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‘The Social Contract Is Broken’: La desigualdad en México y sus efectos sobre la violencia. De Max Fisher y Amanda Taub

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Un restaurante en la colonia de San Pedro Garza García, en Monterrey, donde fuera de las zonas más acaudaladas la violencia y corrupción son cuestión del día a día. Foto: Brett Gundlock para The New York Times

Max Fisher y Amanda Taub, 2 octubre 2017 / THE NEW YORK TIMES

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NEW YORK TIMESMONTERREY, México — Con la vista panorámica de la zona metropolitana de Monterrey, con sus sedes corporativas y clubes de golf, parece que se trata de una sola ciudad que se extiende por las montañas que la rodean.

Sin embargo, vista desde cerca, queda claro que existen muros invisibles que envuelven al centro acaudalado de Monterrey y crean una clara línea divisoria entre sus cuatro millones de residentes. Para la gente que se encuentra en el interior de esos muros invisibles, el gobierno es receptivo y la delincuencia es baja. Los que están afuera enfrentan el aumento de las tasas de homicidio, la corrupción y, según activistas locales, la brutalidad policial.

Sergio Salas vive en ambos lados. Se traslada todos los días desde su casa en Juárez, un suburbio de clase trabajadora, a la Secretaría de Educación ubicada en la zona próspera del centro, donde trabaja en los programas de educación especial.

Salas siempre dio por hecho que estaba a salvo en su casa, donde construyó una reserva de mariposas en el patio trasero. Pero el año pasado, unos delincuentes entraron a su hogar, lo ataron y le robaron. Conmocionado, no regresó sino hasta que instaló una barda y contrató a un guardia de medio tiempo.

Dice que su adorada ciudad ha cambiado con el auge de estos crímenes. Las familias construyen muros, salen huyendo a áreas más prósperas o solo aprenden a sobrellevar su vida diaria. La idea misma de comunidad se ha desvanecido.

A medida que México pasa por el año más violento que se haya registrado en su historia y el Estado se muestra incapaz de responder, la gente con recursos intenta resolver el problema por cuenta propia. Los terratenientes, los negocios y los ricos están adquiriendo seguridad, ya sea de forma legal o ilegal.

Todo pacto social se basa en el entendimiento de que la seguridad es un bien público que todos comparten y mantienen. A medida que los ricos de México se amurallan, los acuerdos implícitos que mantienen unida a la sociedad se rompen.

Aunque los efectos son sutiles, están presentes por doquier. El aumento de los grupos de justicieros, la impunidad de la delincuencia, la corrupción policial y la debilidad del Estado pueden ser consecuencia parcial de esta creciente desigualdad en la seguridad.

En Juárez, dice Salas, los vecinos cerraban filas ante desafíos comunes como la delincuencia o un policía corrupto, pero ahora “hay una cultura de no participación, de indiferencia y silencio”.

“El contrato social se rompió”, dijo.

La seguridad como un bien privado

Como en años recientes la guerra contra las drogas fracturó a los carteles más importantes, grupos más pequeños y violentos ocuparon su lugar. Las extorsiones y los secuestros se dispararon: no solo tienen en la mira a los ricos y a los comercios, sino también a los trabajadores de clase media.

En respuesta, los que tienen los medios pagan seguridad privada para que haga lo que el Estado no puede hacer.

Entre 2013 y 2015, el número de empresas de seguridad privada casi se triplicó de unas 200 a 1100, según estadísticas gubernamentales. Los analistas de la industria creen que la cantidad real, incluyendo a las empresas no registradas, probablemente es varias veces mayor.

Este cambio puede estar empeorando el sistema judicial particularmente ineficaz, que solo logra sentencias en una fracción diminuta de delitos. Los escoltas armados pueden evitar un asesinato pero no pueden investigar uno, y mucho menos desmantelar a un cartel local.

“Si tienes dinero para los policías, tal vez estén más dispuestos a ayudarte, de lo contrario no lo harán”.

Marilena Hernández, comerciante en Monterrey

Los recursos policiacos restantes tienden a ir hacia aquellos con conexiones. Un estudio calcula que un 70 por ciento de la policía de Ciudad de México trabaja para proteger intereses privados, como el resguardo de los bancos.

A medida que las clases poderosas confían menos en la seguridad que provee el Estado, la presión política para que este atienda la delincuencia o reforme a la policía disminuye, incluso a medida que aumentan los índices de homicidios.

