Nicaragua

Los empresarios, ¿cómplices o rehenes de Ortega? De Carlos Fernando Chamorro

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 11 mayo 2017 / EL FARO

Vamos en un tren de alta velocidad, sabemos que al final del túnel hay una pared y que podemos estrellarnos, quizás en una semana, en un año, o en cinco, pero mientras el rey nos permita hacer negocios e inversiones, vamos bien.”
Un empresario nicaragüense.

En los corrillos de los grandes empresarios nicaragüenses es común escuchar esta clase de comentarios sobre la paradoja que representa el régimen de Daniel Ortega en su relación con la élite económica. Se respira un genuino clima de entusiasmo —primero fue una sensación de alivio, después vino el acomodamiento, y finalmente la celebración de grandes oportunidades de negocios— ante un Gobierno autoritario que permite y fomenta la inversión privada, incluida la de la familia gobernante y sus allegados. Pero al mismo tiempo se percibe el temor y la incertidumbre que emana de la naturaleza de un régimen de fuerza, que está basado en el poder absoluto del caudillo y su discrecionalidad para premiar y castigar, sin ninguna clase de contrapesos.

La resultante de estos dos impulsos contrapuestos es una actitud de extrema prudencia y autocensura para evitar cuestionar los atropellos del régimen. “Claro que hay una gran corrupción, pero yo no voy a hablar de eso en público, porque me pueden caer”, me explicó, justificándose, uno de los pesos pesados del sector empresarial. El debate público que hace una década transcurría en el parlamento, en las universidades y en los medios de comunicación, ha sido sustituido por el monólogo oficial de la vicepresidenta del Gobierno y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Mientras tanto, la diversidad de voces del sector privado se ha reducido cada vez más a la vocería de las cámaras empresariales que ejerce el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

El corporativismo, ayer y hoy

He leído con atención la serie de tres artículos publicados recientemente en La Prensa de Nicaragua por el presidente del Cosep: “ El corporativismo y los tres diálogos (1 y 2)” y “El modelo Cosep”, en los que resume su visión, que aparentemente cuenta con la bendición de influyentes líderes empresariales, sobre la actual confluencia de intereses entre el gobierno nicaragüene y el sector privado. Aguerri se propone descalificar el concepto de corporativismo que se ha utilizado para caracterizar la naturaleza de la alianza económica de los grandes empresarios con un Gobierno autoritario —sin democracia, transparencia, ni rendición de cuentas— como si se tratara de un mote o un adjetivo peyorativo.

Pero la descripción que hace sobre cómo funciona el autollamado “modelo Cosep”, encaja cabalmente en lo que históricamente ha sido conocido como corporativismo, aunque sea con las particularidades nicaragüenses: es un sistema cerrado, excluyente, de intermediación directa, en el que la cúpula del sector privado comparece como único actor en representación del resto de la sociedad a negociar los asuntos económicos con el Gobierno, y los acuerdos se convierten posteriormente en leyes, endosadas por un parlamento que no tiene poder de deliberación porque está totalmente sujeto al Ejecutivo.

En la tradición de las ciencias políticas, el corporativismo es un régimen político no democrático en el que el Estado, encarnado en el líder máximo a la cabeza de su partido hegemónico, confiere a determinados grupos —asociaciones de empresarios, sindicatos, y militares, principalmente— el monopolio de la representación de sus intereses y del resto de la sociedad, estableciendo roles y normas jerárquicas. El sistema provee un orden social, pero no hay Estado de Derecho, ni autonomía de la sociedad civil, y menos aún competencia política democrática. En una palabra, no hay democracia y tampoco se tolera una verdadera oposición que represente la posibilidad de alternabilidad en el poder.

