Fiscalía

Rueda de Caballitos. Cambiar para que todo siga igual. Columna Transversal de Paolo Luers

Sin depuración, sin asignación de responsabilidades por los fracasos, sin reingeniería y sin un cambio radical de planes, estrategias y formas de operar, es difícil suponer que las cosas van a cambiar para mejor.

paolo3Paolo Luers, 6 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

La seguridad pública está en manos de dos instituciones: por una parte, en la del Presidente de la República, quien por mandato constitucional es el responsable directo tanto de la Seguridad Nacional (con sus instrumentos Fuerza Armada y Organismo de Inteligencia del Estado), como de la Seguridad Pública (con sus instrumentos Ministerio de Seguridad, PNC y Dirección General de Centros Penales). Por otra parte, la Fiscalía General de la República. Ante el fracaso de sus gestiones, ambos –Presidente y Fiscal General- están haciendo el mismo movimiento: echar a andar una rueda de caballitos, cambiando sus piezas claves de un cargo al otro. El Fiscal General cambió a 90 (!) jefaturas, pero sin depurar a nadie. Lo mismo va a anunciar el Presidente de la República en estos días: el ministro de Seguridad iría a Casa Presidencial, como Comisionado de Seguridad; el director de la PNC sería nombrado ministro de Seguridad; el subdirector de la PNC ascendería a director; el director de Investigaciones subiría a subdirector.

EDH logEn ambos casos, ninguna depuración. Parece que ninguno de estos funcionarios ha fallado en nada y ninguno de ellos es responsable del fracaso de las políticas de Seguridad –porque nadie fue destituido. En el caso del Ejecutivo, todos ascendieron a más poder. En el caso de la Fiscalía, simplemente los rotaron.

Tampoco hay ninguna reingeniería, que muchos expertos consideran necesaria para dar más eficiencia a la PNC, Centros Penales y FGR. La misma estructura, con otras caras…

Nadie sabía cuál era la competencia de Hato Hasbún como Comisionado Presidencial de Seguridad, en comparación a Óscar Ortiz, que tienen un título parecido. Y nadie lo sabrá ahora que el ministro Ramírez Landaverde asume este cargo vacante por la muerte de Hato Hasbún. El Consejo de Seguridad Ciudadana no funcionaba cuando lo coordinaba Hato Hasbún, porque solo producía planes románticos que el aparato de Seguridad, controlado por Landaverde y Coto, nunca implementó. Donde el “Plan El Salvador Seguro” del Consejo hablaba de la prioridad de la prevención, la PNC hablaba con hechos represivos: militarización de la PNC, despliegue de tanquetas, formación de batallones de choque en la PNC, enfrentamientos en vez de inteligencia y detenciones, grupos de exterminio, , medidas extraordinarias (Estado de Excepción en los penales)…

Si Hasbún como generador de gobernabilidad y concertación no pudo hacer valer el Consejo, ¿cómo lo va a hacer el policía Ramírez Landaverde? Vienen tiempos más oscuros para los hombres y mujeres de buena voluntad que están poblando este Consejo…

Lo único que se puede concluir de los cambios del gabinete de Seguridad es que los halcones van a tomar el control total. Los hombres de la guerra contra las pandillas ya no van a dejar ningún espacio para los que hablan de la guerra contra la pobreza, la marginación y la violencia.

Con este equipo, Salvador Sánchez Cerén va a dirigir su política de seguridad en los 600 días que les quedan en el gobierno. Más el ex jefe de las fuerzas antipandillas de la PNC, Marco Tulio Lima, quien asume la dirección de Centros Penales. Más el omnipresente vicepresidente Óscar Ortiz que ha asumido el rol del gran comunicador del gabinete de Seguridad. Si fuera de las cámaras tiene incidencia real sobre los planes de guerra, esto es una de las grandes incógnitas de este gobierno.

