Casa Presidencial

Carta al presidente: Pare esta fiebre propagandística de sus secretarios. De Paolo Luers

Paolo Luers, 11 mayo 2017 / MAS! y EDH

Ciudadano presidente:

Este es uno de tantos sitios de propaganda que maneja Casa Presidencial. Se llama ConLaGenteSV. Existe en Twitter y en Facebook y se dedica a promover cualquier idea que nace en Casa Presidencial, incluyendo las que rayan con la legalidad, como esta publicación sobre la Sala y el SITRAMSS. Es una publicación oficial de Casa Presidencial.

Lo único que está en duda es si lo controla su Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, o su Secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, Marcos Rodríguez. Le pregunto, señor presidente: ¿Quién es el responsable de ConLaGenteSV? ¿Quién responde jurídicamente (incluso penalmente) por sus contenidos? ¿Uno de sus secretarios, o usted mismo como presidente?

El contenido de esta publicación es falsa. El accidente que citan ocurrió el 24 de abril, mucho antes de la sentencia de la Sala. Además de falso es ofensivo. Es un delito acusar falsamente a alguien de haber atropellado una ciudadana. Además de falso y ofensivo expresa el irrespeto de Casa Presidencial por la Sala y lo que representa: La defenza a la Constitución.

Tienen derecho de estar en desacuerdo con la medida cautelar ordenada por la Sala. Y entiendo porqué están afligidos: Se les viene abajo uno de los proyectos estrella de su gobierno, y en particular del hombre que usted quisera ver como su succesor y heredero, el ministro Gerson Martínez.

Otra falsedad: Por más que inventen para presentar la decisión de la Sala como un boicot al concepto de la modernización del transporte público, no es así. La Sala pone en cuestión la manera ilegal y corrupta e ineficiente en que Gerson Martínez ha implementado el proyecto. Nadie está en contra de la modernización del transporte y de la necesidad de crear un sistema rápido, seguro e integrado. El problema es que ustedes impusieron un sistema corrupto y además ineficiente – y todavía amenazan con ampliarlo hasta Santa Tecla y Lourdes.

La versión facebook de ConLaGenteSV de CAPRES

Para regresar al tema principal de esta carta: Usted no puede seguir permitiendo que sus secretarios hagan campañas de difamación y noticias falsas con fondos públicos y poniendo en juego la credibilidad de la institución de la presidencia de la República. Mucho menos contra otro órgano del Estado.

Atentamente,

 

El show que nos cuesta 11.8 millones. De Paolo Luers

paolo3Paolo Luers, 30 diciembre 2016 / EDH

Estamos en vacaciones y nadie quiere hablar de cosas serias. Entonces, les voy a contar un chiste: Casa Presidencial nos quería contar que la producción de su show sabatino de ‘Gobernando con la Gente/Festival del Buen Vivir’ cuesta nada más $5,000. Luego, cuando tuvieron que defender esta mentira en una audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, cambiaron el monto a $32,017.08. Pero siegue siendo mentira: el costo aproximado de cada evento es de $118 mil. Cada segundo sábado…

El 9 de julio, la pareja presidencial celebró su reality show (más bien irreality) en la ciudad de Usulután. Días antes aparecieron los equipos de avanzada: los del Batallón Presidencial, para planificar la seguridad; los de la Secretaría de Participación Ciudadana, para visitar a las comunidades y seleccionar y entrenar a los ciudadanos que tendrían el privilegio de dirigirse al presidente; los técnicos para montar tarimas y carpas…

diario hoyEl propio sábado se movilizaron decenas de vehículos y cientos de funcionarios y empleados a Usulután: de Casa Presidencial, del Batallón Presidencial, de la PNC, de los 50 (!) instituciones del gobierno que participarían del evento; los activistas de la Secretaría de Participación Ciudadana y los periodistas de la Secretaría de Comunicación de CAPRES; los técnicos de Canal 10 y de Radio Nacional; y los camarógrafos, sonidistas, técnicos y productores de la empresa Meridiano89, quienes se encargarían de producir la versión televisiva del show.

Todos ellos trajeron sus respectivos equipos, toldos, sillas, mesas – y muchas de las instituciones participantes trajeron materiales para repartir a la población o para prestarles servicios o entretenimiento.

Luego, todo el aparataje había que desmontarlo, empacarlo, y transportarlo de regreso a San Salvador.

Tuvo lugar el evento, el presidente y su comitiva le dieron a la gente de Usulután muchas sonrisas y consignas, repartieron regalos, hicieron promesas – bueno, todos ya sabemos como funcionan estos eventos.

Ahora viene el chiste: Según Casa Presidencial, todo esto nos costó solamente 5 mil dólares. Esta fue la respuesta del oficial de información de CAPRES a una solicitud de información pública que este servidor hizo en agosto del 2016.

Obviamente, no me quedé satisfecho con esta respuesta, obviamente falsa. 5 mil dólares costó el alquiler y montaje de la carpa. Y según Casa Presidencial, todo lo demás no le causó ningún costo adicional, ya que se usaron equipos, vehículos y personal propio. Como si movilizar todo este montón de vehículos, funcionarios, empleados, soldados, policías, equipos y materiales no costara nada. Como si los materiales que reparten no costaran nada. Como si la gasolina fuese gratis. Como si todo el personal involucrado, que trabaja estos sábados de madrugada a noche, no cobraran nada, no comiera nada, no bebiera nada.

La mentira más obvia en esta (des)información de CAPRES es que la producción televisiva, que involucra numerosas cámaras y personal profesional, no les cuesta nada. Dicen: Lo hacemos con recursos, equipos y personal propio.

