Carta Democrática

El Presidente y la democracia. De Luis Mario Rodríguez

7 junio 2018 / El Diario de Hoy

El empeño del Gobierno por respaldar a los regímenes de Venezuela y Nicaragua ensombrece por completo el compromiso del presidente Sánchez Cerén con la democracia. Lo hace cómplice de quienes tuercen el Estado de derecho, reprimen a sus opositores, impiden la celebración de comicios libres, transparentes y justos, violentan la independencia de las instituciones y concentran el poder político. Al avalar semejantes atropellos a los fundamentos de todo sistema democrático, el gobernante salvadoreño y su partido aplauden como normales las conductas de Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Significa una aceptación expresa de los métodos y actuaciones que han servido durante años para manipular la política y particularmente las elecciones transformándolas en instrumentos que les permiten perpetuarse en el poder.

La posición del profesor Sánchez Cerén reconociendo la legitimidad de su colega venezolano contradice el rechazo a la reelección de Maduro expresado, entre otros, por el “grupo de Lima”, integrado por 14 naciones, por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en el que participan 37 exjefes de Estado y de Gobierno, y por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que recién aprobó una resolución, con el concurso de 19 Estados parte, en la que desconocen los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela. Con su postura el Ejecutivo ubica a El Salvador en el grupo de países que secundan a las tiranías y amparan prácticas autoritarias.

La resolución de la OEA sobre la situación venezolana acordada durante la Asamblea General celebrada esta semana no contó con el voto de El Salvador. De nuevo nuestras autoridades prefirieron abstenerse y con ello dieron la espalda a los postulados de la Carta Democrática Interamericana. Es una muy mala noticia que el país se sume a quienes ignoran el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos que padecen ahora mismo la represión gubernamental. Lamentablemente la cancillería salvadoreña no ha suscrito ni una tan sola declaración de la OEA en la que se condena el proceder totalitario de Maduro. Cualquier elogio al presidente Sánchez Cerén por su respeto a la Constitución y por abstenerse de impulsar cambios a la forma de gobierno durante el tiempo que lleva como inquilino de casa presidencial, se desvanece al confirmar su predilección por sistemas en los que se calla la voz de los opositores, se les encarcela y además se les restringen todas sus libertades.

Las posturas respecto de Nicaragua siguen el mismo patrón que las efectuadas sobre Venezuela. El Gobierno se ha limitado a publicar un comunicado en el que felicita a los distintos actores por la instalación de una “mesa de diálogo”. En ese mensaje se ignoraron por completo las decenas de manifestantes asesinados por parte de las fuerzas de seguridad, las desapariciones y los reclamos de diferentes sectores.

El prestigioso periodista nicaragüense, Carlos Fernando Chamorro, en una síntesis muy apretada, presenta una radiografía de la represión orteguista: “primero, el exceso de violencia policial, segundo, los ataques de las bandas paramilitares, tercero, aparecen los francotiradores, cuarto, crean el caos y el terror, quinto, criminalizan la protesta cívica con acusaciones y represalias”. Nada de eso impresiona a quienes lideran la política exterior salvadoreña. No existe ni el menor asomo de solidaridad con las “madres de abril”, ni con los estudiantes que libran una batalla desigual con el oficialismo, ni lo hubo en el pasado ante las denuncias internacionales de fraudes electorales y de cooptación de las instituciones públicas. Por el contrario el abrazo fraternal y amistoso, sin reparo alguno por parte del presidente Sánchez Cerén, que recuerda la camaradería del FMLN con su par en Nicaragua, ha sido dirigido hacia los Ortega y Murillo.

Este comportamiento siembra la duda acerca del interés del partido oficial en elegir magistrados independientes para la Corte Suprema de Justicia, un Fiscal que continúe con el combate a la corrupción y un Tribunal Supremo Electoral que custodie celosamente el derecho de los ciudadanos a designar a sus representantes. El candidato presidencial del Frente debe sentar posturas claras al respecto, alejarse expresa y públicamente de las apuestas despóticas de los líderes actuales de su organización partidaria y esforzarse por conducir a esta última hacia posiciones moderadas, que respeten el sistema republicano, democrático y representativo.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA de la OEA

A raíz de los acontecimientos en Venezuela, todo el mundo habla de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos OEA. Aplicarla o no en el caso de Venezuela ha sido sujeto de debates en el Consejo Permanente de la OEA, y cada gobierno de los estados miembros ha tenido que fijar su posición, interpretando de su manera la Carta Democrática, para argumentar y votar en favor o en contra de la solicitud del Secretario General Luis Almagro de aplicar las reglas y sanciones de la Carta a Venezuela. Reproducimos el texto completo de la Carta Democrática, para que los lectores pueden entender este debate y valorar las posiciones de su respectivo gobierno.

