Sandra de Barraza

¿Cuál es la diferencia? De Sandra de Barraza

Esta pregunta deben responderla los candidatos de los diferentes partidos políticos que quieren asumir la responsabilidad de representar al pueblo dentro del gobierno. El gran dilema es que nunca responden con claridad.

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Sandra de Barraza, 15 septiembre 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Estamos atrapados entre dos partidos políticos. Uno dice ser de derecha. El otro de izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Esta es pregunta obligada de PAES. La respuesta no es sencilla, pero es necesaria para que la ciudadanía que debe ejercer periódicamente su derecho al sufragio tome decisiones fundamentadas.

LPGCualquiera que observa el desempeño público de los que representan los principios ideológicos de los partidos políticos queda confundido. Cambian de opinión y de postura sin importar la ideología. Su opinión depende del rol que asumen, y caen en enormes contradicciones. Con estos mensajes públicos, cualquiera se confunde y tiene que preguntar: ¿Y en qué creen?

Esto es lo que puede explicar la tendencia en la intención de voto legislativo que registró LPG Datos en su última encuesta. En el mes de febrero de 2017, ARENA punteó 30.1 y el FMLN 18.3. La diferencia fue de 11.8 puntos. En agosto del mismo año, a 7 meses de las elecciones, ARENA puntea 17.7 y el FMLN 12.4. La diferencia en la intención de voto se acorta a 5.3 y esto ha sucedido en 6 meses. ARENA ha perdido 12.4 puntos mientras que el FMLN tiene 5.9 puntos menos.

¿Puede ARENA estar confiada? Para nada. Especialmente si toma en serio la Encuesta de Opinión de la UCA que puso en evidencia que la gente no quiere que siga gobernando el FMLN, pero tampoco quiere que regrese ARENA. La ciudadanía la tiene difícil porque no tienen opción. Ni uno ni otro. Y con esto, puede el FMLN estar confiado. Para nada. Especialmente cuando la misma encuesta de LPG Datos registra que la gente cree que el rumbo de país es el equivocado.

¿Estamos en rumbo equivocado? ¿Es la gente la equivocada con esta opinión que se repite una y otra vez? O ¿es el gobierno el equivocado que insiste en el buen vivir de todos? La gente no creo que esté equivocada. Son las madres, padres, tías, abuelas, hermanas o hermanos y parientes políticos en el país y fuera del país los que están sufriendo las consecuencias de la inseguridad. Otra vez. No se necesita ser especialista para reconocerlo.

La gente también se queja de la situación económica. Con lo que se tiene, ya no alcanza para cubrir las necesidades. El costo de los servicios, el costo de la canasta alimentaria, el costo del transporte, el costo de las telecomunicaciones, los impuestos a pagar, tienen a los asalariados haciendo acrobacias. Y los que buscan trabajo, no encuentran. Y la alternativa es irse con todo lo que esto significa.

Es importante destacar el registro de información sobre “identidad ideológica”. ¿Con quién se identifica el ciudadano? El 43 % de los encuestados se autocalifican como neutrales y estos son los que hacen la diferencia en las urnas. Los neutrales son los que deciden y buscan información para justificarla. El 21.7 % de autodefinen de derecha. El 17 % son de centro. Y el 11.2 % son de izquierda. Los extremos tienen tarea para enamorar a los del centro y para atraer a los neutrales. Pero, no importa si la gente se siente identificada con la derecha, con el centro, con la izquierda o es neutral; la valoración sobre el desempeño del gobierno no es positiva. Esto es lo que se interpreta de la información difundida por LPG Datos.

Importa que los ciudadanos tengan y fortalezcan su cultura política. Importa que los ciudadanos se informen, valoren y evalúen la política, importa que los ciudadanos no sean indiferentes con la administración del poder; importa que los ciudadanos evalúen el sistema político que tiene que ver con partidos, con ideología, con planes y ofertas electorales.

Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro partido político? Esta pregunta deben responderla los candidatos de los diferentes partidos políticos que quieren asumir la responsabilidad de representar al pueblo dentro del gobierno. El gran dilema es que nunca responden con claridad. Y ahora con tantos problemas se espera tener claro en qué se diferencian.

Hay que dejarlo claro porque los partidos políticos están obligados a formular su ideario, sus programas y planes que reflejen su ideología, su visión de país y sus propuestas para el desarrollo nacional. Y los ciudadanos, especialmente el 60 % que se define como neutral y de centro, tienen la obligación de evaluar su viabilidad para decidir.

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Penoso. De Sandra de Barraza

Pero, el siniestro en el Ministerio de Hacienda pone en evidencia que el Ministerio de Trabajo se ocupó de acosar a los generadores de empleo privado y se olvidó de supervisar las condiciones del empleo público.

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Sandra de Barraza, 14 julio 2017 / LPG

Hace una semana perdió la vida una colaboradora del Ministerio de Hacienda. Días después falleció otra. En el centro hospitalario aún se encuentran varios colaboradores y algunos en estado crítico. La noticia impactó, ha estado en el comentario público toda la semana y seguramente, continuará. A los familiares que están en zozobra, expresiones de solidaridad.

LPGEl suceso ha puesto en evidencia, otra vez, que la ley no se aplica por igual. La “Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo” fue decretada en enero de 2010. El decreto fue aprobado y su tiempo de aplicación se flexibilizó. Entró en vigor dos años después para dar tiempo al acomodo.

Dice el artículo n.º 4 que “la ley se aplicará a todos los lugares de trabajo, sean privados o del Estado. Ninguna institución autónoma podrá alegar la existencia de un régimen especial o preferente para incumplir sus disposiciones”.

Claramente define el ente responsable. El artículo n.º 5 dice “será competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Previsión Social, y de la Dirección General de Inspección de Trabajo, garantizar el cumplimiento y promoción de la presente ley; así como desarrollar funciones de vigilancia, asesoramiento técnico y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados, y sancionarlos por infracciones”.

Los inspectores del Ministerio de Trabajo se hicieron sentir cuando inició la ley. Llegaron para hacer su trabajo a empresas de todo tamaño y actividad económica, a colegios y universidades y a muchas otras. Viví y observé dos casos de empresas agrícolas y de servicios.

Con la ley en mano, evaluaron. Con ley en mano hicieron cuanta observación pudieron. Las observaciones fueron de obligatorio cumplimiento y sujetas de supervisión y sanción correspondiente. La autoridad la hicieron sentir. Dejaron notas para hacerse presente a las oficinas centrales y al hacerlo, se comprobaban colas de “afectados” por las observaciones de la inspectoría. Nadie pudo quejarse. La ley es la ley y la intervención de los inspectores dio la sensación de acoso institucional.

Lo establecido en la ley tuvo impacto presupuestario. Las exigencias en construcción e infraestructura tuvieron costos y nadie puede negar que impactaron el presupuesto de inversiones. A los inspectores no les importó si la empresa tenía disponibilidad financiera para construir nuevos accesos, para cambiar las orientaciones de las puertas, para hacer las señalizaciones correspondientes y todas las demás exigencias legales.

El Ministerio de Trabajo, vía sus dos direcciones responsables, fue implacable con el empleo en el sector privado. Acosó y acosó, y siguió acosando en el marco de su atribución de vigilancia y supervisión. Los privados tuvieron dos años para ajustarse. Y entrada en vigor la ley, a nadie le importó la situación financiera de la empresa. Así fueron.

Pero, el siniestro en el Ministerio de Hacienda pone en evidencia que el Ministerio de Trabajo se ocupó de acosar a los generadores de empleo privado y se olvidó de supervisar las condiciones del empleo público. Peor aún. El Ministerio de Trabajo hasta encuentra justificación para que en los empleos públicos no cumpla la ley. Penosa declaración.

