Mes: abril 2015

Terremoto, golpe de Estado y lógica, de Paolo Lüers

Dos sentencias de la Sala de lo Constitucional, que no signfican otra cosa que la aplicción consecuente de sentencias anteriores (y solo parcialmente cumplidas), ha despartado un debate est´ril que solo expresa que al país todavía le cuesta aceptar el Estado de Derecho. Paolo Luers comenta en El Diario de Hoy.

paoloPaolo Lüers, 30 de Abril 2015/EDH

Cuando la correcta aplicación de la ley y de la lógica se interpreta como “terremoto político” o como “golpe de Estado técnico”, algo está mal en nuestro país.¿De qué terremoto estaba hablando el entrevistador del Canal 33, Sergio Méndez, el martes pasado? De una sentencia de la Sala de lo Constitucional, publicada este mismo día, que no hace otra cosa que constatar que mientras el Tribunal Suprema Electoral no termine el escrutinio para los diputados en el departamento de San Salvador, no existen diputados electos para este departamento. La única conclusión lógica posible: Mientras no sabemos quiénes serán los 24 diputados que representarán San Salvador, porque aún no hay escrutinio válido, nadie podrá asumir el cargo de diputado de este departamento. Y como el Tribunal Supremo Electoral ha hecho todo lo posible para que el nuevo escrutinio de San Salvador, que la Sala le había ordenado efectuar, no terminara a tiempo para la inauguración de la nueva Asamblea 2015-2018, este viernes 1 de mayo no podrán asumir sus cargos los 24 diputados que corresponden a San Salvador. Así de simple. Así de lógico.

¿Y esto es un “terremoto político”, como lo califica el imitador de Ismael Cala? ¿Y esto es un “golpe de estado”, como lo califica el presidente de la Asamblea saliente y dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, quien por suerte el 1 de mayo va a su casa (o al exilio dorado en la embajada en Moscú)?

Terremoto o intento de golpe de Estado sería si el 1 de mayo tomasen posesión, con toda la pompa, 24 candidatos cuyos votos todavía están siendo contados. O si la Sala no hubiera intervenido en el intento del Consejo Nacional de la Judicatura de amañar la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema (vea abajo).

Hay 24 ciudadanos que disponen de pedazos de papel otorgados por el TSE, que los acreditan como diputados electos, y algunos de ellos reclaman que estas credenciales les dan el derecho de sentarse el 1 de mayo en la Asamblea, o incluso de postularse como directivos del nuevo Legislativo, esté terminado o no el recuento de votos. Pero son credenciales que el TSE otorgó en base de un “escrutinio final” que, en el caso del departamento de San Salvador, fue declarado sin lugar por la Sala, porque a todas luces no representaba fielmente la voluntad popular. Obviamente, con la sentencia de la Sala que ordenaba volver a contar todos los votos del departamento de San Salvador, estas 24 credenciales (más las de 24 suplentes), 24 de estas credenciales perdieron validez. Es cierto, la mayoría de estos 24 portadores de credenciales caducadas al fin saldrán confirmados como diputados, si es que el TSE en algún momento presenta los verdaderos resultados. Pero con el 18% de los votos recontados al momento de escribir estas líneas, ya es evidente que teníamos toda la razón de exigir que se abran las urnas. Ya se detectaron miles de votos que no habían sido tomados en cuenta en el escrutinio que el TSE declaró “final”. Por tanto, es bien posible que más que uno de los 24 candidatos en cuestión al final de esta historia podrán enmarcar sus credenciales de diputado electo y colgarlas en sus baños, como grato recuerdo de un episodio tragicómico, pero sin asumir como diputados.

La Sala no hizo otra cosa que aplicar la consecuencia lógica de su sentencia anterior, para evitar una crisis institucional, con una nueva Asamblea que elija como miembros de su directiva a personas cuya elección todavía está en disputa.

