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Alumbremos la oscuridad detrás del terror. De Carlos Ponce

Manipular a la sociedad sometiéndola a situaciones que causen terror colectivo no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Es necesario que los sectores influyentes de la sociedad y, en especial, los medios de comunicación, no caigan en esta trampa, ya que de lo contrario estarían contribuyendo a un oscuro plan en detrimento de la seguridad ciudadana. Es necesario ahondar en este tema, lo que hace aún más urgente la conformación de una CICIG salvadoreña.
Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 14 octubre 2015 / EDH

Gary LaFree es un respetado criminólogo estadounidense, destacado en el estudio del terrorismo. En su hoja de vida figuran numerosos reconocimientos profesionales y prestigiosos puestos de trabajo, entre ellos el de director del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo (START, por sus siglas en inglés). START es un centro de formación e investigación de la Universidad de Maryland, que forma parte de la red de Centros de Excelencia del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y brinda apoyo a un colectivo de más de 50 instituciones académicas involucradas en proyectos de investigación sobre el terrorismo a nivel mundial.

Uno de los más impresionantes logros de dicha organización es la creación, alimentación y mantenimiento de la Base de Datos Global sobre Terrorismo (GTD por sus siglas en inglés), en la que se registran y codifican incidentes terroristas perpetrados en todo el mundo, que hasta el momento guarda información de más de 140,000 ataques terroristas desde 1970 a la fecha y cuya operación es supervisada por un panel de 14 expertos en la materia. Este repositorio de información se ha convertido en una valiosa herramienta para los académicos y especialistas que monitorean y analizan los patrones y tendencias del terrorismo en el mundo.

EL-DIARIO-DE-HOY-LOGOLaFree, en el 2010, publicó un artículo en la revista académica Perspectives on Terrorism titulado: “La base de datos global sobre terrorismo: Logros y desafíos,” en el que analiza las debilidades y fortalezas procedimentales en la recolección de data, identifica áreas en las que se puede mejorar las operaciones y brinda estadísticas descriptivas de la información almacenada en el repositorio. LaFree presenta un listado de “Las 20 organizaciones terroristas más activas según frecuencia de ataques y cantidad de muertes de 1970 a 2006,” en el que aparece el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ostentando la tercera y sexta posiciones por frecuencia y cantidad personas fallecidas, respectivamente.

Traigo esto a colación, haciendo una detallada referencia a la objetividad y credibilidad de la fuente que publicó los datos, porque es importante tomar en cuenta este antecedente, despojarse de pasiones ideológicas, enmarcar la actual coyuntura correctamente y analizarla de forma adecuada. Hay dos elementos que resultan inquietantes de la realidad salvadoreña: (1) la disposición que ha exhibido el oficialismo para manipular el temor ciudadano derivado de la inseguridad, para propósitos políticos y partidarios, como la aprobación de nuevos impuestos y préstamos para cubrir el déficit presupuestario existente; (2) la actual estrategia comunicacional de funcionarios de seguridad de etiquetar a las pandillas como terroristas; (3) el repentino registro de incidentes tradicionalmente ligados con grupos terroristas, que las autoridades atribuyen a las pandillas aunque no guardan una congruencia metódica u operacional con la forma de proceder de dichas organizaciones.

Un reciente análisis de InsightCrime.org, sitio que monitorea la criminalidad organizada en Latinoamérica, también observa esta sospechosa inconsistencia en hechos recientes que involucraron el uso de explosivos que las autoridades atribuyeron a las pandillas a pesar de no ser congruentes con su forma cotidiana de proceder. El sitio propuso varias hipótesis para explicar esta incongruencia, sugiriendo que se podría tratar de un montaje articulado por terceros que pretenden explotar el temor ciudadano resultante.

Manipular a la sociedad sometiéndola a situaciones que causen terror colectivo no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Es necesario que los sectores influyentes de la sociedad y, en especial, los medios de comunicación, no caigan en esta trampa, ya que de lo contrario estarían contribuyendo a un oscuro plan en detrimento de la seguridad ciudadana. Es necesario ahondar en este tema, lo que hace aún más urgente la conformación de una CICIG salvadoreña.

