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Buenos consejo a Carlos Calleja. De José Miguel Fortín, Guillermo Miranda Cuestas, Carlos Ponce

Al oído de Carlos Calleja. De José Miguel Fortín Magaña

26 abril 2018 / La Prensa Gráfica

Hoy recuerdo nuevamente aquella lectura sobre los generales victoriosos entrando en Roma, conduciendo una cuadriga, mientras un sirviente sostenía ante sus cabezas una corona de laureles, al paso de la multitud que los alababa, en tanto ese mismo esclavo les susurraba que no debían olvidar que eran mortales. Esa costumbre no solo era sabia, sino necesaria. Ojalá que hoy, los políticos triunfantes tuvieran la suerte de contar con un verdadero amigo que les advierta sobre los peligros del Poder, dado que sin duda contarán siempre con innumerable cantidad de aduladores.

Escribo al oído de Carlos Calleja en estas páginas, porque probablemente nunca lo haré personalmente, debido a mi desinterés por el halago; y porque, desafortunadamente estoy seguro, ya ha sido cuasi secuestrado por una inmensa pléyade de serviles aduladores que solo le dirán lo lindo, bueno y eficiente que resultarán todas sus acciones, desde aquí, hasta 2019.

Mire, Carlos, nos guste o no, usted deberá enfrentar a los verdaderos enemigos de la democracia solo. Si gana, por cinco años se rodeará de miles de falsas amistades que le endulzarán el oído y se reirán de cuanto chiste haga; para después, cuando pase su período, olvidarse de su existencia. Si pierde, verá ese silencio mucho más pronto de lo que cree; y en menos de un año, los que hoy lo vitorean, lo habrán abandonado.

A partir de este momento, su nombre se ha vuelto público y sus enemigos, los verdaderos, buscarán hasta debajo de las piedras para atacar su imagen, para ridiculizarlo y para encontrar flaquezas donde las haya.

Ahora que la contienda interna ha terminado, permítame (hablando con la franqueza que me caracteriza) decirle que usted me pareció una persona sincera hace ya varios meses cuando hablamos; y que esa opinión no ha cambiado; pero que creía y todavía lo hago, que se equivoca al no querer confrontar aun cuando dos ideas esenciales se yuxtapongan, como por ejemplo cuando la creencia en la libertad y en la República se oponen a la opresión y a la tiranía. Ahí no hay consenso que valga y debe uno estar dispuesto a defender la patria hasta con la vida. Supongo que por eso es que el himno de su partido reza que “libertad se escribe con sangre” (aun cuando esa frase sea incomprensible para el saliente alcalde de San Salvador) y por ello, porque el candidato de ARENA tendrá necesariamente que debatir sus ideas contra los postulantes de otros institutos políticos y particularmente y en su oportunidad contra el señor Bukele, es que lo invité a conversar; pero según entiendo, usted (o alguien cercano a su persona) lo interpretó como un acto de hostilidad por mi parte, lo que siento mucho. Hoy temo por quienes han empezado a rodearlo. ¡Huya de la lisonja y de la zalamería!; se equivoca si considera que quienes lo adulan son siempre sus amigos, o si cree que quienes hacen crítica constructiva son siempre sus enemigos. Si permite un último consejo de alguien que nada busca, sino ver la luz, como Diógenes; rodéese de un equipo capaz y técnico; pero ante todo, que esas personas sean gente recta y honesta, que adoren a Dios, veneren la Patria y sirvan al Pueblo.

Aunque yo no esté de acuerdo con usted en muchas cosas, le deseo lo mejor.

La encrucijada de Carlos Calleja. De Guillermo Miranda Cuestas

27 abril 2018 / El Diario de Hoy

Los proyectos políticos, como la vida cotidiana, están llenos de encrucijadas. Al final de las elecciones, no faltan los analistas que crean narrativas sobre cómo ocurrió cierto resultado a partir de las decisiones acertadas y desacertadas de cada candidato. Esta serie de columnas busca anticiparse a ese cómodo análisis retrospectivo e identificar, a medida aparecen los candidatos a presidir el Estado salvadoreño, sus encrucijadas. Y el primero de la lista es Carlos Calleja.

Parado en la usual tarima de la sede de ARENA, revestida de los tres colores abanderados desde 1981, Carlos Calleja es proclamado como la apuesta de su partido a competir por la Presidencia de la República. Hay dos premisas que parecen ser ignoradas en la tarima tricolor. Primero, cientos de miles de salvadoreños están desencantados con esos y otros colores. Segundo, los hijos de los cincuentones y sesentones —aquellos nacidos o crecidos después del conflicto— no están desencantados necesariamente; muchos, nunca fueron siquiera encantados.