En los barrios adinerados de todo México, donde los guardias patrullan las tiendas exclusivas y los restaurantes de moda, la violencia rara vez es el tema principal de conversación. Mientras tanto, los ciudadanos fuera de esas zonas quedan desprotegidos en buena medida. Las pandillas y la delincuencia organizada se esparcen en los barrios de bajos recursos.

La división es claramente visible en lugares como Santa Fe, una zona acaudalada de Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal y los centros comerciales miran por encima de los barrios pobres que se extienden más allá de sus sombras.

Una tarde hace poco en uno de esos barrios pobres, Andrés Ruiz, un músico que no siempre tiene trabajo, estaba recargado contra una pared mientras esperaba el autobús que, aunque suele ser blanco de robos, es su único medio de transporte hacia la ciudad.

Entrecerró los ojos para enfocar la mirada hacia un peñasco que se eleva, como la torre de un castillo, unos seis metros por encima de las casas improvisadas. Los muros recién pintados de blanco de un fraccionamiento cerrado, construido para colindar casi con la cornisa, parecían devolverle la mirada.

“La seguridad es solo para ellos, para los de arriba”, dijo. Unos pandilleros, que abiertamente patrullan las calles, pasaron despacio en una motocicleta. “Estamos relegados, olvidados”, añadió Ruiz.

Vivir afuera de esos muros, comentó Ruiz, “es como vivir en un matadero”.

Marilena Hernández, quien vende quesadillas y tacos en la misma calle, dijo que tal vez era mejor que la policía ignorara los robos que se producen “a cualquier hora”.

“Podría ser contraproducente llamarlos”, dijo. La policía, para ella, solo es otra forma de seguridad privada que no puede costear. “Si tienes dinero para los policías, tal vez estén más dispuestos a ayudarte, de lo contrario no lo harán”.

La ley del más fuerte

A medida que el Estado se repliega en materia de seguridad, la desigualdad y la violencia —que alguna vez fueron problemas totalmente distintos— se retroalimentan. Este ciclo es especialmente visible en el aumento de los grupos paramilitares o justicieros. Estos grupos son “el extremo del fenómeno de la seguridad privada”, explicó en su oficina de Ciudad de México Edna Jaime Treviño, directora de México Evalúa, un centro de estudio de políticas públicas.

Comenzaron como una solución ciudadana a la violencia. Las comunidades locales, hartas de la policía, organizaron grupos de autodefensa para remplazarlos, pero esto solo aceleró las rupturas dentro de México, debido a la proliferación de hombres armados sin capacitación que muchas veces actuaban con impunidad.

Los carteles compraron a muchos miembros de estos grupos. Otros cayeron en la tentación del narcotráfico, el secuestro o la extorsión.

Actualmente, se les considera uno de los factores más importantes de la desintegración que alguna vez se propusieron solucionar. Estos grupos tal vez sean una manifestación de desigualdad, según una investigación reciente de Brian J. Phillips, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas en Ciudad de México.

En un estudio realizado en 2500 poblaciones, Phillips descubrió que los grupos de justicieros no necesariamente aparecen en las áreas con las mayores tasas delincuenciales ni donde la presencia del Estado es más débil, como podría imaginarse. En cambio, mientras mayor sea la brecha entre los ricos y los pobres en una población, mayores son las posibilidades de que se formen autodefensas. A la inversa, en una población con mayor equidad, incluso si es pobre, casi nunca se presentan esos grupos.

Al analizar los casos individuales, queda claro cómo la desigualdad, incluso más que la violencia, motiva la aparición de grupos justicieros que están haciendo trizas las provincias rurales del país.

En el caso de los ricos que viven en zonas rurales y que con frecuencia son terratenientes, los hombres armados que contratan pueden resguardar un negocio o una granja que las instituciones locales no pueden proteger. Después, en una representación local de las tendencias nacionales, los grupos paramilitares acaban por remplazar a la policía pero rara vez protegen a aquellos que no pueden costear sus servicios.

Al ver que solo esos grupos proveen seguridad, los pobres se ven motivados a formar sus propias fuerzas voluntarias o recurrir a linchamientos y otras formas de presunta justicia que requieren pocos recursos. O bien, los pobres pueden armarse primero al percibir que es necesario. Por cada aumento de un punto porcentual en la desigualdad, el índice de homicidios aumenta 1,5 puntos, según los estudios.

