TSE

No es bloqueo, es la ley. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

4 junio 2018 / El Diario de Hoy

El descontento contra los partidos políticos actuales es tierra fértil para nuevos proyectos. En los últimos meses hemos presenciado los primeros pasos de planes liderados por políticos que se retiraron o fueron expulsados de sus partidos originarios, como Johnny Wright, exdiputado de ARENA, ahora líder de “Nuestro Tiempo”; Josué Alvarado excandidato del PDC, hoy con el partido “Vamos”, y Nayib Bukele, exalcalde del FMLN, actualmente con “Nuevas Ideas”.

Todas estas iniciativas llevan distintos ritmos de acuerdo con sus pretensiones. Construir un partido, con base en la legislación actual, requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Si la idea era participar en las elecciones de 2019, ya iniciando 2018 iban tarde. En las redes sociales hemos sido testigos de que iniciativas como Nuevas Ideas han creado una narrativa de “bloqueo a la voluntad de un pueblo que quiere cambio”. Todos estamos claros de que la política salvadoreña urge de aires de renovación, cambio de las viejas mañas y que las personas tienen derecho a asociarse como lo crean conveniente.

Nuevas Ideas y cualquier otro grupo de personas tienen derecho a constituir un partido político y participar en las elecciones para cargos de elección popular. Pero esta participación debe sujetarse a lo que dice la Constitución, la Ley de Partidos Políticos y la máxima autoridad en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral –TSE–; así ha sido con todos los partidos políticos que han entrado a la contienda en El Salvador en la época de la posguerra, sumando alrededor de 35 partidos políticos.

Parte del discurso de los simpatizantes de Nayib Bukele es que “el sistema se protege a sí mismo” y por eso se bloquea su iniciativa de un nuevo partido. Pues sí, el sistema republicano está diseñado para protegerse a sí mismo de personas que buscan tratos diferenciados bajo una misma ley, alterar a conveniencia su aplicación, de quienes manipulan la opinión pública y quieren hacerse ver como víctimas ante un descontento personal. Como dice el reconocido adagio jurídico, “dura es la ley, pero es la ley”.

Otra de las ideas que rondan el discurso de bloqueo de Bukele es que “en una democracia el pueblo decide y hay que dejar que lo haga”; por supuesto que hay que dejar al pueblo participar, pero debe decidir con base en las reglas del juego ya fijadas de manera previa por las leyes, sino viviríamos en una completa anarquía. Estamos claros de que nuestras instituciones podrían ser más eficientes. Pero una cosa es pedir al TSE que trabaje con celeridad y otra es volver a esta el villano de la historia de forma injustificada. La Ley de Partidos Políticos es la que establece las reglas del juego electoral, incluyendo requisitos y plazos en lo que deben actuar. Si estos se cumplen, no hay nada anormal.

Nayib Bukele y sus simpatizantes lo único que han hecho a la fecha es convertirse en voceros del discurso antipartidos. Pero no hemos visto acciones objetivas que demuestren por qué son distintos. Todos los partidos dijeron en su momento que querían cambiar al país y que el pueblo estaba de su lado; y todos han incumplido. Debe demostrar qué lo hace diferente a estos, transparentar dirigentes, fuentes de financiamiento, pensamiento político, cuáles son sus propuestas específicas para solucionar los problemas del país y en qué consisten las tan promocionadas nuevas ideas. Si no lo hace, su discurso no pasa de ser simple retórica y esbozos de un engaño.

Decir que “hay que cambiar el sistema” puede ser una idea peligrosa. El problema no es el sistema, sino quienes lo han ensuciado. La Constitución salvadoreña establece una forma de gobierno republicana, democrática y representativa, lo cual tiene como fundamento las reglas preestablecidas del juego, la garantía de los derechos fundamentales y el respeto a las instituciones. Esto no tiene por qué ser cambiado, pues lo contrario implica un régimen autoritario donde gobierna una o un grupo de personas.

Los malos de la historia no son el sistema, las ideologías, la política o los partidos, sino esas personas que la han utilizado para satisfacer intereses personales. Hay que renovar la política abriendo nuevos espacios de participación y limpiando los actuales partidos. Pero todo bajo el marco de lo que dice la Cotnstitución y las leyes. En el fondo se trata de respetar y defender la institucionalidad.

Carta a los magistrados electorales y muchos otros: No le den pretextos al remedo de redentor. De Paolo Luers

19 mayo 2018 / MAS! y El Diario de Hoy

Bukele quiere hacerse la víctima. No le hagan el favor.

Para el que pretende proyectarse como redentor (contra ‘el sistema’, ‘la corrupción’, , la ‘clase política’, ‘la partidocracia’, ‘la oligarquía’, ‘la dictadura de los medios’…) siempre sale beneficioso poderse presentar como víctima de tales poderes.

Recomiendo al Tribunal Electoral hacer horas extras para ratificar lo más antes posible las firmas que presentó Nuevas Ideas para constituirse como partido. Aprovechar al máximo el plazo que concede la ley sería un torpe abuso de poder, que Bukele puede interpretar -con cierta razón- como obstrucción.

Nadie tiene dudas que en los libros que presentaron hay más de 50 mil firmas válidas. Ratifíquenlas. Al populismo hay que vencer en las urnas, no en la burocracia.

Si la ley permite interpretarse así, dejen que haga sus primarias y se inscriba de candidato de Nuevas Ideas. ¿Qué rédito político tendrán ‘elecciones primarias’ de un movimiento que nació con un líder-candidato, mucho antes de tener cuerpo orgánico, plataforma ideológica, principios y programa político? Hasta las primarias del FMLN entre los Martínez tendrán más credibilidad democrática.