Bueno, en diciembre 2016 se celebró la audiencia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque este servidor apeló la resolución de Casa Presidencial. En esta audiencia, el representante de CAPRES testificó que el único costo del espectáculo eran los 5 mil que pagaron por la carpa. Todo lo demás, reiteró, fue hecho con recursos y personal propio de Casa Presidencial. Nadie cobraba horas extra. Y volvió a afirmar, ante los comisionados del Instituto, que el programa televisivo no causó a CAPRES ningún costo, ya que se realizaba con recursos, equipos y personal propio.

Este servidor argumentó que esto era doblemente falso: Primero, incluso si fuera cierto que todo se hizo con recursos propios, movilizarlos causaba costos. Segundo, la producción televisiva involucraba los servicios de profesionales reconocidos de una empresa (Meridiano89), y que este servidor insistía en conocer cuánto costó a CAPRES (o sea a nosotros) su servicio. Volvió a negar el representante de CAPRES que estuviera involucrado un servicio profesional externo.

El Instituto resolvió ordenar a Casa Presidencial a revelar cuánto tiene asignado en su presupuesto para realizar dichos eventos. Le dieron 5 días para entregarme la información requerida.

Al final de la tarde del quinto día recibí la ‘Resolución de Cumplimiento’ de Casa Presidencial. Cumplieron el plazo, pero incumplieron la obligación de entregar información completa.

Ahora, la historia oficial cambió. Ya no es válido lo que el oficial de información de CAPRES defendió a capa y espadas en la audiencia: que no se podía dar información detallada de los costos. Ahora mandan los costos del show del Buen Vivir al centavo, rubro por rubro, y evento por evento.

El costo total para el evento del 9 de julio 2016 en Usulután, en esta segunda versión de Casa Presidencial, fue de $32,017.08 – ya no de 5 mil, como originalmente sostuvieron.

Pero aun hay varios rubros que omiten: Todo lo relacionado con Seguridad lo declaran información reservada; todo lo relacionado con la movilización de los docenas de vehículos, lo omiten. No aparece ni un galón de gasolina. También omiten los servicios que en cada evento prestan los profesionales de Meridiano89 para producir la versión televisiva del (ir)realality show.

Capres reconoce $32 mil para un solo evento, pero el costo real oscila alrededor de $118,000.

¿Cómo llegamos a esta suma? Agregando a los costos oficiales de CAPRES de $32 mil los costos de cada una de las 50 dependencias del Estado que están participando en el show: con vehículos, materiales, equipos, toldos, muebles y personal. Pongamos un promedio muy conservador: $1,500 por institución. Son $75,000 por evento. Ya suman $108 mil. Plus los costos escondidos para la producción televisiva, incluso a precio de cheros: $10,000. Llegamos a $118,000. Esto son unos $2.36 millones al año, si calculamos 20 shows – o $11.8 millones en el quinquenio. Y esto es un calculo conservador, porque asumo que cada ministerio o autónoma participante gastará más que $1,500 en cada evento.

Falta mucho que recorrer en el camino a la transparencia. Sobre todo en Casa Presidencial.

 

La solicitud de información:

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La primera respuesta de CAPRES:

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La resolución del Instituto de Acceso a la Informacion Pública:

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La segunda respuesta de CAPRES:

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Telegramas de fin de año a políticos y funcionarios: Ya sé que nunca contestan. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 22 diciembre 2016 / EDH

Casa Presidencial: Recuérdense, hoy jueves 22 vence el plazo que les dio la sentencia del Instituto de Acceso a la Información Pública para decirme cuánto cuesta el (ir)reality show del Buen Vivir.

Fiscal General: ¿Disculpe, pero hay investigación contra Herbert Saca y Mecafé, o solamente allanaron para buscar pruebas contra Tony Saca y Mauricio Funes? ¿O ya son testigos criteriados?

Presidente: No tiene que esperar hasta el 24 para dar a los alcaldes el FODES. No es regalo de navidad. Es su deber pagarlo mes a mes.

Sala Constitucional: ¿No van a sacar la sentencia que nos devuelve el derecho de libremente circular por todos los carriles de la Juan Pablo y del Bulevar del Ejército?

Magistrado Rodolfo González: No es el ejército que los está amenazando. Es el FMLN.

Mauricio Landaverde: ¿En el Ministerio de Justicia hay alguien que ha estudiado Derecho? Si hay, que le explique que es inconstitucional su decreto de negarle a miles de privados de libertad, de manera absoluta, el derecho al sol, independientemente de su comportamiento individual.

Ministro Carlos Cáceres: ¿Va a renunciar o se queda – o es sólo un berrinche que todos los fines de año repite?

Mauricio Interiano: Usted habla mucho del rumbo que no tiene el gobierno del FMLN. Es tiempo que defina cuál es el rumbo que ARENA quiere dar al país.

Arzobispo: No es necesario que cada domingo aproveche su investidura para dar su opinión sobre política, economía, seguridad. Tampoco quiere que los ministros, generales y empresarios emitan juicios teológicos.

ANEP: No es en la Corte Suprema que van a arreglar el problema del salario mínimo. Es negociando con los sindicatos. Luego le cuentan al gobierno lo acordado.

Hugo Martínez: Si el presidente no quiere hablar de Siria, ¿qué tal que usted como canciller hable claro sobre el genocidio en Alepo y la participación de Rusia?

ARENA: Si el gobierno del FMLN no presenta un presupuesto como la Constitución manda, ¿por qué no lo hacen ustedes? No es su responsabilidad, pero alguien lo tiene que hacer. Los números están sobre la mesa.

