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Carta sobre el Caso Jesuitas: ¿Queremos una cadena de ajuste de cuentas? De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 30 noviembre 2017 / MAS! y El Diario de Hoy

El asesinato de los Jesuitas no nos deja en paz. Lo que es bueno, porque sigue siendo uno de los acontecimientos que nos marcaron a todos, independiente de en qué lado hayamos estado este día 16 de noviembre del 1989, día que la guerra llegó a su punto máximo. Pero día también que echó a andar la cuenta regresiva de la paz que firmaríamos 2 años después.

¿Por qué digo que no nos deja en paz? Voy a citar dos cosas que pasaron en estos días.

I.
Screen Shot 2017-11-29 at 11.03.55 AM.pngEl 24 de noviembre un candidato a diputado, Héctor Menjívar, publica un tuit que dice así: Lo que de verdad es INMORAL, es que una institución como UCA liderada supuestamente por “SACERDOTES” como el Doctor Chema Tojeira se dedique a corromper mentes y almas salvadoreñas con el MARXISMO ANTI CRISTIANO de su “teología” de la liberación y la ideología de genero.”

logos MAS y EDHEste es exactamente el discurso de los militares y civiles opuestos a la intención del presidente Alfredo Cristiani de buscar una paz negociada al conflicto. Este lenguaje sirvió el propósito de preparar el terreno (y la legitimación), para que otros tomaran acción y eliminaran a los padres jesuitas. Bajo el manto de esta absurda acusación contra Ignacio Ellacuría y los demás padres jesuitas, querían boicotear el proceso de paz anunciado por Cristiani – y promovido por los jesuitas. Igual que los sectores del FMLN opuestos a una salida pacífica tomaron la decisión de asesinar al doctor José Rodríguez Porth, ministro de presidencia y principal asesor de Cristiani.

Lo irónico: el señor Héctor Menjívar, quien revive este discurso retrógrado, aspira a la diputación bajo la bandera del PDC, partido que se llama cristiano, y en cuya dirigencia se encuentra Ana Guadalupe Martínez, ex dirigente del ERP y una de las gestoras de los Acuerdos de Paz.

II.
Screen Shot 2017-11-29 at 3.31.41 PM.pngDías después, los actuales autoridades de la UCA presentaron ante la justicia penal la solicitud de volver a abrir el caso Jesuitas, para castigar a los que consideran autores intelectuales de este crimen, incluyendo a Alfredo Cristiani.

En mi criterio, ambas posturas -la del candidato Menjívar y la de la UCA- son irresponsables. No abonan a la verdad, que ambos alegan buscar, ni a la justicia, ni a superación de los traumas de la guerra.

La UCA argumenta que dio este paso porque el Estado no ha hecho nada para llenar el vacío que dejó la decisión de la Sala de suspender la amnistía. Es cierto, ni Casa Presidencial, ni la Asamblea han movido un dedo para crear una legislación que llene este vacío. Pero los que realmente estaban llamados a presentar una nueva ley de reconciliación no basada en el olvido, pero tampoco en el ajuste de cuentas, no fueron ni el presidente ni los partidos ARENA y FMLN, o sea los protagonistas del conflicto, sino las pocas instancias de autoridad intelectual, ética y cívica que tenemos, incluyendo precisamente la UCA. Pero tampoco han movido un dedo.

Las posturas tan contrarias como de Menjívar y de la UCA se complementan para crear una cadena de enfrentamientos políticos y judiciales que terminará no en justicia y paz, sino en ajuste de cuentas.

Estamos mal, muy mal. Reflexionemos todos. Saludos,

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Carta a los que no quieren entender nuestra historia. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 14 noviembre 2017 / MAS! y EL DIARIO DE HOY

No tenía intención de volver a escribir sobre los padres jesuitas. No me gustan los rituales conmemorativos. Pero de repente, hablando de otra cosa, surgió una discusión en Twitter.

Empezó con un tuit que encontré: “Vistos en perspectiva, los logros tras de la guerra civil de los 80 fueron magros y el dolor mucho.”

A estas expresiones de pesimismo e ignorancia, casi siempre trato de responder con argumentos. En este caso, escribí: “Desmilitarización; libertad de expresión, organización y elección; pluralismo político… ¿magros?”

logos MAS y EDHMe contestó uno de los dirigentes del Movimiento 300: “A excepción de la militarización (por motivos obvios), para 1989 ya había todo eso.”

