OEA

Los vecinos incómodos de Venezuela. De Alberto Barrera Tyszka

Los liderazgos políticos de Venezuela tienen que saber leer lo que está pasando. La crisis se les ha ido de las manos. La tragedia se ha desbordado y es necesario un cambio. Hay que crear una nueva fórmula de negociación, con controles y con transparencia, que permita un retorno a la democracia.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas el 29 de mayo de 2018. Foto: Reuters

ALBERTO BARRERA TYSZKA, GUIONISTA, ESCRITOR Y COLUMNISTA VENEZOLANO

10 junio 2018 / THE NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO — En la asamblea general más reciente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada esta semana en Washington, se aprobó una resolución que señala que las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela “carecen de legitimidad”. De la misma manera, se insta a los países miembros a tomar “las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático” en Venezuela.

No solo es un mensaje contundente para el gobierno de Nicolás Maduro. También es un mensaje dirigido al liderazgo de la oposición. No hay salidas instantáneas. No se aceptan descaradas farsas electorales ni invasiones militares. Pero obviamente tiene que haber una solución. La internacionalización del conflicto venezolano ya es una emergencia física. La reunión de la OEA demostró que ya se ha concluido el tiempo de los aficionados, de la retórica infantil. El simulacro de la Revolución se acabó. Ahora solo queda enfrentar la tragedia.

El discurso oficial del chavismo se ha quedado incluso sin humor. El fracaso de la ironía también es un síntoma. Intenta el sarcasmo y falla. Eso le ocurrió al canciller Jorge Arreaza en varias oportunidades durante la reunión de la OEA. Cuando ensayó un comentario sardónico, a propósito de la corrupción, para descalificar al gobierno de Perú y al llamado Grupo de Lima, nadie sonrió, la audiencia permaneció seria y severa. Probablemente todos ya habían visto el video donde Euzenando Azevedo, director durante años de Odebrecht en Venezuela, confiesa ante la fiscalía del Brasil que le dio a Nicolás Maduro 35 millones de dólares para su campaña electoral de 2013.

Lo mismo le pasó al ministro para la Comunicación y la Información Jorge Rodríguez cuando, en una rueda de prensa, trató de burlarse de la resolución de la OEA citando una frase del Chavo del Ocho. El chiste no funcionó. Ni siquiera los periodistas aliados, quienes tienen chance de hacer preguntas en esas jornadas, lo acompañaron con una sonrisa.

Pero el caso más extremo, sin duda, es el del propio Maduro. En un acto en Caracas, donde por supuesto le entregó al canciller una réplica de la espada de Bolívar, intentó en varias oportunidades mostrarse divertido, feliz. Todo fue inútil. La reproducción de un viejo video del cantante cubano Carlos Puebla le dio todavía más patetismo al acto. Como si todo fuera una pobre recreación del pasado, una alegría artificial y ajena, una risa forzada. Cada vez que Maduro trata de ser mordaz o satírico se produce de inmediato un vacío. Se trata de un indicador no estadístico pero letal: la revolución perdió la gracia.

Años atrás tal vez hubiera funcionado toda la arenga que usó Jorge Arreaza para tratar de culpar a Estados Unidos de la crisis humanitaria del país. Pero ahora es insostenible. Basta recordar, por ejemplo, que hace exactamente diez años se descubrieron en Venezuela más de 120 mil toneladas de comida podrida, abandonada en contenedores o, peor aún, enterrada en varios lugares del país. Era una evidencia grosera de una enorme corrupción gubernamental y, sin embargo, en ese momento, el chavismo en bloque no permitió ninguna investigación sobre el caso. En la asamblea, cualquiera habría podido preguntarle al canciller Arreaza si en el año 2008 el imperialismo estaba de vacaciones.

El discurso del gobierno venezolano ya no sirve
para enfrentar la presión internacional.
El chavismo también es una lengua fallida.

De la misma forma, quizás antes hubiera sido más eficaz la prédica del canciller en contra de la violencia, la pretensión de endilgarle a la oposición (siempre de “derecha”) todos los muertos por las protestas populares que hubo en Venezuela hace un año. Ahora ya no es tan sencillo. Hay demasiados datos, de diversas organizaciones y con distintas fuentes, que demuestran la represión salvaje con la que ha actuado el gobierno de Maduro. El solo caso de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) es suficiente para desactivar la farsa discursiva del chavismo: entre 2015 y 2017, los cuerpos de seguridad, autorizados por el gobierno de Maduro, asesinaron a 505 personas en supuestos operativos de seguridad.

De eso tampoco habla el canciller Arreaza en la OEA. Su error consiste en pensar que nadie más lo sabe, en que se puede seguir mintiendo impunemente. Por eso la respuesta de Roberto Ampuero fue tan determinante y demoledora. El canciller chileno diseccionó el discurso de Arreaza, enumeró los insultos y las descalificaciones proferidas a los otros miembros de los países ahí reunidos para desnudar su autoritarismo: “Si esta es la forma en la que el canciller Arreaza trata a personas diplomáticas, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos”.

El canciller chileno Roberto Ampuero en una conferencia el 4 de junio de 2018 en la sede de la OEA en Washington Credit Mandel Ngan/Agence France-Presse — Getty Images

Chávez resucitó la retórica de los años sesenta y Maduro la está volviendo a enterrar. El gobierno venezolano no solo ha saqueado las riquezas del país, también ha malversado la herencia simbólica que tenía. Su discurso ya no sirve para enfrentar la presión internacional. El chavismo también es una lengua fallida.

