OEA

El ejemplo de Venezuela: el fracaso y la impunidad total de la dictadura. De Alberto Arene

Contra semejante ejemplo, Sr. secretario general del FMLN, lucharemos sin tregua ni pausa millones de ciudadanos por la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad de El Salvador.

Alberto Arene, 5 mayo 2017 / LPG

Después del fracaso de la reunión de la CELAC a la que convocó el gobierno salvadoreño a petición del venezolano, el secretario general del FMLN –Medardo González– acompañado de la canciller venezolana –Delcy Rodríguez– afirmó en un acto público “que Venezuela es un ejemplo…

Debemos aprender a ver cómo se lucha, en Venezuela, por mantener el poder para el pueblo trabajador”. Al observar la actuación del gobierno este año, es claro cómo lucha el chavismo por mantener el poder: al margen de la ley y por la fuerza. Y también lo es el ejemplo de Venezuela: el fracaso e impunidad total de la dictadura.

Después de perder contundentemente las elecciones legislativas con la oposición que ganó dos tercios de los diputados en diciembre de 2015, dio inicio la última etapa del ejercicio del poder chavista caracterizada por la eliminación de las últimas formas de legalidad: 1. La Asamblea Nacional saliente eligió, violando procedimientos y requerimientos, a 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional (AN). 2. El primer acto del TSJ fue admitir un recurso para impugnar la elección de 8 diputados de la oposición en la nueva AN, ordenando suspender la proclamación de tres diputados del estado Amazonas que ganó la oposición, robándoles la mayoría calificada. 3. La AN proclama electos a los 3 diputados indígenas de Amazonas, ante lo cual el Tribunal Supremo Electoral les advierte que de mantenerlos entrarían en desacato. La AN decide desincorporarlos. 4. El gobierno impidió la convocatoria al referéndum revocatorio solicitada por la oposición después de que esta logró las firmas correspondientes. Cinco tribunales estadales aceptaron recursos de impugnación de las firmas, presentadas por el oficialismo. 5. El gobierno ignoró las obligaciones frente a la AN y las 23 leyes que emitió. 6 El TSJ declaró ilegales las 23 leyes emitidas por la AN. 7. La AN reincorporó a los 3 diputados suspendidos por la cual el TSJ la declara en desacato invalidando las decisiones del parlamento. 8. El TSJ emitió dos sentencias eliminando la inmunidad parlamentaria y asumiendo las funciones de la AN. 9. La fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, históricamente alineada con el chavismo, afirmó que dichas sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional. 10. Maduro convoca a reunión de los diferentes poderes para superar el impase. Horas después el TSJ revoca las sentencias “devolviéndole los poderes” a la AN. 11. La oposición declara que la sentencia constituye un golpe de Estado llamando a protestar en la calle, exigiendo la destitución de los magistrados del TSJ así como la realización de elecciones. 12. El presidente Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria para redactar una nueva constitución, derogando la que fue liderada y promulgada por el presidente Chávez.

Mientras el régimen eliminaba las últimas formas de legalidad, aumentó correlativamente la protesta nacional y el aislamiento del régimen en el sistema interamericano y en el mundo, incrementando la represión. Los muertos durante las protestas suman ya 31 personas, los heridos más de 400 y los detenidos más de 1,500. Al mismo tiempo, la escasez de alimentos, medicinas y servicios públicos diversos se agudiza, acompañada de una inflación galopante que afecta particularmente a los pobres. Todos los logros de los primeros años de la llamada revolución se han esfumado y muchos indicadores sociales se han deteriorado respecto al año en que Chávez asumió el poder.

Al observar la actuación del gobierno este año, es claro cómo lucha el chavismo por mantener el poder: al margen de la ley y por la fuerza. Y también lo es el ejemplo de Venezuela después de 18 años de chavismo controlando todos los poderes. El fracaso total de este proyecto es acompañado ahora de la impunidad total de la dictadura. Contra semejante ejemplo, Sr. secretario general del FMLN, lucharemos sin tregua ni pausa millones de ciudadanos por la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad de El Salvador.

