narcotrafico

La percepción de las drogas. De Mario Vargas Llosa

La criminalidad es la peor de las calamidades generadas por el narcotráfico. La mejor manera de combatirla es la descriminalización de los estupefacientes y la tolerancia.

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MARIO VARGAS LLOSA

Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura

Mario Vargas Llosa, 4 febrero 2018 / EL PAIS

La Comisión Global de Políticas de Drogas, que presidió el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso y tiene ahora como directora a Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza, está integrada por políticos, funcionarios internacionales, científicos e intelectuales de diversos países del mundo y lleva a cabo desde el año 2011 una valiosa campaña a favor de una política más sensata y realista en el dominio del narcotráfico y el consumo de estupefacientes que el de la mera represión policial y judicial.

En los siete informes que ha publicado desde que se creó, sustentados en rigurosas estadísticas e investigaciones sociológicas y clínicas, ha mostrado de manera inequívoca la futilidad de combatir aquel flagelo con prohibiciones y persecuciones que, pese a los miles de millones de dólares gastados en ello, en vez de reducir han aumentado vertiginosamente el consumo de drogas en el mundo, así como la violencia criminal asociada a su producción y distribución ilegales. En casi todo el mundo, pero, principalmente en América Latina, las mafias de narcotraficantes son una plaga que causan decenas de millares de muertos y son, sobre todo, una fuente de corrupción que descomponen las instituciones, infectan la vida política, degradan las democracias y, no se diga, las dictaduras, donde, por ejemplo en Venezuela, buen número de dirigentes civiles y militares del régimen están acusados de dirigir el narcotráfico.

el paisAl principio, las labores de la Comisión se concentraban en América Latina pero ahora se han extendido al mundo entero. El último informe, que acabo de leer, está dedicado a combatir, con argumentos persuasivos, la general percepción negativa y delictuosa que los gobiernos promueven de todos los consumidores de drogas sin excepción, presentándolos como desechos humanos, propensos al delito debido a su adicción y, por lo mismo, amenazas vivientes al orden y la seguridad de las sociedades. Quienes han preparado este trabajo han hecho una cuidadosa investigación de la que sacan conclusiones muy distintas. En primer lugar, las razones por las que se consumen “sustancias psicoactivas” son muy diversas, y, en gran número de casos, perfectamente justificadas, es decir, de salud. De otro lado, entre las mismas drogas hay un abanico muy grande respecto a las consecuencias que ellas tienen sobre el organismo, desde la heroína, con efectos tremendamente perniciosos, hasta la marihuana, que hace menos daño a los usuarios que el alcohol.

Todos los informes de la Comisión vienen acompañados de pequeños testimonios de gentes de muy diversa condición gracias a los cuales se advierte lo absurdo que es hablar de “drogadictos” en general, sobre todo debido a lo que esta palabra sugiere de degradación moral y peligrosidad social. Hay una abismal diferencia entre el caso de Nicolás Manbode, de la isla Mauricio, que a los 16 años comenzó fumando marihuana, pasó a inyectarse heroína a los 18 y fue por ello a la cárcel a los 21, donde contrajo una hepatitis y el sida, y la portuguesa Teresa, que no bebe alcohol, pero se acostumbró a tomar anfetaminas, éxtasis, LSD y hongos alucinógenos y cuyo problema, dice, ahora que en Portugal se ha descriminalizado el uso de las drogas, es el riesgo que significa comprar aquellas sustancias en la calle sin saber nunca las mezclas con que los vendedores pueden desnaturalizarlas.

