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Continua en EDH el debate sobre la penalización absoluta del aborto: Federico Hernández, Rubén Zamora, Gaby Trigueros, y Mónica Pacas

Continua el debate que El Diario de Hoy ha abierto en sus páginas sobre la penalización absoluta del aborto y la propuesta de reforma. Comenzó con artículos de Morena Herrera y Regina Cardenal, siguieron tres columnas de Claudia Cristiani, y continúa ahora con posiciones de Federico Hernández Aguilar, Mónica Pacas de Rodríguez, Gaby Trigueros, y Rubén Zamora. Vamos a seguir documentando este debate.

Segunda Vuelta

 

Vidas en juego
De Federico Hernández Aguilar

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

En tres largos artículos escritos por mi amiga Claudia Cristiani, en su apoyo a la propuesta de despenalización del aborto presentada por el diputado John Wright, ella ofrece a sus lectores un panorama sobre la realidad ética y profesional de la medicina en El Salvador, que coincide con las historias de horror que la prensa mundial ha difundido en el mundo entero sobre la supuesta e inequívoca relación que existe aquí entre la defensa legal de la vida embrionaria y las muertes de mujeres y niñas embarazadas.

Este panorama, de hecho, es tan salvaje e inhumano que el Estado salvadoreño tiene “ya decidido” que una mujer embarazada no reciba “tratamiento médico contra el cáncer” (sic), que las niñas violadas se vean “obligadas a llevar a término el embarazo” (sic) aunque mueran en el intento y que los especialistas no tengan “seguridad jurídica para actuar” (sic) en caso de urgencia para salvar la vida de la madre. Para completar el cuadro, Claudia menciona “que las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son las principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva”, sin aclararnos que esa aseveración no corresponde a nuestro país sino a un informe mundial de la OMS.

Pero veamos. Para analizar con la debida seriedad este paisaje desolador, el sentido común nos lleva a plantear algunas interrogantes. De ser cierto lo que se afirma, ¿cuántos médicos son demandados al año por los parientes de niñas fallecidas debido a que no fueron intervenidas a tiempo durante su embarazo? ¿Cuántos jueces, colocando al embrión por encima del derecho a vivir de la madre en un caso complejo, han fallado contra esas madres o contra el personal sanitario responsable? ¿Qué profesionales de la medicina, bajo la pretendida “incertidumbre” legal que existe, han dejado morir a sus pacientes gestantes por desconocimiento (inexcusable) de los protocolos que se utilizan en los embarazos complicados?

Según la versión de los artículos que hoy comento, a estas alturas deberíamos tener cifras exorbitantes para responder con propiedad a estas tres preguntas sencillas. Las asociaciones feministas radicales y el mismo gobierno —que, por cierto, dedican ingentes esfuerzos a la búsqueda de estos casos, hasta por debajo de las piedras— tendrían munición de sobra para ilustrar a los diputados y darle la razón al señor Wright. Curiosamente, lo único que hasta la fecha han podido presentar es una historia manipulada que dio la vuelta al globo —la penosa crónica de “Beatriz”— y diecisiete narrativas criminológicas no vinculadas al delito de aborto. Poco, a decir verdad, para ese terrible infierno que a Claudia le han pintado sus fuentes.

¿Por qué la causa abortista no tiene estas escandalosas cifras a su disponibilidad? Precisamente porque la práctica deontológica médica incluye el “doble efecto” —equivalente al legal “estado de necesidad” o “inexigibilidad de otra conducta”, aludidos por Claudia— y los profesionales de la medicina (los que actúan con ética al menos) lo aplican sin mayores problemas, sobre todo en las situaciones en que existe una evidente colisión de derechos entre la madre y su bebé.

El “salvajismo” con que a veces se quiere revestir a nuestra legislación vigente le hace daño a la reputación del país de manera innecesaria. Ya suficientes problemas tenemos con nuestra diaria ración de violencia como para que nos prestemos a colaborar con esa ofensiva internacional que pretende imponernos su agenda abortista, con la ONU por delante.

La dura realidad de las violaciones a menores de edad invitan a que hagamos un amplio examen sobre las alternativas que existen, sin agregar a la tragedia del ataque sexual el otro drama del aborto. Para llegar a esas alternativas, sin embargo, lo que el diputado Wright debería promover es un debate sobre las causas del problema, en lugar de concentrarse en sus efectos (con los dilemas de moralidad que ello implica). Si hay buena voluntad para enfrentar el asunto desde todos los ángulos, los buenos ejemplos de tratamientos integrales a la llamada “gestación en crisis” están a la orden de quien quiera conocerlos.