Si la ley no permite que se inscriba como candidato de Nuevas Ideas, no le pongan ninguna traba para inscribirse montado sobre uno de los partiditos. No se les ocurra cancelarlos. Dejen que Bukele se suba a estos barquitos podridos y se hunda con ellos al zarpar al movido mar electoral.

El mismo mensaje va a todos que pretenden inhabilitar la candidatura presidencial de Bukele con juicios. El juicio de la manzana ante el ‘Juzgado Especializado de Instrucción para Una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres’ es una locura. La legislación que dio vida a este tribunal no fue creada para que nadie le pueda decir ‘traidora’ a una política o funcionaria. Es para perseguir abusos serios contra las mujeres, como pasan todos diariamente. Es una farsa aplicar esta legislación al pleito entre Bukele y el FMLN dentro del Consejo Municipal. Apelar la sentencia absolutoria y revivir este caso fue otra decisión torpe del fiscal general. Es cierto que Bukele le ha faltado el respeto con su tarimazo frente a su oficina. Fue de mal gusto, pero está dentro del marco de la libertad de expresión. No trate de desquitárselo reviviendo una acusación ridícula.

A los magistrados de la Corte Suprema y su Sección de Probidad les recomiendo mucho cuidado con el caso Bukele. Si hay indicios de enriquecimiento, procedan. Pero cuidado, no le apliquen criterios que no están aplicando a otros funcionaros. Si no pagó impuestos sobre los pagos que le hizo la empresa familiar de publicidad, déjenlo en manos de Hacienda.

Queda el caso de la clonación de los periódicos. Hasta ahora, a pesar de toda la tinta derramada sobre su troll center, lejos de hacerle daño político le ha ayudado a Bukele proyectarse como hombre que desafía a los poderes facticos y mediáticos. Ya Funes aprovechó esta imagen. Siempre he pensado que estas estrategias demagógicas hay que enfrentarlas políticamente, no en las cortes. Para los medios, esto significa ser acuciosos y no dejarle pasar a Bukele y sus instrumentos de desinformación ninguna mentira. La demagogia se enfrenta con buen periodismo, no corriendo a la fiscalía.

Moraleja: Este hombre desafía a todos, a todo el sistema político, y en las elecciones del 2019 hay que vencerlo entre todos, de una vez por todas. Pero en contienda limpia, como corresponde en el sistema que queremos defender.

Saludos,

Escrutando el escrutinio. De Paolo Luers

Columna Transversal de Paolo Luers, 23 marzo 2018 / El Diario de Hoy

Fui invitado a presenciar el escrutinio final de San Vicente —por el PCN. Querían a un testigo independiente en este procedimiento, del cual dependía la tercera diputación en dicho departamento. Sabían que iba a ser muy cerrado entre su candidato Roberto Angulo y el de GANA. Contra mucha resistencia de GANA y FMLN, la coalición ARENA/PCN había conseguido una decisión del Tribunal Electoral (desde el desastre de 2015 le quité el atributo “Supremo”) de abrir todas las urnas para revisar todas las papeletas. Sabían que en las mesas de escrutinio se iban a enfrentar no solo a GANA, sino igual al FMLN. Tengo la impresión que me querían presente como testigo para presionar al Tribunal a proceder correctamente.

Acepté la invitación. Así que por cuatro días me uní al PCN y me colgué un carnet de “Supervisor” con su logo azul. Sorpresas que da la vida. Agradezco a Roberto Angulo, Memo Rodríguez y Mario Ponce la confianza que me dieron. Y la oportunidad de observar, desde adentro, cómo funciona el misterioso escrutinio final. Nunca trataron de influenciar mis comentarios públicos.

Durante los cuatro días de este escrutinio publiqué en redes sociales muchos detalles observados. No los voy a repetir, sino más bien formular las conclusiones que solo pude sacar porque pude estar metido dentro del proceso.

Primera conclusión:

Todo el mundo piensa que en estos escrutinios finales, donde todos los partidos están metidos con sus representantes de mesa, sus dirigentes y sus expertos, se negocian los votos. Yo sospechaba lo mismo. Es natural cuando algo ocurre detrás de puertas cerradas y sobre todo cuando pasan días y noches sin que se publiquen resultados. Luego de esta experiencia concluyo que no es así. Los partidos, en estos escrutinios, no negocian votos ni resultados, los pelean. Pude observar que de hecho el sistema, que está basado en la desconfianza mutua entre los partidos, funciona. Lento, tedioso, pero funciona. El Tribunal está permanentemente obligado a resolver las quejas, los reclamos y las exigencias de los partidos y se encuentra ante un permanente monitoreo de cada decisión que toma. La gente sospecha que esto funciona con chanchullos como “Te doy la alcaldía de Zacatecoluca, pero dejáme Gotera”. No es así. Vi a los partidos peleando sobre cada alcaldía y cada diputación. Esto sí, a veces haciendo alianzas, como en el caso de GANA, que recibió apoyo incondicional del FMLN —hasta en sus exigencias más irracionales.

Esta es la segunda conclusión de todas mis observaciones:

Hay una complicidad sólida entre FMLN y GANA, pero también una alianza sólida entre PCN y ARENA. Parece que la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea así va a terminar asentándose, en dos bloques: PCN y PDC con ARENA, y GANA con el FMLN. Esto puede cambiar, pero los ánimos, saliendo de estas elecciones, son así —y marcaban todo el ambiente, por cierto tenso, en el Cifco.

