Fiscalía

En vez de carta: Crónica de una acusación arbitraria (2). De Paolo Luers

¿Asociación ilícita?

Paolo Luers, 23 mayo 2017 / EDH y MAS!

Voy a continuar usando este espacio para comentar lo que de otra manera quedaría fuera de la cobertura mediática, la cual se limita a repetir los argumentos de la Fiscalía en el “caso tregua”. Ayer, luego de tres días de escuchar a los fiscales, le tocó argumentar a la defensa. Hablaron los abogados de 12 de los 22 acusados. Hoy concluirán los restantes 10.

Los defensores causaron serios daños estructurales al edificio frágil que había levantado la Fiscalía: la teoría de una “asociación ilícita” entre oficiales de la PNC y de Centro Penales, junto al mediador Raúl Mijango, para fortalecer a las pandillas. Y la FGR alega que en este contexto y para este fin- cometieron delitos como la introducción de ilícitos en los penales. Esta teoría la construyeron el exfiscal Julio Arriaza, ahora prófugo para evadir su juicio por fraude procesal (elaborar pruebas falsas en un proceso), y el exfiscal general Luis Martínez, preso por el mismo delito. Ellos escribieron el requerimiento fiscal contra los 22 acusados en el “caso tregua” – y su fantasma estuvo presente durante toda la audiencia -.

Los defensores demolieron los fundamentos de este edificio. Botaron la teoría de la “asociación ilícita”, comprobando que los acusados actuaron por órdenes de una “asociación lícita” y oficial: del gabinete de Seguridad del Gobierno.
Además señalaron que la gran mayoría de las pruebas ofertadas por la Fiscalía es impertinente para los delitos imputados a sus defendidos y, por tanto, inadmisibles. El hecho que se gestionó una tregua: irrelevante, porque no es calificable como delito. El hecho que se trasladaron a los jefes de las pandillas de un penal a otros: irrelevante, porque tampoco constituye delito – y además esta decisión no estaba en manos de ninguno de los 22 imputados, ni siquiera del director de Centros Penales. El hecho que a los penales entraron televisores y comida rápida, es irrelevante, porque la Ley Penitenciaria les garantiza estos derechos a los internos. Todos estos son cargos y “pruebas” que solo tienen relevancia en el juicio paralelo que lleva al Fiscalía: el juicio mediático y político. Pero inadmisibles en el juicio formal ante un tribunal de justicia.

En cambio, los defensores señalaron que en todo el compendioso expediente de acusación no existen pruebas materiales para los delitos concretos que la Fiscalía imputa a cada uno de los 22 ciudadanos. No hay ni un solo “objeto ilícito” decomisado que la FGR pudiera vincular a uno de los imputados, ni siquiera pudo decir en qué lugar y fecha entraron cuáles objetos.

Se cierra el círculo: si no hay delito comprobable, ¿cómo puede la Fiscalía seguir hablando de una “asociación ilícita” para cometer delitos?

En resumen: en el fondo, en vez de acusar a los 22 de delitos concretos, los está acusando de haber implementado una política pública.

Ahora bien, si nuestro sistema judicial acepta el intento de penalizar las políticas públicas, ¿qué pasará con el actual ministro de Seguridad y con el actual director de la PNC, cuyas políticas públicas de Seguridad habrían permitido ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y la muerte de más de 14 mil salvadoreños en los 3 años de su gobierno? ¿Realmente queremos ir a una justicia política?

El jueves les contaré el resultado de esta audiencia. Para mi criterio,
sólo hay una salida: sobreseer a los 22 acusados.
Saludos,

En vez de carta: Comentando un juicio fallido. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 mayo 2017 / MAS! y EDH

Me tomo la libertad de usar este espacio para comentar el desarrollo de la audiencia del “caso tregua”. Es necesario, porque los medios seguirán limitándose a repetir las acusaciones de la Fiscalía. Porque hasta ahora, al terminar el tercer día, solo la Fiscalía ha hablado.

En tres días los fiscales han logrado algo extraordinario. Comprobaron, sin dejar espacio a dudas, la tesis principal de la defensa: facilitar la tregua entre las pandillas fue una política pública oficial del Estado del Gobierno de Mauricio Funes.