Pero la resolución de la OEA no solo atañe al sector oficial del país. También es un mensaje claro para una dirigencia opositora que ha perdido el rumbo y la voz. Después de casi veinte años, aun con todas las dificultades que supone enfrentar una proyecto totalitario, es inadmisible que los líderes de la oposición continúen enfrentados, empeñados en aprovechar pequeñas oportunidades de protagonismo, en vez de dedicarse a construir una plataforma unitaria, capaz de acompañar a las grandes mayorías y, desde ahí, articular un proyecto común, sólido, cuyo único objetivo sea sacar al país de la crisis.

Los liderazgos políticos de Venezuela tienen que saber leer lo que está pasando. La crisis se les ha ido de las manos. La tragedia se ha desbordado y es necesario un cambio. Hay que crear una nueva fórmula de negociación, con controles y con transparencia, que permita un retorno a la democracia.

La patria de Bolívar tiene ahora unos vecinos incómodos. La región le está exigiendo a los políticos de Venezuela que comiencen a hacer política en serio. No hay soluciones fáciles pero tiene que haber soluciones.

El Presidente y la democracia. De Luis Mario Rodríguez

7 junio 2018 / El Diario de Hoy

El empeño del Gobierno por respaldar a los regímenes de Venezuela y Nicaragua ensombrece por completo el compromiso del presidente Sánchez Cerén con la democracia. Lo hace cómplice de quienes tuercen el Estado de derecho, reprimen a sus opositores, impiden la celebración de comicios libres, transparentes y justos, violentan la independencia de las instituciones y concentran el poder político. Al avalar semejantes atropellos a los fundamentos de todo sistema democrático, el gobernante salvadoreño y su partido aplauden como normales las conductas de Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Significa una aceptación expresa de los métodos y actuaciones que han servido durante años para manipular la política y particularmente las elecciones transformándolas en instrumentos que les permiten perpetuarse en el poder.

La posición del profesor Sánchez Cerén reconociendo la legitimidad de su colega venezolano contradice el rechazo a la reelección de Maduro expresado, entre otros, por el “grupo de Lima”, integrado por 14 naciones, por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en el que participan 37 exjefes de Estado y de Gobierno, y por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que recién aprobó una resolución, con el concurso de 19 Estados parte, en la que desconocen los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela. Con su postura el Ejecutivo ubica a El Salvador en el grupo de países que secundan a las tiranías y amparan prácticas autoritarias.

La resolución de la OEA sobre la situación venezolana acordada durante la Asamblea General celebrada esta semana no contó con el voto de El Salvador. De nuevo nuestras autoridades prefirieron abstenerse y con ello dieron la espalda a los postulados de la Carta Democrática Interamericana. Es una muy mala noticia que el país se sume a quienes ignoran el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos que padecen ahora mismo la represión gubernamental. Lamentablemente la cancillería salvadoreña no ha suscrito ni una tan sola declaración de la OEA en la que se condena el proceder totalitario de Maduro. Cualquier elogio al presidente Sánchez Cerén por su respeto a la Constitución y por abstenerse de impulsar cambios a la forma de gobierno durante el tiempo que lleva como inquilino de casa presidencial, se desvanece al confirmar su predilección por sistemas en los que se calla la voz de los opositores, se les encarcela y además se les restringen todas sus libertades.

Las posturas respecto de Nicaragua siguen el mismo patrón que las efectuadas sobre Venezuela. El Gobierno se ha limitado a publicar un comunicado en el que felicita a los distintos actores por la instalación de una “mesa de diálogo”. En ese mensaje se ignoraron por completo las decenas de manifestantes asesinados por parte de las fuerzas de seguridad, las desapariciones y los reclamos de diferentes sectores.

El prestigioso periodista nicaragüense, Carlos Fernando Chamorro, en una síntesis muy apretada, presenta una radiografía de la represión orteguista: “primero, el exceso de violencia policial, segundo, los ataques de las bandas paramilitares, tercero, aparecen los francotiradores, cuarto, crean el caos y el terror, quinto, criminalizan la protesta cívica con acusaciones y represalias”. Nada de eso impresiona a quienes lideran la política exterior salvadoreña. No existe ni el menor asomo de solidaridad con las “madres de abril”, ni con los estudiantes que libran una batalla desigual con el oficialismo, ni lo hubo en el pasado ante las denuncias internacionales de fraudes electorales y de cooptación de las instituciones públicas. Por el contrario el abrazo fraternal y amistoso, sin reparo alguno por parte del presidente Sánchez Cerén, que recuerda la camaradería del FMLN con su par en Nicaragua, ha sido dirigido hacia los Ortega y Murillo.

Este comportamiento siembra la duda acerca del interés del partido oficial en elegir magistrados independientes para la Corte Suprema de Justicia, un Fiscal que continúe con el combate a la corrupción y un Tribunal Supremo Electoral que custodie celosamente el derecho de los ciudadanos a designar a sus representantes. El candidato presidencial del Frente debe sentar posturas claras al respecto, alejarse expresa y públicamente de las apuestas despóticas de los líderes actuales de su organización partidaria y esforzarse por conducir a esta última hacia posiciones moderadas, que respeten el sistema republicano, democrático y representativo.

