impago

Manipulación infame. De Federico Hernández Aguilar

Jugar con fósforos al lado de un enorme tanque de gasolina es lo que el gobierno de El Salvador viene haciendo desde hace dos años. Para resolver su grave déficit fiscal (el tanque de gasolina), nuestras autoridades han optado por manipular una cajita de fósforos que se llama “politiquería”. Y así, en el afán de quemar a sus adversarios, no advierten que están a punto de incendiar al país entero.

Federico Hernández Aguilar, 20 abril 2017 / LPG

Lo que se nos quiere vender como excusa, en torno a los impagos que se han venido produciendo desde el 7 de abril, es que las obligaciones con las pensiones de los trabajadores necesitaban de la aprobación de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, alegando que no se disponía de la “asignación presupuestaria indispensable” de acuerdo con la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), misma que desde noviembre del año pasado tiene suspendidos sus efectos por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.

Lo que ningún comunicado del Ministerio de Hacienda nos confiesa es que la administración Sánchez Cerén ha tenido entonces cinco meses para diseñar alternativas constitucionales a su polémica reforma a la Ley FOP, no solo respetando a la Corte Suprema de Justicia sino liderando las negociaciones políticas que le permitieran cumplir con sus pagos. En lugar de eso, el gobierno ha estado –por casi medio año– intercambiando epítetos con el principal partido opositor, que con razón se ha negado a aceptar que la única solución viable sea endeudar más a los salvadoreños o seguir ahorcándolos con impuestos.

Amén de este infantil berrinche, los diputados oficialistas y sus adláteres aprobaron un presupuesto que incluía el monto “simbólico” de mil dólares para enfrentar los vencimientos de los Certificados de Inversión Previsional, a sabiendas que se requerían más de $200 millones. Y por si lo anterior fuera poco, el Ministerio de Hacienda quiere que creamos algo absurdo: que justo en la plenaria extraordinaria antes de las vacaciones de Semana Santa, bordeando el impago, 56 diputados iban a hacerse presentes en el Salón Azul para votar por una reforma a la Ley del Presupuesto que nadie había presentado. ¡Por favor!

Nuestro gobierno nos ha mentido con descaro y pretende continuar. No admite los errores que comete, pero endilga responsabilidades a diestra y siniestra. Habla de dialogar y de buscar consensos, pero el lenguaje hostil de algunos de sus voceros desmiente tal voluntad conciliadora. Se ha dado el lujo de contar con recursos que jamás soñaron administraciones anteriores, pero es la actual gestión, paradójicamente, la que nos está llevando al default.

El jueguito peligroso ha terminado por chamuscar la imagen de El Salvador, que siempre fue apreciado internacionalmente como país que sabía tomarse en serio sus compromisos. Gobiernos responsables con el bienestar de sus ciudadanos no manipulan la caja de los cerillos tan cerca del combustible. Ahora estamos a un paso de perder la credibilidad que por muchos años fuimos construyendo, a fuerza de disciplina y manejos más sensatos de las finanzas públicas. ¿Y quién es capaz de predecir el tiempo que nos llevará recuperar la percepción positiva que alguna vez gozamos?

En política es posible excusar la torpeza, incluso cuando sus causas son coyunturales; pero los cálculos politiqueros que provocan descalabros económicos son, además de inexcusables, abiertamente infames. Lo que los salvadoreños podríamos sufrir por culpa de quienes llevan las riendas de la nación es inédito, difícil de pronosticar. No existen precedentes para los efectos que nos traerán degradaciones que nunca debimos tener en el mercado internacional. Y una vez desatado el incendio, ¿quién cree que nuestro gobierno sabrá enfrentarlo?

Del impago al default… De Luis Mario Rodríguez

No nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

Luis Mario Rodríguez, 20 abril 2017 / EDH

Manuel Alcántara, uno de los politólogos más destacados de España, afirma que la polarización no es un obstáculo para la democracia siempre y cuando no genere parálisis legislativa. En otras palabras, se puede debatir sobre un determinado aspecto, inclusive apasionadamente, pero al final se toman decisiones independientemente del interés de los actores.