¿Por qué la excepción? ¿Por qué el privilegio? Hay que preguntar porque la ley se aplica por igual a todos. El siniestro obliga a que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social pregunte por el “Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales”. A ningún empleador privado le perdonan no tenerlo. Y más, le obligan a renovarlo periódicamente y demostrar el presupuesto para su ejecución.

Deben preguntar por el “Plan de emergencia y evacuación” a que todo empleador privado y público está obligado. También debe preguntar por el “Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales” porque el Ministerio de Hacienda tiene más de 15 trabajadores y está obligado a tenerlo. ¿No?

El Ministerio de Trabajo no debe olvidar que la ley manda a contar con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y que su conformación depende del número de empleados y su ubicación. ¿Comprobaron las competencias del personal de Hacienda? Pregunto porque los riesgos no se dan exclusivamente en el empleo privado.

¿Y los extintores? ¿Dónde estaban? ¿El número corresponde al área? ¿Estaban cargados? ¿Sabían utilizarlos? Hay que preguntar. Esto es lo que supervisan los inspectores del Ministerio de Trabajo en lugares de trabajo privado. Y se ocupan en buscar para poner infracción.

 

Siga con su trabajo, Superintendencia. De Sandra de Barraza

Pero… a muchos les disgusta la competencia y la Sala de lo Contencioso Administrativo se presta para esos privilegios. ¿Ya pagaron la multa las dos empresas? Ojalá que la Fiscalía, responsable de defender los intereses de la sociedad, ya tenga el cheque.

Sandra de Barraza, 30 junio 2017 / LPG

Casi la cuarta parte del ingreso de los hogares se destina a la compra de alimentos y bebidas. Y casi la cuarta parte del gasto es para el consumo en pan y cereales. El 98 % de los hogares consume pan y cereales. Cualquier modificación en los precios hace diferencia. Las encuestas de Ingresos y Gastos de la DIGESTYC lo demuestran.

En 2006, 1.3 millones de hogares salvadoreños gastaron $30.5 millones en pan al mes. Ese año los hogares gastaron $366 millones en pan. Eso es mucho dinero. Cualquier modificación en los precios del pan hace diferencia.

En octubre de 2012, miembros de la Asociación de Panaderos Artesanales Independientes protestaron frente a Casa Presidencial por el alto precio de las harinas de trigo, “los altos precios de la harina de trigo ahogan a los panaderos”.

“La principal queja de los panaderos es que los precios de la harina se mantienen altos desde agosto de 2012, cuando el quintal de harina tipo pasó de $16 a $24. En septiembre hubo otro incremento, hasta llegar a los $32 y $40 el quintal. Para noviembre, el quintal ya costaba $42, detallaron los artesanales. La pregunta que ellos se hacen es por qué en El Salvador la harina sigue tan cara, si a nivel internacional el costo ha bajado entre $60 a $70 la tonelada métrica desde noviembre de 2011”.

Analizaron la distorsión de precios con autoridades del Ministerio de Economía. A nivel internacional los precios han bajado, dijeron, y a nivel nacional, los precios van al alza. El ministerio ofreció “interceder ante las harineras, para que los precios bajen cuando el precio internacional baje”. Así informaron los medios.

El precio de la harina impactó a un millón trescientos mil hogares porque la harina de trigo es el principal insumo para elaborar el pan. Los hogares compraron el pan más caro. Los hogares compraron el pan más pequeño.

Desde 2008, la Superintendencia de Competencia “demostró que dos empresas acordaron repartirse el mercado de la harina de trigo en 55 y 45 % respectivamente afectando. El Consejo Directivo de la Superintendencia sancionó a dos agentes económicos ordenando el cese del acuerdo anticompetitivo; la abstención de intercambiar datos o información sensible y relacionada con producción, ventas, precios y clientes; y el pago de las multas de $1,971,015.16 a una y de $2,061,406.20 a la otra. El acuerdo habría provocado que los consumidores pagaran en un período de 25 meses un sobreprecio aproximado del 22 % en la harina de trigo, equivalente a $25 millones”.

