escuchas telefónicas

Carta a la diputada que quieren linchar. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 6 enero 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Estimada Cristina López:
Parece un deporte nacional querer lincharte. Desde que llegaste a la Asamblea surgieron voces cuestionando con qué derecho una corredora ocupara una diputación. Cuando tuviste un conflicto con uno de tus asesores, te atacaron con insinuaciones de carácter sexual. Cuando en diciembre 2016 no lograron aprobar el presupuesto para el 2017, por que vos no diste el voto número 43 que necesitaban, te colocaste en el ojo del huracán. O más bien te colocaron, aunque tuviste no solo el derecho, sino toda la razón de negar tu voto a un presupuesto que luego fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.

logos MAS y EDHSiempre asumí que todo como reflejo de la actitud sexista, pero también clasista, que sigue dominando nuestro clima político. Todo regresa al punto inicial: ¿Qué hace en la Asamblea una mujer sin apellido de familia pudiente, una deportista sin formación académica?

Pero lo que pasa ahora es aun más grave. Te acusan, sin prueba ninguna, de haberte vendido a Enrique Rais, el empresario prófugo acusado de tráfico de influencias. Dicen que te dejaste sobornar por Rais o sus defensores para que pidieras a la Asamblea una interpretación auténtica de la Ley Especial para Intervención de las Comunicaciones – y que esta interpretación, que de hecho fue aprobada por la Asamblea en diciembre del año pasado, puede hacer caer el caso contra Rais.

Entonces, sos cómplice de una mafia. Así de fácil.

A nadie se le ocurre considerar que la ley que regula las intervenciones telefónicas de la fiscalía tiene unos artículos que protegen a la ciudadanía de abusos. Las escuchas telefónicas solo pueden ser autorizadas por un juez. Y el juez solo las puede autorizar en un caso específico, dando oportunidad a la fiscalía a recabar pruebas para sustentar una sospecha concreta y presentar su acusación ante la justicia. La fiscalía no puede usar los datos recabados en la escucha telefónica para otros fines o en otros casos. Tampoco puede acumularlas para ver si en el futuro les sirven. Si no presenta en seis meses la acusación en el caso específico, para el cual fue autorizada la intervención telefónica, la fiscalía está obligada a destruir las grabaciones y sus transcripciones.

Esto dice la ley, y esto vino a reafirmar la interpretación auténtica que solicitaste. ¿Entonces, cuál es el pecado? ¿Cómo puede ser un pecado insistir en una regla necesaria para proteger a la ciudadanía de posibles abusos?

El supuesto pecado es que con esta interpretación se le puede caer a la fiscalía el caso contra Rais. Momento, ¿cómo es esto? Si el caso contra Rais está sustentado en unas grabaciones, a pesar de que el plazo de 6 meses estaba vencido, y si por esto se cae el caso, la culpa es exclusivamente de la fiscalía.

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Todos consideramos al señor Rais culpable de manejos mafiosos. Pero no podemos defender una práctica incorrecta de la fiscalía para facilitar su condena. Legitimando esta práctica en este caso, le damos a la fiscalía un arma que puede usar contra cualquier ciudadano. Por eso era correcto que la Asamblea emitiera su interpretación auténtica, marcando a la fiscalía el límite legal de sus actuación.

No te dejés ahuevar, diputada, hiciste lo correcto.

Saludos,

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Columna transversal: Intervenciones telefónicas. De Paolo Luers

paolo_luers-obsPaolo Luers, 26 agosto 2016 / EDH

Todos los que de alguna manera participamos en política partimos de que somos sujeto a escuchas telefónicas. Legales o ilegales. Legales si hay un fiscal que pida autorización a un juez, y si hay un juez que estima que hay causa probable. Ilegal, si un fiscal lo ordena la intervención sin autorización de un juez. O ilegal cuando la instancia que interviene nuestras comunicaciones no es el Centro de Escuchas Telefónicas – que es la única que por ley está facultada para violar, previa autorización de un juez, la privacidad de nuestras comunicaciones (teléfono, email, correo, mensajes digitales).

diario hoyEntonces, cualquier ciudadano inocente (en los dos sentidos de la palabra) preguntaría: ¿Pero existen en El Salvador centros ilegales de escucha telefónica? ¿Y no es la Constitución que dice: “Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.”

Y todos los ciudadanos un poco menos inocentes (por lo menos en el sentido de ingenuidad) contestamos: Claro que existe. Y todo el mundo comienza a contar que en su teléfono se escuchan unos ‘clics’ sospechosos, y que mejor hay que usar línea fija – o hablar por whatsup… que esto sí no lo pueden interceptar, ni legal ni ilegalmente…

Bueno, pero todo esto puede ser cierto, o medio cierto, o puede ser paja del imaginario popular. Pero entonces, toma la palabra un hombre que supuestamente sabe del tema: el señor fiscal general de la República, Douglas Martínez. En su entrevista en TCS le cuenta a Moisés Urbina que nada menos él, el poderoso jefe de la fiscalía y el único que maneja un centro de escucha telefónica autorizada por la ley, es sujeto de intervenciones ilegales de sus comunicaciones. Bueno, este no es cualquier hijo de vecino hablando babosadas. Es el fiscal general…

Este es el punto donde voy a contar algo que fue dicho en una plática cuyo contenido originalmente no fue para publicarlo. Una plática nada menos con el entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, hoy hospedado en una bartolina u oficina de la famosa DAN (la División Antinarcóticos, que la PNC usa para albergar a detenidos prominentes, como Paco Flores, Raul Mijango, Enrique Rais, y… Luis Martínez). Hoy decido revelar el contendido, porque respetar la confidencialidad significa proteger la impunidad. Además, el mismo Luis Martínez hoy está siendo acusado, por su sucesor Douglas Meléndez, de haber violado la privacidad de las telecomunicaciones para manipular un caso penal.

En la mencionada conversación, Luis Martínez dijo que su oficina tenía documentados, con todos los detalles (nombres, apellidos, responsables, direcciones) por lo menos de 4 centros ilegales de escucha telefónica que estaban operando en el país. Y detalló: Uno de cada uno de los dos partidos mayoritarios (FMLN y ARENA); uno de una instancia del ejecutivo; y una que responde a un gobierno extranjero. “Y uno de ellos opera en frente de mi oficina, al otra lado de la calle”, agregó. banner transversal

Hubo un silencio alargado. No tanto por la revelación, ya que esta no nos sorprendió. Más bien todos silenciosamente nos hicimos la pregunta que al final yo le expresé en vos alta a nuestro invitado: “Bueno, usted es fiscal general de la República, el hombre tal vez más poderoso del país. El garante de la legalidad. Si tiene conocimiento de dónde operan estructuras ilegales de escucha telefónica, y además sabe quiénes están atrás de ellos, ¿por qué no los cierra, no decomisa los equipos y no arresta a los operadores y los autores intelectuales?”

Sólo una risa me dio el señor fiscal general – de estas risas que de te dicen que tu pregunta es tonta.

Tonta o no, hoy hago esta misma pregunta al nuevo fiscal general: En vez de lloriquear que está siendo intervenida su comunicación, ¿por qué no les cae encima, con todo el peso de la ley, a los centros ilegales de intervención telefónica, sea quien sea quién esté detrás? Si no tiene las direcciones y los nombres, ya sabe adonde está Luis Martínez para pedirle que le explique todo.