Segunda Vuelta

LA ASAMBLEA GENERAL, 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención;

RECONOCIENDO los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y consolidación de la democracia en las Américas;

RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas;

TENIENDO EN CUENTA que las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Quebec;

REAFIRMANDO que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que la solidaridad y la cooperación de los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa y que el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia y la equidad y la democracia son interdependientes y se refuerzan mutuamente;

REAFIRMANDO que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es esencial para la promoción y consolidación de la democracia y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados americanos;

TENIENDO PRESENTE que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia;

REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia;

CONSIDERANDO que la educación es un medio eficaz para fomentar la conciencia de los ciudadanos con respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr una participación significativa en el proceso de toma de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema democrático y sólido;

RECONOCIENDO que un medio ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política;

TENIENDO PRESENTE que el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático representativo de gobierno;

RECONOCIENDO que el derecho de los trabajadores de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses es fundamental para la plena realización de los ideales democráticos;

TENIENDO EN CUENTA que, en el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, los Ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención; y que la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del Continente de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia;

RECORDANDO que, en la Declaración de Nassau (AG/DEC. 1 (XXII-O/92)), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91);

TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo (AG/DEC. 4 (XXIII-O/93)), los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el Hemisferio;

CONSIDERANDO que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno;

TENIENDO PRESENTE que los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA, para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad de Lima, Perú;

RECONOCIENDO que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de la OEA representan el fundamento de los principios democráticos del Hemisferio; y

TENIENDO EN CUENTA el desarrollo progresivo del derecho internacional y la conveniencia de precisar las disposiciones contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos e instrumentos básicos concordantes relativas a la preservación y defensa de las instituciones democráticas, conforme a la práctica establecida,

RESUELVE:

Aprobar la siguiente

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5

El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6

La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II La democracia y los derechos humanos

Artículo 7

La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8

Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9

La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10

La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11

La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12

La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13

La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14

Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.

Artículo 15

El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16

La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17

Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18

Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19

Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20

En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.

El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.

Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22

Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23

Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.

Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24

Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.

Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.

Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25

Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.

La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI Promoción de la cultura democrática

Artículo 26

La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27

Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28

Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

Carta al canciller: Decidieron hundirse con el chavismo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 1 abril 2017 / EDH y MAS

Estimado Hugo Martínez:
Hablemos de Venezuela. Pensaba escribir estas líneas al presidente Sánchez Cerén, pero no tiene sentido. No me va a entender. Este hombre realmente cree que Hugo Chávez fue la encarnación de Simón Bolívar; que Nicolás Maduro preside sobre una democracia popular; y que la oposición venezolana, aunque represente a 70% del pueblo venezolano, es una banda de vende patrias. Te escribo a vos, porque vos sí sabés que el chavismo es una farsa; que sus cárceles están llenas de presos políticos; que en Venezuela hay un régimen militar metido en narcotráfico – y que además está al punto de caer…

Como canciller sos responsable por el apoyo que a nombre de nuestro país recibe este régimen en los debates de la OEA, donde 20 países (que representan 90% de la población del continente americano) exigen sanciones contra el gobierno venezolano. Sos responsable del patético espectáculo de un embajador salvadoreño negando las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y las libertades en Venezuela.

Esta actitud la puedo entender de Medardo, de Nidia o del presidente, que son de los últimos creyentes en la Santa Trinidad de buen vivir, antiimperialismo y dictadura del proletariado. Entiendo también la actitud de Ramiro o Sigfrido, para quienes todo esto (Venezuela, la conexión narco y ALBA) simplemente es un asunto de negocio. Pero no puedo perdonar a quienes defienden estas mentiras por cobardía – o para mantener la esperanza en una candidatura presidencial que de todos modos nunca te la van a dar.

Los políticos que creen en principios que uno no comparte pueden darnos cólera, pero los podemos aceptar. Pero los que nunca defienden un principio dan asco.

Dos días después del debate en la OEA, en el cual ustedes trataron de vetar la aplicación de la Carta Democrática diseñada para el caso que un país miembro rompa el orden constitucional, en Venezuela se consumó un golpe de Estado: la Corte Suprema, controlada por el chavismo, suspendió la Asamblea Nacional, donde hay una clara mayoría opositora. Queda liquidado el único órgano del Estado no controlado por el gobierno. Rompieron definitivamente el hilo constitucional.

