OEA

La crisis de Venezuela y la urgente rectificación del gobierno salvadoreño. De Alberto Arene

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio internacional para sostener semejante posición. Más le vale rectificar pronto, o pagará las consecuencias.

Alberto Arene, 30 marzo 2017 / LPG

Después de 18 años de implantación de la llamada “revolución bolivariana” liderada por Hugo Chávez, el proyecto chavista ha entrado en su fase terminal, combinándose la crisis económica-financiera, social, humanitaria, política y ética, enfrentando un creciente repudio y aislamiento internacional. El martes pasado el Consejo de la OEA se reunió para discutir el Informe de su secretario general, Luis Almagro, confirmándose el deterioro acelerado de la situación nacional y la ruptura del Estado de Derecho, llamando a enfrentar la crisis humanitaria, a liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones libres y democráticas a la mayor brevedad posible.

El representante salvadoreño en la OEA, Carlos Calles, por instrucciones del canciller Hugo Martínez, se negó a discutir la crisis de Venezuela, luego dijo que “El Salvador no acompaña el informe presentado por el secretario general”, y finalmente no formó parte de la declaración de los gobiernos de 20 países que acordaron concretar una “hoja de ruta para apoyar el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho”. Luego, Casa Presidencial hizo un llamado a los países miembros a “acompañar al pueblo venezolano para que, por los mecanismos legítimos” y con la mediación de “la Santa Sede, pueda pronto llegarse a acuerdos que den estabilidad a esta nación hermana”.

En sus primeros 17 años en el poder, fue el chavismo que se negó sistemáticamente al diálogo. Cuando finalmente lo aceptó mediado por sus aliados del Mercosur, fue para mejorar su deteriorada imagen internacional, y ganar tiempo. A mediados de 2016, cuando se agudizaba la presión nacional e internacional, aceptó la mediación del Vaticano para saltarse el plazo límite para convocar al referéndum revocatorio, lográndolo, desgastando el diálogo y los buenos oficios de la Santa Sede.

Mientras el espacio político-diplomático y económico-financiero se le estrecha aún más al gobierno, y se profundiza la crisis humanitaria, la tragedia y la protesta del pueblo venezolano, ¿quién puede oponerse a un diálogo que conduzca a una negociación de verdad, con reglas claras y resultados precisos en tiempos delimitados, mediados por el Vaticano con el seguimiento y apoyo de gobiernos democráticos de Latinoamérica?

Ahora es imperativo profundizar –sin tregua ni pausa– la presión nacional e internacional para que la diplomacia vaticana e interamericana logre acuerdos para enfrentar la crisis humanitaria, liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones democráticas a la mayor brevedad posible.

Durante los ocho años de Bush y los ocho años de Obama, el gobierno de Estados Unidos tuvo una política de “tímido involucramiento” sin resultado alguno. Este “imperio benévolo” no lo conocimos los centroamericanos, donde se involucró totalmente en la guerra y las negociaciones de paz. Con el gobierno Trump y el control republicano del Congreso dominado por radicales, en un contexto de agravamiento de la situación y de una favorable correlación de fuerzas en el espacio interamericano, observaremos una diplomacia diferente, una que comenzará penalizando quitando zanahorias antes de sacar los garrotes… Una primera y pequeña muestra llegó esta semana del ex candidato presidencial y senador Republicano Marcos Rubio que le advirtió a El Salvador, República Dominicana y Haití que si no defienden la democracia, será difícil defender la ayuda que recibe de Estados Unidos: “Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda al extranjero, y para nosotros será bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región”.

De ahora en adelante se ocuparán de estos países y de las pequeñas islas del Caribe. Después de haberse inmiscuido en la política interna y literalmente comprado la política exterior de más de una docena de países en América Latina y el Caribe, la acusación del Gobierno de Venezuela y sus aliados de respeto a la soberanía tiene poca consistencia y legitimidad. Aún menos si se trata, por la vía de la negociación, de salvar a Venezuela de una crisis sanitaria y de una hambruna generalizada, de liberar a más de un centenar de presos políticos, de restablecer la democracia y el Estado de Derecho con elecciones libres y transparentes, y de evitar la violencia generalizada y la guerra civil.

La narrativa chavista de estos 18 años ha diseminado la creencia que la oposición a su gobierno es el resultado de golpistas apoyados por el imperialismo yanki. No obstante, la oposición venezolana ha participado en todas las elecciones y ha buscado la vía electoral, pacífica y constitucional para llegar al poder. Como sucedió en Guatemala, El Salvador y Nicaragua donde históricamente se violaron derechos humanos, se robaron elecciones, y se atentó contra la democracia y el Estado de Derecho, la lucha armada y la guerra civil finalmente llegaron medio siglo después con su paso de destrucción, muerte y dolor que todavía padecemos.

