Argumentos contra la justicia: Editorial UCA
8 febrero 2016 / UCA
Después de muchas dudas y dilaciones, finalmente la Policía Nacional Civil ha comenzado a cumplir su deber con respecto a la orden de captura de los 17 exmilitares reclamados por la justicia española por el Caso Jesuitas. Como cabía esperar, la detención de cuatro de ellos entre el viernes y sábado pasados ha suscitado un torrente de declaraciones por parte de funcionarios, políticos, articulistas y abogados, entre otros. Así, una vez más hemos sido testigos de la protección de la que gozan en el país los exmiembros del Ejército reclamados por la justicia. No solo se dejó pasar casi un mes para ejecutar la orden girada a través de la Interpol, lo que sin duda facilitó la huida de la mayor parte de los acusados, también se ha vertido una serie de afirmaciones que muestran connivencia con el crimen y llaman a la impunidad.
La principal objeción que se hace al juicio es que la Audiencia Nacional de España no tiene jurisdicción internacional y que atenta contra la soberanía jurídica nacional. Los que esto afirman desconocen que hay un principio de justicia universal aceptado por muchos países, El Salvador entre ellos. La legislación salvadoreña reconoce este “principio de universalidad” en el artículo 10 del Código Penal, que reza así: “También se aplicará la ley penal salvadoreña a los delitos cometidos por cualquier persona en un lugar no sometido a la jurisdicción salvadoreña, siempre que ellos afectaren bienes protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas del derecho internacional o impliquen una grave afectación a los derechos humanos reconocidos universalmente”. Según esto, El Salvador puede promover un juicio contra responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluso si los crímenes sucedieron fuera de nuestras fronteras y con independencia de la nacionalidad de los hechores. Esto es precisamente lo que ha hecho la Audiencia Nacional de España: ha impulsado un juicio contra personas que cometieron un crimen de lesa humanidad fuera del territorio español. Y no hay que perder de vista que la Audiencia no habría podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto debidamente en nuestro país.
Otra objeción es afirmar que la masacre en la UCA es cosa juzgada. Esto tampoco es verdad, pues en El Salvador solo fueron juzgados los hechores materiales, y en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual la mayoría de ellos fueron absueltos y los que resultaron culpables recibieron una condena que no se correspondía con la gravedad del crimen. Es por ello que el juez Eloy Velasco considera que dicho juicio fue fraudulento y que, en consecuencia, no es válido. Además, los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerza Armada de aquel entonces, los que planificaron y ordenaron la masacre, nunca se han sentado en el banquillo de los acusados. Ciertamente, hubo un intento de iniciar un proceso en su contra, pero la jueza del Tercer Juzgado de Paz decidió que no era procedente bajo el argumento de que el crimen ya había prescrito, contraviniendo así el artículo 37 del Código procesal Penal, que afirma que este tipo de delitos no prescriben si no han existido las condiciones para promover la acción penal o no pudo ser perseguido por falta de la instancia particular.
Otro de los argumentos esgrimidos para evitar la justicia es que la ley de amnistía libra a los hechores de toda responsabilidad. Este argumento tampoco es válido, pues la Sala de lo Constitucional sentenció, el 26 de septiembre de 2000, que la norma no aplica a crímenes cometidos por funcionarios del mismo Gobierno que emitió la amnistía. Por otra parte, se afirma que el juicio a los autores intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir las heridas del pasado, un sonsonete que repiten constantemente los principales actores de la guerra, los que la impulsaron y defendieron como única solución posible al conflicto nacional. Lo que las víctimas solicitan más bien es el conocimiento de la verdad, justicia. Las heridas de las víctimas y sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. Reconocer sin ambages el daño que la guerra hizo a la población y que los principales responsables acepten que cometieron delitos y pidan perdón por ellos a la sociedad serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas.
COMUNICADO DE PRENSA del Procurador de Derechos Humanos de El Salvador
(Comunicado 08/2016)
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, realizó hoy un llamado a favor de la institucionalidad del país y a evitar el uso político de las acciones jurídicas que se están implementando dentro del caso de la masacre de los padres Jesuitas y sus colaboradoras, en el cual se ventila la posible extradición de los imputados a España.
El Procurador Morales hizo un llamado a la sociedad salvadoreña a no caer en intranquilidad, pues el avance de procesos penales ejemplarizantes ante casos de crímenes de lesa humanidad (como el asesinato de los padres jesuitas de la UCA y sus colaboradoras) se ha producido en muchos países de América Latina, sin que por ello se produzca la inestabilidad política o se afecte la gobernabilidad, sino todo lo contrario.