Mi respuesta: “¿Está seguro? Entonces, ¿la bomba en Fenastras no tuvo nada que ver con libertad sindical; y la muerte de los jesuitas nada con libertad de expresión?”

Su respuesta: Lo de los jesuitas, libertad de expresión? Vamos que se q sos mas inteligente..”

Entonces, sí es necesario seguir hablando de la muerte de los jesuitas.

Incluso gente progresista dentro de la derecha no logran desprenderse del mitos que a los jesuitas los mataron por que estaban detrás de la ofensiva guerrillera del 1989. Por tanto no logran entender que la guerra y los Acuerdos de Paz tuvieron que ver con la conquista de la libertad.

En vez de decirlo con otras palabras, cito de una “Carta a Ignacio Ellacuría” que publiqué hacer tres años, el 14 de noviembre del 2014.

“Te mataron por la misma razón que asesinaron a Antonio Rodríguez Porth: Para abortar el proceso de paz. Ambos se volvieron peligrosos para los enemigos de la búsqueda de una solución negociada al conflicto. Estos enemigos los hubo en ambos bandos. Los que dentro de la insurgencia vieron con preocupación que con Alfredo Cristiani había llegado al poder un hombre que tenía la autoridad y la visión de abrir dentro de la derecha espacio a la idea de una salida sin vencedores ni vencidos. Por esto mataron al cerebro detrás de esta visión del nuevo presidente: su Ministro de la Presidencia y más cercano asesor, Rodríguez Porth.”

“Usted comenzó a convertirse en el puente entre los sensatos de ambas partes. Esto -y la incidencia que esto podría tener sobre las decisiones del presidente Cristiani- lo convirtió en un peligro para los enemigos de las negociaciones dentro de la Fuerza Armada.”

“Muy pocos en el ejército se creyeron la paja que usted y sus hermanos jesuitas estaban detrás de la ofensiva insurgente. Esto era el pretexto. Los que ordenaron este crimen no querían eliminar a colaboradores de la guerrilla sino a uno de los pocos puentes que quedaba funcionando entre los que, dentro del FMLN y dentro de la derecha, querían en serio avanzar hacia una solución negociada.”

“Por esto es ridículo pensar que Alfredo Cristiani haya ordenado o consentido la muerte de los jesuitas. Fue una operación contra Cristiani, para debilitarlo.”

Claro que los asesinatos de los jesuitas -y también de Rodríguez Porth- fueron ataques a la libertad de pensamiento y de expresión. Claro que para lograr la paz y la democracia, los Acuerdos del 1992 tuvieron que centrarse en garantizar esta libertad. Claro que hoy tenemos que seguir construyendo sobre este logro.

Cuestionar esto significa abrir espacio a la anti-política – y a los populistas (de izquierda y derecha) que en este vacío hablan de “refundar la república”, en vez de defender la república que conquistada. Saludos,

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Todos los pronunciamientos sobre la captura de los militares: partidos, familiares, UCA, Casa Presidencial, generales retirados, PDHH

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Argumentos contra la justicia: Editorial UCA

8 febrero 2016 / UCA

Después de muchas dudas y dilaciones, finalmente la Policía Nacional Civil ha comenzado a cumplir su deber con respecto a la orden de captura de los 17 exmilitares reclamados por la justicia española por el Caso Jesuitas. Como cabía esperar, la detención de cuatro de ellos entre el viernes y sábado pasados ha suscitado un torrente de declaraciones por parte de funcionarios, políticos, articulistas y abogados, entre otros. Así, una vez más hemos sido testigos de la protección de la que gozan en el país los exmiembros del Ejército reclamados por la justicia. No solo se dejó pasar casi un mes para ejecutar la orden girada a través de la Interpol, lo que sin duda facilitó la huida de la mayor parte de los acusados, también se ha vertido una serie de afirmaciones que muestran connivencia con el crimen y llaman a la impunidad.

