La Asamblea Legslativa saliente aprobó, con votos de GANA, PDC, PCN y ARENA una reforma constitucional para impedir cualquier legislación posterior que permita matrimonios que sean entre «hombres y mujeres así nacidos», por ejemplo entre homosexuales. Paolo Luers reaccionó con una Carta a la derecha «unida». Sus planteamientos fueron rechazadaos, en una columna en El Diario de Hoy, por el escritor y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Fernando Hernández Aguilar: Carta a Paolo. El día siguiente Paolo Luers le contesta en una de sus cartas. Esto, a su vez, provocó una segunda carta de Federico Hernández. Aquí la documentación.
Federico Hernández Aguilar y Paolo Luers
Carta a la derecha «unida» (de Paolo Luers)
Estimados dirigentes de los partidos de derecha:
Cuando hay que hacer algo necesario, ustedes son incapaces de ponerse de acuerdo. Y de repente, para hacer algo irrelevante, resurge la vieja alianza conservadora, para no decir reaccionaria. Ayer una coalición sospechosa de ARENA, GANA, PCN y PDC unió 47 votos en la Asamblea para otro intento de reformar la Magna Carta y elevar a rango constitucional la prohibición de matrimonios que no sean entre «hombre y mujer así nacidos».
Lo raro es que esta alianza conservadora, con urgencia, quiere arreglar un problema que en el país no existe. No hay legislación que permite el matrimonio entre homosexuales o de transexuales. Ni existe ninguna iniciativa seria para legalizar este tipo de matrimonios. ¿Por qué? Porque en El Salvador, a diferencia de otros países, no existe presión social para legalizar matrimonios entre homosexuales. Y tampoco existe una mayoría legislativa para este tipo de reforma.
¿Entonces, por qué encaminar una reforma constitucional para arreglar un problema que no existe en el país? «La derecha» no se pudo unir para evitar, luego de los fracasos del primero, y el segundo gobierno del FMLN; no se puede unir para la urgente reforma electoral o para garantizar la independencia de organismos como la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, la Corte de Cuentas; no se puede unir para evitar el endeudamiento del país; tampoco dan señales de disposición para ponerse de acuerdo sobre una presidencia de la Asamblea en manos de la oposición, para construir una gobernabilidad con base en el equilibrio en vez de la gobernabilidad que quiere el FMLN: con base en el control de todos los poderes.
Pero de repente esta derecha incapaz de unirse para resolver los problemas urgentes del país se une para una causa con tan poca urgencia y tan alta carga de ideología reaccionaria y discriminatoria. No me cuesta decirlo: Por suerte existe una fuerza que en la próxima Asamblea puede vetar esta locura. Así como es saludable que ARENA tendrá la fuerza para vetar reformas constitucionales peligrosas (introducción del referéndum como instrumento populista de legislación) e innecesarias e ideológicas (como el derecho constitucional al agua y la alimentación), igual es sano que el FMLN tendrá la fuerza para vetar esta reforma discriminatoria e innecesaria.
La Constitución no es un manifiesto ideológico, en la cual la izquierda o la derecha, siempre cuando tengan una mayoría coyuntural, introduzcan sus postulados filosóficos. La Constitución es expresión de los consensos de toda la sociedad para definir las reglas para la convivencia de todos, para la pluralidad, y para administrar las diferencias políticas e ideológicas.
La derecha, si quiere ser opción de poder (y mientras tanto, para el resto del mandato presidencial del FMLN, garante del equilibrio y defensora del sistema republicano), tiene que construir una nueva mayoría alrededor de los problemas y aspiraciones que la izquierda gobernante no puede (o no quiere) atender: seguridad, responsabilidad fiscal, crecimiento, empleo. Esta unión no se construye en batallas artificiales, mucho menos de contenidos reaccionarios y atentatorios contra la inclusión social.
Si tanto quieren defender la institución de la familia, construyan propuestas para asegurar empleos para las madres jefas del hogar y para los jóvenes, obliguen al gobierno a priorizar su inversión social en la creación de guarderías, escuelas de calidad y de tiempo completo. Así se reconstruye el tejido social, en el cual las familias sean protegidas, no con iniciativas ideológicas como la reforma constitucional contra matrimonios gay.