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CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA de la OEA

A raíz de los acontecimientos en Venezuela, todo el mundo habla de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos OEA. Aplicarla o no en el caso de Venezuela ha sido sujeto de debates en el Consejo Permanente de la OEA, y cada gobierno de los estados miembros ha tenido que fijar su posición, interpretando de su manera la Carta Democrática, para argumentar y votar en favor o en contra de la solicitud del Secretario General Luis Almagro de aplicar las reglas y sanciones de la Carta a Venezuela. Reproducimos el texto completo de la Carta Democrática, para que los lectores pueden entender este debate y valorar las posiciones de su respectivo gobierno.

Segunda Vuelta

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida,

RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II La democracia y los derechos humanos

Artículo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11

La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.

Artículo 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22

Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23

Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.

Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24

Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.

Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.

Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25

Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI Promoción de la cultura democrática

Artículo 26

La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27

Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28

Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

La única salida de Venezuela. Editorial El País

Maduro debe liberar inmediatamente a los presos políticos y convocar elecciones presidenciales con observación internacional.

Protesta en Caracas contra el gobierno de Maduro. FEDERICO PARRA AFP

Editorial, 5 abril 2017 / EL PAIS

Liberación inmediata de todos los presos políticos y celebración de elecciones presidenciales bajo observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta es la única salida viable que le queda al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para enmendar la doble violación de las normas constitucionales que ha protagonizado en la última semana y que es fruto directo de la forma autoritaria que el chavismo tiene de concebir el poder.

La primera fue cuando el pasado 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que él controla, anunció que asumía todas las competencias de la Asamblea Nacional, democráticamente elegida y con mayoría de la oposición. Es decir, Maduro anulaba el poder legislativo. La segunda, cuando unas horas después y ante el clamor tanto interior como exterior que denunciaba un golpe de Estado incruento, Maduro “exhortaba” al tribunal a dar marcha atrás en su decisión, cosa que, naturalmente, este hizo. Es decir, desde la presidencia se forzaba al poder judicial a cambiar una resolución que apenas momentos antes el mismo Maduro consideraba plenamente ajustada a derecho y justificada. Contradicción en estado puro que prueba lo que queda de la separación de poderes y el Estado de derecho en Venezuela y la impunidad con la que se maneja el régimen.

Hay que resaltar que no ha habido vuelta atrás alguna. La Asamblea Nacional ha sido privada de sus funciones por el chavismo desde mucho antes de que el Tribunal Supremo anunciara la apropiación de sus funciones. Desde el 11 de enero del pasado año la presidencia y el poder judicial, es decir, el oficialismo chavista, considera nulas sus actuaciones. La revocada sentencia del Tribunal Supremo no era más que el último clavo en el ataúd del sistema democrático de separación de poderes.

Maduro no se esperaba encontrar una respuesta tan contundente especialmente desde el ámbito internacional y aún menos desde un foro multilateral como es la OEA, que tiene poder para ejecutar medidas directas contra el régimen. Pero no se trata de castigar a los venezolanos, que ya sufren una penuria sin parangón en la historia del país, sino de permitirles expresar libremente su opinión sobre el futuro de su país. Y esto pasa indefectiblemente por celebrar unas elecciones en libertad, con garantías y sin coacciones.

Insensato letargo. De Federico Hernández Aguilar

Luis Almagro ha entendido que su organización no está para ver desde una torre cómo el desgobierno de Maduro se precipita en el abismo llevándose consigo a su propio pueblo.

Federico Hernández Aguilar, 5 abril 2017 / EDH

Quienes defendemos la democracia en columnas de opinión hace rato nos quedamos sin calificativos para describir la situación de Venezuela. Ni siquiera las metáforas más creativas consiguen ya abarcar, en su colorido extremismo, lo que han significado 18 años de chavismo en la patria natal de Bolívar. Solo queda volver a las palabras cajoneras del léxico periodístico, aquellas que usualmente se usan para hablar de una calamidad pública o un conflicto sanguinario: catástrofe, desastre, caos, penuria, miseria… El diccionario no suele hacer favores cuando la realidad sobrepasa a la ficción.

