El Presidente y la democracia. De Luis Mario Rodríguez

7 junio 2018 / El Diario de Hoy

El empeño del Gobierno por respaldar a los regímenes de Venezuela y Nicaragua ensombrece por completo el compromiso del presidente Sánchez Cerén con la democracia. Lo hace cómplice de quienes tuercen el Estado de derecho, reprimen a sus opositores, impiden la celebración de comicios libres, transparentes y justos, violentan la independencia de las instituciones y concentran el poder político. Al avalar semejantes atropellos a los fundamentos de todo sistema democrático, el gobernante salvadoreño y su partido aplauden como normales las conductas de Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Significa una aceptación expresa de los métodos y actuaciones que han servido durante años para manipular la política y particularmente las elecciones transformándolas en instrumentos que les permiten perpetuarse en el poder.

La posición del profesor Sánchez Cerén reconociendo la legitimidad de su colega venezolano contradice el rechazo a la reelección de Maduro expresado, entre otros, por el “grupo de Lima”, integrado por 14 naciones, por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en el que participan 37 exjefes de Estado y de Gobierno, y por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que recién aprobó una resolución, con el concurso de 19 Estados parte, en la que desconocen los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela. Con su postura el Ejecutivo ubica a El Salvador en el grupo de países que secundan a las tiranías y amparan prácticas autoritarias.

La resolución de la OEA sobre la situación venezolana acordada durante la Asamblea General celebrada esta semana no contó con el voto de El Salvador. De nuevo nuestras autoridades prefirieron abstenerse y con ello dieron la espalda a los postulados de la Carta Democrática Interamericana. Es una muy mala noticia que el país se sume a quienes ignoran el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos que padecen ahora mismo la represión gubernamental. Lamentablemente la cancillería salvadoreña no ha suscrito ni una tan sola declaración de la OEA en la que se condena el proceder totalitario de Maduro. Cualquier elogio al presidente Sánchez Cerén por su respeto a la Constitución y por abstenerse de impulsar cambios a la forma de gobierno durante el tiempo que lleva como inquilino de casa presidencial, se desvanece al confirmar su predilección por sistemas en los que se calla la voz de los opositores, se les encarcela y además se les restringen todas sus libertades.

Las posturas respecto de Nicaragua siguen el mismo patrón que las efectuadas sobre Venezuela. El Gobierno se ha limitado a publicar un comunicado en el que felicita a los distintos actores por la instalación de una “mesa de diálogo”. En ese mensaje se ignoraron por completo las decenas de manifestantes asesinados por parte de las fuerzas de seguridad, las desapariciones y los reclamos de diferentes sectores.

El prestigioso periodista nicaragüense, Carlos Fernando Chamorro, en una síntesis muy apretada, presenta una radiografía de la represión orteguista: “primero, el exceso de violencia policial, segundo, los ataques de las bandas paramilitares, tercero, aparecen los francotiradores, cuarto, crean el caos y el terror, quinto, criminalizan la protesta cívica con acusaciones y represalias”. Nada de eso impresiona a quienes lideran la política exterior salvadoreña. No existe ni el menor asomo de solidaridad con las “madres de abril”, ni con los estudiantes que libran una batalla desigual con el oficialismo, ni lo hubo en el pasado ante las denuncias internacionales de fraudes electorales y de cooptación de las instituciones públicas. Por el contrario el abrazo fraternal y amistoso, sin reparo alguno por parte del presidente Sánchez Cerén, que recuerda la camaradería del FMLN con su par en Nicaragua, ha sido dirigido hacia los Ortega y Murillo.

Este comportamiento siembra la duda acerca del interés del partido oficial en elegir magistrados independientes para la Corte Suprema de Justicia, un Fiscal que continúe con el combate a la corrupción y un Tribunal Supremo Electoral que custodie celosamente el derecho de los ciudadanos a designar a sus representantes. El candidato presidencial del Frente debe sentar posturas claras al respecto, alejarse expresa y públicamente de las apuestas despóticas de los líderes actuales de su organización partidaria y esforzarse por conducir a esta última hacia posiciones moderadas, que respeten el sistema republicano, democrático y representativo.

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