En el discurso, pareciera que Carlos Calleja admite estas premisas y fue estratégico al no plegarse a las líneas duras de negar pertinencia al diálogo y a la reconciliación. También en el discurso, Carlos Calleja plantea una “nueva era de acuerdos”, de cara a una nueva fase de la sociedad global —la economía del conocimiento— y en un país en el que las instituciones políticas han sido incapaces de consensuar, construir e implementar verdaderas apuestas al largo plazo.

Pero las frases de buenas intenciones y la mera retórica tienen un límite en el tiempo. El discurso de cambio será creíble en la medida en que se observen acciones concretas en al menos tres direcciones: un equipo de plan de gobierno de profesionales honestos, competentes y actualizados en el debate internacional alrededor del desarrollo y las políticas públicas; una coalición de movimientos sociales y partidos políticos que potencie la inclusión y la diversidad de pensamiento y además confirme su capacidad de construir acuerdos; y un liderazgo audaz y democrático en la agenda legislativa.

Los últimos dos puntos son los más complejos. El referente chileno es sumamente valioso para comprender que sí es posible trazar una agenda común entre conservadores y liberales. La ecuánime alianza de tres partidos —uno conservador que abandera el progreso económico, otro social cristiano que subraya políticas sociales de fondo y otro liberal que defiende minorías excluidas— ha definido la libertad, la justicia y la inclusión como principios centrales que ahora sigue el gobierno de Piñera. Con ello se ha diversificado la oferta política a distintos segmentos poblacionales y generacionales y al mismo tiempo se ha renovado el sistema de partidos en Chile.

Respecto a la Asamblea Legislativa, el panorama es muy desafiante. La sola elección de presidente del Órgano Legislativo ya expuso a funcionarios que tienen en su currículum los vicios de la ARENA anclada en prácticas inaceptables. Fue Norman Quijano quien votó por una Corte de Cuentas subordinada al PCN. Fue Margarita Escobar quien votó por un decreto en 2011 con el objetivo de paralizar a la Sala de lo Constitucional. Ambos se disputan ahora una silla que, dado el funcionamiento de la innecesariamente amplia junta directiva, tiene más sentido de privilegio que de servicio. Si bien el candidato no tiene responsabilidad en el ámbito legislativo, la credibilidad de una nueva forma de hacer política empieza en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. Bajo esta lógica, la fracción legislativa de ARENA puede ser su principal aliada o su principal contrincante. Ahí podrá confirmarse si existe o no esa “nueva ARENA” que Carlos Calleja mencionó en su discurso de proclamación.

De la idoneidad de su equipo de trabajo, de la construcción o no de una coalición incluyente y de la capacidad de provocar una agenda legislativa al servicio del país, en decisiones vitales como la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional o de fiscal general, se entenderá si Carlos Calleja está proponiendo a los salvadoreños el regreso de ARENA al poder —la ARENA que gobernó por 20 años— o el ingreso de algo realmente distinto. Ahí su encrucijada.

@guillermo_mc_

La corrupción en la carrera por la presidencia. De Carlos Ponce

27 abril 2018 /El Diario de Hoy

Las elecciones internas para elegir candidato presidencial finalizaron el fin de semana pasado en ARENA. Los afiliados eligieron a Carlos Calleja, el más joven de los tres que participaron en el proceso. Al igual que los otros dos contendientes, Javier Simán y Gustavo López, Calleja no nunca ha trabajado en el sector público y, por lo tanto, no tiene se tiene que preocupar del efecto que esto tendría sobre la credibilidad de su discurso. Sin embargo, se ha rodeado de gente que si puede debilitar sus planteamientos. Entre quienes apoyan visible y abiertamente a Calleja hay personajes vinculados al pasado político que aborrecen los salvadoreños. Esto, sin duda, choca con la “Nueva Visión” propuesta por Calleja y con su postura de cero-tolerancia a la corrupción.

La corrupción será un tema clave para las próximas elecciones. La posición de los candidatos en relación con este problema tiene el potencial de ganarles o restarles muchos adeptos. Distintos instrumentos de medición indican que la ciudadanía percibe que la corrupción se ha agudizado. La gente no cree en los funcionarios públicos y, en general, en los políticos. Peor aún, los salvadoreños asocian la corrupción con la incapacidad de los funcionarios y, en consecuencia, con su poco interés de resolver los principales problemas que afectan diariamente a la gran mayoría, como la inseguridad.

