Fiscalía

Carta al fiscal general: ¿Y los videos del ‘caso GRP’? De Paolo Luers

5 junio 2018 / Segunda Vuelta

Estimado Douglas Meléndez:
Ya todos sabemos que la PNC no está interesada a esclarecer el “caso GRP”, que es el caso detrás de la desaparición milagrosa de la agente Carle Ayala – y del agente que la hirió y secuestró. Ahora nos damos cuenta que la fiscalía también está manejando este caso de manera muy extraña.

El juez del caso, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, denunció que la fiscalía no le ha dado a conocer unos videos que tiene en su poder la fiscalía, que podrían aportar a esclarecer lo que realmente pasó esta noche de fin del año 2017, y cómo actuaron agentes y jefes del GRP que no actuaron para evitar la fuga del agente Juan Josué Castillo Arévalo y el secuestro de Carla Ayala, ya herida por su agresor.

El argumento de la fiscalía que no presentan estos videos al juez es muy extraña y a todas luces inaceptable: “por confidencialidad” y “por falta de pericia”. Lo normal es entregar todas las pruebas al juez del caso, y si hay un problema de confidencialidad, solicitarle la debida reserva. Y si hacen falta más pericias, que los ordene el juez.

El buen juez ha sido hasta piadoso con ustedes, por lo menos en sus declaraciones públicas. Solo señaló que la omisión de los fiscales de entregarle todas las pruebas complicó y hizo innecesariamente cara las reconstrucciones en sitio que el juez ordenó. Espero que en privado le hizo ver a los fiscales del caso, o incluso a usted como responsable del trabajo de todos los fiscales, que la omisión de pruebas tiene consecuencias aun mucho más serias: pone en duda la voluntad de la fiscalía y pone en riesgo la validez del juicio contra los integrantes del GRP.

Como observador, uno inevitablemente regresa a la gran duda que este caso nos provoca: ¿Qué quieren esconder, y a quiénes quieren proteger las autoridades de Seguridad? Y lamentablemente, ahora a uno le surgen las mismas dudas respecto a la fiscalía.

Pero la Fiscalía General de la República no puede ser sujeto de este tipo de dudas. Tiene que actuar consciente que la confianza en su institución es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho. Todos los fiscales actúan a nombre del fiscal general como titular, así que de Usted depende ordenar que el juez tenga acceso completo e irrestricto a todas las pruebas en posesión de la fiscalía.

¿Cómo entender que usted, que por cada ladrón capturado aparece gustosamente ante las cámaras y micrófonos, no se haya pronunciado sobre este conflicto entre fiscales y el juez, y sobre los problemas jurídicos y éticos implicados?  

Saludos,

Aclaración: Esta carta no se publicó, como acostumbrado, en EDH y MAS, por un problema técnico de comunicación durante mi viaje por Europa. Cuando se resolvió el problema, el contenido ya estaba desfasado, dado que la fiscalía había tomado otras acciones e el caso GRP.

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Carta a Mijango: El tamal podrido que te armaron. De Paolo Luers

Paolo Luers, 1 febrero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

paolo luers caricaturaEstimado Raúl:
Al fin pude leer el mamotreto, con el cual la fiscalía te acusa de extorsión: el plan B, que el fiscal general activó el día de perder el “caso tregua”, el cual terminó con la absolución tuya y de todos los acusados – por falta de pruebas, por contradicciones e incluso mala fe, que el juez señaló a los fiscales.

Inmediatamente ordenaron a incluirte en este caso de extorsión. Leyendo el caso, se nota que lo armaron en carrera y sin convicción. No sé si reírme o llorar.

logos MAS y EDHOtra vez, el ataque va directo al concepto de la mediación, igual que en el caso tregua. Te acusan de extorsionista, cuando actuaste como mediador – a solicitud de la empresa extorsionada. Ellos te pidieron intervenir para llegar con las pandillas a un acuerdo que garantice la vida de sus empleados. Esto fue el objetivo de la mediación. Y lo lograste. La empresa continuó pagando renta, pero gracias a tu mediación, logró su objetivo mayor. La empresa quedó agradecida – hasta que pasó a ser parte del imperio ALBA. Los nuevos directivos, cumpliendo órdenes del FMLN, pusieron la denuncia, porque al gobierno también le interesa erradicar el concepto del diálogo y la mediación. No cabe en su plan de mano dura.

