Entrevista a Arístides Perla, abogado de LPG: “A Ortiz Lara le esperan hasta 14 años de cárcel por todos los delitos ”

El abogado querellante sostuvo que hay testigos que fortalecen las investigaciones en el caso.

El acusado enfrenta una pena de hasta 14 años de cárcel según la querella. | Foto por William Martínez

14 noviembre 2015 / EDH

El representante legal de La Prensa Gráfica advierte que, con el nuevo delito de violación de derechos de autor y derechos conexos agregado a Andrés Ricardo Ortiz Lara, el sospechoso de fraude informático en contra de ese matutino, este afrontaría una pena entre 10 a 14 años de cárcel. Según dijo, hay suficiente prueba documental y pericial para sustentar las acusaciones en su contra en la audiencia de este lunes.

Se presentó la querella un nuevo delito. ¿Cómo se configura esta acción delictiva?

Lo que hoy sucedió es que la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal en contra del joven Andrés Ricardo Ortiz Lara y previamente se había investigado por dos delitos, violación de distintivos comerciales y falsedad material, y el delito que se incluyó es el de violación de derechos de autor y derechos conexos.

¿Qué penas tienen estos delitos? 

Los de violación distintivos comerciales, de dos a cuatro años; el de violación de derechos de autor y derechos conexos, de dos a cuatro, y la falsedad material, de cuatro a seis años. Con acumulación de delitos la pena es bastante alta; estamos hablando de una pena de 10 años la mínima y de 14 la máxima, en caso de ser condenado por los tres delitos.

¿Qué se prevé? ¿Quedará en detención provisional?

Esa es una de las decisiones que tiene que tomar el juez. La audiencia lo que se va a ver es ver que si comprueban los delitos y si en ellos hay indicios de participación del imputado. Una vez se haya definido eso, que estamos seguros que ambos presupuestos se cumplen, el juez va a decidir si lo mantiene en detención provisional o si le aplica medidas sustitutivas.

Para usted, ¿debería quedar detenido?

Por supuesto, la medida que debe aplicarse debe ser la más gravosa: la detención provisional. ¿Qué pasa si el joven Andrés el lunes se va a su casa? Estos grupos definitivamente se van a reagrupar, no cabe la menor duda. ¿Y qué es el riesgo que se corre con el joven Andrés Ricardo Ortiz Lara? Que vuelva a falsificar las páginas, que haya un ataque indiscriminado de difamación de troles. Además de eso, estas personas son expertos en informática. Por los tipos de celulares encontrados y las marcas, se puede borrar información.

¿Hay un riesgo de que se puede alterar información?
Sí. Definitivamente.

¿No tanto el peligro de fuga?

¡Cómo no! El peligro de fuga… si es un joven que ya no tiene trabajo, perfectamente esta persona vive con un familiar, una hermana. No tiene familia, hijos, no tiene responsabilidades. O sea, ¿quién lo detiene? Hay peligro de fuga. Está la proporcionalidad para aplicar la medida más gravosa en este caso.

¿La querella está convencida de que él ha tenido participación en los hechos y de que esto es parte de una red?

Lo que sucede es que no se trata tanto de que la querella esté convencida, sino que se trata de la prueba obtenida, y la confirmación de las hipótesis y las líneas de investigación que se presentaron en sede fiscal en la denuncia. Esas hipótesis una de ellas fue confirmada. Más que todo, ¿quién vincula al joven Andrés Ricardo? Lo vincula la prueba pericial, que se hizo en los dominios públicos en los sitios falsos.

¿En qué consiste esa prueba pericial? ¿Cómo se puede describir?

La prueba pericial es la que hacen los expertos informáticos, y a través de sus mecanismos llegaron a él.

¿Se asume que es una red porque él no operaba solo?

El tema de que es una agrupación, que es un grupo dedicado a eso surge de las fuentes de información confidenciales. El 21 de julio, que yo interpongo la denuncia en sede fiscal, al día siguiente lanzan un nuevo ataque contra La Prensa Gráfica. Ese mismo día, el 22, se recibe información de fuentes confidenciales donde mencionan: “miren, esta persona que ustedes han denunciado se encuentra en tal lugar, y nos dijeron la casa 63”, y dijeron que era un grupo que operaba ahí, y que en ese grupo se encontraba, el señor José Carlos Navarro, alias “El payaso sin gracia”, y otro tuitero muy reconocido, que en este momento no puedo brindar el nombre de la página porque está bajo investigación.