Presidente de CEL: Permítame una entrevista para explicarme cómo los proyectos El Chaparral y Ampliación de la 5 de Noviembre serán rentables para el país, a pesar de la explosión de su costos.

Presidente de CEPA: Ya parece inútil la pregunta, ¿pero cuántos años más pasará el Puerto de La Unión sin funcionar? Ya son 8.

Ya sé que nunca contestan, pero no voy a dejar de preguntar. Felices fiestas .

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Carta al exfiscal: ¿Y usted nos pidió respeto? De Paolo Luers

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Caricatura: Alecus

Paolo Luers, 26 noviembre 2016 / EDH

Estimado Luis Martínez:
Resulta que usted cobró, mes a mes su sobrecito de billetes, primero de Mauricio Funes, luego de Salvador Sánchez Cerén. “La cantidad que se le entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares”, escribió usted mismo a la Corte Suprema de Justicia. Claro, en Casa Presidencial no hay record de esto, como tampoco de tantas otras cosas. Porque nunca firmó recibos. Tampoco hay record en Hacienda, porque el acuerdo tácito con Casa Presidencial era no declarar este ingreso al fisco. Sobornos no se registran en contabilidad…

diario hoyNos enteramos de todo esto, no por un ataque de transparencia de Casa Presidencial o de usted, sino porque usted se vio obligado a justificar ante la Sección de Probidad su patrimonio y su tren de gastos personales. No había otra forma de justificarlos, así que usted tuvo que ‘confesar’. “Dicha cantidad me fue explicada someramente, como una concesión inherente al cargo de fiscal general de la República, como un sobresueldo”, afirmó usted a la Corte.

El hecho que usted concibe que es “inherente al cargo de fiscal general” recibir, aparte de su salario en la FGR y “para sus gastos personales” sobres de cash del presidente de turno, explica mucho de su errática gestión. Siempre me he preguntado como un fiscal general, supuestamente vestido de absoluta independencia frente al Ejecutivo, pudo convertirse en el fiel instrumento del presidente Funes en su cruzada de persecución política contra sus adversarios. No hay almuerzo gratis: Una vez que se vendió al diablo, vendió también la imparcialidad de la fiscalía. Una vez que aceptó 20 mil dólares mensuales de soborno del presidente de la República, puso la institución de la fiscalía en función de juicios políticos, como en los casos CEL-ENEL y Francisco Flores.

Incluso a la hora de bajarse los pantalones y ‘confesar’, todavía trata de engañar. Usted habla de sobresueldo, pero los sobrecitos de cash que usted cada mes recibió de Casa Presidencial, no era un sobresueldo. Era un vil acto de soborno del poder ejecutivo para comprar la voluntad de un funcionario que por mandato constitucional tiene que actuar con independencia.

Los sobresueldos son otra cosa, tampoco muy legal, que corresponden a una práctica de los gobiernos de compensar a sus funcionarios (ministros, viceministros y otros) con pagos en efectivo, simplemente porque los salarios oficiales no corresponden a la realidad del mercado de profesionales. Un presidente no necesita sobornar a sus ministros, porque tiene todo el derecho de darles órdenes, corregirles la plana o incluso sustituirlos. La práctica común que el mismo empleador paga, adicional al salario, un sobresueldo, no es correcta, no es legal, pero es legítimo, no es soborno, no es compra de voluntades. Y la solución es simple: asignarles a los altos ejecutivos del Estado salarios que correspondan a su preparación académica y profesional, su responsabilidad y su desempeño profesional.

Pero cuando el presidente de la República compra, con sobrecitos de cash, la voluntad de fiscales, jueces, periodistas y otros que no son sus subalternos, es otra cosa mucho más grave. Y esto es, evidentemente, el caso de usted. El fiscal general no solo tiene que ser independiente, tiene la responsabilidad de investigar y perseguir delitos cometidos dentro del órgano ejecutivo. Inmediatamente surge la interrogante: Si ya sabemos que esta práctica de comprar fiscales no terminó con la gestión de un presidente (Funes), sino se prolongó en la Casa Presidencial actual, ¿quién nos garantiza que en el caso de la fiscalía terminó con la gestión de Luis Martínez?

Pero a esta duda ya no tiene que responder usted, sino el actual presidente y el actual titular de la fiscalía. El delito que cometió usted ya está documentado, y es soborno, no es sobresueldo. Hay que nombrar las cosas por su nombre – y no es correcto que los medios (incluyendo el mismo Faro que documentó este caso), sigan hablando de sobresueldo y no de soborno.

Y a usted le pregunto: ¿Con qué cara pronunció esta célebre frase ‘¡Respeten al fiscal!’?
Saludos,

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Exfiscal Luis Martínez admite que Presidencia le tuvo a sueldo durante toda su gestión. El Faro

“El origen de dichos fondos era el mismo presupuesto del órgano ejecutivo”, escribió el exfiscal Martínez en un documento presentado a la Corte Suprema de Justicia en el que revela haber recibido de la Presidencia sobresueldos de entre 10 mil y 20 mil dólares. Martínez dio esta información para intentar explicar 486 mil dólares sin justificación en su patrimonio. El exfiscal es el primer exfuncionario ajeno al Ejecutivo que confiesa haber recibido sobresueldos. 

el faroSergio Arauz y Gabriel Labrador, 24 noviembre 2016 / EL FARO

El exfiscal Luis Martínez reveló a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante todo su periodo recibió un sobresueldo mensual “de entre 10 mil y 20 mil dólares” que provenían de una partida de gastos reservados administrada por la Presidencia de la República. Según Martínez,  estos fondos le fueron entregados de manera consecutiva durante los últimos 18 meses de la administración del expresidente Mauricio Funes y los primeros 18 meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

El exfiscal dio esta confesión el 16 de noviembre a la sección de Probidad, en un escrito con el cual intentó subsanar una investigación de enriquecimiento ilícito en su contra. Probidad le cuestiona cuatro irregularidades a sus cuentas que suman 486 mil dólares cuyo origen es desconocido. El monto mayor tiene que ver con el pago que Martínez y su familia hicieron a cuatro tarjetas de crédito del Banco Promérica hasta por 361 mil dólares.