Como el objetivo de la fiscalía es deslegitimar y penalizar la mediación en todos los conflictos relacionados con las pandillas, usan este caso como plan B para joderte.

Aquí las inconsistencias de la acusación que el próximo 7 de febrero llegará a audiencia.

La FGR no presenta ningún indicio de que te beneficiaste de la extorsión. ¿Adónde han visto a un extorsionador que no se queda con una parte del botín?

Acusan también a 20 miembros de diferentes pandillas, pero dejan afuera a los dos cabecillas que organizaron esta extorsión. En la lista de llamadas telefónicas intervenidas que presenta la fiscalía, el que más aparece es el famoso “Piwa”, Marvin Adalí Quintanilla Ramos, figura clave en el caso Jaque como supuesto arquitecto financiero de la MS. La fiscalía comprueba que fue la persona que coordinó toda la extorsión – pero no lo acusa. Tampoco lo presenta como testigo. Tendrán otros planes con él…

Presentan un montón de llamadas intervenidas, pero en ninguna te mencionan. Además, todas estas grabaciones son del 2015, pero las presentaron como pruebas en septiembre del 2017, fuera del plazo que permite la ley. Por esta simple razón, no solo se las va a caer el caso contra el mediador, sino incluso contra los extorsionistas.

La contraparte del “Piwa” en la 18 aparece en el requerimiento como testigo criteriado clave “Toreto Uno”. Pero en el caso tregua lo presentaron con nombre y apellido, y con exactamente el mismo testimonio. Se llama Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias “Nalo”. E identificó incluso la empresa extorsionada, que ahora aparece bajo clave. Otra incoherencia. Tampoco “Nalo” está entre los acusados. Es el único testigo para involucrarte. Pero testifica, según la misma FGR, que “Mijango persuadió a las pandillas a cambiar la exigencia a la empresa extorsionada”. Lo que indica que actuó de mediador.

Por una acusación tan mal armada la FGR mandó a sacarte del hospital y meterte a Mariona. El 7 de febrero, luego de 5 meses en la cárcel, tendrás tu día en la corte y saldrás libre.

Saludos,

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Carta a la diputada que quieren linchar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 6 enero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimada Cristina López:
Parece un deporte nacional querer lincharte. Desde que llegaste a la Asamblea surgieron voces cuestionando con qué derecho una corredora ocupara una diputación. Cuando tuviste un conflicto con uno de tus asesores, te atacaron con insinuaciones de carácter sexual. Cuando en diciembre 2016 no lograron aprobar el presupuesto para el 2017, por que vos no diste el voto número 43 que necesitaban, te colocaste en el ojo del huracán. O más bien te colocaron, aunque tuviste no solo el derecho, sino toda la razón de negar tu voto a un presupuesto que luego fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.

logos MAS y EDHSiempre asumí que todo como reflejo de la actitud sexista, pero también clasista, que sigue dominando nuestro clima político. Todo regresa al punto inicial: ¿Qué hace en la Asamblea una mujer sin apellido de familia pudiente, una deportista sin formación académica?

Pero lo que pasa ahora es aun más grave. Te acusan, sin prueba ninguna, de haberte vendido a Enrique Rais, el empresario prófugo acusado de tráfico de influencias. Dicen que te dejaste sobornar por Rais o sus defensores para que pidieras a la Asamblea una interpretación auténtica de la Ley Especial para Intervención de las Comunicaciones – y que esta interpretación, que de hecho fue aprobada por la Asamblea en diciembre del año pasado, puede hacer caer el caso contra Rais.

Entonces, sos cómplice de una mafia. Así de fácil.

A nadie se le ocurre considerar que la ley que regula las intervenciones telefónicas de la fiscalía tiene unos artículos que protegen a la ciudadanía de abusos. Las escuchas telefónicas solo pueden ser autorizadas por un juez. Y el juez solo las puede autorizar en un caso específico, dando oportunidad a la fiscalía a recabar pruebas para sustentar una sospecha concreta y presentar su acusación ante la justicia. La fiscalía no puede usar los datos recabados en la escucha telefónica para otros fines o en otros casos. Tampoco puede acumularlas para ver si en el futuro les sirven. Si no presenta en seis meses la acusación en el caso específico, para el cual fue autorizada la intervención telefónica, la fiscalía está obligada a destruir las grabaciones y sus transcripciones.