Un caso muy interesante es el de Wini, madre de Guillermo, en Chile. Su hijo, nacido en 2001, a los cinco meses comenzó a tener convulsiones que le cortaban la respiración. A los dos años los médicos diagnosticaron que el niño era epiléptico. Todos los tratamientos, incluida una cirugía cerebral, fueron inútiles. En 2013 Wini comenzó a leer artículos médicos que hablaban de un aceite de marihuana y, gracias a una fundación, pudo conseguirlo. Desde que Guillermo comenzó a tomarlo, las convulsiones se atenuaron —de cerca de diez a una o dos al día— e incluso cesaron. Dada la complicación en obtener aquel aceite, la señora Wini comenzó a cultivar marihuana en su jardín, algo que, aunque no es ilegal en Chile, escandalizaba a su familia. El médico que trataba a Guillermo, escéptico al principio, se convenció de los efectos benéficos de aquel aceite y llegó a escribir un artículo sobre la terapia positiva que aquel tenía en el tratamiento de la epilepsia.

En América Latina, las mafias de narcotraficantes son una plaga que causan decenas de millares de muertos y son una fuente de corrupción que degrada las democracias

Según el informe, los estigmas sociales y morales que recaen sobre las personas que usan drogas hacen mucho más difícil que se libren de ellas; el prejuicio que se cierne sobre ellas es asumido por las propias víctimas, y esta autoculpabilidad agrava la necesidad de recurrir a esa artificial manera de sentirse en paz consigo mismos. Una de las estadísticas más elocuentes de este informe es que son proporcionalmente mucho más numerosas las personas que se emancipan de la drogadicción en las sociedades más abiertas y tolerantes con su consumo que en las que la represión sistemática es la política reinante.

Aunque las razones que esgrime la Comisión Global de Política de Drogas para pedir que cesen los prejuicios y clichés que acompañan a cualquier tipo de drogadicción sean convincentes, mucho me temo que la única manera en que aquellos vayan cediendo será la descriminalización de los estupefacientes y a la represión reemplace una política de prevención y tolerancia. Desde luego que la legalización entraña peligros. Por eso, es importante que ella vaya acompañada de campañas activas que, como ha ocurrido con el tabaco, informen a los ciudadanos de los riesgos que aquellas representan, y de unas políticas efectivas de rehabilitación. Las ventajas de todo ello se advierten ya en las sociedades que han ido adoptando medidas más realistas frente a este problema. De hecho, la legalización acabaría con la criminalidad que es la peor de las calamidades generadas por las drogas. En países como México la lucha de los poderosos carteles que se disputan territorios deja decenas de muertos cada mes, contamina la vida política con una corrupción que degrada la democracia y llena de zozobra y sangre la vida social. Ella permite a los delincuentes amasar fortunas vertiginosas como la del famoso Pablo Escobar, el asesino y narco colombiano que ahora es el héroe de películas y seriales televisivas que aplaude el mundo entero.

Uno de los argumentos con los que se suele combatir la idea de la legalización es que, cuando ella tiene lugar, como ocurrió por ejemplo con la marihuana en Holanda, país pionero en este dominio, aquello suele ser un imán que atrae consumidores de droga de todas partes. Eso ocurre porque los lugares donde aquella libertad se practica son muy pocos en el mundo. En todo caso, ese es un fenómeno pasajero. Hace poco estuve en Uruguay y pregunté qué efectos había tenido hasta ahora la nueva política emprendida por el Gobierno respecto de la marihuana. Las respuestas que obtuve variaban, pero, en general, la legalización no parece haber estimulado el consumo. Por el contrario, algunos me dijeron que, al desaparecer el tabú de la prohibición, para mucha gente joven había disminuido el prestigio del cannabis.

Poco a poco, en todo el mundo hay cada día más gente que, como promueve la Comisión Global de Política de Drogas, cree que la mejor manera de combatir la droga y sus secuelas delictivas es la descriminalización. Uno de los mayores obstáculos proviene, sin duda, como lo profetizó Milton Friedman hace muchos años, de que hoy día tantos miles de miles de personas vivan de combatirlas.

Bastiat, Francisco y la absurda “guerra”. De Ricardo Avelar

ricardo avelar.jpgRicardo Avelar, 30 marzo 2016 / EDH

En 1850, el abogado, economista y filósofo francés Frédéric Bastiat publicó una de sus obras más certeras, el ensayo “Lo que se ve y lo que no se ve”, en el que pretendía motivar al tomador y al analista de decisiones públicas no solo a ver el impacto inmediato de una política, sino a considerar sus efectos ulteriores, los cuales denominó “consecuencias no intencionadas”.