Mi conclusión personal:

Viendo su comportamiento en el Cifco, ni con guantes firmaría acuerdos con GANA.

Tercera conclusión:

Urge la reforma del Tribunal Electoral. Urge que la Asamblea revise toda la legislación electoral y luego componga un ente que asuma con autoridad y reglas claras su rol como Tribunal Supremo. Paralelamente hay que crear otro ente separado, encargado de la administración y ejecución de las elecciones. Así como estamos no podemos continuar en materia electoral, si queremos detener la erosión de la confianza en las elecciones.

Algunas reglas que hay que definir:

Que solo haya votos válidos (o sea validados por la JRV) y votos no válidos. En esta categoría hay que acumular los votos que hoy se separan en diferentes categorías: nulos, impugnados, abstenciones (o votos en blanco). A todos ellos hay que aplicar la norma de por ley revisarlas en el TSE en caso que su suma sea mayor que la diferencia entre partidos o coaliciones. La otra regla por establecer: en cada caso que un acta esté mal elaborada, hay que abrir la caja y revisar todas las papeletas. Reglas claras, menos pleitos, menos dudas.

Urge que las entidades electorales tengan independencia política, pero también presupuestaria. Urge que se apliquen tecnologías que permitan tener conteos y resultados ágiles y confiables. Urge repensar el concepto de la “ciudadanización” (¡qué palabra más monstruosa!) del proceso electoral. Mi conclusión: la desconfianza mutua institucionalizada entre los partidos es el mejor garante de elecciones limpias. En lo que sí hay que avanzar es en la profesionalización, empezando con los magistrados, los encargados de la logística y de los sistemas tecnológicos, hasta llegar a los secretarios de las JRV, quienes tienen que garantizar que las actas fielmente reflejen las votaciones. Mucho trabajo para la nueva Asamblea Legislativa…

Posdata:

¿Y quién ganó al final la tercera diputación de San Vicente? Nadie. Terminó el escrutinio y no hay ganador. Depende de un acta que, al validarla daría el gane a Roberto Angulo, del PCN. Pero como las papeletas de esta urna “se perdieron” para luego aparecer en un basurero, GANA solicitó al Tribunal no tomar en cuenta los 157 votos válidos reflejados en el acta 9140 de San Emigdio en Guadalupe. Los magistrados decidieron sopesar su decisión durante Semana Santa…

La Sala ha reformado la Constitución sin tener facultades constitucionales para hacerlo. De Julio Olivo


“Solo renunciaré cuando advierta que en el TSE se pretende realizar un fraude electoral”, le dice.

Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral

Julio Olivo, 18 marzo 2018 / El Diario de Hoy

Estimado Escritor y Escribidor de cartas don Paolo Luers:
He decidido gastar unas gotas de tinta, casi indelebles e imperceptibles parecidas a las que se pintó en el dedo meñique de su mano derecha, suponiendo que usted ejerció el sufragio activo en la pasada elección, ya que me parece que en su arrogancia  que no debe confundirse con ignorancia, expresa una serie de opiniones y juicios de valor que, si solo observáramos su forma, no deberían ni siquiera ser objeto de análisis jurídico, político, y mucho menos filosófico, debido a las licencias que existen en la actualidad para escribir, sobre todo desde el género epistolar que usted prefiere, hasta la narrativa y la poesía actual.

Lo que si constituye un acto cuestionable, es que se atreva a imputarme, la responsabilidad casi total, de todo lo malo y nada de lo bueno que aconteció en el proceso electoral 2018 y llegue al absurdo de conferirme poderes casi sobre naturales que no creo poseer, como el de conseguir que la mayoría de organismos internacionales y especializados en el tema electoral, como la OEA, Unión Europea, UNIORE, CELLA, AWEB, entre otros, lleguen a considerar nuestro sistema electoral como el más complejo del mundo.

En el párrafo 1, usted afirma: “tiene años de polemizar contra las sentencias de la Sala, sobre todo contra la que permitió el voto cruzado”.

Efectivamente, desde el año 2009, cuando  entraron en funciones los magistrados de la Sala de lo Constitucional, he venido sosteniendo varias tesis y principios que he defendido sin derecho a cansarme, a pesar de luchar contra los poderosos medios de comunicación y contra gente como usted que la defienden ciegamente. Y lo hago en primer lugar, porque considero que un “hombre que no tiene principios no es un hombre”. En segundo lugar porque estoy convencido que la Sala de lo Constitucional ha reformado la Constitución de la República sin tener facultades constitucionales para hacerlo y transformado el espíritu de los Acuerdos de Paz y los grandes acuerdos políticos en materia electoral; siendo esto último, muy delicado para la construcción y la consolidación de la democracia en nuestro país y que está más allá de la inclusión del voto cruzado.

En tercer lugar, porque como ya lo afirmé en mi discurso de convocatoria a elecciones que tampoco le debe  haber gustado:

“la democracia no es un juego de mesa que se realiza desde un escritorio, ya sea que lo ejecute un juez o un político…La edificación de una sociedad democrática, un verdadero estado constitucional de derecho, no se construye únicamente con buenas leyes o buenas sentencias, sino que es fruto de grandes consensos sociales, tomando en cuenta valores vertebradores como la justicia social y económica”.

En el párrafo 3, también afirma: “Después del 4 de marzo…usted se dedicó tiempo completo a presionar a los observadores internacionales y a los partidos a enfocar sus críticas al proceso electoral 2018 en un solo punto: el voto cruzado no es manejable”.