Esto dice la ley, y esto vino a reafirmar la interpretación auténtica que solicitaste. ¿Entonces, cuál es el pecado? ¿Cómo puede ser un pecado insistir en una regla necesaria para proteger a la ciudadanía de posibles abusos?

El supuesto pecado es que con esta interpretación se le puede caer a la fiscalía el caso contra Rais. Momento, ¿cómo es esto? Si el caso contra Rais está sustentado en unas grabaciones, a pesar de que el plazo de 6 meses estaba vencido, y si por esto se cae el caso, la culpa es exclusivamente de la fiscalía.

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Todos consideramos al señor Rais culpable de manejos mafiosos. Pero no podemos defender una práctica incorrecta de la fiscalía para facilitar su condena. Legitimando esta práctica en este caso, le damos a la fiscalía un arma que puede usar contra cualquier ciudadano. Por eso era correcto que la Asamblea emitiera su interpretación auténtica, marcando a la fiscalía el límite legal de sus actuación.

No te dejés ahuevar, diputada, hiciste lo correcto.

Saludos,

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El precedente sentado. De Cristina López

Hay pocas cosas tan incontestables como la edad que una persona tiene. En su tipificación, el delito no demanda que alguien, además, parezca mayor de edad.

Cristina LópezCristina López, 17 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

El juicio en el que se procesaba a una personalidad del entretenimiento salvadoreño y a otros tres implicados por el horroroso delito de pagar para tener relaciones con una menor de edad dio por fin sus resultados. Caminaron libres los cuatro hombres, provistos de una nueva oportunidad para poder olvidar sus meses en la cárcel. Según reportajes, durante el proceso se desestimó el principal testimonio, el de la víctima, por tener “incoherencias”.

El tribunal, aparte, terminó estableciendo además que la víctima, al momento de ocurrir los hechos, “no tenía apariencia de menor de edad”.

EDH logNo es descabellado preguntarse por qué importa qué apariencia tenía la víctima si uno de los elementos necesarios para demostrar la existencia del delito era establecer su edad al momento de los hechos y hay pocas cosas tan incontestables como la edad que una persona tiene. En su tipificación, el delito no demanda que alguien, además, parezca mayor de edad.

Pero, por supuesto, todo lo que podemos decir del proceso y sus méritos será mera especulación. No tenemos suficiente información, puesto que el juicio se llevó a cabo con el privilegio que otorga la reserva, a puerta cerrada, solicitada por la Fiscalía.

Los reportes periodísticos del caso dieron mucho que desear, puesto que en muchos casos se reportaba sin ofrecer contexto alguno (¿qué otros casos conexos perseguía la fiscalía y cómo impactaban este? ¿cuántas condenas ha habido de este tipo en el país? ¿con qué habitualidad persigue la Fiscalía delitos de este tipo y qué experiencia tenían los fiscales al respecto?) o sin la rigurosidad de lenguaje jurídico debería requerir el reporte de un proceso judicial (en algunos reportajes se decía que los imputados pagaron fianza sin aclarar que esta fue parte de las medidas cautelares previas a la sentencia, por lo tanto, inconexas al veredicto final). Cuando mejor, los reportajes enfocados en las víctimas y buscando el ángulo de combatir que se sigan dando estos hechos en nuestra sociedad, se personalizaban al punto de parecer un drama novelado para la televisión, explotando la sordidez del asunto. Cuando peor, se reportaba como el segundo tiempo de un partido de fútbol: el enfoque entero en la “fama” y celebridad de uno de los acusados, en que al minuto 20 la Fiscalía dijo esto y los imputados se miraban tensos.

El caso con el que, según reportajes, la Fiscalía buscaba “sentar precedente en favor de niños y mujeres” lo único que hizo fue revelar que el precedente está más que sentado, apoltronado en contra de la confianza al sistema de justicia del país. El precedente que tenemos es que habrá poca transparencia en cuanto a las tácticas que escoge la Fiscalía para tratar un caso.