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio nacional e internacional para sostener semejante posición. Más les vale rectificar pronto, o pagarán las consecuencias.

Vergonzoso… De Luis Mario Rodríguez

Como “vergonzoso” se calificó el rechazo de San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Saint Kitts y Nevis, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua y República Dominicana para tratar la deplorable situación de Venezuela como punto único en la sesión extraordinaria realizada en la Organización de los Estados Americanos el pasado 28 de marzo.

Luis Mario Rodríguez, 30 marzo 2017 / EDH

Finalmente el orden del día se aprobó con 20 votos entre los que figuraron los de Honduras y Guatemala, ambos socios, junto a El Salvador, de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un proyecto financiado por los Estados Unidos. La abstención, aunque siempre humillante y deplorable, habría sido una mejor opción en nuestro caso. Así lo hicieron Trinidad y Tobago y Antigua y Bermuda, mientras que Granada prefirió ausentarse del cónclave en el momento de la votación.

La obstrucción de esos gobiernos es bochornosa porque simboliza el repudio de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana (CDI). Y esta decisión no es cosa menor. El secretario Almagro adelantó en su segundo informe que en Venezuela “se violan todos los artículos de la CDI”. Con su resolución, los representantes de esas naciones ante la OEA, y no la totalidad de los habitantes de aquellas, desaprobaron los elementos esenciales de la democracia representativa acordados en Lima, Perú, durante el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de ese organismo efectuado en septiembre de 2001.

Contrarrestar el debate sobre el quiebre democrático que sufre uno de los Estados que integran a la Organización continental significa ignorar “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (artículo 3 CDI).

Al contrariar el consenso mayoritario que predominó en la asamblea comentada, los gobiernos que vetaron la discusión sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela ignoraron los componentes fundamentales de un legítimo ejercicio democrático, entiéndase “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” (artículo 4 CDI).

Por otra parte la actitud de los embajadores que rehuyeron el análisis de la realidad venezolana se opone al “fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas”, aspecto que la Carta Democrática considera como “prioritario para la democracia” (artículo 5 CDI). Así debe interpretarse porque uno de los muchos señalamientos del secretario Almagro, tanto en su informe de mayo de 2016 como en el de la semana pasada, fue el de la inobservancia, por parte del Ejecutivo, del principio de separación de poderes y la manipulación de la justicia para dejar sin efecto los acuerdos adoptados por los partidos de oposición en la Asamblea Nacional. El Secretario también advierte sobre la criminalización de todas aquellas declaraciones o acciones de los miembros de entidades ciudadanas que protestan legítimamente para que se cumpla la Constitución, los tratados y las declaraciones universales que garantizan el acatamiento de las libertades individuales.

Con su actitud, los Estados disconformes con la “doctrina Almagro”, así llamada por Mario Vargas Llosa, impugnan el activismo ciudadano como “una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia” y se rehúsan a “promover y fomentar diversas formas de participación” que fortalezcan al sistema político. Tampoco reconocen que “la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia” (artículo 12 CDI). Esas naciones refutan el compromiso adquirido en 2001 por los signatarios de la CDI con el propósito de “adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema” (artículo 12 CDI).

En realidad lo sucedido en la OEA debe interpretarse como el apoyo de 20 países pidiendo “la realización de elecciones, que se abra un canal humanitario, la libertad a los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional venezolana”.

El nuevo “informe Almagro”… De Luis Mario Rodríguez

El nuevo “informe Almagro” intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.

Luis Mario Rodríguez, 16 marzo 2017 / EDH

En su segundo informe sobre la crisis que vive Venezuela, el Secretario General de la OEA dijo que en ese país se violan “todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana” y que “la Constitución ha dejado de tener sentido”. Almagro no titubeó al señalar que “el Estado de derecho no está vigente”. Las acusaciones son claras, sin rodeos ni sutilezas. Al referirse a los ciudadanos, el secretario advierte que “si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, nos los presenta a un juez ni instruye acusación fiscal”.

Respecto del diálogo impulsado por diferentes entidades, incluyendo organismos internacionales y Estados como el Vaticano, sentencia que  “ha fracasado” y que únicamente ha servido como “cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario”. Dice que “el diálogo no es tal, porque no es recíproco, ni ha ofrecido garantías, ni ha cumplido ninguna de sus premisas”. El alto funcionario de la OEA admite que seguir esperando soluciones de ese proceso, que lo único que ha hecho es “agravar la situación del país y legitimar la continuidad del deterioro de sus instituciones”, los hace cómplices por omisión. Su inacción en esta situación “es sinónimo de omisión en proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.

