Mes: marzo 2016

Fiscalía confirma investigación penal contra expresidente Mauricio Funes

Fiscal Andrés Amaya reveló que existe investigación penal abierta. Corte Suprema pidió que se aplique la ley contra lavado de dinero.

San Ignacio, lunes 19 de abril de 2010. De izquierda  a derecha Mauricio Funes, presidente de la república, Vanda Pignato, primera dama, Robert Blau, encargado de negocios de embajada de los Estados Unidos. El gobierno de El Salvador y FOMILENIO inauguraron el instituto nacional  de San Ignacio para fomenta la educación media en la zona norte de Chalatenango. Y parte de los fondos de la Corporación Reto del Milenio para la construcción de carretera Logintudinal del norte. Foto EDH Jorge Reyes

, 30 marzo 2016 / EDH

La unidad especializada en Delitos de Corrupción de la Fiscalía General ha abierto una investigación penal contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena.

Monto investigado podría ascender por 85 armas

diario hoyEl jefe del equipo anticorrupción del Ministerio Público, Andrés Amaya, confirmó lo anterior al presentar una acusación formal contra Funes, su hijo Diego Funes y la exprimera Dama, Vanda Pignato, por presunto enriquecimiento ilícito de 728 mil dólares.

La acusación fue presentada en la Cámara Segunda de lo Civil, que abrió un juicio a Funes tras recibir un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal  Amaya no detalló los delitos por los que se le ha abierto la investigación penal a Funes. Sin embargo,  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrirle una investigación a Funes por presuntos hechos delictivos contemplados en la normativa penal y la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de origen o destinación ilícita.

“Asimismo, es procedente informar al Fiscal General de la República sobre la posible comisión de un hecho delictivo”, se lee en la resolución de la Corte Suprema.

La Ley de Extinción de Dominio, según se explica en la resolución, busca extinguir los bienes que hubieren sido obtenidos de forma ilícita.

“Al respecto es de indicar que dichas leyes contienen regulaciones referidas a la incautación y destino de bienes que provienen de actos de corrupción”, establece el documento.

Acusación incluye a hijo y exprimera Dama

La Fiscalía presentó ante la Cámara la acusación formal contra Funes, su hijo Diego Roberto Funes, y a la exprimera Dama, Vanda Pignato,  por presunto enriquecimiento ilícito que asciende a $728, 329.

El Ministerio Público presentó a la Cámara 54 expedientes contenidos en 21 cajas, en los cuales se determina el patrimonio no justificado por el exmandatario y su familia, según explicó el fiscal Amaya.

“No hay una justificación que nos lleve a establecer que ese incremento de 728 mil dólares sea producto lícito, sino que hasta este momento tenemos los indicios suficientes como para poder determinar que este incremento es no justificado”, sostuvo el representante fiscal.

Inhabilitación

Explicó que basada en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la  Fiscalía solicita a la Cámara, una vez esta determine el delito por el cual Funes y sus familiares han sido señalados, que el exmandatario quede inhabilitado por 10 años de ejercer cualquier cargo público y que los bienes a su nombre pasen al Estado.

Amaya explicó que entre las irregularidades establecidas por la Sección de Probidad de la CSJ se encuentra que Vanda Pignado, siendo Secretaria de Inclusión Social, no percibió ingresos, pero  sí pagó deudas.

“Era la Secretaria de Inclusión Social pero no devengaba ni un centavo; entonces no se le ha establecido que ella pudo haber obtenido el ingreso lícitamente hasta este momento”, manifestó el fiscal.

Según la Corte Suprema de Justicia, el monto global de siete créditos, uno a nombre de Funes y seis a nombre de la exprimera Dama, es de $70, 342. Esta cantidad no fue incluida en la declaración patrimonial del expresidente, al igual que el número de armas que registró a su nombre: 85.

Las irregularidades, de acuerdo con la resolución emitida por el máximo tribunal, no se limitan hasta ahí:  Funes también pagó mucho antes un préstamo de $131, 900 previsto a cancelarse en siete años.

Amaya confirmó que el ingreso no justificado de Funes podría ascender una vez que se realicen las pericias correspondientes a la investigación.

Los magistrados de la Corte resolvieron enviar a juicio civil a Funes en febrero, luego que el informe de la sección de Probidad  determinó que mientras este había ejercido el cargo de presidente de la República mostró un incremento injustificado de su patrimonio.

El documento refleja que el exmandatario durante su gestión percibió en total $520, 629, cantidad cuyo origen no fue determinado.