En cambio: La orden de la Sala que 24 escaños quedarán vacíos hasta que el último voto sea contado y el escrutinio se declare válido, no causa ninguna crisis institucional. La Asamblea se puede conformar con 60 diputados. Pueden posponer la elección de la junta directiva. Incluso si los 60 diputados, que el 1 de mayo asumen sus cargos, decidieran no legislar mientras la Asamblea no sea completa, el país no entra en crisis. Durante la reciente campaña electoral, el trabajo del órgano legislativo se paralizó durante semanas, y el país seguía funcionando como siempre…

La otra sentencia emitida por la Sala el pasado martes tampoco es más que la aplicación lógica de principios ya establecidos en otros casos. Así como la Sala sentenció en el caso de la Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, ahora declaró inconstitucional la elección del abogado Tito Edmundo Zelada como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, por su falta de independencia y su militancia partidaria. Y declaró improcedente la nominación, por parte de este Consejo, de 15 candidatos a magistrados, porque salieron de un procedimiento anteriormente declarado inconstitucional. Ninguna sorpresa, ningún terremoto, ningún golpe de Estado. Sólo la consecuente aplicación de la ley, la generación de seguridad jurídica, y la consolidación de la división de poderes.

El debate sobre Seguridad: Carta a las pandillas, de Paolo Luers

El columnista Paolo Luers sostiene que hay que seguir apostando al diálogo -y no a la confrontación militar- para solucionar la escalada de violencia en el país. Durante los últimos tres años ha sido parte de los esfuerzos de mediación entre las pandillas rivales y entre ellas y la sociedad civil. Desde esta experiencia y la confianza construida hace un llamado a los pandilleros.

Paolo Luers, 30 de abril/EDH

La semana pasada ustedes me hicieron llegar un comunicado para manifestar que están dispuestos a hacer lo suyo para detener y desactivar esta escalada violenta entre ustedes, las fuerzas policiales y militares del Estado. Yo publiqué este comunicado, porque la población necesita conocer las posiciones y propuestas de todos los actores de este conflicto, que tiene fregado a todo el país.

Paolo Luers con Boromeo Hernríquez (“El Diablito”), líder de la MS13, y Carlos Mojica Lechuga (“Viejo Lin”), líder del Barrio 18, en una de las reuniones de mediación celebradas en Mariona (2012)

En el comunicado dicen ustedes que para propiciar un clima más favorable para que los conflictos entre pandillas, estado y sociedad se resuelvan mediante el diálogo y no mediante más violencia, ustedes decidieron dar un primer paso, de manera unilateral, como muestra de su voluntad: la suspensión de acciones violentas de las pandillas contra policías, soldados, custodios – y contra la población.

Todo esto solamente tiene sentido si ustedes cumplen su palabra.

El gobierno ha trasladado al penal de Zacatecoluca a todos los pandilleros que hace 3 años han sido protagonistas de los diálogos que ha llevado a la tregua, y que de alguna manera han sido los garantes de este proceso con el cual definitivamente durante 2 años se logró reducir la violencia y poner sobre la mesa dos temas: la reinserción de los pandilleros; y la suspensión de las extorsiones – ambos mediante la creación de oportunidades laborales. Todos sabemos que en ambos temas queda la deuda pendiente. Ustedes no han disminuido las extorsiones; y la sociedad no ha abierto ventanas de oportunidades para la reinserción de ustedes.

Tengo claro que ahora la situación es mucho más complicada que en el 2012, cuando comenzamos a hablar. Por una parte la decisión política del gobierno de descartar tajantemente la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, sino de buscar el desmantelamiento de las pandillas mediante la confrontación, incluyendo la militar. Por otra parte hay un problema de comunicación: Los verdaderos tomadores de decisiones por parte de ustedes están bajo estricto régimen de aislamiento en Zacatraz. Estoy claro que no podrán leer esta carta, ni pueden intervenir en el debate nacional sobre la violencia y las diferentes estrategias de cómo enfrentarla.

Hoy todo depende de ustedes, los pandilleros en los barrios y cantones – e incluso, a pesar de los intentos del gobierno de cortar toda la comunicación desde los penales, de los que están presos. Tocaría a ustedes convertir en realidad lo que anunciaron en su comunicado: que no aceptan la tesis del gobierno del FMLN que la confrontación es el único camino que queda.

paolo en ciudad barrios

Reunión con líderes de la MS13 en el penal de Ciudad Barrios en marzo del 2012. De izquierda a derecha: Arístides Dionisio Umanzor “El Sirra”; Carlos Tiberio Ramírez Valladares (“Sniper”); Saúl Antonio Turcios Ángel {“El Trece”); Borromeo Henríquez (“Diablito”)

Negociación no va a haber, según el gobierno. Diálogo puede haber, pero no con el gobierno, sino solamente con los sectores (ahora muy minoritarios) de la sociedad civil que están dispuestos de mantenerlo vivo, contra viento y marea, contra amenazas y presiones. Si ustedes unilateralmente rompen la cadena de venganza y confrontación violenta, tal vez estos sectores pueden abrir nuevos espacios para el diálogo – e incluso convencer al gobierno que haga su parte: eliminar toda actividad de exterminio y de ejecuciones y capturas al margen de la ley.

