impago

Otra vez, ¿no vamos a pagar? De Erika Saldaña

Espero que después del 8 de julio del presente año no nos toque hacer un recuento de los cálculos que no hicieron el Gobierno y la Asamblea en el caso de un posible impago, ya que el peligro de jugar con una bomba de tiempo es que nos estalle en la mano.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 26 junio 2017 / EDH

La posibilidad de un segundo impago en lo que va del año está a la vista. El 8 de julio el Gobierno de El Salvador debe honrar otra vez su deuda con los fondos de pensiones, cancelando cuarenta y siete millones de dólares de los Certificados de Inversión Previsional (CIP). De estos, treinta y tres corresponden al pago de intereses y catorce al pago de capital de la deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Aunque esta vez parece que se está tratando de prevenir un impago, los ciudadanos debemos estar echándole el ojo a la situación para evitar que la historia de abril se repita.

El pasado 21 de junio, diversas fracciones legislativas aprobaron la reorientación de quince millones y medio de dólares del presupuesto de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y diecisiete millones y medio de dólares de los cobros que realiza la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). Sin embargo, esta cantidad sigue siendo insuficiente para pagar la deuda pendiente, ya que faltan los catorce millones que cubren el pago del capital de los CIP. Aquí y en todos lados, pagar a medias es mala paga.

Un problema grave es que, a pesar de ya haber vivido un impago el pasado 7 de abril del presente año, pareciera que no somos capaces de dimensionar los problemas que nos puede traer otra vez esta situación. La insolvencia en el pago de capital e intereses de los CIP recién pasado hizo caer a El Salvador en la categoría de “selective default”, es decir que las calificadoras de riesgo señalaron que el país de manera voluntaria decidió no cancelar una deuda contraída y que es un peligro hacer negocios o acuerdos con nosotros. La recalificación a CCC no fue ningún alivio, ya que el problema sigue ahí con la posibilidad que se repita en julio y octubre de este año.

Ojalá esta vez el Ministerio de Hacienda haya aprendido la lección y tenga en cuenta que un impago selectivo trae problemas al país ante la comunidad internacional y a nosotros, los ciudadanos. Si de los errores se aprende, ojalá esta vez sí tengamos en cuenta que un impago trae más problemas a la ya baja calificación de riesgo del país y complica la situación del sistema financiero nacional. Ojalá esta vez sí se tenga en cuenta que los efectos de un impago se traducen en un aumento de las tasas de interés y que, por tanto, habrá menos disponibilidad de fondos para préstamos y estos serán más caros debido al alza de intereses. Todos estos factores en conjunto traen como consecuencia una desaceleración de la actividad económica.

Ojalá en esta ocasión el Gobierno no juegue con fuego y no ignore a propósito los efectos que sus decisiones conllevan. Con la elaboración del Presupuesto General de la Nación de 2017, el Gobierno y la Asamblea Legislativa acordaron no incluir una obligación previsible y certera de doscientos veintisiete millones de dólares; conscientemente decidieron no meter en el presupuesto el pago de las pensiones y esa situación hoy nos mantiene en preocupación constante. Así como definieron eso, esperamos que sean capaces del elaborar las alternativas necesarias para sacar al país del problema, dejando a un lado los cálculos políticos a conveniencia, tomando medidas técnicas y no solo interesadas.

Espero que después del 8 de julio del presente año no nos toque hacer un recuento de los cálculos que no hizo el Gobierno y la Asamblea en el caso de un posible impago, ya que el peligro de jugar con una bomba de tiempo es que nos estalle en la mano. Y, como siempre, los platos rotos los terminamos sufriendo los ciudadanos. Como venimos repitiendo muchos desde hace años, ojalá los actores políticos dejen a un lados sus intereses partidistas y se dediquen a buscar soluciones a largo plazo de los problemas del país, aunque estas sean impopulares. No podemos vivir con zozobra sobre la estabilidad del país cada tres meses.

¿Quiere suicidarse el gobierno? De Manuel Hinds

Un segundo impago llevaría a un paro del financiamiento al país —no sólo al gobierno, sino al país entero—. Y al gobierno esto parece no importarle. Es difícil entender por qué está dispuesto a tirar al país a un barranco.