Recientemente, 22 científicos de la prestigiosa universidad de Johns Hopkins entendieron este mensaje y se sumaron a la ola de renombrados líderes globales que han pedido la despenalización del uso no violento de algunas drogas. ¿Por qué? Porque al estilo de Bastiat, entendieron que la prohibición no solo falla al inhibir el consumo de algunas sustancias, sino también genera resultados más peligrosos que aquello que pretendía solucionar.

diario hoyPor ejemplo, han entendido que la prohibición trae consigo una escalada de precios, asociados a los altos costos de distribución de drogas, y estos a su vez incentivan a proteger los mercados con violencia, pues nadie quiere perder un negocio tan rentable. Además, comprendieron que en mercados restringidos el consumidor tiene poca información y esto incrementa el riesgo de contraer enfermedades a raíz del uso insalubre de instrumentos para administrar sus dosis. También han notado que los sistemas penitenciarios se han llenado de personas no violentas que realmente no merecen estar ahí.

Tristemente, en El Salvador no sabemos aplicar las lecciones de Bastiat en este tema. Hace unos días, en la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil se celebró triunfalmente el arresto de Francisco, de 22 años, que en la fotografía publicada luce escuálido y humillado. La razón de su captura es la portación de seis porciones de marihuana. ¡SEIS!

En ningún momento se consigna que el joven haya participado de algún hecho violento, haya estado en posesión de armas o haya afectado la vida de un tercero. Francisco llevaba consigo una ínfima porción de marihuana y eso bastó para volverse el protagonista de la más reciente “victoria” policial, la cual desembocará para él en un engorroso proceso e incluso, según nuestra Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LERARD), podría enfrentar prisión.

De acuerdo a numerosas estadísticas, somos el país más violento del mundo y lejos de atacar integralmente este problema, parte de nuestro personal militar y policial se dedica a perseguir este tipo de consumo. La falta de prioridades es, cuando menos, vergonzante.

Mientras en el resto del mundo se montan comisiones de alto nivel para evaluar alternativas a las fallidas políticas de excesiva represión, en El Salvador no nos atrevemos a sostener cuando menos un debate honesto y basado en evidencia y datos, que pueda desembocar en políticas públicas sólidas. Seguimos tratando el tema con base en miedos, mitos, lugares comunes y moralismos. Y, peor aún, seguimos persiguiendo a jóvenes como Francisco que suponen un riesgo nulo a la sociedad.

Las consecuencias no esperadas de esta miopía son latentes: primero, la ridícula persecución de gente cuyo delito es tomar una decisión que solo afecta su cuerpo. Segundo, hemos cerrado las puertas para investigar el potencial que ciertas sustancias tienen en materia médica e industrial, además de los efectos de la regulación de mercados en las finanzas públicas y en la reducción de crímenes violentos. Finalmente, caemos en la tierna ingenuidad de pretender que la prohibición de una conducta la inhibe, cuando lo único que logra es incrementar el costo a quien de cualquier manera lo va a hacer.

Algunos afirman que El Salvador “no está listo para despenalizar las drogas”. Yo me pregunto: ¿estamos listos para la prohibición? ¿Estamos listos para seguir desperdiciando recursos -siendo un país pobre- en perseguir algo que no se puede detener? ¿Estamos listos para emplear parte de nuestras fuerzas de seguridad en perseguir a jóvenes no peligrosos como Francisco? ¿Estamos listos para engañarnos creyendo que prohibir una conducta implica que esta se detenga? Con base en tantas consecuencias no intencionadas, seguramente Bastiat diría que no estamos para nada listos. Diría también que nos urge modernizarnos y yo estaría totalmente de acuerdo.

Las FARC trabajan con los cárteles mexicanos para traficar cocaína: DEA

La DEA detalla en un informe la influencia de los criminales mexicanos en el mercado de narcóticos en Estados Unidos.