¿Cuál será la reacción de tu cancillería? ¿Seguir defendiendo a un régimen ya convertido en dictadura? Ya sabemos cuáles serán las órdenes que te mandan el Politburó y Casa Presidencial: ¡Solidaridad con Nicolás Maduro hasta cuando su propio pueblo lo eche preso!

¿Cuál será tu reacción, Hugo? También podrías renunciar y mostrar que estoy equivocado en cuanto a tu carácter. Pero no. Seguís recetando a los venezolanos el diálogo. Pero Venezuela ya está más allá de los diálogos. La suspensión del parlamento es la negación final del diálogo. Es hora de sanciones.

Con todo tu discurso de una “política exterior no ideologizada”,
te estás hundiendo con el chavismo. Saludos,

La crisis de Venezuela y la urgente rectificación del gobierno salvadoreño. De Alberto Arene

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio internacional para sostener semejante posición. Más le vale rectificar pronto, o pagará las consecuencias.

Alberto Arene, 30 marzo 2017 / LPG

Después de 18 años de implantación de la llamada “revolución bolivariana” liderada por Hugo Chávez, el proyecto chavista ha entrado en su fase terminal, combinándose la crisis económica-financiera, social, humanitaria, política y ética, enfrentando un creciente repudio y aislamiento internacional. El martes pasado el Consejo de la OEA se reunió para discutir el Informe de su secretario general, Luis Almagro, confirmándose el deterioro acelerado de la situación nacional y la ruptura del Estado de Derecho, llamando a enfrentar la crisis humanitaria, a liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones libres y democráticas a la mayor brevedad posible.

El representante salvadoreño en la OEA, Carlos Calles, por instrucciones del canciller Hugo Martínez, se negó a discutir la crisis de Venezuela, luego dijo que “El Salvador no acompaña el informe presentado por el secretario general”, y finalmente no formó parte de la declaración de los gobiernos de 20 países que acordaron concretar una “hoja de ruta para apoyar el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho”. Luego, Casa Presidencial hizo un llamado a los países miembros a “acompañar al pueblo venezolano para que, por los mecanismos legítimos” y con la mediación de “la Santa Sede, pueda pronto llegarse a acuerdos que den estabilidad a esta nación hermana”.

En sus primeros 17 años en el poder, fue el chavismo que se negó sistemáticamente al diálogo. Cuando finalmente lo aceptó mediado por sus aliados del Mercosur, fue para mejorar su deteriorada imagen internacional, y ganar tiempo. A mediados de 2016, cuando se agudizaba la presión nacional e internacional, aceptó la mediación del Vaticano para saltarse el plazo límite para convocar al referéndum revocatorio, lográndolo, desgastando el diálogo y los buenos oficios de la Santa Sede.

Mientras el espacio político-diplomático y económico-financiero se le estrecha aún más al gobierno, y se profundiza la crisis humanitaria, la tragedia y la protesta del pueblo venezolano, ¿quién puede oponerse a un diálogo que conduzca a una negociación de verdad, con reglas claras y resultados precisos en tiempos delimitados, mediados por el Vaticano con el seguimiento y apoyo de gobiernos democráticos de Latinoamérica?

Ahora es imperativo profundizar –sin tregua ni pausa– la presión nacional e internacional para que la diplomacia vaticana e interamericana logre acuerdos para enfrentar la crisis humanitaria, liberar a los presos políticos y a retornar a la democracia y al Estado de Derecho, organizando elecciones democráticas a la mayor brevedad posible.

Durante los ocho años de Bush y los ocho años de Obama, el gobierno de Estados Unidos tuvo una política de “tímido involucramiento” sin resultado alguno. Este “imperio benévolo” no lo conocimos los centroamericanos, donde se involucró totalmente en la guerra y las negociaciones de paz. Con el gobierno Trump y el control republicano del Congreso dominado por radicales, en un contexto de agravamiento de la situación y de una favorable correlación de fuerzas en el espacio interamericano, observaremos una diplomacia diferente, una que comenzará penalizando quitando zanahorias antes de sacar los garrotes… Una primera y pequeña muestra llegó esta semana del ex candidato presidencial y senador Republicano Marcos Rubio que le advirtió a El Salvador, República Dominicana y Haití que si no defienden la democracia, será difícil defender la ayuda que recibe de Estados Unidos: “Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda al extranjero, y para nosotros será bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región”.

