¿Una crisis futura? De Manuel Hinds

14 septiembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Como es bien sabido, el impago parcial de unas deudas pequeñas hace un par de años tuvo efectos muy negativos. Nos llevó a una reducción de la calificación de nuestra deuda, que es un indicador de la confiabilidad que tiene el gobierno para pagarla. Una reducción lleva a que menos personas naturales y jurídicas estén dispuestas a financiar al país, y a que otros, que estaban dispuestos a comprarlos a una cierta tasa de interés, estén dispuestos a seguir haciéndolo pero a tasas de interés más altas. El pago de tasas más altas implica que, de los fondos con los que cuenta el Estado, las cantidades asignadas a otros gastos o inversiones tienen que ser menores. Es decir, tasas más altas significan menos escuelas construidas, o menos medicinas en los hospitales, o menos policías en las calles.

Así, además de afectar muy negativamente el prestigio del país, el impago nos ha llevado a tener que pagar más caro por el crédito al país. Esto debería haber quedado como una lección muy clara de que jamás debemos entrar en impago de una deuda, ni siquiera por unos minutos, si es que una lección era necesaria para una cosa tan evidente.

Se acerca la presentación del presupuesto para 2019. De acuerdo con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, el gobierno tiene que incluir en él el pago de todos los gastos que ya se sepa que tienen que pagarse al momento de elaborar el presupuesto, lo cual incluye el pago de estos bonos en septiembre de 2019. Este pago es como mínimo de $800 millones pero hay otros $1,200 millones que los tenedores de estos bonos pueden también presentar al cobro si así lo desean. De esta forma, el gobierno tiene que estar listo para pagar $2,000 dentro de un año, y esto debe presupuestarse.

De acuerdo con la Constitución, todos los gastos incluidos en el presupuesto tienen que ir acompañados de la forma en la que serán pagados, que en este caso tiene que ser la emisión de otros bonos con vencimiento en el largo plazo por una cantidad equivalente. La emisión de estos bonos requiere la aprobación de la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.

Esta emisión es completamente distinta de las emisiones que el gobierno pueda querer realizar para pagar los otros gastos incluidos en el presupuesto, que pueden reducirse si se reducen los gastos que van a financiar. En este caso, el gasto que los nuevos bonos financiarían no se puede reducir ni eliminar, porque está determinado por el vencimiento de una deuda ya existente. Esta emisión también es diferente de las que pagan nuevos gastos en otra dimensión: estos bonos no aumentarán la deuda ya existente del país en forma neta, porque el aumento de deuda que ellos implican será compensado por la disminución de la deuda implícito en el pago de los bonos anteriores. Una tercera diferencia es que si no se aprueban se afectaría la situación del país como deudor de una manera muy negativa, causando costos en todas las dimensiones de la vida del país. Una cuarta diferencia es que el dinero conseguido por los futuros bonos tiene que estar disponible en un cierto día de acuerdo a obligaciones incurridas por el estado salvadoreño. El atraso en esta fecha es ya en sí un impago, aunque el pago se realice un día después. Dado que la emisión de bonos en los mercados internacionales requiere trabajos que tardan meses, es necesario que la aprobación deje un buen margen de tiempo para la emisión.

Por estas razones, la emisión de estos bonos con el destino exclusivo de pagar las deudas ya adquiridas debería ser considerada con criterios distintos a los de las demás deudas propuestas por el gobierno, y debería ser aprobada sin atrasos para que el dinero esté disponible en el momento en el que se necesite. Este es un tema de país, no uno de partidos políticos. Un atraso en este pago sería fatal no solo para el gobierno que esté en el poder sino también para el país entero.

Lista de súper. De Erika Saldaña

Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 7 agosto 2017 / EL DIARIO DE HOY

El presupuesto de 2017 está fuera de la realidad y por eso es inconstitucional. Así lo dictaminó la Sala de lo Constitucional. En corto, no cumple el principio de equilibrio presupuestario, no se consideran gastos obligatorios y abundan los innecesarios. Se mantienen intactos las asignaciones de muchos ministerios y dependencias, mientras que para el pago de pensiones fijan mil dólares a una partida que ya sabíamos que necesitaba doscientos treinta millones de dólares en este año. Es como si del presupuesto de su casa, usted apartara una cantidad para salir con sus amigos, pero no sabe cómo pagará el colegio de sus hijos.

Esta no es la primera vez que la Sala interviene en el presupuesto. Hace un par de años estableció que es inconstitucional la existencia de partidas presupuestarias libres de auditoría y control, rechazando las llamadas “partidas secretas” o de gastos imprevistos. Además, en otras resoluciones ha dicho que hay gastos que pueden recortarse para comprar, por ejemplo, medicamentos para la hemofilia. A pesar de que estas medidas le suenan lógicas a cualquier ciudadano que le cuesta ganar su salario y salir con los gastos mensuales, el Gobierno y la Asamblea parecen no entender y no las han cumplido como deberían. Se niegan a hacer bien un presupuesto y a ordenar las cuentas del Estado.