Todo, eso sí, fue advertido. Con puntualidad se hicieron los avisos que debían hacerse. Desde que Hugo Chávez era candidato, prometiendo el paraíso a una ciudadanía descreída del partidismo tradicional, hasta las bufonadas de Nicolás Maduro, el “ungido” del comandante, no hubo demócrata auténtico en el mundo que dejara de señalar el rumbo que llevaba aquel experimento de socialismo locuaz y camorrista.

El planeta, sin embargo, siguió girando como si nada. Los pocos estados y funcionarios internacionales que se atrevieron a hacer prevenciones fueron ahogados por el clamoroso silencio cómplice del resto de naciones y organismos de cooperación, sea porque muchos le debían favores “extracurriculares” al chavismo, sea porque los efectos de la propaganda convencieron de las bondades del ensayo a demasiados egos influyentes, o por esa cíclica globalización de la cobardía que suele echar raíces allí donde el patio todavía es verde… aunque el de los vecinos esté empezando a agrietarse.

Hoy, por supuesto, la ola viene de regreso. La insulsa OEA de Insulza dejó de existir en 2015, dando paso a una agenda hemisférica diáfana y valiente, en la que términos como “democracia”, “control de poderes” y “Estado de derecho” han recuperado sus viejos significados. Luis Almagro ha entendido que su organización no está para ver desde una torre cómo el desgobierno de Maduro se precipita en el abismo llevándose consigo a su propio pueblo. La “Carta Democrática Interamericana” por fin está sirviendo para lo que fue redactada.

Pero cuando en el futuro se hable de los esfuerzos que se hicieron para impedir la profundización de la tragedia venezolana, también tendrá que recordarse a los gobiernos en quienes esa misión histórica no encontró apoyos sino obstáculos. Y para vergüenza nuestra, la administración que encabeza el profesor Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño, figurará entre esos liderazgos pusilánimes, sordos y anacrónicos. El insostenible argumento de la “soberanía” de Venezuela en sus “asuntos internos”, verbalizado ahora por quienes no hace mucho fueron a pedir la intervención de la Corte Centroamericana de Justicia en un conflicto de poderes local, viene a ser la última contradicción con que nuestro gobierno pagará su aberrante cuota de fidelidad ideológica. Y lástima, claro, por el buen nombre de El Salvador en el mundo.

Lo más preocupante, sin embargo, del voto del país en la OEA no es tanto lo que revela sobre la gente que tenemos en el poder, sino la absoluta confirmación de lo que les encantaría hacer aquí. Borrar la independencia del poder judicial es una de las ambiciones claramente expresadas por el FMLN, tanto en sus documentos como en las declaraciones públicas de sus dirigentes. Si ha sido capaz de actuar como comparsa, ante el foro de la OEA, del alevoso asalto que el Tribunal Supremo de Justicia, rehén del chavismo, quiso materializar a la Asamblea Nacional venezolana, ¿qué razones tenemos para creer que el oficialismo en El Salvador actuará diferente llegado el momento?

Las advertencias, por numerosas y claras que en su día fueron, lamentablemente ya no tienen ninguna utilidad para los venezolanos, que ahora luchan a diario por salir del infierno. Pero, ¿y nosotros, salvadoreños? ¿Cuántos avisos más necesitamos, por el amor de Dios, para caer en la cuenta del tipo de autoritarismo que nos espera si no despertamos de nuestro insensato letargo?

Pena propia. De Cristina López

Aplaudimos el liderazgo del Secretario Almagro y reconocemos la triste paradoja de que los gobernantes de El Salvador, un país al que el autoritarismo y la opresión hicieron tanto daño, brinden apoyo institucional a autoritarios y opresores.

Cristina López, 3 abril 2017 / EDH

Las desgracias autoinflingidas de otros normalmente causan pena ajena. Me refiero a esos papelones públicos, que levantan murmullos y burlas susurradas. Pero, ¿qué hay del papelón con el que se están luciendo nuestros gobernantes ante la comunidad internacional en su obcecado apoyo al régimen dictatorial venezolano, en una mal entendida lealtad ideológica?