Las calificadoras de riesgo se han apresurado a señalar que el impago en el que se encuentra el país se debe a la ausencia de acuerdos entre los dos partidos mayoritarios. Siguiendo la tesis de Alcántara habríamos entrado en una etapa en la que las diferencias entre las fuerzas políticas están generando estancamientos muy graves en la concreción de acciones. Este letargo político puede llevarnos aceleradamente a una condición en la que la credibilidad ante los organismos financieros internacionales se desmorone y, entre otras consecuencias, dificulte el otorgamiento de préstamos en el futuro inmediato, aumente las tasas de interés, genere desempleo y reduzca la ya menguada calidad de los servicios públicos en salud y educación.

Sin embargo, el salto del impago al default, en otras palabras, la mutación de un estado en el que aún se puede restaurar la confianza de quienes consideran sujeto de crédito a El Salvador a otro en donde ya no se tiene capacidad de pago y se desaparecen las alternativas para obtener financiamiento, no se debe a la falta de acuerdos entre ARENA y el FMLN. Tanto en 2012 como en 2016 ambos partidos suscribieron con los gobiernos de turno sendos compromisos para evitar la realidad que estamos sobrellevando. Por tanto no nos encontramos frente a las consecuencias de la polarización sino ante el incumplimiento, por razones ideológicas, de agenda política o de conveniencia electoral, de los pactos que se firmaron en los años señalados.

En 2012 el Ejecutivo adquirió la obligación de elaborar “iniciativas de responsabilidad fiscal” entre las que sobresalía la de “tener un déficit de 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2013”. Para hacer efectiva esa reducción del déficit, la administración de ese entonces se comprometió tanto a introducir “las medidas de ingresos y gastos que formaran parte del programa de ajuste y sostenibilidad fiscal” como a lograr que el presupuesto fuera “consistente, integral, consolidado y completo”. Otra de las obligaciones fue la de aprobar una “política de ahorro y austeridad para 2013”.

En 2016 se firmó un documento adicional donde el FMLN y ARENA, junto al presidente de la República y al Secretario Técnico y de Planificación, convinieron en “consolidar las finanzas públicas en 2017 a través de medidas de ingresos y gastos durante los siguientes tres años que dieran como resultado al menos 3.0 % del PIB”. Se recalcó, de nuevo, la necesidad de presentar un presupuesto íntegro y la urgencia de cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional para mejorar el rendimiento de los fondos de pensiones. También se garantizó la aprobación del presupuesto extraordinario para las elecciones de 2018 y la formalización de la solicitud, ante el Fondo Monetario Internacional, de un acuerdo que asegurara la sostenibilidad fiscal, además de otros aspectos.

Los consensos políticos alrededor del problema fiscal han sido amplios y serios. De haberse ejecutado en forma cabal e íntegra, la situación sería distinta a la que estamos padeciendo. La primera falta grave a lo estipulado en ambos casos fue la de no someter a la Asamblea un presupuesto que se adecuara a lo establecido a la Constitución. La reciente admisión de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de 2017 demuestra la presunta infracción.

Lo cierto es que, por primera ocasión, El Salvador es objeto de calificaciones de riesgo vergonzosas que ponen en entredicho la buena reputación de país ante las instancias financieras del extranjero, hacen resurgir siniestras soluciones como la “desdolarización” y la “expropiación de los fondos de pensiones” y permiten que, en medio de la “buruca” todos y nadie sea el responsable de este desorden.

No es la polarización la que afecta la adopción de alianzas, el pecado se refleja en el empeño de imponer lo ideológico, lo partidario y lo electoral por sobre el bien común y eso puede llevarnos al fondo del precipicio.