Sin depuración, sin asignación de responsabilidades por los fracasos, sin reingeniería y sin un cambio radical de planes, estrategias y formas de operar, es difícil suponer que las cosas van a cambiar para mejor. Todo indica el cambio será para peor: habrá más improvisación; más represión sin focalización, afectando (y por tanto radicalizando) a todo el contorno social que convive con las pandillas en las comunidades marginadas; proyectos de prevención diseñados con criterios electorales…

Precisamente por estas razones ha fracasado la política de seguridad del FMLN. Los planes de represión apuestan al exterminio, no a la aplicación de la ley ni mucho menos a la generación de paz. Los planes de prevención no funcionan porque son percibidos por las comunidades como parte complementaria del plan de guerra, no como esfuerzos para erradicar la marginación. Además su diseño e implementación están en manos de una extraña mezcla de activistas partidarios y burócratas, que tienen en común que poco se ensucian las botas, poco patean calle, poco se relacionan con los liderazgos comunales.

Mientras todo esto no cambia, el Plan El Salvador Seguro será pantalla, y detrás de ella avanzaría la respuesta violenta del Estado a fenómenos que necesitan respuestas integrales e inclusivas. Esto se expresa en los números de homicidios, que nunca bajan de manera sostenida. Se expresa en una población marginada que comienza a ver a la PNC como amenaza… y mañana como enemigo.

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Carta a Daniel, el sospechoso de todo. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 2 septiembre 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Querido Daniel:
Vos ya entraste a la historia de la justicia salvadoreña como “el sospechoso de todo”, fiel representante de toda una generación de jóvenes que por vivir en zonas de conflictividad con pandillas, son sujeto del acoso permanente y persecución arbitraria de la policía y, lamentablemente, también de la Fiscalía.

Más allá de esto, vas a entrar en la historia de la justicia salvadoreña como el bicho que la policía de Altavista detuvo una vez, pero que resultó masvíctima de fraude procesal. Te metieron un paquete de droga que los mismos agentes estaban transando. Al descubrir esto la unidad de control de la PNC, te tuvieron que absolver de toda culpa y arrestar a los agentes tramposos. Pero para no reconocer su error, la PNC y la Fiscalía, lejos de liberarte, inmediatamente te trabaron otra acusación, esta vez por extorsión.

Ahora, meses después, resulta que esta acusación es igual de fabricada que la primera. Resulta que no sos vos el reincidente, sino que la Fiscalía. Nuevamente, la acusación que en estos día la Fiscalía llevó a audiencia de instrucción está llena de “errores” y contradicciones.

Hay una sola forma de explicar esto: se trata de la venganza de la Policía y la Fiscalía, que no te perdonan que en el primer caso los hiciste ver mal. Nunca te van a perdonar EDH logque gracias a tu defensa y el apoyo que te ganaste en los medios, se hicieron públicos el fraude procesal cometido por la PNC y la complicidad de los fiscales. Y para encubrir esto y salvar su cara, están obstinados en comprobar que vos sos delincuente, como si comprobando esto se legitimaría el fraude procesal cometido. Y para comprobar que sos delincuente, reinciden en las mismas tácticas fraudulentas del primer caso.

índiceY otra vez, la Fiscalía se ve muy mal. En la audiencia de instrucción, tu defensor comprobó que la Fiscalía no hizo lo que es su sagrado deber: recabar todas las pruebas, incluyendo las que pueden comprobar la inocencia del acusado. Solo la fiscalía puede (y debe) solicitar el seguimiento satelital al teléfono que te decomisaron, para comprobar si realmente estuviste en el lugar de la extorsión, como afirma (sin pruebas) la acusación. Esto se puede interpretar como negligencia, en el mejor de los casos, pero también como incumplimiento de deber o incluso fraude procesal por parte de la Fiscalía.

Te aseguro, Daniel, que tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Ojalá que temprano, porque ya llevas demasiado tiempo preso por delitos que te inventaron. Simplemente porque, como joven radicado en Altavista, sos el sospechoso de todo y de siempre.

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Daniel Alemán con dos de sus hermanas

La actuación de la Fiscalía ya no se deja explicar por falta de recursos y por exceso de trabajo. Hay un patrón detrás de los dos casos tuyos y de cientos de otros que no llegan a llamar la atención de los medios o de la Procuradora de Derechos Humanos. Este patrón hay que analizarlo y discutirlo de fondo, antes de que en 2018 la Asamblea decida quién será el futuro fiscal general que pueda convertir la Fiscalía General de la República en garante del Estado de Derecho, incluyendo los derechos de los jóvenes como vos.