La principal objeción que se hace al juicio es que la Audiencia Nacional de España no tiene jurisdicción internacional y que atenta contra la soberanía jurídica nacional. Los que esto afirman desconocen que hay un principio de justicia universal aceptado por muchos países, El Salvador entre ellos. La legislación salvadoreña reconoce este “principio de universalidad” en el artículo 10 del Código Penal, que reza así: “También se aplicará la ley penal salvadoreña a los delitos cometidos por cualquier persona en un lugar no sometido a la jurisdicción salvadoreña, siempre que ellos afectaren bienes protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas del derecho internacional o impliquen una grave afectación a los derechos humanos reconocidos universalmente”. Según esto, El Salvador puede promover un juicio contra responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluso si los crímenes sucedieron fuera de nuestras fronteras y con independencia de la nacionalidad de los hechores. Esto es precisamente lo que ha hecho la Audiencia Nacional de España: ha impulsado un juicio contra personas que cometieron un crimen de lesa humanidad fuera del territorio español. Y no hay que perder de vista que la Audiencia no habría podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto debidamente en nuestro país.

Otra objeción es afirmar que la masacre en la UCA es cosa juzgada. Esto tampoco es verdad, pues en El Salvador solo fueron juzgados los hechores materiales, y en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual la mayoría de ellos fueron absueltos y los que resultaron culpables recibieron una condena que no se correspondía con la gravedad del crimen. Es por ello que el juez Eloy Velasco considera que dicho juicio fue fraudulento y que, en consecuencia, no es válido. Además, los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerza Armada de aquel entonces, los que planificaron y ordenaron la masacre, nunca se han sentado en el banquillo de los acusados. Ciertamente, hubo un intento de iniciar un proceso en su contra, pero la jueza del Tercer Juzgado de Paz decidió que no era procedente bajo el argumento de que el crimen ya había prescrito, contraviniendo así el artículo 37 del Código procesal Penal, que afirma que este tipo de delitos no prescriben si no han existido las condiciones para promover la acción penal o no pudo ser perseguido por falta de la instancia particular.

Otro de los argumentos esgrimidos para evitar la justicia es que la ley de amnistía libra a los hechores de toda responsabilidad. Este argumento tampoco es válido, pues la Sala de lo Constitucional sentenció, el 26 de septiembre de 2000, que la norma no aplica a crímenes cometidos por funcionarios del mismo Gobierno que emitió la amnistía. Por otra parte, se afirma que el juicio a los autores intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir las heridas del pasado, un sonsonete que repiten constantemente los principales actores de la guerra, los que la impulsaron y defendieron como única solución posible al conflicto nacional. Lo que las víctimas solicitan más bien es el conocimiento de la verdad, justicia. Las heridas de las víctimas y sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. Reconocer sin ambages el daño que la guerra hizo a la población y que los principales responsables acepten que cometieron delitos y pidan perdón por ellos a la sociedad serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas.

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COMUNICADO DE PRENSA del Procurador de Derechos Humanos de El Salvador

(Comunicado 08/2016)

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, realizó hoy un llamado a favor de la institucionalidad del país y a evitar el uso político de las acciones jurídicas que se están implementando dentro del caso de la masacre de los padres Jesuitas y sus colaboradoras, en el cual se ventila la posible extradición de los imputados a España.

El Procurador Morales hizo un llamado a la sociedad salvadoreña a no caer en intranquilidad, pues el avance de procesos penales ejemplarizantes ante casos de crímenes de lesa humanidad (como el asesinato de los padres jesuitas de la UCA y sus colaboradoras) se ha producido en muchos países de América Latina, sin que por ello se produzca la inestabilidad política o se afecte la gobernabilidad, sino todo lo contrario.

Se trata del normal desempeño de las instituciones”. Estamos en presencia de un caso que involucra un crimen contra la humanidad, y quizás también un crimen de guerra, y precisamente en este tipo de delitos de trascendencia internacional, se reconoce universalmente que los mismos no admiten amnistías, prescripción, ni otro tipo de figuras similares que promuevan la impunidad.

A 24 años de la firma de la paz nuestras instituciones democráticas, entre ellas la Fuerza Armada, tienen la madurez suficiente para respetar las decisiones judiciales y la independencia de poderes: “no me cabe duda al respecto” afirmó el Procurador, quien destacó que con las acciones jurídicas promovidas desde el Poder Judicial del Reino de España no se ataca a institución alguna ni la soberanía estatal, sino que únicamente se ventilan responsabilidades penales individuales ante la inoperancia que hasta la fecha, y sobre este caso, han mantenido las instituciones salvadoreñas encargadas de realizar la justicia.