Por cada aumento de un punto porcentual en la desigualdad, el índice de homicidios aumenta 1,5 puntos.

Mark Ungar, profesor del Brooklyn College que estudia temas de seguridad, comentó que los grupos justicieros en los que impera la ley del más fuerte han inclinado el “centro de gravedad del poder” en las áreas rurales hacia los que tienen más dinero.

Se puede tratar de carteles pero algunas veces los más poderosos son las empresas agrícolas y de extracción de recursos, a los que se ha acusado de desplegar grupos armados contra activistas ambientales y comunidades indígenas.

“La seguridad privada se ha convertido en una parte central de la criminalidad misma”, comentó Ungar.

El deterioro del orden social y político

“La seguridad tiene una peculiaridad”, comentó Rita Abrahamsen, politóloga que estudia los efectos de la seguridad en la sociedad. “Es distinta de, digamos, los servicios de salud. Si no hay seguridad, no se puede mantener la cohesión”.

Este deterioro se puede sentir en todo México. Las encuestas muestran un aumento en la desconfianza en las instituciones y la insatisfacción con el estado de la democracia.

Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda conocido por cuestionar la legitimidad de las elecciones, encabeza las encuestas para las elecciones presidenciales del año próximo. Aunque López Obrador ha hecho énfasis en la desigualdad económica más que en los temas de seguridad, entre sus seguidores hay muchas personas pobres y de clase trabajadora que se sienten abandonadas.

La desigualdad “es uno de los principales problemas de este país”, comentó Jorge Tello, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), mientras tomaba un café en un club privado de Monterrey. Cerca, una familia bien vestida cantaba “Las mañanitas”.

Cuando en un principio la violencia aumentó en toda la ciudad, los líderes corporativos más poderosos de Monterrey presionaron para conseguir —y muchas veces financiaron directamente— reformas cuya intención era proteger a toda la población.

No obstante, cuando la delincuencia disminuyó en las zonas acaudaladas, la presión para dar seguimiento a las reformas también lo hizo; se profundizó una cultura política en la cual las instituciones y los funcionarios sirven al dinero. Las áreas como Juárez cayeron en el abandono.

“Por eso creo que López Obrador tiene grandes posibilidades de convertirse en el próximo presidente, debido a que una gran parte de la población no tiene acceso a un restaurante como este”, comentó Tello.

A medida que los mexicanos se retiran del pacto social, advirtió, se arraigan problemas como la delincuencia y la corrupción.

“Cuando hablas sobre estos problemas en México, se dice que hay una enorme falta de gobierno, pero también hay una falta de ciudadanía”, manifestó.

Una sociedad ‘que no se moviliza’

“La sociedad mexicana siempre ha sido desigual”, comentó Edna Jaime, la directora de México Evalúa.

Ahora incluso la seguridad, la piedra angular del orden social, se está convirtiendo en un asunto que los mexicanos tienen que resolver por sí mismos, lo cual altera la forma en la que los ciudadanos ven sus obligaciones para con la sociedad misma.

“Somos una sociedad que no se moviliza mucho, no actúa en contra de la violencia mortal”, agregó. A medida que el sentimiento de bienestar colectivo disminuye, el abandono se convierte en la nueva norma.

“En algunos barrios pobres de la ciudad no hay presencia del Estado”, explicó. “No hay nada, literalmente nada. Los jóvenes tienen que cuidarse unos a otros en las calles”.

Sergio Salas, la víctima de robo en Monterrey, es optimista y piensa que el pacto social podría repararse si las comunidades desaprenden sus nuevos hábitos.

“Es una cuestión cultural que se fue armando poco a poco, así que hay que desmantelarla y después volverla a unir pieza por pieza”, dijo. “Yo abogo por eso. Esa es la razón por la que no me voy a ir de aquí”.

Sin embargo, tras años de trabajo en materia de pobreza y gobierno, a Edna Jaime le preocupa que la sociedad no vuelva a cohesionarse.

“Esto es muy serio”, dijo. “Al decir esto no puedo contener lo que siento”, agregó mientras se formaban lágrimas en sus ojos por la frustración. “Es apabullante”.