Manuel Hinds, 23 junio 2017 / EDH

Hace un par de meses —sin necesidad, porque tenía el dinero para pagar—, el gobierno cayó en impago en una deuda con los cotizantes de las pensiones. Con esto se le volvió casi imposible conseguir financiamiento.

Ahora, el gobierno, con toda tranquilidad, juega con la posibilidad de no pagar completamente otro vencimiento de las deudas con los cotizantes de las pensiones. Al igual que en abril, el gobierno tiene dinero para hacer el pago completo, pero está insistiendo en que en todo caso pagará sólo los intereses, aunque las clasificadoras de riesgo le han advertido seriamente que el pagar sólo los intereses sería clasificado inmediatamente como un impago. Este segundo impago llevaría a un paro del financiamiento al país —no sólo al gobierno, sino al país entero—. Y al gobierno esto parece no importarle.

Es difícil entender por qué el gobierno está dispuesto a tirar al país a un barranco: si lo está haciendo por mala intención o por ignorancia, ya que ambas existen.

La mala intención parece ser que el gobierno usaría el impago como pretexto para expropiar las pensiones y con ellas tener plata para reventarla durante las campañas electorales de 2018 y 2019. Pero aquí entra la ignorancia. Creen que el único problema del impago sería la falta de financiamiento para el gobierno, que ellos piensan que estaría resuelto con la expropiación de las pensiones. Pero la cesación de créditos llevaría a un colapso de la demanda interna y a un crisis similar a la de Venezuela, y, con ella, al derrumbe de la gobernabilidad del país.

Para que entiendan. El financiamiento externo aumenta la demanda interna del país porque se usa para financiar gastos domésticos e inversiones, que a su vez se convierten en demandas de bienes y servicios y en producción. Las salidas brutas de divisas en operaciones corrientes en 2016 fueron de $12,104 millones, y las entradas brutas de $11,573 millones. Al restar las salidas de las entradas queda un neto de $531 millones, que se cubrió con préstamos netos adicionales. Si lo que dejara de entrar al país fueran sólo esos $531 millones, la actividad económica del país caería por esa cantidad, que representa el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Pero el efecto en la demanda sería mucho mayor que eso. Usar el flujo neto para calcular el impacto en la demanda lo subestima porque muchos créditos externos son necesarios para generar las exportaciones que los pagan. Como se toman y se pagan en el mismo año no aparecen como aumentos en el crédito neto. Pero el impacto de su eliminación en la producción del país sería devastador ya que las exportaciones y la producción local caerían si desaparece el crédito necesario para financiar las materias primas. Este impacto se magnifica porque el mismo crédito de largo plazo se usa dos o tres veces al año, de modo que, por ejemplo, un crédito rotativo de mil dólares puede ser usado para producir tres mil dólares en mercadería en tres períodos secuenciales. De igual forma, al caer el crédito del ejemplo de mil a cero dólares, la producción perdida no sería de mil sino de tres mil.

Es imposible estimar exactamente cuánto sería la caída de la producción si el crédito internacional se nos negara como consecuencia de un segundo impago, pero sería enorme. Las salidas brutas de divisas, $12,104 millones en 2016, son financiadas en gran parte con créditos externos de corto plazo. Estas representan cerca del 50 por ciento del PIB de El Salvador. La caída de la demanda no sería tan grande porque las empresas se ajustarían a trabajar con menos crédito por producto terminado. Pero aun tomando en cuenta este efecto, la contracción de la economía al secarse el financiamiento externo podría ser del orden del 25 por ciento del PIB —o sea, del mismo orden que lo que está pasando en Venezuela—. Infligir esta tragedia en la población es lo que, por la mala intención de quedarse con las pensiones, y por su ignorancia de la más elemental economía, se está jugando con tanta liviandad el gobierno.

¿Hay alguien que les pueda explicar que lo que quieren hacer es un suicidio?

Los cálculos que nadie hizo. De Erika Saldaña

El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano.