Una historia en Centro América. De Manuel Hinds

¿Será que no ven que esto podría pasar en El Salvador en 2018 y 2019, que un gobierno no de derecha sino de izquierda maneje las elecciones oscuramente y no entregue el poder? ¿Qué no ven que la impunidad con la que esto ha pasado en Honduras podría repetirse aquí?

manuel hindsManuel Hinds, 22 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

Esta es una historia genérica, que ha pasado tantas veces que uno puede escribirla en formulario con espacios en blanco para rellenar los nombres cuando la historia se quiere hacer específica. En este caso las elecciones han sido en Honduras. Las primeras cifras daban el triunfo a Salvador Nasralla con un margen del 5%, que, con cerca del 60 % de los votos ya contados, era casi imposible de superar para el otro candidato, el presidente Juan Orlando Hernández. Éste dijo que lo superaría porque faltaba contar los lugares en los que él tiene más partidarios. Pero entonces el conteo se descontinuó, la computadora principal del proceso se cayó y no se dio ninguna información por un día y medio. Cuando se volvió a dar, el presidente Hernández era el que llevaba la ventaja con el 81 por ciento de los votos contados.

EDH logLa Misión de Observación Electoral de la OEA pidió a un profesor de la Universidad de Georgetown su opinión con respecto al comportamiento estadístico del proceso de votación, para ver si es cierto que el cambio se debió a que entraron nuevas regiones en el conteo. El profesor declaró que las diferencias no provenían de un solo departamento sino de todo el país, que son demasiado grandes para ser generadas por el azar y que no son fácilmente explicables por otras razones, levantando dudas sobre la veracidad del resultado.

Después de recibir el informe de sus propios observadores, la OEA declaró: “Como ya fue informado por la Misión de Observación Electoral de la OEA, el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad. Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”. Otras irregularidades incluyen el proceso que se siguió para restablecer el sistema, que no solo alteró la evidencia sino que también dejo al servidor bajo el control remoto de la empresa proveedora, que podría cambiar resultados sin que quedara rastro. Esto es lo que alguien que quisiera cambiar los resultados directamente en la computadora central hubiera hecho.

La OEA declaró que aunque no puede probar que hubo dolo, el proceso fue de baja calidad electoral y que su seguridad fue vulnerada. Luego pidió la repetición de las elecciones, mientras que el tribunal electoral declaró ganador al presidente Hernández.

Cegados por la rivalidad de izquierdas y derechas, muchos salvadoreños no se dan cuenta de que la lección principal de Honduras no es que la así llamada “derecha” (por aclaración, la derecha de verdad no está de acuerdo con hacer elecciones dudosas, de ningún lado) haya “ganado”, ni que turbas movilizadas por la izquierda hayan saqueado tiendas, sino de que un gobierno asentado puede manejar las elecciones de maneras tan oscuras como estas y forzarse en el poder por medio de ese tipo de elecciones. Y hacer eso después de haber violado olímpicamente la Constitución, corriendo para reelegirse cuando está claramente prohibido hacerlo.

¿Será que no ven que esto podría pasar en El Salvador en 2018 y 2019, que un gobierno no de derecha sino de izquierda maneje las elecciones oscuramente y no entregue el poder? ¿Qué no ven que la impunidad con la que esto ha pasado en Honduras podría repetirse aquí?

Algunos han pintado a la OEA como un instrumento del socialismo del Siglo XXI, olvidando que ese mismo organismo ha sido el enemigo más grande de la tiranía venezolana y que el jefe de la misión de observadores de la institución en Honduras es Jorge Tuto Quiroga, un eminente político de derecha que está por encima de cualquier sospecha. Al contrario, con lo mal que se están preparando las elecciones aquí, ya quisiéramos tener una OEA que no tenga miedo de denunciar las irregularidades.

Un informe revelador… De Luis Mario Rodríguez

En el caso hondureño se mezclaron la manipulación de la justicia constitucional para permitir la reelección del actual mandatario, la mediocre –o maliciosa– actuación del TSE, la posible injerencia extranjera de los antiguos socios “isleños y suramericanos” del expresidente “Mel” Zelaya, la indiferencia de la sociedad civil.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 7 diciembre 2017 / El Diario de Hoy

La Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a 82 observadores de 25 nacionalidades a las recientes elecciones hondureñas. En su informe preliminar la OEA señaló que los partidos hicieron traslado masivo de electores, situación que permite inducir la voluntad de las personas, compra de votos en tres departamentos, violación de la secretividad del sufragio en ciertos centros de votación y publicidad ilegal de las encuestas de “boca de urna” con anticipación al plazo que establece la ley; estos datos pueden divulgarse hasta dos horas después del cierre de las votaciones. Se vivió incertidumbre, falta de transparencia y vacío de información por parte de la autoridad electoral. Hubo problemas de coordinación logística y altos niveles de improvisación.

EDH logLa misión de Observación Electoral (MOE/OEA) también indicó que Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla incumplieron el pacto “Declaración por la Democracia Hondureña”. Se trató de una iniciativa del organismo hemisférico para mitigar las ansiedades de los competidores y las primeras manifestaciones de violencia entre los simpatizantes de sus respectivas agrupaciones políticas.