Mientras que después de su cargo, Probidad señaló que Funes presentaba $181,500 tampoco justificados. Además, la sección del máximo tribunal cuestionó el origen de $150,323 de ahorros, cuando según los análisis de ingresos, Funes no tenía la posibilidad de ahorrar durante su gestión.

Ante esto, las autoridades judiciales ordenaron congelarle cuatro cuentas bancarias y le restringieron la transferencia a terceros de ocho vehículos de su propiedad y de su hijo Diego.

Al igual que el exmandatario, su hijo y Pignato cuentan con 20 días hábiles para presentar ante la Cámara los alegatos de defensa por los señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito.

#RingDeHoy: ¿Es necesario un estado de excepción para detener el alza de violencia y asesinatos en el país? De Guillermo Gallegos y Paolo Luers

Guillermo Gallegos y Paolo Luers debatiendo sobre estado de excepción y otras medidas extraordinarias de Seguridad

EDH20160330OPI029P

Sí es necesario. De Guillermo Gallegos

Guillermo Gallegos, diputado de GANA

30 marzo 2016 / EDH

En las democracias modernas se han establecido disposiciones constitucionales para definir los lineamientos para  que los gobiernos puedan declarar y aplicar normas excepcionales de emergencia en casos de graves conflictos externos e internos.

Debido a los inaceptables niveles de  una salvaje  criminalidad  de las pandillas que afecta  la seguridad de los salvadoreños, especialmente de aquellos que residen en las comunidades identificadas como de alta incidencia delincuencial, se hace necesario  buscar alternativas urgentes de solución que sean respetuosas del marco constitucional y legal del país.

Por ello, he propuesto con el claro objetivo de disminuir y controlar la espiral de violencia, la  urgente aplicación del diario hoyRégimen de Excepción Focalizado referido en el artículo 29 de la Constitución, en aquellos municipios identificados por su alta incidencia  criminal, en virtud de la grave perturbación al orden público que provoca y  a efecto de restituirles la tranquilidad a las familias decentes y honradas, salvaguardando  su vida, sus valores y bienes jurídicos.

Nos hemos basado en sólidas premisas jurídicas y constitucionales, no de exabruptos ideológicos o de mezquinos oportunismos políticos con objetivos electorales de sectores anacrónicos claramente  evidenciado, que mienten descaradamente y  manipulan  la realidad de los acontecimientos e iniciativas hechas con visión de nación.

La suspensión de  ciertas garantías constitucionales se hará únicamente en los municipios y comunidades en aquellos lugares identificados como de alta incidencia delincuencial, por las autoridades de seguridad pública.

Pero ante todo, queremos expresar con claridad y firmeza para que no se manipule nuestra posición, que los hombres y mujeres libres de GANA mantenemos  nuestra  enérgica  oposición  a  que los regímenes de excepción focalizados,   se utilicen como una justificación para implementar medidas de corte totalitario, como la supresión de  la  libertad del pensamiento, la libertad  de expresión y el derecho a la  información.

Estas facultades de suspensión de ciertas garantías constitucionales, dentro de un Estado de Derecho son una forma de protección especial del derecho fundamental a la vida, deben ser evaluadas como una medida adicional dentro de un conjunto de medidas excepcionales contempladas con visión sistémica e integral, no como una panacea aislada como la presentan malintencionadamente los grupos que  buscan cínicamente  agudizar la crisis nacional,  para obtener los votos de los salvadoreños espantados por el inhumano genocidio que  realizan las pandillas.

Los Estados ejercen estos poderes extraordinarios con fundamento en el marco constitucional y jurídico, pues ello regula su ejercicio y establece los límites necesarios al poder público, así como también determina las eventuales responsabilidades legales provenientes de las infracciones que cometan las autoridades en el ejercicio de dicha facultades.

El Salvador ha reconocido el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos suscritos en Nueva York el 16 de diciembre de 1966  que regula los estados de excepción de la siguiente manera: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamado oficialmente, los Estados parte en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto…”.

Las circunstancias excepcionales que vive nuestra nación no admiten los argumentos de los “envenenados ideológicamente”, ni de “oportunistas políticos”, ni mucho menos de “garantistas románticos”, que se llenan la boca con verborrea cargada de tecnicismos inconsistentes que se desmoronan ante la cruda y dolorosa realidad que vivimos todos los salvadoreños. !!!Nosotros sostenemos que las ideologías dividen y los principios unen !!!
Estamos plenamente convencidos  de nuestro compromiso cristiano  para detener la sangre derramada de nuestros hermanos, el cual es compartido incluso por el Arzobispo de San Salvador, que  con sinceridad clama por acciones inmediatas para salvar la vida de cada una de nuestras familias.