¿Por qué se vincula a José Carlos Navarro?

Es importantísimo, porque lo encontramos en el lugar el día de los allanamientos. No está capturado porque la orden no iba dirigida a él. Solo era algo que lo vinculaba con las fuentes de información confidenciales.

¿No podía haber flagrancia?

No, flagrancia no podía haber porque no se establecieron las pericias inmediatamente. Esto no es como una prueba de campo en el caso de drogas. Ahora que sabemos que estaba ahí donde la fuente de información mencionaron que se dedicaban a realizar este tipo de acciones, que esté ahí en el mismo lugar y que cuando llega el proceso de registro, él dice “yo soy el gerente de este lugar”.

¿“El payaso sin gracia” ahorita no tienen ninguna calidad pero podría llegar a tenerla? 

Él va a tomar la decisión. Puede tener la calidad de testigo, o la investigación puede determinar si esta persona tiene participación directa o no. 
¿Con todas las pruebas, muy difícilmente podrá salir bien librado Ortiz Lara? 

Sí. La investigación que han llevado la Fiscalía y la Policía está totalmente sustentada, en prueba documental, en prueba pericial e incluso testimonial. Tenemos testigos, hay peritos iniciales. Tendrán que concurrir a sede fiscal a declarar. Tenemos una declaración importantísima, del señor Roberto Rubio, donde él establece que por su cargo tiene acceso a información de este tipo, y él estableció cuáles son las estructuras criminales de espionaje que existen en el país.

Roberto Rubio espera que investigación sobre fraude cibernético dé con autores intelectuales

Para el director de FUNDE, el trabajo realizado por la Fiscalía ha sentado un precedente sobre los ataques cibernéticos en contra de personalidades e instituciones, de los cuales Rubio también ha sido víctima.

Hermelinda Bolaños, 14 noviembre 2015 / LPG

El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, se refirió a la desmantelación y allanamiento de una sede en la que funcionaba una red de difamadores y atacantes cibernéticos. El procedimiento fue realizado en la colonia Madreselva, de Antiguo Cuscatlán, el miércoles anterior por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo fue capturado Ricardo Ortiz, quien fue señalado como el autor material de la clonación del sitio web de LA PRENSA GRÁFICA y será presentado en las próximas horas por los delitos de violación a distintivos comerciales y falsedad material.

“Esto es importante porque al haber un autor material, usted puede seguir la pista hacia los autores intelectuales, ver qué tipo de relación mantiene él o mantuvo tanto laboral como no laboral que puede aparecer justamente ya sea en sus teléfonos, en sus computadora, etc”, expresó Rubio.

Durante el allanamiento realizado a la agencia publicitaria Bunker y en la vivienda de Ortiz, en Soyapango, se encontró un carné de identificación expedido por el Estado Mayor Presidencial (EMP). También se encontró que el detenido trabajó hasta 2013 como técnico programador para la Secretaría de Asuntos Estratégicos, adscrita a Casa Presidencial (CAPRES) y el Ministerio de Turismo (MITUR). Las entidades gubernamentales ya han emitido comunicados en los que se desligan de Ortiz.

Rubio fue víctima, desde mayo de este año, de ataques cibernéticos en su contra y en el de su grupo familiar. El director de FUNDE aseguró que desde Casa Presidencial se generaban estas acciones contra aquellas personas o instituciones que no compartían la ideología del Gobierno de izquierda. También cuestionó seriamente al secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, sobre si tenía conocimientos de esta red de ataques, los cuales provendrían desde CAPRES.

“Lo que se ha demostrado ahora es que él tenía relación con Casa Presidencial y con la Secretaría de Transparencia. No fue casualidad que yo le preguntara, en su momento, al entonces secretario de Transparencia si sabía él justamente de esas estructuras”, expresó Rubio.

También, en su momento, el analista económico cuestionó al expresidente Mauricio Funes, al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele sobre la autoría otros ataques difamatorios, los cuales calificó de ser una “guerra sucia” y aseguró que eran parte de varias estructuras de ataques.