El problema fiscal de El Salvador hay que arreglarlo y para eso es necesario, en primer lugar, ordenar la casa e implementar una verdadera política de austeridad. Cuando hablamos de recortar gastos varios funcionarios del gobierno han tergiversado las intenciones y han intentado satanizar las acciones. Lo primero que dicen es que se eliminarán los programas sociales, que no se entregarán uniformes ni alimentos a los niños en las escuelas, que no habrá medicinas en los hospitales y que se tendrá que despedir gente del aparato estatal. Nada más alejado de la realidad. Pareciera que su única intención es meter miedo a la gente necesitada que se beneficia de dichos programas.

El recorte de los gastos se tiene que dar en el día a día y donde existe grasa. Es irrazonable que gasten grandes cantidades de dinero en publicidad de las excusas del gobierno, que aparten fondos para las compras de carros de lujo, que alimenten a funcionarios u organicen celebraciones con fondos del Estado. Y, por otro lado, tengan a gente sufriendo la falta de un medicamento en un hospital o un niño yendo a una escuela sin agua. Si camináramos en los pasillos de las distintas instituciones públicas probablemente encontraríamos gastos que podrían eliminarse y que se invertirían mejor en áreas que beneficien directamente a distintos sectores poblacionales.

Y, seamos honestos. El Estado tiene una planilla sobrepoblada, donde se paga salario a dos personas por el trabajo que bien podría hacer una si se pone las pilas. Los administradores del aparato estatal tienen que hacer una purga y eliminar las plazas innecesarias, hacer un ajuste de salarios para pagar a cada quien por el trabajo que corresponde, y establecer un verdadero sistema de control del servicio civil. No existe un mecanismo de supervisión de la eficiencia de cada empleado público y no sabemos con certeza cuántos empleados debería tener el Estado para salir con sus quehaceres. Los tres Órganos del Estado están obligados a colaborar con las medidas que ayuden a reducir gastos e invertir de mejor manera el dinero disponible.

La diputada Lorena Peña, analizando lo dicho por la Sala en un programa de televisión, señaló que las medidas ordenadas para tratar de solventar la crisis fiscal y que se corrija el problema de equilibrio presupuestario son una lista de súper; y que el Gobierno tenía más y mejores reglas sobre la austeridad que las que se establecen en la sentencia. Si ya tienen un plan para sacar a país de la crisis y si creen que este caminaría mucho mejor sin la existencia de la Sala de lo Constitucional, adelante, demuéstrenlo. No se arriesguen a que les sigan corrigiendo la plana.

Manipulación infame. De Federico Hernández Aguilar

Jugar con fósforos al lado de un enorme tanque de gasolina es lo que el gobierno de El Salvador viene haciendo desde hace dos años. Para resolver su grave déficit fiscal (el tanque de gasolina), nuestras autoridades han optado por manipular una cajita de fósforos que se llama “politiquería”. Y así, en el afán de quemar a sus adversarios, no advierten que están a punto de incendiar al país entero.

Federico Hernández Aguilar, 20 abril 2017 / LPG

Lo que se nos quiere vender como excusa, en torno a los impagos que se han venido produciendo desde el 7 de abril, es que las obligaciones con las pensiones de los trabajadores necesitaban de la aprobación de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, alegando que no se disponía de la “asignación presupuestaria indispensable” de acuerdo con la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), misma que desde noviembre del año pasado tiene suspendidos sus efectos por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.

Lo que ningún comunicado del Ministerio de Hacienda nos confiesa es que la administración Sánchez Cerén ha tenido entonces cinco meses para diseñar alternativas constitucionales a su polémica reforma a la Ley FOP, no solo respetando a la Corte Suprema de Justicia sino liderando las negociaciones políticas que le permitieran cumplir con sus pagos. En lugar de eso, el gobierno ha estado –por casi medio año– intercambiando epítetos con el principal partido opositor, que con razón se ha negado a aceptar que la única solución viable sea endeudar más a los salvadoreños o seguir ahorcándolos con impuestos.

Amén de este infantil berrinche, los diputados oficialistas y sus adláteres aprobaron un presupuesto que incluía el monto “simbólico” de mil dólares para enfrentar los vencimientos de los Certificados de Inversión Previsional, a sabiendas que se requerían más de $200 millones. Y por si lo anterior fuera poco, el Ministerio de Hacienda quiere que creamos algo absurdo: que justo en la plenaria extraordinaria antes de las vacaciones de Semana Santa, bordeando el impago, 56 diputados iban a hacerse presentes en el Salón Azul para votar por una reforma a la Ley del Presupuesto que nadie había presentado. ¡Por favor!

Nuestro gobierno nos ha mentido con descaro y pretende continuar. No admite los errores que comete, pero endilga responsabilidades a diestra y siniestra. Habla de dialogar y de buscar consensos, pero el lenguaje hostil de algunos de sus voceros desmiente tal voluntad conciliadora. Se ha dado el lujo de contar con recursos que jamás soñaron administraciones anteriores, pero es la actual gestión, paradójicamente, la que nos está llevando al default.