La Superintendencia de Competencia hizo su trabajo. Sancionó y multó a las empresas. Las empresas iniciaron juicios en contra de la Superintendencia de Competencia. Cuatro años después, en enero de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo dio la razón a las empresas afectando a la Superintendencia de Competencia y a 1.3 millones de hogares salvadoreños. En febrero de 2012 la Superintendencia de Competencia puso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, demostrando integridad y compromiso con su misión.

En octubre de 2014, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Le ordenó hacer una nueva sentencia. Lo hizo porque la Sala de lo Constitucional está integrada por gente decente. Y, después de 103 meses, en mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso emite nueva resolución “corrigiendo”. ¡Esto sucede por primera vez en este país!

A todos nos conviene la competencia porque dinamiza el mercado y favorece a los consumidores. A pocos les convienen los privilegios y los mercados cautivos. Sin competencia el capitalismo no se desarrolla. Pero… a muchos les disgusta la competencia y la Sala de lo Contencioso Administrativo se presta para esos privilegios. ¿Ya pagaron la multa las dos empresas? Ojalá que la Fiscalía, responsable defender los intereses de la sociedad, ya tenga el cheque.

Llama la atención que el presidente de la República y su equipo de trabajo no comentan absolutamente nada en su informe anual. Llama la atención porque esta resolución beneficia más que los mismos uniformes y zapatos escolares. Reconozco la importancia de la competencia y por esto felicito al superintendente y a su equipo de trabajo. Sigan haciendo lo que les manda la ley. Aprendimos que las Salas de la Corte Suprema de Justicia hacen diferencia dependiendo de la gente que las integra.

Temas de campaña. De Sandra de Barraza

 Esta semana otra vez el gobierno del FMLN demuestra quiénes son sus referentes. Su referente ideológico está en el sur, en el gobierno de Venezuela, ese gobierno que se empeña en destruir la democracia y el Estado de Derecho…

Sandra de Barraza, 5 mayo 2017 / LPG

El 1.º de mayo inició la campaña electoral sin que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya dicho nada. El Sr. presidente de la República, ese mandatario obligado a velar por el bien común, hizo un llamado a la división, hizo un llamado a unirse en contra de la mitad de la población que no votó por su partido político. También hizo un llamado a no respetar el espíritu democrático y la alternabilidad política que están consignados en la Constitución de la República.

El gobierno del presidente Sánchez Cerén llega a su tercer año. Por ocho años consecutivos las oportunidades de país, los problemas de país y el destino de país han estado en manos del FMLN. Ellos son la alternancia partidaria. Y ocho años son suficientes para sentar bases para el desarrollo; ocho años son suficientes para demostrar capacidad ejecutiva; ocho años son suficientes para asumir la responsabilidad de lo que se hace y no se hace.

Otra vez se escuchó el mismo mensaje. Los gobiernos del partido de oposición son los culpables de lo que el gobierno del FMLN no se puede ni quiere hacer. ¿Y entonces? Pregunto porque estas declaraciones demuestran ¿poca capacidad de gobernar?; demuestran ¿incapacidad de asumir el mandato ciudadano?; demuestran ¿irresponsabilidad de asumir la responsabilidad de conducción y ejecución?

A pocos días de su tercer año de gobierno, el discurso del presidente de la República es la apertura de la campaña política de 2018 y de 2019. Y con esta apertura, ciudadanos tenemos que prepararnos para las preguntas y respuestas político/partidarias que contribuirán a profundizar el ambiente de violencia al que estamos sometidos. El reto es sobrevivir.

Para sobrevivir, vale recordar que en 2014, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución ordenando a todo funcionario público del Órgano Ejecutivo, del Órgano Legislativo, del Órgano Judicial, de todas las instituciones autónomas, y de los 262 gobiernos locales, sin excepción alguna, “NO participar en actividades relacionadas con la política partidista, prevaliéndose del cargo público, especialmente en lo que se refiere a actividades de campaña proselitista”.