En efecto, sin tener los poderes casi sobre naturales de convencimiento que me atribuye, los representantes de las misiones de observación internacional, algunos con más de 50 misiones electorales en diferentes países del mundo…concuerdan en afirmar que en ningún país del mundo se ha complejizado el sistema electoral como en El Salvador, sobre todo, tomando en cuenta que de lo que se trata es de “facilitar el ejercicio al sufragio de los ciudadanos” y no lo contrario.

Esto al margen que comparto con usted, que debe resolverse el problema para que las minorías de ciudadanos o élites como a las que usted pertenece, o el “Club de los amigos de la Sala” para que tengan múltiples opciones de voto, pero no sacrificando ni complejizando la manera de votar para las mayorías, mucho menos con un sistema matemáticamente incorrecto, en donde se pierden votos al totalizar las fracciones de voto cruzado, por municipio, por departamento y a nivel nacional. Un sistema que aunque a usted le guste, no es el que le gusta a 190 países en el mundo y solo existe en El Salvador.

Por todo lo anterior, don Paolo, creo que solo usted y algunos de sus “amigos del club”, se atreverían a concluir que el sistema electoral de voto fraccionado o cruzado, resulta ser el más democrático de todos los países del planeta. Solo usted y sus amigos, se atreverían a cuestionar entonces la democracia y el sistema electoral de los 50 estados de EEUU y de todos los contenientes en donde no se aplica el voto cruzado fraccionado.

También usted afirma que: “un salvadoreño residente en Estados Unidos, experto en desarrollo de software, ofreció al Tribunal un sistema confiable, pero usted bloqueó esta solución para dar el paquete a Smartmatic con sus scripts erróneos”.

Parece ser que usted no mira la tele o no lee los mismos periódicos para los que escribe…en donde se han publicado diversas noticias y artículos en donde se aclara que el Presidente del TSE NO VOTÓ POR CONTRATAR a la empresa Smarmatic y expresé mis razonamientos al respecto, sobre todo porque le aposté a un esfuerzo de cooperación internacional con el gobierno de Corea del Sur en materia de tecnología y que por cierto funcionó muy bien y que fruto de ello, hoy podemos contar con 1,800 scanners donados y dispuestos a ser usados en la próxima elección.

Finalmente referirme a su fantástica solución a todos los problemas electorales en El Salvador, al afirmar en su pequeña misiva: “Si no se siente capaz de cumplir este mandato, hay una solución fácil: Renuncie y dedíquese a escribir poemas”.

Respecto a renunciar o no. Ya lo he repetido muchas veces. Solo renunciaré cuando advierta que en el TSE se pretende realizar un fraude electoral. En todo caso, usted y yo sabemos que pedirme que renuncie a trabajar por la democracia de este país, sería equivalente a pedirle a usted que “deje de escribir sus cartas”. Aunque agradezco sobre manera sus buenos deseos de sucumbir en brazos de las musas de la poesía.

Julio Olivo Granadino
Presidente del TSE

 

Vea: La carta de Paolo Luers a la cual el magistrado Olivo se refiere:
Carta al presidente del Tribunal Electoral: “Yo de Olivo no me olvido”

El TSE es supremo, falta que se lo crea. De Erika Saladaña

Siempre he pensado que el TSE no se ha creído la parte final del artículo 208 de la Constitución, que lo cataloga como “la autoridad máxima en materia electoral”; no se ha adjudicado el calificativo de “supremo”. Asumir este rol implica que tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional el TSE sabe lo que hace y ejerce liderazgo. Pero otra ha sido la historia.

erika saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saladaña, 29 enero 2018 / El Diario de Hoy

Hay instituciones que deberían creerse un poco más el rol que les toca desempeñar. Tienen asignadas funciones trascendentales para el desarrollo del país, pero van a paso de tortuga o se conforman con ser simples pasapapeles. Tenemos una Corte de Cuentas prácticamente invisible en la fiscalización de la ejecución del presupuesto general de la nación, un Tribunal de Ética dormido, y así podemos ir analizando cada institución.

La campaña política indudablemente nos hace pensar en el rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La última elección de diputados para la Asamblea Legislativa, concejos y Parlamento Centroamericano dejó a la vista la vulnerabilidad del máximo tribunal en temas electorales. Se dieron incidentes preocupantes y hasta vergonzosos, los cuales en un país civilizado obligarían a las cabezas de la institución a renunciar. Pero estamos en El Salvador.

EDH logEl conteo de votos duró alrededor de 72 días; difícil echarle totalmente la culpa al voto cruzado cuando solo el 7 % a nivel nacional hizo uso de esta forma de votación. En las Juntas Receptoras de Votos se anularon indebidamente más de 20,000 votos, lo cual quedó evidenciado con el recuento ordenado por la Sala de lo Constitucional para el departamento de San Salvador. Hubo demasiados casos de inconsistencias en las actas, se dieron lamentables desastres técnicos como la falla total del sistema de transmisión de datos y hasta la perdida de la fibra óptica.

Siempre he pensado que el TSE no se ha creído la parte final del artículo 208 de la Constitución, que lo cataloga como “la autoridad máxima en materia electoral”; no se ha adjudicado el calificativo de “supremo”. Asumir este rol implica que tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional el TSE sabe lo que hace y ejerce liderazgo. Pero otra ha sido la historia. En el proceso electoral pasado el TSE fungió como simple observador de los partidos políticos. Estos hicieron lo que quisieron el día de la elección y en el conteo de votos. Se supone que es el TSE quien tiene las reglas claras y debería ejercer el rol de árbitro imparcial, brindar apoyo técnico y estar listo para resolver los incidentes. Pero no. Fue un tribunal prácticamente de adorno.