El jueguito peligroso ha terminado por chamuscar la imagen de El Salvador, que siempre fue apreciado internacionalmente como país que sabía tomarse en serio sus compromisos. Gobiernos responsables con el bienestar de sus ciudadanos no manipulan la caja de los cerillos tan cerca del combustible. Ahora estamos a un paso de perder la credibilidad que por muchos años fuimos construyendo, a fuerza de disciplina y manejos más sensatos de las finanzas públicas. ¿Y quién es capaz de predecir el tiempo que nos llevará recuperar la percepción positiva que alguna vez gozamos?

En política es posible excusar la torpeza, incluso cuando sus causas son coyunturales; pero los cálculos politiqueros que provocan descalabros económicos son, además de inexcusables, abiertamente infames. Lo que los salvadoreños podríamos sufrir por culpa de quienes llevan las riendas de la nación es inédito, difícil de pronosticar. No existen precedentes para los efectos que nos traerán degradaciones que nunca debimos tener en el mercado internacional. Y una vez desatado el incendio, ¿quién cree que nuestro gobierno sabrá enfrentarlo?

Todo con el mismo peso. De Sandra de Barraza

Los tomadores de decisiones parece son ciegos a la realidad, son indiferentes a la incapacidad que tiene el país de financiar todo. ¿Con qué?

Sandra de Barraza, 3 enero 2017 / LPG

A menos de 30 meses para que finalice la administración del Órgano Ejecutivo, seguimos atrapados en la falta de prioridades. El cambio climático es prioridad. La producción agrícola es prioridad. La mujer es prioridad. El desarrollo municipal es prioridad. El transporte público es prioridad. La primera infancia es prioridad. La salud es prioridad. El saneamiento es prioridad. El escalafón es prioridad. La participación ciudadana es prioridad. La publicidad gubernamental es prioridad. La transparencia es prioridad. La seguridad es prioridad. El empleo público es prioridad. El sindicalismo es prioridad. La Policía es prioridad. ¡Y así, hasta el infinito!

Con todos y con todo, se quiere quedar bien. Todo se quiere hacer. Todo se quiere con el mismo presupuesto. Y lo peor es que el presupuesto no alcanza. Y más crítico aún es que la confianza para hacer todo y quedar bien con todos se pone en las instituciones de financiamiento internacional y en los cooperantes. Y con la crisis fiscal que se enfrenta y se prevé para el futuro, difícilmente podremos financiar lo que a todos les conviene.

Los tomadores de decisiones parece son ciegos a la realidad, son indiferentes a la incapacidad que tiene el país de financiar todo. ¿Con qué? Hay que preguntarlo porque los 262 gobiernos municipales están enfrentando la realidad a la que el gobierno central nos ha llevado. Y esto es crítico, especialmente por el servicio de recolección de desechos y las implicaciones de hacerlo en su momento. Pronto, el país será como el municipio de Mejicanos en la administración pasada, las calificadoras de riesgo nos ubican en la categoría de “bonos basura”.

Pronto, muy pronto, los subsidiados en el servicio de energía enfrentarán la realidad. Tendrán que pagar el servicio. Pocos hablan de este tema porque políticamente no es popular. Pero tarde o temprano, los tomadores de decisiones tendrán que reconocer que los subsidios son impagables. Mientras, los trabajadores sindicalizados en el Ministerio de Salud siguen creyendo que es mala voluntad de las autoridades el no cumplimiento de la ley del escalafón. En esta crisis, los tomadores de decisiones incumplen cualquier ley. Y allí está el FODES como ejemplo.

En un momento de crisis fiscal, y en un entorno de violencia e inseguridad con falta generalizada de empleo decente, conformarse con el monto recaudado en “la contribución especial a la telefonía” y confiar en las “medidas extraordinarias” para resolver el problema que hace evidente la incapacidad gubernamental es poco responsable. Y es poco responsable porque se quiere hacer creer a la gente que “lo extraordinario” de hacer las cosas “de manera extraordinaria” permitirá recuperar el ambiente de sana convivencia y seguridad.

Las “medidas extraordinarias” están distorsionando la institucionalidad. Otra vez, insisto. La prevención se da y se debe dar en las escuelas. Y ¿dónde esta el Ministerio de Educación rindiendo cuentas de lo que hace y deja de hacer en las escuelas? No es tarea de la PNC, ni de las Fuerzas Armadas, ni tampoco de ciudades especiales o institutos especializados, la responsabilidad de atender a la población en edad escolar.

Los funcionarios desfilan en la Asamblea para solicitar 10, 20, 50 o 100 millones o más en préstamos. Préstamos que les sirven para continuar reproduciendo su burocracia. Y ¿quién llama la atención sobre lo que es prioritario? ¿Quiénes demandan la atención a los jóvenes y adolescentes, esos que tienen que estar en la escuela y no están? De la oposición no se escucha absolutamente nada.