Que serán los fiscales quienes dicten la cobertura mediática que tiene un proceso de interés público, puesto que la reserva les permitía tal cosa. Que contarán con atención mediática que les permitirá tal cosa, reportando sin contexto alguno, en innumerables casos condenando a priori a los imputados, o en otros, generando simpatía contra sujetos que podrían ser verdaderos depredadores monstruosos. El precedente sentado nos informa que en muchos de estos casos el sinsabor que queda es el de la duda. Y la duda es veneno en lo que a la confianza al sistema judicial se refiere.

¿Por qué es tan importante que la duda nunca acompañe una sentencia judicial, del tipo que esta fuere? Porque garantías de importancia constitucional como el debido proceso y la presunción de inocencia se basan precisamente en que la palabra del tribunal es una en la que se puede confiar. En la confianza de que hubo fiscales que actuaron con los mejores intereses de la víctima en mente, sin los incentivos del sensacionalismo de la atención mediática y la fama de los quince minutos. Que se ocuparon los recursos adecuados para construir el mejor caso posible y presentarlo con pulcritud y profesionalismo. Que la diferencia de recursos entre lo que puede pagar un imputado y una víctima por una defensa legal importa poco con un tribunal justo, el mayor democratizador en una sociedad de ciudadanos iguales. Y, sin embargo, queda la duda, que nos arruina la confianza y hace que el sistema judicial entero huela a podredumbre. Y esa deprimente desconfianza es el precedente sentado.

@crislopezg

Rueda de Caballitos. Cambiar para que todo siga igual. Columna Transversal de Paolo Luers

Sin depuración, sin asignación de responsabilidades por los fracasos, sin reingeniería y sin un cambio radical de planes, estrategias y formas de operar, es difícil suponer que las cosas van a cambiar para mejor.

paolo3Paolo Luers, 6 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

La seguridad pública está en manos de dos instituciones: por una parte, en la del Presidente de la República, quien por mandato constitucional es el responsable directo tanto de la Seguridad Nacional (con sus instrumentos Fuerza Armada y Organismo de Inteligencia del Estado), como de la Seguridad Pública (con sus instrumentos Ministerio de Seguridad, PNC y Dirección General de Centros Penales). Por otra parte, la Fiscalía General de la República. Ante el fracaso de sus gestiones, ambos –Presidente y Fiscal General- están haciendo el mismo movimiento: echar a andar una rueda de caballitos, cambiando sus piezas claves de un cargo al otro. El Fiscal General cambió a 90 (!) jefaturas, pero sin depurar a nadie. Lo mismo va a anunciar el Presidente de la República en estos días: el ministro de Seguridad iría a Casa Presidencial, como Comisionado de Seguridad; el director de la PNC sería nombrado ministro de Seguridad; el subdirector de la PNC ascendería a director; el director de Investigaciones subiría a subdirector.

EDH logEn ambos casos, ninguna depuración. Parece que ninguno de estos funcionarios ha fallado en nada y ninguno de ellos es responsable del fracaso de las políticas de Seguridad –porque nadie fue destituido. En el caso del Ejecutivo, todos ascendieron a más poder. En el caso de la Fiscalía, simplemente los rotaron.

Tampoco hay ninguna reingeniería, que muchos expertos consideran necesaria para dar más eficiencia a la PNC, Centros Penales y FGR. La misma estructura, con otras caras…

Nadie sabía cuál era la competencia de Hato Hasbún como Comisionado Presidencial de Seguridad, en comparación a Óscar Ortiz, que tienen un título parecido. Y nadie lo sabrá ahora que el ministro Ramírez Landaverde asume este cargo vacante por la muerte de Hato Hasbún. El Consejo de Seguridad Ciudadana no funcionaba cuando lo coordinaba Hato Hasbún, porque solo producía planes románticos que el aparato de Seguridad, controlado por Landaverde y Coto, nunca implementó. Donde el “Plan El Salvador Seguro” del Consejo hablaba de la prioridad de la prevención, la PNC hablaba con hechos represivos: militarización de la PNC, despliegue de tanquetas, formación de batallones de choque en la PNC, enfrentamientos en vez de inteligencia y detenciones, grupos de exterminio, , medidas extraordinarias (Estado de Excepción en los penales)…

Si Hasbún como generador de gobernabilidad y concertación no pudo hacer valer el Consejo, ¿cómo lo va a hacer el policía Ramírez Landaverde? Vienen tiempos más oscuros para los hombres y mujeres de buena voluntad que están poblando este Consejo…

Lo único que se puede concluir de los cambios del gabinete de Seguridad es que los halcones van a tomar el control total. Los hombres de la guerra contra las pandillas ya no van a dejar ningún espacio para los que hablan de la guerra contra la pobreza, la marginación y la violencia.