Luis Almagro nos recuerda, en este segundo documento histórico, que “la protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar”. Por eso los que promovieron el diálogo en Venezuela, como mecanismo para solucionar la precaria situación en la que se encuentran sus habitantes, ahora señalan que esta herramienta debe ir “acompañada de acciones”. En ese sentido la Santa Sede, según el informe que se comenta, urgió la activación de cuatro cuestiones: aliviar la crisis humanitaria, el establecimiento de un calendario electoral, la restitución del rol de la Asamblea Nacional previsto en la Constitución y la liberación de los arrestados, en referencia a los presos políticos.

El Secretario General enumera una serie de recomendaciones orientadas a normalizar el funcionamiento del sistema democrático. Pide el referéndum revocatorio, solicita la liberación de todas las personas recluidas por razones políticas, llama al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a resolver, de manera conjunta, la vulneración de los derechos básicos de la población, exige a esas instancias brindar estándares suficientes de seguridad, reclama el respeto al equilibrio de poderes del Estado, requiere una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia, exhorta al combate a la corrupción a través de un sistema como el de la CICIG en Guatemala y demanda la incorporación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos a la comisión de la verdad.

El gobierno eliminó la posibilidad de celebrar el referéndum revocatorio. Retrasó plazos, adicionó requisitos no exigidos en la ley e hizo colapsar la infraestructura electoral. Además impidió la elección de 23 gobernadores y de los 236 miembros de las asambleas legislativas estatales que debieron renovarse el 16 de diciembre de 2016, al cumplirse su mandato constitucional de cuatro años. Por otra parte, Maduro mantiene en la cárcel a sus adversarios políticos por sus ideas, criminaliza las protestas, no les permite a los detenidos tener acceso a su familia ni asesoramiento jurídico, existen “detenciones secretas”, las condiciones carcelarias son inadecuadas y aplica, según el informe, el “efecto puerta giratoria”, es decir que “mientras libera a algunos presos políticos, encarcela a un número similar”.

En Venezuela, de acuerdo al documento del Secretario Almagro del pasado 14 de marzo,  hay crisis económica, falta de seguridad personal, estancamiento en la reducción de la pobreza, escasez de alimentos y medicinas, aumento de la mortalidad infantil y tráfico de drogas.

Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, The Global Competitiveness del Foro Económico Mundial, el World Justice Project y el Democracy Index de la Revista The Economist, entre otros, confirman el secuestro de la institucionalidad en Venezuela. Así lo dictamina el nuevo “informe Almagro” y de esta manera intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.

Las peticiones del perfecto demócrata latinoamericano… De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 9 junio 2016 / EDH

El informe del Secretario General de la OEA sobre la situación de Venezuela es demoledor. No revela nada que los latinoamericanos interesados en defender la democracia ignoremos acerca de la condición política y humanitaria en ese país. Sin embargo aporta datos que contribuyen a caracterizar la manera en que operan los regímenes totalitarios en pleno siglo XXI. Asimismo detalla las consecuencias de un sistema asistencialista que pudo satisfacer las demandas ciudadanas en “tiempos de vacas gordas” y se olvidó de las condiciones que necesita la economía para crecer y generar empleo. Se trata de una “carta de navegación” aplicable a los gobernantes que abusen del poder.

diario hoyLa lectura completa del documento que Luis Almagro presentó al Consejo Permanente de la OEA  delata una etapa de calamidad pública escandalosa. Se refiere al estado de vulneración de derechos básicos de la población como acceso a alimentos y servicios de Salud, a los niveles de inseguridad pública, al ejercicio de bloqueo permanente del Poder Ejecutivo respecto de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, a la viciada integración del Tribunal Supremo de Justicia y a la parcialidad política de casi todos sus integrantes, al incipiente combate a la corrupción, entre otros aspectos.

En general, el informe previene una posible fase de ilegitimidad debido a la continua violación de la Constitución, especialmente en lo relacionado al equilibrio de poderes, a la inobservancia de los derechos humanos, a las dificultades para la celebración del referéndum revocatorio y a la falta de capacidad de respuesta del gobierno frente a la grave crisis que viven los venezolanos.

El Secretario indica que “en Venezuela se perdió la finalidad de la política. Se olvidó defender el bien mayor y colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo”. Agrega que de acuerdo al informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) la inflación es del 700%, el déficit fiscal de 17% del PIB y la deuda externa de US$130 mil millones equivalentes a 6 años de exportaciones del petróleo. Por otra parte, de acuerdo a la comunicación de Almagro, la escasez de medicamentos y de equipos médicos es del 80%. Existe un grave déficit de personal de salud altamente calificado como consecuencia de la migración masiva de profesionales en el rubro. En áreas vitales como oncología, la carencia se estima en 65% de los medicamentos.