Los maestros se están quejando sobre el cierre de secciones en las escuelas. Los maestros se están quejando por la solicitud de transferir plazas y sobresueldos para reubicarlos. Estas quejas, que se han leído en los medios de comunicación, son el reflejo de la falta de prioridad que se le da a la atención de la población en edad escolar.

Las escuelas están en malas condiciones. Los bachilleratos están hacinados. La deserción entre tercer ciclo y primero de bachillerato se explica por la concentración y la falta de oferta. Y la educación a tiempo pleno, de 8 horas diarias desarrollando competencias con la asistencia de profesionales en distintas disciplinas, se quedó en el discurso de las agencias de cooperación. La estrategia conceptual es válida y tenemos 90 meses escuchando el discurso. No hay pisto. Y entonces ¿dónde está la prioridad?

Sigue la pregunta,¿dónde está el dinero? De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 24 diciembre 2016 / EDH-Observadores

El gobierno se comporta como si fuera un deudor que de repente se quedó sin dinero porque sus ingresos cayeron de pronto o porque los gastos se le incrementaron también de repente. Esta semana pagó solo una parte del Fodes que les debía a las alcaldías, cubriendo solo octubre y noviembre con 60 de los $90 millones que debía hasta diciembre. Esto lo hizo solo ante la tremenda presión a la que lo sometieron los alcaldes y después de haber causado gran daño a los gobiernos locales. El gobierno aceptó hace algunas semanas que debe más de $160 millones a sus proveedores, y que no les puede pagar $200 más a los bancos. Además no está pagando el escalafón de los trabajadores de salud.

Estas no son las únicas obligaciones que el gobierno no está pagando. Uno lee cada día que la policía no puede pagar sus alquileres, que las escuelas no están recibiendo lo que deberían según el presupuesto, que los hospitales no tienen medicinas, que no hay dinero para dar mantenimiento a las carreteras, etc., etc., etc., y uno piensa, ¿cómo fue que el gobierno se quedó tan de repente sin dinero? ¿Cómo fue que el dinero alcanzaba el año pasado para pagar todo y de pronto no solo no alcanzó para algún pedacito del presupuesto, sino para tantos rubros que ahora no son pagados?

¿Será que el gobierno ha gastado más? Como se aprecia en la gráfica adjunta, no sustancialmente. De enero a octubre, el gobierno gastó solo $46 millones más que en 2015. ¿Será que los ingresos se le cayeron? No, tampoco. Los ingresos de 2016 a octubre fueron de $4,572 millones, que son $324 millones más que en 2015. Es decir, tuvo ingresos $324 millones mayores y $46 millones más en gastos, para una ventaja de $278 millones. ¿Y por qué entonces no alcanza para pagar a los bancos, el FODES, a los proveedores, etc., que antes sí se pagaban?

El dinero se ha desembolsado, de eso no hay duda. Pero si no se ha usado en pagar tantas cosas que no se han pagado, ¿hacia dónde se fue?, ¿dónde está el dinero?

¿A dónde está el pisto? De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 19 diciembre 2016 / EDH

En recientes declaraciones, la embajadora de los Estados Unidos de América, Jean Manes, expresó en un evento público una frase que da para reflexionar sobre las finanzas de El Salvador; dijo que en este país “dinero hay, pero ¿a dónde se va?”. Esto puede resultar contradictorio cuando vemos la situación de pobreza en la que viven muchas personas, la falta de presupuesto para el pago de pensiones del sistema público o la falta de inversión en infraestructura en escuelas, hospitales y lugares públicos; de lo anterior podríamos pensar que, como país pobre que somos, no hay dinero.

Sin embargo, en las últimas semanas hemos sido testigos de una situación reveladora y preocupante: en El Salvador sí hay dinero para financiar diversas organizaciones privadas. No hay fondos para montar la infraestructura necesaria para llevar agua a algunos sectores de la sociedad o para comprar medicamentos urgentes en los hospitales públicos; pero sí hay dinero (o al menos previsiones presupuestarias) para ser asignado a la fundación que dirigía la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa o para personas u organizaciones  afines al partido político en el Gobierno.

La organización Acción Ciudadana ha revelado recientemente que alrededor de catorce millones de dólares anuales podrían estar siendo destinados al financiamiento de instituciones privadas, sobre las cuales es muy probable que no exista ningún control. En primer lugar, no hay control sobre las condiciones que dieron lugar a las que se les entregara el dinero; por otra parte, también es muy posible que sobre estas organizaciones que reciben dinero de los contribuyentes no exista ningún tipo de control posterior a la entrega del dinero, ni sobre los objetivos para el que requieren los fondos, ni si realmente son ejecutados para un fin estatal o social.

Otra cuestión preocupante, como lo ha manifestado Acción Ciudadana, es el hecho que muchas de las organizaciones que aparecen en el Presupuesto General de la Nación, como beneficiarias de estos fondos para su financiamiento, han manifestado que no recibieron el dinero que se señala. Aquí vale volverse a preguntar, ¿A dónde está el pisto? ¿Quiénes fueron los receptores finales del dinero?