Saludos, Paolo Lüers
Carta a Paolo (de Federico Hernández Aguilar)
Estimado Paolo:
No es la primera vez que leo una carta o columna tuya en la que llamas «discriminatoria» o «reaccionaria» a la propuesta de reforma constitucional para proteger el matrimonio tradicional, formado entre «hombre y mujer así nacidos». Tampoco es la primera vez que enfocas tu crítica a los partidos de «derecha» –estas comillas son mías– que desde hace varias legislaturas impulsan esta reforma en la Asamblea.
Si tu intención al dirigirte a esta supuesta «derecha unida», el pasado sábado, era solo hacer ver que muchos diputados que defienden el matrimonio y la familia lo hacen desde una perspectiva exclusivamente religiosa, tu crítica me parece válida y la comparto. Soy hombre de fe, pero me cuesta aceptar que se haga política aportando únicamente argumentos confesionales. No me burlo de las convicciones de nadie en este plano, por cierto, como sí lo hacen otros liberales incapaces de detectar la gruesa contradicción en la que caen, sobre todo al invocar la «tolerancia»; pero coincido contigo en que resulta fácil descubrir la debilidad de razonamientos que se fundamentan en la Biblia para justificar adhesiones legislativas a la defensa de la vida o la familia.
Ahora bien, si tu propósito al escribir contra esa «derecha» era también insinuar que toda protección del matrimonio tradicional es «ideológica», «reaccionaria», «conservadora», «discriminatoria», «innecesaria», «atentatoria contra la inclusión social» y, en suma, una «locura» –observarás que estoy copiando los epítetos que usaste en tu carta–, en este punto creo que no solo te equivocas, sino que estarías exhibiendo una asombrosa falta de información y una muy limitada capacidad de análisis.
La institución matrimonial, Paolo, tiene una robusta defensa filosófica, antropológica, sociológica y económica antes que religiosa. El que numerosos políticos en El Salvador y el resto de la Latinoamérica sean incapaces de recurrir a estos argumentos –sostenidos por muy buenas razones científicas, además–, no significa que esta argumentación sea inexistente y que esté fuera del alcance de quienes quieran, de buena fe, instruirse. (De hecho, si te interesa continuar con esta controversia a través de nuestras respectivas columnas en El Diario de Hoy, aquí me tienes a tus apreciables órdenes. Sabes cuánto me gusta el debate de altura que privilegia la reflexión profunda sobre las pasiones y el fanatismo. Y a lo mejor hasta podríamos ofrecer interesantes aportes a esas vacías discusiones políticas que tanta vergüenza ajena nos causan a ti y a mí).
Es completamente cierto, para el caso, que en nuestro país «no existe presión social para legalizar matrimonios entre homosexuales». A decir verdad, tampoco hubo mayorías ciudadanas abogando por esta clase de reformas sociales en casi ninguno de los países en los que tales causas terminaron prosperando y cambiando legislaciones, con las consecuencias desagradables que ya se están documentando, principalmente en Europa. Son entidades supranacionales, como la ONU y la OEA, quienes promueven desde arriba estas propuestas. Y presiones así, Paolo, las está sufriendo El Salvador desde hace rato. (Cuando tengas tiempo, será un gusto compartir contigo lo que me tocó vivir cuando fui presidente de Concultura. Te aseguro que vas a sorprenderte).
Tengo muy queridos amigos homosexuales, y varios de ellos están absolutamente en contra de la promoción del matrimonio gay. Sostienen que esas pretensiones les estigmatizan innecesariamente a los ojos de muchos sectores, porque mezcla y confunde a su comunidad (nada beligerante, dicho sea de paso) con el activismo homosexual, habiendo diferencias muy notables entre unos y otros.