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 8 mayo 2017 / EDH

En las últimas semanas El Salvador se puso al mismo nivel que países como Venezuela, Grecia y la República del Congo en el pago de sus obligaciones estatales; caímos en impago, es decir, el país no fue capaz de solventar su deuda contraída con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y digo “caímos” porque las acciones de las cabezas del Gobierno nos terminarán afectando a todos, aunque a primera vista no lo advirtamos así.

Genera mucha duda y algo de desconfianza el hecho que el país haya caído en impago y, al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda haya expuesto en un comunicado que dicha insolvencia no es por falta de dinero o por problemas de caja. Las complicaciones a las que Hacienda quiso culpar del impago (llámese Sala de lo Constitucional, falta de aprobación de préstamos o ausencia de partidas presupuestarias), no dejan de crear la impresión que esa situación fue fruto de la negligencia o, en el peor de los casos, de una intención de la que todavía no sabemos con claridad los motivos.

Lo preocupante de la condición de mala paga es que, aparentemente, nadie en Hacienda o en el Gobierno calculó cuáles serían las consecuencias de ese escenario intencional ni previeron que las cosas se nos complicarían a nosotros, los ciudadanos. Ningún funcionario recordó que la estabilidad de una economía y, sobre todo, de un sistema financiero se basa en la confianza. Nadie quiso advertir que el impago trae consecuencias como la baja calificación de riesgo como país, la cual se realizó casi de manera inmediata. Nadie en el Gobierno señaló las secuelas que pueden causarse a futuro, que, según la reconocida economista Carmen Aída Lazo, podrían traducirse en un aumento de las tasas de interés, lo cual volverá más difícil el endeudamiento del Estado debido a que menos instituciones estarán dispuestas a darnos su dinero ante el riesgo que no les paguemos; también, que los prestamos serán más caros debido a esa alza en las tasas. Otra de las consecuencias del default es una menor disponibilidad de fondos para préstamos, que provocará la desaceleración de la actividad económica; y, además, se podría complicar la capacidad de los bancos de obtener líneas de crédito en el extranjero. El Gobierno irresponsablemente jugó a que la única salida era la aprobación de préstamos y prefirió ignorar los otros efectos que sus decisiones conllevaban.

La mayor vergüenza de esta situación es que las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales (como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) sitúan la gravedad del problema en la falta de diálogo de país, así como en la incapacidad de los políticos de acordar soluciones viables a las dificultades que venimos arrastrando desde hace varios años.

La semana pasada el Gobierno hizo público un comunicado en que la calificadora Fitch Rating mejoró la situación de El Salvador de impago selectivo a CCC; eso es como pasar de una nota de 2 a 4 en un examen que tiene como base 10. Así que no pensemos que el problema se ha solucionado; no estamos fuera de riesgo, pues falta que el Estado realice los pagos de deuda del sistema privado de pensiones programados para junio y octubre del presente año. Al Ministerio de Hacienda le hacen falta 227 millones necesarios para pagar la deuda de pensiones con el sistema privado (pago de capital e intereses); esta, a pesar de ser una obligación previsible y certera, no fue incluida en el presupuesto general de la nación. Como lo he manifestado en anteriores columnas, todos los esfuerzos deben centrarse en resolver los problemas del país, lo cual implica dejar a un lado la preocupación o el cálculo político que algunas medidas impopulares puedan causar. El Salvador se encuentra en un punto en el que los placebos temporales pueden convertirse en una bomba de tiempo que amenaza con estallarnos en la mano. Deben construirse respuestas adecuadas lideradas por personas serias y racionales, ajenas a cualquier interés político. Ojalá en un par de meses no nos toque referirnos a problemas más complejos, ni tengamos que volver a hacer cuentas de los cálculos que no se hicieron.

Manipulación infame. De Federico Hernández Aguilar

Jugar con fósforos al lado de un enorme tanque de gasolina es lo que el gobierno de El Salvador viene haciendo desde hace dos años. Para resolver su grave déficit fiscal (el tanque de gasolina), nuestras autoridades han optado por manipular una cajita de fósforos que se llama “politiquería”. Y así, en el afán de quemar a sus adversarios, no advierten que están a punto de incendiar al país entero.