En este sentido les hago el llamado: Rompan la espiral de venganzas, así como lo han prometido en su comunicado; respeten la vida de policías, soldados, funcionarios y sus familias. Paren esta locura de las granadas. No hagan nada que radicalice y profundice el conflicto, y todo lo que esté a su alcance para reducir su intensidad.

Si no, incluso los pocos que creemos en el diálogo y la reinserción no podremos hacer nada para evitar que todos nos hundamos en una guerra en la cual todos vamos a perder.

Piénsenlo. Y no se olviden: Palabra es palabra. Paolo Lüers

El debate sobre Seguridad: ¿Y las cárceles y…?, de Francisco Bertran Galindo

Luego de realizar una serie de actos previos que advertían que el gobierno preparaba “algo” en materia de seguridad, se ha concretado que finalmente el Ejecutivo decidió enfrentar a las maras, aun cuando eso implique, al menos por el momento, una escalada en la violencia, atentados y muertos, especialmente.

En principio la ciudadanía no puede sino apoyar esta gestión. No cabe duda que fuera como fuera, el actuar de las maras había excedido, y con mucho, el mero actuar delincuencial; con el agravante que a su lado o bajo su sombra otros grupos delincuenciales han estado sacando agua para su molino.

Al salvadoreño normal, los que solo podemos ver y en algunos casos comentar, nos sorprenden ciertos matices o vacíos en esta forma de actuar del gobierno, especialmente si estamos hablando no de acciones coyunturales, si no enmarcadas en una estrategia que tenga como propósito retomar los territorios para la comunidad.

Surgen algunas interrogantes luego del anuncio de los cambios en la policía y la formación de tres batallones militares de reacción especial, o de limpieza como dijo el comisionado Hasbún, entendida esta no como un exterminio si no como unidades de “barrido” o ataque ante situaciones específicas o lugares tipo campamento que las maras puedan tener, pues parecieran referirse a una forma de ataque focalizado a las maras, lo que sería necesario pero no suficiente.

Estas interrogantes se refieren a varios temas:

¿Luego de barrer la zona, o sea de desplazar los delincuentes en el área (municipio, colonia o cantón) ¿qué fuerza pública queda manteniendo el territorio? O sea ¿qué nos garantiza que no vuelvan?

Consolidado que fuera el territorio ¿qué autoridad y bajo qué enfoque se reconstruirá el tejido social?

¿Cuándo se hará el anuncio de la oferta para que se desmovilicen los mareros que lo deseen y bajo qué condiciones?

Y la que más sorprende: ¿dónde están las nuevas cárceles o campamentos?

Estas preguntas son importantes de contestar y que la ciudadanía comprenda y sepa si las respuestas están ya incluidas en el plan del gobierno, o si vamos a coyol cortado coyol comido.

Preocupa que un ministro del área seguridad o defensa manifieste que los enfrentamientos son coyunturales, pues si lo tratamos de traducir significaría que estamos frente escaramuzas de fuerza, donde se espera que las pandillas cedan y las suspendan; pero en el mejor de los casos dicho resultado equivale a regresar al estatus de hace un año, con maras en control del territorio, cobrando impuestos vía extorsión, pero no alardeando de matar policías o soldados.

Para mí es relevante que quede claro, que ni la policía ni los soldados han salido a combatir a las pandillas por venganza de sus muertos, lo que por su puesto merece nuestra solidaridad, y para ello se nos debe dejar claro, y a ellos también, que han salido a defender a la sociedad y que el propósito no es bajarles la combatividad a las maras, es que se desarticulen y dejen de infundir terror en las colonias, en los buses, en las empresas y en los cantones, es decir que dejen de ser dueños de nuestra vida y nuestra tranquilidad.

Pueda ser que no se logre su disolución, pero sí quedan como un fenómeno clandestino y minimizado, con un carácter endémico más que epidémico o pandémico, ya como sociedad habríamos ganado.