Con este equipo, Salvador Sánchez Cerén va a dirigir su política de seguridad en los 600 días que les quedan en el gobierno. Más el ex jefe de las fuerzas antipandillas de la PNC, Marco Tulio Lima, quien asume la dirección de Centros Penales. Más el omnipresente vicepresidente Óscar Ortiz que ha asumido el rol del gran comunicador del gabinete de Seguridad. Si fuera de las cámaras tiene incidencia real sobre los planes de guerra, esto es una de las grandes incógnitas de este gobierno.

Sin depuración, sin asignación de responsabilidades por los fracasos, sin reingeniería y sin un cambio radical de planes, estrategias y formas de operar, es difícil suponer que las cosas van a cambiar para mejor. Todo indica el cambio será para peor: habrá más improvisación; más represión sin focalización, afectando (y por tanto radicalizando) a todo el contorno social que convive con las pandillas en las comunidades marginadas; proyectos de prevención diseñados con criterios electorales…

Precisamente por estas razones ha fracasado la política de seguridad del FMLN. Los planes de represión apuestan al exterminio, no a la aplicación de la ley ni mucho menos a la generación de paz. Los planes de prevención no funcionan porque son percibidos por las comunidades como parte complementaria del plan de guerra, no como esfuerzos para erradicar la marginación. Además su diseño e implementación están en manos de una extraña mezcla de activistas partidarios y burócratas, que tienen en común que poco se ensucian las botas, poco patean calle, poco se relacionan con los liderazgos comunales.

Mientras todo esto no cambia, el Plan El Salvador Seguro será pantalla, y detrás de ella avanzaría la respuesta violenta del Estado a fenómenos que necesitan respuestas integrales e inclusivas. Esto se expresa en los números de homicidios, que nunca bajan de manera sostenida. Se expresa en una población marginada que comienza a ver a la PNC como amenaza… y mañana como enemigo.

Carta a Daniel, el sospechoso de todo. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 2 septiembre 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Querido Daniel:
Vos ya entraste a la historia de la justicia salvadoreña como “el sospechoso de todo”, fiel representante de toda una generación de jóvenes que por vivir en zonas de conflictividad con pandillas, son sujeto del acoso permanente y persecución arbitraria de la policía y, lamentablemente, también de la Fiscalía.

Más allá de esto, vas a entrar en la historia de la justicia salvadoreña como el bicho que la policía de Altavista detuvo una vez, pero que resultó masvíctima de fraude procesal. Te metieron un paquete de droga que los mismos agentes estaban transando. Al descubrir esto la unidad de control de la PNC, te tuvieron que absolver de toda culpa y arrestar a los agentes tramposos. Pero para no reconocer su error, la PNC y la Fiscalía, lejos de liberarte, inmediatamente te trabaron otra acusación, esta vez por extorsión.

Ahora, meses después, resulta que esta acusación es igual de fabricada que la primera. Resulta que no sos vos el reincidente, sino que la Fiscalía. Nuevamente, la acusación que en estos día la Fiscalía llevó a audiencia de instrucción está llena de “errores” y contradicciones.

Hay una sola forma de explicar esto: se trata de la venganza de la Policía y la Fiscalía, que no te perdonan que en el primer caso los hiciste ver mal. Nunca te van a perdonar EDH logque gracias a tu defensa y el apoyo que te ganaste en los medios, se hicieron públicos el fraude procesal cometido por la PNC y la complicidad de los fiscales. Y para encubrir esto y salvar su cara, están obstinados en comprobar que vos sos delincuente, como si comprobando esto se legitimaría el fraude procesal cometido. Y para comprobar que sos delincuente, reinciden en las mismas tácticas fraudulentas del primer caso.

índiceY otra vez, la Fiscalía se ve muy mal. En la audiencia de instrucción, tu defensor comprobó que la Fiscalía no hizo lo que es su sagrado deber: recabar todas las pruebas, incluyendo las que pueden comprobar la inocencia del acusado. Solo la fiscalía puede (y debe) solicitar el seguimiento satelital al teléfono que te decomisaron, para comprobar si realmente estuviste en el lugar de la extorsión, como afirma (sin pruebas) la acusación. Esto se puede interpretar como negligencia, en el mejor de los casos, pero también como incumplimiento de deber o incluso fraude procesal por parte de la Fiscalía.

