Los 59 días de pandillero en El Salvador que destrozaron a Miguel

Acusado injustamente de una de las peores masacres en la historia del paìs centroamericano, Miguel recuperó la libertad hace un mes pero vive oculto y endeudado.

Miguel Ángel Deras Martínez (al centro) espera la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción por supuesta participación en la masacre de Opico. Foto Fred Ramos/El Faro

Jacobo García/El País

Jacobo García, 27 agosto 2016 / EL PAIS

Esta podría haber sido una historia feliz si el mundo se hubiera detenido el 15 de julio a las seis de la tarde, cuando Miguel Ángel Derás abrazó a su madre y lloró con ella, en el momento que la puerta del calabozo se cerró tras él. Hasta ahí, todo iba relativamente bien.

Miguel dejaba atrás el apodo, el maldito apodo de pandillero, que lo mantuvo 59 días por error comiendo, durmiendo y defecando en un espacio mínimo, compartido con 70 mareros. La historia de un joven de 22 años que logró salir de una de las peores celdas del mundo, cuando el fiscal admitió que no participó en la masacre más sangrienta de la vida reciente de El Salvador.

Incluso sería sólo un mal recuerdo, esa semana de mayo, en el que todo el país vio a Miguelito en portadas y noticieros encadenado de pies y manos, exhibido como un desalmado junto a otros cuatro tipos tatuados. Pero el mundo no se detuvo en ese instante.

Para dimensionar el suceso, la masacre del 3 de marzo en San Juan Opico, una población a media hora en carro de la capital, dejó a El Salvador en estado de shock, a pesar de estar acostumbrado a convivir con un goteo diario de 15 muertes violentas. El absurdo asesinato a tiros y machetazos de 11 obreros de una compañía eléctrica que pasaban por allí, dejó boquiabierto al país centroamericano. Las pandillas, que durante el anterior gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) habían llegado a sentarse con ministros y diputados para pactar una tregua, daban un zarpazo y mostraban su rostro más salvaje e irracional.

Al estado de odio nacional ayudó la difusión en redes sociales de un video grabado entre risas por uno de los asesinos mientras remata a un hombre a machetazos en el cuello. Miguel se convirtió en uno de los rostros en quien vengar tanta bestialidad. El gobierno de Salvador Sánchez Cerén (FMLN) aprovechó para imponer un polémico plan de mano dura que permite, entre otras cosas, movilizar al ejército en las calles contra las pandillas. Grupos de policías han sido detenidos por participar en ejecuciones extrajuidiciales.

«Lo peor fue comer, dormir y defecar en el suelo frente a los demás»:
Miguel Derás, acusado injustamente de homicidio

Semanas más tarde de la matanza, Miguel abrió, con el cabello aún mojado por la ducha, la puerta de su casa en Quezaltepeque, ante la virulencia de los golpes. Era su día libre. Había ido a desayunar y pasó por casa a darse un agua antes de ir a almorzar con una amiga.

Unas horas después estaba detenido y encadenado frente a una nube de periodistas que le ponían el micrófono en la cara y le preguntaban cómo había matado a los obreros. La Fiscalía pidió para él más de 300 años de cárcel, algunos diputados exigían la pena de muerte y ante la opinión pública fue exhibido como un despiadado “terrorista”. En medio del linchamiento un periódico nacional publicó la dirección de su casa.

“Lo peor fue comer, dormir y defecar en el suelo frente a los demás”, recuerda Miguel a EL PAÍS. “Los primeros días dormía y soñaba que estaba caminando por el campo con mi novia pero luego despiertas y descubres que sigues en aquel lugar hediondo rodeado de gente”.

Foto personal de Miguel frente a su casa cedida por el autor

Miguel vivió 59 días en una celda, conocidas como bartolinas, con 70 personas. Dormía de lado para ahorrar espacio, con la cara junto a los pies de otro pandillero, en turnos de cuatro horas para que hubiera rotación pero respetando siempre los espacios y tiempos de los veteranos, cuenta. Con casi 35.000 reclusos, El Salvador tiene el mayor hacinamiento, del continente en sus cárceles, un 245%.