Agentes de la DEA escoltan a un detenido. / AP

Agentes de la DEA escoltan a un detenido. / AP

Sonia Corona, 5 noviembre 2015 / EL PAIS

el paisLos cárteles mexicanos de la droga son los más poderosos en Estados Unidos y el resto de las organizaciones criminales lo saben bien. Un informe de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) publicado este miércoles desvela que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha aliado con los narcotraficantes de México para traficar cocaína en Estados Unidos. Los mexicanos se han posicionado estratégicamente en el país y han creado redes que facilitan el tráfico de narcóticos por todo el territorio estadounidense.

“Las investigaciones muestran una relación de trabajo entre múltiples frentes de las FARC y organizaciones criminales mexicanas, incluyendo a los Zetas, el cartel de los Beltrán Leyva, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa con el fin de transportar cocaína hacia Estados Unidos”, señala el informe. En rastreo del tráfico de esta sustancia han descubierto los negocios que organizaciones colombianas como Los Urabeños y las FARC tienen con los cárteles de Sinaloa y Juárez para distribuir la droga en el oeste de Estados Unidos.

Los mexicanos han establecido centros de distribución
de drogas en las ciudades de Boston, Chicago, Los Ángeles y Filadelfia

El informe despliega un detallado mapa de los cárteles mexicanos y su poderío en México, así como su distribución en el mercado estadounidense de la droga. “No hay otras organizaciones, en este momento, con la infraestructura y el poder para desafiar a los cárteles mexicanos por tomar el control del mercado estadounidense de las drogas”, reconoce la DEA en el reporte de 150 páginas.

La organización más poderosa, sin duda, es el cártel de Sinaloa. Su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, fugado de una prisión mexicana de máxima seguridad en julio, ha fraguado en los últimos años una extensa red de trasiego ilegal en la frontera entre ambos países que ha impedido a las autoridades de EE UU aumentar los decomisos. Sin embargo, el informe también apunta hacia el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación como consecuencia del respaldo de varios grupos criminales. “Se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas en México y en algunos casos es rival del cártel de Sinaloa en las operaciones de tráfico en Asia, Europa y Oceanía”, apunta la DEA.

Los mexicanos han establecido centros de distribución en las ciudades de Boston, Chicago, Los Ángeles y Filadelfia. Según la investigación de la Agencia Antidrogas, los traficantes trasladan sus cargamentos a casas de seguridad en ciudades fronterizas y después transportan las sustancias hacia estos centros urbanos para comercializarlas entre las pandillas estadounidenses que se encargan de la venta al menudeo. Su hegemonía la han conseguido, principalmente, por dominar los mercados de la heroína, las metanfetaminas, la cocaína y la marihuana.

Mapa de los territorios de los cárteles mexicanos de la droga

Mapa de los territorios de los cárteles mexicanos de la droga. / DEA

Para transportar los cargamentos, los cárteles utilizan trailers con compartimentos ocultos, túneles en las frontera, pequeños barcos, trenes y aviones ultraligeros. Una vez en el territorio estadounidense las drogas son transportadas vía terrestre. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, elige a chóferes de camiones mayores para evitar llamar la atención de las autoridades. Además, los capos emplean en la mayor parte de la cadena de tráfico a personas que desconocen la composición del resto de la red para evitar ser delatados ante las autoridades. “Si un transportista es arrestado, puede ser reemplazado fácilmente y es incapaz de revelar el resto de la red ante las autoridades”, expone la DEA.

La organización de los cárteles mexicanos en Estados Unidos es de bajo perfil y, contrario a los que sucede en México, los narcotraficantes evitan las confrontaciones con otros grupos o con las autoridades. Su estructura está formada por células independientes que impiden rastrear toda la información sobre la operación de los cárteles en todo el territorio estadounidense. Además, los capos mexicanos han copiado el sistema de la mafia italiana y han encomendado posiciones estratégicas de la distribución de los narcóticos a sus amigos y familiares en Estados Unidos.