Una labor más activa del TSE no solo se debería limitar al momento de las elecciones, sino desde el principio del proceso electoral. Pareciera que el TSE no establece ningún filtro para la inscripción de candidatos, obviando por completo que -en el caso de los diputados- estos deben cumplir con los requisitos de notoria honradez e instrucción; además, desatendiendo las prohibiciones para ser candidatos que establece el artículo 127 de la Constitución.

Un ejemplo de lo anterior: el actual Viceministro de Inversión Extranjera, José Luis Merino, se limitó a presentar un “permiso sin goce de sueldo” para ser inscrito en la lista del FMLN, a pesar que la Constitución establece que no podrán ser candidatos a diputados los viceministros de Estado. Avalar dicho permiso sin considerar el fondo de las incompatibilidades establecidas en la Constitución es una interpretación demasiado básica y sin fundamento. Primero, es exageradamente inocente pensar que el hecho de no recibir sueldo lo libera de la incompatibilidad; segundo, existe un acto deliberado de mantener el resto de prerrogativas que van con el cargo, como el fuero, teniendo en cuenta que hay senadores en Estados Unidos pidiendo que se investigue al viceministro por vínculos con el narcotráfico.

Un TSE más activo y acucioso habría dado más análisis a este tema y no conformarse con recibir un permiso sin goce de sueldo. Y como ese ejemplo quizá encontremos a personas con antecedentes penales y policiales activos, con juicios pendientes en distintas instancias jurisdiccionales, entre otras situaciones cuestionables, mientras el TSE se limita a no decir nada e inscribirlos.

Ojalá que el TSE se atreva a asumir el rol que constitucionalmente le corresponde, teniendo en cuenta que todavía falta la ejecución de dos elecciones y más de un año de camino. Ya suficiente tenemos en un país con problemas políticos, sociales y económicos, como para sumarle la desconfianza al ente encargado de supervisar el conteo de votos. Urge que el Tribunal Electoral se crea que es Supremo.

Pese a todo, habrá que votar. De Federico Hernández Aguilar

Pese a la enorme displicencia del TSE y de los partidos políticos, lo que queda es pedirle a la ciudadanía que no premie tanta mediocridad con su ausencia en las próximas elecciones. Por el contrario, hoy es cuando más sentido tiene acudir a las urnas.

IXVT_federicoFederico Hernández Aguilar, 15 noviembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Como era previsible, estamos a menos de cuatro meses de las cruciales elecciones de 2018 y todavía es incierto que las Juntas Receptoras de Votos vayan a tener el acompañamiento tecnológico indispensable para hacer su trabajo con agilidad y transparencia. Tampoco sabemos con qué herramientas contaremos para la transmisión de los resultados. De hecho, a menos que suceda algo extraordinario, los problemas que llevaron al caos de 2015 no solo estarán lejos de haberse corregido, sino que se habrán complejizado a niveles tanto o más inmanejables.

EDH logDesde finales del año pasado se pidió al TSE que apresurara los trámites para adquirir los dispositivos que, ya se sabía, iban a necesitarse en las mesas. Pero los magistrados se enfrascaron en la excusa de una donación de escáneres coreanos y se tardaron casi un año en lanzar la licitación destinada a garantizar la adecuada tecnología. A resultas de este asombroso, inexplicable y exasperante tortuguismo, todo, absolutamente todo puede pasar en marzo próximo, menos que tengamos unos comicios sin incidentes.

¿Por qué se permitió que las cosas llegaran a este deplorable estado? ¿Qué razones hubo detrás de la increíble pasividad de los principales partidos de oposición, que dejaron al TSE obrar a su antojo? Aparte de FUSADES, la Cámara de Comercio, Aliados por la Democracia y DECIDE, ¿quiénes más debieron ser enérgicos en la denuncia de todas las anomalías que se han venido registrando de cara a las elecciones que vienen?

Demasiadas preguntas que nadie querrá contestar en estos momentos, pero a las que irremediablemente habrá que volver el 5 de marzo de 2018, cuando los medios de comunicación empiecen a dar cuenta de lo ocurrido en la jornada electoral del día anterior. Porque lo previsible hoy es que el proceso de conteo de votos tendrá complicaciones innecesarias, un porcentaje respetable de Juntas Receptoras no podrá lidiar con las operaciones aritméticas y el TSE se verá imposibilitado de ofrecer resultados confiables en las horas siguientes al cierre de los centros de votación.

Todo lo anterior, claro está, pudo haberse evitado. Incluso si por un giro milagroso llegáramos a tener dispositivos en cada mesa receptora y la transmisión de resultados fuera impecable, seguiría siendo poco justificable el hecho que compañías coreanas resultaran favorecidas con una porción del “pastel” electoral sin haberse sometido a licitación, o que ofertas tecnológicas modernas —que nos hubieran ahorrado el uso de escáneres o la “maquila” de datos en el CNPRE— no se tomaran en cuenta para preparar unas elecciones tan complejas. La cojera, pues, con la que nos dirigimos a marzo de 2018 no va a desaparecer, y luego del evento habrá que hacer una investigación exhaustiva de todo lo ocurrido.

Pese a la enorme displicencia del TSE y de los partidos políticos, lo que queda es pedirle a la ciudadanía que no premie tanta mediocridad con su ausencia en las próximas elecciones. Por el contrario, hoy es cuando más sentido tiene acudir a las urnas, porque únicamente los votantes que cumplen con su deber pueden luego exigir a las autoridades que respeten y hagan valer su decisión soberana.