Federico Hernández Aguilar, 20 abril 2017 / LPG

Lo que se nos quiere vender como excusa, en torno a los impagos que se han venido produciendo desde el 7 de abril, es que las obligaciones con las pensiones de los trabajadores necesitaban de la aprobación de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, alegando que no se disponía de la “asignación presupuestaria indispensable” de acuerdo con la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), misma que desde noviembre del año pasado tiene suspendidos sus efectos por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.

Lo que ningún comunicado del Ministerio de Hacienda nos confiesa es que la administración Sánchez Cerén ha tenido entonces cinco meses para diseñar alternativas constitucionales a su polémica reforma a la Ley FOP, no solo respetando a la Corte Suprema de Justicia sino liderando las negociaciones políticas que le permitieran cumplir con sus pagos. En lugar de eso, el gobierno ha estado –por casi medio año– intercambiando epítetos con el principal partido opositor, que con razón se ha negado a aceptar que la única solución viable sea endeudar más a los salvadoreños o seguir ahorcándolos con impuestos.

Amén de este infantil berrinche, los diputados oficialistas y sus adláteres aprobaron un presupuesto que incluía el monto “simbólico” de mil dólares para enfrentar los vencimientos de los Certificados de Inversión Previsional, a sabiendas que se requerían más de $200 millones. Y por si lo anterior fuera poco, el Ministerio de Hacienda quiere que creamos algo absurdo: que justo en la plenaria extraordinaria antes de las vacaciones de Semana Santa, bordeando el impago, 56 diputados iban a hacerse presentes en el Salón Azul para votar por una reforma a la Ley del Presupuesto que nadie había presentado. ¡Por favor!

Nuestro gobierno nos ha mentido con descaro y pretende continuar. No admite los errores que comete, pero endilga responsabilidades a diestra y siniestra. Habla de dialogar y de buscar consensos, pero el lenguaje hostil de algunos de sus voceros desmiente tal voluntad conciliadora. Se ha dado el lujo de contar con recursos que jamás soñaron administraciones anteriores, pero es la actual gestión, paradójicamente, la que nos está llevando al default.

El jueguito peligroso ha terminado por chamuscar la imagen de El Salvador, que siempre fue apreciado internacionalmente como país que sabía tomarse en serio sus compromisos. Gobiernos responsables con el bienestar de sus ciudadanos no manipulan la caja de los cerillos tan cerca del combustible. Ahora estamos a un paso de perder la credibilidad que por muchos años fuimos construyendo, a fuerza de disciplina y manejos más sensatos de las finanzas públicas. ¿Y quién es capaz de predecir el tiempo que nos llevará recuperar la percepción positiva que alguna vez gozamos?

En política es posible excusar la torpeza, incluso cuando sus causas son coyunturales; pero los cálculos politiqueros que provocan descalabros económicos son, además de inexcusables, abiertamente infames. Lo que los salvadoreños podríamos sufrir por culpa de quienes llevan las riendas de la nación es inédito, difícil de pronosticar. No existen precedentes para los efectos que nos traerán degradaciones que nunca debimos tener en el mercado internacional. Y una vez desatado el incendio, ¿quién cree que nuestro gobierno sabrá enfrentarlo?

Del impago al default… De Luis Mario Rodríguez

No nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

Luis Mario Rodríguez, 20 abril 2017 / EDH

Manuel Alcántara, uno de los politólogos más destacados de España, afirma que la polarización no es un obstáculo para la democracia siempre y cuando no genere parálisis legislativa. En otras palabras, se puede debatir sobre un determinado aspecto, inclusive apasionadamente, pero al final se toman decisiones independientemente del interés de los actores.