El financiamiento a organizaciones privadas podría ser uno de los agujeros por donde se va el dinero público y que nos hace creer que no hay o no alcanza. Esto se suma a la ya conocida cadena de mal gasto o mala administración de fondos públicos que vemos en forma de alimentos, viajes, carros, seguros y viáticos de funcionarios o empleados públicos. Y también se agrega a lo señalado por la embajadora de los Estados Unidos de América, a todo ese dinero que se pierde en corrupción, sobornos o, de forma más clara, robo de fondos públicos.

Todo lo anterior tiene como raíz común la mala elaboración presupuestaria, más su ineficiente y descontrolada ejecución que no garantiza el buen uso del dinero que aportamos todos los salvadoreños. Como ya lo he manifestado en anteriores columnas, la ley de presupuesto debe especificar la cantidad, finalidad y entidad que debe realizar los gastos públicos en sus aspectos cuantitativo (cuánto dinero dispone) y cualitativo (el fin específico para el cual está destinado). Por otra parte, bajo el principio de transparencia presupuestaria, es deber de cada uno de los funcionarios rendir cuentas sobre la administración y destino de los fondos públicos; lo anterior, con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción o mala administración en el manejo y destino del dinero del Estado.

La corrupción, mala administración o robo, desvía el dinero que debería ser ocupado para mejorar escuelas y abastecer de medicamentos los hospitales del país; está claro que las finanzas públicas no tienen la capacidad para mantener el ritmo de gastos innecesarios o mal asignados, mucho menos está para financiar organizaciones privadas de las cuales desconocemos lo motivos que impulsaron a asignarles fuertes cantidades de dinero. La Corte de Cuentas debe actuar firmemente en las auditorías a estos casos y la ciudadanía tiene que estar pendiente de la actuación de todas las instituciones públicas, pues es el dinero de los salvadoreños lo que está en la mira. Sigamos preguntando, ¿A dónde está el pisto?

Lección número 1 de Finanzas. De Manuel Hinds

Manuel Hinds, 12 diciembre 2016 / EDH-Observadores

El gobierno está recibiendo, con gran costo para la sociedad salvadoreña, una de las lecciones más elementales de las finanzas. La lección le ha llegado a través de tres golpes que la realidad les ha propinado. Hace un par de semanas recibió el primero de estos golpes cuando quiso vender $100 millones de Letes (deuda de menos de un año) y sólo logró colocar $1 millón. Un préstamo «puente» que el gobierno también quiso obtener (un préstamo que le financiara hasta que se pudieron emitir los $550 millones de bonos de largo plazo que la Asamblea les aprobó) también fue rechazado. La lección se remachó hace unos días, cuando tuvo que retirar otra oferta, esta vez de vender $55 millones de Letes porque nadie quería comprarla.

Estos eventos parecen estar desatando gran desconcierto en el gobierno y el FMLN. No van con su idea de lo que es el mundo, que aparentemente ellos conciben como un lugar en el que todos obedecen a lo que dice el comandante. El comandante dijo ¡Vendan! Y nadie quiso comprar.

Por prudencia, para que no hagan una locura que vuelva todo peor, es necesario explicarles que esto no es el resultado de un golpe de estado fiscal, sino de una cadena de eventos que lógicamente ha llevado a un desenlace. Uno no puede esperar que alguien lo financie a uno si, como han hecho los gobiernos del FMLN:

1. Gasta muy por encima de sus ingresos por un largo tiempo y no sólo rehúsa rebajar sus gastos sino que los aumenta continuamente.

2. Demuestra repetidamente con sus acciones que el pago de sus deudas tiene una prioridad bajísima frente a cualquier oportunidad de gasto (¿Recuerdan, por ejemplo, los subsidios a los ninis y ahora el reparto de preservativos gratis en las calles?).

3. Demuestra también repetidamente que no sólo las deudas sino también otras obligaciones (como los escalafones de salud y la obligación de mantener bien abastecidas a las escuelas y las unidades de salud y los hospitales) tienen una prioridad bajísima frente a gastos puramente políticos como contratar activistas en el gobierno.

4. Trata de expropiar los ahorros de los presentes y futuros pensionados, con lo que adquiriría una deuda enorme que los futuros gobiernos tendrían que pagar con impuestos cobrados a la población.

5. Dice repetidamente, sin ningún empacho, que no tiene dinero para pagar las pensiones, que son una deuda del gobierno a sus propios ciudadanos que está protegida por la Constitución.

6. Presenta a la Asamblea un presupuesto que es descaradamente mentiroso, se rehúsa a corregirlo aunque reconoce que es mentiroso, y pretende que se le apruebe así, aunque hacerlo es inconstitucional, evidenciando así que es un gobierno que trabaja sobre la mentira.