Para justificar el origen de esos fondos, Martínez escribió a Probidad que él recibía dinero de “delegados de Casa Presidencial” a quienes no puede identificar, y que el dinero fluyó de manera constante durante las dos administraciones presidenciales del FMLN.

“La cantidad que se me entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué, de manera mensual (sic.)”, escribió Martínez a la sección de Probidad.

Para el exfiscal, la normalidad con la cual se le entregó el dinero le hizo entender que se trataba de un pago por su trabajo y por eso nunca sospechó de su procedencia. En mayúsculas, Martínez escribió que “EL ORIGEN DE DICHOS FONDOS ERA EL MISMO PRESUPUESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, por lo que no dudé de la legalidad de los mismos”. Martínez, quien juró defender la Constitución, la cual lo revistió de independencia respecto al resto de poderes del Estado, se perfila a sí mismo como un funcionario a sueldo de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.

“Dicha cantidad me fue explicada someramente, COMO UNA CONCESIÓN INHERENTE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA como un sobresueldo, situación que no me pareció ilógica en tanto que el origen, la permanencia en las entregas y sobre todo, que sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción (sic.)”, escribió.

Al leer su declaración queda claro en dos ocasiones que el sobresueldo que dice haber recibido fue entregado entre el último tramo de la gestión del primer gobierno del FMLN, de diciembre de 2012 a mayo de 2014 (18 meses); y el primer tramo de la gestión de Sánchez Cerén, de  junio de 2014 a diciembre de 2015 (18 meses), periodo que se corresponde a su mandato en la FGR. En el inicio del texto, sin embargo, Martínez parece confundirse al decir que recibió fondos “inicialmente” en 29 meses del gobierno de Funes y siete meses del gobierno de Sánchez Cerén. La sumatoria de este cálculo, aparentemente erróneo, también se corresponde con el total de meses que dura un fiscal general en el cargo.

Esta es la primera vez que un exfuncionario del Estado -ajeno al organigrama del órgano ejecutivo- revela que recibió dinero de una partida de gastos reservados a través de sobresueldos. El Faro reveló en 2013 la existencia de los sobresueldos ocultos del gabinete,  una práctica que nació en el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994). Desde hace 22 años ha sido la Presidencia de la República la dependencia responsable de gestionar y de entregar estos sobresueldos, que se pagan en efectivo y sin dejar rastro en la contabilidad oficial.

En su testimonio, el exfiscal Martínez confirma que la entrega de los sobresueldos no era algo exclusivo para funcionarios del gabinete de gobierno o del órgano ejecutivo, y que los montos podían sobrepasar la frontera de los 10 mil dólares mensuales. Un exfuncionario de la Presidencia Funes que formó parte del equipo que tramitaba estos pagos explicó a El Faro que a parte de los altos funcionarios del ejecutivo, el sobresueldo del exfiscal era solo uno más de una serie de “apoyos” que también recibían algunos diputados opositores, columnistas, periodistas, fundaciones privadas sin fines de lucro y hasta magistrados de la Corte Suprema.
La confesión de Martínez es el segundo indicio que recoge Probidad sobre el uso irregular de fondos públicos a tráves de partidas catalogadas como gastos reservados. La primera vez que este mecanismo se cruzó por el radar de la sección fue cuando Élmer Charlaix, el exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, intentó justificar que 15.8 millones de dólares que pasaron por sus cuentas bancarias provenían de una cuenta de gastos secreta del expresidente Saca. Según Charlaix, él utilizó esos fondos para gastos de inteligencia ordenados por el presidente de la República. Más tarde, la Fiscalía logró detectar que entre esos movimientos de dinero, supuestamente destinados para operaciones de inteligencia, hubo pagos a tarjetas de crédito de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, y una entrega de 400 mil dólares al partido Arena, entre otros.

En el caso del exfiscal Martínez, él explicó que el dinero que le enviaba la Presidencia a través de delegados provenía de una partida presupuestaria del Ejecutivo cuyo gasto era regulado por un reglamento. Ese reglamento, según Martínez, era citado verbalmente por esos delegados cuando le entregaban el dinero. “(…) Existía ‘un reglamento interno de Casa Presidencial’ y se me hizo mención de él explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional”, planteó Martínez.

Hasta esta nueva versión narrada por el exfiscal, el sobresueldo -según confirmaron una docena de exfuncionarios y funcionarios de Arena y el FMLN con los que habló El Faro en 2013- era un complemento al salario mensual de los altos funcionarios del Ejecutivo que se definía en una negociación entre la Presidencia y el beneficiario del estipendio.