Con respecto a la “decisión” que el Estado toma “a priori” para los embarazos difíciles, algunos tenemos una lectura distinta que también merece consideración. Aclarado ya que el Estado salvadoreño no obliga a nadie a morir para salvar a un embrión, lo que sí hace es procurar que ese embrión —el más inerme, el que menos puede defenderse— sea cosificado, anulado, destruido sin justificaciones válidas. Y yo personalmente estoy de acuerdo con que así sea, porque de lo contrario estaríamos habilitándonos como sociedad a poner condicionamientos al derecho a vivir. Y ya la historia humana ha demostrado con exuberancia hacia dónde nos lleva eso.

Entiendo que a mi amiga Claudia le haga ruido el papel estatal en este tema, pero me sorprende que no le escandalice el resultado práctico de la propuesta del diputado Wright, a saber: que un grupo de legisladores le diga al Estado cuándo nos debe obligar a reconocer que un ser humano es persona, es decir, objeto y sujeto de derechos en El Salvador. (Serían doce semanas, por ejemplo, en el caso de violación de una menor de edad). Si eso no es más arbitrario que la legislación actual, me encantaría conocer un argumento convincente que lo explicara.

Mañana abordaré otros aspectos de la postura de Claudia Cristiani que me parecen dignos de comentar, pero con todo respeto quisiera dejar claro que si los razonamientos detrás del proyecto legislativo del señor Wright coinciden con los señalados por ella, mucho me temo que siguen adoleciendo de sustentación suficiente. Después de todo, como bien dice mi amiga, hablar sobre la realidad del aborto es importante porque son vidas humanas las que están en juego.

 

Las columnas de Claudia Cristiani sobre el tema:
El aborto en el Código Penal
De lo teórico a lo real

Nuestros valores y derechos

Las columnas de Morena Herrera y Regina Cardenal

La columna de José Miguel Vivanco
La entrevista a Vivanco

 

¿Por qué ahora? Una reflexión en torno al aborto. De Rubén Zamora

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

En las últimas semanas se ha recrudecido el debate sobre la reforma al Código Penal respecto a la despenalización del aborto terapéutico, es decir, si es permisible que un médico, con el consentimiento de los interesados y durante los primeros meses del embarazo, pueda practicar el aborto en los casos de violación de una menor o cuando esté en inminente peligro la vida de la madre.

Nadie está pidiendo el aborto como un derecho absoluto de la mujer, cosa que como cristiano no puedo apoyar, aunque respeto las opiniones de quienes lo sustentan; pero este no es el caso en nuestro país, simplemente se trata de reintroducir algunos –no todos– los casos de aborto terapéutico permitido por la anterior legislación penal vigente por décadas y décadas, al igual que en la mayoría de los países del mundo, excepto unos pocos cuya base son países de religión islámica.

Los oponentes a esta reforma, argumentan, por un lado que permitirlo es un asesinato y por otra parte que el aborto es una violación ala ley divina de “no mataras”; ambos argumentos me parecen muy débiles.

Respecto al asesinato, se maneja como una apelación emotiva típicamente populista y no racional que apela al laudable sentimiento de preservar la vida, pero que, como todo sentimiento esta sujete a un buen numero de excepciones; aun más, analizado desde el punto de vista jurídico, carece de toda validez, pues carece del elemento de dolo, que es esencial en el asesinato; la motivación de estos casos es de otra naturaleza que igualmente apela sentimientos humanitarios; cuando se trata del aborto por violación, la motivación es el daño causado por un crimen en una persona legalmente indefensa y en el otro caso, es claro que la motivación es salvar una vida, la de la madre. Por otra parte, argumentar que porque la ley hoy no lo permite, queda absolutamente prohibido, no pasa de ser un sofisma, pues si la ley antes lo permitía, es la ley misma –en concreto la Asamblea Legislativa– la que puede permitirlo.

Respecto a la transgresión a la ley divina de “no matarás”, de nuevo nos encontramos con un sofisma, pues en la historia de la humanidad, si bien los preceptos divinos han sido y son un invaluable guía para la humanidad, están sujetos a excepciones que la sociedad acepta y apoya; el caso más evidente es que prácticamente todos los países aceptan no solo la existencia de los ejércitos y policías, sino la facultad que tienen de matar en determinados casos que la ley establece; así mismo, tenemos el caso de la legitima defensa que es universalmente reconocida y para abundar, recuerden que otro precepto divino es “no robarás”, pero el cristianismo desde Jesucristo le da la excepción de que en caso de estar muriendo de hambre es ético y licito robar alimentos.

