¿Quién establece las prioridades? De Sandra de Barraza

En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Sandra de Barraza

Sandra de Barraza, 9 diciembre 2016 / LPG

La situación fiscal del país no es alentadora y la perspectiva viene de gris a negro. La base productiva no produce lo que necesita el gobierno para financiar los gastos corrientes, los de inversión y mucho menos para honrar sus deudas con los pensionados, los veteranos de guerra, los lisiados y otros más. Se crece al 2.5 % y esto no es suficiente.

La base productiva no logra reducir costos en el proceso de producción; debe acomodarse al impacto de los procesos innovadores de la burocracia que afectan a todo tamaño de empresa y en todo el país. La base productiva tributa más y aporta a más contribuciones especiales y no se amplía a la velocidad que el empleo público crece ni al ritmo de gasto del gobierno.

la prensa graficaEl Órgano Ejecutivo destinó el 55 % del presupuesto 2015 al desarrollo social. Fueron $2,900 millones y las instituciones privilegiadas fueron el MINED, Salud, ISDEM, ISSS y el INPEP. Tuvieron asignación entre $227 a $772 millones. El próximo año, el porcentaje del anteproyecto desfinanciado de presupuesto se reduce al 43 %. Y esto ha significado la reducción del presupuesto ordinario y especiales del MINED en un 20 %.

¿Cuáles son las prioridades? ¿El pago de salarios? Según el M. de Hacienda, hay 161,623 empleados públicos, y de este total, 3 de cada 10 servidores públicos se ocupan en administración y servicios, y un poco menos de 3 de cada 10 se ocupan de la docencia. ¿Cuáles son las prioridades? Y menos del 1 % se dedica a la seguridad y la justicia, a pesar de la situación que se enfrenta.

La administración pública la hacen los servidores públicos contratados para promover el desarrollo social, crear condiciones para el desarrollo económico y los que deben dar confianza en la seguridad pública. El M. de Hacienda registra que el 31 % de los servidores públicos tiene grado académico universitario y de posgrado y 45 % tiene 9.º grado o menos escolaridad. Y casi el 50 % está en el departamento de San Salvador. Y el 21 % está distribuido proporcionalmente en San Miguel, Santa Ana y La Libertad.

Los salarios han mejorado. Los empleados que ganan entre $1,300 y $1,600 se han triplicado entre el año 2009 y 2015. En 6 años pasaron de 2,488 a 8,067 los contratados; se han duplicado los que ganan entre $1,600 y $2,000 que pasaron de 1,334 a 3,044; y casi se han duplicado los que ganan entre $1,000 a $1,300. En todos los rangos salariales el número de servidores públicos ha crecido. En seis años la burocracia se ha incrementado en al menos 27,020 personas y sigue creciendo.

Hay quejas generalizadas porque dicen no ganar lo suficiente para adquirir la canasta básica que incluye celular y mucho menos la ampliada que debe actualizarse con otros artículos y servicios como por ejemplo internet. La aspiración salarial de los funcionarios públicos la comparto. Pero ¿cuáles son los requisitos de formación y de mérito? En la administración pública deben estar los mejores. Y a los mejores no puede ni debe dárseles sobresueldos o complementos salariales. En esta coyuntura, este tema debe discutirse en la mesa fiscal.

¿Cuánto dinero se ha gastado en la modernización del Estado y el empleo público? Sería oportuno investigarlo. Son millones de préstamos con organismos internacionales los que se han gastado inspirados en este objetivo. Son millones las donaciones que se han obtenido para este objetivo. Y son millones los que se han tirado al cesto de la basura o adornan los anaqueles del gobierno porque no se toman decisiones. La administración pública continúa siendo el espacio para pagar favores partidarios. Hay que estar bien conectado para ingresar.

Esto necesita un acuerdo político y viabilidad financiera para modernizar el empleo público y encontrar la salida a la complicada situación fiscal. El acuerdo debe incluir la reducción del gasto corriente y esto exige analizar la estructura del empleo público. ¿Es posible liberar del servicio público al menos 60,000 plazas en cinco años? ¿Es posible aspirar a otra estructura de salarios para hacer atractivo el servicio público a los mejores profesionales?

Dar respuesta a estas preguntas significa tomar en serio el crecimiento económico y el servicio civil. Debemos tener a los mejores en la investigación del delito, en seguridad y justicia, en educación y en salud y saneamiento. ¿Quién establece las prioridades?

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s