El Salvador está en un momento histórico. La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz le da la oportunidad de consolidar un proceso de reconciliación nacional. El escenario que se presenta requiere prudencia y calma de todos los actores, pero también el firme compromiso de escuchar y poner a las víctimas al centro de las acciones que se impulsen.
Christian Salazar Volkmann es el representante residente del sistema de Naciones Unidas en El Salvador
Christian Salazar Volkmann, 30 julio 2016 / LPG
Un conjunto de procesos y mecanismos reconocido internacionalmente para reconstruir el tejido social dañado por la violencia e intolerancia es la justicia transicional. Este proceso se inició con los Acuerdos de Paz, por ejemplo con la creación de la Comisión de la Verdad. Tras casi 25 años desde la firma de los Acuerdos, la sociedad salvadoreña y su liderazgo tienen la posibilidad de continuar en ese camino, ya recorrido también por otros países que han enfrentado conflictos armados internos, con otras naciones o estados totalitarios.
La justicia transicional se basa en una serie de principios fundamentales. Supone resolver crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos a través del conocimiento de la verdad, la determinación y asunción de responsabilidades, la impartición de justicia, las garantías de no repetición y, en los casos en que ha sido decidido libremente por las víctimas, el perdón. Mediante la aplicación de estos principios se busca realizar las 
aspiraciones de las víctimas de conocer la verdad y sus derechos a la reparación así como evitar que crímenes graves queden impunes. La implementación de la justicia transicional, por tanto, debe basarse en un proceso intenso de diálogo con las víctimas y en mecanismos que aseguren que sus voces serán escuchadas y sus demandas, tomadas en cuenta. Al mismo tiempo, requiere un fortalecimiento especial del sistema de justicia para que pueda cumplir con el reto de investigar y sancionar delitos de gran magnitud que se cometieron muchos años atrás y en condiciones de conflicto armado. Este camino de verdad, justicia y reparación abre la oportunidad para una sólida reconciliación.
Fortalecer el sistema de justicia –incluidos tribunales, Fiscalía, Policía, sistemas de información y el acceso a una buena defensa– no solo es importante para el funcionamiento de la justicia transicional y para delinear un futuro distinto, construido sobre la base de la memoria histórica. También coloca a El Salvador en mejor posición para enfrentar más eficazmente la violencia y la inseguridad y reducir los altos índices de impunidad.
Las Naciones Unidas han acompañado al país en su proceso de paz por más de dos décadas. La forma en que El Salvador finalizó la guerra civil mediante el diálogo demuestra su aptitud excepcional de resiliencia. Ahora que está por conmemorar los 25 años de la firma de la paz, ratificamos nuestro compromiso de apoyar su determinación de impulsar la reconciliación y la reparación integral a las víctimas. Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos actuales de promover el desarrollo sostenible para superar la pobreza, desigualdad, inseguridad y destrucción ambiental. Lo hacemos con convicción y mística, porque creemos en El Salvador y su gran capacidad institucional para afrontar los retos del pasado, presente y futuro. Como dijo el cantor citado por el secretario general, Ban Ki-Moon, durante su visita del año pasado: “El Salvador tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad”.
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