Retomando dos de los términos utilizados frecuentemente por el joven empresario, Calleja aún está a tiempo para desechar el “círculo vicioso” del que se ha rodeado y cambiarlo por un “círculo virtuoso” de personas que valgan la pena. Solo así podrá prevenir que se contamine su discurso anticorrupción y pierda fuerza su “Nueva Visión” de país. Necesita buscar mujeres y hombres íntegros, honestos y capaces, para sustituir a los que solo debilitarán sus planteamientos. Si no lo hace, no logrará convencer a los que aún no le compran su discurso.

Aun así, Calleja tiene ventaja sobre los precandidatos que han salido a desfilar en el partido oficialista. A él no lo persigue la oscura sombra de haber sido un funcionario público. En cambio, Gerson Martínez y Hugo Martínez, las posibles cartas del FMLN, sí tienen ese problema. Ambos han sido parte de dos de los gobiernos más corruptos de la historia de El Salvador. Nunca abrieron la boca para criticar o denunciar a las redes de corrupción que carcomen el aparato estatal. Eso los hace cómplices o, cuando menos, plantea serias dudas sobre cualquier postura que adopten en su campaña en contra de la corrupción o las viejas prácticas políticas.

A Nayib Bukele también lo persigue el mismo fantasma. No fue hasta hace poco cuando empezó a hablar sobre corrupción y trinquetes políticos en el FMLN. Guardó silencio por demasiado tiempo. Esto no quiere decir que cualquiera de los Martínez o Bukele no puedan revertir su actual posición; lo pueden hacer, solo que les costará más tiempo y esfuerzo.

Muchos pueden tildarme de optimista al pensar que los candidatos no se van a dejar ir así como están y harán los cambios que vayan en contra de la corriente. No obstante, prefiero ser optimista y exigente. Estoy seguro de que la mayoría está de acuerdo con demandar más de los candidatos, exigirles que vayan más allá de las palabras bonitas y que acompañen sus discursos con acciones que demuestren su compromiso con desarticular las redes de corrupción en El Salvador y cambiar la forma de hacer política. Este es el reto que los salvadoreños debemos plantearles a los candidatos.

@_carlos_ponce

 

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A propósito de las medidas “excepcionales”. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 4 abril 2018 / El Diario de Hoy

Uno de los temas centrales para esta semana es la ampliación de las medidas “excepcionales”. La semana pasada argumenté, en esta columna, que los diputados de oposición no deben dar un cheque en blanco al oficialismo como lo han hecho durante los últimos dos años. Hacerlo contribuiría a que el aparato de seguridad se continúe acomodando a trabajar fuera del marco legal regular, haciendo uso del elevado nivel de discreción y poder que le otorgan las medidas, sin adquirir compromisos que garanticen su transitoriedad, la evaluación de su impacto, la fiscalización de su ejecución y la planificación e implementación de proyectos orientados a solventar las deficiencias que justificaron su aprobación inicial.

He escuchado a funcionarios de seguridad dar declaraciones irresponsables a los medios de comunicación, en las que tratan de descargar su responsabilidad de garantizar la seguridad de los salvadoreños en los diputados que se nieguen a prorrogar la vigencia de las medidas “excepcionales”. El discurso utilizado por los burócratas ha sido similar. Todos han pintado una imagen casi caricaturesca de peligrosos criminales que se frotan las manos en sus oscuras celdas, esperando que no exista una ampliación para hacer de las suyas. Esencialmente, intentan crear una narrativa en la que cualquier persona que cuestione la prórroga de las medidas se convierta en aquella que dejó la puerta del gallinero abierto para que lobo se diera gusto. Esto es inaceptable y los diputados de oposición no deben prestarse a este chantaje. Los responsables de cualquier cosa que suceda por quitar las medidas son los funcionarios que no aprovecharon los últimos dos años para prepararse para este este momento.