Saludos,

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“Los siempre sospechosos de todo”

Carta sobre el último día del juicio en el “caso tregua”: La Fiscalía es una desgracia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 12 agosto 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

Si hubiera podido grabar solo una parte de esta vista pública, hubiera escogido las “últimas palabras” de los acusados. Más que los discursos de los fiscales, más que los 23 testimonios, más que los alegatos de los defensores, estas palabras mostraron lo que está al centro de este juicio: un drama humano de gente trabajadora, con compromiso social y con la justicia, que encuentran sus vidas destruidas, no por sus acciones, sino por el afán de la Fiscalía de ganar un juicio político y mediático contra “la tregua”.

EDH logNunca han hablado los acusados, todos hablaron sobre ellos: los fiscales, sus abogados, los testigos, incluso un pandillero convertido en testigo criteriado. Ellos, como no existían, ni tampoco sus vidas, familias y carreras truncadas. Al fin hablaron.

El policía: Soy de la segunda promoción de oficiales de la PNC, con un record limpio. Me metí en este proceso por órdenes, con una misión clara: contribuir a que la reducción de mashomicidios causada por la tregua se sostuviera y garantizar que en todo este proceso no se viole ninguna ley. Expuse mi vida, porque durante 18 meses tuve contacto diario con pandillas, dentro y fuera de los penales, que nunca supieron que era oficial de inteligencia. Hoy la Fiscalía me acusa de asociación ilícita, por el hecho de relacionarme con pandilleros. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

La sicóloga: La fiscalía me acusa de falsedad ideológica de las evaluaciones que nos tocó hacer de los reos de Zacatecoluca. Las hicimos con apego a la ley. Tuvimos años de conocer los antecedentes de todos los reos. Me agarraron presa, cuando mi esposo estaba en cuidados intensivos, y mis hijas quedaron solas. Tuve que internarme en el psiquiátrico, porque encontré mi vida y mi familia destruidas. Solo hicimos lo que la ley, nuestro compromiso social y nuestros conocimientos profesionales nos dictan. Los fiscales y los peritos que nos acusan ni siquiera conocen cómo funciona un Penal de Máxima Seguridad, nunca han entrado, nunca han hablado con sus internos, pero nos acusan. (La FGR pidió 6 años de cárcel para ella.)

El director de penal: Es increíble cómo trabaja la fiscalía. Me hicieron un interrogatorio peor que como en el Ejército tratamos a guerrilleros capturados. Me destruyeron 32 años de servicio, soy de los fundadores del penal de Izalco, he capacitado a cientos de custodios. Y ahora estos fiscales me mandan a un “Nalo” (el pandillero criteriado) para acusarme. Lo conozco, estuvo preso en el penal que dirigí, sé que clase de hombre es. He visto cómo actúa, cómo miente, cómo conspira. Y la Fiscalía le da permiso de acusarme. Lo que no les voy a perdonar, señores fiscales, es que tocaron a mi familia. Me dan lástima. Yo solo le pido justicia, señor juez. (La FGR pidió 14 años de cárcel para él.)

Raúl Mijango no pudo hablar, porque por orden del juez fue internado de emergencia al Hospital de Especialidades del Seguro Social. Conociéndolo, hubiera dicho algo así: Toda mi vida he luchado contra la injusticia, así que esto aquí no me sorprende.

La vista pública terminó. La justicia está en manos del juez.

 

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Posdata: Es una experiencia nueva para cualquier periodista convertirse en noticia y que de repente todas las cámaras te apunten a vos. Esto me pasó el jueves, cuando estaba sentado escuchando al testigo criteriado y de repente comienza a hablar de mí, acusándome de haber entregado 100 mil dólares a las pandillas. Lo que es falso. Y le doy la razón a los acusados arriba citados: esta Fiscalía es capaz de cualquier abuso.

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Lea también:
Carta sobre el primer día de la vista pública
del “caso tregua”: FGR 0-2 Defensa

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DECLARACIÓN PÚBLICA DE PAOLO LUERS

En la vista pública del “caso tregua”, hoy la FGR presentó como testigo a Carlos Eduardo Burgos Nuila alias “Nalo”, ex líder de la pandilla Barrio 18-Revolucionarios. Este testigo recibió de la fiscalía “criterio de oportunidad” y aceptó “colaborar” con la fiscalía, a cambio de que le fueron sobreseídos las acusaciones por asesinato y que tampoco fuera imputado por delitos que él mismo confesó. En su mismo testimonio ante el juez confirmó que antes de su captura en el 2016 fue el encargado de su pandilla para coordinar todas sus actividades de extorsión, venta de drogas y compra de armas de guerra. Confesó que coordinó la extorsión a una reconocida empresa de alimentos, y nunca fue imputado por este delito.