Para terminar, quisiera plantear a quienes adversan las excepciones al aborto una pregunta: ¿por qué hasta ahora reclaman el cumplimiento de la ley divina y claman por asesinatos, si nunca lo hicieron cuando nuestra ley penal no solo permitía estos dos casos de aborto sino otros más? ¿Acaso entonces no eran asesinatos ?… ¿Acaso en todas esas décadas no estaba vigente la ley divina que hoy aducen? Porque no puedo pensar que ha sido por ignorancia de la ley y de la realidad del país, sobre todo cuando entre los que los acuerpan hay eminentes abogados que pasaron por estudios de Derecho Penal en la universidad.

 

Lo que en verdad está en juego
De Mónica Pacas de Rodríguez

17 abril 2018 / El Diario de Hoy

Viendo las noticias, leyendo las redes sociales y escuchando lo que las personas comentan, me doy cuenta de que hay una terrible confusión cuando se habla y se discute en relación a la legalización o no del aborto llamado terapéutico o al aborto en los casos de embarazos fruto de una violación.

El viernes pasado presencié dos momentos diferentes en torno a este tema: el primer momento, una persona adulta, estudiada y formada, me preguntaba por qué no se debía considerar el aborto cuando el embarazo era fruto de las situaciones antes mencionadas. En ambas situaciones que están siendo consideradas legalizar, el bebé es no deseado y hasta odiado tal vez y se argumenta que se pone en riesgo la salud física y/o mental de la madre en caso de continuar el embarazo. El segundo momento, unos adolescentes hablando con total claridad y sentido común sobre por qué no se deben legalizar estos casos. A esto, sumémosle el debate que se ha generado a través de los diferentes medios masivos y otros ámbitos.

Esto me llevo a preguntarme la razón de esta ironía: los jóvenes con una consciencia clara y los adultos confundidos… La única respuesta que me resultó coherente es que las personas mayores estamos más “cargados”. Me explico.

En mi opinión, los adultos hemos sido influenciados poco a poco por una genial campaña a favor del aborto, en la que jugando con nuestras emociones, nos han ido presentando casos espeluznantes que nos han tocado la fibra de nuestro ser; y como es natural en todos, ha generado una reacción de rechazo ante estos embarazos. Algunos ejemplos: el papá que viola a la niña de 12 años y la deja embarazada; la señora que tiene cuatro hijos y ahora ha desarrollado una enfermedad que pone en riesgo su vida si continúa con el quinto embarazo; y así otra y otra y otra… Estas son realidades muy dolorosas que lastimosamente aquejan en nuestro país. Nadie lo puede negar. Y ese dolor compartido es algo que nos une a todos.

Sin embargo, se plantea el aborto como la única opción viable, cuando hay muchísimas medidas más que se pudieran implementar, en caso de querer ayudar a estas madres realmente. Se habla del aborto como de quitar una muela, sin hablar sobre las consecuencias que conlleva, tanto físicas, como mentales y emocionales.

Me parece que lo medular en esta discusión es que se está olvidando y dejando de lado el valor de la vida humana, que es el valor por excelencia. Sin vida no hay nada. Sin vida, todos los demás derechos humanos pierden sentido. Por tal razón, apelo a la sensatez y buena voluntad de quienes nos representan en la Honorable Asamblea Legislativa para que con audacia y valentía defiendan el valor de la vida y lo pongan por encima de cualquier otro tipo de interés o presión internacional. Y recordar que nadie, tiene el derecho de decidir sobre la vida de una persona. E invito a todos los salvadoreños a no dejarse confundir y cargar con amenazas, promesas e intereses personales o sectoriales. Informémonos bien antes de impulsar medidas que con certeza irían en detrimento de nuestra sociedad y encontremos otras alternativas que serían más favorables para todos. ¡Defendamos juntos la vida!

 

Nosotras decidimos
De Gaby Trigueros

18 abril 2018 / El Diario de Hoy

Quiero iniciar esta columna aclarando dos puntos que son esenciales y básicos. Primero, el Estado es laico y se ha diseñado de esa forma para que todos sus ciudadanos puedan convivir de manera civilizada, respetando las distintas creencias que cada uno pueda tener. Por ello es que existen cientos de países con miles de personas religiosas (de todo tipo) que se rigen bajo un marco de laicidad. Segundo, personalmente quiero hablar de la interrupción del embarazo en casos extremos, no promuevo una despenalización total ni tampoco me considero una “asesina”, que es como algunas personas, las que no han comprendido estos dos puntos básicos, me han señalado irresponsablemente. No entraré a detalle con los señalamientos, no vale la pena.

El tema de la despenalización del aborto en nuestro país ha sido extremadamente escabroso y, principalmente, incómodo para el sector ultraconservador de nuestra sociedad. Ese no es ningún secreto. De hecho, es ahí donde se origina el entrampamiento de este tema que no logra concretar un debate de altura y madurez en la Asamblea Legislativa, ante lo cual es importante esclarecer que este no debe ser un tema que se oriente bajo argumentos religiosos y mucho menos personales. Estamos hablando de una reforma al Código Penal en su artículo 133 A, para lograr que las mujeres salvadoreñas puedan tomar una decisión propia, con el apoyo de sus familias y orientación médica, y que no sea el Estado el que imponga una decisión en esos casos extremos.