La semana pasada, el comandante Ortega proclamó su propia versión del corporativismo a la nica ante una importante asociación iberoamericana de empresarios, cuando dijo: “Aquí somos un solo gobierno, trabajadores, empresarios y el Estado”. En realidad, su definición carece de originalidad. El corporativismo tiene su acta fundacional más conocida en la primera mitad del siglo XX, bajo el régimen fascista de Mussolini en Italia, mientras en América Latina proliferó en Brasil —Getulio Vargas—, Argentina —Juan Domingo Perón—, y México, con la particularidad de que en sus siete décadas en el poder el PRI impuso el principio de la no reelección absoluta. Los teóricos de la transición democrática en América Latina en los años 80 y 90, entre ellos Juan Linz, Guillermo O’Donell, Philippe Schmitter, y Larry Diamond, estudiaron a profundidad las múltiples variantes de este fenómeno que parecía superado, aunque resurgió con nuevos bríos con el “socialismo” bolivariano de Hugo Chávez y su régimen cívico-militar, mientras Ortega implementó la versión pragmática, no estatizante, en alianza con el gran capital privado.

Algunos politólogos y analistas internacionales que aún prestan atención a Nicaragua —Michael Shifter, David Close, Salvador Martí, Richard Feinberg, entre otros— han ensayado diferentes definiciones sobre el nuevo régimen de Ortega: “dictadura institucional”, “caudillismo tradicional”, “capitalismo de compadres”, o “autoritarismo competitivo”. En Nicaragua, el economista José Luis Medal precisó su especificidad como un régimen “corporativista autoritario”, que se basa en la concentración del poder y la anulación de las instituciones democráticas. Medal reconoce la importancia del diálogo que debe existir entre el sector privado y el gobierno sobre temas económicos y políticas públicas, y el fomento de iniciativas público-privadas, pero advierte sobre el riesgo de que se produzca una captura de los intereses del Estado por los grandes grupos empresariales, cuando las leyes más importantes del país, como la seguridad social, la reforma tributaria, o la ley de bancos, se negocian y se deciden en solitario entre el gobierno y el Cosep, al margen de toda rendición de cuentas institucional.

Ese ha sido el patrón dominante desde 2009, el momento de mayor ilegitimidad política del régimen después del fraude electoral municipal de 2008 y la represión contra la oposición, cuando bajo la presión de la crisis económica internacional Ortega abrazó la alianza con los grandes empresarios. El “modelo” pretende justificarse apelando a los resultados económicos obtenidos en los últimos años en los índices de crecimiento económico, exportaciones, y atracción de inversión extranjera.

Pero lo que no se dice es que los Gobiernos democráticos del período 1990-2006, específicamente los de Violeta de Chamorro y Enrique Bolaños, sentaron las bases del crecimiento económico sin liquidar las instituciones democráticas. Por el contrario, promovieron un desarrollo institucional que ahora ha sido demolido por Ortega. Entonces, lo que el país debería debatir ahora no son únicamente los déficits estructurales que prevalecen en la economía a corto plazo —pobreza masiva, desempleo, desigualdad, educación deficiente, falta de competitividad, exoneraciones fiscales, informalidad, baja productividad, y una matriz exportadora arcaica— sino, además, el costo de oportunidad de la dictadura a largo plazo.

¿Cuánto le costará a Nicaragua restablecer las instituciones democráticas, que han sido capturadas por el autoritarismo? ¿Se podrá transitar de forma pacífica por la vía electoral, o nos tocará vivir el infierno de la Venezuela de Nicolás Maduro? O visto desde la perspectiva del uso de los recursos más escasos: ¿cuál es el costo económico y social de un régimen político autoritario, que ha desviado centenares de millones de dólares de forma inescrupulosa e ineficiente al pozo sin fondo de la corrupción?

Corrupción, transparencia pública, y la prensa independiente

Es impresionante como Daniel Ortega ha logrado instrumentalizar a los empresarios. Nos está usando a todos, porque nosotros también tenemos negocios en Nicaragua y nos va bien, pero somos rehenes.”
Un empresario centroamericano.