 @GGallegos24

No es necesario. De Paolo Luers

Paolo

Paolo Luers, periodista

30 marzo 2016 / EDH

Un estado de excepción según artículo 29 de la Constitución no aportaría nada para el combate a la delincuencia, y mucho menos para la reducción de la violencia. Los derechos constitucionales que permitiría suspender, no constituyen obstáculos para que la PNC, la Fuerza Armada y la Fiscalía hagan más eficiente su trabajo. Suspender las libertades de expresión, de asociación y de libre movimiento solamente afectaría a los ciudadanos comunes, ya que los pandilleros de todas formas se mueven fuera de la legalidad, con o sin régimen especial.

diario hoyProvocar un debate sobre un estado de excepción fue una clásica trampa cazabobos del FMLN. El primero que cayó fue el fiscal general: fue él quien en la reunión en Casa Presidencial propuso un régimen de excepción, no el presidente, quien solo hablaba en términos generales de ‘medidas excepcionales’. Luego cayeron varios diputados opositores. Como ya le pidieron un estado de excepción, el gobierno de repente ganó legitimidad para pedir por lo menos un ‘estado de emergencia’ y/o ‘medidas excepcionales’. De repente, a pesar del fracaso de sus políticas de seguridad, goza de amplio apoyo…

Un ‘estado de emergencia’ no suspende derechos constitucionales, pero le libera al gobierno de las limitaciones y reglas presupuestarias; le da el derecho de mover libremente fondos y contratar servicios o compras sin licitaciones públicas.

¿Es necesario un ‘estado de emergencia’ para detener la violencia en el país? Tampoco. El obstáculo para enfrentar con más eficiencia la violencia es la falta de un plan integral, o sea la incapacidad del gobierno de definir las prioridades de sus inversiones sociales. Un gobierno que no sabe priorizar estratégicamente sus inversiones, no necesita más flexibilidad en el manejo del presupuesto, necesita más flexibilidad mental que le permita abandonar los conceptos clásicos de mano dura y, aun peor, de la estrategia contrainsurgente aplicada a seguridad pública. El derecho de hacer uso discrecional de los fondos públicos no mejora la capacidad del combate a la delincuencia, sólo abre nuevos espacios para la corrupción.

Quedan entonces las ‘medidas extraordinarias’ que el ejecutivo presentará a la Asamblea después de vacaciones. Lo irónico: pedirán apoyo legislativo incluso para medidas que ni siquiera requieren aprobación parlamentaria.

La principal medida extraordinaria que implementarán es la intervención de los centros penales, con medidas muy drásticas: suspensión total de visitas (familiares, abogados, delegados de la Cruz Roja Internacional); encierro en celdas las 24 horas; requisas permanentes en todos los penales; toma de control de seguridad penitenciaria por parte de la PNC.

Nada de esto requiere aprobación legislativo. Lo que buscan es el aval de la oposición para sus planes, pero sin revisión del rumbo de su política de seguridad. Quieren que la oposición comparta el costo político, en caso que la situación, en vez de mejorar, se empeore a partir de las ‘medidas extraordinarias’.

¿Medidas extraordinarias de este tipo tienen sentido para reducir la violencia? No. Aunque es cierto que muchos delitos son ordenados o aprobados desde las cárceles, no existe ningún indicio para esperar que se cometerán menos delitos, con menos violencia, si se corta totalmente la comunicación con los pandilleros presos. Por lo contrario, es más probable que la violencia se multiplicará – como ha pasado cuando en febrero 2015 sometieron a aislamiento total en Zacatraz a las máximas cúpulas pandilleras. Intervenir los penales es otra medida populista con el cual el gobierno mostraría mano dura, pero la experiencia indica: Por más atomizadas y desorganizadas las pandillas, más agresivas y violentas se vuelven. La incapacidad de controlar los territorios no se resuelve incrementando la represión en los penales.

La mejor medida excepcional que sería que el gobierno retome y ejecute con eficiencia y consistencia todas las funciones regulares que el Estado ha dejado de cumplir para buena parte de sus territorios. Como escribió Sandra de Barraza: “En situaciones excepcionales, deben tomarse medidas extraordinarias. Extraordinario es utilizar el valioso talento y los millonarios recursos disponibles en el sector público extraordinariamente.”