Miembros de los últimos cuatro gobiernos que confiesan haber recibido esos pagos dicen que la cantidad entregada dependía del rango del funcionario como del salario que este tenía antes de asumir funciones: unos recibían 3 mil dólares, otros 5 mil, otros 8 mil y hay, los menos, que recibían más de 10 mil dólares mensuales en billetes de 100. Esta última cifra casi equivale a tres veces el sueldo oficial de un ministro, que según la Ley de Salarios pellizca los 3,500 dólares.
En la administración de Mauricio Funes, cuentan los exfuncionarios, existió una especie de escalera de sobresueldos asignados a cada rango. Un ministro del primer gobierno del FMLN recibía cada mes 5 mil dólares de “complemento”; mientras que un viceministro recibía 3 mil. La confesión del exfiscal Martínez revaloriza esos montos, cuando él habla que llegó a recibir hasta 20 mil dólares en algunos sobresueldos.
Según las fuentes, la entrega de este dinero, en la mayoría de ocasiones, se hacía a través de sobres de manila. Quienes lo entregaban en las oficinas de los funcionarios eran motoristas o mensajeros, aunque había algunos funcionarios que llegaban a cobrar su estipendio en una oficina de la Presidencia. Ahí eran atendidos por un empleado al que no podían identificar. Tres años después de que El Faro revelara la existencia de los sobresueldos, el exfiscal Martínez confirma cómo funcionaba este mecanismo cuando declara a Probidad que él recibía el dinero “por diferentes personeros” de Casa Presidencial.
“Las cantidades ya referidas efectivamente eran entregadas a mi persona sin mediar en ello comprobantes de entregas o recibos, pero supondría que de ello existe respaldo en casa presidencial o en el Ministerio de Hacienda”, escribió.
Según el expediente de Probidad al que tuvo acceso El Faro, esta oficina consultó a la secretaría jurídica de la Presidencia si existían documentos que respaldaran los pagos mensuales que el exfiscal general dice haber recibido. “En razón de la materia que trata el requerimiento en cuestión, el mismo fue trasladado a la Gerencia Financiera Institucional, oficina que mediante nota de esta misma fecha -18 de noviembre de 2016- respondió que, luego de instruir a la verificación de la información solicitada en el precipitado requerimiento, en los archivos y registros de la referida Gerencia, se ha constatado su inexistencia en tales archivos y registros”.
Hasta finales de octubre de 2016, tres técnicos financieros de Casa Presidencial señalados por la Fiscalía como piezas claves en una maquinaria que ordeño al Estado con más de 250 millones de dólares seguían laborando para la presidencia todavía en el segundo gobierno del FMLN. Estos funcionarios fueron contratados desde la presidencia de Armando Calderón Sol y se mantuvieron en el cargo durante 22 años.

Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Ellos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.

Un funcionario que trabajó durante más de una década para el Ministerio de Hacienda explica que el dinero para los sobresueldos se encuentra oculto en diversas partidas del presupuesto general. Él explica que en los presupuestos elaborados por Hacienda existen bolsas de cuya liquidación no hay certidumbre porque no existe un control básico y transparente de cómo se ejecutan esas partidas en la Secretaria Privada de la Presidencia. Por ejemplo, una de las partidas está asignada a la dirección y administración institucional de la Secretaría, que en el presupuesto de 2013 tenía asignados 35 millones 616 mil 230 dólares. En 2016, esta misma partida tiene asignados 37 millones 563 mil 960 dólares.
En el presupuesto se plantea que esos fondos son utilizados para “dar seguimiento a la ejecución e implementar acciones para el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Gobierno y realizar reuniones de trabajo con el Gabinete de Gobierno” y “administrar los recursos financieros, materiales y humanos, con eficiencia, racionalidad y transparencia, a fin de contribuir con el logro de los objetivos institucionales y su funcionamiento de manera integrada e interrelacionada.”
Si se asume que durante una gestión de cinco años un ministro recibe al menos 60 sobresueldos de 5 mil dólares, la suma arroja 300 mil dólares en ingresos de los que el Estado no recibe declaraciones de impuestos. Si trasladamos ese cálculo a los 13 ministros del gabinete de gobierno, la cifra estimada asciende a 3.9 millones de dólares en cinco años. En su declaración, el exfiscal Martínez abre una puerta detrás de la cual aparece la Presidencia de la República repartiendo sobresueldos a otros funcionarios del Estado de manera discrecional y a oscuras.
Las tarjetas de Luis Martínez

En septiembre de 2016, luego de analizar las declaraciones patrimoniales del exfiscal Martínez, Probidad concluyó que hubo movimientos de dinero en sus cuentas que no tenían justificación. En concreto, Probidad detectó 125 mil 408 dólares con 80 centavos que no cuadraban. Más tarde, el 27 de octubre, la Sección descubrió que los montos irregulares eran mayores, luego de que encontraron pagos a cuatro tarjetas de crédito por 361 mil 285 dólares que Martínez no había reportado en sus declaraciones.

Cuando la Sección le pidió explicaciones sobre el pago de esas cuatro tarjetas del Banco Promérica, Martínez respondió que estas le habían sido regaladas por la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. Según dijo, le fueron entregadas para que él y su familia las utilizaran de manera discrecional durante su mandato.

¿Por qué una empresa estaría interesada en dar cuatro tarjetas de crédito a un fiscal general? Martínez señaló que entre algunos accionistas de esta sociedad había parientes suyos. “Existe nivel de parentesco entre algunas de las personas relacionadas con el capital accionario de la sociedad y mi persona, mismas que se vieron de alguna manera fortalecidos a través de la prestación de diversos servicios profesionales rendidos por mi persona y hacía aquella (sic.) desde antes del desempeño del cargo de fiscal”, escribió. El exfiscal tiene 26 años de prestar servicios de abogacía.

La Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal prohíben a los funcionarios públicos recibir favores o dádivas de particulares cuando con estos se intenta influir en el trabajo institucional. Pero el exfiscal explicó que la entrega de las tarjetas de crédito “no obedeció a otra circunstancia que una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.