Pocos días después de su detención, un periodista se interesó por su historia. No tuvo que rascar mucho, como él dice: “No hay que ser experto en maras o en mareros para concluir que no era pandillero; bastaba interesarse un poco”. Roberto Valencia, del periódico digital El Faro y especializado en la cobertura del fenómeno de las pandillas, visitó a su familia, a sus amigos, su casa, habló con conocidos y nada olía a la mara; le gustaban los Rolling Stones, cero tatuajes, tenía amigos homosexuales –algo imperdonable en el submundo de las maras– y se rompía el lomo diez horas diarias, cargando cajas o sirviendo cervezas y cócteles de camarón. Todos sus vicios eran un cigarro de vez en cuando.

Finalmente, el 6 de julio, Islámico, el nombre que la Fiscalía puso al testigo protegido sobre el que se asienta el caso, pronunció las palabras que le abrirían la libertad: “Miguel no es el Slipy de la Santa María”.

Nueve días después la Fiscalía reconoció su error y lo puso en libertad. El día de la masacre, Miguel había ido a comprar camarón y había estado ayudando a su madre en la fonda, como cada día. El verdadero Slipy, con quien lo confundieron, sigue huido.

Todo hubiera salido bien si la historia concluyera ahí. Pero el abogado que llevó el caso y el resto de trámites costaron unos 8.000 dólares, un alto precio para una familia de seis miembros que vive con 1.500 dólares. Para poder abonar sus honorarios, su madre vendió la tienda familiar en el mercado de chanclas y guaraches. El resto los han conseguido con ayuda de familiares en Estados Unidos y los préstamos de vecinos y conocidos del barrio, que no perdonan el interés.

A ojos de las pandillas el nombre de Miguel Derás está asociado con la 18-Revolucionarios, que habría perpetrado la matanza, enfrentados a muerte con la MS-13 (Mara Salvatrucha) por lo que una sutil condena recae sobre él. Por temor a que quieran terminar con su vida la endeudada familia abandonó el hogar y vive oculta a varias calles de distancia. La madre, que antes tenía un negocio propio de calzado, ahora vende comidas entre los puestos del mercado.

El día que Miguel salió en libertad el periódico que publicó su dirección también recogió la noticia. 700 caracteres en páginas interiores y un titular: “Liberan a joven capturado por error por masacre de Opico”.

Muerte de un alcalde chamula. De Jabobo García

La muerte a golpes y patadas del edil de San Juan Chamula y su equipo revela la división en esta conflictiva y enigmática comunidad indígena de Chiapas.

Jacobo García, 30 julio 2016 / EL PAIS

Desde que despertó, Domingo López sabía que ese sábado 23 de julio, podía morir. Así que, aunque fueran las dos de la madrugada, se sentó en la cama, se puso un pantalón negro y rezó. Prendió las velas del altar de su habitación, hizo círculos en el aire con el humo del copal, extendió la juncia y pasó 40 minutos en silencio moviendo los labios frente a la imagen de la virgen.

• FOTOGALERÍA El infierno de los Chamulas

Luego desayunó lo mismo de cada día; huevos, frijoles y atole de maíz y comenzó a recibir a los vecinos con los problemas de siempre: el agua no llega, el lindero, la procesión de San Antonio no pasa por mi casa…

El indígena Domingo López, de 57 años, llevaba sólo ocho meses como alcalde de San Juan Chamula- a 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas – , pero conocía bien a sus vecinos. Había sido alcalde por el PRI en 2008 y repitió el cargo para el periodo 2015-2018, aunque por el Partido Verde (PV). Gobernar dos veces fue todo un agravio de acuerdo con los usos y costumbres que rigen este municipio de 60.000 habitantes conformado por 124 comunidades Tzotziles, regadas por los pliegues de Los Altos de Chiapas. Los miembros del Partido Verde que lo eligieron lo recuerdan como un “gran candidato, muy querido por los vecinos y buen gestor”. Un año antes lo habían convencido para que volviera a la política y aparcara temporalmente su vida junto a los camiones sacando arena y grava. Para otros, simplemente era “el tonto útil de un partido tan corrupto como los demás”, dice el antropólogo Gaspar Morquecho.

La mañana del sábado, Pascuala, su esposa, como un ritual repetido durante décadas, se levantó con él, cuando todavía era noche cerrada. “Algo va a pasar”, dijo Domingo, antes de pedirle que se marchara y se escondiera en San Cristóbal. Con la austeridad gestual de los indígenas, el último día de sus 40 años de vida juntos, reconstruye su hijo, se dijeron adiós estrechándose la mano y dándose la bendición.