7. Creyendo que así va a conseguir más dinero, hace una gran alharaca de que no puede pagar sus deudas.

¿Quién le va a querer prestar dinero a alguien que demuestra que no le importa no pagar sus deudas, que quiere quitarles sus pensiones a los ciudadanos, que hace sus planes financieros sobre mentiras, y que grita a todos los vientos que no puede pagar sus deudas? Todo esto muestra a la administración actual como un gobierno rapazmente irresponsable que así como presiona ahora para que le presten dinero dirá luego, cuando llegue el momento de pagarlo, que no puede y qué.

El gobierno parece creer que el sistema financiero tiene la obligación de financiarlo. Nada está más lejos de la realidad. La obligación de este sistema es con sus ahorrantes. Los dineros que prestan para financiar al gobierno (igual que para todos los financiamientos) representan ahorros de otras personas que han confiado en que los bancos los invertirán prudentemente. Sería inmoral para los bancos responder a llamadas populistas de un gobierno que no dará un cinco para pagar las deudas que ahora quiere adquirir. El gobierno quiere vender un agua que él mismo se ha encargado de ensuciar.

Todo esto, sin embargo, no significa que el problema sea irresoluble. Personas competentes pueden arreglar la situación sin mayor escándalo. Mire la gráfica adjunta, que muestra la deuda del gobierno de El Salvador como porcentaje del PIB.

La gráfica muestra la trayectoria de 1991 a 2015 de tres niveles de deuda: la del gobierno central, que incluye los tres poderes del estado, que funcionan fondeados principalmente por impuestos; luego el sector público no financiero, que es ese mismo gobierno más las instituciones autónomas como la CEPA, la CEL, etc., que se fondean vendiendo servicios; y el gobierno total, que incluye estos niveles más el sector financiero estatal. Note usted que la trayectoria de la deuda ha sido igual para los tres niveles del estado: todas estas deudas forman una U. La deuda como porcentaje del PIB para los tres niveles comenzó alta en 1991, bajó a la mitad hacia fines de los noventas; y luego subió, especialmente a partir de 2009, cuando el FMLN tomó el poder. Ahora estamos casi igual que estábamos al terminar la guerra.

Esta gráfica demuestra que el problema de la deuda se puede resolver si se maneja competentemente. Igual que en los noventas, se puede reducir como porcentaje del PIB sin ningún trauma. El problema no es el fisco. El problema es la irresponsabilidad del FMLN, que nos ha retrocedido 25 años, gastando a los descosido, y dejándonos a todos preguntándonos, ¿a dónde se ha ido ese dinero que han gastado?

Carta a la ‘mesa fiscal’: Aprobar préstamos tiene que ser el último paso y formar parte del presupuesto. De Paolo Luers

Paolo Luers, 10 diciembre 2016 / EDH

Estimados negociadores:
El tema central que tienen sobre la mesa es el presupuesto para el año 2017. Si de esta negociación no sale un presupuesto completo, realista y financiado, cualquier otra cosa que discutan es paja.

Cuando el dinero no alcanza para todo, no se puede establecer un presupuesto sin antes definir las prioridades. Los gastos –y el eventual endeudamiento- tienen que responder a decisiones políticas sobre los problemas prioritarios del país. Si el gobierno tiene mal las prioridades, el presupuesto que presenta lo va a reflejar. Y si el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar el presupuesto y los préstamos necesarios para equilibrarlo, tiene que negociar con la oposición. Y esta negociación, que actualmente se refleja en la ‘mesa fiscal’, no tiene ningún sentido si el gobierno no está dispuesto a discutir y modificar la prioridades.

¿Cómo se construye un presupuesto, no desde la lógica del gobierno, sino desde la lógica democrática-legislativa?

En una columna se ponen todos los gastos e inversiones que se quieren hacer, correspondiendo no simplemente a las prioridades del gobierno de turno y sus intereses políticos-electorales, sino también tomando en cuenta que estas prioridades requieren de mayoría legislativa. Porque no es una cosa simbólica que el final el presupuesto tiene que ser aprobado por la Asamblea. Es real.

De este ejercicio sale una suma X.

En la otra columna se ponen todos los ingresos que el Estado va a percibir el año entrante. Con cálculos realistas que convencen a todos los participantes, por lo menos a una mayoría legislativa.

De este ejercicio sale una suma Y.

En el caso de nuestro país, obviamente la suma X (egresos) va a superar la suma Y (ingresos). Esto es el déficit que hay que cubrir.

Supongamos que se cumplió el primer mandate de la Constitución en materia del presupuesto: que esté completo y verídico.

Entonces, el siguiente paso que manda la Constitución es: equilibrar el presupuesto. Para hacer esto, la ‘mesa fiscal’ tiene que revisar cuáles de esos egresos se pueden eliminar o reducir. Otra vez esto será una discusión sobre prioridades, pero también un ejercicio técnico, o sea una revisión exhaustiva de la eficiencia del Estado.

Una vez agotadas la posibilidades de reducir los egresos, cortando grasa, eliminando gastos superfluos, reduciendo gastos no prioritarios, saldrá una suma X2.