@paololuers

Gobierno aísla a mandos medios de las maras, y estas responden con cese indefinido de la violencia. El Faro

El Ministerio de Seguridad quiere cortar la comunicación entre los máximos líderes, los mandos medios y las bases de las pandillas, y este 29 de marzo dio un paso firme en esa dirección con el traslado de 299 cabecillas a un modulo de aislamiento construido en el penal de Quezaltepeque, además de otras medidas complementarias. Todo esto, en una coyuntura en la que las pandillas han demostrado con su cese de hostilidades de 72 horas –prolongado indefinidamente según anunciaron a El Faro voceros de los tres grupos– que tienen capacidad para desplomar las cifras de homicidios a voluntad.

traslado

Foto Fred Ramos/Faro

Roberto Valencia y Carlos Martínez, 29 marzo 2016 / EL FARO

el faroUn módulo especial del Centro Penal de Quezaltepeque acoge desde este martes 29 de marzo, y en teórico régimen de estricto aislamiento, a 299 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las dos facciones del Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños). Con esta medida de fuerza, sumada a un estado de emergencia declarado por 15 días en las siete cárceles con presencia mayoritaria de pandilleros y otras decisiones complementarias, el Gobierno trata de cortar la comunicación entre los líderes encarcelados y las clicas que operan a lo largo y ancho del territorio salvadoreño. Un golpe rotundo.

“Y este nomás es el inicio”, dijo exultante el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, en una multitudinaria conferencia de prensa celebrada en el penal, en medio de un despliegue policial y militar propio de una visita papal.

El nuevo módulo del penal quezalteco bien podría considerarse, por sus condiciones, como una ‘sucursal de Zacatraz’, como se le conoce la cárcel de máxima seguridad ubicada en el municipio de Zacatecoluca, La Paz. El traslado de los 299 cabecillas -que se hizo con un despliegue militar que incluyó Humvees blindados y cuatro helicópteros- se desarrolló pocas horas después de finalizar el cese unilateral de acciones violentas por 72 horas que las pandillas anunciaron el sábado 26 de marzo.

Durante esos tres días, el promedio de asesinatos cometidos en El Salvador ha sido de 9.3, muy por debajo de los 22.8 promediados en los 25 primeros días del mes.

“Los 299 trasladados son las personas identificadas, tras procesos exhaustivos de investigación de la PNC y de nuestras unidades, como las que tienen un alto grado de responsabilidad a la hora de enviar órdenes desde los centros penales para el acometimiento de actos delictivos contra la población salvadoreña”, dijo Rodil Hernández, director general de Centros Penales.

Antes de su llegada a Quezaltepeque, estos reos eran inquilinos de las cárceles de Izalco, Chalatenango, Cojutepeque, Gotera y Ciudad Barrios.

En la estructura organizativa de las pandillas, el principal centro de mando recae, por lo general, en un pandillero encarcelado, que es el titular de la clica, o uno de sus titulares cuando la clica es muy numerosa o forma parte de una programa, en el caso de la MS-13; o de una tribu, en el caso de la 18.

A partir del 16 de abril de 2015, el Gobierno regresó al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca a los máximos líderes de las tres pandillas, y con ello dificultó sus posibilidades de comunicarse con el exterior con fluidez. Ese papel lo habrían asumido, según la información que maneja el ministerio, los 299 pandilleros ahora encerrados en el módulo especial de Quezaltepeque.

“Esperamos garantizar su aislamiento, y con ello el cese de la comunicación desde los penales hacia afuera”, dijo Ramírez Landaverde.

La elección del penal de Quezaltepeque, tradicionalmente uno de los más vulnerables del sistema penitenciario, tiene una doble explicación: por un lado, Zacatraz está lleno; y por otro, según señaló Rodil Hernández, el módulo se ha construido con celdas pequeñas e independientes que separan a los internos y permiten su control, con galeras distintas para cada pandilla, no hay condiciones de hacinamiento, no tienen tomas de corriente ni cableado que permitan recargar teléfonos u otros aparatos, la iluminación es con dispositivos no manipulables, y el personal asignado para su cuidado es proporcionalmente mayor.

Estado de emergencia y más

Además del traslado y aislamiento de cabecillas, el Ejecutivo declaró un estado de emergencia por 15 días –el máximo tiempo que permite la Ley Penitenciaria– que afecta a las seis cárceles que el Estado asignó de forma exclusiva a las pandillas, y también al penal Zacatecoluca. Esta medida tendrás que ser avalada por los jueces de vigilancia penitenciaria encargados de cada una de las prisiones.