Las calificadoras de riesgo se han apresurado a señalar que el impago en el que se encuentra el país se debe a la ausencia de acuerdos entre los dos partidos mayoritarios. Siguiendo la tesis de Alcántara habríamos entrado en una etapa en la que las diferencias entre las fuerzas políticas están generando estancamientos muy graves en la concreción de acciones. Este letargo político puede llevarnos aceleradamente a una condición en la que la credibilidad ante los organismos financieros internacionales se desmorone y, entre otras consecuencias, dificulte el otorgamiento de préstamos en el futuro inmediato, aumente las tasas de interés, genere desempleo y reduzca la ya menguada calidad de los servicios públicos en salud y educación.

Sin embargo, el salto del impago al default, en otras palabras, la mutación de un estado en el que aún se puede restaurar la confianza de quienes consideran sujeto de crédito a El Salvador a otro en donde ya no se tiene capacidad de pago y se desaparecen las alternativas para obtener financiamiento, no se debe a la falta de acuerdos entre ARENA y el FMLN. Tanto en 2012 como en 2016 ambos partidos suscribieron con los gobiernos de turno sendos compromisos para evitar la realidad que estamos sobrellevando. Por tanto no nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

En 2012 el Ejecutivo adquirió la obligación de elaborar “iniciativas de responsabilidad fiscal” entre las que sobresalía la de “tener un déficit de 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2013”. Para hacer efectiva esa reducción del déficit, la administración de ese entonces se comprometió tanto a introducir “las medidas de ingresos y gastos que formaran parte del programa de ajuste y sostenibilidad fiscal” como a lograr que el presupuesto fuera “consistente, integral, consolidado y completo”. Otra de las obligaciones fue la de aprobar una “política de ahorro y austeridad para 2013”.

En 2016 se firmó un documento adicional donde el FMLN y ARENA, junto al presidente de la República y al Secretario Técnico y de Planificación, convinieron en “consolidar las finanzas públicas en 2017 a través de medidas de ingresos y gastos durante los siguientes tres años que dieran como resultado al menos 3.0 % del PIB”. Se recalcó, de nuevo, la necesidad de presentar un presupuesto íntegro y la urgencia de cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional para mejorar el rendimiento de los fondos de pensiones. También se garantizó la aprobación del presupuesto extraordinario para las elecciones de 2018 y la formalización de la solicitud, ante el Fondo Monetario Internacional, de un acuerdo que asegurara la sostenibilidad fiscal, además de otros aspectos.

Los consensos políticos alrededor del problema fiscal han sido amplios y serios. De haberse ejecutado en forma cabal e íntegra, la situación sería distinta a la que estamos padeciendo. La primera falta grave a lo estipulado en ambos casos fue la de no someter a la Asamblea un presupuesto que se adecuara a lo establecido a la Constitución. La reciente admisión de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de 2017 demuestra la presunta infracción.

Lo cierto es que, por primera ocasión, El Salvador es objeto de calificaciones de riesgo vergonzosas que ponen en entredicho la buena reputación de país ante las instancias financieras del extranjero, hacen resurgir siniestras soluciones como la “desdolarización” y la “expropiación de los fondos de pensiones” y permiten que, en medio de la “buruca” todos y nadie sea el responsable de este desorden.

No es la polarización la que afecta la adopción de alianzas, el pecado se refleja en el empeño de imponer lo ideológico, lo partidario y lo electoral por sobre el bien común y eso puede llevarnos al fondo del precipicio.

Prueba de honestidad. De Manuel Hinds

Mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras  (gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares.

manuel hindsManuel Hinds, 28 octubre 2016 / EDH

La base fundamental de cualquier negociación es la confianza en que los acuerdos alcanzados en ella van a ser cumplidos por ambas partes. Esto se vuelve todavía más importante para poder llegar a un acuerdo cuando los cumplimientos son asimétricos en el tiempo —es decir, cuando uno de los firmantes tiene que cumplir sus compromisos inmediatamente mientras que el otro se compromete a cumplirlos después—. La negociación actual entre el gobierno y ARENA sobre la crisis de pagos del gobierno tiene estos riesgos asimétricos, ya que la autorización del endeudamiento precede a lo que el gobierno hará con los fondos.

diario hoyHay varios síntomas que demuestran que hay graves problemas escondidos bajo esta súbita falta de recursos del gobierno. Primero, la crisis es evidencia que el gobierno ha estado gastando mucho más que lo que tiene de ingresos, y eso requiere soluciones que van más allá de endeudarse más. Un endeudamiento adicional sólo se podría aprobar dentro de un esquema de solución de este problema. Segundo, es un misterio por qué el gobierno ha llegado a este extremo si los recursos a su disposición han aumentado como nunca, tanto en ingresos como en aumentos de endeudamiento.