Profundicemos en los casos extremos. Para ello les planteo un caso hipotético: si usted tuviese dos hijos y se vuelve a embarazar, y en el desarrollo de su embarazo el doctor diagnosticó que es un embarazo de alto riesgo y que usted podrá perder la vida, ¿quisiera usted que el Estado imponga una decisión absoluta sobre su caso, o prefiere tomar una decisión junto a su esposo y familiares bajo consejo médico? Retomemos el mismo caso hipotético, solo que en este, usted es soltera, viuda o simplemente no existe esa figura paterna para sus hijos, ¿qué será de sus hijos? ¿Quién debe escoger lo mejor para ellos, usted o el Estado? Ahora imaginémonos un caso extremo mucho más crudo, una niña de 12 años de escasos recursos fue violada por su tío, ella apenas podrá portar otra vida en su cuerpo y no tiene las posibilidades de recibir una nueva vida a este mundo bajo las condiciones dignas más básicas; esta niña no tiene a su padre, solo a su madre, ¿será justo que el Estado decida por ella o es mejor que la madre y sus médicos la orienten a tomar una decisión?

Considero importante mencionar que estoy hablando del poder de tomar decisiones sobre nuestras vidas y cuerpos, no estoy hablando de una obligación ante una interrupción del embarazo. Nada debe ser obligatorio; por ello el simple hecho de dignidad humana debe ser suficiente para que nadie imponga una decisión sobre alguien, ni el Estado ni ninguna organización. Las mujeres salvadoreñas somos capaces de tomar decisiones sensatas, de orientarnos adecuadamente con apoyo médico, y de escuchar a nuestra familia y saber qué es lo mejor para ellos, de todo esto y solo esto, debe abordarse el debate de la reforma al Código Penal. Este es un tema de ley que debe velar por el bienestar y salud de las mujeres salvadoreñas, como también debe fortalecer la capacidad de toma de decisiones que merece por derecho cada mujer.

La clave de la solución al problema está en debatirlo sin fanatismos o posturas absolutas, centrándonos en la protección de la vida y la salud de la mujer. Tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro para debatir con argumentos con altura. Es lo mínimo que merecemos las mujeres salvadoreñas.

@lagabyt

 

Vidas en peligro (2)
De Federico Hernández Aguilar

18 abril 2018 / El Diario de Hoy

En uno de sus artículos de respaldo al proyecto legislativo del diputado John Wright sobre el aborto, Claudia Cristiani nos hizo a sus lectores unas preguntas en torno a qué decisión tomaríamos si, de llegar a concretarse durante el embarazo una situación límite, nos tocara elegir entre la vida de nuestra cónyuge y la del hijo en sus entrañas. Como no tengo razones para esconder en mi conciencia esa respuesta, la doy sin problemas: los dos embarazos exitosos que hemos tenido fueron de alto riesgo, y la decisión de llevarlos hasta el final —pasara lo que pasara— ya estaba tomada por ambos.

Por supuesto, aunque admire como admiro la heroicidad de mi esposa, tengo claro que nuestras convicciones no pueden ni deben imponerse por ley a las demás parejas. Y aquí llegamos de nuevo a la arbitrariedad que yo mencionaba en mi artículo de ayer. El principio está por encima de la casuística. Por mucho que toda legislación tenga un grado inevitable de discrecionalidad, cuando estos marcos legales hacen referencia al derecho a la vida, nuestros criterios tienen que ser más amplios e interdisciplinarios que en otros asuntos. Me parece la posición más ética.

La jerarquía del derecho a vivir por encima de los demás derechos es no solo de orden social sino cronológico: jamás he visto a un muerto defendiéndose de nada. Pero el que incluso ese derecho tan importante tenga en la práctica límites y excepciones —los cuales también expliqué ayer— no significa que una legislación que señale o amplíe las causales para limitarlo sea la mejor respuesta en circunstancias complejas.

En última instancia es irrelevante cómo se llegó a determinada reforma en un código penal, siempre y cuando haya quien sepa exponer razones válidas para su vigencia. Si solo las falsedades a que se ha recurrido en otros países para legalizar el aborto invalidaran esas reformas, Estados Unidos, México, Chile y media Europa tendrían que volver a ilegalizarlo. La cuestión es cómo argumentamos nuestras posiciones y a qué fuentes recurrimos para ello.