El Procurador recordó que la impunidad no es un objetivo de los Acuerdos de Paz, ni en su letra ni en su espíritu. Por el contrario, los Acuerdos de Paz crearon una Comisión de la Verdad para investigar hechos que conmocionaron a la sociedad salvadoreña y que implican graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la cual recomendó justicia y reparación para las víctimas. Adicionalmente se debe recordar que el Capítulo I de los Acuerdos suscritos en Chapultepec, el 16 de enero de 1992, estableció como principio de implementación de la paz la “superación de la impunidad”, y en él se contempló la realización de juicios ejemplarizantes contra violadores de los derechos humanos de ambos bandos, para casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad.

El Procurador recordó que también la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad 24-97/21-98, dictada en el año 2000, estableció que la Ley de Amnistía de 1993 no es aplicable a casos que hayan implicado graves violaciones de los derechos humanos, y tampoco para los casos ocurridos durante la administración del Presidente Alfredo Cristiani (art. 2 y 244 Cn). Asimismo, recordó que la Sala de lo Constitucional –en diferentes períodos– ha ordenado la investigación de crímenes ocurridos durante el conflicto armado, destacando diversas sentencias sobre desapariciones forzadas de niños y niñas e, incluso, el caso de la masacre de 45 personas en el cantón San Francisco Angulo, San Vicente (sentencia dictada por la Sala en febrero de 2014), investigaciones que lamentablemente aún están pendientes de ser realizadas y judicializadas.

Sobre el caso Jesuitas, el Procurador Morales trajo a cuenta que fue la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que en su informe de fondo del año 1999 concluyó que en el proceso judicial ventilado por el Juzgado Cuarto de lo Penal durante el año 1991 se produjo en El Salvador un “juicio simulado”, e instó al Estado salvadoreño a reabrir y agotar seriamente las investigaciones. Asimismo, el Procurador señaló que los presuntos autores intelectuales nunca fueron investigados ni juzgados, pese a los esfuerzos emprendidos por la UCA en la década del 2000, debido a una serie de decisiones arbitrarias del entonces Fiscal General y diversos funcionarios judiciales.

Por tanto, el Ombudsman salvadoreño descartó que exista un doble juzgamiento en el caso y declaró que no es admisible la invocación de una “cosa juzgada” que ha sido fraudulenta. Esta garantía opera sí y sólo sí el juicio realizado haya sido genuino y legítimo.

Destacó que la PNC salvadoreña no es una autoridad deliberante y la instó a continuar el proceso de localización y captura de las 13 personas que actualmente se encuentran como prófugos de la justicia española. Al mismo tiempo, invitó a los diferentes sectores y partidos políticos, a contribuir para que las decisiones que se deben adoptar lo sean sobre una base de plena institucionalidad, obviando todo tipo de discurso que pueda promover la inestabilidad en el país.

El Procurador Morales recordó que la deuda sobre impunidad es muy grande en El Salvador, siendo urgente que se realicen todas las investigaciones necesarias a las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto armado atribuidas a ambos bandos, en respeto a los derechos inderogables a obtener verdad, justicia y reparación que asiste a las víctimas.

Por otra parte, el Procurador informó que delegados de PDDH han realizado la visita de las 4 personas detenidas, quienes manifestaron no haber sido objeto de maltrato durante la detención y se esta respetando su integridad.

Finalmente, el Procurador realizó un llamado a la Corte Suprema de Justicia, que ventilará las solicitudes de extradición, para que haga valer los estándares internacionales que aplican ante este tipo de crímenes de lesa humanidad, invocadas ampliamente en las resoluciones de esta Procuraduría de fechas 16 de noviembre y 23 de diciembre de 2015.

San Salvador, 9 de febrero de 2016.

¡Washington, ordene! De Paolo Luers

paoloPaolo Luers, 7 febrero 2016 / EDH-Observador Político

El día jueves 4 de febrero Kimberly Swank, jueza federal en South Carolina, autorizó al gobierno de Estados Unidos proceder con la extradición del coronel Inocente Montano a España. Montano es uno de 18 militares salvadoreños requeridos por la Audiencia Nacional de España para enfrentar juicio por el asesinato de los jesuitas en noviembre del 1989.