Líderes venezolanos, bajo la lupa de EE.UU. por presunto narcotráfico: The Wall Street Journal

Desde hace años hay indicios que Disodado Cabello, el hombre fuerte de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, está dirigiendo una red de narcotráfico que involucra a muchos oficiales de la Fuerza Armada, funcionaros chafistas y las FARC de Colombia. El periódico norteamericano The Wall Street Journal puso este tema, anteriormente tocado por el periódico español ABC, en la agenda internacional.
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

José de Córdoba y Juan Forero , 20 mayo 2015, The Wall Street Journal Americas

Fiscales de Estados Unidos investigan a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente de la Asamblea Nacional, bajo la sospecha de que han convertido el país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero, según más de una decena de personas al tanto de las indagaciones.

Una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Washington y fiscales federales en Nueva York y Miami están construyendo casos con pruebas aportadas por ex traficantes de cocaína, informantes que eran cercanos a altos funcionarios venezolanos y desertores de las fuerzas armadas, revelaron estas personas.

Un blanco importante, según un funcionario del Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del país.

“Hay amplia evidencia para justificar que él es una de las cabezas, sino la cabeza, del cartel”, afirmó el funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU., en referencia a un grupo de oficiales militares y altos funcionarios de los cuales se sospecha de estar involucrados en el narcotráfico. “Definitivamente es un blanco principal”.

diosdadoRepresentantes de Cabello no respondieron llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. Las autoridades venezolanas han rechazado antes acusaciones sobre la participación de altos funcionarios en el narcotráfico como un intento de EE.UU. por desestabilizar al gobierno izquierdista en Caracas.

Cabello dijo el miércoles en la televisión estatal que pidió una prohibición judicial de salida del país contra 22 ejecutivos y periodistas de tres medios venezolanos a los que ha demandado por publicar este año notas sobre las acusaciones de narcotráfico. “Yo me siento agraviado y ninguno de ellos ha pedido disculpas, ahora el malo soy yo que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba y el malo soy yo. ¡Qué cosas, no!”, apuntó Cabello.

El gobierno del presidente Barack Obama no está dirigiendo ni coordinando las pesquisas, que son llevadas a cabo por fiscales federales con amplias facultades para perseguir sospechosos. No obstante, si las investigaciones derivan en la presentación pública de cargos contra Cabello y otros, el furor resultante en Venezuela podría sumir las relaciones entre ambos países en la crisis más grave desde que el difunto líder populista Hugo Chávez asumió el poder hace 16 años.

“Sería sísmica”, afirmó un funcionario estadounidense sobre la prevista reacción de Venezuela.

Funcionarios de EE.UU. dicen haber logrado grandes avances en sus investigaciones. Sin embargo, agregan que posiblemente las presentaciones de cargos permanezcan selladas hasta que las autoridades puedan hacer detenciones, algo di-fícil, si no imposible, a menos que los acusados viajen al exterior.

Las investigaciones son una respuesta al crecimiento explosivo del narcotráfico en Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses. Presionados por Colombia, donde las autoridades combatieron enérgicamente el tráfico de drogas con US$10.000 millones en asistencia que EE.UU. proveyó desde 2000, muchos traficantes colombianos trasladaron sus operaciones al país vecino. En Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses, hallaron un gobierno y fuerzas armadas dispuestos a permitir, y con el tiempo controlar, el tráfico de cocaína a través del país.

“La mayoría de los traficantes de alto perfil se mudó a Venezuela durante ese tiempo”, dijo Joaquín Pérez, un abogado de Miami que representa a narcotraficantes colombianos.

Venezuela no produce coca, la hoja que se usa para hacer cocaína, ni la droga en sí. No obstante, EE.UU. estima que unas 131 toneladas de cocaína, cerca de la mitad de la cocaína producida en Colombia, pasó por Venezuela en 2013, el último año del cual se tienen cifras.

Los fiscales no apuntan al presidente Nicolás Maduro, quien está en el poder desde la muerte de Chávez hace dos años. Sin embargo, altos funcionarios de seguridad de EE.UU. dicen que consideran a varios funcionarios y oficiales militares venezolanos como los líderes de facto de organizaciones narcotraficantes que utilizan a Venezuela como punto de partida para los envíos de cocaína a EE.UU. y Europa.