Relatando cientos de documentos y docenas de testimonios, la Fiscalía comprobó que:

• En marzo 2012 se dio una tregua entre las pandillas.
• Para gestionarla intervinieron mediadores.
• Que esta mediación podía dar como resultado la reducción de homicidios, solo si las autoridades facilitaban su gestación.
• El gobierno decidió dotar la mediación con un equipo de apoyo, incluyendo dos oficiales de la PNC como enlaces institucionales, y con los recursos necesarios para su labor.
• Que en este contexto, el Gobierno de Funes permitió la libre entrada de los mediadores a los penales, las veces que fuera necesario.
• Una vez que hubo un acuerdo de tregua entre las pandillas, para implementarla hubo necesidad de trasladar a los líderes de Zacatraz a las otras cárceles de pandilleros – y que el Gobierno permitió este traslado.
• Que en los siguientes 15 meses el Gobierno siguió facilitando los mecanismos de la mediación para hacer sostenible la tregua, permitiendo múltiples reuniones de los principales jefes pandilleros con los mediadores para resolver focos de conflicto en el terreno y hacer sostenible la tregua.

Todo esto quedó establecido y comprobado con las pruebas que ofreció la Fiscalía. Pero nada de esto comprueba los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. Por lo contrario: la Fiscalía comprobó que todos los funcionarios involucrados actuaron cumpliendo órdenes en el marco de una política pública adoptada por el gobierno, la cual dotó de los recursos necesarios.

Lo más que pudieron establecer los fiscales es que con todo esto el Gobierno creó oportunidades teóricas a cometer delitos, pero no que los hayan cometido. Por ejemplo: con las facilidades que Centros Penales dio a los mediadores, teóricamente tenían la oportunidad de introducir materiales o mensajes ilícitos a los penales. Pero no existe nada decomisado a ningún miembro del equipo mediador.

Otro ejemplo: la Fiscalía sostiene que las reuniones que se facilitaron entre los diferentes jefes de las pandillas fueron aprovechadas para planificar delitos. Pero no ofrecen pruebas. La defensa sostiene que fueron aprovechadas para prevenir delitos, por ejemplo, acordando cese de hostilidades contra escuelas, transporte público y personal policial. Las estadísticas de delitos del 2012/13 más bien indican que fue así.

El lunes será la hora de la defensa. Con todo lo comprobado por la Fiscalía, le saldrá más fácil sostener su tesis: los acusados (mediadores, funcionarios de Centros Penales y los oficiales de la PNC), lejos de hacerse culpables de asociación ilícita para cometer delitos, todos actuaron cumpliendo órdenes y implementando una política pública oficial, autorizada por el presidente de la República.

Hay un juicio paralelo, de carácter eminentemente político y mediático, que es contra esta política pública y la tregua. La Fiscalía solo abonó a este juicio paralelo, pero en el juicio jurídico todo esto no tiene relevancia. Políticamente han convertido la tregua y la mediación en pecado. Jurídicamente tendrían que haber comprobado delitos, y no lo lograron.

La otra semana veremos el siguiente capítulo. Saludos,

Carta a los que creen en la justicia: Acusar es más fácil que comprobar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 mayo 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Los columnistas no solemos ir a audiencias judiciales. Las dejamos a los reporteros. Pero para opinar, a veces hay que ir a la fuente de las noticias. Fui al inicio de la audiencia, en la cual se va a decidir si el llamado “caso tregua” merece pasar a vista pública.

La jueza levantó la reserva sobre el caso. Buena noticia, porque ya era absurdo que los acusados y sus defensores no podían hablar en público, mientras que los medios estaban llenos de filtraciones de la Fiscalía, hechas para conseguir pre-condenas.