Entre otras cosas que testificó, “Nalo” me acusó de haber entregado en enero del 2014 la suma de 100 mil dólares a los representantes de las tres pandillas, con el fin de que en la segunda ronda de las elecciones presidenciales apoyaran a ARENA.

Esto es falso. Es una fabricación que la Fiscalía ha hecho extorsionando a un delincuente para que haga testimonio falso a cambio de impunidad.

La verdad es que me reuní con los representantes de las tres pandillas, a pocos días de la primera ronda de las elecciones presidenciales, con el fin de convencerlos que no negocien pactos electorales con ningún partido, y que cesen su intervención en el proceso electoral. Esto es de conocimiento público, porque yo mismo hice público.

Los mismos pandilleros, entre ellos “Nalo”, me habían informado que antes de la primera ronda electoral habían tenido reuniones con Benito Lara y con Arístides Valencia, y que a través de ellos el FMLN les solicitaba apoya electoral a cambio de que el próximo gobierno iba a revivir el proceso de pacificación. También me informaron que luego de la primera ronda habían tenido una reunión con Salvador Ruano y Ernesto Muyshondt, quienes les pedían que cesaran su intervención en las elecciones a favor del FMLN. Si en estas reuniones con el FMLN y con ARENA se habló de entrega de dinero, no me consta. Nunca me hablaron de esto.

A raíz de esta información decidí hablar con la dirigencia de ARENA y pedirles que se abstuvieran de buscar cualquier tipo de pacto electoral con las pandillas, y que no siguieran reuniéndose con ellas. Me lo prometieron, y les informé que iba a reunirme con los voceros de las tres pandillas para hacerles el mismo planteamiento: que no hagan pactos electorales con nadie; que dejaran que la gente en sus comunidades ejercieran libremente su voto; y que no comprometieran la credibilidad del proceso de pacificación con pactos oscuros con partidos. Tampoco en esta reunión con ARENA se habló de dinero.

Este fue precisamente mi planteamiento en la reunión que se celebró pocos días después con seis pandilleros, dos de cada pandilla. No se habló de dinero, mucho menos hubo entrega de dinero.

Es sumamente preocupante que la fiscalía ponga a uno de estos seis pandilleros, detenido en 2016 y luego convertido en testigo acusador, a que a cambio de impunidad haga falsos testimonios para sostener el caso político y mediático de la FGR contra la tregua y contra la labor que como mediadores hemos hecho para reducir la violencia.

A pesar de disponer de estas declaraciones falsas de “Nalo” desde febrero del presente año, la FGR nunca me llamó a declarar sobre estas acusaciones. Saben que las declaraciones del criteriado no tienen validez comprobatoria. Por esto, en vez de judicializarlas, hoy las introdujeron de contrabando en el actual juicio, donde por cierto no tienen relevancia alguna para comprobar los delitos imputados – con el único fin de atacar la credibilidad de un periodista que ha externado serias críticas a la gestión de la fiscalía.

San Salvador, 10 de agosto 2017
Paolo Luers, periodista

 

En vez de carta: Crónica de una acusación arbitraria (2). De Paolo Luers

¿Asociación ilícita?

Paolo Luers, 23 mayo 2017 / EDH y MAS!

Voy a continuar usando este espacio para comentar lo que de otra manera quedaría fuera de la cobertura mediática, la cual se limita a repetir los argumentos de la Fiscalía en el “caso tregua”. Ayer, luego de tres días de escuchar a los fiscales, le tocó argumentar a la defensa. Hablaron los abogados de 12 de los 22 acusados. Hoy concluirán los restantes 10.