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Causas y consecuencias del abuso del término “terrorista”. De Carlos Ponce

Es necesario evaluar si etiquetar a las pandillas como organizaciones terroristas contribuye a la articulación de una estrategia que ataque la dinámica subyacente que opera detrás de dichas agrupaciones o, por otro lado, si simplemente se están manipulando las emociones ciudadanas para el beneficio de terceros.

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 7 octubre 2015 / EDH

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a un almuerzo informal con un grupo de conocidos criminólogos extranjeros, considerados autoridades globales en diferentes corrientes académicas y áreas de interés dentro de la disciplina. Benoît Gomis, destacado analista y consultor internacional en seguridad, especializado en terrorismo y crimen organizado, autor de numerosos artículos, análisis, estudios y libros sobre dichas temáticas, discutió con los demás comensales los detalles de su última publicación, que traducida al español se titula: “Lucha contra el terrorismo: Reevaluando la respuesta en términos de políticas”. El debate fue enriquecedor. Fue un verdadero privilegio y resultó sumamente interesante, presenciar el intercambio de ideas entre pesos pesados de diferentes perspectivas académicas.

La más reciente publicación de Gomis, según explicó, examina las respuestas oficiales al terrorismo y los peligros asociados a sobre-reaccionar ante el problema. Además, propone un esquema analítico para no caer en esta magnificación excesiva y sus consecuencias. Los argumentos y reflexiones de Gomis, y los comentarios y observaciones de los presentes, me parecieron muy relevantes para El Salvador, considerando la reciente tendencia mediática y jurídica-penal de caracterizar a las pandillas y sus crímenes como organizaciones y actos terroristas, respectivamente.

El esquema sugerido por Gomis condiciona de entrada catalogar a grupos criminales como “terrorismo,” permitiéndolo únicamente para aquellos cuyas acciones están orientadas a propiciar un “cambio político”. El experto reconoció lo ambiguo que resulta no contar con una definición universalmente aceptada de dicho término y, al mismo tiempo, enfatizó que utilizarlo para clasificar un problema criminal es una consecuencia de sobre-reaccionar. Además, indicó que esto tiene el potencial de llevar a un abordaje oficial inadecuado. Terrorismo, advirtió, no es sinónimo de conflicto.

Gomis también habló sobre cómo sobre-reaccionar en este contexto puede propiciar el quebrantamiento del Estado de Derecho y conllevar una exageración la amenaza en el discurso público. Trajo a colación una excelente referencia del politólogo Zbigniew Brzezinski, para ilustrar su punto: “El miedo oscurece la razón, intensifica las emociones y facilita que los políticos demagogos movilicen al público a favor de las políticas que ellos quieren seguir”. Gomis, en esencia, sugirió que la exageración intencional o etiquetamiento de un problema como “terrorista” es utilizada por políticos como herramienta para instrumentalizar el pánico colectivo y, de esa forma, alcanzar objetivos ulteriores que obedecen a intereses particulares.

El abuso del término “terrorismo” distrae de las causas subyacentes de problemas graves y puede, por lo tanto, llevar a distorsionar el entendimiento de temas críticos y su abordaje. Este fue un tópico recurrente en la discusión.

Durante el debate de ese almuerzo, algunos de los presentes observaron que, bajo la definición de Gomis, unos incidentes clasificados como ciberterrorismo y narcoterrorismo no podrían ser considerados “terrorismo.” Gomis explicó que eso es precisamente el objetivo, ya que si las acciones no buscan un cambio político, no deberían de considerarse “terrorismo,” de lo contrario se estaría desviando la atención de la dinámica real detrás de los actos.

Bajo esta lógica, es necesario evaluar si etiquetar a las pandillas como organizaciones terroristas contribuye a la articulación de una estrategia que ataque la dinámica subyacente que opera detrás de dichas agrupaciones o, por otro lado, si simplemente se están manipulando las emociones ciudadanas para el beneficio de terceros. Particularmente, me inclino por la segunda reflexión. Bailar al son de políticos y burócratas, en el marco de este tema en particular, puede traer consecuencias graves para la sociedad salvadoreña y, adicionalmente, tiene el potencial de prolongar la falta de un abordaje adecuado de la criminalidad en El Salvador.