Revisando también las posibilidades de mejorar la eficiencia de la recaudación, o llegando a acuerdos de introducir nuevos impuestos o aumento de los existentes, saldrá una nueva suma Y2 de ingresos.

Seguramente, todavía habrá un déficit, pero será menor. Este déficit hay que cubrirlo con préstamos. Se define el monto del endeudamiento adicional necesario para equilibrar el presupuesto – y ojo: esto forma parte del presupuesto.

Al final se tendrá un presupuesto que refleja prioridades políticas que pueden ser asumidas por una mayoría legislativa calificada, en concreto por 56 diputados, porque el presupuesto incluye endeudamiento. Por esto existe esta ‘mesa fiscal’ entre FMLN y ARENA: para facilitar una mayoría calificada que solo es posible si ambos partidos grandes llegan a un acuerdo.

Además se cumplirá el mandato constitucional que el presupuesto sea equilibrado, aunque con nuevos préstamos; y que sea completo y verídico, no una lista de supuestos, obviaciones y mentiras.

¿Por qué es importante definir, paso por paso, los procedimientos? Porque el gobierno solo quiere que la ‘mesa fiscal’ autorice los préstamos. Pero definir y autorizar préstamos tiene que ser, por lógica, el último paso. Voy a citar nuevamente la comparación genial de mi colega Manuel Hinds: “Primero hay que parar la hemorragia, y al final poner la sangre que sea necesaria. Pregunten a cualquier neurocirujano.” No se puede hacer al revés.

Solo si la ‘mesa fiscal’ opera de esta manera, aplicando criterios políticos (priorización) y técnicos (eficiencia del gasto y de la recaudación), y si además fortalece los mecanismos de control, podemos salir de esta crisis fiscal. Y si esto no sale antes de fin de año, no importa, con tal que salga bien. Lo que no se puede hacer: Aprobar un presupuesto mentiroso con 43 votos, y luego pedir que la oposición aprueba préstamos para equilibrarlo.

Hagan su trabajo, ambos gobierno y oposición. Saludos,

 

¿Quién establece las prioridades? De Sandra de Barraza

En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Sandra de Barraza, 9 diciembre 2016 / LPG

La situación fiscal del país no es alentadora y la perspectiva viene de gris a negro. La base productiva no produce lo que necesita el gobierno para financiar los gastos corrientes, los de inversión y mucho menos para honrar sus deudas con los pensionados, los veteranos de guerra, los lisiados y otros más. Se crece al 2.5 % y esto no es suficiente.

La base productiva no logra reducir costos en el proceso de producción; debe acomodarse al impacto de los procesos innovadores de la burocracia que afectan a todo tamaño de empresa y en todo el país. La base productiva tributa más y aporta a más contribuciones especiales y no se amplía a la velocidad que el empleo público crece ni al ritmo de gasto del gobierno.

El Órgano Ejecutivo destinó el 55 % del presupuesto 2015 al desarrollo social. Fueron $2,900 millones y las instituciones privilegiadas fueron el MINED, Salud, ISDEM, ISSS y el INPEP. Tuvieron asignación entre $227 a $772 millones. El próximo año, el porcentaje del anteproyecto desfinanciado de presupuesto se reduce al 43 %. Y esto ha significado la reducción del presupuesto ordinario y especiales del MINED en un 20 %.

¿Cuáles son las prioridades? ¿El pago de salarios? Según el M. de Hacienda, hay 161,623 empleados públicos, y de este total, 3 de cada 10 servidores públicos se ocupan en administración y servicios, y un poco menos de 3 de cada 10 se ocupan de la docencia. ¿Cuáles son las prioridades? Y menos del 1 % se dedica a la seguridad y la justicia, a pesar de la situación que se enfrenta.

La administración pública la hacen los servidores públicos contratados para promover el desarrollo social, crear condiciones para el desarrollo económico y los que deben dar confianza en la seguridad pública. El M. de Hacienda registra que el 31 % de los servidores públicos tiene grado académico universitario y de posgrado y 45 % tiene 9.º grado o menos escolaridad. Y casi el 50 % está en el departamento de San Salvador. Y el 21 % está distribuido proporcionalmente en San Miguel, Santa Ana y La Libertad.

Los salarios han mejorado. Los empleados que ganan entre $1,300 y $1,600 se han triplicado entre el año 2009 y 2015. En 6 años pasaron de 2,488 a 8,067 los contratados; se han duplicado los que ganan entre $1,600 y $2,000 que pasaron de 1,334 a 3,044; y casi se han duplicado los que ganan entre $1,000 a $1,300. En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Hay quejas generalizadas porque dicen no ganar lo suficiente para adquirir la canasta básica que incluye celular y mucho menos la ampliada que debe actualizarse con otros artículos y servicios como por ejemplo internet. La aspiración salarial de los funcionarios públicos la comparto. Pero ¿cuáles son los requisitos de formación y de mérito? En la administración pública deben estar los mejores. Y a los mejores no puede ni debe dárseles sobresueldos o complementos salariales. En esta coyuntura, este tema debe discutirse en la mesa fiscal.