La Sala de lo Constitucional precisó, con ejemplos concretos, el alcance de la resolución. Uno de los ejemplos de la prohibición fue la de “aprovechar la relevancia social y el tratamiento informativo de sus funciones públicas para expresar sus preferencias electorales”. Ante esto, lo que se escuchó del presidente de la República el 1.º de mayo ¿respeta el fallo de la Sala?

Importa recordarle a toda la burocracia estatal que el artículo 218 de la Constitución de la República, que corresponde al régimen administrativo del servicio civil, establece claramente que los funcionarios y los empleados públicos NO podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. Así lo dice la Constitución de la República y toda la burocracia está obligada a cumplirlo.

También la Constitución de la República establece que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La forma de gobierno es republicana, es democrática y es representativa. Establecido de esta manera, lo que se escuchó del presidente de la república el 1.º de mayo ¿respeta el mandato de la Constitución de la República?

Hay que preguntar. Hay que responder. Y hay que responder porque los funcionarios del gobierno del FMLN se empeñan en “confundir a la gente”. Dicen creer en la democracia pero apoyan al régimen dictatorial de Venezuela; dicen creer en la democracia pero llaman a impedir la alternancia partidaria; hacen llamados al diálogo y la concertación, pero públicamente descalifican a cualquiera.

“Por sus obras se conocen” y las palabras quedan cortas ante las acciones. Esta semana otra vez el gobierno del FMLN demuestra quiénes son sus referentes. Su referente ideológico está en el sur, en el gobierno de Venezuela, ese gobierno que se empeña en destruir la democracia y el Estado de Derecho; ese gobierno que ha llevado a la población a la miseria y ha obligado a la resistencia en las calles y avenidas. Ese gobierno dictatorial que diariamente se está cobrando vidas.

Con la campaña electoral anticipada, hay que reconocer que el FMLN es un partido que tiene puesto sus ojos, su corazón y su mente en gobiernos al estilo Maduro. Y, contradictoriamente, para vergüenza de muchos, tiene puesta su mano al norte. Esto es poco digno.

Avances, retrocesos y desafíos. De Sandra de Barraza

Con todo esto, en 23 años (1992-2015) la escolaridad ha subido 2.48 grados. Hemos llegado a 6.8 grados promedio por persona. ¿Es suficiente? No. No es suficiente.

Sandra de Barraza, 24 marzo 2017 / LPG

Flacso El Salvador, Fundaungo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Don Bosco se han unido para convocar a la reflexión sobre la educación en El Salvador a 25 años de los Acuerdos de Paz. El tema provoca.

¿Qué ha pasado en 25 años? En El Salvador se han hecho esfuerzos por incrementar la cobertura del sistema educativo. Estudios demuestran que entre el año 2000 y 2011 la tendencia ha sido creciente, no se ha logrado el 100 % en ningún nivel, aunque en los primeros dos ciclos de educación básica falta poco para lograrlo.

Los resultados son desafiantes para el nivel de tercer ciclo y el bachillerato. Entre 7º y 9º grado, 40 de cada 100 quedan fuera del sistema educativo. En bachillerato, 65 de cada 100 quedan fuera del sistema educativo. También queda pendiente atender a los menores de 7 años. Se ha logrado cubrir casi a la mitad de población en edad preescolar, pero, la educación inicial, la de población menor de 4 años, queda pendiente.

La información oficial del Ministerio de Educación (MINED) demuestra el esfuerzo pendiente. En el año 2016, se matricularon 1.5 millones de alumnos en el sistema educativo. 7 de cada 10 son de Educación Básica. Un poco más de 8 de cada 10 fueron atendidos por el sector público.

Ese mismo año, entre el primer ciclo y el segundo ciclo de educación básica hay una diferencia de 9,667 alumnos. Entre el segundo ciclo y el tercer ciclo la diferencia es de 8,038 alumnos. Pero la diferencia entre la matrícula de tercer ciclo de educación básica y educación media es de 135,000 alumnos.