Si se hubiera mantenido la reserva, no podría contar lo que pasó una hora antes de la audiencia. La Fiscalía había solicitado un “reconocimiento”: un jefe pandillero criteriado tenía que identificar a dos acusados. La diligencia fue declarada nula, porque la Fiscalía sentó a su “testigo” en la entrada, donde podía ver a los dos acusados en su ingreso para luego “reconocerlos”. Pero a pesar de esta maniobra burda, el criteriado declaró que no sabía a quién tenía que reconocer. De paso, la FGR quemó a su criteriado, identificándolo con nombre y apellido en su escrito de acusación…

Luego la Fiscalía comenzó a exhibir sus pruebas. Reprodujeron el audio de una reunión de los mediadores con pandilleros presos: monseñor Fabio Colindres, uno de los mediadores, dando una especie de sermón, diciendo a los pandilleros que “los que han hecho el mal, pueden encontrar el amor y hacer el bien”… A la media hora, la jueza interrumpió y señaló a los fiscales que no había escuchado nada relevante para comprobar las acusaciones. Pero me gustó que hayan reproducido el audio de monseñor, porque perfectamente caracterizaba el esfuerzo de los mediadores: convencer a los líderes pandilleros que en vez de seguir delinquiendo deberían contribuir a reducir y superar la violencia.

Obviamente no era lo que los fiscales querían transmitir. Presentaron un montón de elementos para comprobar algo que todo el mundo sabe, que nadie (ni los acusados) niegan y que además no forma parte de los delitos que les imputan: Establecieron que los mediadores (entre ellos el acusado principal Raúl Mijango) gestionaron una tregua entre las pandillas y que el gobierno de Mauricio Funes adoptó una política pública de facilitar esta gestión, con el fin de reducir la violencia.

Pero esto no aporta nada a la comprobación de los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. La tregua no es sujeto de este juicio. Nadie definió como delito la tregua, mucho menos la política oficial del Estado que facilitó su gestión.

La FGR tendrá que presentar pruebas concretas para sustentar acusaciones concretas de delitos concretos: por ej. que los acusados introdujeron (o permitieron la introducción) de ilícitos en los penales. Las argumentaciones de los fiscales son suposiciones. No hay “cuerpos de delito”, no hay actas de decomiso, no hay fechas y lugares de entrada de ilícitos. Con este vacío se les va a caer más de la mitad del caso.

Lo que queda es “asociación ilícita”. ¿Pero asociación ilícita para qué? Los fiscales tuvieron que aclarar que nadie está acusado de pertenecer a una pandilla. Tampoco puede ser asociación para gestionar la tregua, porque la tregua no es tipificada como delito.

“¿Asociación ilícita para qué?”. Esta será la pregunta central que la Fiscalía tendrá que contestar para que este caso pueda ir a vista pública. Y hasta ahora no hay elemento visible de cómo van a comprobar que estos 21 hombres y mujeres conspiraron para cometer delitos.

Queden pendientes de este caso y mantengan su mente abierta. Hasta ahora no hay caso.
Saludos,

Carta a una jueza: A pesar de todas las presiones, ¡haga justicia! De Paolo Luers

Paolo Luers, 23 marzo 2017 / EDH y MAS!

Estimada aplicadora de justicia:
Usted ya sabe a quién me dirijo y a qué caso me refiero. No pongo nombres, porque el problema es precisamente que usted está haciendo un manejo de la reserva del caso que me parece peligroso. No vaya ser que al hablar de este caso claro y peladamente, como es mi costumbre, me consigo una demanda.

Resulta que usted está oyendo un caso penal que ya va en su fase final. Ya pasó el tiempo de instrucción que usted concedió a la Fiscalía. Ya presentó la Fiscalía su acusación, y ya está programada la audiencia para mayo. Por tanto, los defensores de los acusados le solicitaron copia de esta acusación, para poder preparar su defensa técnica, como es su deber constitucional, y un derecho de cualquier acusado.

Me parece absurdo que tengan que solicitar este documento cuando teóricamente, por lógica y razón común, automáticamente tendría que ser puesta a disposición de la defensa. Pero más que absurdo, mejor digamos insólito, es que la Corte le niegue este documento de acusación a la defensa, a menos que la Fiscalía no tenga objeciones. La Fiscalía no puede tener veto en este asunto solo porque que se declaró reserva sobre el caso.

Lo lógico es que la reserva signifique que el público y los medios no tengan acceso a la información que se ventila en un caso. ¿Pero cómo puede interpretarse que la reserva se aplique a los acusados y sus defensores? ¿Cómo se puede negar a la defensa el pleno y pronto conocimiento de los supuestos elementos comprobatorios aportados por la fiscalía? ¿Cómo se le puede conceder a la fiscalía el derecho de vetar los derechos de la defensa?