Al inicio de los ataques, Rubio consideró que era víctima debido a que había solicitado sin éxito a Casa Presidencial información sobre viajes de Funes al extranjero. También cuestionó sobre estos ataques cibernéticos al actual director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de la comuna de San Salvador, Peter Dumas, y al exmiembro del equipo de campaña de Bukele Ernesto Sanabria. “Los señores que están cerca del señor Bukele”, dijo en su momento.

“¿Cuál era el vínculo de él (de Rodríguez)?, ¿Era solo, como dice la secretaría ahora, que es nada más que lo contrataron para montar una página web de un sitio web durante seis meses o había algo más? Eso es lo que tiene que investigar justamente la Fiscalía. Si el vínculo que tenía con la Alcaldía (San Salvador), ¿de qué tipo era? ¿Era simplemente comercial o había algo más?”, dijo Rubio sobre los nexos con la que Ortiz fue relacionado.

Durante el procedimiento realizado el miércoles, también fue incautado el teléfono celular de José Carlos Navarro, gerente de la empresa Búnker y quien aseguró que maneja la cuenta de Twitter @PayasoSinGracia. Por el momento, Navarro ha sido nombrado como testigo del caso.

“Estas son las indagaciones que tienen que continuar. Es un paso positivo, pero va a ser frustrante que se quede en el operativo o incluso que se quede solamente en el gerente del señor Navarro, porque me imagino que atrás del señor Navarro. (Hay que averiguar) quiénes son los dueños de esa empresa, quién es el dueño o el que alquiló esa casa, quiénes son esas empresas que se encuentran vinculadas, donde este señor trabajaba, qué hacía este señor Navarro con el payaso sin gracia, cuál era su rol y sus nexos”, enfatizó el economista.

“Esperaríamos que se llegue al menos a identificar quiénes son los que están detrás, ya otra cosa será qué tipo de ley se les puede aplicar, pero por lo menos el descubrir que andan haciendo esas cosas sucias eso por lo menos ya es algo. A mí me parece que no solo es atentado contra la libertad de expresión. Esto es un mecanismo, a veces de extorsión, de difamación. Es un ataque a la libertad de expresión porque son realizados a las personas, a las instituciones, a los medios que incomodad, que son críticos”, aseveró Rubio.

Fiscalía Investiga nexos con ciberfraude

Fiscalía presentará hoy el requerimiento en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán por los delitos de violación a distintivos comerciales, falsedad material y violación a derechos de autor. La Policía decomisó 14 computadoras.

Evidencia. Tras el allanamiento, la Policía recolectó 31 evidencias que serán examinadas por los forenses informáticos de la Fiscalía.

Ezequiel Barrera, 13 noviembre 2015 / LPG

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó ayer que la acusación formal en contra de Andrés Ricardo Ortiz Lara, de 27 años, capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) y señalado como el autor material de la clonación del sitio web de LA PRENSA GRÁFICA, será presentada este día en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. El requerimiento contiene tres delitos que se le imputan a Ortiz Lara: violación a distintivos comerciales, falsedad material y violación a derechos de autor y conexos.

“Lo que la Fiscalía siempre busca es que el juzgado decrete que el proceso judicial pase a la fase de instrucción con detención provisional del imputado para continuar con las respectivas investigaciones”, aseguró ayer la Fiscalía.

Por su parte, el subdirector de la Policía, Howard Cotto, informó ayer que el operativo policial, en el que se capturó a Ortiz Lara, dejó como resultado la incautación de al menos 14 equipos informáticos, más otros soportes electrónicos que almacenan archivos y además documentos que serán investigados por la Fiscalía como evidencia para determinar para quiénes y con quiénes trabajaba cuando cometió la falsificación del sitio web.

“Este fue un procedimiento (allanamiento) que ejecutó la Fiscalía en conjunto con la Policía, y que nació de una denuncia que hizo LA PRENSA GRÁFICA ante la Fiscalía por la suplantación de identidad, y eso es constitutivo de delito. Lo que hemos hecho es allanar en dos viviendas, una en ese lugar (Madreselva, en las oficinas de la agencia publicitaria Búnker SV) y otra en Soyapango (en la vivienda de Ortiz Lara). Tras el allanamiento hemos incautado una cantidad considerable de equipo informático, que tiene calidad de prueba. En la casa de Soyapango se incautaron tres equipos, y en Santa Elena fueron otros con los que sumaban 14 en total, o más”, dijo Cotto.

