciales de cada uno de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Carlos Calleja, Nayib Bukele y Hugo Martínez han reiterado un sinfín de veces que ellos son la cara de una renovación política; es hora que demuestren su liderazgo y su verdadero compromiso con el país haciendo conciencia a los partidos que los impulsan de la trascendencia de elegir a los mejores perfiles como magistrados. Candidatos, ustedes tienen la opción de demostrar que son parte de la renovación de los partidos y que quieren que las cosas se hagan de la mejor manera posible.

Cada encuesta recuerda a los partidos políticos que la ciudadanía está cansada y decepcionada de la forma en que actúan los políticos. Pongan atención a ese rechazo, no sigan deteriorando su imagen; las bancadas legislativas deben asumir el rol que les corresponde y elegir lo más pronto posible a las personas mejor capacitadas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No sigan cometiendo errores en el proceso de elección. Recuerden que los votantes los estamos observando.

El Ejecutivo se está convirtiendo en Tribunal Constitucional. De Florentín Meléndez

Florentín Meléndez, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

3 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Ante la resistencia de nombrar Magistrados de la Sala de lo Constitucional que cumplan los requisitos de moralidad y competencia notorias, independencia, capacidad y honestidad que exige el cargo, la población queda desprotegida en sus derechos fundamentales, y los ciudadanos no pueden presentar demandas de inconstitucionalidad de las leyes ante la Sala, que es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, a petición de cualquier ciudadano. (Art. 183)

La falta de nombramiento de los Magistrados está ocasionando graves efectos y consecuencias en la protección de los derechos constitucionales, en la institucionalidad democrática del país y, particularmente, en el proceso de formación de las leyes.

Según la Constitución, cuando la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley, lo debe enviar al Presidente de la República para que lo “sancione,” si es que está de acuerdo; o para que lo “vete” o rechace, si considera que es un proyecto de ley inconveniente o violatorio de la Constitución. En este último caso, si la Asamblea en una nueva votación ratifica el proyecto de ley con mayoría calificada (56 votos), deberá el Presidente de la República enviarlo a la Sala de lo Constitucional para que ésta resuelva, en el plazo de 15 días, el conflicto entre la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo y decida si el proyecto de ley es o no constitucional. (Arts. 138 y 174)

En la actualidad, esta facultad de control constitucional de las leyes que tiene la Sala no se puede ejercer en los casos en que el Presidente “vete” dichos proyectos por motivos de inconstitucionalidad y la Asamblea Legislativa los ratifique posteriormente en una nueva votación por mayoría calificada, ya que no está conformado el tribunal competente para resolver el conflicto entre los dos poderes del Estado –Ejecutivo y Legislativo–, imponiéndose en definitiva, el “veto” ejercido por el Presidente del Órgano Ejecutivo, que es parte interesada en el conflicto de poderes. Por lo tanto, mientras la Asamblea Legislativa no nombre a los Magistrados de la Sala no se puede resolver el conflicto entre poderes por la vía que señala la Constitución.

Como consecuencia de ello, el Órgano Ejecutivo se está convirtiendo en la práctica y de manera indefinida, en el ente decidor del conflicto de poderes que se presenta en el proceso de formación de las leyes; es decir que se está convirtiendo en el tribunal constitucional del país, ejerciendo indebidamente el poder de decidir qué proyecto de ley es o no constitucional, ante el vacío producido por la omisión de los legisladores de nombrar a Magistrados idóneos para el cargo.

Por lo tanto, el proceso de formación de las leyes se está viendo seriamente afectado, ya que por la falta de nombramiento queda anulado indefinidamente el control de constitucionalidad de las leyes que debe ejercer la Sala por mandato de la Constitución, y no se está garantizando el principio de la división de poderes ni el sistema de pesos y contrapesos, propios de un Estado Constitucional de Derecho.

Otra de las graves consecuencias que está ocasionando la falta de nombramiento de los Magistrados es que las demandas que han ingresado después del 15 de julio pasado, que suman más de 100; y los 770 procesos constitucionales que están en trámite (510 amparos, 89 habeas corpus y 171 procesos de inconstitucionalidad), están paralizados, afectándose con ello los derechos constitucionales de toda la población.

Todo este estado de cosas inconstitucionales que suceden en la Asamblea Legislativa, al no nombrar oportunamente a los candidatos idóneos para desempeñar los cargos más importantes, se ha convertido en una práctica de los legisladores que constituye una grave y flagrante violación a la Constitución, que debe ser erradicada para bien del país.

 

Carta a los diputados: Déjense de pajas y negociaciones. De Paolo Luers

28 agosto 2018 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Señores y señoras:
Trataron de llegar a consensos sobre la elección de los magistrados – y no pudieron, porque GANA y FMLN insisten en su cuotas. ARENA hizo hasta piruetas, acomodando en su propia propuesta para la Sala de lo Constitucional a Sergio Avilés, para que esté contento el FMLN; y para otra Sala a Sonia Cortez, para que esté contento GANA – a pesar de que ambos no llenan todos los requisitos. Para acomodar a estos dos candidatos (y a los partidos necios), ARENA llegó a sacrificar candidatos mucho mejor calificados, recibiendo ardua crítica por parte de organizaciones de la Sociedad Civil.

Todo de balde ante la insistencia de FMLN y GANA de contaminar la Sala de lo Constitucional con una candidata incompetente como Sonia Cortez.

Ahora están agotadas las negociaciones entre las cúpulas para buscar consensos con quienes no los quieren. Ahora es la hora de los diputados y su conciencia. Existe una lista de los 30 candidatos, clasificados según su capacidad e idoneidad. Esta lista es vigente, porque en 5 semanas nadie ha presentado otros criterios con un puntaje diferente. Nadie.

La lista está bien clara: a la izquierda los 15 candidatos elegibles, y a la derecha los 15 no elegibles. Elijan entre los 15 calificados los 5 magistrados y cinco suplentes. Entre ellos hay gente de derecha y de izquierda, no importa. Son los calificados. Punto.

Déjense de pajas y elijan de esta lista de 15, y olvídense de los otros 15. Y que cada uno de ustedes dé la cara por su voto. 

Saludos,