Durante dos semanas, estarán suspendida las visitas familiares de todo tipo, incluida la visita íntima, y solo se permitirán “visitas de asistencia profesional, pero también estará reguladas y monitoreadas”, dijo Rodil Hernández.

Asimismo, los privados de libertad estarán en encierro permanente en su celdas, sin horas de patio, y se suspenden las salidas, salvo emergencias médicas.

Pero además de los traslados y del estado de emergencia, el Ministerio de Seguridad anunció medidas adicionales, que suponen en la práctica una intromisión de la Policía Nacional Civil en labores propias de la Dirección General de Centros Penales.

Desde este martes 29 de marzo, y hasta nuevo aviso, cada uno de los siete centros penitenciarios seleccionados tendrá como “enlace” a un integrante de la PNC. “Esta día inicia un nuevo modelo de cooperación interinstitucional”, dijo Rodil Hernández. El director del centro penal tendrá que coordinar todos los temas de seguridad con ese representante de la Policía.

El cambio es unas de las consecuencias de que la Inspectoría General de Centros Penales haya sido asumida de forma permanente por el subcomisionado Fernando Roque Mártir.

Y por último, tanto la PNC como la Fuerza Armada comenzarán a verificar viviendas y establecimientos que operan en las colonias aledañas a las cárceles. ¿La razón? “Porque tradicionalmente, los alrededores de los centros penales han sido ocupados por personas que buscan introducir ilícitos”, dijo el ministro.

Algunas de estas medidas solo podrán ejecutarse durante los 15 días que permite el estado de emergencia, por lo que Ramírez Landaverde aprovechó para pedir a los diputados que hagan reformas legales que respalden las iniciativas contras las maras diseñadas por el Gabinete de Seguridad.

299 cabecillas de pandillas fueron trasladados a un nuevo módulo de aislamiento en el penal de Quezaltepeque. 29 de febrero 2016. Foto: Fred Ramos

Foto Fred Ramos.

“Las medidas que se han tomado son las que la Ley Penitenciaria ya establece, pero para mantenerlas y potenciarlas se requieren otro tipo de disposiciones que las regulen”, dijo, y pidió a los diputados que “nos aporten herramientas para establecer un cerco” contras las pandillas, y “no solo en el tema de las comunicaciones”.

Consultado sobre si una efectiva interrupción de la comunicación de los ranfleros con las clicas dispersas en el territorio nacional no sería como patear un avispero, esta fue la respuesta del ministro: “Ante cualquier medida en el sistema penitenciario, es necesario considerar la posibilidad de que haya repercusiones negativas tanto dentro como fuera de los penales, pero el Gobierno ha dispuesto medidas extraordinarias en diferentes ámbitos relacionados con la seguridad”.

En otras palabras, es un riesgo que merece la pena correrse y para el que creen estar preparados.

Las 72 horas de ‘calma marera’

En los primeros 25 días del mes de marzo hubo 571 asesinatos en El Salvador, un promedio de 22.8 cada día. En los días 26, 27 y 28 de marzo, se cometieron 28 homicidios –según la PNC–, lo que deja un promedio de 9.3, un descenso brutal de casi el 60 %.

El sábado hubo 17 homicidios; el domingo, 9; y el lunes, ‘solo’ 4.

Cuando se acerca la lupa, las cifras incluso se redimensionan. Así, de los cuatro homicidios de este lunes 28 de marzo, uno es un pandillero que murió en un supuesto intercambio de disparos con policías; otro, una señora que murió en el Hospital Zacamil luego de ser agredida, pero que estaba ingresada desde el 12 de enero; un tercero, fue un joven que la PNC baleó porque el carro en el que se desplazaba no se detuvo en un retén; y el cuarto, es un pandillero de la 18 asesinados en Coatepeque (Santa Ana), sin que aún se sepa quién lo mató.

De algunas manera, las pandillas han mostrado que aún mantienen la capacidad sobre sus estructuras en la libre.

Hablan las pandillas

Cerca de una hora después de que las autoridades concluyeran su conferencia en el penal de Quezaltepeque, las pandillas convocaron a un reducido número de medios a su propia conferencia de prensa. Un periodista de El Faro recibió una llamada en la que se le convocaba de urgencia a un lugar –que se acordó no mencionar– en el que las pandillas harían pública su reacción a las medidas especiales anunciadas por el Gobierno.