El informe reveló que hubo transporte de maletas electorales sin custodia, que fueron abiertas sin respetar protocolo alguno y que algunas se recibieron incompletas y en otras faltaba el acta de resultados. La OEA advirtió además que el sistema de procesamiento de actas quedó detenido por diez horas. Este aspecto es relevante porque desde un inicio la contratación de la tecnología estuvo envuelta en fuertes controversias. Resulta que la empresa a la que se le adjudicó este servicio se sustituyó 30 días antes de la elección por “sospechas de su cercanía con el partido de gobierno”. Sobre este punto la MOE/OEA recomendó que es necesario determinar y contratar al proveedor que hará la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados con suficiente antelación y que los respectivos simulacros deben realizarse oportunamente.

La falta de independencia de la autoridad electoral y el cuestionamiento a la composición partidista de esta instancia fue otra de las graves objeciones de los observadores internacionales. Asimismo se delató la compra de credenciales en la integración de las mesas de votación y la deficiente capacitación de sus miembros a cargo de los partidos políticos. El registro electoral se sumó a la lista de reparos. Se criticó que mantiene a fallecidos como votantes activos y a personas que emigran, porque no se registran en el exterior y permanecen en el censo electoral. La misión propuso contar con un sistema de depuración y actualización permanente para mantener vigentes los registros.

En su declaración final la MOE/OEA expresó que “el estrecho margen de resultados, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos no permiten a la misión tener certeza sobre los resultados”. Entre otras sugerencias se planteó verificar 5,174 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección, otorgar un plazo razonable para que los partidos interpusieran las impugnaciones de resultados debido al retraso que sufrió tanto el escrutinio ordinario como el especial, verificar la integridad del sistema de escrutinio y divulgación electoral, y esperar a que en un plazo de 30 días el TSE emita la declaratoria oficial del ganador del proceso. Igualmente censuró enérgicamente la pérdida de vidas como consecuencia del recelo y las sospechas que generó la pasividad del organismo electoral.

En el caso hondureño se mezclaron la manipulación de la justicia constitucional para permitir la reelección del actual mandatario, la mediocre –o maliciosa– actuación del TSE, la posible injerencia extranjera de los antiguos socios “isleños y suramericanos” del expresidente “Mel” Zelaya, la indiferencia de la sociedad civil ante la manipulación de la institucionalidad, y la baja participación electoral, apenas un 58 % del padrón. Un factor adicional, propio de su sistema electoral, es que no existe la segunda vuelta presidencial, mecanismo que habría permitido una competencia entre los dos candidatos más votados por no alcanzar ninguno de ellos el 50 % más uno de los votos.

Varias de las circunstancias ocurridas en Honduras, si no es que la mayoría de ellas, se aplican, salvando las diferencias, a lo ocurrido en 2015 durante las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas. El árbitro electoral debe evitar que los procesos de 2018 y 2019 se transformen en una catástrofe que derive en una severa crisis política.

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Comunicado de la Secretaría General de la OEA respecto a las recientes elecciones presidenciales en Honduras

6 de diciembre de 2017 / OEA

Screen Shot 2017-12-06 at 10.32.47 PM.pngLa Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA para las elecciones en Honduras ha informado a la Secretaría General de la OEA sobre la falta de garantías y transparencia, así como el cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos que han rodeado este proceso electoral, en su etapa previa, jornada electoral y etapa postelectoral, que como corolario no permiten a esa Misión tener certeza sobre los resultados.

Por otra parte, resulta claro que no es posible, sin un proceso exhaustivo y minucioso de verificación que determine la existencia o no de un fraude electoral -como ha denunciado parte de la oposición- restituir la confianza de la población en el proceso.

Esta desconfianza y polarización han generado episodios insostenibles de violencia. Resultan irresponsables e incompatibles con la democracia los llamados públicos al amotinamiento e insurrección militar realizados en el contexto postelectoral.

Con igual fuerza, la Secretaría General de la OEA deplora los extemporáneos llamados a la violencia y a la utilización de fusiles de asalto en poder de particulares por parte de líderes partidarios.

La Secretaría General de la OEA condena, asimismo, las muertes acaecidas y exige la inmediata investigación de los hechos, al tiempo que expresa sus condolencias y se solidariza con el dolor de las familias de las víctimas.

La suspensión de los derechos constitucionales relacionados al Decreto del 1 de Diciembre de 2017 emitido por el Gobierno de Honduras se justifican según la Carta Magna citada en el decreto considerado en situaciones extremas, tales como “la invasión del territorio nacional, la perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad general”. Por ello, la Secretaría General de la OEA considera desproporcionada la aplicación de estas medidas frente a las manifestaciones que tuvieron lugar tras las ya denunciadas irregularidades del acto electoral llevado a cabo el 26 de noviembre de 2017, y solicita el inmediato levantamiento de las mismas.

El proceso electoral es por excelencia la manifestación de la expresión popular, y la democracia no puede ni debe ser menoscabada por irregularidades graves, represión y muertes.

Es imprescindible que se den garantías suficientes para que la violencia sea detenida inmediatamente.

Mirando hacia adelante, el informe de la MOE ha exigido una serie de acciones con el fin de restablecer la confianza, generar certidumbre y dar garantías.

Por ello,  hacemos nuestras las recomendaciones y conclusiones contenidas en el informe preliminar de la MOE. Dichas conclusiones han determinado, con base a criterios técnicos derivados de estándares internacionales, las etapas necesarias a completar.

Lleváremos adelante todos los pasos señalados y brindaremos el imprescindible seguimiento.