 

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Mirarnos de lejos. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 2 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

A veces la distancia desde la que vemos las cosas afecta poderosamente la impresión que de ellas tenemos. Es decir, cuando la distancia es corta es más fácil ignorar los males propios. Aplicado al país, esta distorsión en perspectiva –y sumada a eso, la poderosa fuerza de la costumbre– a veces consigue que persigamos prioridades erradas. Por ejemplo, a fuerza de costumbre y por el hecho de que lo vemos tan de cerca, la violencia estructural e inseguridad de la que padecemos da la apariencia de ser fija y permanente y por eso no faltan los desubicados que se enfocan en hacerle la guerra a la nomenclatura de nuestros accidentes geológicos y en vez de usar su influencia para resolver problemas reales.

EDH logY a ver, la distancia a veces tiene el efecto contrario y nos induce a otros a romantizar nuestra tierra. Desde lejos, cuando pienso en nuestro El Salvador, son los recuerdos cálidos los que saltan: los cielos despejados de octubre, la feria de diciembre y sus comidas y vestidos típicos frente a la Ceiba de Guadalupe, los tiempos en familia. No los índices de criminalidad, ni el PIB, ni lo mucho que nos han fallado nuestras autoridades. Los recuerdos melancólicos de El Salvador de postal no son representativos de El Salvador real. De vez en cuando es el dolor lo que ayuda a recordar esto, y fue precisamente dolor lo que sentí al leer la experiencia que, también desde lejos, tuvo mi amiga Leonor hace unos días.

La Leo es parcialmente responsable de mi título universitario, pues de no haber sido por sus generosos jalones cada mañana, llegar a la clase de las 7 a.m. en la ESEN habría sido mucho más complicado. Durante los últimos años de universidad compartí con la Leo sesiones de desvelo en grupos de estudio y aflicciones por exámenes para los que se nos “olvidaba” estudiar. No siempre coincidíamos (quizás ahora tenemos más en común que antes) en cuanto a ideas políticas, pero sí en el acuerdo de que El Salvador de nuestros sueños es más justo, más seguro y más igual. Porque conozco su compromiso sé que pondrá el postgrado que acaba de terminar en Oxford, Inglaterra, al servicio de nuestro país y Latino América. A continuación, transcribo sin editar parte la experiencia que acaba de vivir la Leo y que ella compartió en una de sus cuentas en las redes sociales. Espero que invite a reflexionar sobre la manera en que la perspectiva que tenemos afecta nuestra percepción de lo que significa vivir en El Salvador:

“Hoy, mientras desayunaba en un hotel en Estocolmo, conocí a Reinaldo, un refugiado político cubano que escapó del régimen castrista hace doce años. Me contó su historia y luego me preguntó de dónde era. “De El Salvador”, le dije. Su cara cambió y e immediatamente me dijo: “¡Uf! Cuánto siento por Uds. ¡Horrendo lo que se vive en tu país!”. La reacción me resultó extraña: un cubano exiliado -con todo y lo que eso significa- horrorizado por lo que pasa en mi país. Pero antes de que yo siquiera respondiera algo, siguió diciendo:

“Digo, régimen es régimen, pero que en un lugar sea una hazaña que un joven llegue a sus treinta años… ¡eso no tiene nombre!”. Pensé en cada elección en El Salvador –las pasadas y las que se vienen– y los interminables pleitos patéticos en Twitter que no pasan de eslóganes desfasados, de fantasmas imperialistas o “el coco comunista”. “¡TEMAN! ¡TEMAN! ¡NOS QUIEREN CONVERTIR EN CUBA!” – Qué absurdo, si ya somos ese infierno que horroriza hasta a un cubano exiliado…”.

@crislopezg

Antes de la tormenta. De Rosarlin Hernández

El caso es que Darío ahora está muerto y para mí su ausencia reitera la absurda presencia del ejército en al menos 25 puntos de la ciudad.

rosarlinRosarlin Hernández, 1 octubre 2017 / LPG-Séptimo Sentido

Lo conocí de niño. Siempre iba guapo, coqueto, sonriente. Era uno de los presentadores estrellas del programa infantil “Güerep”. En ese entonces, yo escribía sus guiones y lo vi repetir muchas veces nuestro eslogan “Saltando crecemos, jugando aprendemos”. Era fantástico frente a las cámaras. Un gran comunicador. Alguna vez se quedó a dormir en mi casa y jugaron hasta el amanecer con mi hijo. Eso fue hace más de 10 años y durante todo este tiempo he querido pensar que ese espacio efímero en la televisión había sido una especie de semilla que sembramos para cosechar mejores ciudadanos.

septimo sentidoSin embargo, la mañana del miércoles sentí de golpe un hueco infinito en el estómago y en mi corazón, el titular decía: “Pandilleros asesinaron anoche al hijo del periodista Henry Arana”. Era Darío. El niño que durante varios domingos preguntó y celebró junto a la rana Güerep su derecho a tener voz propia.