Retirando el beneficio de la duda (al fiscal general). De Carlos Ponce

Una persona que sea sumamente emocional, corre el riesgo de tomar decisiones con el hígado y no con la cabeza.

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 19 agosto 2015 / EDH

Confieso que el discurso de Luis Martínez, fiscal general de la República, me llevó, en un inicio, a darle el beneficio de la duda. Sus declaraciones en relación a temas y casos sensibles, me llenaron de esperanza y me llevaron a creer que existía la posibilidad de que se corrigiera el rumbo de la seguridad a través de golpes críticos a la dinámica delictual. Esta percepción, con el tiempo, se ha ido erosionando.

Martínez ha demostrado ser una persona altamente emocional. Esto es un defecto terrible para alguien que ostenta el puesto de fiscal general, ya que se necesita cabeza fría y calculadora para conformar, liderar y conducir ética e inteligentemente equipos de trabajo, estrategias, planes y acciones idóneas. Una persona que sea sumamente emocional, corre el riesgo de tomar decisiones con el hígado y no con la cabeza, lo que tiene el potencial de tener un impacto catastrófico sobre la lucha contra la criminalidad, desnaturalizando y desprofesionalizando el trabajo institucional.

El exabrupto de Martínez durante una conferencia de prensa en el 2013, en la que exigió, con postura amenazante, a un periodista “respetá al fiscal,” fue el primer indicio público de que sus emociones, en ocasiones, le ganan a su cerebro. No me imagino y, mucho menos, me acuerdo, de algún funcionario público de un país desarrollado, especialmente de algún fiscal general, que le advirtiera a un periodista, durante una conferencia de prensa, que tenía que respetarlo. Muchos pueden haberlo pensado, especialmente ante las preguntas incómodas de acuciosos periodistas internacionales, pero jamás decirlo. Si es común, por ejemplo, en países autoritarios en los que los burócratas utilizan su posición para amenazar y mantener en línea a la prensa.

Normalmente, este tipo de incidentes serían suficientes para tumbar mi confianza en un funcionario público, pero el discurso de Martínez continuó siendo el más cuerdo entre los encargados del aparato de seguridad estatal y, por lo tanto, prolongué el beneficio de la duda. Incluso a pesar de la incesante información que ha desfilado en círculos de seguridad e inteligencia sobre la forma en que el fiscal y su macolla se relacionan y dirigen operativa y administrativamente a la Fiscalía, que abona a ese mal sabor que dejó su “respetá al fiscal,” el discurso de Martínez continuó siendo el más cuerdo y, por lo tanto, seguí públicamente dándole el beneficio de la duda.

Sin embargo, hay tres cosas que han cambiado mi parecer en relación al fiscal. Primero, sus emociones ahora parecen haberle ganado totalmente a su cerebro. Hace tan solo unos días aseguró, en declaraciones sin duda segregadas por su hígado, que el director del Instituto de Medicina Legal se “ufanaba” del nivel de asesinatos, sugiriendo que padecía de algún desorden mental que hacia que esto le ocasionara placer. Martínez, por tanto, sobrepuso sus emociones al derecho ciudadano de estar informado y fiscalizar la situación de seguridad, atacando a quien provee los datos.

Segundo, su falta de disposición para aclarar sus viajes en aviones privados, propiedad de un influyente personaje nacional, su rechazo ante la implementación de una CICIG salvadoreña y su falta de acción en ciertos casos, indican que Martínez no está a favor de la transparencia. Nuestro país está en una coyuntura en la que lo que menos necesita es un fiscal general que no apoye y no se someta ciegamente a la transparencia.

Tercero, el discurso atinado que se ganó mi beneficio de la duda, hasta la fecha no ha sido acompañado por acciones contundentes. Esto es especialmente decepcionante considerando la danza de intereses políticos que se está dando alrededor de la próxima elección de su puesto.

Hasta que estas tres cosas cambien, no vale la pena continuarle dando el beneficio de la duda.