El misterio está allí porque el peligro de impago no se ha presentado por una caída fuerte en los ingresos del Estado, como ha pasado en Brasil. Aquí, el gobierno no sólo ha estado recibiendo más dinero que nunca en la historia sino también ha estado recortando recursos a actividades esenciales, tales como la compra de medicinas, el pago de obligaciones laborales a la policía, el incumplimiento de la ley de escalafón de los empleados de salud, el pago de proveedores y muchas otras obligaciones que el Estado debe cumplir rutinariamente. Hay otras actividades que han estado succionando de los recursos que le llegan al gobierno y de los que usaba en dar servicios públicos.

Dados estos hechos, surgen muchas preguntas: ¿qué se ha hecho tanto dinero que el gobierno ha recibido? ¿a dónde va a ir a parar el dinero que se obtendría si se aprobara alguna cantidad de los bonos? ¿Cómo se puede asegurar que la población no tendrá que aprobar otros 1,200 en unos meses más, y otros más algunos meses después? Todavía más importante, ¿cómo asegurar que los recursos que se le quitan al pueblo, como impuestos y como servicios públicos que deberían cubrir esos impuestos, se usen realmente para dar esos servicios y no se desvíen a estos otros usos que están despojando al estado?

Estas preguntas se vuelve todavía más importantes porque el gobierno ha reconocido que ha mentido en los presupuestos. Así, ha admitido que algunas erogaciones que por ley tenían que hacerse en 2016 no las incluyeron en el presupuesto de este año. La oferta principal que hace el gobierno para que el problema se resuelva, es la famosa Ley de Responsabilidad Fiscal, una ley que no tiene dientes para obligar al gobierno a cumplirla. La voluntad de cumplimiento del gobierno a esta ley, si es que se da y no se usa como promesa para otros 1,200 millones, queda clara en el hecho que el proyecto de ley que el gobierno ofrece sólo comenzaría a funcionar dentro de tres años, cuando ya este gobierno se haya ido.

Peor, mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras—gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares, que luego dirán que acaban de descubrir que no están y que para cumplir con ellos tendrán que obtener miles de millones más en préstamos. Peor aún, mientras dice que está dispuesto a reducir el déficit, el presupuesto presentado contiene un déficit que es mucho mayor que el que sería sostenible de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para que la negociación sea de utilidad para el pueblo, el gobierno debería de dar varias pruebas de honestidad antes de firmarlo, comenzando por retirar el presupuesto de 2017 de la Asamblea y presentarlo con un déficit menor y sin mentiras. Eso debería de tomarles menos de una semana, porque ellos sí saben las verdades que se esconden detrás de las mentiras.

Menos fotos, menos disputas y más acciones concretas. De Luis Membreño

La única forma que conozco para resolver problemas entre personas antagónicas es estableciendo mesas de negociación con actores definidos, agendas y procedimientos bien concretos, plazos de tiempo estipulados, con mediadores formales e informales y con equipos técnicos de respaldo que puedan proponer soluciones viables a problemas que a pesar de que requieren de aprobaciones políticas, son eminentemente técnico-financieros.

luis-membrenoLuis Membreño, 18 octubre 2016 / LPG

Me voy a concentrar en hacer propuestas bien concretas para que avancemos en la solución de los problemas nacionales de tipo fiscal, económico y de pensiones. Lo primero, y que ha sido muy positivo, es que ya se dividieron los temas y no deben mezclarse nuevamente . Vamos uno por uno.