Esto significa que el año recién pasado, 135,000 personas que tendrían que estar en la escuela estuvieron fuera, con las implicaciones sociales y económicas que esto representa. Difícil no reconocer que se ha puesto poca atención a los jóvenes entre 12 y 15 años. Se van de la escuela y a nadie le importa.

Con esta deserción, la matrícula de educación media (bachillerato) representa no más que el 14 % (205,351). Esto es extraordinariamente bajo. La cobertura y los resultados del proceso de aprendizaje son otra vez del sector público. Casi 8 de cada 10 estudiantes de bachillerato son atendidos por el sector público.

La cobertura pública tiene más relevancia y en consecuencia, los resultados obligan a concentrar la atención especialmente en el maestro y la escuela públicas, porque la educación, como muchos reconocen, llega hasta donde llega el maestro. El número contratado ha crecido de 26,200 en 1992 a 57,100. Casi 8 de cada 10 trabajan en lo público y 7 de cada 10 son mujeres. Hay más del doble, pero ¿enseñan mejor?

Para esta atención, el presupuesto se ha incrementado. Entre el año 2001 y 2017, el presupuesto ha incrementado de $472.3 a $944.4 millones. Casi un 100 % de incremento. El MINED absorbe alrededor del 20 % del presupuesto general de la república. Como porcentaje del PIB, a educación se le asigna alrededor del 3 %. ¿Es suficiente? No, no es suficiente.

Hay otras fuentes de financiamiento a la educación. Hay millonarios recursos destinados a educación dispersos en otras instituciones de gobierno, en organizaciones no gubernamentales, en la empresa privada y en las alcaldías. Los hogares también aportan aunque según la Encuesta de Ingresos y Gastos de la Dirección de Estadística y Censos, se gasta más en telefonía móvil y fija que en educación.

El destino del incremento por niveles educativos llama la atención. La mayor tasa de crecimiento se registra en el nivel de educación superior. Presupuestariamente se ha hecho mayor esfuerzo para financiar la educación superior que ofrece la Universidad de El Salvador (UES) que en educación media.

El país continúa invirtiendo poco en educación. En educación preescolar se gastan $271 por alumno, en básica $342 y en media $470. Esto contrasta con el gasto por persona en los privados de libertad. Según el Banco Mundial, en el año 2006 el gasto promedio fue de $2,000 al año. En octubre de 2013 (LPG), el responsable de la Dirección de Centros Penales declaró que en alimentación gastan $1,754 por persona al año.

Con todo esto, en 23 años (1992-2015) la escolaridad ha subido 2.48 grados. Hemos llegado a 6.8 grados promedio por persona. ¿Es suficiente? No. No es suficiente.

Otra llamado. De Sandra de Barraza

Los temas que necesitan diálogo exigen propuestas concretas, realistas y viables. Sin esto, difícilmente se puede dialogar.

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 17 febrero 2017 / LPG

Una y otra vez se escucha a funcionarios, especialmente de alto nivel, hacer llamados al diálogo. Una y otra vez se escucha a funcionarios de alto nivel poner adjetivos poco estimulantes a todos aquellos con quienes dicen querer dialogar. Destaco esta actitud porque los adjetivos son un atarrayazo y son contradictorios con el llamado a dialogar.

Son contradictorios. Esto es un problema porque al 25 aniversario de la paz se ha hecho, otra vez, un llamado a fomentar la cultura de paz. La Asamblea Legislativa tiene un decreto y el Ministerio de Educación un programa especial. Pero la cultura de paz tiene, obligadamente, que adoptar un vocabulario de paz. Y ese vocabulario de paz no se hace evidente en los funcionarios de alto nivel y en los dirigentes partidarios. La palabra y la postura, el lenguaje verbal y el no verbal deben tener coherencia.

la prensa graficaLos temas que necesitan diálogo exigen propuestas concretas, realistas y viables. Sin esto, difícilmente se puede dialogar. Carentes de planteamientos alternativos, se justifica exigirle al otro y a la expectativa. Diálogo y propuestas concretas no son posibles sin una agenda de trabajo con temas priorizados y razonados. Una agenda que permita solicitar propuestas en tiempos específicos.