Puede ser que esto último sorprenda, pero creo es bastante más lógico este resultado que un desvanecerse completo del fenómeno pandilleri

El Estado de Derecho según Walter Araujo

La resolución de la Sala de lo Constitucional que prohibe que no hay diputados electos para el departamento de San Salvador, porque el TSE no ha terminado el escrutinio respectivo, provocó al ex-magistrado electoral, ex-dirigente de ARENA, ex-candidato a alcalde Walter Araujo a publicar, mediante Twitter, un editorial que llama a los partidos a no acatar la sentencia.

84982289-5f34-4cac-aa33-7a159998f640-2Walter Araujo

No cumplan la medida de la Sala Constitucional!! Esa es mi recomendación !! NO ES ACEPTABLE!!

UNA VEZ se “INAPLICAN” las resoluciones de la Sala que carezcan de legalidad y sus caprichos son letra muerta!! NO ACATEN.

La Sala dice que es más que los demás, que es más que la Constitución !! No la dejen salir “impune”, yo al menos no le temo!!

Nunca vi a un país , ni a un Estado, arrodillado ante la prepotencia de “su” interpretación constitucional de 4 personas!!

Rodolfo González puede decir lo que quiera como Magistrado de la Sala de lo Constitucional, yo como ciudadano puedo decir lo mismo!!

Si la Sala dice que me tire a un pozo, lo debo de hacer???

FMLN, GANA, PCN y PDC deben de tomar posesión TODOS sus diputados, si Arena no quiere es problema de ellos, la Sala no es policía!!

La Sala no tiene autoridad alguna para hacer cumplir una resolución “ilegal”.No tiene policía ni ejército para hacer cumplir arbitrariedades.

Incumplir una resolución legal y constitucional es “desacato”, no hacerle caso a una ilegalidad es “justicia”.

Si se instalan los diputados de San Salvador, les aseguro que no pasará “absolutamente” nada!! La hora de pinchar la burbuja llegó!!

Fuente: cuenta de twitter de Walter Araujo

Ruleta rusa. De Juan Valiente

El país parece estar jugando ruleta rusa en estos últimos días de la actual legislatura. Está claro que el FMLN ha decidido aprovechar lo táctico al máximo, aunque ponga en riesgo lo estratégico. No importa que deba en el futuro cercano negociar con los diputados de ARENA. No importa que la voluntad popular exija una negociación para definir un rumbo de consenso para el país. No importa que haya decisiones estratégicas en la próxima legislatura para las cuales serán necesarios 56 votos, que sin ARENA no los conseguirán.

En lugar de promover un modelo de gobernabilidad que le ayudara a tener algún éxito a la gestión del presidente Sánchez Cerén, los diputados del FMLN promovieron aritmética legislativa para aprobar todo lo que les interesara y para lo que necesitaban 56 votos. Bien saben que sin negociaciones y acuerdos de país, eso no será posible en la próxima legislatura. Y le apuestan de manera irresponsable a solventar problemas de caja de hoy cuando debería interesarles también, como a todos los salvadoreños, los problemas del mañana.

Mil millones más en endeudamiento y simplemente para pagar gasto corriente. Sin disciplina en el gasto seguirá este gobierno en esta espiral perversa y pronto, muy pronto, estará nuevamente en el hoyo financiero buscando apoyos en ARENA. No puedo creer en actos que rayan en la estupidez. Todos los organismos internacionales y una buena parte de los expertos nacionales insisten en el grave riesgo fiscal en el que ya estábamos antes de los últimos préstamos. ¿Qué cree el FMLN que ganará si sigue viendo solo para un lado sin percatarse del tsunami que se nos viene encima?

Triste sería que los votos que ahora ha conseguido el FMLN hayan respondido a compromisos con los otros partidos para la conformación de la nueva junta directiva de la Asamblea. Riesgos para el país a cambio de prebendas. Si las decisiones de la Asamblea continúan respondiendo a este tipo de intereses, continuaremos a la deriva. Hay una lógica miserable en esta forma de hacer gestión pública. Hay una falta de institucionalidad y de procesos impresionante en todas partes.