“Es una organización criminal”, señaló el funcionario del Departamento de Justicia, refiriéndose a ciertos miembros de las altas esferas del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela.

Mildred Camero, quien presidió la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela hasta que fue obligada a salir abruptamente en 2005, indicó que Venezuela tiene “un gobierno narcotraficante y de lavadores de dinero”. Recientemente colaboró con un libro, Chavismo, narcotráfico y militarismo, en el cual afirmó que la corrupción vinculada con el narcotráfico había penetrado el Estado, nombrando a más de una decena de funcionarios, incluyendo nueve generales, que presuntamente trabajaron con traficantes.

Las agencias de seguridad de EE.UU. señalaron que han acelerado sus investigaciones en los últimos dos años, un período en el que la economía de Venezuela ha empeorado drásticamente.

La crisis ha facilitado a las autoridades estadounidenses el reclutamiento de informantes, dicen fuentes cuyo trabajo es enlistar personas cercanas a altos funcionarios venezolanos. Narcotraficantes colombianos y venezolanos también han llegado a EE.UU., con ansias de aportar información sobre funcionarios venezolanos a cambio de sentencias menores y la residencia, dicen autoridades de EE.UU.

“A partir de la agitación en Venezuela, hemos tenido mayor éxito en el desarrollo de estos casos”, precisó un fiscal federal del Distrito Este de Nueva York que trabaja en casos venezolanos.

En enero, los investigadores de EE.UU. lograron una captura importante cuando el capitán de la armada Leamsy Salazar desertó y fue llevado a Washington. Salazar, que había encabezado la seguridad de Cabello, les dijo a las autoridades estadounidenses haber sido testigo de que éste supervisó el envío de un gran cargamento de cocaína desde la península de Paraguaná, en Venezuela, afirmaron personas al tanto del caso. Cabello ha criticado públicamente a su ex guardaespaldas, asegurando que no dirigía su equipo de seguridad y calificándolo de un “infiltrado” que no tiene pruebas de su participación en el narcotráfico.

Rafael Isea es otro ex funcionario que ha hablado con investigadores, según fuentes al tanto. Ex ministro de Finanzas y gobernador del estado Aragua, Isea escapó del país en 2013. Fuentes al tanto del caso dicen que dijo a los investigadores que Walid Makled, un jefe narco ahora en la cárcel, le pagaba al ex ministro del Interior, Tarek El Aissami, para enviar cargamentos a través de Venezuela.

Casi un año después de dejar el país, Isea fue acusado de irregularidades financieras durante sus días como gobernador por la fiscal general del país, y por El Aissami, quién lo sucedió como gobernador de Aragua. “Hoy Rafael Isea, este bandido, traidor, está refugiado en Washington y entregado al programa de testigos protegidos a cambio de aportar información basura en contra de Venezuela”, anotó recientemente El Aissami en la televisión venezolana. Isea ha calificado las acusaciones de falsas, motivadas políticamente y diseñadas para desacreditarlo.

Entre otros funcionarios poderosos bajo investigación figuran Hugo Carvajal, un ex director de inteligencia militar; Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional; José David Cabello, el hermano de Diosdado Cabello, ministro de Industrias y además superintendente nacional Aduanero y Tributario, y el general Luis Motta Domínguez, un general de la Guardia Nacional a cargo de la zona centro de Venezuela, de acuerdo con media docena de funcionarios y personas al tanto de las investigaciones.

Llamadas y mensajes de correo electrónico en busca de comentarios de varios ministerios gubernamentales, así como de la oficina de la Presidencia de Venezuela no obtuvieron respuesta. Algunos funcionarios han salido a las redes sociales para ridiculizar las investigaciones estadounidenses. Una cuenta de Twitter a nombre del general Motta Domínguez dijo a prin-cipios de este año: “Ya saben el que quiera su green card y vivir en USA para conocer Disney, escoja su líder y acúselo de narco… DEA tours los atenderá jejeje!”.