De ahora en adelante se ocuparán de estos países y de las pequeñas islas del Caribe. Después de haberse inmiscuido en la política interna y literalmente comprado la política exterior de más de una docena de países en América Latina y el Caribe, la acusación del Gobierno de Venezuela y sus aliados de respeto a la soberanía tiene poca consistencia y legitimidad. Aún menos si se trata, por la vía de la negociación, de salvar a Venezuela de una crisis sanitaria y de una hambruna generalizada, de liberar a más de un centenar de presos políticos, de restablecer la democracia y el Estado de Derecho con elecciones libres y transparentes, y de evitar la violencia generalizada y la guerra civil.

La narrativa chavista de estos 18 años ha diseminado la creencia que la oposición a su gobierno es el resultado de golpistas apoyados por el imperialismo yanki. No obstante, la oposición venezolana ha participado en todas las elecciones y ha buscado la vía electoral, pacífica y constitucional para llegar al poder. Como sucedió en Guatemala, El Salvador y Nicaragua donde históricamente se violaron derechos humanos, se robaron elecciones, y se atentó contra la democracia y el Estado de Derecho, la lucha armada y la guerra civil finalmente llegaron medio siglo después con su paso de destrucción, muerte y dolor que todavía padecemos.

El gobierno del FMLN se quedó sin argumentos, legitimidad y espacio nacional e internacional para sostener semejante posición. Más les vale rectificar pronto, o pagarán las consecuencias.

El nuevo “informe Almagro”… De Luis Mario Rodríguez

El nuevo “informe Almagro” intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.

Luis Mario Rodríguez, 16 marzo 2017 / EDH

En su segundo informe sobre la crisis que vive Venezuela, el Secretario General de la OEA dijo que en ese país se violan “todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana” y que “la Constitución ha dejado de tener sentido”. Almagro no titubeó al señalar que “el Estado de derecho no está vigente”. Las acusaciones son claras, sin rodeos ni sutilezas. Al referirse a los ciudadanos, el secretario advierte que “si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, nos los presenta a un juez ni instruye acusación fiscal”.

Respecto del diálogo impulsado por diferentes entidades, incluyendo organismos internacionales y Estados como el Vaticano, sentencia que  “ha fracasado” y que únicamente ha servido como “cortina de humo para perpetuar y legitimar el poder autoritario”. Dice que “el diálogo no es tal, porque no es recíproco, ni ha ofrecido garantías, ni ha cumplido ninguna de sus premisas”. El alto funcionario de la OEA admite que seguir esperando soluciones de ese proceso, que lo único que ha hecho es “agravar la situación del país y legitimar la continuidad del deterioro de sus instituciones”, los hace cómplices por omisión. Su inacción en esta situación “es sinónimo de omisión en proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela”.

Luis Almagro nos recuerda, en este segundo documento histórico, que “la protección de la democracia no debe limitarse a las palabras, requiere actuar”. Por eso los que promovieron el diálogo en Venezuela, como mecanismo para solucionar la precaria situación en la que se encuentran sus habitantes, ahora señalan que esta herramienta debe ir “acompañada de acciones”. En ese sentido la Santa Sede, según el informe que se comenta, urgió la activación de cuatro cuestiones: aliviar la crisis humanitaria, el establecimiento de un calendario electoral, la restitución del rol de la Asamblea Nacional previsto en la Constitución y la liberación de los arrestados, en referencia a los presos políticos.

El Secretario General enumera una serie de recomendaciones orientadas a normalizar el funcionamiento del sistema democrático. Pide el referéndum revocatorio, solicita la liberación de todas las personas recluidas por razones políticas, llama al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a resolver, de manera conjunta, la vulneración de los derechos básicos de la población, exige a esas instancias brindar estándares suficientes de seguridad, reclama el respeto al equilibrio de poderes del Estado, requiere una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia, exhorta al combate a la corrupción a través de un sistema como el de la CICIG en Guatemala y demanda la incorporación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos a la comisión de la verdad.

El gobierno eliminó la posibilidad de celebrar el referéndum revocatorio. Retrasó plazos, adicionó requisitos no exigidos en la ley e hizo colapsar la infraestructura electoral. Además impidió la elección de 23 gobernadores y de los 236 miembros de las asambleas legislativas estatales que debieron renovarse el 16 de diciembre de 2016, al cumplirse su mandato constitucional de cuatro años. Por otra parte, Maduro mantiene en la cárcel a sus adversarios políticos por sus ideas, criminaliza las protestas, no les permite a los detenidos tener acceso a su familia ni asesoramiento jurídico, existen “detenciones secretas”, las condiciones carcelarias son inadecuadas y aplica, según el informe, el “efecto puerta giratoria”, es decir que “mientras libera a algunos presos políticos, encarcela a un número similar”.