Para ponerles un ejemplo risible. Uno espera que en la Asamblea haya 84 oficinas para los diputados que pudieran asignarse por sorteo o bajo otro criterio. Pero no. El desarrollo de las oficinas en el edificio ha permitido que no haya un estándar y que sea más importante la asignación de espacios globales a los partidos políticos que a los diputados. Incluso ya hay oficinas que han sido heredadas. La obligación de un diputado saliente debería ser limpiar la oficina y entregar las llaves. Pero no. La hereda a quien crea conveniente, como si fuera de su propiedad.

Por eso ni me he acercado a la Asamblea. En lo personal creo que sería mejor que las oficinas estuvieran distribuidas por departamento. Aquí están las diez de La Libertad. Todas iguales, con similar distribución de espacios, con lo mínimo para el trabajo diario. Obviamente cada fracción además debería tener algunos espacios para trabajo colectivo y ellos pudieran variar de acuerdo a los partidos políticos electos. Pero esta no es la realidad. Cada oficina se hereda como quien hace un favor con algo de su propiedad. La política de privilegios y favores en lugar de una de responsabilidades.

La propiedad de los recursos es del país y los funcionarios encargados de velar por la institucionalidad deberían hacer un papel más ejemplar. Es responsabilidad de la institución, especialmente de su junta directiva, garantizar que no se viole el derecho a una digna representación con asignaciones arbitrarias de espacio y recursos. Por un lado, el FMLN diezma el erario público con endeudamiento sin fondo como si fuera de ellos. Y por otro muchos diputados negocian con sus oficinas como si fueran de ellos. Basta ya de arbitrariedades. El servicio público necesita seriedad y formalidad.

El debate sobre el agua como derecho constitucional. Erika Saldaña y Roberto Rubio

Hay una polémica sobre anclar o no en la Constitución el derecho al agua. Aquí dos columnas que definen las dos posiciones, ambas desde la Sociedad Civil.

Erika Saldaña y Roberto Rubio

En El Salvador existe un lobby orientado a la incorporación del agua como un derecho explícitamente reconocido en la Constitución, cuyo acuerdo de reforma constitucional no ha logrado los 56 votos para ser ratificado. La adición al artículo 69 establecería: “el agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”. Cuando faltan pocos días para que la legislatura encargada de ratificar el acuerdo cese sus funciones, cabe preguntarnos, ¿es necesaria la incorporación del derecho al agua en la Constitución para volver efectivo su disfrute a cada salvadoreño?

En la jurisprudencia constitucional se ha realizado una interpretación de los artículos 117, 2 y 65 de la Constitución, reconociendo la existencia del derecho al agua; así, el derecho al medio ambiente, en relación con los derechos a la vida y a la salud, permite establecer el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. La disponibilidad implica el abastecimiento continuo en cantidad suficiente para el uso personal y doméstico –entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, según la Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU–. Además, la Sala señala que “la accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación del servicio de acueducto, la obligación de remover barreras físicas o económicas que impidan el acceso al agua –especialmente de los más pobres y los grupos históricamente marginados– y a información relevante sobre la misma”.

El reconocimiento por parte de la Sala de lo Constitucional del derecho al agua es acorde a la regulación hecha por los pactos internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, con lo cual es posible advertir la falta de una regulación legal sobre el agua, pero no una inexistencia del derecho y obligados específicos a satisfacer el mismo. En países como Perú y Costa Rica tampoco existe el derecho explícito en la Constitución, pero el desarrollo del mismo por los tribunales ha sido suficiente para garantizar el derecho a los ciudadanos. Además, en El Salvador, los derechos a la protección de datos personales, recursos judiciales y administrativos, información pública, de los consumidores y derecho a la verdad, no se encuentran establecidos expresamente en la Constitución, pero sí cuentan con un desarrollo en la ley y jurisprudencia que los hace efectivos.

Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el problema con este derecho es que muchas personas quedan sistemáticamente excluidas del acceso al agua a causa de la pobreza, de los limitados derechos que les reconoce la ley o de políticas públicas que restringen su acceso a las infraestructuras de abastecimiento de agua. Es aquí donde se manifiesta el rol que el Estado debe jugar, pues de toda la normativa y jurisprudencia se colige que es éste el obligado a lograr progresivamente la plena realización del derecho, el cual debe manifestarse en la garantía a todas las personas del acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. El incumplimiento a dichas garantías abre la posibilidad a que el derecho pueda ser reclamado judicialmente por vulneraciones atribuidas al Estado o a los particulares.