Una de las cuatro tarjetas de crédito, explicó el exfiscal, fue utilizada por él. Dos tarjetas las utilizó su esposa Carla García Rossi; y la última la utilizó uno de sus hijos, Luis Carlos Martínez. El exfiscal además explicó que para amortizar el saldo de dichas tarjetas, la empresa nunca puso ni un centavo: el dinero en efectivo lo daba él mismo, aunque a veces también enviaba a empleados de la Fiscalía a entregar el dinero a la empresa para que esta hiciera los abonos.

Este ese movimiento constante de dinero es donde, según el exfiscal, entran a escena los sobresueldos de Casa Presidencial. Martínez asegura que esas tarjetas fueron manejadas con fondos entregados por la Presidencia, pero también plantea que esos fondos los ocupó para reforzar su seguridad.

“Se me hizo mención del (reglamento interno) explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional. Circunstancias que de inmediato relacioné con la posibilidad de fortalecer mi seguridad personal y la de mi familia por el cargo de alto riesgo que acarreó mi actividad en contra de diversos grupos delincuenciales como las pandillas”, escribió.

Probidad detectó que en los estados de cuenta de las cuatro tarjetas de crédito había compras personales, aunque en el informe al que tuvo acceso El Faro no había detalle de dichos gastos.

No todos los abonos al saldo de la tarjeta de crédito los hizo Martínez con fondos de Casa Presidencial. También dijo que algunos pagos los hizo con viáticos que le entregaba la Fiscalía cuando realizaba misiones oficiales.

La Fiscalía también había otorgado a Luis Martínez una tarjeta de crédito institucional para gastos personales. El exfiscal dijo a Probidad que cuando esa tarjeta de la FGR fallaba o no era admitida, le tocaba utilizar una de las tarjetas que le entregó la sociedad Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V.  “No me serví de fondos destinados a la institución (FGR) para pagar gastos relativos únicamente a mi persona o mi familia, por el contrario, mi persona utilizó la tarjeta tantas veces relacionada en auxilio a imprevistos ocasionados por la tarjeta institucional en misiones oficiales”, escribió Martínez.

Probidad pone en duda esta versión: “No se adjuntó ningún documento que respalde el uso de esas tarjetas de crédito para fines institucionales. En los estados de cuenta mensuales enviados a esta oficina por el Banco Promérica S.A. se observan compras personales cargadas a las cuatro tarjetas de crédito analizadas”.

El milagroso préstamo de Aldo Parducci

Antes de convertirse en fiscal general, Luis Martínez había sido un abogado y notario que entre sus clientes tuvo a uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Martínez era abogado y notario del expresidente Francisco Flores, y la relación laboral que los unió duró cerca de dos décadas. Por ejemplo, cuando el expresidente Flores dejó su cargo en junio de 2004, necesitó los servicios de un abogado para presentar su declaración patrimonial ante la sección de Probidad. Quien ejerció esas funciones fue el abogado Luis Martínez, para aquellos años todo un desconocido en los pasillos públicos de la política salvadoreña.

La relación entre Martínez y el expresidente Flores era un hombre que formó parte del círculo íntimo del exmandatario. El 19 de diciembre de 2013, Martínez aceptó en una entrevista de televisión en el canal 33 que tenía una larga amistad con Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia Flores.  “Con él tengo la relación directa de trabajo por más de 25 años. He sido notario y abogado de Aldo y él estuvo desarrollando una lotificación al expresidente. De ahí viene la relación”, dijo el exfiscal en la entrevista.

Cuando Probidad le detectó otras tres irregularidades al exfiscal por un monto de $125 mil dólares, él invocó a su viejo amigo para intentar desvanecer parte de esos montos. Probidad le señala a Martínez que no se puede comprobar el origen del dinero con el que pagó deudas por 27 mil 305 dólares de su esposa y de un crédito que él abrió a su nombre ante el Banco Agrícola; que tampoco se puede explicar cómo es que gastó más de lo que tenía hasta por un monto de 37 mil dólares, y que tampoco se explica de dónde salieron los fondos para abonar a cuentas de su esposa y de uno de sus hijos 45 mil 760 dólares. Estos montos suman 110,065 de un total de 125 mil dólares que le repara Probidad al exfiscal. En el documento al que tuvo acceso El Faro no hay una explicación sobre los 14 mil 935 dólares de diferencia.

Según Martínez, en febrero de 2013, su amigo Aldo Parducci le otorgó un préstamo no bancario hipotecario por 220 mil dólares. Con ese préstamo Martínez canceló una deuda hipotecaria de 194 mil 442 dólares con el Banco Davivienda. Martínez había hipotecado su casa de residencia en Joya de las Piletas, una residencial privada a la entrada de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Esa deuda, según explicó a Probidad, fue saldada tres meses después de haber asumido como fiscal general con el préstamo otorgado por Parducci.

Del préstamo que le hizo su amigo, según las cuentas del fiscal, le quedaban 25 mil 558 dólares que utilizó para pagar otras deudas. En concreto abonó saldos a tres tarjetas de crédito de su esposa y pagó las últimas cuotas de un préstamo personal abierto a su nombre en el Banco Agrícola. El total de estas operaciones llegó hasta los 27 mil 305 dólares.

Pero Martínez también invocó ese mismo crédito para justificar 20 mil de los 37 mil dólares que según Probidad gastó de más.

Para Probidad, el relato de Martínez no es válido porque aunque él dice que recibió 220 mil dólares de parte de Parducci, Probidad solo ha certificado un préstamo por 200 mil dólares. Eso significa que luego de haber cancelado la hipoteca de su casa, Martínez solo pudo haber utilizado 5 mil 558 dólares -lo que le quedaba del préstamo de Parducci- para otros gastos.