Reconozco en Claudia la buena fe cuando dice que la propuesta de Wright “no pretende abrir puertas que siempre han estado cerradas” al aborto. El problema es que la evidencia histórica dice exactamente lo contrario. España, Alemania, Estados Unidos, Holanda, y un largo etcétera, son países cuya legislación permisiva de la interrupción del embarazo empezó con “excepcionalidades” y ha terminado ampliándose hasta prácticamente borrar casi cualquier obstáculo para las mujeres que quieran deshacerse de sus hijos.

No basta, pues, la buena fe. Se debe tener presente los contextos históricos en que ciertos proyectos de ley son empujados y el efecto que estos pueden tener en otros grupos de presión, que suelen necesitar de muy pocos resquicios para lanzarse a radicalizar los marcos vigentes. Tampoco debemos asumir que la verdad moral de las decisiones políticas descansa en mayorías coyunturales, como ya he tenido ocasión de exponer en otros artículos. Si casi todas las encuestas señalan hoy que los salvadoreños rechazan el aborto, cualquier cambio en esa opinión no dotará al aborto de mayor o menor moralidad.

Confieso que me costó mucho entender en qué sentido mi amiga Claudia introdujo el tema de la separación entre Iglesia y Estado en el último de sus tres artículos. Es obvio que nuestro Estado es laico y que a las diversas denominaciones cristianas les asiste el derecho de defender sus puntos de vista como a cualquier agrupación ciudadana. Por qué se insiste en eso dado que la decisión final queda en manos de legisladores, la verdad, no me queda claro. A menos que se presuponga que las iglesias están haciendo cosas indebidas para presionar a los diputados.

Si ese fuera el caso, las presunciones no solo deberían dirigirse a las creencias religiosas de la gente, sino también a las ideologías (que son otras formas de creencia, pero más perniciosas), porque es evidente que detrás del movimiento abortista en El Salvador hay bastante subjetividad y poca ciencia, además de mucho, mucho dinero. Si ese financiamiento se destina únicamente a movimientos feministas privados, la situación tal vez no sea tan grave; pero si por allí se cuelan fondos para partidos políticos o campañas gubernamentales, estaríamos delante de una intromisión escandalosa que convendría denunciar a nivel internacional.

Pero volvamos al tema de la arbitrariedad. Si yo le preguntara al diputado John Wright por qué doce semanas es un tiempo científicamente defendible para considerar “persona” a un ser humano en El Salvador, ¿cuál sería su respuesta? Si aludiera al aborto criminológico que tuvimos antes o a legislaciones de otros países, la pregunta seguiría en el aire: tampoco sus pares en esos países le ofrecerían respuestas satisfactorias, objetivas, apoyadas en las especialidades científicas a que corresponde acudir.

¿Qué diferencia habría entonces entre la justificación de hoy con una que en el futuro proponga que ese periodo de doce semanas se amplíe a quince o a veinte? Objetivamente, sin ciencia de por medio, no habría diferencia posible. Y eso es lo que pasa cuando nos arrogamos la autoridad para decidir quién vive y quién no vive: quedamos aparcados a centímetros de las tiranías.

Despenalización del aborto: nuestros valores y derechos. De Claudia Cristiani

Este es la tercera entrega de las posiciones de Claudia Cristiani sobre la prohibición absoluta del aborto en El Salvador y la necesidad de reformar y liberalizar la ley.

Claudia Cristiani, 12 abril 2018 / El Diario de Hoy

La discusión sobre la despenalización del aborto es importante porque hay vidas de por medio. Está claro que no es una discusión sencilla. No es una discusión entre buenos y malos, entre los que defienden la vida y lo que no la defienden (o están a favor de la muerte). Los ciudadanos tenemos derechos constitucionales diversos, a la vida, la salud, la libertad, la dignidad y debemos encontrar soluciones para los casos en los que estos entran en conflicto.

Es necesario situar la discusión en el ámbito en el que debe darse, que es el político (aquel en el cual los miembros de una sociedad resuelven los problemas que surgen de tener que convivir unos con otros). En El Salvador, la Constitución establece la separación entre Iglesia y Estado y, por tanto, las leyes deben establecerse con base en acuerdos sociales (políticos) y no con base en creencias religiosas. Lo anterior no quiere decir, desde ningún punto de vista, que no podemos tomar en consideración nuestros valores o nuestras creencias al establecer esos acuerdos, eso es imposible porque no somos robots.

Lo que sí quiere decir es que debemos estar conscientes de que los valores y creencias son relativos a las personas, no son absolutos. Es decir, lo que usted valora o cree no necesariamente es lo que todos valoran (o valoran de la misma manera) o creen. Y el derecho a valorar y creer cosas diferentes es uno de los principales derechos que la Constitución (y la democracia) protege.