En Venezuela, de acuerdo al documento del Secretario Almagro del pasado 14 de marzo,  hay crisis económica, falta de seguridad personal, estancamiento en la reducción de la pobreza, escasez de alimentos y medicinas, aumento de la mortalidad infantil y tráfico de drogas.

Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, The Global Competitiveness del Foro Económico Mundial, el World Justice Project y el Democracy Index de la Revista The Economist, entre otros, confirman el secuestro de la institucionalidad en Venezuela. Así lo dictamina el nuevo “informe Almagro” y de esta manera intenta reforzar el blindaje democrático para el continente que inició en mayo de 2016 con su primer informe en contra de nuevos experimentos populistas y autoritarios.

Las 8 recomendaciones de Luis Almagro para solventar la crisis política en Venezuela

Éstas-son-las-8-recomendaciones-de-Luis-Almagro-para-solventar-la-crisis-política-en-Venezuela

31 mayo 2016 / PRODAVINCI

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, solicitó una reunión “urgente” del Consejo Permanente de la organización para discutir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. En el apartado final del documento de 131 páginas, el ex canciller uruguayo realizó 8 recomendaciones a Venezuela, en virtud de que su función como Secretario General es velar por el cumplimiento de las normas interamericanas y “ser guardián de los principios rectores del sistema entre los cuales figuran el respeto a los derechos humano, la promoción y fortalecimiento de la democracia, y las relaciones de cooperación entre sus miembros”.

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Tras realizar un análisis de la situación venezolana, Almagro concluye que “estamos ante alteraciones graves al orden democrático” y hace énfasis en que “nos expresamos también de manera clara contra cualquier posible golpe de Estado en Venezuela contra un gobierno legítimo o una intervención armada como las que ha denunciado la Canciller”. Luego de eso, se permitió realizar 8 recomendaciones que “procuran contribuir a una solución que, como dicho desde el primer momento, debe ser venezolana y entre venezolanos” y “devolver la normalidad” a algunas irregularidades expuestas durante el texto argumentativo. Para leer el comunicado íntegro haga click acá y si desea leer una versión resumida de los argumentos utilizados para la invocación de la Carta Democrática, haga click acá.

1. Referéndum Revocatorio. “Solicitamos la cabal aceptación e internalización por parte de gobierno, oposición, actores políticos y sociales así como de la comunidad internacional respecto a la realización en el año 2016 del referéndum revocatorio, de cuya realización depende la democracia en Venezuela.”

Sobre este mecanismo opinó que “es la solución política de Venezuela dado que, cuando el sistema político de un país está polarizado en extremo la única solución puede surgir de la decisión del soberano”. Agrega que “ningún procedimiento administrativo puede ser obstáculo a la decisión de la gente” y considera que el revocatorio pertenece al pueblo de Venezuela y  no al gobierno o la oposición.

2. “Solicitamos la liberación de todas las personas aún detenidas por razones políticas, conforme señalado en el presente informe.”

3. “Llamamos al Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y al Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela a resolver conjuntamente, conforme a sus competencias, de manera inmediata la situación de vulneración de los derechos básicos de la población como acceso a alimentos y servicios de salud.”

4. “Exhortamos al Poder Ejecutivo y Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela a trabajar conjuntamente a fin de dar cumplimiento a la obligación del Estado de brindar estándares suficientes de seguridad a sus ciudadanos.

5. “Exhortamos al Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela a eliminar toda forma de incumplimiento de los preceptos constitucionales y políticos respecto al equilibrio de poderes del Estado. Es ese sentido se solicita se detenga inmediatamente el ejercicio del bloqueo permanente del Poder Ejecutivo respecto de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, así como asegurar la vigencia de las leyes que han sido aprobadas hasta ahora”.

6. “Solicitamos una nueva integración del TSJ para la cual deberán trabajar conjuntamente el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conforme a sus competencias dado que la actual integración está completamente viciada tanto en el procedimiento de designación como por la parcialidad política de prácticamente todos sus integrantes”

7. “Exhortamos la creación de un mecanismo independiente de combate a la corrupción integrado por expertos internacionales independientes apoyados en el sistema de Naciones Unidas (características CICIG) y/o OEA.

8. “Exhortamos a incorporar a la Comisión de la Verdad el apoyo técnico y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.