A las 6:30 de la mañana, el frío gélido de la montaña comenzaba a templarse, con los primeros rayos de sol asomando por la cima. Una vez que estuvo solo, se enfundó el chuj blanco de lana de borrego, cogió el sombrero con cintas de colores, tomó el bastón de mando de las grandes ocasiones y bajó caminando la cuesta que conduce al Ayuntamiento. Tres horas después, Domingo López González estaba cubierto por un charco de sangre; tirado en la plaza del pueblo, con el rostro desfigurado por los golpes y el tiro de gracia en la cabeza.

Luis López, hijo de Domingo, en la casa familiar. Foto: Saul Ruíz

Dos perros copulan sobre la mancha de sangre donde hace 72 horas yacía Domingo. En el pueblo de las velas, las cruces y los rezos no hay nada que humanice la barbarie y sólo la mancha roja recuerda que la locura se apoderó del lugar donde los animales fornican.

La plaza es una peculiar combinación de viviendas feas de cemento y construcciones tradicionales que estaba llena de gente el día de la matanza. Pero como es habitual en los pueblos después de una tragedia, nadie vio nada. Sin embargo, desde hacía 15 días, todos sabían lo que se estaba cocinando. Días atrás grupos de opositores al alcalde habían recorrido las comunidades organizando a los vecinos para que marcharan hasta la cabecera municipal para protestar por no haber recibido las ayudas prometidas durante la campaña. Al llamado acudieron cientos de personas que se concentraron frente al Ayuntamiento desde las siete de la mañana para lanzar piedras mientras gritaban ladrón y mentiroso. “Las protestas normales, pues”, señala sin ninguna ironía un líder del Partido Verde, con tantos gramos de oro en los dientes como en el reloj.

Vista de la plaza de San Juan Chamula desde el balcón del Ayuntamiento. Foto: Saul Ruíz

El alcalde, o Tsetjo (corta cabeza) como lo conocían, encaró la situación y acompañado del resto de regidores tomó el micrófono y acusó desde el balcón a sus opositores del PRI de «engañar» a la gente. Pero a pesar de su fama de buen político, Domingo pronunció esa mañana el discurso más desafortunado de su carrera con una frase que puso el cerillo a la gasolina: “No hay dinero”.

Le exigían que entregara la subvención de 7.000 pesos (340 dólares) que había prometido a cada vecino durante la campaña. Según su equipo de gobierno se había entregado la primera partida y el resto de comunidades recibirían el dinero a medida que llegaran los fondos del gobierno estatal, también del Partido Verde. “Todo estaba perfectamente calendarizado” defiende Mario Collazo, Líder regional de los verdes. Los de abajo le reprochaban que sólo entregaba los recursos a las comunidades afines políticamente. “La intención era tomar la alcaldía y retener temporalmente al alcalde, pero no imaginaba todo lo que pasó después”, explica un vecino ‘en perfecto Castilla’.

Mujeres saliendo de la iglesia de San Juan Chamula el jueves. Foto: J. García

Asediado por las pedradas, el equipo de gobierno se protegió en el Ayuntamiento y los escoltas que lo acompañaban dispararon alocadamente causando tres heridos. Desde abajo repelieron los disparos, aparecieron más armas y el lugar se convirtió en un caos de gritos, carreras y ráfagas de AK-47 contra la fachada de la alcaldía. Un grupo, con el rostro cubierto, intentó ingresar al edificio mientras las balas rompían los cristales.

Rodeados y asustados, el alcalde, el síndico, los regidores, el juez de paz y hasta el chofer, intentaron huir por el único lugar posible; la parte posterior. Recorrieron los 32 pasos que separan el balcón de la ventana trasera y se descolgaron por una cuerda hasta la calle, pero los alcanzó la turba. Con un hierro de changarro le abrieron la cabeza y con un palo le atravesaron el cuello a Domingo. A partir de ahí comenzó una orgía violenta de patadas y golpes que terminó con la vida de, al menos, el alcalde y cuatro personas más, aunque hay dudas sobre la cifra definitiva. Pero la muerte no bastó. Una decena de personas arrastró el cuerpo hasta la plaza y durante largo rato siguió golpeando el cadáver ensangrentado y desfigurado de Domingo, el hombre al que convencieron de que volviera a la política. A su alrededor jóvenes con el rostro cubierto gritaban “dale, dale, dale”, hasta que uno de ellos sacó una pistola del morral y le disparó a la cabeza a dos metros de distancia. Todo quedó grabado en los celulares de los vecinos. Para que la humillación fuera completa alguien le bajó los pantalones al cadáver. Cuando a su hijo le dieron la noticia, también le dijeron: “Apúrate, quieren rociar con gasolina el cuerpo”.