Sin agenda de temas priorizados en forma compartida no hay compromiso de aportes. Se convoca y es “el otro” el que pone la agenda y la agenda en mano no puede desarrollarse. El convocado, que es “el invitado”, llega con otro objetivo, con otra expectativa y sale insatisfecho. Así, una y otra vez y la sensación es “no se avanza”. Y lo dicen y lo repiten, hasta que todos lo creemos.

Y todos lo creemos porque siempre están en primera plana. Y todos lo creemos porque quieren dialogar a través de los medios masivos de comunicación. Lo que están buscando los dirigentes partidarios es cámara y micrófono para demostrarnos que el privilegio que les otorga la Constitución de la República de representar los intereses del pueblo ante el gobierno es un privilegio que les queda muy, pero muy grande.

Son dos los que tienen que acordar la agenda y hacer propuestas. Y hacerlas en un tiempo establecido para salir del entrampamiento objetivo y subjetivo. Y esos dos tienen nombre y apellido. FMLN y ARENA. Son dos los que nos tienen atrapados. Los dos que tienen la misma intención de voto. Están parejos. Y al estar parejos, se les exige la misma responsabilidad, la misma capacidad de propuesta y la misma capacidad ejecutiva.

Con el privilegio y el monopolio que les otorga el artículo 85 de la Constitución de la República, no se vale seguir con la misma actitud pública, esa actitud que a la gente común y corriente la decepciona. Y la decepciona porque, independientemente de la escolaridad, todos los integrantes del gran pueblo salvadoreño tenemos otras expectativas, otras exigencias y otros criterios de valoración de los dirigentes partidarios. ¿No se han dado cuenta? ¿Son incapaces de darse cuenta?

El presupuesto está desfinanciado. El gobierno es incapaz de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Aunque quiera, el decreto es otro intento fallido que merece archivo. Hay cuentas por pagar: $53 millones a los distribuidores de energía eléctrica, $397 millones a las alcaldías, $140 millones a los proveedores de zapatos y uniformes escolares y $4,800 millones de pensiones sin incluir a los privilegiados militares. Falta el financiamiento para las elecciones y quién sabe qué más.

¿Cuáles son las prioridades? ¿Niños y adolescentes en edad escolar dentro y fuera del sistema educativo o escalafones para servidores públicos? ¿Combate a la criminalidad y la corrupción o Ciudad Mujer? ¿Medicinas para los hospitales y centros asistenciales o carros y seguros privados para los servidores públicos? ¿Los asesores y consultores del gobierno central o los servidores públicos que prestan servicios de recolección y tratamiento de desechos en los 262 gobiernos municipales?

Hay iliquidez, falta austeridad, la incapacidad ejecutiva del gobierno central es evidente, los subsidios no pueden financiarse y no hay forma de estimular las inversiones y el empleo. Pero… ¿quién asume la responsabilidad de cumplir con las prioridades? Hay que preguntarlo porque ahora hasta el FOVIAL hace prevención con millones que sobraron al Ministerio de Justicia y Seguridad. Increíble pero cierto. Sin definir prioridades ¿cómo pasar a discutir y proponer fuentes de financiamiento?

 

El modelo está claro. De Sandra de Barraza

Sandra de BarrazaSandra de Barraza, 10 febrero 2017 / LPG

En el título V, artículos del 101 al 120, de nuestra Constitución de la República está el orden económico de nuestra sociedad. ¿Orden económico? La RAE lo define como “el mandato que se debe obedecer, observar o ejecutar” en la “organización económica” a la que se aspira. ¿Orden es sinónimo de modelo? Como la Constitución es el contrato social, lo asumo como sinónimo: “modelo, es un esquema teórico de un sistema o una realidad compleja para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”.

la prensa graficaLa Constitución obliga al Estado y su administración pública a “promover el desarrollo económico y social mediante el crecimiento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos”. Es claro el cómo. No hay desarrollo económico ni social sin producción. No hay desarrollo económico ni social sin productividad. No hay desarrollo económico ni social usando irracionalmente los recursos humanos, naturales, económicos, financieros y más.