Prueba de honestidad. De Manuel Hinds

Mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras  (gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares.

manuel hindsManuel Hinds, 28 octubre 2016 / EDH

La base fundamental de cualquier negociación es la confianza en que los acuerdos alcanzados en ella van a ser cumplidos por ambas partes. Esto se vuelve todavía más importante para poder llegar a un acuerdo cuando los cumplimientos son asimétricos en el tiempo —es decir, cuando uno de los firmantes tiene que cumplir sus compromisos inmediatamente mientras que el otro se compromete a cumplirlos después—. La negociación actual entre el gobierno y ARENA sobre la crisis de pagos del gobierno tiene estos riesgos asimétricos, ya que la autorización del endeudamiento precede a lo que el gobierno hará con los fondos.

diario hoyHay varios síntomas que demuestran que hay graves problemas escondidos bajo esta súbita falta de recursos del gobierno. Primero, la crisis es evidencia que el gobierno ha estado gastando mucho más que lo que tiene de ingresos, y eso requiere soluciones que van más allá de endeudarse más. Un endeudamiento adicional sólo se podría aprobar dentro de un esquema de solución de este problema. Segundo, es un misterio por qué el gobierno ha llegado a este extremo si los recursos a su disposición han aumentado como nunca, tanto en ingresos como en aumentos de endeudamiento.

El misterio está allí porque el peligro de impago no se ha presentado por una caída fuerte en los ingresos del Estado, como ha pasado en Brasil. Aquí, el gobierno no sólo ha estado recibiendo más dinero que nunca en la historia sino también ha estado recortando recursos a actividades esenciales, tales como la compra de medicinas, el pago de obligaciones laborales a la policía, el incumplimiento de la ley de escalafón de los empleados de salud, el pago de proveedores y muchas otras obligaciones que el Estado debe cumplir rutinariamente. Hay otras actividades que han estado succionando de los recursos que le llegan al gobierno y de los que usaba en dar servicios públicos.

Dados estos hechos, surgen muchas preguntas: ¿qué se ha hecho tanto dinero que el gobierno ha recibido? ¿a dónde va a ir a parar el dinero que se obtendría si se aprobara alguna cantidad de los bonos? ¿Cómo se puede asegurar que la población no tendrá que aprobar otros 1,200 en unos meses más, y otros más algunos meses después? Todavía más importante, ¿cómo asegurar que los recursos que se le quitan al pueblo, como impuestos y como servicios públicos que deberían cubrir esos impuestos, se usen realmente para dar esos servicios y no se desvíen a estos otros usos que están despojando al estado?

Estas preguntas se vuelve todavía más importantes porque el gobierno ha reconocido que ha mentido en los presupuestos. Así, ha admitido que algunas erogaciones que por ley tenían que hacerse en 2016 no las incluyeron en el presupuesto de este año. La oferta principal que hace el gobierno para que el problema se resuelva, es la famosa Ley de Responsabilidad Fiscal, una ley que no tiene dientes para obligar al gobierno a cumplirla. La voluntad de cumplimiento del gobierno a esta ley, si es que se da y no se usa como promesa para otros 1,200 millones, queda clara en el hecho que el proyecto de ley que el gobierno ofrece sólo comenzaría a funcionar dentro de tres años, cuando ya este gobierno se haya ido.

Peor, mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras—gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares, que luego dirán que acaban de descubrir que no están y que para cumplir con ellos tendrán que obtener miles de millones más en préstamos. Peor aún, mientras dice que está dispuesto a reducir el déficit, el presupuesto presentado contiene un déficit que es mucho mayor que el que sería sostenible de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para que la negociación sea de utilidad para el pueblo, el gobierno debería de dar varias pruebas de honestidad antes de firmarlo, comenzando por retirar el presupuesto de 2017 de la Asamblea y presentarlo con un déficit menor y sin mentiras. Eso debería de tomarles menos de una semana, porque ellos sí saben las verdades que se esconden detrás de las mentiras.

Menos fotos, menos disputas y más acciones concretas. De Luis Membreño

La única forma que conozco para resolver problemas entre personas antagónicas es estableciendo mesas de negociación con actores definidos, agendas y procedimientos bien concretos, plazos de tiempo estipulados, con mediadores formales e informales y con equipos técnicos de respaldo que puedan proponer soluciones viables a problemas que a pesar de que requieren de aprobaciones políticas, son eminentemente técnico-financieros.

luis-membrenoLuis Membreño, 18 octubre 2016 / LPG

Me voy a concentrar en hacer propuestas bien concretas para que avancemos en la solución de los problemas nacionales de tipo fiscal, económico y de pensiones. Lo primero, y que ha sido muy positivo, es que ya se dividieron los temas y no deben mezclarse nuevamente . Vamos uno por uno.