El candidato presidencial Juan Orlando Hernández Alvarado ha admitido las conclusiones y recomendaciones del informe de la MOE, y ha manifestado su compromiso de someter al escrutinio técnico con acompañamiento de los observadores internacionales los resultados de las elecciones.

Lamentablemente, pese al sustento técnico y de base científica de las recomendaciones de la MOE, no ha sido posible llegar a un acuerdo firmado.

La Secretaría General de la OEA reitera que el proceso electoral en la República de Honduras no ha concluido, por cuanto resta para ello la implementación completa de las recomendaciones que siguen a continuación:

  • El cotejo de las 1.006 actas que fueron sometidas a escrutinio especial con las originales recibidas, para ver si son parte de aquellas que fueron transmitidas online o parte de aquellas que fueron procesadas una vez llegaron al Centro de Acopio Nacional Electoral, ubicado en las instalaciones del INFOP.
  • La verificación de las 5.174 actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no fueron transmitidas la noche de la elección, realizando un recuento de votos de las actas que presenten inconsistencias.
  • La revisión de la participación en la votación de los departamentos de Lempira, Intibucá y la Paz, tomando el 100% de las Mesas Electorales Receptoras (MERs) de cada uno de los departamentos.
  • El establecimiento de una etapa razonable para la presentación de impugnaciones. Debido a los retrasos en los escrutinios ordinario y especial, se exhorta al Tribunal Supremo Electoral a ser flexible en la recepción de estas impugnaciones y a resolverlas con todas las garantías procesales, de forma individualizada tras un cuidadoso análisis debidamente fundado y motivado.
  • La publicación de los listados de los miembros de las MERs de los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán y Yoro.
  • La verificación de la integridad del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) y de sus componentes.

Si las irregularidades existentes fueran de tal entidad que hicieran imposible que este proceso brinde certeza y seguridad en el recuento, la Misión se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales que considere pertinentes sobre cualquier aspecto del mismo, sin descartar inclusive la posibilidad de recomendar un nuevo llamado a elecciones con garantías de que corrijan todas las debilidades identificadas que dieron lugar a las irregularidades graves que se detectasen.

La Secretaría General de la OEA no dejará solos a los hondureños y reafirma su máxima vocación para contribuir a resolver las diferencias en torno al proceso electoral. Por ello, la MOE se mantiene para continuar su apoyo técnico-político.

Referencia: C-090/17

 

La observación electoral independiente. De Luis Mario Rodríguez

Cuando el encargado de organizar las elecciones no indica los avances de aspectos relevantes como la tecnología que se utilizará para transmitir y procesar los resultados, se genera un ambiente de escepticismo que puede provocar una baja participación el día de las elecciones.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 26 octubre 2017 / EL DIARIO DE HOY

La Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó esta semana un informe que explica “la diferencia entre tener o no observación electoral independiente”. Lo hizo en clara alusión a las recientes elecciones en Venezuela sobre las cuales, previamente, este organismo hemisférico señaló que estuvieron “a todas luces plagadas de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los ciudadanos e impidieron que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaran la voluntad del pueblo venezolano”.

EDH logLa facilidad con la que el ciudadano puede ejercer su derecho al sufragio y la confianza en el árbitro electoral son dos de los elementos fundamentales que distinguen a unos comicios válidos y transparentes de otros que no lo sean. Si al votante se le dificulta encontrar su centro de votación o éste se encuentra alejado de su domicilio, no tiene clara la forma de votar, sus datos no coinciden con los del padrón y no consigue referencias de los candidatos y de las propuestas de los partidos, entonces nos encontramos frente a un sistema que no simplifica el proceso para votar y, por tanto, obstaculiza la posibilidad de la población de exigir cuentas a sus representantes.

Por otra parte, cuando el encargado de organizar las elecciones no indica los avances de aspectos relevantes como la tecnología que se utilizará para transmitir y procesar los resultados, los requisitos para que los ciudadanos pueden integrar las mesas de votación, la capacitación de los responsables de contar los votos, las medidas que se adoptarán con la finalidad de evitar el uso indebido de recursos del Estado para campañas electorales o el método para fiscalizar el dinero que recibirán los partidos políticos, se genera un ambiente de escepticismo que puede provocar una baja participación el día de las elecciones.

Para no ahuyentar a los electores de las urnas debe garantizarse el empleo efectivo de todas las formalidades mencionadas en los párrafos anteriores. También es necesario certificar que los comicios contarán con reglas claras y condiciones equitativas que posibiliten una competencia pareja a los que aspiran al poder. La observación independiente contribuye a alcanzar ese objetivo. La OEA advierte en su análisis acerca de los riesgos que enfrenta una elección cuando no se impulsa este tipo de supervisión por actores ajenos al proceso. Además aclara que hay procedimientos que tienen que ser auditados en paralelo a su ejecución y no en una “fase postelectoral”. Aquellos que sí pueden evaluarse con posterioridad al evento “requieren del acceso a mucha información” y contar con el compromiso de la autoridad de transparentar los procesos y ofrecer toda la documentación a los auditores.

En Venezuela debió vigilarse la convocatoria del proceso y el calendario del mismo; la admisión, rechazo o sustitución de candidaturas; la elaboración del padrón; el acto para escoger la posición de los partidos en la papeleta; la conformación de las mesas de votación; la aprobación y publicación del directorio de centros de votación; la campaña, el acceso a medios y la regulación del financiamiento político; y la totalización, adjudicación y la proclamación de resultados.