Escuché al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl Antonio López, ofrecer a los diputados que cuestionan la ampliación de las medidas, una visita a los centros penitenciarios, como muestra del impacto que éstas presuntamente han tenido. Este gesto ilustra perfectamente uno de los principales problemas de los que adolecen las políticas públicas salvadoreñas: carecen de un componente robusto de fiscalización y evaluación técnica y objetiva. Entender la necesidad de incluir un componente de evaluación a cualquier proyecto, marcó un punto de inflexión en el progreso de las naciones más desarrolladas. El impacto de un proyecto no se determina con visitas de cinco minutos. La medición y evaluación de impacto requiere de una serie de indicadores previamente seleccionados para recolectar información que permita aplicar métodos cuantitativos y/o cualitativos para llegar a conclusiones técnicas.

Otros funcionarios oficialistas han hecho comentarios similares a los de López. Siempre que se les cuestiona sobre cuáles son los parámetros para medir la efectividad de las medidas “excepcionales”, ofrecen respuestas ambiguas e invitaciones a visitar recintos u oficinas. Es evidente que no se pensó (o no se quiso pensar) en eso. Nadie tiene idea de qué impacto han tenido estas medidas. Los homicidios han continuado, las pandillas han incrementado su control e influencia en las calles, las extorsiones no cesan y así se puede continuar con la lista de problemas de seguridad que permiten cuestionar los resultados de las medidas y plantear la necesidad de contar con un componente de evaluación y fiscalización robusto.

Este debería ser uno de los temas en los que los diputados de oposición se tienen que enfocar. Antes de ampliar cualquier medida temporal o financiamiento deben de crear un mecanismo de fiscalización y evaluación que permita determinar su impacto y amarre a las instituciones públicas que se benefician a compromisos concretos. Así la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer, por ejemplo, si el millonario impuesto a las comunicaciones ha sido invertido en cosas que han tenido un impacto o si el acompañamiento de la Fuerza Armada hace una diferencia significativa en el terreno. Antes de aprobar cualquier otra cosa, los diputados deben de crear un ente que tenga estas facultades y capacidades. Estoy seguro que el sector académico estará presto a colaborar.

El nuevo diputado que necesita El Salvador. De Carlos Ponce

Carlos Ponce, 28 marzo 2018 / El Diario de Hoy

El debate sobre la renovación de las medidas “excepcionales” marcó las vísperas del inicio de las vacaciones. La discusión permanecerá guardada hasta que finalicé la Semana Santa. Considerando que la mayoría de los diputados del principal partido de oposición, ARENA, fueron reelegidos y, en consecuencia, constituirán el grueso de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa durante el nuevo período, su postura en este tema tiene el potencial de definir el rumbo y enfoque del primer órgano del Estado para el próximo año.

Los voceros y funcionarios del oficialismo, como era de esperarse, aparecieron en los medios de comunicación solicitando y justificando la ampliación de la vigencia de las medidas. Los diputados de oposición, por primera vez, no se mostraron del todo dispuestos a aprobar su prolongación. No obstante, su postura fue un tanto ambigua, ya que insinuaron que valía la pena que algunas de las medidas se mantuvieran. Dejaron abierta la posibilidad de realizar una ampliación selectiva.

Después de años de vivir subordinados a las pandillas, los salvadoreños favorecen cualquier abordaje que se proyecte como una solución drástica que provea a las autoridades de una mayor capacidad para controlar y castigar a dichos grupos. Esta actitud es completamente comprensible, pero peligrosa. Sucumbir ante este instinto natural, sin evaluar las consecuencias de las acciones adoptadas, puede agravar el problema en lugar de solucionarlo. Igual que las personas que se ven tentadas a tomar medicina para quitarse el dolor de un apéndice inflamada, en lugar de ir donde un médico a que determine cuál es el problema y lo trate correctamente, la desesperación de la ciudadanía puede llevarla a favorecer medidas que en apariencia erradiquen la inseguridad, pero que en realidad la escondan y contribuyan a que se agudice.

Lastimosamente, esto es lo que ha pasado. Las autoridades de turno venden estrategias cuestionables como soluciones extremas para atender la crisis en seguridad, prometiendo que su vigencia será temporal y que durarán solo hasta se logre controlar la situación. El detalle es que no resuelven el problema, ni siquiera lo debilitan. Además, al otorgar más autoridad y poder al Estado, lo hacen cómodo y, en lugar de buscar las formas de fortalecerse y formular soluciones inteligentes bajo su esquema de funcionamiento regular, solicite permanentemente la ampliación de la vigencia de lo que en un inicio se vendió como temporal.