El acuerdo fiscal es el que se requiere que se concluya entre octubre y noviembre. Dada la velocidad a la que están cambiando los mercados financieros internacionales en perjuicio de El Salvador y de los mercados emergentes, propongo que esta semana se concluya la ley de responsabilidad fiscal, que se mande al archivo la reforma fiscal propuesta por el Gobierno y que se nombre la comisión técnica con expertos nacionales y extranjeros, y contra la prensa graficaesos resultados que ARENA le autorice al Gobierno la emisión de la totalidad de los $1,200 millones, pero que la utilización sea dividida en dos tramos. Los primeros $600 millones inmediatamente que se obtenga el dinero y los $600 millones restantes contra el acuerdo fiscal completo que incluya el período 2017 a 2020. Lo más probable es que los bonos se puedan colocar a finales de noviembre y que se reciba el dinero a principios de diciembre, por lo que da tiempo suficiente como para que se negocie el acuerdo completo, pero se habrá avanzado en la obtención del dinero antes de fin de año.

El deterioro de los bonos de El Salvador durante octubre le costaría en un bono a 30 años al país $360 millones en intereses adicionales, y si la tasa de interés subiera en los tres puntos porcentuales que había bajado entre junio y septiembre tendremos que pagar $1,080 millones más en intereses en un período de 30 años, es decir que necesitamos emitir lo más pronto posible porque este “impasse” en el que estamos ya nos costó en octubre varios cientos de millones de dólares en 30 años.

El acuerdo por el crecimiento económico debe incluir a los políticos, pero sobre todo es un acuerdo en el que deben participar los empresarios privados, ya que son ellos los que producen la riqueza y la inversión en una sociedad. Se deben generar condiciones políticas y económicas que permitan atraer tanto a inversionistas extranjeros como a nacionales, y para ello es importante tener el apoyo de los empresarios nacionales.

En el tema de pensiones se ha hablado ya hasta la saciedad de la necesidad de crear una comisión presidencial que presente una propuesta de reforma del sistema de pensiones que sea constitucional y de beneficio para los trabajadores, y para ello se requiere que se constituya con expertos académicos nacionales y extranjeros y con un plazo máximo de dos años para que se pueda aprobar la reforma integral después de las elecciones de 2019. Propongo las siguientes personas para que integren la comisión y que tomen como modelo la que constituyó la presidenta Bachelet, de Chile, y que presentó su informe final en septiembre de 2015. Pido disculpas a los que voy a proponer, ya no he hablado con ninguno, pero creo que podrían hacer una contribución enorme a definir un mejor sistema de pensiones para nuestro país.

Propongo que sea compuesta por 13 miembros: cinco salvadoreños, cinco académicos extranjeros y tres miembros de instituciones internacionales. Los nacionales podrían ser cinco de cualquiera de los siguientes seis profesionales conocedores del tema, por si alguno no acepta. Los salvadoreños propuestos son: Luz María Serpas de Portillo, de FUSADES; María Elena Rivera, de FUNDAUNGO; Carlos Pérez, de FUNDE; Carmen Aída Lazo, de la ESEN; Wiliam Pleites, de FOMILENIO II; y Roberto Rivera Campos.

Los cinco extranjeros podrían ser escogidos entre los siguientes siete candidatos: David Bravo, de la Universidad Católica de Chile, quien presidió la comisión en Chile; Nicholas Barr, del London School of Economics; Carmelo Mesa-Lago, de la Universidad de Pittsburg; Olivia S. Mitchell, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania; Costas Meguir, de la Universidad de Yale; Joakim Palme, de la Universidad de UPPSALA de Suecia; y Orazio Attanasio, del University College de Londres. Sugiero invitar a tres miembros de organismos internacionales como OIT, CEPAL, BID o Banco Mundial. Un nacional debería ser el que coordinara la comisión.