Ese papelón es de pena propia. Porque, ¿con qué cara, como salvadoreños, podemos ver a nuestros hermanos venezolanos, muchos en el exilio huyendo del hambre, la criminalidad, la persecución política y la corrupción voraz que han ido devorando la sociedad?

Con toda la pena propia, nuestros gobernantes nos han obligado a aquellos de nosotros que tenemos la honestidad intelectual de llamar a las cosas por su nombre con independencia de quien las causa (dictadura es dictadura, así el ataúd de la democracia esté arropado con banderas de derecha o de izquierda) a que tengamos que explicarle a los venezolanos que nuestros gobernantes no nos representan. Que ese voto patético en la OEA, ese voto que se opone a la democracia y a la empatía por los derechos humanos, no es nuestro voto.

Que las palabras de ese comunicado absurdo, que apoya el lado de los opresores e ignora el clamor de los oprimidos, no son nuestras palabras. Explicarles que son palabras que significan poco o nada, porque sus autores, a pesar de la ironía de hacer alusión al respeto a las sentencias judiciales, son los primeros en oponerse a los órganos judiciales autónomos en las ocasiones en que se han activado en función de limitarles el poder.

Que a los salvadoreños que seguimos creyendo en el derecho humano de cada persona a escoger libremente su destino, nos duele ver el atropello del que están siendo víctimas los venezolanos. Que a una voz, con ellos condenamos el golpe autoritario con el que Maduro, con la falta de vergüenza propia de las dictaduras, está eliminando los límites de su poder. Que con ellos sufrimos cada día que pasa sin que los presos políticos puedan reunirse de nuevo con sus familias, al negárseles, además de su libertad, el derecho a un debido proceso. Que con ellos nos asqueamos y condolemos de la pobreza en la que la ineptitud absoluta de sus gobernantes han impuesto al pueblo venezolano. Que como ellos, no nos creemos para nada que la intención del socialismo del siglo 21 sea repartir más bienestar para más personas. Desde el principio interpretamos correctamente que el propósito siempre fue garantizar el modus vivendi de la argolla oligarca que ha convertido las instituciones democráticas en su finca, ignorando la dignidad humana de aquellos a quienes se han llevado de encuentro.

Que quienes hemos leído la Carta Democrática de la OEA y que entendemos que solo es operativa si se aplica para la protección del sistema que garantiza más libertades para más personas y no para la protección de dictadores, aplaudimos el liderazgo del Secretario Almagro y reconocemos la triste paradoja de que los gobernantes de El Salvador, un país al que el autoritarismo y la opresión hicieron tanto daño, brinden apoyo institucional a autoritarios y opresores. Los salvadoreños que creemos en la libertad, estamos con los venezolanos que sufren, y con pena propia, les pedimos disculpas por el papelón que han hecho nuestros gobernantes.

@crislopezg

Carta al canciller: Decidieron hundirse con el chavismo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 1 abril 2017 / EDH y MAS

Estimado Hugo Martínez:
Hablemos de Venezuela. Pensaba escribir estas líneas al presidente Sánchez Cerén, pero no tiene sentido. No me va a entender. Este hombre realmente cree que Hugo Chávez fue la encarnación de Simón Bolívar; que Nicolás Maduro preside sobre una democracia popular; y que la oposición venezolana, aunque represente a 70% del pueblo venezolano, es una banda de vende patrias. Te escribo a vos, porque vos sí sabés que el chavismo es una farsa; que sus cárceles están llenas de presos políticos; que en Venezuela hay un régimen militar metido en narcotráfico – y que además está al punto de caer…

Como canciller sos responsable por el apoyo que a nombre de nuestro país recibe este régimen en los debates de la OEA, donde 20 países (que representan 90% de la población del continente americano) exigen sanciones contra el gobierno venezolano. Sos responsable del patético espectáculo de un embajador salvadoreño negando las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y las libertades en Venezuela.