El acuerdo fiscal es el que se requiere que se concluya entre octubre y noviembre. Dada la velocidad a la que están cambiando los mercados financieros internacionales en perjuicio de El Salvador y de los mercados emergentes, propongo que esta semana se concluya la ley de responsabilidad fiscal, que se mande al archivo la reforma fiscal propuesta por el Gobierno y que se nombre la comisión técnica con expertos nacionales y extranjeros, y contra la prensa graficaesos resultados que ARENA le autorice al Gobierno la emisión de la totalidad de los $1,200 millones, pero que la utilización sea dividida en dos tramos. Los primeros $600 millones inmediatamente que se obtenga el dinero y los $600 millones restantes contra el acuerdo fiscal completo que incluya el período 2017 a 2020. Lo más probable es que los bonos se puedan colocar a finales de noviembre y que se reciba el dinero a principios de diciembre, por lo que da tiempo suficiente como para que se negocie el acuerdo completo, pero se habrá avanzado en la obtención del dinero antes de fin de año.

El deterioro de los bonos de El Salvador durante octubre le costaría en un bono a 30 años al país $360 millones en intereses adicionales, y si la tasa de interés subiera en los tres puntos porcentuales que había bajado entre junio y septiembre tendremos que pagar $1,080 millones más en intereses en un período de 30 años, es decir que necesitamos emitir lo más pronto posible porque este “impasse” en el que estamos ya nos costó en octubre varios cientos de millones de dólares en 30 años.

El acuerdo por el crecimiento económico debe incluir a los políticos, pero sobre todo es un acuerdo en el que deben participar los empresarios privados, ya que son ellos los que producen la riqueza y la inversión en una sociedad. Se deben generar condiciones políticas y económicas que permitan atraer tanto a inversionistas extranjeros como a nacionales, y para ello es importante tener el apoyo de los empresarios nacionales.

En el tema de pensiones se ha hablado ya hasta la saciedad de la necesidad de crear una comisión presidencial que presente una propuesta de reforma del sistema de pensiones que sea constitucional y de beneficio para los trabajadores, y para ello se requiere que se constituya con expertos académicos nacionales y extranjeros y con un plazo máximo de dos años para que se pueda aprobar la reforma integral después de las elecciones de 2019. Propongo las siguientes personas para que integren la comisión y que tomen como modelo la que constituyó la presidenta Bachelet, de Chile, y que presentó su informe final en septiembre de 2015. Pido disculpas a los que voy a proponer, ya no he hablado con ninguno, pero creo que podrían hacer una contribución enorme a definir un mejor sistema de pensiones para nuestro país.

Propongo que sea compuesta por 13 miembros: cinco salvadoreños, cinco académicos extranjeros y tres miembros de instituciones internacionales. Los nacionales podrían ser cinco de cualquiera de los siguientes seis profesionales conocedores del tema, por si alguno no acepta. Los salvadoreños propuestos son: Luz María Serpas de Portillo, de FUSADES; María Elena Rivera, de FUNDAUNGO; Carlos Pérez, de FUNDE; Carmen Aída Lazo, de la ESEN; Wiliam Pleites, de FOMILENIO II; y Roberto Rivera Campos.

Los cinco extranjeros podrían ser escogidos entre los siguientes siete candidatos: David Bravo, de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión en Chile; Nicholas Barr, del London School of Economics; Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de Pittsburg; Olivia S. Mitchell, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania; Costas Meguir, de la Universidad de Yale; Joakim Palme, de la Universidad de UPPSALA de Suecia; y Orazio Attanasio, del University College de Londres. Sugiero invitar a tres miembros de organismos internacionales como OIT, CEPAL, BID o Banco Mundial. Un nacional debería ser el que coordinara la comisión.

Espero que estas propuestas puedan ayudar al presidente Sánchez Cerén , al FMLN y a ARENA a buscar soluciones reales en lugar de continuar con diálogos que solo sirven para tomarse fotos y tazas de café, pero que no se concretan en acuerdos que resuelvan los problemas de los salvadoreños. Que el Señor los ilumine, porque los márgenes de acción cada vez se reducen más y el ajuste tendrá que ser más fuerte en la medida que se sigan postergando las decisiones difíciles.