Una nueva ola de lucha contra la corrupción pública y privada ha inaugurado tiempos de esperanza en América Latina. La huella dejada por las coimas millonarias del consorcio brasileño Odebrecht, el renovado impulso a la lucha contra el lavado de dinero, la beligerancia de la sociedad civil y la prensa independiente, con el respaldo de instituciones estatales autónomas, están produciendo resultados palpables en muchos países. Se trata no solo de una cruzada ética y moral, para afianzar el principio de cero tolerancia contra la corrupción, sino además de devolverle al Estado y a los ciudadanos el dinero esquilmado al erario público.

En Centroamérica tenemos ejemplos concretos en El Salvador, Honduras, y Guatemala, en los que los movimientos ciudadanos y las instituciones públicas —Fiscalía, Cortes de Justicia, e instituciones supranacionales como la Cicig— han trazado una gruesa línea roja contra la corrupción.

En Nicaragua, en cambio, predomina un silencio sepulcral, y no es porque no exista una corrupción desenfrenada, ampliamente denunciada por la prensa independiente mientras Transparencia Internacional ubica al país entre los más corruptos de América Latina, solo después de Venezuela y Haití. Las encuestas de Funides revelan que la corrupción es una constante preocupación para el clima de negocios que demandan los empresarios. La transparencia cero y la anulación del principio de rendición de cuentas también forman parte integral del modelo corporativista autoritario de Ortega. Son reglas impuestas por las vías de hecho, a través de la demolición de la autonomía de la Contraloría, la Fiscalía, la pérdida total de independencia del Poder Judicial, el tráfico de influencias institucionalizado, y el irrespeto flagrante a la Ley de Acceso a la Información Pública.

A pesar del cerco de silencio, en Confidencial hemos documentado exhaustivamente la danza de los petrodólares, y cómo se ha producido el desvío ilegal de más de cuatro mil millones de dólares en cooperación estatal venezolana hacia canales privados, a disposición de la familia presidencial. El 62% de estos fondos, según los reportes presentados al Fondo Monetario Internacional, se destina a actividades lucrativas bajo la cobija del consorcio Albanisa. Se trata de centenares de millones de dólares en recursos que debieron haber sido destinados a obras de infraestructura productiva o social, pero terminaron en manos de una pulpería de negocios privados, en la que igual se compran canales privados de televisión y radioemisoras, que hoteles o inversiones agropecuarias, sin ninguna racionalidad económica excepto la ambición de la élite gobernante.

Nuevamente, el país debería debatir cuál es el costo de oportunidad de la corrupción bajo una dictadura y preguntarse ¿cuál habría sido el impacto de invertir ese fondo millonario del patrimonio nacional en mejorar la calidad de la educación?

Aparte del costo de oportunidad de haber utilizado estos recursos con eficiencia económica y social, el país está pagando un alto costo directo proveniente de las operaciones de Albanisa. Con los fondos de la cooperación venezolana, el consorcio se ha convertido en la fuerza más poderosa del sector energético: es el principal generador, el transmisor, y el comercializador, como dueño de facto de Disnorte y Dissur. Mientras el vicepresidente de Albanisa, el ingeniero Francisco “Chico” López ejerce una suerte de cargo de súper ministro de energía, el conglomerado controla la regulación y la formulación de políticas, incluída la matriz de expansión para los próximos años. Esto significa que no hay licitaciones públicas de nuevos proyectos, sino que el consorcio se los adjudica de forma automática.

Los fondos venezolanos han generado un monumental conflicto de intereses, como es el control total desde Albanisa, como un solo eje de poder —público y privado, de acuerdo a la conveniencia del momento— de todas las instancias del sector energético. Como resultado, las tarifas no bajan y el país tampoco puede importar energía barata de países vecinos, que en muchas ocasiones presentan excedentes. En el balance final las empresas, los productores y el país entero está perdiendo competitividad por el alto costo de la energía que se deriva de los intereses financieros de Albanisa en colusión con las instancias de Gobierno que controla.