No soy jurista, pero el derecho tiene que corresponder siempre a la razón común. Y a la decencia. Si esto no está garantizado, si el derecho no se rige por la lógica sino por sofismos que nadie entiende, los ciudadanos no podemos tener confianza en la Justicia.

Todavía es tiempo para que usted, señora jueza, oiga las objeciones de la Fiscalía para luego, a nombre de la justicia y el derecho a la defensa, rechazarlas. No lo estoy exigiendo porque algunos de los acusados sean mis amigos, sino porque como muchos estoy preocupado por la credibilidad del sistema judicial.

Si no podemos tener confianza en la actuación de la PNC y de la Fiscalía, por tantos abusos y manipulaciones que están cometiendo, la última barrera entre el Estado de Derecho y el Estado fallido son los jueces, su independencia y su valentía.
Le saludo con mucho respeto por su difícil tarea,

La CICIES y el Estado fallido. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 17 marzo 2017 / EDH

El Fiscal General de la República pidió que se establezca una CICIES (una versión salvadoreña de la CICIG de Guatemala), aduciendo que la Fiscalía ya no tiene recursos. El gobierno contestó que la CICIES vulneraría la soberanía del país y que no sería necesaria porque el gobierno apoya a la Fiscalía con todo lo que necesita. Esta declaración de apoyo, sin embargo, no se ha traducido en una mayor disponibilidad de recursos para la Fiscalía. Al contrario, el gobierno ha demostrado cuáles son sus prioridades al asignar recursos, ahora bastante escasos, a contratar a 600 personas más, a pesar de que los partidos de oposición y el Fondo Monetario Internacional han señalado que la razón principal del déficit inmanejable del gobierno ha sido la contratación desmedida de personal y el aumento de sus salarios.

El Fiscal ha despertado un viejo tema: la posibilidad de tener a un grupo de extranjeros manejando una parte importante del sistema judicial salvadoreño. Por supuesto, el incorporar este grupo al sistema jurídico salvadoreño sería aceptar que tenemos un Estado fallido, incapaz de manejar de manera eficaz una de las funciones estatales más importantes: la persecución del crimen. Reconocer esto sería terrible. Pero más terrible sería no reconocer una realidad irrebatible.

Por otro lado, varios observadores han señalado (incluyendo al exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. René Hernández Valiente) que el Estado de Derecho puede estar rompiéndose en otras dimensiones que están dentro de la jurisdicción de la Fiscalía misma: a través del tiempo se ha notado claramente que las personas que son de una cierta orientación política son perseguidas, fotografiadas en circunstancias humillantes y tratadas como si fueran culpables aun cuando no han sido vencidas en juicio, mientras que los que tienen la otra, la del gobierno, aunque se haga mucho ruido acerca de sus alegados delitos, nunca son perseguidos ni molestados siquiera. Esta evidente asimetría ha sido explicada repetidamente como el resultado de que la Fiscalía está preparando con mucho ahínco estos casos para ser invencible en los juicios. Este argumento, sin embargo, se va volviendo más débil con el paso del tiempo. La Fiscalía se ha ganado el respeto de la ciudadanía con varias acciones valientes que han marcado precedentes muy positivos para el país. Pero la posibilidad de que esté siendo utilizada para objetivos políticos —hacer parecer que la corrupción es exclusiva de una tendencia política únicamente cuando la evidencia parece indicar que está regada en todos los partidos— es una sombra que la Fiscalía misma tiene que despejar.

Una pregunta distinta es si traer a un grupo de extranjeros a hacer lo que los salvadoreños no logramos hacer va a resolver estos problemas. Para que pueda funcionar una posible CICIES tendría que contar con el apoyo decidido de la Fiscalía, que no dejaría de tener el monopolio de los poderes que la Constitución le da. Una CICIES apoyada en una Fiscalía débil, con un presupuesto gruesamente insuficiente, afrontaría los mismos problemas que la Fiscalía tiene ahora. Podría pensarse que tener a una CICIES extranjera podría asegurar la imparcialidad política o ideológica de la Fiscalía. Podría ser, pero podría ser que no también porque la que tiene el poder de perseguir es la Fiscalía, exclusivamente.