La pobreza medida por ingresos creció hasta 76% en 2015, mientras que la situación de violencia empeoró notablemente. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dos ONGs locales, reportan una tasa de homicidios de 90 y 73 por cada 100,000 habitantes, respectivamente. El Ministerio Público informó que para el año 2015 la cifra fue de 17,778 homicidios, es decir 58.1 por 100,000 habitantes, en contraste con los 27,875 asesinatos registrados por el OVV.

Otra crisis la genera el desabastecimiento de productos, con grandes filas que han dado lugar al incremento de la conflictividad. Se producen trifulcas y, según el informe, ya se registraron algunos muertos por discusiones en la ubicación de las “colas” donde se ha llegado al extremo de “alquilar” los turnos.

La exposición del Secretario advierte sobre la criminalización de las protestas y el acoso y encarcelamiento de opositores y las califica como “prácticas propias de un Estado opresor”. El 4 de abril de 2016, el Director Ejecutivo del Foro Penal Venezolano aseguró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay 82 presos políticos en su país, y, sólo desde 2014, se han detenido 3,875 por motivos de la misma naturaleza.

En resumen, Luis Almagro, después de compilar la historia de varios años de transgresiones democráticas y quebrantos a los derechos fundamentales en Venezuela, de muertes y de abusos que llevan a la restricción de las ideas contrarias al régimen y de graves cortapisas al acceso a la información pública y a la equidad electoral,  concluye que existe una “alteración del orden constitucional democrático, derivado de una gradual, sostenida y sistemática erosión de la democracia”.

Sin importar el respaldo que el resto de naciones otorgue al actual Secretario General de la OEA, su informe quedará  asentado como el “manual de las peticiones del perfecto demócrata latinoamericano”.

Venezuela en Caos. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 6 junio 2016 / EDH

Venezuela está en caos. No, no está en caos “otra vez”. Tristemente, está en caos como siempre desde que el hurto y destrucción de las instituciones que decidieron llamar socialismo del siglo 21 se instaló con éxito, anulando del todo cualquier posible símil con una república democrática con separación de poderes e igualdad ante la ley. Se suponía que habría igualdad y, sin embargo, en Venezuela solo quienes aún tienen capacidades económicas se dan el lujo de comer los tres tiempos. El país petrolero que financiaba el esparcimiento cuasi imperialista del “buen vivir” de ALBA tiene entre manos una crisis humanitaria pues sus propios ciudadanos haciendo fila en supermercados, lidiando con la escasez de comida, medicamentos e intentando hacer vida normal con las limitaciones que imponen los cortes continuos de energía. Se lo dijo un taxista en tono amargo a un amigo que se encontraba de visita, ante la pregunta de cómo iba la vida por allá: “En Venezuela no se vive, se sobrevive”.

diario hoyY no es solo la falta de recursos económicos el problema que azota a los venezolanos. El enquistamiento de la clase política es igual de deprimente: quienes están en el poder han moldeado las instituciones de manera que la división de poderes solo existe en papel. Muchos acusan a la oposición (la de Capriles) de haberse acomodado al status quo y de seguirle cómodamente el juego al gobierno, esperando pacientemente su turno. Se diferencian de la “otra” oposición en que los otros están presos sin posibilidad de libertad o debido proceso, por no acomodarse.

Afortunadamente la OEA, que bajo José Miguel Insulza se había convertido en el “árbitro comprado” de Venezuela, aparentemente desempolvó la Carta Democrática y recordó su utilidad práctica pues el secretario Luis Almagro se ha vuelto un elocuente defensor de la democracia y los derechos humanos de los venezolanos. La semana pasada, Almagro sorprendió de manera positiva al proponer que se determine formalmente el cumplimiento de Venezuela con la Carta Democrática. Por supuesto que el paladín de la diplomacia, los buenos modales y los tratados multilaterales que conocemos como Nicolás Maduro, respondió de inmediato, dándole al secretario Almagro detalladas instrucciones de cómo tenía que enrollar la carta y proponiendo el lugar exacto donde almacenarla, demostrando que la democracia, la separación de poderes, y la institucionalidad le salen sobrando.

La respuesta de Maduro no ha sorprendido a nadie porque por desgracia, nos tiene ya acostumbrados. Lo de Venezuela se está volviendo el nuevo normal. Sus creativas maniobras para lidiar con quienes se le oponen — como la última, de acusar ante el Tribunal Supremo (que tiene bajo su dominio) a la directiva de la Asamblea de supuesta traición a la patria — se están convirtiendo en el mapa de ruta para sus gobiernos aliados y demás simpatizantes. Para demostrar su compromiso con la Carta Democrática y garantizar a sus ciudadanos su total rechazo a las maniobras ilegítimas del gobierno de Venezuela les compete al resto de naciones miembros de la OEA hacer eco de las palabras de Almagro.

@crislopezg