Así es como, por ejemplo, la Fuerza Armada tiene años de desarrollar tareas de seguridad pública. Las consecuencias de esto son claras. Esta semana, por ejemplo, el periodista Carlos Monterroza entrevistó a David Victoriano Munguía Payés, ministro de Defensa, y su jefe de Estado Mayor, y las respuestas de ambos funcionarios dejaron en evidencia el peligroso desconocimiento que tienen en relación con temas operativos vinculados a la seguridad pública y a la investigación y persecución del delito. El impacto de esta ignorancia en el terreno, y los problemas que genera en términos de eficacia y eficiencia, son desastrosos. Sin embargo, la ampliación del apoyo castrense en tareas de seguridad sigue y continúa vendiéndose como una medida extrema para controlar los altos índices criminales.

Los diputados de oposición, en lugar de propiciar el estancamiento del aparato de seguridad con la aprobación ciega de medidas “excepcionales”, deben adoptar un rol más exigente. Resulta impopular cuestionar y negarse a la aprobación de estrategias que explotan la desesperación de la gente, pero es necesario hacerlo para fomentar la formulación de abordajes audaces. Similarmente, existe presión de los malos políticos y funcionarios (de todos los colores) para mantener mecanismos endebles de fiscalización, evaluación y contraloría, pero es necesario fortalecer todas las herramientas (y crear más) que nos aseguren que las instituciones trabajaran exclusivamente para beneficio de los ciudadanos.

El Salvador necesita diputados que favorezcan lo técnico sobre lo político y lo popular, que naden contracorriente en favor de los ciudadanos.

@_carlos_ponce

 

Lea también la Carta de Paolo Luers sobre el mismo tema

La disolución del GRP del partido oficial. De Carlos Ponce

Carlos PonceCarlos Ponce, 21 febrero 2018 / El Diario de Hoy

La Policía aún no ha esclarecido el caso de la agente Karla Ayala. Bueno, en realidad, la forma más acertada de plantear esta falta de efectividad es: el gabinete de seguridad no se ha atrevido a asumir el costo de revelar los detalles de lo que pasó esa noche en que la agente Ayala fue lesionada y desaparecida de las instalaciones del (ahora extinto) Grupo de Reacción Policial (GRP). Los rumores que circulan al interior de la Policía sobre el caso (y todo lo que orbita alrededor de este) son graves. La situación es tan delicada que hacen que la renuencia de las autoridades oficialistas a hacerse cargo abiertamente del caso sea entendible, pero nunca, jamás, aceptable. Tarde o temprano tendrán que dar explicaciones. Hay demasiado interés entre la comunidad internacional para que no sea así.

EDH logDetrás de la desaparición de la agente Ayala se esconde una descomposición sin precedentes dentro de la Policía, un caos del que difícilmente se puede regresar si se continúa en la actual dinámica. Entender las causas y motivaciones detrás de esto es vital para corregirlo lo antes posible. Los mismos policías expresan, en secreto, cómo el tiempo se le está acabando al gobierno para que la crisis sea virtualmente irreversible.

Preocupa que ante un problema de esta envergadura el oficialismo no reaccione con responsabilidad, transparencia y de forma técnica. Algunos guardábamos la esperanza de que se alcanzaría un punto de reflexión en el que la gravedad de la crisis haría reaccionar hasta a los más duros agentes partidarios que controlan al gabinete de seguridad. Después de todo, también sus familias viven en este país. No obstante, parece que son inmunes. Incluso en este caso han preferido aferrarse a las sesudas estrategias mediáticas con las que el oficialismo trata de engañar a la ciudadanía. Parece que nunca alcanzaremos un fondo que golpeé y despabile a los titiriteros que montan shows, aunque sean pésimo y poco creíbles, antes de emprender un esfuerzo genuino para solucionar los problemas que nos aquejan.

Este esquema de trabajo, que es eminentemente partidario, tiene ratos de prevalecer, solo que ahora se ha agudizado porque estamos en un año de elecciones y cualquier cosa que pueda influir de forma negativa el resultado de las votaciones, es tóxico para el oficialismo. La influencia partidaria en el manejo del aparato de seguridad es lo que ha descompuesto la Policía.

El GRP que acaban de deshacer no era el mismo que GRP que rescató exitosamente a tanta víctima durante la crisis de secuestro que vivió el país después de la guerra o el que se formó desvelándose y aguantando hambre en tanto operativo en contra de peligrosas estructuras criminales. Ese GRP, galardonado y reconocido a nivel internacional, poco a poco fue desarticulado por el desatino de jefes que han desfilado en la subdirección de áreas especializadas durante los últimos años. El personal veterano, ese que arriesgó sus vidas innumerables veces, progresivamente fue trasladado a otras unidades.