Las agencias de seguridad estadounidenses trabajan con exiliados venezolanos y otros para localizar y reclutar a venezolanos insatisfechos. “Nosotros sacamos a la gente de Venezuela y nos reunimos con ellos en Panamá, Curaçao y Bogotá”, dijo un ex agente de inteligencia que trabaja con autoridades de EE.UU. para reclutar e interrogar a venezolanos que tienen evidencia de vínculos entre las autoridades venezolanas y el narcotráfico.

El principal blanco es Diosdado Cabello, ex teniente del ejército de 52 años que estableció un vínculo estrecho con Chávez en la academia militar mientras ambos jugaban en el mismo equipo de béisbol. Cuando Chávez lanzó un intento fallido de un golpe de Estado en 1992, Cabello dirigió una columna de cuatro tanques que atacó el palacio presidencial en el centro de Caracas.

Cabello ha sido vicepresidente y ministro de Obras Públicas -que le dio control de aeropuertos y puertos- y del Interior. También fue presidente por unas horas en abril de 2002, cuando Chávez fue expulsado brevemente en un fallido golpe de Estado.

Investigadores estadounidenses han construido sus casos utilizado también la información obtenida de casos delictivos en EE.UU. En Miami, dicen personas familiarizadas con el asunto, un elemento clave en dichas investigaciones fue un banda de contrabando de drogas manejada por el colombiano Roberto Méndez Hurtado. Este narcotraficante habría ingresado cocaína en Venezuela a través del estado occidental de Apure y, de acuerdo con personas familiarizadas con su caso, se habría encontrado con altos funcionarios venezolanos.

Méndez Hurtado se declaró culpable en una corte federal de Miami en 2014 y recibió una condena de 19 años. Fuentes cercanas a la investigación dicen que él y sus cómplices no habrían sido capaces de operar sin haberle pagado a una serie de altos oficiales militares y funcionarios del gobierno venezolano.

wall-street-journal-americas-2041522w300“Es súper claro el involucramiento de altos oficiales de la Guardia Nacional y del gobierno de Venezuela en el narcotráfico”, dijo un ex oficial de inteligencia y lucha contra el narcotráfico de la Guardia Nacional de Venezuela que huyó del país el año pasado asustado por la abrumadora la corrupción que veía a diario.

En otro caso judicial en Brooklyn, los fiscales han conocido las complejidades del tráfico de drogas en Venezuela después de romper una red de contrabando de cocaína dirigido por Luis Frank Tello, quien se declaró culpable, según documentos judiciales. La cocaína ingresaba por la frontera con Colombia y luego enviada al norte con la ayuda de agentes de la Guardia Nacional, a veces desde el aeropuerto de Maracaibo, la segunda ciudad del país.

Las investigaciones estadounidenses de funcionarios venezolanos han estado en curso durante años. En 2008, el Departamento del Tesoro de EE.UU. puso a tres importantes asesores del entonces presidente Chávez en una lista negra y congeló todos sus activos en EE.UU. Entre ellos se hallaba Carvajal, conocido como “El Pollo”, entonces jefe de la inteligencia militar. EE.UU. actuó después de que amplias pruebas surgieran a principios de ese año de las computadoras de un comandante de la guerrilla colombiana muerto, en la que, según los gobiernos de EE.UU. y Colombia, se describía el floreciente intercambio de cocaína por armas entre los rebeldes y generales y oficiales venezolanos.

En 2010, la fiscalía de Manhattan hizo pública una acusación contra Makled, el distribuidor de drogas venezolano acusado de enviar toneladas de cocaína a EE.UU. a través de Puerto Cabello, principal puerto marítimo del país, supuestamente controlado por Makled. Este, que había sido capturado en Colombia, se jactaba de tener 40 generales venezolanos en su nó-mina. “Todos mis socios comerciales son generales”, dijo entonces Makled en su correspondencia con uno de sus asociados, a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. “Te estoy diciendo despachamos 300.000 kilos de coca. No podría haberlo hecho sin la parte superior del gobierno”.