En prácticamente todas las etapas se presentaron anomalías “que se hicieron visibles dentro y fuera del país y generaron un clima de desconfianza e incertidumbre respecto a la transparencia y validez de los comicios”.

Otra de las auditorías que la OEA describe como imprescindible es la aplicable a los sistemas informáticos. El uso de tecnología en las elecciones es cada vez más frecuente como reiterado es también el debate sobre la seguridad de estos nuevos métodos. Tanto el voto electrónico como la posibilidad de transmitir y procesar los resultados a través de mecanismos tecnológicos generan en la población el temor que su sufragio sea alterado o se distorsione la voluntad popular. La OEA recomienda el acompañamiento de los partidos políticos y de actores creíbles a los exámenes y revisión que el organismo electoral efectué a los equipos que se utilicen.

En El Salvador debe promoverse la observación de todas las etapas del proceso electoral. Con ello se daría certeza al trabajo del TSE y se suprimiría toda sospecha de trampa. El aval de la OEA animaría al electorado a concurrir masivamente a esta fiesta cívica.

El ejemplo de Venezuela: el fracaso y la impunidad total de la dictadura. De Alberto Arene

Contra semejante ejemplo, Sr. secretario general del FMLN, lucharemos sin tregua ni pausa millones de ciudadanos por la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad de El Salvador.

Alberto Arene, 5 mayo 2017 / LPG

Después del fracaso de la reunión de la CELAC a la que convocó el gobierno salvadoreño a petición del venezolano, el secretario general del FMLN –Medardo González– acompañado de la canciller venezolana –Delcy Rodríguez– afirmó en un acto público “que Venezuela es un ejemplo…

Debemos aprender a ver cómo se lucha, en Venezuela, por mantener el poder para el pueblo trabajador”. Al observar la actuación del gobierno este año, es claro cómo lucha el chavismo por mantener el poder: al margen de la ley y por la fuerza. Y también lo es el ejemplo de Venezuela: el fracaso e impunidad total de la dictadura.

Después de perder contundentemente las elecciones legislativas con la oposición que ganó dos tercios de los diputados en diciembre de 2015, dio inicio la última etapa del ejercicio del poder chavista caracterizada por la eliminación de las últimas formas de legalidad: 1. La Asamblea Nacional saliente eligió, violando procedimientos y requerimientos, a 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional (AN). 2. El primer acto del TSJ fue admitir un recurso para impugnar la elección de 8 diputados de la oposición en la nueva AN, ordenando suspender la proclamación de tres diputados del estado Amazonas que ganó la oposición, robándoles la mayoría calificada. 3. La AN proclama electos a los 3 diputados indígenas de Amazonas, ante lo cual el Tribunal Supremo Electoral les advierte que de mantenerlos entrarían en desacato. La AN decide desincorporarlos. 4. El gobierno impidió la convocatoria al referéndum revocatorio solicitada por la oposición después de que esta logró las firmas correspondientes. Cinco tribunales estadales aceptaron recursos de impugnación de las firmas, presentadas por el oficialismo. 5. El gobierno ignoró las obligaciones frente a la AN y las 23 leyes que emitió. 6 El TSJ declaró ilegales las 23 leyes emitidas por la AN. 7. La AN reincorporó a los 3 diputados suspendidos por la cual el TSJ la declara en desacato invalidando las decisiones del parlamento. 8. El TSJ emitió dos sentencias eliminando la inmunidad parlamentaria y asumiendo las funciones de la AN. 9. La fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, históricamente alineada con el chavismo, afirmó que dichas sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional. 10. Maduro convoca a reunión de los diferentes poderes para superar el impase. Horas después el TSJ revoca las sentencias “devolviéndole los poderes” a la AN. 11. La oposición declara que la sentencia constituye un golpe de Estado llamando a protestar en la calle, exigiendo la destitución de los magistrados del TSJ así como la realización de elecciones. 12. El presidente Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria para redactar una nueva constitución, derogando la que fue liderada y promulgada por el presidente Chávez.

Mientras el régimen eliminaba las últimas formas de legalidad, aumentó correlativamente la protesta nacional y el aislamiento del régimen en el sistema interamericano y en el mundo, incrementando la represión. Los muertos durante las protestas suman ya 31 personas, los heridos más de 400 y los detenidos más de 1,500. Al mismo tiempo, la escasez de alimentos, medicinas y servicios públicos diversos se agudiza, acompañada de una inflación galopante que afecta particularmente a los pobres. Todos los logros de los primeros años de la llamada revolución se han esfumado y muchos indicadores sociales se han deteriorado respecto al año en que Chávez asumió el poder.

Al observar la actuación del gobierno este año, es claro cómo lucha el chavismo por mantener el poder: al margen de la ley y por la fuerza. Y también lo es el ejemplo de Venezuela después de 18 años de chavismo controlando todos los poderes. El fracaso total de este proyecto es acompañado ahora de la impunidad total de la dictadura. Contra semejante ejemplo, Sr. secretario general del FMLN, lucharemos sin tregua ni pausa millones de ciudadanos por la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad de El Salvador.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA de la OEA

A raíz de los acontecimientos en Venezuela, todo el mundo habla de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos OEA. Aplicarla o no en el caso de Venezuela ha sido sujeto de debates en el Consejo Permanente de la OEA, y cada gobierno de los estados miembros ha tenido que fijar su posición, interpretando de su manera la Carta Democrática, para argumentar y votar en favor o en contra de la solicitud del Secretario General Luis Almagro de aplicar las reglas y sanciones de la Carta a Venezuela. Reproducimos el texto completo de la Carta Democrática, para que los lectores pueden entender este debate y valorar las posiciones de su respectivo gobierno.