Según consta en el acta de ambos allanamientos que hicieron la Policía y Fiscalía, en total fueron 31 artículos que incautaron como evidencia. De esos, 26 fueron incautados en las oficinas de Búnker, entre los que estaban 12 computadoras portátiles con tres memorias USB, dos computadoras de escritorio, un disco duro, un CPU, dos teléfonos celulares que pertenecen al imputado y el otro a José Carlos Navarro –que tiene una cuenta en Twitter como @PayasoSinGracia y que es el gerente de Búnker–, dos escrituras de constitución relacionadas con la empresa Marketing Group, dos escrituras relacionadas con Blue Group, seis formularios de cheques, un formulario de crédito fiscal de Búnker, siete folios de documentos relacionados con las empresas Blue Group e Influencia Digital, dos folios con los contratos del imputado en las empresas Blue Group e Influencia Digital, siete tarjetas de crédito del imputado y una credencial vencida de cuando trabajaba en Casa Presidencial (CAPRES).

En el allanamiento de la vivienda de Ortiz Lara, la Policía incautó tres computadoras portátiles, un CPU y un quemador de discos. Toda esta evidencia, según explicó Cotto, será examinada en los próximos días por expertos de la Unidad Especial de Delitos Informáticos de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía y forenses informáticos de la Fiscalía.

Delitos informáticos

El subdirector de la Policía, Cotto, también dijo que ante este tipo de casos debería existir una ley especial de delitos informáticos, para que los que cometan delitos cibernéticos tengan un proceso judicial que contemple todos los aspectos en que hayan incurrido a través de internet.

“Por este tipo de casos es que siempre se ha mencionado la importancia de que exista en nuestro país una ley de delitos informáticos, una ley de internet; y a pesar de que no existe como tal, nuestro código penal sí contempla algunos delitos relacionados con este hecho (por el que fue capturado Ortiz Lara) y por ejemplo tentativamente, y de acuerdo con la valoración fiscal, hay la suplantación del periódico, es decir creando una página web y difundiendo contenidos en redes sociales que llaman al público con engaños, en torno a que la gente crea que son páginas reales y así brindar información que no es oficial, ni está bajo el control del periódico, por todo esto es importante una ley de internet”, dijo Cotto.

Actualmente, la propuesta de una ley especial de delitos informáticos se encuentra en una nueva revisión que discuten los diputados que integran la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa.

Policía incauta el celular del tuitero “Payaso sin gracia”

José Carlos Navarro, @PayasoSinGracia en Twitter, dijo que es gerente de Búnker y que uno de sus clientes es la alcaldía capitalina.

José Carlos Navarro. Es gerente de Búnker, empresa allanada donde fue capturado Ortiz Lara. Navarro está detrás de @payasosingracia en Twitter.

Ezequiel Barrera, 13 noviembre 2015 / LPG

Según el inventario de los equipos informáticos y documentación que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron en el allanamiento de la empresa de publicidad Búnker, donde se encontraba trabajando Andrés Ricardo Ortiz Lara –acusado de ser el autor material de la clonación del sitio web de LA PRENSA GRÁFICA–, también se incautó el teléfono celular de José Carlos Navarro, gerente de la empresa Búnker y quien maneja la cuenta de Twitter @PayasoSinGracia.

El jefe fiscal de la Unidad de Delitos de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza, dijo que Navarro además tenía “calidad de testigo” en este proceso judicial.

“El señor José Carlos Navarro se identificó como el gerente de la empresa, dijo además que era el que manejaba la cuenta @PayasoSinGracia y que lo hacía para atraer más clientes para quienes trabajaba manejando sus cuentas; por brindar toda esta información, el señor Navarro tiene calidad de testigo en este proceso”, dijo el fiscal Arriaza.

Según el acta del allanamiento, Navarro fue el que recibió a los policías y fiscales que llegaron el miércoles en horas de la tarde, diciéndoles que era el encargado y gerente de la empresa, y exigió ver las órdenes del allanamiento. Su comportamiento despertó sospechas en las autoridades, así que le incautaron el celular para examinar el contenido.