Los defensores causaron serios daños estructurales al edificio frágil que había levantado la Fiscalía: la teoría de una “asociación ilícita” entre oficiales de la PNC y de Centro Penales, junto al mediador Raúl Mijango, para fortalecer a las pandillas. Y la FGR alega que en este contexto y para este fin- cometieron delitos como la introducción de ilícitos en los penales. Esta teoría la construyeron el exfiscal Julio Arriaza, ahora prófugo para evadir su juicio por fraude procesal (elaborar pruebas falsas en un proceso), y el exfiscal general Luis Martínez, preso por el mismo delito. Ellos escribieron el requerimiento fiscal contra los 22 acusados en el “caso tregua” – y su fantasma estuvo presente durante toda la audiencia -.

Los defensores demolieron los fundamentos de este edificio. Botaron la teoría de la “asociación ilícita”, comprobando que los acusados actuaron por órdenes de una “asociación lícita” y oficial: del gabinete de Seguridad del Gobierno.
Además señalaron que la gran mayoría de las pruebas ofertadas por la Fiscalía es impertinente para los delitos imputados a sus defendidos y, por tanto, inadmisibles. El hecho que se gestionó una tregua: irrelevante, porque no es calificable como delito. El hecho que se trasladaron a los jefes de las pandillas de un penal a otros: irrelevante, porque tampoco constituye delito – y además esta decisión no estaba en manos de ninguno de los 22 imputados, ni siquiera del director de Centros Penales. El hecho que a los penales entraron televisores y comida rápida, es irrelevante, porque la Ley Penitenciaria les garantiza estos derechos a los internos. Todos estos son cargos y “pruebas” que solo tienen relevancia en el juicio paralelo que lleva al Fiscalía: el juicio mediático y político. Pero inadmisibles en el juicio formal ante un tribunal de justicia.

En cambio, los defensores señalaron que en todo el compendioso expediente de acusación no existen pruebas materiales para los delitos concretos que la Fiscalía imputa a cada uno de los 22 ciudadanos. No hay ni un solo “objeto ilícito” decomisado que la FGR pudiera vincular a uno de los imputados, ni siquiera pudo decir en qué lugar y fecha entraron cuáles objetos.

Se cierra el círculo: si no hay delito comprobable, ¿cómo puede la Fiscalía seguir hablando de una “asociación ilícita” para cometer delitos?

En resumen: en el fondo, en vez de acusar a los 22 de delitos concretos, los está acusando de haber implementado una política pública.

Ahora bien, si nuestro sistema judicial acepta el intento de penalizar las políticas públicas, ¿qué pasará con el actual ministro de Seguridad y con el actual director de la PNC, cuyas políticas públicas de Seguridad habrían permitido ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y la muerte de más de 14 mil salvadoreños en los 3 años de su gobierno? ¿Realmente queremos ir a una justicia política?

El jueves les contaré el resultado de esta audiencia. Para mi criterio,
sólo hay una salida: sobreseer a los 22 acusados.
Saludos,

En vez de carta: Comentando un juicio fallido. De Paolo Luers

Paolo Luers, 20 mayo 2017 / MAS! y EDH

Me tomo la libertad de usar este espacio para comentar el desarrollo de la audiencia del “caso tregua”. Es necesario, porque los medios seguirán limitándose a repetir las acusaciones de la Fiscalía. Porque hasta ahora, al terminar el tercer día, solo la Fiscalía ha hablado.

En tres días los fiscales han logrado algo extraordinario. Comprobaron, sin dejar espacio a dudas, la tesis principal de la defensa: facilitar la tregua entre las pandillas fue una política pública oficial del Estado del Gobierno de Mauricio Funes.

Relatando cientos de documentos y docenas de testimonios, la Fiscalía comprobó que:

• En marzo 2012 se dio una tregua entre las pandillas.
• Para gestionarla intervinieron mediadores.
• Que esta mediación podía dar como resultado la reducción de homicidios, solo si las autoridades facilitaban su gestación.
• El gobierno decidió dotar la mediación con un equipo de apoyo, incluyendo dos oficiales de la PNC como enlaces institucionales, y con los recursos necesarios para su labor.
• Que en este contexto, el Gobierno de Funes permitió la libre entrada de los mediadores a los penales, las veces que fuera necesario.
• Una vez que hubo un acuerdo de tregua entre las pandillas, para implementarla hubo necesidad de trasladar a los líderes de Zacatraz a las otras cárceles de pandilleros – y que el Gobierno permitió este traslado.
• Que en los siguientes 15 meses el Gobierno siguió facilitando los mecanismos de la mediación para hacer sostenible la tregua, permitiendo múltiples reuniones de los principales jefes pandilleros con los mediadores para resolver focos de conflicto en el terreno y hacer sostenible la tregua.