Espero que estas propuestas puedan ayudar al presidente Sánchez Cerén , al FMLN y a ARENA a buscar soluciones reales en lugar de continuar con diálogos que solo sirven para tomarse fotos y tazas de café, pero que no se concretan en acuerdos que resuelvan los problemas de los salvadoreños. Que el Señor los ilumine, porque los márgenes de acción cada vez se reducen más y el ajuste tendrá que ser más fuerte en la medida que se sigan postergando las decisiones difíciles.

Justo en la orilla. De Federico Hernández Aguilar

Hace un par de años, cuando se advertía el pronunciado declive en que estaban cayendo las finanzas públicas, la estrategia del gobierno era negar que las cosas estuvieran tan mal.

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 23 septiembre 2016 / LPG
El presidente de la República hasta llegó a emplear el calificativo de “agoreros de la desesperanza” refiriéndose a los líderes empresariales que llamaban la atención sobre aspectos tan cruciales como el incontrolable aumento de la deuda, el creciente déficit fiscal, la ausencia de planes de austeridad y la presentación anual de leyes de presupuesto con evidentes omisiones y sobrestimaciones.

la prensa graficaEn aquel momento la negación hacia afuera sustituyó las necesarias acciones hacia adentro. Poco o nada se hizo para impedir que el país siguiera dando pasos de suicida hacia el abismo. Hoy ya estamos frente a él y nuestras autoridades quieren que nadie pregunte por qué llegamos hasta aquí. Pretenden que nos creamos el cuento de que los culpables de un potencial “default” son la Sala de lo Constitucional o la oposición política, pero se olvidan que la primera e indelegable responsabilidad de manejar correctamente las finanzas estatales ha sido suya desde el año 2009.

Ahora sí, por supuesto, se reconoce la amenaza del impago. Hoy se demandan soluciones con la actitud perentoria de los maquinistas imprudentes, porque el tren está a punto de descarrilar y se necesita la fuerza conjunta de todos los pasajeros para manipular el freno. Ya el camino fácil de desmentir a los críticos se volvió intransitable, así que se opta por criticar la dura realidad y por exigir a los demás que se comprometan a cambiarla. Pero, ¿y el compromiso de cambiar los patrones de conducta financiera que nos han metido en este lío? ¿Por qué no se escucha fuerte y clara esa oferta desde el oficialismo, pero traduciéndola en obligaciones serias y medibles, de modo que erradiquemos de una buena vez las causas –y no solo los efectos– de nuestra crisis fiscal?

Es absolutamente improcedente, por otro lado, obviar las consecuencias dramáticas que para la economía salvadoreña podría tener un “default”. Solo pensemos en el ajuste inmediato que el gobierno tendría que hacer para reducir drásticamente su presupuesto: recortes de personal, adopción de nuevas políticas salariales, impago generalizado a proveedores del Estado… Y mientras tanto, nuestras fuentes externas de financiamiento se cerrarían, el acceso a los mercados internacionales nos quedaría vedado y el perfil crediticio del país llegaría a su punto histórico más bajo. Según estimaciones de FUSADES, nuestra economía podría experimentar un retroceso de 40 años, haciendo que para cada empleado salvadoreño aumentara hasta en un 20 % el riesgo de perder su fuente de ingresos.

Duro. Durísimo. Nadie debería permitirse el lujo de minimizar los efectos devastadores que para El Salvador tendría un “default”. Y más que nadie deben tenerlo presente el FMLN y ARENA, a quienes los electores dimos la cuota de representación parlamentaria suficiente para negociar acuerdos sustanciales y de gran calado. Los ajustes que no se hicieron hace dos años, desde luego, hoy tienen un costo mayor, pero también los entendimientos han dejado de ser opcionales.

ARENA tiene la obligación histórica de renunciar a los cálculos electorales, y el FMLN debe renunciar al simplismo de exigir dinero para resolver sus problemas de caja. La oposición se equivoca si cree conveniente exhibirse como el tuerto que puede gobernar en tierra de ciegos. Y el oficialismo comete un grave error si sigue considerando que la falaz repartición de culpas es un discurso inteligente.

A pocos meses de la celebración del primer cuarto de siglo de aquellos Acuerdos de Paz de 1992, urge llegar al gran acuerdo nacional que nos aleje del abismo.