Decía Adolfo Suárez que ninguna elección resuelve por sí misma problema alguno, pero constituye el paso previo y necesario para que las soluciones aparezcan. Quienes renuncian a ejercer el sufragio no quedan excluidos, por supuesto, de ejercer la demanda de buen gobierno que cualquier ciudadano hace a toda autoridad constituida; el dilema es que el peso moral de esa demanda ya ha sido puesto en manos de otros.

Encogerse de hombros ante la decisión de consolidar su papel protagónico en una democracia ha sido, es y será siempre un pésimo negocio para los pueblos. Ni los malos liderazgos políticos ni los comportamientos sospechosos de los funcionarios electorales disculpan a nadie de su responsabilidad histórica. Votar es el mejor punto de partida con que cuenta el ciudadano para hacer valer sus derechos. La indiferencia solo produce gobiernos frívolos o despóticos.

¿La vergüenza del mundo? De Luis Mario Rodríguez

El compromiso del TSE para el 2018 es enorme. No se consumará con declaraciones que ahuyentan a los aliados y generan anticuerpos. A los responsables de administrar el proceso les corresponde tejer acuerdos y buscar la asistencia técnica necesaria para asegurar el respeto de la voluntad popular. Insistir en culpar a otra instancia es buscar un refugio para la propia ineficacia.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 14 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

El titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) insiste en criticar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ahora agregó a su discurso que “somos la vergüenza del mundo por el sistema de votación que tenemos”. Además, aunque el comentario no tiene ninguna relación con su labor al frente de la máxima autoridad electoral, dijo que “le agrada más cantar el Himno Nacional con la mano izquierda que con la derecha”.

EDH logLa censura del magistrado presidente a las sentencias de la Sala no le eximirá, ni a él ni a sus colegas del Tribunal, de la responsabilidad que podría derivar de un nuevo fracaso en la organización del proceso electoral, como ocurrió en 2015. Ni la resolución que abrió las listas y estableció la posibilidad para que el elector cruce su voto, ni la que ordenó integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) con personas no afiliadas a los partidos políticos, ni mucho menos la que ha condicionado la entrega de la deuda política y la inscripción de los candidatos a que los institutos políticos revelen la identidad de los donantes que financiaron las campañas de 2014 y 2015, representan un obstáculo para el buen desarrollo del próximo evento electoral.

Ciertamente las listas abiertas y la posibilidad de elegir candidatos a diputados de distintos partidos dificultan el conteo de los votos y de las marcas. Sin embargo, con una adecuada tecnología que transmita y procese correctamente los resultados no tendrían que presentarse mayores inconvenientes. En el 2012 la empresa que brindó los servicios tecnológicos lo hizo de manera profesional y sin contratiempos. En esa ocasión el cálculo era más sencillo porque únicamente elegíamos candidatos de un solo partido; sin embargo, el software puede adaptarse para sumar los votos enteros y los fraccionados ahora que el sistema cambió. También influirá la oportuna capacitación de los miembros de las JRV para que no se repita el problema de las inconsistencias en las actas que provocó el recuento de los votos en la circunscripción de San Salvador.

Respecto de la integración de las JRV, si bien ahora la responsabilidad recae sobre el TSE, la tarea se simplifica con las alianzas que éste puede pactar con universidades y organizaciones de la sociedad civil que contribuyan complementando con voluntarios las listas que los partidos están obligados a remitirles. Por supuesto que esta faena pasa por suscribir convenios con los centros de educación superior para concederles horas sociales a los universitarios y además capacitarles y entregarles los instructivos que expliquen con detalle los pasos a seguir para desempeñar su labor como parte de las JRV. El aula virtual donada por el PNUD complementará este trabajo que se debe sumar a la obligatoria instrucción presencial a nivel nacional.

En cuanto al control del financiamiento político y el seguimiento del fallo que mandó publicar los nombres de los patrocinadores de las campañas, se trata de un veredicto que le permitirá al país prevenir situaciones como la ocurrida en Guatemala, en donde se cancelaron dos partidos por violentar las normas que los obligan a llevar contabilidad formal y a informar sobre el dinero recibido además que varios de sus líderes están procesados judicialmente, incluida la fallida querella en contra del presidente Jimmy Morales.

El compromiso del TSE para el 2018 es enorme. No se consumará con declaraciones que ahuyentan a los aliados y generan anticuerpos. A los responsables de administrar el proceso les corresponde tejer acuerdos y buscar la asistencia técnica necesaria para asegurar el respeto de la voluntad popular. Insistir en culpar a otra instancia es buscar un refugio para la propia ineficacia.

Una buena tecnología, la pertinente y puntual capacitación, una amplia y clara campaña de educación cívica que explique por qué es importante votar, elegir y exigir y además que recuerde las formas de votar, una sólida y firme actuación de los fiscales electorales, una observación electoral nacional e internacional, antes, durante y después de los comicios, la pronta y cumplida administración de justicia electoral, además de la madurez política de los contendientes para aceptar los resultados, son algunas de las claves para lograr que las elecciones sean transparentes, equitativas y libres.

El “default” electoral… De Luis Mario Rodríguez

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular.

Luis Mario Rodríguez, 27 abril 2017 / EDH

Ecuador nos mostró un nuevo antecedente en el que las urnas presentaron una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo lugares. Lo mismo sucedió en México en 2006, en El Salvador en 2014 y en Perú en 2016, para citar solo algunos casos en la última década. Cuando un candidato gana la elección con menos de un punto porcentual de distancia de su más cercano competidor se encienden las alarmas en el partido perdedor, en la sociedad civil y en los observadores electorales nacionales e internacionales. Los factores que contribuyen a resolver un panorama de este tipo se concentran en la credibilidad de la autoridad electoral, en los mecanismos legales que permitan la impugnación de los resultados y en la atención que se brinde a los aspectos que se identificaron como deficitarios en anteriores comicios.