Representantes de la MS-13, de los Sureños y de la Revolución aseguraron que sus estructuras han decidido prolongar indefinidamente su disposición de reducir los asesinatos.

“Hemos hecho el llamado a nuestra gente… ya que terminó a medianoche las 72 horas, a que le demos continuidad, que prorroguemos esto, que se continúe la baja de homicidios, que estemos a la expectativa de lo que suceda y que veamos de qué manera nos cuidamos…”, mencionó el representante de la facción Sureños de la 18.

Los otros dos representantes, luego de decir el nombre de su pandilla y de realizar los gestos que los identifican, lanzaron órdenes similares a sus respectivas estructuras.

Para los pandilleros resultó importante subrayar que esta decisión es absolutamente unilateral, que prescinde de mediadores, y que no tiene a la base ningún tipo de diálogo con las autoridades; sin embargo, también resaltaron que esta decisión no obedece a que las medidas extraordinarias del Gobierno les hayan hecho sentir acorralados.

“No lo estamos haciendo por miedo, eso jamás ha sido nuestra reflexión, sino que creemos que ya es tiempo que esto pare. Sin mediadores, sin política…. nos está funcionando, hasta que las estadísticas lleguen a cero. No estamos acorralados, claro lo hemos dicho: ¡Jamás van a poder exterminar a las pandillas!”, sentenció el vocero de la Revolución.

Los pandilleros se negaron a ponerle plazo o condiciones a su ofrecimiento y aseguraron que para mantener este descenso de asesinatos basta con que la PNC no abuse de su autoridad. “No le pedimos al Gobierno que nos agradezca nada, ni a la Policía que nos agradezca, sino que nos dejen seguir trabajando en esta dirección”, mencionó el pandillero de los Sureños.

Los tres representantes de pandillas hicieron ver que existen permanentes canales de comunicación entre sus estructuras y que son capaces de llegar a acuerdos entre sí.

Al finalizar la conferencia, El Faro se detuvo a conversar con uno de los pandilleros, quien aseguró que si es cierto que el Gobierno ha conseguido aislar a los mandos medios de las tres organizaciones, corre el riesgo de que sea imposible mantener autoridad sobre sus miembros en las calles: “Si llegara a ser cierto… quiere decir que de 22 asesinatos pudieran subir a 27 o 30”, advirtió y se apresuró a matizar: “No es amenaza, es una realidad que sin cabeza este volado pierde el control”.

299 cabecillas de pandillas fueron trasladados a un nuevo módulo de aislamiento en el penal de Quezaltepeque. 29 de febrero 2016. Foto: Antonio Montes

Foto Antonio Montes.

 

Bastiat, Francisco y la absurda “guerra”. De Ricardo Avelar

ricardo avelar.jpgRicardo Avelar, 30 marzo 2016 / EDH

En 1850, el abogado, economista y filósofo francés Frédéric Bastiat publicó una de sus obras más certeras, el ensayo “Lo que se ve y lo que no se ve”, en el que pretendía motivar al tomador y al analista de decisiones públicas no solo a ver el impacto inmediato de una política, sino a considerar sus efectos ulteriores, los cuales denominó “consecuencias no intencionadas”.

Recientemente, 22 científicos de la prestigiosa universidad de Johns Hopkins entendieron este mensaje y se sumaron a la ola de renombrados líderes globales que han pedido la despenalización del uso no violento de algunas drogas. ¿Por qué? Porque al estilo de Bastiat, entendieron que la prohibición no solo falla al inhibir el consumo de algunas sustancias, sino también genera resultados más peligrosos que aquello que pretendía solucionar.

diario hoyPor ejemplo, han entendido que la prohibición trae consigo una escalada de precios, asociados a los altos costos de distribución de drogas, y estos a su vez incentivan a proteger los mercados con violencia, pues nadie quiere perder un negocio tan rentable. Además, comprendieron que en mercados restringidos el consumidor tiene poca información y esto incrementa el riesgo de contraer enfermedades a raíz del uso insalubre de instrumentos para administrar sus dosis. También han notado que los sistemas penitenciarios se han llenado de personas no violentas que realmente no merecen estar ahí.

Tristemente, en El Salvador no sabemos aplicar las lecciones de Bastiat en este tema. Hace unos días, en la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil se celebró triunfalmente el arresto de Francisco, de 22 años, que en la fotografía publicada luce escuálido y humillado. La razón de su captura es la portación de seis porciones de marihuana. ¡SEIS!