En realidad que exista o no una CICIES no es tan importante como el hecho que estamos viviendo en un Estado fallido y no estamos haciendo nada para salir de él. Si existe la voluntad política del pueblo, los problemas de la Fiscalía pueden resolverse con CICIES y sin ella. Pero el pueblo tiene que manifestarse y pedir cuentas al gobierno y a la Fiscalía sobre lo que están haciendo para defenderlo del crimen. El problema es que, como en tantos temas, se ha vuelto elegante no hacer nada, excepto decir que el problema es que no hay líderes creíbles. Esto puede ser cierto. Pero es como estar en un barco que tiene un gran boquete y ver que nadie quiere achicar el agua porque “los líderes no son creíbles”, como si sólo los líderes fueran a ahogarse.

Carta a la fiscalía: ¿Del “caso Daniel” al “caso FGR”? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 7 marzo 2017 / EDH

Estimados fiscales:
Lo que comenzó como “caso Daniel”, se convirtió rápido en el “caso PNC Altavista”, cuando la Unidad de Control de la PNC se dio cuenta que el arresto de Daniel Alemán fue arbitrario y que los agentes, en vez de reconocer su error, trataron de encubrirlo con otro más grave, sembrándole al detenido una libra de marihuana. Entonces, ya cometieron un delito. Esto se hizo evidente cuando dos de los agentes involucrados fueron detenidos, luego de que Asuntos Internos encontró las evidencias de que los traficantes de droga eran ellos mismos.

Era el momento para liberar a Daniel. Pero diario hoyel director de la PNC, en vez de rectificar el caso ante la fiscalía, se inventó otro: Dijo en televisión que ahora lo iban acusar de extorsión. Cotto no sólo dio información falsa (porque esta investigación de extorsión nunca involucró a Daniel Alemán), sino nuevamente violó la ley: Mandó a dos policías a Mariona a “imputar” a Daniel del nuevo “delito”. Pero ojo: Ustedes saben que no es la PNC que tiene derecho de meterse a un penal para “imputar” a un detenido que ya está a las ordenes del juez. Sólo ustedes, los fiscales, tienen esta facultad. Pero fueron dos policías, quienes nunca se identificaron y mantenían sus caras cubiertas. Un procedimiento nulo.

20170218_1623402-copyLo que hicieron no es intimar sino intimidar. A partir de este momento, ya no es el “caso PNC Altavista”, ahora es el “caso Howard Cotto”. Es más, sus colegas fiscales en Soyapango y también en la central de Santa Elena, no tenían rastro de este nuevo delito y de ninguna acusación adicional contra Daniel Alemán.

Pero luego, por arte de magia, apareció un fiscal presentando a otro juez un nuevo requerimiento contra Daniel, acusándolo de haber participado en extorsiones. Resulta que este segundo requerimiento contra Daniel tiene aun más errores e inconsistencias que el primero. Todo basado en información falsa de la PNC.

Uno se pregunta: ¿Manda Howard Cotto también en la fiscalía? ¿Se presta la fiscalía a cubrirle las espaldas a la policía cuando trata de encubrir sus errores con otros peores que ya son delitos y evidencias manipuladas? ¿No pasan estas acusaciones por el filtro de una investigación propia de la fiscalía?

Todavía hay tiempo para que ustedes, los fiscales, hagan su trabajo investigativo y dejen de desgastarse cubriendo los errores de la PNC. Si no, este caso al final se va a convertir en el “caso FGR”, sea por negligencia o por complicidad con los abusos policiales. Es tiempo que la FGR retire las acusaciones a Daniel y comience a investigar a la PNC.

Saludos,

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Rafael “Curro” Mendoza. De Max Mojica

Lo que le pasó a Rafael le puede pasar a cualquiera, por eso es urgente modificar los procedimientos policiales y administrativos que permitan garantizar la integridad e imagen de personas a quienes se le atribuyan delitos.

max mojica-xMax Mojica, 12 febrero 2017 / EDH

Tuve el gusto de conocer a Rafael Mendoza -el “Curro”, como cariñosamente le apodamos quienes tenemos el honor de llamarnos sus amigos- en primaria del Liceo Salvadoreño. El Curro llegó exiliado del Externado San José, como una medida tomada por sus padres para poder continuar con la excelente educación que ofrecía el sistema marista.

diario hoyEn aquel entonces, conocí a ese jovencito de maneras solemnes a pesar de su corta edad, de inteligencia notable, pero, sobre todo, de conducta intachable, la cual mantuvo durante todo lo que duró nuestro devenir académico en el Liceo Salvadoreño. Ya en bachillerato, a pesar de las inquietudes que caracterizan a los adolescentes, Rafael se distinguió siempre como un muchacho serio, con un aire nostálgico y apartado, por lo que aparentaba una edad  y madurez inusual en personas de su edad.