Todavía puedo escuchar los sollozos de su madre preguntando: “¿Qué hicieron con mi muñeco? ¿Por qué hacen eso a la gente buena?… Me partieron en dos. Nadie nos puede ayudar”. Tenía 22 años, solo uno más que mi hijo. Tenía una hija, una pareja, una hermana y un padre valiente que no se deja vencer por el cáncer. Todo eso y más era Darío. Pero la nota del día decía: “Según las autoridades, el martes finalizó con 23 homicidios, una de las víctimas de esta fatal jornada de asesinatos fue Darío”. Así de crudo, de fugaz, de escueto.
Lo absurdo es que murió en una ciudad militarizada. Desde el 18 de septiembre más de 50 vehículos blindados de la Fuerza Armada patrullan por las calles de San Salvador y el argumento del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, ha sido que este despliegue militar es parte del plan de fortalecimiento de la seguridad y prevención.

Pero ¿desde cuándo la presencia de los militares en la calle ha hecho sentir más seguros a los salvadoreños? Podríamos preguntar a los familiares de desaparecidos, a quienes participaron en la marcha estudiantil el 30 de julio de 1975 o a los sobrevivientes del Mozote. La otra opción sería preguntárselo al presidente, quizá él tenga una mejor explicación para eso, quizá el pueda decirnos cómo ha cambiado su percepción del ejército desde sus días de joven revolucionario y guerrillero.

El caso es que Darío ahora está muerto y para mí su ausencia reitera la absurda presencia del ejército en al menos 25 puntos de la ciudad. Antes de su asesinato y con los militares ya apostados en cualquier esquina, había 108 familias, que en un lapso de cuatro días, perdieron a sus seres queridos y la cuenta no se detiene.

Casi sin parpadear las autoridades dijeron en conferencia de prensa que “las víctimas no estaban perfiladas como pandilleros, y que incluso, sus casos se salían del parámetro de edad de homicidios contra miembros de estas estructuras, que es entre 18 y 30 años”. Como siempre están en vías de investigación, y no para hacer justicia, sino más bien para corroborar cuántos de ellos tenían parentesco con pandilleros.

Lo que quiere decir que si estas personas tenían algún parentesco merecían morir y por lo tanto, el Estado salvadoreño no debe invertir más recursos en explicaciones.

Si hay algo peor que la violencia es nuestra indiferencia. Ese postergar, ese traspapelar, esa idea de que podemos avanzar mientras caminamos sobre de los muertos. Para mí la presencia de los militares en las calles es como volver a sentir ese viento que sopla fuerte, que desbarata y desordena todo lo que encuentra a su paso, que se lleva la esperanza, las semillas y los buenos augurios. Un viento que nos presagia el inicio de otra gran tormenta. ¿Qué más estamos esperando?

El país que se repite. De Rosarlin Hernández

El Salvador se repite no solo en el tipo de conflictos que nos enfrentan como sociedad, sino que también en los métodos que adoptamos para superar esos conflictos. Se repite como un país sordo.

rosarlinRosarlin Hernández, 3 septiembre 2017 / LPG-SEPTIMO SENTIDO

En estos días es bien fácil olvidar que alguna vez aquí se firmó la paz. Será porque el olor a sangre y pólvora aún sigue presente en el aire que respiramos, en el camino a casa de los que nunca llegaron, en el duelo de los hogares donde hace falta un ser querido, en el nuevo listado de huérfanos, en los cientos de salvadoreños que abandonan sus hogares para salvar sus vidas, y como si todo esto no fuera suficiente, en las amenazas que todos los días leemos hacia cualquier ciudadano que opine o desee construir un país diferente del que ya conocemos.

septimo sentidoNo hace mucho tiempo, la razón para matarnos eran las opciones políticas y los ansiados cambios sociales que aún seguimos esperando. Esas dos grandes razones bastaron para justificar la muerte y la violencia. Y aunque pareciera una cosa del pasado, a la luz del presente, la firma de la paz solo la puedo interpretar como una breve tregua que sirvió como respiro para dar paso a esta nueva guerra que, al parecer, recibió como legado de la anterior la impunidad y el autoritarismo.