El último reparo de Probidad -unos depósitos por 45 mil 760 dólares en cuentas de su esposa y su hijo- Martínez intentó subsanarlo explicando que ese dinero salió de montos que provenían de sus sueldos como fiscal, de los viáticos y gastos de representación que él obtuvo de la FGR.

Probidad cuestiona esta versión porque esos fondos, según argumentaba el mismo Martínez ante la Fiscalía, eran utilizados para necesidades de su trabajo.

“Esta oficina no puede tener como válidos esos argumentos (de Martínez) ya que según consta en la información proporcionada por la FGR, mediante oficio del 11 de julio de 2016, el fiscal general pidió en repetidas ocasiones viáticos adicionales para sus misiones oficiales y su comitiva que lo acompañaba, lo que da a entender que los asignados no le eran suficientes para sufragar sus gastos”, reza el informe de Probidad.

Manuel Cruz, el abogado del exfiscal, explicó a El Faro que su cliente no quiere dar declaraciones a ningún medio sobre ninguno de los procesos de investigación en su contra. El caso de Luis Martínez está en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes definirán si este pasa a una Cámara de lo Civil a un juicio por enriquecimiento ilícito.

*Con reportes de Nelson Rauda

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

En agosto de este año, el exfiscal general, Luis Martínez, fue detenido por agentes de la PNC para llevarlo a las bartolinas de la División Anti Narcóticos. Fue capturado en la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, acusado por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Foto de El Faro: Víctor Peña

“Yo sí tengo desconfianza de Casa Presidencial”: Xenia Hernández/DTJ

Solicitante de la información de viajes del expresidente Mauricio Funes dice que se evidencian anomalías en datos brindados por la casa de gobierno.

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Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia

Entrevista de Beatriz Benítez, 3 octubre 2016 / LPG

la prensa graficaXenia Hernández, abogada y exasesora del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE-ALAC), junto a Roberto Burgos Viale, excoordinador de ALAC, y ahora director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), solicitaron el 3 de julio de 2014 a Casa Presidencial información de los viajes en misiones oficiales del expresidente de la república Mauricio Funes y de la ex primera dama Vanda Pignato, durante su gestión; así como de actividades protocolarias, contratos de publicidad y auditorías. Después de procesos de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y con la intervención de la Sala de lo Constitucional, la casa de gobierno entregó la información el pasado miércoles 28 de septiembre. Sin embargo, para Hernández hay poca credibilidad y transparencia en la información. La abogada considera que la Fiscalía General debe investigar debido a que no se registran gastos, pese a que existen reglamentos que obligan a documentar egresos en viáticos.

¿Es creíble que CAPRES no tenga información de los gastos en viajes de expresidentes?
Hay un reglamento que lo ha emitido el Ministerio de Hacienda y ese reglamento dice que es para todas las instituciones del Estado. Ese está emitido desde 1996. Entonces, no solo Mauricio Funes, sino también los gobiernos de ARENA, tuvo que haber registrado cada uno de los gastos en viajes. El instructivo habla de los montos específicos que se les tiene que entregar, dependiendo donde vayan y los días, y dice que tiene que documentarse toda la información. ¿¡Cómo es posible que si el presidente de la República, que es la cabeza del Órgano Ejecutivo, dé un mal ejemplo a todas las instituciones en no someterse a los procesos administrativos!?
El jefe de la unidad administrativa, según la guía o instructivo para entrega de viáticos, dice que tiene que documentar todo, eso significa que Mauricio Funes tuvo que haber firmado que recibió el dinero para esos gastos.
Es que ser el presidente de la república no es ser el monarca de un país, el dueño del país, o el ciudadano lleno de beneficios, y que no tiene que dar explicaciones. Al contrario, por ser elegido en un proceso democrático, es cuando más debería rendir cuentas a los que lo eligieron y a los que no lo eligieron, para fortalecer la confianza. En la información, ha quedado en evidenciado que hay muchas anomalías y que la Fiscalía General de la República, en su momento, debe investigar, porque es la institución que le corresponde velar por los intereses del Estado. Tiene que verificar qué es lo que ha pasado con esos recursos. Si bien es cierto, el expresidente Funes no tenía el manejo directo de los fondos, sí era la cabeza del Ejecutivo.

¿Podría recaer responsabilidad en alguien o en la institución por el mal manejo de los fondos?
Sí, y debe buscarse un responsable. La Corte de Cuentas de la República tuvo que haber hecho reparos a las auditorías hechas a Casa Presidencial porque no documentaban los gastos. Es ilógico que ninguna institución haya iniciado investigación por el mal manejo de los recursos. A la Corte de Cuentas le toca auditar el manejo del presupuesto en cada institución, y si encuentra algún reparo, tiene la obligación de informar a la Fiscalía para que haga las investigaciones. Al hacer ese tipo de denuncias, también entra el Tribunal de Ética Gubernamental en ver si hubo una conducta antiética, ¿dónde está?

¿No están satisfechos con la información que dio CAPRES?
Es deficiente. Hemos solicitado la información a la Corte Suprema de Justicia para cruzarla porque estamos insatisfechos con la información entregada de los viajes. La sala ordenó que se recabara información en nueve instituciones: Migración y Extranjería, Aviación Civil, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Participación Ciudadana, Ministerio de Gobernación, Relaciones Exteriores, Corte de Cuentas, otra que no recuerdo. Lo único que he podido cruzar es que en uno de los acuerdos, la comitiva que está autorizada, no está dentro de los viajes de 2011. Además, en el listado de viajes no están reflejados dos viajes que nosotros sí tenemos registrados en otra información que pedimos en 2013. Entonces, si en estos dos documentos puedo ver que la información no está íntegra, ¿cómo no me va a quedar duda en la información de viajes de los expresidentes? Realmente, la información no cumple con los requisitos establecidos por la sala. CAPRES debería dar una explicación veraz, lógica, coherente, de por qué no siguieron los procesos normativos y las leyes. No pueden venir y decir: ‘es inexistente’. La LAIP está en vigencia desde 2012, y Mauricio Funes se abanderó con la transparencia.