Un árbitro electoral cuestionado por su falta de imparcialidad, ya sea porque algunos de los magistrados que lo integran mantienen públicamente afinidades partidarias o por la negligencia de la entidad en la organización de la competencia electoral, complica la solución de eventuales crisis políticas. México logró superar la dificultad que le generó el alejamiento de los presidenciables del PAN y del PRD, Felipe Calderón y Manuel Andrés López Obrador, respectivamente, con apenas 250,000 sufragios que corresponden a 0.56 % de los 41 millones que votaron, porque cuenta con un sistema desconcentrado en el que una institución organiza las elecciones y otra califica la validez de los datos finales.

En los casos de Perú y Ecuador fueron la solidez de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente, las que evitaron una rebelión de los militantes y simpatizantes de una y otra fuerza política. De 1995 a 2016 la ONPE organizó 78 procesos electorales. Al igual que México, en Perú existe un organismo autónomo que administra justicia electoral: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Por otra parte, la intervención de la Misión de Observación Electoral de la OEA garantizó, en el caso ecuatoriano, la legalidad del proceso. Tratándose de una “pelea” del oficialismo, liderado por Lenin Moreno, con el empresario Guillermo Lasso, del movimiento político Creando Oportunidades, la OEA desempeñó un papel de primer orden debido a los prejuicios originados por la afinidad de Rafael Correa con la corriente del Socialismo del Siglo XXI y la ansiedad de la oposición por terminar con un régimen que ha violentado, durante años, la libertad de expresión en Ecuador.

La elección de 2014 en El Salvador se definió por escasamente 0.20 %, equivalente a 6,364 votos a favor del actual mandatario, Salvador Sánchez Cerén, y en contra del entonces aspirante presidencial por el principal partido de oposición, Norman Quijano. Este último impugnó el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante esa instancia y en la Sala de lo Constitucional (SCN) de la Corte Suprema de Justicia y solicitó la repetición del escrutinio a nivel nacional. Ninguna de las dos instituciones le dio la razón. En las elecciones legislativas de 2015, la SCN ordenó el recuento de votos en la circunscripción electoral de San Salvador debido a las inconsistencias detectadas en muchas de las actas. Al final el cómputo arrojó más de 20,000 votos que no habían sido contabilizados.

La combinación entre resultados ajustados y una mala organización de las elecciones legislativas podría provocar un “default electoral” en 2018. Aunque el término es metafórico, supone una pérdida total de la confianza de los ciudadanos en el trabajo del TSE y un “levantamiento” ciudadano por el irrespeto de la voluntad popular. Extrañamente los partidos políticos y, al interior de éstos, los diputados que han mostrado un destacado desempeño en su labor como legisladores además de otros con una amplia experiencia en materia electoral, no han exigido públicamente y de manera reiterada el financiamiento necesario para la disputa electoral, la contratación de tecnología y las reformas electorales que permitan corregir errores en el cálculo de votos y marcas.

También deben impedirse las campañas adelantadas, el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial y el financiamiento ilícito, agilizarse la integración y capacitación de los miembros de las JRV, y vigilar el resultado de las elecciones internas de los partidos.

A casi un año de las elecciones de 2018… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 9 febrero 2017 / EDH

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los diputados se les termina el tiempo para sugerir y aprobar, respectivamente, reformas a la Ley de Partidos Políticos (LPP) y al Código Electoral (CE). En mayo de 2016 la Asamblea Legislativa prohibió modificar las reglas de los comicios un año antes de su celebración. Las próximas elecciones legislativas y municipales están programadas para el domingo 4 de marzo de 2018. Esto significa que apenas son cuatro sesiones plenarias las que restan antes de iniciar la “veda electoral”.

diario hoyLa práctica internacional sugiere este tipo de restricciones para evitar cambios en la legislación que podrían representar obstáculos o ventajas para algunos de los participantes en la contienda electoral. Por supuesto que esta limitación no aplicará si, durante los doce meses antes del evento, la Sala de lo Constitucional pronuncia una resolución cuyo mandato necesariamente deba incorporarse al ordenamiento jurídico.  Lo ideal es que los otros Órganos de Estado respeten, de manera voluntaria, el período en el que las condiciones de la competencia se mantendrán inalterables como garantía para quienes disputan el poder político.

Para controlar el financiamiento político es necesario cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordenó publicar la lista de donantes, los montos recibidos y, en general, el uso y destino que se hizo de los fondos públicos y privados recibidos. La LPP mantiene el texto de las disposiciones que exigen el consentimiento de quienes aportaron a las campañas para revelar su identidad. Igualmente se requiere la ampliación de las facultades del TSE para que auditen la información y no se limiten únicamente a obtener los estados financieros y a verificar el cumplimiento de formalidades contables. El control de los candidatos y precandidatos partidarios como sujetos obligados a dar cuenta del dinero que perciben durante las campañas es una recomendación adicional.

Por otra parte, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de elección en los partidos políticos, es indispensable regular, legislativamente, la facultad de la militancia de comprobar, con anticipación al día en el que se celebrará la elección interna de candidatos a cargos de elección popular o a puestos de dirección, que se encuentran inscritos en el padrón electoral del respectivo partido. También debe quedar claro que las formas de votar en un proceso de esta clase no admite los mecanismos de “mano alzada” ni el de “aclamación popular” y que el único método aceptado es el que promueve el voto libre, directo, igualitario y secreto.