En otras palabras, si bien pueden incidir, ni sus valores y creencias ni los míos pueden ser la base de nuestros acuerdos políticos. Si fuera de otro modo, viviríamos en una dictadura, como Cuba o Corea del Norte —en el caso que fueran los valores de unos los que se imponen sobre los demás— o en un Estado fundamentalista, como Afganistán —si fueran las creencias religiosas la base para definir las leyes de la República.

Si sus creencias religiosas le obligan a rechazar y condenar el aborto, eso no le otorga el derecho a exigir, por ley, que todos los demás ciudadanos también lo rechacen y condenen. A lo que sí tiene derecho es a no abortar o a no practicar un aborto, aunque éste esté despenalizado —y la propuesta de reforma en discusión no afecta ese derecho de ninguna forma. También tiene el derecho a promover y expresar sus creencias y valores e intentar convencer a los demás de creer y valorar lo mismo.

¿Qué propone el anteproyecto presentado por el diputado Wright? La despenalización del aborto por dos causales (que no sea delito en dos situaciones específicas): (1) para salvar la vida y preservar la salud de una mujer gestante y (2) cuando el embarazo es producto de una violación a una niña menor de edad. En ambos casos se requeriría el consentimiento informado de la embarazada (y sus padres en el segundo caso) y un dictamen médico previo.

Voy a repetir, para evitar confusión, que en ningún momento la reforma propone que la interrupción del embarazo tiene que efectuarse. Lo que propone es que la decisión sea de la mujer o niña embarazada (y sus padres) cuya vida o salud está en riesgo, previo dictamen médico, y no sea una decisión predeterminada por el Estado. En todos los demás casos —por ejemplo, embarazos no deseados, violación de mujeres adultas, cuando el no nacido es inviable fuera del útero— el aborto seguirá siendo un delito penado con cárcel.

También voy a repetir, para evitar malentendidos, que la mujer o niña gestante (y sus padres) pueden decidir no interrumpir el embarazo a pesar de los riesgos, y nadie puede obligarlas a hacer lo contrario. Millones de mujeres y niñas viven en países adonde el aborto está despenalizado en ciertos casos o legalizado totalmente y jamás han interrumpido alguno de sus embarazos.

Vale la pena recordar lo que expliqué en la primera columna de esta serie: de aprobarse la reforma, no estaríamos abriendo puertas que siempre han estado cerradas en el país, nos llevaría a una situación más restringida que la que ya teníamos en 1997 y que estuvo vigente desde 1974. Es decir, a una situación jurídica y de salud pública que ya se consideraba sensata y correcta en 1960, cuando se elaboró el anteproyecto que sirvió de base para ese código penal.

Voy a añadir unos datos que me parecen relevantes. A pesar de la desinformación que existe al respecto, según una encuesta realizada por Untold Research-CID Gallup en el 2017, el 60 % de los salvadoreños (3 de cada 5) considera que la legislación en materia del aborto debería modificarse. La misma cantidad considera que las mujeres y niñas gestantes deberían poder interrumpir un embarazo cuando su salud y vida están en riesgo (58 %). Y el 74 % (3 de cada 4) considera que “los médicos deberían estar autorizados para ofrecer la atención médica necesaria para salvar la vida de una madre, incluyendo la interrupción del embarazo”.

Ya mencioné en otra columna que las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son la principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva, no es necesario ser doctor para entender que para una niña de 12 años, un embarazo es de alto riesgo. Pero también hay estadísticas que indican que la criminalización absoluta del aborto no solo no mejora la situación ni de los no nacidos ni de las mujeres y niñas embarazadas —incrementan las muertes de mujeres gestantes porque los médicos no tienen seguridad jurídica para actuar o actuar a tiempo— sino que tampoco disminuye los abortos, los transfiere a la clandestinidad, lo cual incrementa la mortalidad de todos los involucrados.

Finalmente, voy a recalcar que yo no estoy a favor del aborto, que no quiero matar bebés, que sí estoy a favor de la vida. No soy una persona sin valores. Sin embargo, entiendo también que la realidad es complicada y que vivir en democracia a veces requiere tomar decisiones que no son ideales, pero sí necesarias.

Lea las primeras dos columnas de Claudia Cristiani sobre el tema:
El aborto en el Código Penal
De lo teórico a lo real

El Diario de Hoy abre sus páginas al debate sobre el aborto

No debe pasar desapercibido lo que es una decisión editorial trascendente. Un periódico de larga tradición conservadora como El  Diario de Hoy ha abierta sus páginas a un debate serio y plural sobre la reforma a la legislación que prohíbe el aborto. Ya hace días EDH publicó una columna y luego una extensa entrevista, dando voz a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, quien solicita a la Asamblea modificar la prohibición absoluta del aborto. Y hoy el mismo periódico publica dos columnas, una de la feminista Morena Herrara, otra de la activista pro-vida Julia Regina de Cardenal, que marcan las posiciones opuestas en este tema. Es una decisión editorial valiente que hay que aplaudir.