“Se trata del normal desempeño de las instituciones”. Estamos en presencia de un caso que involucra un crimen contra la humanidad, y quizás también un crimen de guerra, y precisamente en este tipo de delitos de trascendencia internacional, se reconoce universalmente que los mismos no admiten amnistías, prescripción, ni otro tipo de figuras similares que promuevan la impunidad.
A 24 años de la firma de la paz nuestras instituciones democráticas, entre ellas la Fuerza Armada, tienen la madurez suficiente para respetar las decisiones judiciales y la independencia de poderes: “no me cabe duda al respecto” afirmó el Procurador, quien destacó que con las acciones jurídicas promovidas desde el Poder Judicial del Reino de España no se ataca a institución alguna ni la soberanía estatal, sino que únicamente se ventilan responsabilidades penales individuales ante la inoperancia que hasta la fecha, y sobre este caso, han mantenido las instituciones salvadoreñas encargadas de realizar la justicia.
El Procurador recordó que la impunidad no es un objetivo de los Acuerdos de Paz, ni en su letra ni en su espíritu. Por el contrario, los Acuerdos de Paz crearon una Comisión de la Verdad para investigar hechos que conmocionaron a la sociedad salvadoreña y que implican graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la cual recomendó justicia y reparación para las víctimas. Adicionalmente se debe recordar que el Capítulo I de los Acuerdos suscritos en Chapultepec, el 16 de enero de 1992, estableció como principio de implementación de la paz la “superación de la impunidad”, y en él se contempló la realización de juicios ejemplarizantes contra violadores de los derechos humanos de ambos bandos, para casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad.
El Procurador recordó que también la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad 24-97/21-98, dictada en el año 2000, estableció que la Ley de Amnistía de 1993 no es aplicable a casos que hayan implicado graves violaciones de los derechos humanos, y tampoco para los casos ocurridos durante la administración del Presidente Alfredo Cristiani (art. 2 y 244 Cn). Asimismo, recordó que la Sala de lo Constitucional –en diferentes períodos– ha ordenado la investigación de crímenes ocurridos durante el conflicto armado, destacando diversas sentencias sobre desapariciones forzadas de niños y niñas e, incluso, el caso de la masacre de 45 personas en el cantón San Francisco Angulo, San Vicente (sentencia dictada por la Sala en febrero de 2014), investigaciones que lamentablemente aún están pendientes de ser realizadas y judicializadas.
Sobre el caso Jesuitas, el Procurador Morales trajo a cuenta que fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que en su informe de fondo del año 1999 concluyó que en el proceso judicial ventilado por el Juzgado Cuarto de lo Penal durante el año 1991 se produjo en El Salvador un “juicio simulado”, e instó al Estado salvadoreño a reabrir y agotar seriamente las investigaciones. Asimismo, el Procurador señaló que los presuntos autores intelectuales nunca fueron investigados ni juzgados, pese a los esfuerzos emprendidos por la UCA en la década del 2000, debido a una serie de decisiones arbitrarias del entonces Fiscal General y diversos funcionarios judiciales.
Por tanto, el Ombudsman salvadoreño descartó que exista un doble juzgamiento en el caso y declaró que no es admisible la invocación de una “cosa juzgada” que ha sido fraudulenta. Esta garantía opera sí y sólo sí el juicio realizado haya sido genuino y legítimo.
Destacó que la PNC salvadoreña no es una autoridad deliberante y la instó a continuar el proceso de localización y captura de las 13 personas que actualmente se encuentran como prófugos de la justicia española. Al mismo tiempo, invitó a los diferentes sectores y partidos políticos, a contribuir para que las decisiones que se deben adoptar lo sean sobre una base de plena institucionalidad, obviando todo tipo de discurso que pueda promover la inestabilidad en el país.
El Procurador Morales recordó que la deuda sobre impunidad es muy grande en El Salvador, siendo urgente que se realicen todas las investigaciones necesarias a las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto armado atribuidas a ambos bandos, en respeto a los derechos inderogables a obtener verdad, justicia y reparación que asiste a las víctimas.
Por otra parte, el Procurador informó que delegados de PDDH han realizado la visita de las 4 personas detenidas, quienes manifestaron no haber sido objeto de maltrato durante la detención y se esta respetando su integridad.
Finalmente, el Procurador realizó un llamado a la Corte Suprema de Justicia, que ventilará las solicitudes de extradición, para que haga valer los estándares internacionales que aplican ante este tipo de crímenes de lesa humanidad, invocadas ampliamente en las resoluciones de esta Procuraduría de fechas 16 de noviembre y 23 de diciembre de 2015.
San Salvador, 9 de febrero de 2016.
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