El GRP que desarticularon es el que crearon en los últimos años quienes ostentaban puestos clave al interior de la Policía, nombrados por su lealtad partidaria y no por su trayectoria o preparación profesional. Las unidades policiales más sensibles necesitan de verdaderos líderes que tengan la capacidad de administrar personal sometido a condiciones y situaciones en extremo complicadas. Nombrar a personas sin las cualidades idóneas pone en riesgo este tipo de dependencias. Lastimosamente, el GRP no es la única unidad en donde esto ha pasado. Sobran los ejemplos. Esto pone en perspectiva las voces dentro la Fiscalía que abogan porque se explore la posibilidad de instaurar un cuerpo de policial que no esté sujeto a los vaivenes políticos, adscrito al Ministerio Público.

@_carlos_ponce

Alumbremos la oscuridad detrás del terror. De Carlos Ponce

Manipular a la sociedad sometiéndola a situaciones que causen terror colectivo no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Es necesario que los sectores influyentes de la sociedad y, en especial, los medios de comunicación, no caigan en esta trampa, ya que de lo contrario estarían contribuyendo a un oscuro plan en detrimento de la seguridad ciudadana. Es necesario ahondar en este tema, lo que hace aún más urgente la conformación de una CICIG salvadoreña.
Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 14 octubre 2015 / EDH

Gary LaFree es un respetado criminólogo estadounidense, destacado en el estudio del terrorismo. En su hoja de vida figuran numerosos reconocimientos profesionales y prestigiosos puestos de trabajo, entre ellos el de director del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo (START, por sus siglas en inglés). START es un centro de formación e investigación de la Universidad de Maryland, que forma parte de la red de Centros de Excelencia del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y brinda apoyo a un colectivo de más de 50 instituciones académicas involucradas en proyectos de investigación sobre el terrorismo a nivel mundial.

Uno de los más impresionantes logros de dicha organización es la creación, alimentación y mantenimiento de la Base de Datos Global sobre Terrorismo (GTD por sus siglas en inglés), en la que se registran y codifican incidentes terroristas perpetrados en todo el mundo, que hasta el momento guarda información de más de 140,000 ataques terroristas desde 1970 a la fecha y cuya operación es supervisada por un panel de 14 expertos en la materia. Este repositorio de información se ha convertido en una valiosa herramienta para los académicos y especialistas que monitorean y analizan los patrones y tendencias del terrorismo en el mundo.

EL-DIARIO-DE-HOY-LOGOLaFree, en el 2010, publicó un artículo en la revista académica Perspectives on Terrorism titulado: “La base de datos global sobre terrorismo: Logros y desafíos,” en el que analiza las debilidades y fortalezas procedimentales en la recolección de data, identifica áreas en las que se puede mejorar las operaciones y brinda estadísticas descriptivas de la información almacenada en el repositorio. LaFree presenta un listado de “Las 20 organizaciones terroristas más activas según frecuencia de ataques y cantidad de muertes de 1970 a 2006,” en el que aparece el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ostentando la tercera y sexta posiciones por frecuencia y cantidad personas fallecidas, respectivamente.

Traigo esto a colación, haciendo una detallada referencia a la objetividad y credibilidad de la fuente que publicó los datos, porque es importante tomar en cuenta este antecedente, despojarse de pasiones ideológicas, enmarcar la actual coyuntura correctamente y analizarla de forma adecuada. Hay dos elementos que resultan inquietantes de la realidad salvadoreña: (1) la disposición que ha exhibido el oficialismo para manipular el temor ciudadano derivado de la inseguridad, para propósitos políticos y partidarios, como la aprobación de nuevos impuestos y préstamos para cubrir el déficit presupuestario existente; (2) la actual estrategia comunicacional de funcionarios de seguridad de etiquetar a las pandillas como terroristas; (3) el repentino registro de incidentes tradicionalmente ligados con grupos terroristas, que las autoridades atribuyen a las pandillas aunque no guardan una congruencia metódica u operacional con la forma de proceder de dichas organizaciones.

Un reciente análisis de InsightCrime.org, sitio que monitorea la criminalidad organizada en Latinoamérica, también observa esta sospechosa inconsistencia en hechos recientes que involucraron el uso de explosivos que las autoridades atribuyeron a las pandillas a pesar de no ser congruentes con su forma cotidiana de proceder. El sitio propuso varias hipótesis para explicar esta incongruencia, sugiriendo que se podría tratar de un montaje articulado por terceros que pretenden explotar el temor ciudadano resultante.