Como un retrato del tiempo, otra vez los policías se reúnen en las esquinas, ansiosos, desconfiados, alertas para no ser el número 24 en la lista de agentes asesinados por pandillas. Los jóvenes siguen siendo “los siempre sospechosos de todo”. El periodismo independiente denuncia por enésima vez la existencia de grupos de exterminio dentro de la institución más simbólica de los acuerdos. Cada quien saca la amenaza más sanguinaria que aprendió en la guerra y la exhibe en las redes sociales como parte del performance de la violencia. El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, propone “tocar madera para que no pase algo con un periodista” como garantía de vida. Los “malos” y los “buenos” se turnan los roles.

En esta constante evocación del pasado en el presente encontré tres episodios que deseo compartir: el primero es la amenaza que circuló en redes sociales dirigida a los colegas de la Revista Factum y el periódico digital El Faro: “Los tengo que ver como Christian Poveda, muertos en manos de sus protegidos”. El segundo es una asociación de hechos que posteó el fotoperiodista Francisco Campos a partir de las declaraciones realizadas por el vicepresidente de la república: “Me acordé cuando Duarte dijo: ‘Quieren un muerto en la calle’. Un par de días después asesinaron a Herbert Anaya Sanabria, de la Comisión de Derechos Humanos”. Y el tercero: una de las amenazas que recibió la historiadora Elena Salamanca a partir de un texto publicado en 2014 alusivo al Ejército en la calle y la construcción del enemigo: “Da gracias por vivir en 2000, porque de lo contrario, estarías en el playón”.

Estas tres evocaciones no son casuales. No haber cerrado por completo el capítulo de la guerra civil recién pasada ha dejado la puerta entreabierta para que el país se repita una y otra vez en su peor versión. Ese conflicto inconcluso, por un lado, ha condicionado el desarrollo –en todo el sentido de la palabra– por la incapacidad de las dos principales fuerzas políticas para alcanzar acuerdos, y por otro, ha puesto una vez más a la clase trabajadora en medio del fuego cruzado entre policías y pandilleros. Es como vivir en medio de dos guerras, pero de manera simultánea.

El Salvador se repite no solo en el tipo de conflictos que nos enfrentan como sociedad, sino que también en los métodos que adoptamos para superar esos conflictos. Se repite como un país sordo, inmune a la muerte, a la violencia, a la injusticia, a la tragedia.

A pesar del alto costo humano, como sociedad nos resistimos a escuchar al otro y a reflexionar sobre la necesidad de romper con este molde violento que tanto luto y dolor nos provoca. Como dice el editorial de El Faro, “la labor del periodismo es poner frente a la sociedad un espejo para que se conozca y comprenda, para que se evalúe y redefina”. Me queda claro que solo entonces, cuando decidamos vernos en ese espejo, podremos refundar un país diferente.

La madre de todos los odios. Carlos Mayora Re

Los ajusticiamientos extrajudiciales de pandilleros han conducido al asesinato de policías. Los últimos, a más muerte de pandilleros y esto al asesinato de los familiares de los agentes de seguridad. A su vez parece que esto ha llevado al homicidio de parientes de pandilleros.

Carlos Mayora, Columnista de El Diario de Hoy.

Foto digital.

Carlos Mayora Re, 2 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOY

Que la violencia engendra violencia no es noticia para nadie. Sin embargo, la tentación de terminar de una vez por todas con los problemas hace olvidar que desde que el hombre es hombre, las “pacificaciones” sociales a las que se llega por medio de la violencia no son efectivas y que siempre que se abusa de la fuerza para imponer lo que sea, el remedio resulta peor que la enfermedad.

EDH logTodas las sociedades que después de siglos de conflictos irresolubles lograron vivir en paz, no lo alcanzaron por la violencia. Europa es el mejor ejemplo. Mientras otros pueblos que viven sumergidos en la violencia e intentan salir de la situación por medio de ella, se sumergen en una espiral de sangre y dolor que profundiza y encona el rencor. Ya se sabe: lo que se consigue violentamente no se puede conservar sino con violencia.

La violencia —último recurso del incompetente, decía Asimov— nos ha llevado a una situación crítica. Los ajusticiamientos extrajudiciales de pandilleros han conducido al asesinato de policías. Los últimos, a más muerte de pandilleros y esto al asesinato de los familiares de los agentes de seguridad. A su vez parece que esto ha llevado al homicidio de parientes de pandilleros… ¿hasta dónde va a llegar?