Te aseguro, Daniel, que tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Ojalá que temprano, porque ya llevas demasiado tiempo preso por delitos que te inventaron. Simplemente porque, como joven radicado en Altavista, sos el sospechoso de todo y de siempre.

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Daniel Alemán con dos de sus hermanas

La actuación de la Fiscalía ya no se deja explicar por falta de recursos y por exceso de trabajo. Hay un patrón detrás de los dos casos tuyos y de cientos de otros que no llegan a llamar la atención de los medios o de la Procuradora de Derechos Humanos. Este patrón hay que analizarlo y discutirlo de fondo, antes de que en 2018 la Asamblea decida quién será el futuro fiscal general que pueda convertir la Fiscalía General de la República en garante del Estado de Derecho, incluyendo los derechos de los jóvenes como vos.

Saludos,

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“Los siempre sospechosos de todo”

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 12 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si hubiera podido grabar solo una parte de esta vista pública, hubiera escogido las “últimas palabras” de los acusados. Más que los discursos de los fiscales, más que los 23 testimonios, más que los alegatos de los defensores, estas palabras mostraron lo que está al centro de este juicio: un drama humano de gente trabajadora, con compromiso social y con la justicia, que encuentran sus vidas destruidas, no por sus acciones, sino por el afán de la Fiscalía de ganar un juicio político y mediático contra “la tregua”.

EDH logNunca han hablado los acusados, todos hablaron sobre ellos: los fiscales, sus abogados, los testigos, incluso un pandillero convertido en testigo criteriado. Ellos, como no existían, ni tampoco sus vidas, familias y carreras truncadas. Al fin hablaron.

El policía: Soy de la segunda promoción de oficiales de la PNC, con un record limpio. Me metí en este proceso por órdenes, con una misión clara: contribuir a que la reducción de mashomicidios causada por la tregua se sostuviera y garantizar que en todo este proceso no se viole ninguna ley. Expuse mi vida, porque durante 18 meses tuve contacto diario con pandillas, dentro y fuera de los penales, que nunca supieron que era oficial de inteligencia. Hoy la Fiscalía me acusa de asociación ilícita, por el hecho de relacionarme con pandilleros. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

La sicóloga: La fiscalía me acusa de falsedad ideológica de las evaluaciones que nos tocó hacer de los reos de Zacatecoluca. Las hicimos con apego a la ley. Tuvimos años de conocer los antecedentes de todos los reos. Me agarraron presa, cuando mi esposo estaba en cuidados intensivos, y mis hijas quedaron solas. Tuve que internarme en el psiquiátrico, porque encontré mi vida y mi familia destruidas. Solo hicimos lo que la ley, nuestro compromiso social y nuestros conocimientos profesionales nos dictan. Los fiscales y los peritos que nos acusan ni siquiera conocen cómo funciona un Penal de Máxima Seguridad, nunca han entrado, nunca han hablado con sus internos, pero nos acusan. (La FGR pidió 6 años de cárcel para ella.)

El director de penal: Es increíble cómo trabaja la fiscalía. Me hicieron un interrogatorio peor que como en el Ejército tratamos a guerrilleros capturados. Me destruyeron 32 años de servicio, soy de los fundadores del penal de Izalco, he capacitado a cientos de custodios. Y ahora estos fiscales me mandan a un “Nalo” (el pandillero criteriado) para acusarme. Lo conozco, estuvo preso en el penal que dirigí, sé que clase de hombre es. He visto cómo actúa, cómo miente, cómo conspira. Y la Fiscalía le da permiso de acusarme. Lo que no les voy a perdonar, señores fiscales, es que tocaron a mi familia. Me dan lástima. Yo solo le pido justicia, señor juez. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

Raúl Mijango no pudo hablar, porque por orden del juez fue internado de emergencia al Hospital de Especialidades del Seguro Social. Conociéndolo, hubiera dicho algo así: Toda mi vida he luchado contra la injusticia, así que esto aquí no me sorprende.

La vista pública terminó. La justicia está en manos del juez.