Lo sorprendente es que el tema de la corrupción está fuera de la agenda de desarrollo del Cosep. Entre los cinco ejes de desarrollo estratégico y las 51 líneas de acción definidas en la Agenda 2020 para mejorar el entorno de negocios, no se registra una sola vez el tema de la transparencia pública. Tampoco se menciona la lucha contra la corrupción o la inacción de instituciones encargadas de esta materia como la Fiscalía, o la Contraloría. Únicamente en el punto cinco del Decálogo Democrático, se consigna que “las licitaciones deben realizarse bajo procesos transparentes y públicos”. ¿Es esta una reacción defensiva para proteger a las empresas privadas frente a los intereses de la élite gobernante en las licitaciones, o acaso es parte de un programa para promover la transparencia? Cualquiera que sea su motivación verdadera, es una declaración necesaria pero insuficiente para poner en agenda y prevenir el cáncer nacional de la corrupción.

¿Y qué pasa cuando la corrupción hace colapsar el sistema desde adentro? ¿Existen acaso mecanismos correctivos? En julio del año pasado, por ejemplo, estalló un escándalo mayúsculo de corrupción en la Empresa del Aeropuerto Internacional (EAAI), una de las 58 instituciones públicas en las que existe representación de delegados de las cámaras del Cosep. El gerente de la EAAI, Orlando Castillo Guerrero, fue intervenido en el cargo, incluida la ocupación de sus residencias particulares y la toma de sus empresas familiares, presuntamente para investigar las operaciones anómalas de tercerización que realizaba en el aeropuerto la empresa Anyway Travel, originalmente vinculada a un hijo de la pareja presidencial, que opera como delegado plenipotenciario en los asuntos de Gobierno. Lo insólito es que la investigación en la empresa pública no la condujeron la Policía ni el Ministerio Público, sino operadores particulares del presidente Ortega, como si se tratara de un asunto de familia y no una cuestión de Estado. Al final, Castillo fue destituido del cargo y sustituido por otro funcionario, pero la investigación quedó sepultada en la impunidad, ante la indiferencia o incapacidad de los representantes del Cosep.

Cuando se derrumba el sistema institucional de rendición de cuentas, como ha ocurrido en Nicaragua, a la prensa independiente le toca jugar un rol extraordinario para promover la transparencia. Los periodistas no pretendemos ni podemos sustituir a los policías, jueces y contralores, que no cumplen con su obligación legal, pero la fiscalización del poder público y privado exige revelar lo que otros callan y generar una opinión crítica para promover el debate público.

En esa labor hemos contado con el apoyo tanto de funcionarios públicos honestos como de fuentes privadas, que comparten el compromiso a favor de la transparencia. La respuesta del régimen y su estrategia de “información incontaminada” ha sido erigir una política de acoso contra la prensa independiente que combina diversas formas de represión, exclusión en el acceso a las fuentes informativas, e intimidación, que va desde el espionaje y las presiones económicas, hasta la prohibición absoluta de anuncios publicitarios del sector público. En los últimos meses han surgido también voces intolerantes en el sector empresarial que han llegado al extremo de abogar por que la empresa privada deje de anunciarse en medios que critican el corporativismo autoritario y demandan transparencia. Afortunadamente son casos aislados, sin eco, de extremistas que no representan la diversidad y pluralidad del sector privado, en el que predomina un compromiso con los valores democráticos, empezando por la tolerancia y el respeto al papel profesional, independiente, y crítico de la prensa.

¿Es replicable el “modelo Cosep” en un régimen democrático?

El presidente Daniel Ortega es una persona muy inteligente. Yo le comenté que para los empresarios es muy importante el respeto al Estado Derecho y las instituciones democráticas, para lograr un buen clima de negocios. Él no me dio ninguna opinión sobre eso y más bien habló sobre otra cosa, pero estoy seguro de que escuchó y entendió lo que yo estaba diciendo.”
Un empresario de América del Sur.