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La indignación que puede motivar un cambio en seguridad. De Carlos Ponce

Los salvadoreños merecemos algo mejor. Las imágenes de ciudadanos laboriosos, que decidieron transportarse como pudieron para no perder un día de trabajo, fueron realmente conmovedoras y enorgullecedoras.

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, criminólogo

Carlos Ponce, 5 agosto 2015 / EDH

La semana pasada fue caótica. Las pandillas lograron, por segunda vez, afectar las actividades cotidianas de los salvadoreños y ocasionar significativas pérdidas a la economía nacional, a través de una muestra de fuerza orquestada en todo el país. La noticia dio vuelta al mundo.

Fotografías de salvadoreños transportándose en pick-ups y el despliegue de tanquetas en la capital fueron publicadas por medios internacionales, acompañadas por relatos que pintaron nuestro país como una de esas ciudades africanas que Hollywood proyecta en sus películas como tierras de nadie, en donde la vida no vale nada, la corrupción es rampante, los criminales hacen su antojo y las autoridades son temidas únicamente por las personas honestas.

Durante esos días del “paro”, se percibió una extraña combinación de abandono, temor e impotencia, que rápidamente despertó en los salvadoreños coraje para seguir adelante y superar los obstáculos, pero, sobre todo, el valor de señalar las deficiencias de los funcionarios y gobernantes, y reclamar transparencia y resultados. El papel que jugó el Ejecutivo fue tan malo que sembró esa semilla de descontento que ha aflorado en críticas y exigencias generalizadas. Aunque por el momento esto se limita a contextos privados y la anonimidad de las redes sociales, con el tiempo tiene el potencial de germinar en un movimiento organizado que produzca un cambio significativo en la política salvadoreña y la eficacia de las instituciones públicas.

Los que aún no estaban convencidos, lo que vivió El Salvador la semana pasada los persuadió a favorecer y apoyar la instalación de una entidad foránea que ayude en la lucha contra la delincuencia y, en especial, la corrupción. El caos fue tal que hasta algunos de los tuiteros más afines al oficialismo hicieron comentarios que tímidamente dejaron entrever su descontento con el abordaje de la crisis.

Quedó claro que entre los políticos no existe ni la más mínima intención de solucionar los problemas críticos del país. La oposición no fue capaz de articular algo que fuera más allá de las tradicionales secuencias de ataques y contraataques. El partido oficial mostró, una vez más, que los intereses partidarios están sobre los de la ciudadanía y cualquier otra cosa. Los demás partidos del bloque oficialista se limitaron a hacer absurdas propuestas populistas, pidiendo la muerte de pandilleros sin proponer algo constructivo, que fortalezca el combate contra la criminalidad. Resolver el problema, al parecer, simplemente no es prioridad.

Los salvadoreños merecemos algo mejor. Las imágenes de ciudadanos laboriosos, que decidieron transportarse como pudieron para no perder un día de trabajo, fueron realmente conmovedoras y enorgullecedoras, pero al mismo tiempo alimentaron un sentimiento generalizado de indignación que ahora parece habitar en el corazón de la mayoría. Hombres, mujeres y niños apiñados como sardinas, tambaleándose al ritmo de la cama de los pick-ups en los no dudaron ni un segundo en subirse para llegar a sus destinos. Todo como consecuencia de la negociación entre el Estado y las pandillas.

No tenemos que quitar el dedo del renglón. Los malos políticos buscarán marchitar ese sentimiento que ahora une a la mayoría de salvadoreños y que, con el tiempo, los llevará a exigir de forma unánime resultados, transparencia y eficiencia a los funcionarios públicos en el contexto del combate contra la criminalidad. No caigamos en la trampa. No nos distraigamos con las cortinas de humo del oficialismo o los aborrecidos pleitos políticos-partidarios. Aprovechemos esta coyuntura para crear los mecanismos y adoptar medidas que obliguen a los burócratas a anteponer los intereses de los ciudadanos sobre cualquier otra cosa.

Las mentes criminales que se oponen a la CICIG salvadoreña. De Carlos Ponce

Tener un cuerpo investigativo que se escape de las garras de la influencia política y partidaria, es esperanzador para los salvadoreños honestos y espeluznante para los malos funcionarios y criminales.