En ningún momento se consigna que el joven haya participado de algún hecho violento, haya estado en posesión de armas o haya afectado la vida de un tercero. Francisco llevaba consigo una ínfima porción de marihuana y eso bastó para volverse el protagonista de la más reciente “victoria” policial, la cual desembocará para él en un engorroso proceso e incluso, según nuestra Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LERARD), podría enfrentar prisión.

De acuerdo a numerosas estadísticas, somos el país más violento del mundo y lejos de atacar integralmente este problema, parte de nuestro personal militar y policial se dedica a perseguir este tipo de consumo. La falta de prioridades es, cuando menos, vergonzante.

Mientras en el resto del mundo se montan comisiones de alto nivel para evaluar alternativas a las fallidas políticas de excesiva represión, en El Salvador no nos atrevemos a sostener cuando menos un debate honesto y basado en evidencia y datos, que pueda desembocar en políticas públicas sólidas. Seguimos tratando el tema con base en miedos, mitos, lugares comunes y moralismos. Y, peor aún, seguimos persiguiendo a jóvenes como Francisco que suponen un riesgo nulo a la sociedad.

Las consecuencias no esperadas de esta miopía son latentes: primero, la ridícula persecución de gente cuyo delito es tomar una decisión que solo afecta su cuerpo. Segundo, hemos cerrado las puertas para investigar el potencial que ciertas sustancias tienen en materia médica e industrial, además de los efectos de la regulación de mercados en las finanzas públicas y en la reducción de crímenes violentos. Finalmente, caemos en la tierna ingenuidad de pretender que la prohibición de una conducta la inhibe, cuando lo único que logra es incrementar el costo a quien de cualquier manera lo va a hacer.

Algunos afirman que El Salvador “no está listo para despenalizar las drogas”. Yo me pregunto: ¿estamos listos para la prohibición? ¿Estamos listos para seguir desperdiciando recursos -siendo un país pobre- en perseguir algo que no se puede detener? ¿Estamos listos para emplear parte de nuestras fuerzas de seguridad en perseguir a jóvenes no peligrosos como Francisco? ¿Estamos listos para engañarnos creyendo que prohibir una conducta implica que esta se detenga? Con base en tantas consecuencias no intencionadas, seguramente Bastiat diría que no estamos para nada listos. Diría también que nos urge modernizarnos y yo estaría totalmente de acuerdo.

Lula caído. De José Ignacio Torreblanca

José Ignacio Torreblanca es Profesor Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Doctor Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

José Ignacio Torreblanca es Profesor Titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Doctor Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

José Ignacio Torreblanca, 30 marzo 2016 / EL PAIS

Hasta hace unas semanas, Lula era un icono global. Su trayectoria personal y la del Brasil que presidió entre 2003 y 2010 corrían tan en paralelo que era difícil no confundir una con otra. Porque la historia de lo logrado por aquel niño que no conoció el pan hasta los siete años y la de un país como Brasil, que de líder en pobreza y desigualdad consiguió convertirse en referente del Sur, encajan como un guante en una mano.

Gestionar esa fusión de biografía e historiografía no debe haber sido fácil, máxime cuando su salida del poder no coincidió con una gran crisis económica o institucional, sino con el punto más alto de su éxito. Lula no sólo dejó la presidencia después de haber logrado sacar de la pobreza a más de 30 millones de personas sino capitaneando una economía que crecía al 7,5% y liderando el Sur emergente contra el viejo y anquilosado Occidente. Su final de mandato no pudo ser más apoteósico: Brasil ganaba la sede de los Juegos Olímpicos y Lula entraba en el Olimpo de la izquierda.

el paisHoy, el Brasil de su sucesora, Dilma Rousseff, decrece al 3,8% en medio de un brutal escándalo de corrupción, un conflicto entre el poder ejecutivo y la judicatura y una amenaza de choque con el poder legislativo a costa del proceso de destitución de la presidenta que hacen preguntarse a muchos brasileños si aquel milagro económico y social no se asentaba en unos pies de barro institucionales. Entristece la reacción de Lula al cuestionamiento de su figura, confundiendo su persona y las instituciones de su país y empeñándose en situarse por encima de ellas. El Lula cuyo origen humilde siempre le permitió ver más lejos que nadie parece hoy desorientado, sin nadie que le cuente la verdad sobre su caída.

Con todo, la caída del ángel Lula significa que hay un nuevo Brasil abriéndose camino: un país donde la legitimación carismática del liderazgo no se antepone a la separación de poderes, esencial para la estabilidad de las instituciones, y donde el desarrollo económico, por mucho que acabe con la pobreza, no justifica la corrupción. Una historia tan brasileña como global que seguro les suena muy familiar.