Más que una reforma constitucional que ratifique el derecho constitucional al agua, necesitamos plena voluntad del gobierno central y de ANDA de adoptar las medidas necesarias para abastecer del vital líquido; además, la Asamblea Legislativa tiene una deuda desde hace más de diez años del proyecto de la “Ley de Aguas”, con la cual contribuiría a garantizar una adecuada gestión del recurso hídrico. De poco sirve que la Constitución contenga enunciado explícitamente el derecho al agua cuando no existe una política gubernamental que asuma la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable. En palabras de Gerardo Pisarello, “la constitucionalización de los derechos sociales aparecería la más de las veces como una promesa irresponsable que, supeditada al infranqueable límite de «lo financieramente posible», en poco o nada obligaría a los poderes públicos”.

 

rubioEl acceso al agua: un derecho humano fundamental
De Roberto Rubio/27 de Abril de 2015/LPG

Hay que recordar que el agua es un bien público que no puede privatizarse ni quedar en las manos del mercado.

El país confronta actualmente serios problemas, donde se destacan la inseguridad, la falta de empleo y el bajo crecimiento económico, la corrupción. Quizá la gravedad con que se presentan tales problemas opaca otros no mayores. Entre ellos encontramos el acceso al agua, y ya no se diga al agua potable.
Según el MARN, el 90 % de nuestras aguas superficiales está contaminado y cerca de 1.5 millones de personas no tiene acceso al agua potable. Asimismo, El Salvador es el tercer país de Latinoamérica con mayor nivel de desigualdad en acceso al agua potable (PNUD).La carencia de agua potable, sus altos niveles de contaminación, su desigual acceso, sobre todo en un entorno donde el cambio climático está agudizando tales deficiencias, trae aparejado otros problemas: incrementa las enfermedades infecciosas y los gastos en salud; presiona al alza el costo para hogares, empresas o subsidios gubernamentales; impacta negativamente en la agricultura y sobre todo en la producción de alimentos; atenta contra la generación de energía hidroeléctrica.Dada la gravedad de la situación en que se encuentra el recurso hídrico y sus significativas consecuencias, es fundamental contar con políticas y manejos adecuados para dicho recurso estratégico. Un paso en tal dirección vienen siendo los esfuerzos que ha impulsado un amplio conjunto de organizaciones ciudadanas por convertir el acceso al agua en un derecho ciudadano reconocido en nuestra Constitución.Gracias a esos esfuerzos (apoyados con más de 92 mil cartas ciudadanas), el 19 de abril de 2012 la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la reforma del artículo 69 de la Constitución con objeto de reconocer dicho derecho (después de cinco años de espera). Así, en la reforma de dicho artículo se estableció: “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.

Esto mereció el reconocimiento de amplios sectores nacionales e internacionales, nos unimos a muchos países que reconocen ese derecho, y honró los compromisos y protocolos internacionales firmados por El Salvador en la materia.

Ahora bien, para finalizar el proceso de reforma constitucional es necesario que la actual Asamblea Legislativa la ratifique con mayoría calificada de 56 votos. Y he acá la duda, pues durante la actual legislatura se han frustrado dos intentos de culminar el proceso de reforma constitucional, una en mayo de 2013 y otra en octubre de 2014, en buena medida debido a resistencias de diputados de ARENA, PCN y PDC.

Mientras tanto, la presión ciudadana por la ratificación de la reforma continúa: el 13 de abril 135 organizaciones internacionales provenientes de 18 países presentaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una carta de apoyo a las organizaciones nacionales que impulsan la reforma; el 16 de abril los relatores especiales de la ONU para el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento enviaron una carta al presidente Sánchez Cerén haciendo un llamamiento a diferentes órganos del Estado para que adoptaran las medidas necesarias para ratificar dicha reforma constitucional; el 22 de abril cerca de 20,000 firmas provenientes de diversas partes del país fueron entregadas a la Asamblea Legislativa, para que en el marco del Día Mundial de la Tierra, sean escuchadas sus voces reclamando, entre otras peticiones, el derecho al acceso al agua. Estas peticiones han sido acompañadas por varias organizaciones de la cooperación internacional.

No entendemos bien por qué tales partidos, que anteriormente dieron sus votos para la reforma, ahora se resisten a ratificarla. Tampoco entendemos cuáles son los intereses que están detrás de ello. Hay que recordar que el agua es un bien público que no puede privatizarse ni quedar en las manos del mercado, que como sabemos, suele moverse principalmente por los latidos de las ganancias y no tanto por los sentires solidarios del corazón.