En el país hay producción. Hay manufactura de textiles, de confección, de plásticos, de alimentos, de bebidas, de productos químico/farmacéuticos, de calzado, de papel y cartón, metalmecánica y más. Se producen abundantes servicios de comida (restaurantes, comedores y otros), de alojamiento (hoteles, hostales y otros), de salud, profesionales/técnicos y científicos, administrativos y logísticos, de financiamiento, de seguros, de informática, artísticos y de recreación. Hay servicios de comunicación y transporte.

Hay agroindustria (azúcar y café). Se tiene construcción. Se explotan minas (p. ej. carbón) y canteras (p. ej. piedra, grava). Hay industria creativa en publicidad, en artesanías de exportación, en diseño, en arquitectura, en desarrollo de software, música, video, ediciones, radio, televisión… y más. ¿Cuáles son las apuestas estratégicas? Fue la pregunta del Asocio para el Crecimiento (2011-2016). El Plan 2014-2019 tiene 9 prioridades en industria manufacturera y tiene 8 servicios priorizados. El Plan 2014-2019 prioriza 17 “sectores de la producción” para promoverlos tal como lo manda la Constitución. ¿Tienen condiciones internacionales? Hay que preguntar porque el mercado nacional es irrelevante.

Son las empresas las que producen. ¿Cuántas son? Las empresas formales tienen que pasar por seis o más dependencias gubernamentales, para renovar el permiso de operación. Pero… no hay información actualizada. La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) registró 25,000 unidades productivas en 2011. La mayoría son micro y están concentradas territorialmente. Si el Estado, a través de la administración pública, es eficaz en la tarea, el número de unidades y su tamaño en ventas y empleo, deberían crecer. ¿Se ha logrado con eficacia? No se ha pasado del 2.5 %.

La otra ocupación que debe asumir el Estado es la productividad, que se refiere al número de unidades que se producen en un determinado tiempo, utilizando los recursos y el equipo necesario. Esto tiene que ver con tecnología. ¿Somos productivos? El Banco Central de Reserva (BCR) difundió el estudio “Análisis de la Productividad y los Costos Laborales Unitarios Reales en El Salvador en el período 1990-2009”. Afirmó: “Los sectores económicos con mayores niveles de productividad y menores costos laborales son: industria, agropecuario; minas y canteras; comunicaciones, y electricidad, gas y agua. Los sectores con resultados desfavorables son el financiero, el inmobiliario, los servicios a empresas; los servicios del gobierno (la burocracia); el comercio, los restaurantes y hoteles”. El BCR participó la iniciativa de CEPAL para precisar los indicadores de productividad. ¿Sirve para algo esta información? ¿Se usa para diseñar políticas públicas? Hay que confirmar que las decisiones no se toman con el corazón.

La Constitución manda “la racional utilización de recursos”. ¿Con qué lo hacen? Con abundantes normas y regulaciones. Pero ¿son coherentes con el mandato constitucional? Hay que preguntarlo porque es usual que las leyes y reglamentos obstruyan el mandato constitucional.

Y el mismo artículo establece el para qué del mandato. Para “asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna de ser humano”. Y esto ¿qué significa? ¿Qué alcance tiene? Hay que responder. Y hay que hacerlo porque de esto depende cumplir con el principio de justicia social. El título V de la Constitución contiene el modelo económico. Precisa el qué, el cómo y el para qué. ¿Por qué afirman que el modelo económico está agotado? ¿Se ha asumido realistamente lo que mandata la Constitución? Hay conciencia de qué hacer y qué no hacer. Responder implica una autocrítica de los que representan los intereses del pueblo dentro del gobierno. ¿Es posible?