Iglesia de San Juan Chamula. Foto: Saul Ruíz

Una familia de Chamulas apura una botella de Coca-Cola de 2 litros y eructa sin pudor en el interior de la iglesia. Charlan, musitan oraciones en tzotzil y prenden varias velas. Junto a ellos, sentados en el suelo del templo, una madre recorre el cuerpo de su hija con una gallina agarrada por las patas. El padre, mientras tanto, bebe pox, un destilado típico de caña y maíz. Sincretismo en estado puro. El templo de San Juan Chamula es probablemente la iglesia indígena más visitada de México. Las agencias de turismo incluyen la visita a este misterioso lugar donde los feligreses charlan, comen y beben sentados en el suelo, sobre una cama verde de vainas de pino. De igual forma, tanto las guías como los turoperadores recomiendan no desobedecer ninguna indicación para evitar problemas. Los chamulas tienen fama de ser tan celosos de sus tradiciones como huraños a la hora de compartirlas. Esta semana, diez agencias han suspendido sus visitas desde San Cristóbal de las Casas hasta que se calme la situación. A pocos metros de la misteriosa iglesia están el ayuntamiento y la sede del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Sobre estos tres edificios, como una metáfora nacional, ha pivotado siempre la convulsa vida de San Juan Chamula.

Pero ¿quién mató a Domingo?. “Todo indio sabe que las palabras mágicas para sobrevivir son: no sé” explica Morquecho. Sin embargo, cuando se apaga la grabadora y se cierra la libreta un nombre se repite de boca en boca: Marcelino González López, el candidato del PRI derrotado en las elecciones de noviembre por más de 10.000 votos. Una goleada histórica en un municipio donde hasta hace pocos años estaba prohibido ser de otra religión que no fuera la católica ni de otro partido que no fuera el PRI, dice Felipe Arizmendi, Obispo de San Cristóbal de las Casas. Hasta el momento la policía ha detenido a ocho personas, casi todas del entorno del excandidato. El último, el jueves, es el anterior alcalde, también del PRI. “La pelea por el ayuntamiento de Chamula es en realidad una disputa por el control del territorio. Existe una gran descomposición en municipios de Los Altos de Chiapas porque esta región se ha convertido en un corredor para el tráfico de droga, migrantes, mujeres o vehículos ilegales (chocolate)” explica Araceli Burguete, investigadora del Centro de antropología social (CIESAS). «Los grandes cárteles de la droga, Sinaloa, Zetas, Golfo…, no tienen presencia clara en Chiapas porque ese papel lo cumplen los grupos tradicionales de poder» añade. En los últimos diez años han muerto 40 ediles en México por la violencia.

El nuevo alcalde, Mateo Gómez, el jueves durante la toma de protesta. Foto: Saul Ruíz

“Es triste lo que sucedió y no queremos que vuelva a suceder. Desde ahorita no tengo partido y gobierno para todos», dice nervioso el nuevo edil en sus primeras palabras . «Y ahora, están todos invitados a pedir un refresquito en la tienda de parte de la Presidencia Municipal”, concluye junto a las autoridades tradicionales. Las botellas de pox pasan de mano en mano. Temeroso y protegido por más de 200 policías el alcalde que toma posesión es el antiguo regidor, un joven de 30 años que hace una semana se salvó por unos metros de ser linchado.

A la misma hora que los nuevos cargos beben aguardiente, dos cerros más allá, en la comunidad de Yitic un hombre abatido quiere olvidar cuanto antes cualquier tema relacionada con el política. Con la calma de quien está convencido de que su padre está en un lugar mejor, sólo pide dos cosas al mundo: que la gente borre los videos del linchamiento que corren de teléfono en teléfono y que un artista internacional escriba un corrido a la memoria de su padre.