Todo esto quedó establecido y comprobado con las pruebas que ofreció la Fiscalía. Pero nada de esto comprueba los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. Por lo contrario: la Fiscalía comprobó que todos los funcionarios involucrados actuaron cumpliendo órdenes en el marco de una política pública adoptada por el gobierno, la cual dotó de los recursos necesarios.

Lo más que pudieron establecer los fiscales es que con todo esto el Gobierno creó oportunidades teóricas a cometer delitos, pero no que los hayan cometido. Por ejemplo: con las facilidades que Centros Penales dio a los mediadores, teóricamente tenían la oportunidad de introducir materiales o mensajes ilícitos a los penales. Pero no existe nada decomisado a ningún miembro del equipo mediador.

Otro ejemplo: la Fiscalía sostiene que las reuniones que se facilitaron entre los diferentes jefes de las pandillas fueron aprovechadas para planificar delitos. Pero no ofrecen pruebas. La defensa sostiene que fueron aprovechadas para prevenir delitos, por ejemplo, acordando cese de hostilidades contra escuelas, transporte público y personal policial. Las estadísticas de delitos del 2012/13 más bien indican que fue así.

El lunes será la hora de la defensa. Con todo lo comprobado por la Fiscalía, le saldrá más fácil sostener su tesis: los acusados (mediadores, funcionarios de Centros Penales y los oficiales de la PNC), lejos de hacerse culpables de asociación ilícita para cometer delitos, todos actuaron cumpliendo órdenes y implementando una política pública oficial, autorizada por el presidente de la República.

Hay un juicio paralelo, de carácter eminentemente político y mediático, que es contra esta política pública y la tregua. La Fiscalía solo abonó a este juicio paralelo, pero en el juicio jurídico todo esto no tiene relevancia. Políticamente han convertido la tregua y la mediación en pecado. Jurídicamente tendrían que haber comprobado delitos, y no lo lograron.

La otra semana veremos el siguiente capítulo. Saludos,

Carta a los que creen en la justicia: Acusar es más fácil que comprobar. De Paolo Luers

Paolo Luers, 18 mayo 2017 / MAS! y EDH

Estimados amigos:
Los columnistas no solemos ir a audiencias judiciales. Las dejamos a los reporteros. Pero para opinar, a veces hay que ir a la fuente de las noticias. Fui al inicio de la audiencia, en la cual se va a decidir si el llamado “caso tregua” merece pasar a vista pública.

La jueza levantó la reserva sobre el caso. Buena noticia, porque ya era absurdo que los acusados y sus defensores no podían hablar en público, mientras que los medios estaban llenos de filtraciones de la Fiscalía, hechas para conseguir pre-condenas.

Si se hubiera mantenido la reserva, no podría contar lo que pasó una hora antes de la audiencia. La Fiscalía había solicitado un “reconocimiento”: un jefe pandillero criteriado tenía que identificar a dos acusados. La diligencia fue declarada nula, porque la Fiscalía sentó a su “testigo” en la entrada, donde podía ver a los dos acusados en su ingreso para luego “reconocerlos”. Pero a pesar de esta maniobra burda, el criteriado declaró que no sabía a quién tenía que reconocer. De paso, la FGR quemó a su criteriado, identificándolo con nombre y apellido en su escrito de acusación…

Luego la Fiscalía comenzó a exhibir sus pruebas. Reprodujeron el audio de una reunión de los mediadores con pandilleros presos: monseñor Fabio Colindres, uno de los mediadores, dando una especie de sermón, diciendo a los pandilleros que “los que han hecho el mal, pueden encontrar el amor y hacer el bien”… A la media hora, la jueza interrumpió y señaló a los fiscales que no había escuchado nada relevante para comprobar las acusaciones. Pero me gustó que hayan reproducido el audio de monseñor, porque perfectamente caracterizaba el esfuerzo de los mediadores: convencer a los líderes pandilleros que en vez de seguir delinquiendo deberían contribuir a reducir y superar la violencia.