Como tú, Paolo, detesto profundamente las discriminaciones, pero también evito ver objetivos discriminatorios donde no existen. Llamar justicia a la igualación, por ley, de ciertos derechos, puede dar origen a nuevas injusticias, en lugar de combatir las segregaciones. Vaciar de contenido el matrimonio en razón de conceptualizarlo como desean minorías de activistas, amigo mío, se encuentra en las antípodas de esa tolerancia que tanto invocas. Y tener principios claros tampoco es igual a ser intolerante.
Carta a Federico Hernández Aguilar (de Paolo Luers)
Estimado Federico:
Una amiga me dijo hoy en la mañana: “Aquí están ustedes, discutiendo pendejadas, mientras el país se desliza hacia una nueva guerra donde todos vamos a perder…” Se refirió a nuestra controversia, plasmada en cartas públicas, sobre la reforma constitucional que busca blindar la institución del matrimonio contra posibles iniciativas futuras de legalizar el matrimonio entre homosexuales.
Aunque yo sostengo que esta reforma es innecesaria y espero que la entrante Asamblea no la ratifique, tampoco pienso que el debate sobre este tema sea una “pendejada’. Por eso, con gusto acepto tu reto de seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque coincido contigo que hay que proteger la institución del matrimonio y que, como tu escribís, “la institución matrimonial tiene una robusta defensa filosófica, antropológica, sociológica y económica antes que religiosa.”
Pero ahí está la diferencia de nuestros enfoques, Federico. Precisamente porque la institución matrimonial tiene una sólida y necesaria base “filosófica, antropológica, sociológica y económica antes que religiosa”, no conviene amarrarlo, vía mandato constitucional, a un concepto tradicional. Precisamente para proteger al matrimonio como la institución básica del tejido social, por nada conviene inventarse mandatos constitucionales que excluyen a sectores de la sociedad que sí quieren formar familias, aunque no de la forma tradicional, pero familias basados en los mismos fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y económicos que tu, con toda razón citas.
Nadie está cuestionando la “familia tradicional”, formada por hombres y mujeres “así nacidos”, como reza el proyecto de la reforma constitucional. La idea de que parejas homosexuales se convierten en familias, con compromisos sólidos, y de esta manera fortalecer el tejido social, no destruye ninguna familia tradicional, y no constituye ni negación ni amenaza al concepto del matrimonio tradicional.
Hay que proteger la familia y el matrimonio como instituciones que aseguran seguridad económica y emocional, y que consolidarlos como núcleos sociales y culturales que expresan compromiso, solidaridad y preservación de valores. Todos los miembros de la sociedad, independientemente de sus conceptos religiosos y su orientación sexual, deben tener derecho y oportunidades de construir esto núcleos y convertirse en los eslabones sólidos de nuestro tejido social.
Pero ojo: El reto prioritario que enfrenta nuestra sociedad en este sentido no son las minorías que por su orientación sexual no caben en el concepto de la familia tradicional, sino la inmensa cantidad (tal vez incluso la mayoría) de familias de madres jefas de hogar, que luchan por sacar adelante a sus hijos sin contar con la figura paterna. En esto tenemos que concentrarnos, si queremos preservar la familia como núcleo que da seguridad económica y emocional a la siguiente generación. Si queremos defender la familia como núcleo de la cohesión social, de nada sirve aferrarse a la defensa cerrada de una forma tradicional de la familia que para amplios sectores de la sociedad ya no es una realidad. No podemos poner candados constitucionales para blindar a la sociedad contra cambios culturales y sociales.
Al fin tu argumentas que el país está bajo presión de “entidades supranacionales, como la ONU y la OEA, quienes promueven desde arriba” propuestas legislativas. De acuerdo: No permitamos que organismos que se arrogan ser policía mundial de lo “políticamente correcto” nos impongan legislaciones que no surjan de un consenso de nuestra sociedad. Ni en el caso del “derecho constitucional al agua y la alimentación”, ni para decirnos cómo vamos a reconstruir el tejido social y proteger la familia y el matrimonio – ni por parte de Naciones Unidas, ni tampoco del Vaticano.