Un grupo de exterminio perpetra una nueva matanza de pandilleros en El Salvador. EL PAIS

Derechos Humanos denuncia la aparición de escuadrones de la muerte y sus vínculos con la policía.

El líder pandillero Jesus Vásquez alias ‘El Tigre’ fue presentado el lunes ante los medios tras su detención en Colón. JOSE CABEZAS REUTERS

Jacobo García, 3 junio 2016 / EL PAIS

El combate a las pandillas y la política de mano dura emprendida en El Salvador avanza en paralelo con el aumento de matanzas extrajudiciales que han puesto en estado de alerta a organizaciones de Derechos Humanos que denuncian el aumento de prácticas paramilitares.

El martes un grupo armado cubierto con pasamontañas y vestido con ropas del ejército irrumpió en un funeral, se llevó por la fuerza a cuatro pandilleros y terminó con ellos a machetazos en una zona rural del país sin que hasta el momento haya ni un solo detenido, confirmó ayer la policía salvadoreña.

Según las primeras investigaciones, los cuatro asesinados, presuntamente miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13) con edades entre los 23 y 36 años, participaban en un velorio cuando el grupo armado llegó al cantón El Amatón- Departamento de Usulután-a 160 kilómetros de San Salvador- y se los llevó del lugar.

El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén del FMLN ganó las elecciones en 2014 con un mensaje de mano dura contra las pandillas y en enero de 2015 movilizó al ejército en los barrios, apoyado por tanquetas y helicópteros.

«El Estado no puede ser peor o igual que el criminal»
Procurador de DDHH de El Salvador

Sin embargo el resultado es agridulce. En los tres primeros meses de este año el pequeño país centroamericano registró 22 muertes violentas cada día, lo que convierte a El Salvador en el país más violento del mundo entre las naciones sin una guerra declarada. Aunque el gobierno se atribuye haber reducido en mayo a 11 las muertes diarias, Santiago, líder pandillero de la 18 Sureño, insistió en entrevista con EL PAíS que los buenos datos de mayo se deben a una tregua pactada desde Semana Santa.

En paralelo con la mano dura de Cerén el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, denunció la reaparición de grupos de extermino y responsabilizó a la policía y a soldados de las fuerzas armadas de ejecuciones extrajudiciales encubiertas como enfrentamientos. “El Estado no puede ser peor o igual que el criminal, es preocupante casos de enfrentamientos donde se informa de ejecuciones extralegales” escribió Morales en abril en su cuenta de Twitter. Su institución investiga 30 matanzas que habrían dejado unos 100 presuntos pandilleros muertos.

En concreto, el defensor de DDHH denunció dos matanzas en 2015.

Una de ellas fue reporteada por el periódico digital El Faro, que publicó en julio cómo la policía asesinó a ocho jóvenes tras un supuesto enfrentamiento en la finca San Blas, Departamento de La libertad. El enfrentamiento se publicitó como un éxito de los cuerpos de élite de la policía salvadoreña cuando en la realidad es que se trató de una matanza en la que aparecieron ejecutados varios jóvenes que ni siquiera eran pandilleros, demostró este periódico. Según Insightcrime una web especialidad en crimen organizado, en lo que va de año han muerto 346 pandilleros en enfrentamientos con la policía.

Otra modalidad es la participación directa de escuadrones de la muerte en matanzas de presuntos pandilleros como la de esta semana.

En las escasas investigaciones puestas en marcha hasta el momento, la Fiscalía General también demostró los vínculos entre la policía y los grupos de exterminio. La primera semana de mayo la fiscalía ordenó detener a cinco agentes, un empleado administrativo de la policía y 16 pistoleros dedicados al robo, sicariato y el exterminio de pandilleros. Según las investigaciones de la fiscalía, esta organización estaría vinculada al menos a una docena de homicidios.

Silvia Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, citada por la agencia AP, dijo que la existencia de estos grupos de extermino podría constituirse en una repetición del pasado «como en un tiempo pudieron haber sido los escuadrones de la muerte». «Creo que es una alerta, y el gobierno debe preocuparse y debe ver la disolución de los mismos y procesar a los que estén en dichos grupos», agregó.

En el último año y medio, 85 policías han sido asesinados por los pandilleros, que pusieron a los uniformados en el punto de mira tras la escalada represiva desatada por el Estado desde inicios de 2015.