Segunda Vuelta

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida,

RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II La democracia y los derechos humanos

Artículo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11

La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.

Artículo 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22

Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23

Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.

Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24

Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.

Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.

Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25

Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI Promoción de la cultura democrática

Artículo 26

La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27

Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28

Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

La única salida de Venezuela. Editorial El País

Maduro debe liberar inmediatamente a los presos políticos y convocar elecciones presidenciales con observación internacional.

Protesta en Caracas contra el gobierno de Maduro. FEDERICO PARRA AFP

Editorial, 5 abril 2017 / EL PAIS

Liberación inmediata de todos los presos políticos y celebración de elecciones presidenciales bajo observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta es la única salida viable que le queda al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para enmendar la doble violación de las normas constitucionales que ha protagonizado en la última semana y que es fruto directo de la forma autoritaria que el chavismo tiene de concebir el poder.

La primera fue cuando el pasado 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que él controla, anunció que asumía todas las competencias de la Asamblea Nacional, democráticamente elegida y con mayoría de la oposición. Es decir, Maduro anulaba el poder legislativo. La segunda, cuando unas horas después y ante el clamor tanto interior como exterior que denunciaba un golpe de Estado incruento, Maduro “exhortaba” al tribunal a dar marcha atrás en su decisión, cosa que, naturalmente, este hizo. Es decir, desde la presidencia se forzaba al poder judicial a cambiar una resolución que apenas momentos antes el mismo Maduro consideraba plenamente ajustada a derecho y justificada. Contradicción en estado puro que prueba lo que queda de la separación de poderes y el Estado de derecho en Venezuela y la impunidad con la que se maneja el régimen.

Hay que resaltar que no ha habido vuelta atrás alguna. La Asamblea Nacional ha sido privada de sus funciones por el chavismo desde mucho antes de que el Tribunal Supremo anunciara la apropiación de sus funciones. Desde el 11 de enero del pasado año la presidencia y el poder judicial, es decir, el oficialismo chavista, considera nulas sus actuaciones. La revocada sentencia del Tribunal Supremo no era más que el último clavo en el ataúd del sistema democrático de separación de poderes.

Maduro no se esperaba encontrar una respuesta tan contundente especialmente desde el ámbito internacional y aún menos desde un foro multilateral como es la OEA, que tiene poder para ejecutar medidas directas contra el régimen. Pero no se trata de castigar a los venezolanos, que ya sufren una penuria sin parangón en la historia del país, sino de permitirles expresar libremente su opinión sobre el futuro de su país. Y esto pasa indefectiblemente por celebrar unas elecciones en libertad, con garantías y sin coacciones.

Insensato letargo. De Federico Hernández Aguilar

Luis Almagro ha entendido que su organización no está para ver desde una torre cómo el desgobierno de Maduro se precipita en el abismo llevándose consigo a su propio pueblo.

Federico Hernández Aguilar, 5 abril 2017 / EDH

Quienes defendemos la democracia en columnas de opinión hace rato nos quedamos sin calificativos para describir la situación de Venezuela. Ni siquiera las metáforas más creativas consiguen ya abarcar, en su colorido extremismo, lo que han significado 18 años de chavismo en la patria natal de Bolívar. Solo queda volver a las palabras cajoneras del léxico periodístico, aquellas que usualmente se usan para hablar de una calamidad pública o un conflicto sanguinario: catástrofe, desastre, caos, penuria, miseria… El diccionario no suele hacer favores cuando la realidad sobrepasa a la ficción.

Todo, eso sí, fue advertido. Con puntualidad se hicieron los avisos que debían hacerse. Desde que Hugo Chávez era candidato, prometiendo el paraíso a una ciudadanía descreída del partidismo tradicional, hasta las bufonadas de Nicolás Maduro, el “ungido” del comandante, no hubo demócrata auténtico en el mundo que dejara de señalar el rumbo que llevaba aquel experimento de socialismo locuaz y camorrista.

El planeta, sin embargo, siguió girando como si nada. Los pocos estados y funcionarios internacionales que se atrevieron a hacer prevenciones fueron ahogados por el clamoroso silencio cómplice del resto de naciones y organismos de cooperación, sea porque muchos le debían favores “extracurriculares” al chavismo, sea porque los efectos de la propaganda convencieron de las bondades del ensayo a demasiados egos influyentes, o por esa cíclica globalización de la cobardía que suele echar raíces allí donde el patio todavía es verde… aunque el de los vecinos esté empezando a agrietarse.

Hoy, por supuesto, la ola viene de regreso. La insulsa OEA de Insulza dejó de existir en 2015, dando paso a una agenda hemisférica diáfana y valiente, en la que términos como “democracia”, “control de poderes” y “Estado de derecho” han recuperado sus viejos significados. Luis Almagro ha entendido que su organización no está para ver desde una torre cómo el desgobierno de Maduro se precipita en el abismo llevándose consigo a su propio pueblo. La “Carta Democrática Interamericana” por fin está sirviendo para lo que fue redactada.