Segunda Vuelta

Atendiendo un problema de salud pública: la reforma al Artículo 133 del Código Penal. De Morena Herrara

Mórena Herrera, 6 abril 2018 / El Diario de Hoy

En abril se cumplen 20 años de vigencia del Código Penal actual en El Salvador que resultó de los Acuerdos de Paz, fue pensado como instrumento en la construcción de paz y la procuración de seguridad jurídica para la población. Es el mismo Código que penalizó absolutamente el aborto, lo cual no estuvo propuesto ni siquiera por el equipo jurídico del expresidente Calderón Sol, que gobernaba entonces. Las presiones de algunos sectores llevaron a aprobarlo así, por una mayoría de parlamentarios, sin prever las graves consecuencias que tendría en la salud y vida de niñas y mujeres salvadoreñas.

Dos décadas de aplicación han evidenciado los impactos negativos de esta medida, mucho dolor para numerosas familias, a causa de una legislación que parece insensible a realidades cotidianas que se viven en hospitales públicos, en ciudades y comunidades rurales. Estas realidades tienen caras y datos concretos en estadísticas nacionales.

Recuerdo la desesperación en la mirada de una madre cuya hija de 15 años de edad enfrentaba un segundo embarazo de pocas semanas. Su hija ya tenía una niña de 20 meses; en ambos casos los embarazos fueron resultado de violaciones sexuales de hombres armados que llegaban a su comunidad y se llevaban por unos días a las niñas y adolescentes. La señora acudió con su hija y nieta al Hospital de Cojutepeque pidiendo que interrumpieran el segundo embarazo, pues su hija padecía de graves niveles de anemia. “Ya no les puedo cuidar —decía— y mi hija no tiene fuerzas para aguantar este segundo embarazo”. A esta mujer, que vende verduras en el mercado, los médicos le indicaron pedir autorización en Fiscalía; la respuesta fue otra amenaza: si su hija perdía el embarazo, la primera en ir a la cárcel sería ella.

Conversando con el doctor Ortiz Avendaño, quien por años dirigió el Departamento de Perinatología del Hospital de Maternidad (ahora Hospital Nacional de la Mujer), me contaba cómo la experiencia de una niña de 10 años le fue abriendo los ojos ante la realidad que enfrentan las niñas: ella estaba embarazada y la tuvieron ingresada por varias semanas, debido a que padecía de una cardiopatía congénita. El embarazo inició cuando la niña tenía 9 años, resultado de constantes abusos y agresiones sexuales de su padrastro. “Era un cuerpo pequeño que apenas cubría la mitad de la cama; en visita con médicos residentes e internos, llevábamos hilos y telas para que bordaran las pacientes que permanecían ingresadas por más tiempo. Le preguntamos si quería bordar, ella nos preguntó ‘¿Y crayolas no tienen?… es que a mí me gusta colorear’. Los médicos nos quedamos sin respuesta, con un nudo en la garganta. Allí me di cuenta de que era solo una niña, que hasta entonces mi abordaje medico era muy biológico”.

Como estas, hay miles de historias. Hace unos años se empezó a poner atención sistemática a este problema; para 2012 el Minsal registró 1,770 inscripciones maternas de niñas de 10 a 14 años, y aunque las cifras van decreciendo, en 2016 solo habían bajado a 1,166. Son niñas que no tienen el desarrollo físico y psicológico para enfrentar embarazos impuestos. De acuerdo con nuestra legislación, se trata de abusos y violaciones sexuales. El Salvador solo ofrece a estas niñas continuar con el embarazo, que para muchas significa una tortura.

Otra consecuencia grave de esta ley son los riesgos a la salud y a la vida de mujeres que enfrentan complicaciones en el embarazo. Para 2017 el Minsal reportó que el 97 % de muertes maternas fueron por causas prevenibles. Se trata de mujeres y adolescentes que en algunos casos padecen enfermedades previas, agudizadas con el embarazo, tales como insuficiencia renal, cardiopatías, diabetes, tumores cancerígenos, pancreatitis y otras. Algunas se habrían salvado con interrupción del embarazo a tiempo. También se encuentran los embarazos ectópicos, cuya prolongación representa graves riesgos a la salud de la madre.

Otro riesgo a la salud son patologías fetales que los avances científicos permiten diagnosticar en etapas tempranas del embarazo como malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, lo que significa que no sobrevivirán fuera del vientre materno. Según la doctora Mena Ugarte, Coordinadora del Comité de Patología Fetal del Hospital Nacional de la Mujer, en ese hospital se registra un promedio de cuatro casos mensuales con estas características; la más frecuente es la anencefalia, que es cuando no se logra formar el cerebro o la bóveda craneal. No se trata de niños con síndrome de Down, cuya sobrevida y posibilidades de desarrollo están más que confirmados.