@jitorreblanca

Las democracias bajo amenaza. De Carolina Ávalos

carolina avalosCarolina Ávalos, 29 marzo 2016 / EDH

La democracia, como sistema de gobierno —‘imperfecto, pero el menos malo’, parafraseando a Churchill—, es una aspiración legítima de sociedades que buscan la libertad y la igualdad de derechos de todos sus miembros, como pilares y objetivos de la convivencia entre ciudadanos. Casi la mitad de los países del mundo se podrían considerar democracias, algo que desde una perspectiva histórica corrobora el avance positivo de la Humanidad, pero democracias “plenas” únicamente lo son veinte países, según el Índice de la Democracia 2015 (The Economist).

diario hoyLas democracias, ¿están bajo amenaza? Una primera respuesta a esta pregunta es que siempre lo han estado. Un sistema que aspira a acabar con privilegios e injusticias que parecían connaturales en las sociedades humanas, siempre ha tenido un nacimiento difícil y un desarrollo complejo en los países en los que se ha arraigado. Además, una democracia no es un “estado inmutable” en una sociedad. Si no se profundiza, se anquilosa y marchita.

Lo que es una novedad hoy, y muchas personas de los países occidentales lo estamos viviendo, es que parece haber una estrategia urdida para socavar los pilares de aquellas sociedades que representan el modelo de convivencia sociopolítica más avanzado en nuestra historia. Expresiones de estas amenazas hay muchas, entre ellas puedo mencionar: los recientes atentados terroristas en capitales occidentales y otras grandes ciudades, con el objetivo de sembrar el terror y provocar reacciones antidemocráticas; el mantenimiento de regímenes represivos; la violación sistemática de libertades fundamentales y derechos humanos; el narcotráfico y el crimen organizado transnacional; la persistente brecha de desigualdad y exclusión social de segmentos importantes de las poblaciones; y la incapacidad de solucionar conflictos de décadas, especialmente en países en vías de desarrollo.

La lucha contra la democracia se ha globalizado, es algo real a lo que tenemos que enfrentarnos como naciones y como miembros de la comunidad internacional, con un pensamiento crítico sobre nuestras propias carencias. El Salvador es parte de ese andamiaje democrático mundial y no puede desentenderse ante tal amenaza. Quizás no tengamos el tamaño o los recursos para liderar la defensa internacional de las sociedades basadas en la libertad y el respeto a los derechos, en resumen, de sociedades modernas, pero sí que debemos hacer nuestra parte en reforzarlas y no debilitarlas, empezando por la nuestra.

Una actuación contraria a este ‘deber’, sería aceptar propuestas populistas que circulan en nuestro país, como reinstaurar la pena de muerte, justificar ejecuciones sumarias o plantear recortes de las garantías constitucionales ante el espiral de violencia que afrontamos, socavando nuestros avances democráticos. Aspirar a una democracia ‘plena’ exige un proceso de construcción y maduración continua. Se tiene que avanzar sin titubeos, modernizando y fortaleciendo la institucionalidad y garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuanto más libre seamos, más amaremos la libertad.

Nuestro país debe contribuir a la resolución de este creciente problema mundial. Si “ningún hombre es una isla”, tampoco lo debe ser El Salvador, a pesar de su tamaño y nuestros problemas internos. Tenemos que comenzar dando respuestas contundentes a la marginalización y exclusión económica, social, política y cultural que enfrenta gran parte de nuestros ciudadanos desde hace ya demasiado tiempo y con gobiernos de todo signo. La falta de respuestas adecuadas y sostenibles a dichas situaciones se convertirá en un caldo de cultivo que fomentará un mayor debilitamiento y retroceso de nuestra frágil democracia.

El Salvador también tiene otra oportunidad para cooperar al fortalecimiento de la democracia global. Este camino es a través del proceso de integración centroamericana, nuestro campo de acción regional más inmediato. Una Centroamérica unida sobre los principios de democracia, libertad, progreso y justicia social no es una quimera, es un compromiso histórico incumplido que hoy, ante las amenazas mundiales a la libertad, cobra una urgencia inexcusable. El Salvador debe liderar la integración regional con visión, temple, generosidad y ejemplo, de lo contrario Centroamérica seguirá siendo un figurante en el escenario latinoamericano y mundial.

Como dijo Octavio Paz: “Sin democracia la libertad es una quimera”. Hoy ambas parecen estar amenazadas.

@cavalosb