Pero cuando en el futuro se hable de los esfuerzos que se hicieron para impedir la profundización de la tragedia venezolana, también tendrá que recordarse a los gobiernos en quienes esa misión histórica no encontró apoyos sino obstáculos. Y para vergüenza nuestra, la administración que encabeza el profesor Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño, figurará entre esos liderazgos pusilánimes, sordos y anacrónicos. El insostenible argumento de la “soberanía” de Venezuela en sus “asuntos internos”, verbalizado ahora por quienes no hace mucho fueron a pedir la intervención de la Corte Centroamericana de Justicia en un conflicto de poderes local, viene a ser la última contradicción con que nuestro gobierno pagará su aberrante cuota de fidelidad ideológica. Y lástima, claro, por el buen nombre de El Salvador en el mundo.

Lo más preocupante, sin embargo, del voto del país en la OEA no es tanto lo que revela sobre la gente que tenemos en el poder, sino la absoluta confirmación de lo que les encantaría hacer aquí. Borrar la independencia del poder judicial es una de las ambiciones claramente expresadas por el FMLN, tanto en sus documentos como en las declaraciones públicas de sus dirigentes. Si ha sido capaz de actuar como comparsa, ante el foro de la OEA, del alevoso asalto que el Tribunal Supremo de Justicia, rehén del chavismo, quiso materializar a la Asamblea Nacional venezolana, ¿qué razones tenemos para creer que el oficialismo en El Salvador actuará diferente llegado el momento?

Las advertencias, por numerosas y claras que en su día fueron, lamentablemente ya no tienen ninguna utilidad para los venezolanos, que ahora luchan a diario por salir del infierno. Pero, ¿y nosotros, salvadoreños? ¿Cuántos avisos más necesitamos, por el amor de Dios, para caer en la cuenta del tipo de autoritarismo que nos espera si no despertamos de nuestro insensato letargo?

Pena propia. De Cristina López

Aplaudimos el liderazgo del Secretario Almagro y reconocemos la triste paradoja de que los gobernantes de El Salvador, un país al que el autoritarismo y la opresión hicieron tanto daño, brinden apoyo institucional a autoritarios y opresores.

Cristina López, 3 abril 2017 / EDH

Las desgracias autoinflingidas de otros normalmente causan pena ajena. Me refiero a esos papelones públicos, que levantan murmullos y burlas susurradas. Pero, ¿qué hay del papelón con el que se están luciendo nuestros gobernantes ante la comunidad internacional en su obcecado apoyo al régimen dictatorial venezolano, en una mal entendida lealtad ideológica?

Ese papelón es de pena propia. Porque, ¿con qué cara, como salvadoreños, podemos ver a nuestros hermanos venezolanos, muchos en el exilio huyendo del hambre, la criminalidad, la persecución política y la corrupción voraz que han ido devorando la sociedad?

Con toda la pena propia, nuestros gobernantes nos han obligado a aquellos de nosotros que tenemos la honestidad intelectual de llamar a las cosas por su nombre con independencia de quien las causa (dictadura es dictadura, así el ataúd de la democracia esté arropado con banderas de derecha o de izquierda) a que tengamos que explicarle a los venezolanos que nuestros gobernantes no nos representan. Que ese voto patético en la OEA, ese voto que se opone a la democracia y a la empatía por los derechos humanos, no es nuestro voto.

Que las palabras de ese comunicado absurdo, que apoya el lado de los opresores e ignora el clamor de los oprimidos, no son nuestras palabras. Explicarles que son palabras que significan poco o nada, porque sus autores, a pesar de la ironía de hacer alusión al respeto a las sentencias judiciales, son los primeros en oponerse a los órganos judiciales autónomos en las ocasiones en que se han activado en función de limitarles el poder.

Que a los salvadoreños que seguimos creyendo en el derecho humano de cada persona a escoger libremente su destino, nos duele ver el atropello del que están siendo víctimas los venezolanos. Que a una voz, con ellos condenamos el golpe autoritario con el que Maduro, con la falta de vergüenza propia de las dictaduras, está eliminando los límites de su poder. Que con ellos sufrimos cada día que pasa sin que los presos políticos puedan reunirse de nuevo con sus familias, al negárseles, además de su libertad, el derecho a un debido proceso. Que con ellos nos asqueamos y condolemos de la pobreza en la que la ineptitud absoluta de sus gobernantes han impuesto al pueblo venezolano. Que como ellos, no nos creemos para nada que la intención del socialismo del siglo 21 sea repartir más bienestar para más personas. Desde el principio interpretamos correctamente que el propósito siempre fue garantizar el modus vivendi de la argolla oligarca que ha convertido las instituciones democráticas en su finca, ignorando la dignidad humana de aquellos a quienes se han llevado de encuentro.

Que quienes hemos leído la Carta Democrática de la OEA y que entendemos que solo es operativa si se aplica para la protección del sistema que garantiza más libertades para más personas y no para la protección de dictadores, aplaudimos el liderazgo del Secretario Almagro y reconocemos la triste paradoja de que los gobernantes de El Salvador, un país al que el autoritarismo y la opresión hicieron tanto daño, brinden apoyo institucional a autoritarios y opresores. Los salvadoreños que creemos en la libertad, estamos con los venezolanos que sufren, y con pena propia, les pedimos disculpas por el papelón que han hecho nuestros gobernantes.

@crislopezg