Esta actitud la puedo entender de Medardo, de Nidia o del presidente, que son de los últimos creyentes en la Santa Trinidad de buen vivir, antiimperialismo y dictadura del proletariado. Entiendo también la actitud de Ramiro o Sigfrido, para quienes todo esto (Venezuela, la conexión narco y ALBA) simplemente es un asunto de negocio. Pero no puedo perdonar a quienes defienden estas mentiras por cobardía – o para mantener la esperanza en una candidatura presidencial que de todos modos nunca te la van a dar.

Los políticos que creen en principios que uno no comparte pueden darnos cólera, pero los podemos aceptar. Pero los que nunca defienden un principio dan asco.

Dos días después del debate en la OEA, en el cual ustedes trataron de vetar la aplicación de la Carta Democrática diseñada para el caso que un país miembro rompa el orden constitucional, en Venezuela se consumó un golpe de Estado: la Corte Suprema, controlada por el chavismo, suspendió la Asamblea Nacional, donde hay una clara mayoría opositora. Queda liquidado el único órgano del Estado no controlado por el gobierno. Rompieron definitivamente el hilo constitucional.

¿Cuál será la reacción de tu cancillería? ¿Seguir defendiendo a un régimen ya convertido en dictadura? Ya sabemos cuáles serán las órdenes que te mandan el Politburó y Casa Presidencial: ¡Solidaridad con Nicolás Maduro hasta cuando su propio pueblo lo eche preso!

¿Cuál será tu reacción, Hugo? También podrías renunciar y mostrar que estoy equivocado en cuanto a tu carácter. Pero no. Seguís recetando a los venezolanos el diálogo. Pero Venezuela ya está más allá de los diálogos. La suspensión del parlamento es la negación final del diálogo. Es hora de sanciones.

Con todo tu discurso de una “política exterior no ideologizada”,
te estás hundiendo con el chavismo. Saludos,

Golpe de Estado en Venezuela. Editorial de El País

Nicolás Maduro consolida una dictadura.

Nicolás Maduro junto a los miembros de Tribunal Supremo venezolano. Ariana Cubillos AP

Editorial, 30 marzo 2017 / EL PAIS

La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización. En un continente donde la democracia ha avanzado espectacularmente desde que dejara finalmente atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de libertades felizmente mayoritario en la región.

La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según establece la Constitución venezolana —diseñada e impulsada, por cierto, por el propio Hugo Chávez— y fue democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015. Como presidente del país, Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados, que dieron una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucionalmente con la Cámara por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.

Pero el mandatario no ha hecho nada de esto, sino que ha intentado, desde el primer momento, saltarse la legalidad con todo tipo de argucias. Estas han incluido el recurso a un fantasmagórico parlamento alternativo o la aprobación de los presupuestos despreciando por completo el parecer de la Cámara. Finalmente, ha ordenado a la justicia, intervenida completamente por el chavismo, un proceso indefendible desde el punto de vista legal que ha terminado con la inhabilitación total del Parlamento. Algo inconcebible en cualquier país que aspire a ser reconocido internacionalmente como una democracia.

En este contexto no pueden extrañar las durísimas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el informe de la misma organización que exige unas elecciones. En palabras de Almagro, “de una dictadura se sale por elecciones”.

La ruptura del orden constitucional amparada por Maduro y los suyos supone un peligrosísimo punto de no retorno en la fractura creada en Venezuela por el chavismo. A pesar de los llamamientos serios a la cordura y al diálogo reiterados durante meses por personalidades e instituciones internacionales y al intento de mediación del Vaticano, Maduro se ha negado tozudamente a cumplir los requisitos mínimos que hicieran posible siquiera buscar el entendimiento y ha acelerado su resistencia al cumplimiento de la ley en una estrategia que ha finalizado con el golpe del pasado miércoles.

Hoy Venezuela es un país aislado del resto de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida. Este es el verdadero legado de Nicolás Maduro y el chavismo. Algo que no merecen los venezolanos, a quienes no se les puede negar el derecho, como exige la OEA, a elegir a sus gobernantes en unas elecciones libres.

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