Uno de los aspectos más importantes es el establecimiento de un marco normativo que faculte al TSE para adoptar las medidas que aseguren un conteo y procesamiento rápido, eficaz y seguro de los votos en las Juntas Receptoras. Los medios tecnológicos empleados en 2015 no permitieron la correcta  transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares y las inconsistencias en las actas complicaron el conteo de votos y marcas. En tal sentido, el debate sobre el tipo de escrutinios que regularía el Código Electoral es fundamental. Dado el retraso en la aprobación del presupuesto presentado por el TSE y debido al inexplicable rechazo por parte de la Asamblea legislativa y el Ministerio de Hacienda  del monto solicitado, debe tenerse una opción en caso la autoridad electoral no cuente con el dinero suficiente para contratar la tecnología requerida. Puede pensarse, como ya lo han expresado algunos magistrados del organismo electoral, en un conteo de votos enteros en la JRV, mientras que el escrutinio de los votos fraccionados y el de las marcas por los diferentes candidatos a diputados sea por cuenta del TSE, con el uso de un avanzado sistema informático. Esta alternativa requeriría de una adecuación legal en el CE.

Finalmente es obligatorio resolver la manera en la que se integrarán los Organismos Electorales Temporales, revisar el plazo que tendrá el TSE para realizar un sorteo en la circunscripción que corresponda para elegir a los miembros de las JRV si los partidos no envíen las respectivas listas, y las inhabilidades de aquellas personas que tengan una relación formal con los institutos políticos.

El tiempo corre, la incertidumbre crece y la exigencia de elecciones transparentes, equitativas y competidas se mantiene.

Los “huecos” de las elecciones de 2015… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 23 junio 2016 / EDH

Por lo general los ciudadanos se desentienden de las elecciones cuando han depositado su voto en las urnas. Su interés resurge al momento del cierre de los centros de votación, justo al iniciar el respectivo conteo y una vez la autoridad responsable anuncia los resultados preliminares. Si ninguno de los partidos en contienda rechaza el desenlace de la competencia, la población se despreocupa de las siguientes etapas del proceso y la auditoría social, hasta culminar con el escrutinio definitivo, es prácticamente inexistente. Entre una elección y otra, los votantes se olvidan del sistema electoral y no le dan seguimiento a las fallas y “huecos” de los comicios anteriores.

diario hoyEs muy difícil generar curiosidad en la gente sobre la importancia de las reformas electorales. Debe ocurrir una circunstancia muy anormal para captar el interés del público en la revisión de la respectiva legislación. En el siglo pasado los fraudes en las elecciones lograron este cometido al extremo de constituir una de las causas por las que se libró el conflicto armado en los ochenta. No era posible acceder al poder político por este medio y parte de las organizaciones sociales decidieron alcanzarlo a través de la lucha armada.

Debido a esas circunstancias, la paz nos trajo nuevas reglas electorales, un renovado administrador de las elecciones y la consolidación de un sistema de partidos en el que predominan, veinticuatro años después, dos fuerzas políticas mayoritarias y por lo menos tres partidos minoritarios. Hasta 2015 los problemas se venían concentrando en una pésima aplicación de la justicia electoral. Sin embargo ese año, al pobre desempeño del TSE en dicha área, se agregó una muy mala gerencia de ciertas etapas de la competencia electoral.

Fallaron la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), el conteo de votos de los partidos y de marcas de los candidatos, el escrutinio preliminar, el sistema de transmisión y procesamiento de resultados y el escrutinio definitivo. Los responsables de las mesas rellenaron las actas de manera equivocada generando graves inconsistencias, la legislación presentó vacíos para resolver este tipo de situaciones y el TSE erró al contratar una veintena de empresas que no contaban con una experiencia comprobada en materia de tecnología electoral.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia intervino ordenando la apertura de las urnas en el departamento de San Salvador y mandó el recuento de los votos en esa circunscripción. Se descubrió que más de veinte mil votos no fueron contabilizados. Si bien no varió la distribución de los diputados ni la asignación de los escaños, el precedente fue muy negativo y la desconfianza entre los partidos, que suele ser bastante alta, se elevó a niveles en extremo preocupantes.

Tampoco se aplicó la sentencia que ordenaba fiscalizar el financiamiento de los partidos y revelar el nombre de los donantes y los montos que estos aportaron a las campañas. Asimismo faltó la reglamentación legislativa para desarrollar el empleo de las listas abiertas y el cálculo de los “votos cruzados”. El TSE asumió esa responsabilidad. Buena parte de los problemas en el llenado de las actas se debió a la floja y tardía preparación de los miembros de las JRV, a la falta de “instrucción notoria” de algunos de sus integrantes y al cansancio de todos ellos, debido a que cumplieron esa función de manera manual sin uso de sistemas tecnológicos adecuados.

En 2018, además de los comicios legislativos y municipales, los partidos deben celebrar elecciones internas para elegir candidatos a diputados y alcaldes. Además están obligados a integrar los Organismos Electorales Temporales con ciudadanos, que de acuerdo a la sentencia de la Sala, no deben tener vínculo alguno con los partidos políticos. Este último aspecto requiere un amplio debate para discernir si en realidad lo práctico es incorporar algunas inhabilidades para ciertos militantes como lo regula la mayoría de países en América Latina.

La propuesta de reformas al Código Electoral y a la Ley de Partidos presentada esta semana por Aliados por la Democracia y FUSADES busca, entre otros objetivos, resolver los inconvenientes del proceso electoral de 2015. Puede consultarla en el sitio http://fusades.org/node/7179 .