 

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Posdata: Es una experiencia nueva para cualquier periodista convertirse en noticia y que de repente todas las cámaras te apunten a vos. Esto me pasó el jueves, cuando estaba sentado escuchando al testigo criteriado y de repente comienza a hablar de mí, acusándome de haber entregado 100 mil dólares a las pandillas. Lo que es falso. Y le doy la razón a los acusados arriba citados: esta Fiscalía es capaz de cualquier abuso.

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Lea también:
Carta sobre el primer día de la vista pública
del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa

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DECLARACIÓN PÚBLICA DE PAOLO LUERS

En la vista pública del “caso tregua”, hoy la FGR presentó como testigo a Carlos Eduardo Burgos Nuila alias “Nalo”, ex líder de la pandilla Barrio 18-Revolucionarios. Este testigo recibió de la fiscalía “criterio de oportunidad” y aceptó “colaborar” con la fiscalía, a cambio de que le fueron sobreseídos las acusaciones por asesinato y que tampoco fuera imputado por delitos que él mismo confesó. En su mismo testimonio ante el juez confirmó que antes de su captura en el 2016 fue el encargado de su pandilla para coordinar todas sus actividades de extorsión, venta de drogas y compra de armas de guerra. Confesó que coordinó la extorsión a una reconocida empresa de alimentos, y nunca fue imputado por este delito.

Entre otras cosas que testificó, “Nalo” me acusó de haber entregado en enero del 2014 la suma de 100 mil dólares a los representantes de las tres pandillas, con el fin de que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales apoyaran a ARENA.

Esto es falso. Es una fabricación que la Fiscalía ha hecho extorsionando a un delincuente para que haga testimonio falso a cambio de impunidad.

La verdad es que me reuní con los representantes de las tres pandillas, a pocos días de la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el fin de convencerlos que no negocien pactos electorales con ningún partido, y que cesen su intervención en el proceso electoral. Esto es de conocimiento público, porque yo mismo hice público.

Los mismos pandilleros, entre ellos “Nalo”, me habían informado que antes de la primera ronda electoral habían tenido reuniones con Benito Lara y con Arístides Valencia, y que a través de ellos el FMLN les solicitaba apoya electoral a cambio de que el próximo gobierno iba a revivir el proceso de pacificación. También me informaron que luego de la primera ronda habían tenido una reunión con Salvador Ruano y Ernesto Muyshondt, quienes les pedían que cesaran su intervención en las elecciones a favor del FMLN. Si en estas reuniones con el FMLN y con ARENA se habló de entrega de dinero, no me consta. Nunca me hablaron de esto.

A raíz de esta información decidí hablar con la dirigencia de ARENA y pedirles que se abstuvieran de buscar cualquier tipo de pacto electoral con las pandillas, y que no siguieran reuniéndose con ellas. Me lo prometieron, y les informé que iba a reunirme con los voceros de las tres pandillas para hacerles el mismo planteamiento: que no hagan pactos electorales con nadie; que dejaran que la gente en sus comunidades ejercieran libremente su voto; y que no comprometieran la credibilidad del proceso de pacificación con pactos oscuros con partidos. Tampoco en esta reunión con ARENA se habló de dinero.

Este fue precisamente mi planteamiento en la reunión que se celebró pocos días después con seis pandilleros, dos de cada pandilla. No se habló de dinero, mucho menos hubo entrega de dinero.

Es sumamente preocupante que la fiscalía ponga a uno de estos seis pandilleros, detenido en 2016 y luego convertido en testigo acusador, a que a cambio de impunidad haga falsos testimonios para sostener el caso político y mediático de la FGR contra la tregua y contra la labor que como mediadores hemos hecho para reducir la violencia.

A pesar de disponer de estas declaraciones falsas de “Nalo” desde febrero del presente año, la FGR nunca me llamó a declarar sobre estas acusaciones. Saben que las declaraciones del criteriado no tienen validez comprobatoria. Por esto, en vez de judicializarlas, hoy las introdujeron de contrabando en el actual juicio, donde por cierto no tienen relevancia alguna para comprobar los delitos imputados – con el único fin de atacar la credibilidad de un periodista que ha externado serias críticas a la gestión de la fiscalía.

San Salvador, 10 de agosto 2017
Paolo Luers, periodista