Se ha escrito con razón que la muerte de agentes de seguridad a manos de pandilleros, no solo hace que perdamos policías, sino que se ha causado un modo de operar que hace que estemos perdiendo la Policía misma: tomarse la justicia por mano particular no solo no es justicia, sino que diluye la justicia.

Al leer algunas declaraciones de funcionarios públicos del más alto nivel, que por medio de juegos de palabras parecen justificar la muerte de pandilleros a manos de grupos de exterminio, al leer los comentarios que la gente en general hace en las redes sociales, al ver la apatía ante denuncias de periodistas, columnistas y generadores de opinión con respecto al tema, uno no puede no quedarse preocupado. Como si los asesinatos fueran justos porque quienes mueren se lo “merecen” por sus delitos.

A estas alturas, pido al lector no confundirse: no pretendo defender pandilleros o justificar grupos de exterminio (en todo caso, si hay algo que urge defender, es el Estado de Derecho). Simplemente pretendo invitar a pensar. Pensar, y no juzgar. Pensar y no condenar. Pensar y sacar consecuencias.

Para ello traigo a cuento dos Artículos de la Constitución (el subrayado es mío): “Art. 1. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común (…); y “Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos (…)”. Es decir: mientras haya salvadoreños tipo A (cuya vida debe respetarse) y tipo B (cuya vida está a disposición de las autoridades de seguridad), seguiremos alimentando con el odio el monstruo de la violencia.

Lo que está pasando no es asunto de eficacia, no se trata de ser “práctico”. No es, ni siquiera, cuestión ideológica. Tiene que ver con las raíces éticas y morales de nuestra sociedad: si las perdemos, nos quedamos sin salvación. Si buscas venganza —dice un sabio proverbio— prepara dos tumbas.

La “rabia” del odio no se acaba con la muerte del perro… el odio, y peor aún el rencor engendrado por la violencia, son indestructibles. Pasan de generación en generación, quedan a disposición de manipuladores políticos o de turbios intereses, se enquistan en las almas y deshumanizan todo lo que tocan.

@carlosmayorare

Preguntas para los presidenciables. De Rafael Ernesto Góchez

Por este medio se invita a medios de comunicación –tradicionales y alternativos– a cooperar con los gobernados, a fin de que su voz sea escuchada por el poder político (gobernantes). En este sentido y dada la intensa contienda electoral que está en marcha, los periodistas y generadores de opinión pueden ayudar a que los temas estratégicos sean abordados responsablemente. De hacerlo, la ciudadanía irá ganando terreno y contribuyendo a una efectiva separación de poderes.

RAFAEL ERNESTO GOCHEZRafael Ernesto Góchez, 26 agosto 2017 / LA PRENSA GRAFICA

Con este objetivo, a continuación se presentan tres interrogantes y argumentos que convendría debatir con los aspirantes a la Presidencia de la República para el período 2019-2024. Óptimo sería que los medios de comunicación divulgaran y discutieran sus respuestas constructivamente.

LPGPregunta 1. ¿Es la violencia delincuencial un problema estructural? Sí. Eso significa que es un fenómeno multicausal que requiere de medidas sociales, económicas e institucionales de largo aliento para ser solucionado. Dos pasos son clave: (1) reconocer que las personas que delinquen son oriundas de El Salvador y (2) aplacar las conductas delictivas de miles de jóvenes. ¿Cómo? Yendo a las raíces (familia, escuela y comunidad), aplicando efectivamente la ley y creando empleos en los catorce departamentos. En otras palabras, propiciando la sana convivencia, castigando el delito e impulsando la descentralización estatal y económica.

Pregunta 2. ¿Se puede recuperar el control territorial por la vía democrática? Sí. Lo que no es factible es regenerar el tejido social por medio del centralismo. En tal sentido y dado que los dos partidos mayoritarios se oponen a la localización y descuidan la cohesión social, la militarización se perfila como la opción más probable. De consolidarse esta tendencia, se confirmaría la sinergia entre descomposición social, anarquía y autoritarismo. Es decir, se están generando las condiciones requeridas para que El Salvador sea gobernado a través del caos y la fuerza.