¿Cuánto dinero se ha gastado en la modernización del Estado y el empleo público? Sería oportuno investigarlo. Son millones de préstamos con organismos internacionales los que se han gastado inspirados en este objetivo. Son millones las donaciones que se han obtenido para este objetivo. Y son millones los que se han tirado al cesto de la basura o adornan los anaqueles del gobierno porque no se toman decisiones. La administración pública continúa siendo el espacio para pagar favores partidarios. Hay que estar bien conectado para ingresar.

Esto necesita un acuerdo político y viabilidad financiera para modernizar el empleo público y encontrar la salida a la complicada situación fiscal. El acuerdo debe incluir la reducción del gasto corriente y esto exige analizar la estructura del empleo público. ¿Es posible liberar del servicio público al menos 60,000 plazas en cinco años? ¿Es posible aspirar a otra estructura de salarios para hacer atractivo el servicio público a los mejores profesionales?

Dar respuesta a estas preguntas significa tomar en serio el crecimiento económico y el servicio civil. Debemos tener a los mejores en la investigación del delito, en seguridad y justicia, en educación y en salud y saneamiento. ¿Quién establece las prioridades?

 

Devuelvan el presupuesto. De El Centro de Estudios Jurídicos

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, el presupuesto general debe estructurarse con arreglo a ciertos principios presupuestarios, destacando entre ellos los de transparencia, oportunidad, unidad, universalidad y equilibrio.

Centro de Estudios Jurídicos CEJ, 29 noviembre 2016 / LPG

Lo anterior se traduce en que el presupuesto debe permitir el escrutinio ciudadano, debe ser presentado para aprobación de la Asamblea por lo menos con tres meses de anticipación al inicio del nuevo ejercicio fiscal, debe ser uno solo para todo el ejercicio, debe reflejar la totalidad de los ingresos y egresos proyectados para ese mismo ejercicio y, por último, tanto los gastos como los recursos, deben totalizar sumas iguales.

Estos principios aparecen recogidos por nuestra Constitución en el artículo 227 el cual establece que el presupuesto general contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado. Y cuando en el artículo 226 dice que el Órgano Ejecutivo está especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto.

Nadie desconoce que ha sido una práctica de muchos años, que los presupuestos presentados a la Asamblea no cumplen con estos principios y que el proceso de aprobación legislativa se ha convertido casi en una mera formalidad.

La gravedad de la crisis económica en nuestro país, las innegables carencias en la provisión de servicios básicos y el conocimiento certero que ahora tenemos sobre el mal uso que por lustros se ha venido haciendo de los fondos públicos han propiciado –quizá por vez primera– que el presupuesto se debata abiertamente.

Debemos decir que aun con los problemas que afrontamos, esto último debe rescatarse. Lo que está sucediendo es simple y sencillamente una muestra del control democrático de la actividad financiera del Estado; tarea que no veníamos haciendo como se debe. Las potestades financieras del Ejecutivo no son absolutas.

Como resultado de estos debates, autoridades del Órgano Ejecutivo y algunos diputados han reconocido que el presupuesto presentado para 2017 no cumple con los principios de universalidad y equilibrio. Pero si bien esto ha sido aceptado, se ha querido vender la idea de que no hay nada que pueda hacerse y que la Asamblea Legislativa debe limitarse a aprobar el presupuesto con todo y falencias, para más adelante ver si en el camino se corrigen; ¡vaya propuesta!

Nuestra Constitución y la ley señalan que el ministro de Hacienda – en representación del Consejo de Ministros– presentará el presupuesto con al menos tres meses de anticipación al cierre del año 2016, pero no dice que la Asamblea está obligada a aprobar cualquier cosa que se le presente.

Siendo así, queremos dejar completamente clara nuestra posición: la Asamblea Legislativa debe rechazar el presupuesto y devolverlo al Órgano Ejecutivo para que realice los ajustes que correspondan y vuelva a presentar este para su aprobación.

Contrario a eso, la Asamblea está obligada a velar por que se cumplan los principios antes dichos, debiendo observar lo que entienda que está mal y debiendo hacer las propuestas de ajuste que considere apropiadas. Hay que entender que se incumple con la constitución al aprobar un presupuesto que no cumpla con ser universal y equilibrado.

La interpretación que algunos sugieren en virtud de la que ya no hay manera de devolver el presupuesto al Ejecutivo porque ya sería una presentación extemporánea conduciría a un absurdo. Bastaría que los presupuestos se presenten mal el último día previsto por la Constitución, para amarrar a la Asamblea y forzarla a que diga sí. Jamás ha sido ese el pretendido constitucional.

Diputados: cumplan con su deber devolviendo el presupuesto y exigiendo que el Ejecutivo cumpla con su especial obligación de conservar el equilibrio y universalidad presupuestaria.