Durante las entrevistas que los fiscales realizaron, Navarro explicó que uno de los clientes de la empresa de publicidad era la Alcaldía de San Salvador, y que además ellos crearon la aplicación móvil Sívar que fue presentada por la municipalidad recientemente.

Una de las líneas de investigación que se tenía, antes del allanamiento, era la cuenta @PayasoSinGracia, por su frecuente comunicación con cuentas que manejaba Ortiz Lara y con otras cuentas que tienen características de trolles.

El fiscal Arriaza explicó que, por el momento, el único capturado en el caso de la suplantación de LA PRENSA GRÁFICA es Ortiz Lara, pero que hay otras líneas de investigación de personas que están detrás de cuentas que tienen un largo historial de comunicación y vinculación con las cuentas del imputado, que podrían estar relacionadas con el caso como financistas o como coautores materiales de la clonación del sitio web. Entre las personas investigadas está Mayra Lisseth Morán Lemus, quien es la representante legal de Blue Group-Búnker.

Hay que ir sentando precedentes en la defensa continuada de la libertad de expresión y en el debido respeto al trabajo de los medios. Editorial LPG

El pasado mes de julio LA PRENSA GRÁFICA sufrió un ataque cibernético muy grave cuando su sitio web se vio clonado con el avieso propósito de divulgar declaraciones falsas atribuidas al Presidente y Director General de este periódico.

Editorial, 13 noviembre 2015 / LPG

El hecho delictivo fue denunciado de inmediato ante las autoridades para que iniciaran cuanto antes las investigaciones del caso a fin de dilucidar el origen del ataque, determinar la identidad de todos los responsables del mismo y poner en marcha la justicia para el castigo correspondiente. En la tarde del pasado miércoles se realizó el procedimiento de cateo y captura en una casa presuntamente “troll center” de la urbanización Madre Selva, con lo cual se pone el caso en la ruta judicial, aunque desde luego se tendrá que seguir investigando porque una actividad delictiva como la señalada tiene que tener ramificaciones, y ya hay algunas señales que merecen atención, como el hecho de que el detenido por imputársele la responsabilidad material del hecho trabajara hasta 2013 en Casa Presidencial. El objetivo institucional tendría que ser llegar al fondo, en cuanto a personas involucradas y en cuanto a vínculos de las mismas, para aplicar la ley sin reservas.

Hay que tener presente que en este momento de la coyuntura tanto nacional como regional los medios de comunicación independientes están en la mira de aquellos gobiernos que postulan proyectos autoritarios y populistas, y que, siguiendo la tradición de la que proceden sus conceptos y sus propósitos políticos absorbentes y excluyentes, consideran toda crítica como un ataque al que hay que responder con medidas restrictivas y, si es posible, eliminatorias. Esto lo vemos de manera cruda y constante en países como Venezuela y Ecuador. Y en nuestro caso interno, el rechazo oficial reiterado al rol cuestionador de los medios es una señal de alto riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información que garantiza toda democracia en funciones, y a la vez una muestra viva de que se continúa queriendo hacer valer extremismos ideológicos fuera de tiempo y de lugar.

En la situación que nos ocupa, la Fiscalía General de la República afirma que tiene base suficiente para llevar adelante el procedimiento judicial. Los delitos de violación de distintivos comerciales y de falsedad material son los que se tipifican con los hechos ocurridos, conforme a las leyes vigentes. Desde luego este caso debería servir de impulso decisivo para que se apruebe la legislación directamente dirigida a perseguir y castigar los delitos cibernéticos, que tienen tanto auge en el presente con el expansivo crecimiento de las comunicaciones virtuales.

Insistimos en el imperativo de estar siempre en guardia frente a cualquier intento de violentar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ya se sabe, y en estos días hay evidencia reiterada al respecto, que persiste toda una campaña interna y externa para someter las libertades democráticas a los mandatos del poder abusador. La voz tanto de la información independiente como de la opinión libre debe hacerse oír en toda circunstancia; y, por supuesto, es fundamental mantener la alerta ante la creciente variedad de formas que pueden hoy asumir los ataques. Esta es una época en que tienden a juntarse los grandes avances y los grandes peligros. El hecho de que el caso que afectó directamente a LA PRENSA GRÁFICA esté ya en fase judicial es un dato prometedor; pero no hay que quitar el dedo del renglón porque los riesgos no cesarán.