Pregunta 3. ¿Hay “guerra social” en El Salvador? No. Lo que hay es una expansiva “economía criminal”, que se nutre de la descomposición socio-familiar, el desempleo y la impunidad. Su materia prima son los incontables niños que carecen de padres responsables y que se “educan en la calle”. Esta pujanza se basa en una red internacional de negocios ilícitos y en la penetración del crimen organizado en distintas esferas estatales. Lo antes expuesto se manifiesta en el dinamismo de la venta de drogas, el tráfico de personas, la extorsión, la prostitución, el comercio ilegal de armas y el contrabando. Por otra parte, la lógica criminal se expresa en los abusos, asaltos y sometimientos que sufren muchos compatriotas en sus viviendas, negocios y comunidades. Esto significa que el crimen se ha convertido en el modus vivendi de numerosos salvadoreños.

Conclusión: la “economía criminal” se expande por medio de conductas y bandas delincuenciales que ejercen el control territorial, sometiendo a incontables personas, familias y localidades. Es erróneo, entonces, plantear que las extorsiones y atropellos son parte de la lucha de clases. Lo cierto es que innumerables coterráneos generan sus ingresos a través del crimen y la violencia. Consecuentemente, NO se debería criminalizar la pobreza. Si la pobreza fuera causa determinante de la violencia delincuencial, Chalatenango y Morazán serían los territorios más peligrosos (ningún municipio de estos dos departamentos está en los 50 priorizados en el Plan El Salvador Seguro).

Carta al ministro de Seguridad: ¿Autocensura quiere? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 13 julio 2017 / MAS! y EDH

Comisionado Landaverde:
Entiendo que no le gusta que los medios informen y opinen sin restricciones sobre la violencia en el país. A nadie que dirige una política de Seguridad fracasada le conviene. Además, como buen soldado (disculpe: policía) del FMLN, está en su ADN el desprecio al desorden que significa una prensa no regulada. O cualquier cosa no regulada por el Estado, más bien por el gobierno, sobre todo por su gobierno.

Pero como no puede regular el ejercicio de la libertad de prensa, porque la Constitución no lo permite, se inventa una ley que ordena a los medios ejercer “autorregulación”.

masSurge entonces un proyecto legislativo con el aparatoso nombre “Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia”, y entre un montón de previsiones dudosas esconden el artículo 30, que manda que los medios de comunicación tienen que “contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz en la población, procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información.”

EDH logUna joya de redacción, comisionado. No puede existir una autorregulación mandada por ley. Y mucho menos una autorregulación obligatoria sin perjuicio de la libertad de prensa y de la expresión. Es un absurdo. O es autorregulación, o sea voluntaria y autónoma del Estado, o es regulación, o sea censura.

Lamentablemente para ustedes y afortunadamente para los periodistas, la censura no puede existir. Los periodistas vamos a seguir publicando lo que logremos investigar sobre la violencia y los crímenes, incluyendo los cometidos por una policía mal dirigida; sobre los fracasos de su política de mano dura y sobre la militarización de la PNC.

Los opinadores vamos a seguir diciendo las cosas por su nombre, aunque usted piense que esto va en detrimento de la salud mental de la población. Pero la salud mental que tienen en mente ustedes es la tranquilidad de un pueblo que confía en su gobierno y se traga restricciones de sus libertades. Nosotros trabajamos para una salud mental informada, crítica y activa.

Para nosotros, los periodistas y opinadores, esta ley que usted propone significa otra forma de censura. Cuando publicamos investigaciones, fotos, videos, análisis o columnas que demuestran la realidad cruda de inseguridad, la falta de control de las fuerzas de seguridad, y las barbaridades que cometen estos en su desesperación, no nos va a llamar la atención un censor del gobierno – nos va a censurar el editor o director del medio, que por ley estará obligado a la “autorregulación”. El efecto será el mismo: silencio, información tibia, opinión sin dientes…

La verdadera intención de esta ley, que ustedes tratan de esconder en frases ambiguas sobre “autorregulación sin perjuicio de la libertad de prensa”, la revela sin tapujos el diputado Misael Mejía, su hombre en la Comisión de Seguridad de la Asamblea: “Los medios deben sacar lo bueno del Gobierno y dejar de vender noticias negativas”. Así de simple, sin tanta paja.

Olvídese, comisionado: En este país nunca habrá autorregulación por ley – por más que anhelen tener aquí algo como la famosa “Ley RESORTE” en Venezuela, que permite al gobierno sancionar y cerrar medios cuando no respondan a la “responsabilidad social” definida por el gobierno, o cuando a criterio del ejecutivo “alteran el orden público, difundiendo noticias que alteran la salud mental de la población”.

No con nosotros, comisionado. Saludos,

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