Las conversaciones con el Curro no eran las habituales entre jovencitos. Estas giraban alrededor de historia universal, de diferentes aspectos de la Segunda Guerra Mundial, de fascismo y política, y es que el Curro era un joven de vasta y amplia cultura, además de muy aplicado, lo cual le permitió mantener un récord de cuadros de honor y graduarse de bachiller con honores de un muy exigente y competitivo colegio como es el Liceo.

Debido a que ambos éramos hijos de notables y honorables abogados, fue casi natural que la opción, al salir graduados de bachilleres, era la de estudiar derecho. Tal como había ocurrido en el colegio, Rafael se distinguió en la Facultad de Derecho de la Universidad Matías Delgado, en donde ambos atendimos nuestra carrera como un excelente estudiante, promesa de lo que iba a convertirse: un excelente, distinguido y honorable profesional.

Ya siendo colegas, era realmente un gusto tenerlo de contraparte en un litigio, en donde su sola presencia era garantía que el tema sería manejado con profesionalismo, integridad, capacidad y sentido común. Cuando él lideraba el tema, no existían espacios para la sorpresa, la mala fe o el trinquete. Ni una sola vez tuvimos un mal entendido, lo que nos permitió siempre cerrar los casos con un fuerte apretón de manos, de esos que solo se saben dar dos profesionales que trabajan en buena lid, que saben buscar una solución justa y adecuada para sus clientes.
En lo personal, Rafael procuró fundar una buena familia, lógico en un hombre con sus principios y aptitudes. Ligia, orgullosa esposa de un hombre íntegro, junto con su hijo, forman una linda y armoniosa familia, viviendo de forma modesta, tal como solo saben hacerlo las personas honestas que saben vivir del fruto de su trabajo y esfuerzo.

Por su giro profesional, Rafael forma parte de una distinguida firma de abogados en El Salvador, representando y asesorando a muchas empresas y familias, algo natural en nuestra profesión. Ahora, por el solo hecho de ser el “representante legal” en una empresa, de la cual no posee control administrativo ni económico, Rafael ha sido acusado y procesado de un delito de naturaleza fiscal. En un abrir y cerrar de ojos, toda una vida intachable -en lo personal y familiar-, ha sido manchada y puesta en tela de juicio, lo cual deja mucho que desear respecto a las investigaciones que a nivel técnico desarrolla la Fiscalía General de la República, ya que, aparentemente, la idea no es “buscar quien las debe, sino quien las pague”, rompiendo con ello el principio que en todo delito, quien debe ser señalado como culpable es el que a través de su conducta o sus decisiones directas, tuvo la intención de cometer el ilícito. Estar involucrado profesionalmente en una empresa no te hace delincuente, ni autoriza a ninguna autoridad a exhibirte como tal en medios sociales y de comunicación, mucho menos antes de ser declarado culpable por un Tribunal.

Rafael apenas empieza ahora un largo calvario jurídico, al haber caído en las insensibles fauces de un sistema judicial que devora reputaciones al condenar socialmente de primas a primeras a personas sobre las que se decide instruir casos penales. Todos los que conocemos a Rafael tenemos la certeza que saldrá bien librado de este caso, no solo por ser él y su hermano Pedro, excelentes abogados que brindarán una adecuada defensa técnica, sino porque no me cabe duda que la verdad y la justicia están de su parte.

Lo que le pasó a Rafael le puede pasar a cualquiera, por lo que es urgente modificar los procedimientos policiales y administrativos, que permitan garantizar la integridad e imagen de personas a quienes se le atribuyan delitos, ya que, mientras estos no sean probados, exhibirlos al público como criminales es una clara violación a sus derechos humanos.

@MaxMojica