Manipular a la sociedad sometiéndola a situaciones que causen terror colectivo no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Es necesario que los sectores influyentes de la sociedad y, en especial, los medios de comunicación, no caigan en esta trampa, ya que de lo contrario estarían contribuyendo a un oscuro plan en detrimento de la seguridad ciudadana. Es necesario ahondar en este tema, lo que hace aún más urgente la conformación de una CICIG salvadoreña.

@cponce_sv

Causas y consecuencias del abuso del término “terrorista”. De Carlos Ponce

Es necesario evaluar si etiquetar a las pandillas como organizaciones terroristas contribuye a la articulación de una estrategia que ataque la dinámica subyacente que opera detrás de dichas agrupaciones o, por otro lado, si simplemente se están manipulando las emociones ciudadanas para el beneficio de terceros.

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 7 octubre 2015 / EDH

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un almuerzo informal con un grupo de conocidos criminólogos extranjeros, considerados autoridades globales en diferentes corrientes académicas y áreas de interés dentro de la disciplina. Benoît Gomis, destacado analista y consultor internacional en seguridad, especializado en terrorismo y crimen organizado, autor de numerosos artículos, análisis, estudios y libros sobre dichas temáticas, discutió con los demás comensales los detalles de su última publicación, que traducida al español se titula: “Lucha contra el terrorismo: Reevaluando la respuesta en términos de políticas”. El debate fue enriquecedor. Fue un verdadero privilegio y resultó sumamente interesante, presenciar el intercambio de ideas entre pesos pesados de diferentes perspectivas académicas.

La más reciente publicación de Gomis, según explicó, examina las respuestas oficiales al terrorismo y los peligros asociados a sobre-reaccionar ante el problema. Además, propone un esquema analítico para no caer en esta magnificación excesiva y sus consecuencias. Los argumentos y reflexiones de Gomis, y los comentarios y observaciones de los presentes, me parecieron muy relevantes para El Salvador, considerando la reciente tendencia mediática y jurídica-penal de caracterizar a las pandillas y sus crímenes como organizaciones y actos terroristas, respectivamente.

El esquema sugerido por Gomis condiciona de entrada catalogar a grupos criminales como “terrorismo,” permitiéndolo únicamente para aquellos cuyas acciones están orientadas a propiciar un “cambio político”. El experto reconoció lo ambiguo que resulta no contar con una definición universalmente aceptada de dicho término y, al mismo tiempo, enfatizó que utilizarlo para clasificar un problema criminal es una consecuencia de sobre-reaccionar. Además, indicó que esto tiene el potencial de llevar a un abordaje oficial inadecuado. Terrorismo, advirtió, no es sinónimo de conflicto.

Gomis también habló sobre cómo sobre-reaccionar en este contexto puede propiciar el quebrantamiento del Estado de Derecho y conllevar una exageración la amenaza en el discurso público. Trajo a colación una excelente referencia del politólogo Zbigniew Brzezinski, para ilustrar su punto: “El miedo oscurece la razón, intensifica las emociones y facilita que los políticos demagogos movilicen al público a favor de las políticas que ellos quieren seguir”. Gomis, en esencia, sugirió que la exageración intencional o etiquetamiento de un problema como “terrorista” es utilizada por políticos como herramienta para instrumentalizar el pánico colectivo y, de esa forma, alcanzar objetivos ulteriores que obedecen a intereses particulares.

El abuso del término “terrorismo” distrae de las causas subyacentes de problemas graves y puede, por lo tanto, llevar a distorsionar el entendimiento de temas críticos y su abordaje. Este fue un tópico recurrente en la discusión.

Durante el debate de ese almuerzo, algunos de los presentes observaron que, bajo la definición de Gomis, unos incidentes clasificados como ciberterrorismo y narcoterrorismo no podrían ser considerados “terrorismo.” Gomis explicó que eso es precisamente el objetivo, ya que si las acciones no buscan un cambio político, no deberían de considerarse “terrorismo,” de lo contrario se estaría desviando la atención de la dinámica real detrás de los actos.