Siempre un gusto polemizar contigo, Federico. Pero mejor sobre temas más urgentes, como seguridad, por ejemplo. O el futuro de la oposición. Saludos, Paolo Lüers
Segunda Carta a Paolo Luers (de Federico Hernández Aguilar)
Estimado Paolo:
He de decirte que me complace mucho tener este intercambio de opiniones. Pocas cosas enriquecen tanto como el manejo civilizado de las diferencias y la salvaguarda del mutuo respeto entre personas que saben privilegiar los argumentos por encima de la cerrazón y el pasionismo.
Por eso quiero reaccionar a tu carta del jueves saludando dos primeras conclusiones a las que, creo, ya hemos arribado en el presente debate: que existen presiones internacionales bastante fuertes para que en nuestro país se apruebe una legislación a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y que el tema de la defensa del matrimonio y la familia, a contrapelo de quienes piensan que es una «pendejada», merece discutirse ampliamente y recurriendo a información confiable.
Y no es poco, Paolo, que coincidamos en estos puntos. El primero legitima las razones de cuántos en El Salvador deseamos proteger una institución social y humana de primera importancia, y el segundo nos obliga a ir más allá de la superficie en la discusión pública en torno al matrimonio, superando los clisés y las premisas falsas.
Una de esas falsas premisas se esconde en las siguientes líneas que extraigo de tu última carta: «Precisamente para proteger al matrimonio como la institución básica del tejido social, por nada conviene inventarse mandatos constitucionales que excluyen a sectores de la sociedad que sí quieren formar familias, aunque no de la forma tradicional, pero familias basadas en los mismos fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y económicos que tú, con toda razón, citas».
La verdad es que no he citado todavía esos fundamentos, pero sí me queda claro que no los conoces. La naturaleza del matrimonio –definida así desde antes que naciera el Estado o se crearan leyes– está afincada en la complementación sexual de sus miembros, porque solo esa complementariedad hace posible la regeneración humana y la formación integral de los nuevos individuos de la especie. Excluido ese factor biológico de la ecuación, el matrimonio pierde hasta su sentido etimológico, porque la raíz griega del término deriva de «matriz».
Si aceptamos tu tesis de que el matrimonio es un espacio al que podemos acceder en virtud de nuestro solo deseo, o porque en él encontraremos «seguridad económica y emocional», los bienes derivados de esa unión que nos son socialmente imprescindibles –los futuros ciudadanos, ni más ni menos– estarían sometidos a esos deseos o búsquedas personales, en lugar de estar subordinados al bien común (objetivo último de todo marco legal).
Eso, estimado amigo, atenta contra el matrimonio, no solo porque le somete a un torbellino de reinvenciones –¿es que existe algo más arbitrario que el deseo humano?–, sino porque le vacía de contenido respecto a su verdad sustancial, origen de todos sus beneficios sociales. Tú y yo entendemos lo que significa un metro porque existe un acuerdo global alrededor de los 100 centímetros que el metro implica desde su concepto. Quitá ese consenso y el metro pierde todo su sentido. Probemos lo que te digo en algo más abstracto: la democracia. Si negamos que hay valores estables que hacen posible la democracia, la defensa misma de la democracia se vuelve problemática, porque ella dependerá de lo que cada uno queramos entender por tal. Solo amplios consensos sociales en torno a las cualidades que incluye la democracia viabilizan el que tú y yo exijamos su respeto y promoción a cualquier gobierno. De lo contrario, lo que un Castro o un Chávez invente sobre el asunto tendrá el mismo valor que tuvo en su día para un Adenauer o un Mandela.
Y me permito hacerte una última precisión sobre la realidad social del país. Es obvio que el matrimonio y la familia ya no son lo que eran para muchos salvadoreños (generalmente, muy a pesar de ellos). Pero la descripción de una realidad no debe llevarnos a adaptar nuestras leyes a esa realidad, del mismo modo que no resultaría aceptable reformar nuestras leyes de tránsito solo porque hay cafres que las violan constantemente. El valor pedagógico de una ley descansa en el ideal que señala, no en su adaptabilidad a los defectos que pretende corregir.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.
Paolo Lüers, 30 de Abril 2015/EDH
Segunda Vuelta 