Carlos Ponce

Carlos Ponce

Carlos Ponce, 22 julio 2015 / EDH

Desde que se sugirió públicamente la posibilidad de instaurar una comisión contra la corrupción e impunidad en El Salvador, similar a la que opera en Guatemala, el tema ha sido discutido en las páginas editoriales de los principales periódicos del país y el apoyo es abrumador. Las redes sociales también han sido saturadas por la circulación de mensajes en la misma línea. La opinión pública está claramente inclinada a favor de que se impulse una iniciativa que contribuya a la investigación y castigo de la corrupción y otros casos sensibles.

Los riesgos son altos, como expliqué la semana pasada en este espacio, ya que si se maneja mal una iniciativa como ésta se condenaría al país a que profundice la crisis actual aún más y, peor aún, bajo una legitimación internacional. Sin embargo, la situación es tan grave y los pronósticos tan tenebrosos, que sino disparamos este último cartucho ahora, es muy probable que no tengamos otra oportunidad de hacerlo.
Lo crítico del momento actual y los malos augurios son elementos centrales que alimentan el apoyo generalizado por una versión salvadoreña de la experiencia guatemalteca. Otro poderoso factor motivador son los inspiradores resultados producidos recientemente por la CICIG con investigaciones en contra de poderosos funcionarios corruptos del gobierno guatemalteco. Antes de estos, no se había tenido la capacidad de generar este efecto, que muchos han calificado como “la primavera centroamericana”.

Concentrarse en la investigación y judicialización de casos que involucren a funcionarios de administraciones anteriores es muy importante, pero es un error gravísimo concentrarse solo en el pasado y no ver el presente. Lo impresionante y motivante de la CICIG es que logró investigar y procesar a políticos y burócratas corruptos mientras estaban en posiciones de poder. Esto es una verdadera rareza, algo que se observa con poca frecuencia en el mundo y casi nunca en Latinoamérica.

Tener un cuerpo investigativo que se escape de las garras de la influencia política y partidaria, es esperanzador para los salvadoreños honestos y espeluznante para los malos funcionarios y criminales. La reacción política, especialmente la disciplinada postura radical del oficialismo, en franco rechazo de esta alternativa es, por lo tanto, preocupante. Escuchar a altas autoridades y activistas de la izquierda radical utilizar todo argumento imaginable para de tajo rechazar la posibilidad de que se instale una CICIG salvadoreña, sin por lo menos abrir el espacio para analizar el tema, es una mala señal.

Sin embargo, la situación es aún más alarmante si consideramos que como parte de su estrategia para enlodar esta iniciativa, el oficialismo ha recurrido a una táctica trillada por los países influenciados por el chavismo y Cuba ante situaciones parecidas: inventarse un golpe de Estado ficticio y argumentar que sus críticos y opositores lo formularon y apoyan. Esto no solo sugiere que el oficialismo le tiene pavor a un ente como la CICIG, sino que además revela el camino por el que pretenden llevar a la nación, buscando asemejarla a los peores gobiernos totalitarios de izquierda radical. Esto es todavía más grave cuando se toma en cuenta el video que circuló este periódico esta semana, en donde activistas pro democracia en Cuba, fueron retenidos en el aeropuerto de El Salvador. Las imágenes muestran cómo policías salvadoreños obligaron a que personas que filmaban la situación con sus teléfonos dejaran de hacerlo y se escuchaban, adicionalmente, las advertencias de los retenidos que les explicaban a los elementos policiales que si seguían directrices de los Castro, en poco tiempo el país sería de corte autoritario.

La creación inmediata de una CICIG salvadoreña es impostergable. Sin ella las probabilidades de que cese la impunidad y la corrupción, son bajas. Además, no instaurarla facilitará la instrumentalización política de los cuerpos de seguridad y, por lo tanto, su alejamiento de su misión principal de servir y proteger.

El último cartucho. De Carlos Ponce

Continúa el debate sobre la instalación de una Comisión Internacional contra de Impunidad en El Salvador. Anteriormente hemos publicado diferentes opiniones en pro y en contra: de Luis Marios Rodríguez de FUSADES, de Paolo Luers y de Paul Steiner.