 El día viernes 5 de febrero, cuando este fallo se conoce en El Salvador, la PNC lanza un operativo para arrestar a los 17 militares acusados en España que supuestamente se encuentran en el país. Esta misma noche se capturan a 4 de ellos.

 El sábado 6 der febrero, el presidente de la República, en el marco de su reality show ‘Gobernando con la Gente’, dice que la “captura de militares acusados por caso jesuitas es por compromiso de gobierno a respetar normas internacionales. La PNC ha cumplido con deber de acuerdo a difusión roja.”

observadorSi Salvador Sánchez Cerén aplicó esta lógica para ordenar la captura de los militares, tendrá que explicar porqué los dos gobiernos del FMLN (el primero, donde él fue vicepresidente, y el presidido por él) no han cumplido su “compromiso con normas internacionales” durante 5 años – porque la orden de captura emitida por España y la subsiguiente difusión roja de Interpol existen desde el 2011. Si lo que hoy dice el presidente es su verdadero criterio, tendrían que haber ejecutado la difusión roja en el 2011, en el 2012, en el 2103, en el 2014 o en el 2015.

No es que en enero del 2016 haya llegado a las autoridades salvadoreñas una nueva orden de captura o una nueva difusión roja. No, es la misma que existe desde el 2011. Las ordenes de captura no vencen, no se repiten cada rato. Son vigentes hasta que el acusado esté apresado o muerto.

¿Qué ha cambiado entonces desde el 2011, que ahora puede haber movido a Salvador Sánchez Cerén a ordenar la captura que ni Funes ni él autorizaron entre el 2011 y el 2015?

¿El hecho que el juez español mandara una nota recordatoria? Improbable, porque no tiene ninguna fuerza.

¿El hecho que en los últimos meses haya cambiado la correlación de fuerza en la Corte Plena de Justicia? Tal vez, aunque la situación legal sigue siendo la misma: Cuando se cometió el delito (en 1989) no existía convenio de extradición con España; y tampoco existía la definición internacional de ‘crímenes de lesa humanidad’ ni el estatuto de Roma que dicta que estos crímenes no prescriben y no pueden ser sujetos de amnistías. Así que el crimen contra los padres jesuitas, cometido en 1989, no aplica nada de esto, por tanto no hay base jurídica para la extradición

Lo único que realmente ha cambiado, paulatinamente hasta llegar a una nueva práctica política y jurídica, es la posición del gobierno de Estados Unidos de América. La administración Obama ha promovido, con éxito, juicios en diferentes cortes, contra ex militares salvadoreños residentes en Estados Unidos. Dos ex ministros de defensa, los generales Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, ha sido deportados a El Salvador por su rol en la puesta en práctica de los planes de contrainsurgencia de Estados Unidos. Y el coronel Inocente Montano, será deportado a España, por solicitud de la administración Obama.

O sea, lo nuevo es que Estados Unidos les está dando en la nuca a sus fieles aliados en el tiempo de la guerra fría, y en particular a los militares salvadoreños. No solo dejan de proteger a sus ex aliados, sino los echan a los leones. El proceso que la Audiencia Nacional española quiere hacer en el caso Jesuitas, necesitaba de por lo menos un acusado – y los gringos se van a encargar de mandárselo: el coronel Montano.

Siempre se hablaba de que “la revolución come sus hijos”. Hoy vemos una nueva versión de esta historia vergonzante: “La contrarrevolución entrega a sus hijos.”

Pero lo realmente nuevo es que el gobierno del FMLN, presidido por su ex-comandante Sánchez Cerén, acata fielmente este giro en la política norteamericana. Luego de no hacer caso a las ordenes de captura españoles y la difusión roja de Interpol por 5 (!) años, el día que se conoce la decisión gringa de extraditar al coronel Montano a España, el gobierno salvadoreño se cuadro y dice: A sus órdenes. Porque el gobierno salvadoreño no hace caso a España, pero sí a Estados Unidos.

Es irónico: La persecución de estos militares surge de la necedad de algunas organizaciones de Derechos Humanos viven de la explotación del resentimiento; de la lucha de la Audiencia Nacional por defender sus privilegios; y del deseo hipócrita de Estados Unidos de desvincularse de sus pecados imperiales. Definititivamente no es la sociedad salvadoreña que necesita castigar a los militares y así provocar nuevas (viejas) cadenas de venganza.