En julio pasado, funcionarios antidrogas estadounidenses casi atrapan a Carvajal, quien había sido acusado en Miami y Nueva York con cargos por narcotráfico y detenido en Aruba a instancias del gobierno estadounidense. Pero las autoridades holandesas lo liberaron a Venezuela con el argumento de que tenía inmunidad diplomática.

Estados Unidos investiga a Diosdado Cabello por narcotráfico

Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, es el número 2 del chavismo y controla buena parte del aparato represivo vinculado al gobierno, al partido y a los “colectivos armados”. Ahora se confirma que está en la mira de Estados Unidos, por su rol en el narcotráfico.

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello

Silvia Ayuso, 19 de mayo/El País

Estados Unidos está investigando a media docena de altos funcionarios de Venezuela, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por presunto narcotráfico y lavado de dinero, afirma el diario The Wall Street Journal. La investigación, en manos de fiscales federales de Nueva York y Miami y en la que participa una unidad de élite de la agencia antidrogas (DEA), llevaría más de dos años en marcha preparando los casos contra Cabello y otros altos dirigentes apoyada en declaraciones de extraficantes, militares desertores y antiguos informantes próximos a las autoridades venezolanas.

Además de Cabello, entre los nombres más destacados de la investigación están el del gobernador del Estado de Aragua y exministro del Interior, Tareck el Aissami, así como el exdirector de la inteligencia militar, Hugo Carvajal, quien desde 2008 está acusado por EE UU de participar en tareas de narcotráfico con la guerrilla colombiana de las FARC. También estarían bajo investigación estadounidense, según el Journal, que cita a fuentes próximas a la investigación, el jefe de la Guardia Nacional, Néstor Reverol; el ministro de Industria y hermano de Cabello, David Cabello, y el general de la Guardia Nacional Bolivariana Luis Motta Domínguez.

Pero Cabello, sin duda alguna, es el máximo objetivo de las investigaciones, sostiene el diario.

“Existen amplias pruebas para justificar que él es una de las cabezas, si no la cabeza, del cartel”, cita el WSJ a una fuente del Departamento de Justicia. “Ciertamente, él es uno de los principales objetivos”, agregó la fuente.

Cabello, dirigente de la fracción militar del chavismo

Cabello, dirigente de la fracción militar del chavismo

Las acusaciones contra Cabello y otros altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro no son nuevas. Ya el diario ABC de Madrid y El Nuevo Herald de Miami sostuvieron a finales de enero que Cabello había sido identificado como el jefe del Cartel de los Soles que presuntamente transporta droga con ayuda de mandos militares venezolanos. La principal fuente de las acusaciones era Leamsy Salazar, un militar que fue jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez y que también fue escolta de Cabello. El militar desertó y llegó a Washington a comienzos de año y, de acuerdo con los reportes, declaró que Cabello supervisó cómo partía un gran cargamento de cocaína desde la península venezolana de Paraguaná.

Cabello ha negado fehacientemente estas acusaciones. La semana pasada, un tribunal venezolano prohibió la salida del país a 22 directivos y representantes de los diarios El Nacional y Tal Cual, así como del agregador de noticias La Patilla. La medida fue una respuesta a la demanda presentada a finales de abril por el presidente de la Asamblea Nacional acusando a estos medios de difamación agravada por haber reproducido las informaciones sobre su presunto nexo con el Cartel de los Soles.

En su artículo, el WSJ no menciona a este cartel, pero asegura que las autoridades estadounidenses consideran que varios de los funcionarios y militares venezolanos investigados son los “líderes de facto de organizaciones narcotraficantes que usan Venezuela como plataforma para enviar cocaína a EE UU y Europa”.

Aunque las investigaciones estarían ya muy avanzadas, las imputaciones podrían permanecer bajo secreto hasta que se produzcan arrestos, algo difícil a menos que los sospechosos viajen al extranjero, apunta el diario norteamericano.