Segunda Vuelta

Carlos Ponce

Carlos Ponce

Carlos Ponce, 15 julio 2015 / EDH

Durante las últimas semanas, en medio de la galopante crisis de inseguridad, la idea de crear algo similar a la CICIG en el país se ha convertido de nuevo en un tema de discusión.

En el pasado no he estado convencido de que ésta fuese una solución para El Salvador. Cuando el gobierno de Funes propuso la idea en el 2011, vendiéndola como un ente que respondería a la Presidencia, la consideré más como una iniciativa que utilizaría el gobierno para disfrazar y legitimar una manipulación política más profunda de la investigación y persecución penal.

Independientemente de la propuesta particular de Funes, mi escepticismo siempre ha estado relacionado a mi percepción sobre el funcionamiento de los organismos multinacionales y los peligros que pueden acompañar su apoyo a políticas equivocadas.

Un ejemplo para ilustrar claramente mi punto es el daño que le hizo al país el que la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyaran “la tregua”, uno abiertamente y otro de forma más discreta. En esencia, ambas organizaciones, legitimaron una negociación oscura entre el Estado y cabecillas pandilleros, perpetuando así una relación extorsiva entre estructuras criminales y autoridades que hasta ahora la ciudadanía ha empezado a dimensionar a través de las cifras de homicidios sin precedentes, registradas en los primeros seis meses de este año.

La OEA y el PNUD actúan, en gran medida, como cualquier otra misión diplomática en El Salvador, por lo que sus posturas ante temas sensibles tienen que ser mesuradas para no ofender a la nación anfitriona y, al mismo tiempo, respetar la soberanía del país. El apoyo de ambas organizaciones a algo tan dañino como el intercambio de beneficios entre pandilleros y agentes gubernamentales, sin embargo, no tuvo nada qué ver con diplomacia sino que estuvo más relacionado con las particularidades de personas influyentes y funcionarios de alto nivel dentro de ellas.

Estos organismos han estado involucrados en iniciativas que han profundizado los problemas (como “la tregua”), pero también en muchas otras que han aportado mucho a solucionarlos. La diferencia evidente entre ambos casos ha estado en las personas atrás de la idea y la ejecución de los proyectos.

Tener al encargado equivocado, en ese tipo de contexto, es peligroso, ya que tiene el potencial de legitimar iniciativas públicas dañinas, asegurar su subsistencia con apoyo y financiamiento internacional, perpetuando así sus consecuencias. Estos riesgos son altos y, por lo tanto, mi opinión siempre había sido que, antes de asumirlos, es necesario apostarle a reformar drásticamente el aparato de seguridad estatal.

Ahora estamos ante un escenario diferente que el de 2011. La crisis de inseguridad ha alcanzado niveles altísimos, la incidencia de homicidios ha incrementado exponencialmente y, de continuar con la tendencia actual, las cifras anuales podrían duplicar el referente más alto de años anteriores. Los funcionarios del ramo parecen despreocupados y dan la impresión que la solución real y seria del problema no es considerada una prioridad, por lo menos no tan alta como la que adjudican a objetivos alineados con intereses partidarios y personales. Paralelamente, en círculos de seguridad e inteligencia ronda con fuerza información que sugiere que estamos a las puertas de una nueva negociación entre cabecillas pandilleros y las autoridades.

El escenario es grave, no existe voluntad política para resolver el problema y los sectores sociales no han podido propiciar la acción gubernamental. El país no aguantará más a flote en las aguas turbulentas en las que naufraga. Podemos subirnos al barco de una iteración salvadoreña de la CICIG guatemalteca, pero debemos de minimizar los riesgos de tener a la persona equivocada detrás del timón y evitar así que nos lleve a aguas más alborotadas y peligrosas, de las que no podamos salir.

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Hibernación electoral y la seguridad pública. De Carlos Ponce

En círculos de inteligencia y seguridad, por otro lado, hay quienes sostienen que incidentes recientes etiquetados como “enfrentamientos” entre las autoridades y pandilleros, son en realidad ejecuciones a sangre fría. Muchas personas, cegadas por la desesperante crisis delictual, aplaudirán este tipo de medidas, pero, desde un punto de vista técnico, el único potencial de este abordaje es agudizar y complicar más el escenario delictivo y fomentar las actuaciones extralegales de los cuerpos de seguridad.