Quedan pocos días para que la Asamblea actual termine su período, y pueda dar un paso positivo ratificando el derecho constitucional al acceso al agua. Ojalá los intereses particulares no se sobrepongan al bienestar público.

Carta a la Asamblea saliente. De Paolo Luers

Ustedes ya tuvieron 3 años para legislar. Quedaron con mucha deuda. Pero ya están al punto de ser sustituidos por una nueva Asamblea, luego de unas elecciones en las cuales los ciudadanos decidimos a quienes de ustedes reelegir y a quienes mandar a su casa.

actualidad-2-6-26-09Paolo Luers

Estimados diputados:

En los últimos días de la Asamblea saliente, concéntrense solamente en las reformas constitucionales urgentes, para que la nueva Asamblea las pueda ratificar y para que no se pierdan otros tres años sin que se hagan las reformas necesarias.

Todo lo demás, déjenlo a la nueva Asamblea. No traten de usar mayorías que ya no expresan la voluntad popular para adelantarse al trabajo de la Asamblea entrante.

En este sentido, fue un flagrante abuso (uno de tantos que se cometieron en esta Asamblea 2012-2015) forzar la aprobación de préstamos, en vez de dejar que la nueva Asamblea los discuta. Ustedes ya no tienen ninguna legitimidad para aprobar más endeudamiento, mucho menos con métodos tan cuestionables como los que usaron para la aprobación de los 900 millones. No sé cómo el bloque FMLN-GANA convenció u obligó a la diputada Sandra Salgado, luego de que se negó a dar el voto número 56 para los préstamos, a retirarse; y luego, poner un suplente fiel a la línea partidaria, y repetir la misma votación. Esto es política gangsteril. Y posiblemente, inconstitucional…

El gobierno va a tratar de meter más préstamos a votación de la Asamblea saliente, porque les sale más cómodo que negociar con la oposición y construir acuerdos sólidos de gobernabilidad. Cualquiera de ustedes que se presta a esta maniobra, actúa en contra de la voluntad popular expresada en las urnas.

Tampoco tiene ningún sentido que ustedes, vía exprés y sin el debate necesario, aprueben la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pasaron tres años sin voluntad de crear esta ley urgente, y ahora la quieren aprobar sin definir bien los límites del endeudamiento, solo para evitar que la nueva Asamblea, con otra correlación de fuerzas, emite una ley que realmente obligue al gobierno a actuar responsablemente.

Pero hay una reforma que ustedes le deben al país – y todavía hay tiempo para aprobarla en esta Asamblea saliente, para que sea ratificada inmediatamente por la entrante: la reforma del Tribunal Supremo Electoral. Las recientes elecciones han demostrado, sin lugar a ninguna duda, que el Tribunal, así como está concebido, no puede garantizar elecciones libres, confiables y transparentes. Y aunque es cierto que los magistrados electorales actuales deben renunciar (o ser sustituidos por la nueva Asamblea), el problema del TSE va mucho más allá de la incapacidad y la falta de vocación democrática de sus magistrados. Es un problema estructural que hay que resolver con una reforma constitucional. Todo el mundo sabe cuál es la solución, y hay propuestas de ley que ustedes tienen años de tener en sus gavetas: la separación estricta de las funciones administrativas y logísticas de las funciones jurisdiccionales, en dos instituciones autónomas una de la otra. Esta es la gran deuda que ustedes tienen con el país – y tienen la obligación de saldarla antes de entregar a la nueva Asamblea.

Esta reforma tiene mucho más urgencia que la otra en la que ustedes se embarcaron, que prolonga a 5 años el mandato de la Asamblea y de los Concejos Municipales. Pero ya que se aprobaron esta reforma, tienen la obligación adecuar los plazos constitucionales para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que no puede ser que en el futuro una misma Asamblea elija dos veces magistrados de la Corte. Porque esto significa que una mayoría coyuntural, reflejada en una Asamblea, tendría el poder de crear una Corte a su semblanza ideológica.

Todo lo demás corresponde a la nueva Asamblea. Ustedes concéntrense en estas dos reformas, para cerrar su ciclo con algo de dignidad. Saludos,