Bajo esta lógica, es necesario evaluar si etiquetar a las pandillas como organizaciones terroristas contribuye a la articulación de una estrategia que ataque la dinámica subyacente que opera detrás de dichas agrupaciones o, por otro lado, si simplemente se están manipulando las emociones ciudadanas para el beneficio de terceros. Particularmente, me inclino por la segunda reflexión. Bailar al son de políticos y burócratas, en el marco de este tema en particular, puede traer consecuencias graves para la sociedad salvadoreña y, adicionalmente, tiene el potencial de prolongar la falta de un abordaje adecuado de la criminalidad en El Salvador.

Retirando el beneficio de la duda (al fiscal general). De Carlos Ponce

Una persona que sea sumamente emocional, corre el riesgo de tomar decisiones con el hígado y no con la cabeza.

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 19 agosto 2015 / EDH

Confieso que el discurso de Luis Martínez, fiscal general de la República, me llevó, en un inicio, a darle el beneficio de la duda. Sus declaraciones en relación a temas y casos sensibles, me llenaron de esperanza y me llevaron a creer que existía la posibilidad de que se corrigiera el rumbo de la seguridad a través de golpes críticos a la dinámica delictual. Esta percepción, con el tiempo, se ha ido erosionando.

Martínez ha demostrado ser una persona altamente emocional. Esto es un defecto terrible para alguien que ostenta el puesto de fiscal general, ya que se necesita cabeza fría y calculadora para conformar, liderar y conducir ética e inteligentemente equipos de trabajo, estrategias, planes y acciones idóneas. Una persona que sea sumamente emocional, corre el riesgo de tomar decisiones con el hígado y no con la cabeza, lo que tiene el potencial de tener un impacto catastrófico sobre la lucha contra la criminalidad, desnaturalizando y desprofesionalizando el trabajo institucional.

El exabrupto de Martínez durante una conferencia de prensa en el 2013, en la que exigió, con postura amenazante, a un periodista “respetá al fiscal,” fue el primer indicio público de que sus emociones, en ocasiones, le ganan a su cerebro. No me imagino y, mucho menos, me acuerdo, de algún funcionario público de un país desarrollado, especialmente de algún fiscal general, que le advirtiera a un periodista, durante una conferencia de prensa, que tenía que respetarlo. Muchos pueden haberlo pensado, especialmente ante las preguntas incómodas de acuciosos periodistas internacionales, pero jamás decirlo. Si es común, por ejemplo, en países autoritarios en los que los burócratas utilizan su posición para amenazar y mantener en línea a la prensa.

Normalmente, este tipo de incidentes serían suficientes para tumbar mi confianza en un funcionario público, pero el discurso de Martínez continuó siendo el más cuerdo entre los encargados del aparato de seguridad estatal y, por lo tanto, prolongué el beneficio de la duda. Incluso a pesar de la incesante información que ha desfilado en círculos de seguridad e inteligencia sobre la forma en que el fiscal y su macolla se relacionan y dirigen operativa y administrativamente a la Fiscalía, que abona a ese mal sabor que dejó su “respetá al fiscal,” el discurso de Martínez continuó siendo el más cuerdo y, por lo tanto, seguí públicamente dándole el beneficio de la duda.

Sin embargo, hay tres cosas que han cambiado mi parecer en relación al fiscal. Primero, sus emociones ahora parecen haberle ganado totalmente a su cerebro. Hace tan solo unos días aseguró, en declaraciones sin duda segregadas por su hígado, que el director del Instituto de Medicina Legal se “ufanaba” del nivel de asesinatos, sugiriendo que padecía de algún desorden mental que hacia que esto le ocasionara placer. Martínez, por tanto, sobrepuso sus emociones al derecho ciudadano de estar informado y fiscalizar la situación de seguridad, atacando a quien provee los datos.

Segundo, su falta de disposición para aclarar sus viajes en aviones privados, propiedad de un influyente personaje nacional, su rechazo ante la implementación de una CICIG salvadoreña y su falta de acción en ciertos casos, indican que Martínez no está a favor de la transparencia. Nuestro país está en una coyuntura en la que lo que menos necesita es un fiscal general que no apoye y no se someta ciegamente a la transparencia.

Tercero, el discurso atinado que se ganó mi beneficio de la duda, hasta la fecha no ha sido acompañado por acciones contundentes. Esto es especialmente decepcionante considerando la danza de intereses políticos que se está dando alrededor de la próxima elección de su puesto.

Hasta que estas tres cosas cambien, no vale la pena continuarle dando el beneficio de la duda.

@cponce_sv