6b6ec_Carlos-PonceCarlos Ponce, 17 junio 2015 / EDH

La instrumentalización de la criminalidad e inseguridad por la clase política, es una práctica, lamentablemente, generalizada. Todos los países del mundo han experimentado momentos específicos en su historia en los que estos problemas han sido explotados por candidatos durante épocas electorales para incrementar sus posibilidades de ganar. La naturaleza transversal de estos temas y la consecuente afectación a la ciudadanía, los hacen muy atractivos para las campañas electorales, en especial cuando han alcanzado niveles agobiantes. Los candidatos prometen de todo con tal de convertirse en ese Superman que la ciudadanía anhela y busca sin descanso, desesperada por los peligros a los que se expone a diario y con la esperanza de que alguien atienda su clamor.

Una vez pasa la elección y la próxima aún no se avecina en el horizonte, las promesas y discursos empiezan a cambiar y, en algunos casos, a disiparse. Después de un tiempo, es posible identificar cuál es la verdadera postura del político electo sobre la criminalidad y seguridad, y qué tanta importancia realmente le adjudica esos problemas.

El Salvador acaba de entrar en ese período de hibernación electoral. Después de pasar años en campaña, los institutos políticos no estarán presionados por las posibles consecuencias de sus discursos y acciones sobre los resultados de comicios inminentes. Las máscaras que usaron durante las elecciones se removerán poco a poco y revelarán qué tanto se parecen o distan de su verdadero rostro.

Esto es en especial relevante en el oficialismo, ya que éste tiene el control de gran parte del aparato estatal y, en consecuencia, la dirección que decidan tomar en temas críticos prácticamente dictará el nivel de fracaso o éxito del abordaje gubernamental. En esencia, por lo tanto, el bienestar del salvadoreño promedio está en manos del oficialismo. Qué tanto mejore o se deteriore la seguridad pública es responsabilidad del presidente y su equipo de funcionarios, ya que tienen el poder y la autoridad para definir el camino en que seguirá el andamiaje estatal, a qué ritmo y con qué intensidad.

Ahora que oficialismo ha empezado a quitarse el disfraz de la campaña, lastimosamente, se han develado indicios preocupantes. Hay dos en particular, que juntos constituyen una fuerte alarma a la que todos debemos de prestar atención.

Al analizar la composición del gabinete de seguridad, en el que figuran veteranos políticos y fieles adeptos del partido oficial, es indiscutible que el gobierno actual favorece una conducción política sobre una técnica del aparato de seguridad pública. Es indudable que esto conlleva repercusiones serias, directas e indirectas, sobre elementos que definen la efectividad y eficiencia de la seguridad, y queda claro que éstas se prefieren sacrificar por la consecución de objetivos e intereses partidarios. Esta premisa se vuelve aún más clara con las recientes declaraciones del presidente, en las que vinculó la efectividad en el combate del crimen con una resolución de la Sala de lo Constitucional, desvaneciendo así cualquier duda de su disposición a manchar la seguridad pública en su esfuerzos por alcanzar metas políticas.

En círculos de inteligencia y seguridad, por otro lado, hay quienes sostienen que incidentes recientes etiquetados como “enfrentamientos” entre las autoridades y pandilleros, son en realidad ejecuciones a sangre fría. Muchas personas, cegadas por la desesperante crisis delictual, aplaudirán este tipo de medidas, pero, desde un punto de vista técnico, el único potencial de este abordaje es agudizar y complicar más el escenario delictivo y fomentar las actuaciones extralegales de los cuerpos de seguridad.

Estos indicios sugieren que el aparato de seguridad está en camino a convertirse en uno eminentemente político, en el que las actuaciones fuera de la ley están justificadas bajo ciertas circunstancias. Hasta el momento, lamentablemente, esta es la cara que ha mostrado el oficialismo. Por el bien del país, esperemos que esta apreciación cambie con el tiempo.