¿También pone en duda los datos revelados sobre gastos de publicidad del expresidente Funes?
Yo sí tengo desconfianza de Casa Presidencial en que entreguen la información completa, por todos los antecedentes. Pero con la información que entregaron queda en evidencia que se saltaron todos los procedimientos de la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública). Según los documentos que entregan, formularon los términos de referencia perfectos para que encajara la empresa Polistepeque (la empresa del asesor de la campaña de Funes, Joao Cerqueira de Santana Filho). Hablan de siete empresas y que de esas, Polistepeque era la única que cumplía todos los requisitos, cuando acaba de ser registrada, y hay instituciones que tienen mayor experiencia, se necesita más de tres años para que una empresa empiece a tener auge. La persona que recomendó dijo que Polistepeque era la única que podía garantizar y realizar la producción de campañas publicitarias a nivel internacional. Es ilógico.

Un caso emblemático de transparencia, un accidente de tránsito. De Ricardo Chacón

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Ricardo Chacón es editor jefe de El Diario de Hoy

Ricardo Chacón, 3 julio 2016 / EDH

El hecho es simple pero no por eso menos dramático; simple como lo son los accidentes de tránsito que a diario ocurren por cientos en todo el país, dramáticos porque la mayoría de cada percance vial deja una familia sufriendo ya sea porque hubo un muerto, un herido o un descalabro financiero.

La cuestión suele complicarse cuando en el accidente de tránsito hay agravantes, dolo, irresponsabilidad en los involucrados, por ejemplo hay alcohol de por medio, alta velocidad, irresponsabilidad o todo junto. Se complica aún más cuando a esto se suma un manto de prepotencia gubernamental dejando en entredicho la institucionalidad del país. Partamos con los hechos.

diario hoyHace dos meses en una carretera del Puerto de La Libertad, a medianoche una camioneta asignada a Casa Presidencial tiene un percance vial con una moto, las consecuencias: el motociclista murió y deja en la orfandad un niño de apenas tres años… la autoridad llega pero es neutralizada por una especie de “operativo de limpieza” por supuestos miembros del Batallón Presidencial. Pese a las peticiones de la Fiscalía se desconoce quién era el conductor, y por supuesto mucho menos que haya responsables del hecho respondiendo por el accidente de tránsito.

Se dice que hay acuerdo entre las partes, está claro la familia y sus abogados, no en el otro lado; los familiares dicen tajantemente que no han llegado a ninguna conciliación. La fiscalía investiga con dificultades. El gobierno lo único que ha declarado, no sin altas y bajas y presiones de todo tipo, es que la camioneta estaba asignada a la Presidencia y ha decretado como “información confidencial” lo relacionado con el hecho.

Tres puntos al respecto; uno, al parecer es una práctica de este y al anterior gobierno que el Batallón Presidencial actúa con prepotencia y fuerza no solo cuando cuidan al presidente sino fuera de esta función; “ni en los tiempos de los militares pasaba esto”, me comentó un día de estos un ex oficial del batallón presidencial de antaño.

Dos, la transparencia en el manejo de la información, sobre todo en casos emblemáticos como este accidente, no solo es deficiente sino ofensiva a la inteligencia de la ciudadanía… el punto es claro y contundente: simplemente entregar a las instancias de la justicia la bitácora de movimiento de la camioneta presidencial, quién o quiénes la usaban, y qué andaba haciendo en la noche o la madrugada del 1 de mayo en la carretera del Puerto de la Libertad… Todavía más si fuéramos más expeditos, la camioneta y sus ocupantes estaban en misión oficial o particular, dependiendo de esto las responsabilidades habrá que asumirlas.

¿Dónde está la flamante oficina de Transparencia y su activista Secretario para dar cuenta de este hecho? Y el Secretario de Comunicación, ¿cómo puede aparecer ante los medios hablando sobre el tema a medias? Y la Oficina de Ética Gubernamental, ¿cómo puede seguir funcionando y abrir sus oficinas diariamente como si nada hubiese pasado con un vehículo de Casa Presidencial involucrado en un accidente y cuyos responsables fingen demencia?

Y tres, no obstante este hecho obscuro y bochornoso del accidente y la ocultación de información gubernamental, no podemos dejar de señalar que el país en tema de transparencia ha avanzado, hay una legislación en marcha que ha expuesto ante la opinión pública los “secretos” de las instituciones de gobierno. La institucionalidad en el tema también se ha fortalecido y los procesos, a pesar de las dificultades, caminan con paso sólido. Hoy con cierta facilidad se puede pedir y obtener información sobre lo ocurrido en una y otra institución.

He señalado este punto porque el país, la democracia y las instituciones se fortalecen cada vez más que la información sale a la luz pública y que los medios la difunden responsablemente para que nadie, nadie, absolutamente nadie se crea listo y quiera pasar por encima de las leyes y no cumplir su deber, amen de garantizar que los funcionarios públicos deben guardar, cuidar y utilizar de la mejor manera los fondos públicos.

Solventar de la mejor manera, incluso conciliar con la familia de la víctima del accidente de moto es importante, pero también es clave para la institucionalidad del país que la información pertinente fluya para que la Justicia, la Fiscalía pueda actuar como Dios manda y que predomine la verdad de lo sucedido.