Estas consecuencias apuntan a un problema de salud pública y de derechos, es decir, a un problema de Estado, que requiere ser abordado con responsabilidad por todos los partidos políticos, para que una vez aprueben la reforma al artículo 133 del Código Penal, se proceda a establecer políticas específicas en instituciones de sanidad pública que permitan a mujeres, adolescentes y niñas que lo necesiten, el acceso a servicios en condiciones seguras, independientemente de su nivel socioeconómico. Esto impediría a la vez, que se hiciera negocio con este servicio.

Nadie realmente está a favor del aborto, pero en determinadas circunstancias puede ser la solución que cause menos daño. Por ello es necesario abrir nuestros corazones y nuestras mentes a un debate franco y no polarizado sobre este problema de salud pública, y sobre todo, que exijamos a nuestra Asamblea Legislativa que no dilate más la aprobación de esta reforma.

 

¿Despenalizamos el robo, los secuestros, los asesinatos? De Julia Regina de Cardenal

 

Julia Regina de Cardenal, 6 abril 2018 / El Diario de Hoy

Aunque el homicidio es penalizado aquí, siempre habrá asesinatos. ¿Les parecería lógico proponer la despenalización de la “interrupción de la respiración” de personas en algunos en casos especiales como solución para erradicar estas muertes? Por ejemplo poder matar legalmente 1. a personas con edades o enfermedades “no compatibles con la vida” o con riesgo a tenerlas; 2. a personas cuyos padres han sido violadores, criminales o cuyas madres han sido víctimas de violación o trata; 3. a personas que podrían poner en peligro la vida de otros, tales como conductores temerarios, médicos o enfermeras que causan daños a pacientes por errores humanos, etc. Los mismos argumentos se podrían usar con el robo, los secuestros y otros delitos que a pesar de ser penados siempre se van a seguir cometiendo.

¿Les parecen propuestas absurdas? Esto es lo que propone la industria del aborto para lograr establecer su inhumano negocio alrededor del mundo. Sus estrategias son tergiversar el lenguaje, mentir, manipular, usar a las personas, comprar voluntades, corromper y matar a los más indefensos. Tienen mucho dinero y años de experiencia creando tácticas nuevas, falsas estadísticas, contratando y entrenando promotores muy bien pagados para que vengan a nuestros países a presionar a nuestros legisladores para que legalicen el negocio lucrativo del aborto, irrespetando a nuestra soberanía.

Invierten millones en crear organizaciones con nombres bonitos para humanizar una barbarie contra la persona más vulnerable, tales como “derechos humanos”, “derechos reproductivos”, “derecho a decidir”, etc. La realidad es que no existe el derecho a matar, solo el derecho a la vida.

Odian que se sepa la verdad sobre la sangrienta crueldad con la que matan a los bebés por nacer. Niegan que la ciencia ha demostrado que son personas humanas únicas e irrepetibles con derechos iguales a cualquiera de nosotros. Utilizan a las mujeres que tienen embarazos en dificultades haciéndoles creer que quieren ayudarles cuando la verdad es que no importa si les perforan el útero, los intestinos, la vejiga, si quedan estériles, si quedan con traumas irreparables o si mueren. Tratan de callar a muchas mujeres que han salido del silencio después de un aborto para denunciar todos los daños que sufrieron.

Se hacen pasar por nobles, bondadosos y hasta quieren hacer creer que el aborto es un acto caritativo. La frases claves que los desenmascaran cuando hablan de “despenalizar” el crimen del aborto son: “por lo menos en los siguientes casos” o “es un derecho de la mujer”, con lo que aceptan estar detrás de la legalización del aborto por demanda, por cualquier circunstancia. Abortar es matar. Las mujeres y sus hijos merecen lo mejor. Suficiente violencia y muerte tenemos en el país.

Mientras en los países que tienen legalizado el aborto se están cerrando centros de abortos, gracias a que muchas mujeres están realizando cómo este negocio sanguinario las explota y engaña, los aborteros buscan dónde poder abrir nuevas sucursales de la muerte.

Mañana hay una marcha provida organizada por pastores evangélicos que piden que nos unamos a defender el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sería bueno que las familias salvadoreñas seamos la voz de esos pequeñitos indefensos.

Un país que no tiene una política de apoyo a la mujer y al bebé ha fracasado. Nuestro país debe demostrar que ayuda a las mujeres con embarazos en dificultades brindándoles toda la atención que ambos necesitan, pero nunca aceptaremos la violencia y la muerte como solución.

 

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