Solo en el año 2013 se tuvo que erogar, de los fondos públicos, más de $1.4 millones para pagar los salarios de estos funcionarios que el anterior presidente legislativo tuvo ocultos. Ayer se liberó nueva información.
Esto quiere decir que del total de los 183 asesores cuyos nombres y salarios que devengaban en 2013 han sido publicados, un 27 % ofrecía sus servicios solamente a los directivos, cuando estos 14 diputados equivalían al 16 % de todos los diputados.
Y en el tema salarial, estos 50 asesores que fueron revelados ayer –en cumplimiento a un fallo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ratificado recientemente por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)– devengaban en conjunto un total salarial mensual de $103,364, lo que al año se convertía en $1,447,096 si se le suman los dos bonos legislativos.
El listado de asesores de la junta directiva, al mes de agosto de 2013 y publicado ayer por la Asamblea Legislativa, revela la práctica que aún se mantiene de contratar a diputados suplentes como asesores, así como contratar a excandidatos a cargos de elección popular que no lograron el voto de los electores para desempeñar funciones públicas en el congreso.
Al menos con la publicación de ayer por parte del congreso se da cuenta de que el presidente del Órgano Legislativo de ese entonces, Othon Sigfrido Reyes Morales, mantenía un contrato laboral –con fondos públicos– con su socio en la empresa TERREIN, S. A. de C. V. , Byron Enrique Larrazábal Arévalo, quien se desempeñó como su asesor y ha sido corroborado de forma oficial en la lista publicada por el congreso.
En agosto de 2013, Larrazábal Arévalo, como el asesor de Reyes, devengaba $2,975 mensuales. Y en octubre de ese mismo año, ya siendo socios y bajo un contrato laboral con dinero público, el diputado y el asesor fundaron EKO LIME, S. A. de C. V., dedicada a la explotación de maderas. Esta fue la antesala para que en mayo de 2014 el diputado Reyes promoviera un decreto para devolverle un terreno embargado por el Estado a una persona del círculo familiar del asesor y socio Larrazábal Arévalo. Ese terreno devuelto por decreto se dedicaba a la siembra de maderas preciosas, como este periódico ha publicado y documentado.
Otros hallazgos en el listado
Entre los 50 asesores de los directivos de 2013, la que más salario devengaba era María de Jesús Guardado, con $4,000 mensuales y que laboraba para el primer vicepresidente Alberto Romero, diputado de ARENA. El asesor Carlos Alberto Ramírez Valiente devengaba un salario mensual de $3,900 y estaba asignado, según el listado oficial publicado ayer por la Asamblea, al séptimo secretario Francisco Zablah, de GANA.
Le seguía el asesor Federico Guillermo Guerrero Munguía, con $3,800 mensuales y asignado también a la primera vicepresidencia ocupada por Romero. Asesores con salarios de $3,500 mensuales eran Adolfo Florentino Ramos Reyes y Carlos Javier Barrera Gallegos, asignados al quinto vicepresidente Roberto d’Aubuisson, entonces diputado por ARENA.
La exdiputada de GANA Sandra Salgado, quien se desempeñó en la tercera secretaría de la junta directiva, tenía contratados a los dos asesores Yuri Ernesto y Carlos Bladimir, ambos de apellidos Lizama Núñez.
En el caso del segundo vicepresidente Guillermo Gallegos, diputado de GANA, se tenía contratada a Ana Dolly Valiente Escalante, quien ha sido apoderada de la CEL y fue candidata a diputada por GANA en La Paz para las elecciones legislativas de 2012.
La quinta secretaria, diputada Lourdes Palacios, del FMLN, tenía contratado como asesor a Ricardo Bladimir González, familiar del secretario general del FMLN y diputado de ese grupo parlamentario, Medardo González. Y el octavo secretario, Reynaldo Cardoza, del PCN, tenía contratado a su diputado suplente: Wílver Alexánder Rivera Monge, actualmente procesado en un juzgado de San Salvador por un caso vinculado al narcotráfico.
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