Obviamente no era lo que los fiscales querían transmitir. Presentaron un montón de elementos para comprobar algo que todo el mundo sabe, que nadie (ni los acusados) niegan y que además no forma parte de los delitos que les imputan: Establecieron que los mediadores (entre ellos el acusado principal Raúl Mijango) gestionaron una tregua entre las pandillas y que el gobierno de Mauricio Funes adoptó una política pública de facilitar esta gestión, con el fin de reducir la violencia.

Pero esto no aporta nada a la comprobación de los delitos que la Fiscalía imputa a los acusados. La tregua no es sujeto de este juicio. Nadie definió como delito la tregua, mucho menos la política oficial del Estado que facilitó su gestión.

La FGR tendrá que presentar pruebas concretas para sustentar acusaciones concretas de delitos concretos: por ej. que los acusados introdujeron (o permitieron la introducción) de ilícitos en los penales. Las argumentaciones de los fiscales son suposiciones. No hay “cuerpos de delito”, no hay actas de decomiso, no hay fechas y lugares de entrada de ilícitos. Con este vacío se les va a caer más de la mitad del caso.

Lo que queda es “asociación ilícita”. ¿Pero asociación ilícita para qué? Los fiscales tuvieron que aclarar que nadie está acusado de pertenecer a una pandilla. Tampoco puede ser asociación para gestionar la tregua, porque la tregua no es tipificada como delito.

“¿Asociación ilícita para qué?”. Esta será la pregunta central que la Fiscalía tendrá que contestar para que este caso pueda ir a vista pública. Y hasta ahora no hay elemento visible de cómo van a comprobar que estos 21 hombres y mujeres conspiraron para cometer delitos.

Queden pendientes de este caso y mantengan su mente abierta. Hasta ahora no hay caso.
Saludos,

Carta a una jueza: A pesar de todas las presiones, ¡haga justicia! De Paolo Luers

Paolo Luers, 23 marzo 2017 / EDH y MAS!

Estimada aplicadora de justicia:
Usted ya sabe a quién me dirijo y a qué caso me refiero. No pongo nombres, porque el problema es precisamente que usted está haciendo un manejo de la reserva del caso que me parece peligroso. No vaya ser que al hablar de este caso claro y peladamente, como es mi costumbre, me consigo una demanda.

Resulta que usted está oyendo un caso penal que ya va en su fase final. Ya pasó el tiempo de instrucción que usted concedió a la Fiscalía. Ya presentó la Fiscalía su acusación, y ya está programada la audiencia para mayo. Por tanto, los defensores de los acusados le solicitaron copia de esta acusación, para poder preparar su defensa técnica, como es su deber constitucional, y un derecho de cualquier acusado.

Me parece absurdo que tengan que solicitar este documento cuando teóricamente, por lógica y razón común, automáticamente tendría que ser puesta a disposición de la defensa. Pero más que absurdo, mejor digamos insólito, es que la Corte le niegue este documento de acusación a la defensa, a menos que la Fiscalía no tenga objeciones. La Fiscalía no puede tener veto en este asunto solo porque que se declaró reserva sobre el caso.

Lo lógico es que la reserva signifique que el público y los medios no tengan acceso a la información que se ventila en un caso. ¿Pero cómo puede interpretarse que la reserva se aplique a los acusados y sus defensores? ¿Cómo se puede negar a la defensa el pleno y pronto conocimiento de los supuestos elementos comprobatorios aportados por la fiscalía? ¿Cómo se le puede conceder a la fiscalía el derecho de vetar los derechos de la defensa?

No soy jurista, pero el derecho tiene que corresponder siempre a la razón común. Y a la decencia. Si esto no está garantizado, si el derecho no se rige por la lógica sino por sofismos que nadie entiende, los ciudadanos no podemos tener confianza en la Justicia.

Todavía es tiempo para que usted, señora jueza, oiga las objeciones de la Fiscalía para luego, a nombre de la justicia y el derecho a la defensa, rechazarlas. No lo estoy exigiendo porque algunos de los acusados sean mis amigos, sino porque como muchos estoy preocupado por la credibilidad del sistema judicial.

Si no podemos tener confianza en la actuación de la PNC y de la Fiscalía, por tantos abusos y manipulaciones que están cometiendo, la última barrera entre el Estado de Derecho y el Estado fallido son los jueces, su independencia y su valentía.
Le saludo con mucho respeto por su difícil tarea,