La publicación el año pasado del Decálogo Democrático del Cosep fue acogida positivamente como un paso importante para poner en primer plano la importancia de la institucionalidad democrática para el desarrollo nacional. Pero una mera declaración de principios que han sido demolidos y siguen siendo violados de forma sistemática por el régimen de Ortega, no basta para mover la agenda del cambio democrático. Tampoco es cierto, como lo demuestra nuestra propia historia bajo el régimen de Somoza, que “haciendo crecer la economía, hacemos crecer la democracia”, como alega el presidente del Cosep.

Todos los estudios sobre desarrollo económico demuestran que la economía puede alcanzar altas tasas de crecimiento bajo regímenes autoritarios, sin que esto desemboque en democracia y, peor aún, sin garantías de sostenibilidad a largo plazo. El camino de la construcción democrática es tortuoso y demanda la existencia de fuerzas sociales y actores democráticos comprometidos con la creación de instituciones, que tarde o temprano representarán un contrapeso al poder autoritario.

Paradójicamente, aunque a primera vista contradice sus intereses de corto plazo, es en el interés de los grandes empresarios propiciar el desmontaje gradual del corporativismo autoritario, si de verdad tienen un compromiso con la estabilidad y el desarrollo sostenible del país. No se trata de que los gremios empresariales sustituyan a la oposición política o que renuncien al diálogo con el Gobierno. Por el contrario, es imperativo mantener y ampliar el diálogo con el poder para que sea inclusivo y le devuelva a la sociedad el derecho al debate público. Para empezar, urge establecer límites para frenar los abusos de poder, denunciar la corrupción y demandar que se investigue y se castigue, y terminar con las “misas negras” en que se deciden las leyes, restableciendo la transparencia pública.

El trueque entre ventajas económicas ahora e inestabilidad política mañana es un mal negocio a largo plazo. Los grandes empresarios están obligados a poner su propia cuota de transparencia y abrirse al postergado examen sobre el rendimiento de los subsidios y las exoneraciones fiscales que superan los 700 millones de dólares, equivalente a más del 7 % del Producto Interno Bruto. Cada año, el gobierno incumple su propia ley y no presenta la evaluación del rendimiento de las exoneraciones, ni ha formulado una propuesta para reducirlas, a pesar de las advertencias del mismo Fondo Monetario Internacional sobre la urgente necesidad de generar un colchón de ahorro fiscal. En diciembre del año pasado, en una entrevista televisiva, le pregunté a José Adán Aguerri si el Cosep se sometería a la revisión de las exoneraciones. Su respuesta inusitada fue que “siendo pragmático, uno no discute exoneraciones ni subsidios en un año electoral”, invocando como pretexto unas elecciones municipales sin autonomía municipal, en las que no está en juego ni siquiera el poder local.

La demanda que diversos sectores han hecho a los grandes empresarios para que pongan límites ante los abusos del poder y la falta de transparencia pública, no significa promover la confrontación con el Gobierno, sino alentarlos a que dejen de ser rehenes del autoritarismo. El discurso oficial, en el que cada vez hay menos diferencias entre el Gobierno y algunos líderes empresariales, aduce que se está convocando a una confrontación para descarrilar la economía. Pero la falacia se cae por su propio peso, pues la única confrontación que existe en Nicaragua es la que el régimen de Ortega ha impuesto contra el resto de la sociedad, cada vez que ésta reclama por sus derechos democráticos conculcados.

En la soledad del búnker de su oficina-residencia en El Carmen, el comandante Ortega tiene sobradas razones para celebrar que su régimen corporativista autoritario haya sido rebautizado como el “modelo Cosep”. La última versión delirante y disparatada es que el “modelo”, ya validado en Nicaragua, ahora estaría en una etapa de “adopción” en otros países latinoamericanos, empezando por nuestros vecinos de Centroamérica.

Pero ¿acaso es posible separar el diálogo económico con el Gobierno, con la ausencia de democracia y transparencia, y rendición de cuentas, que forma parte del mismo modelo? En una breve visita a El Salvador, hace unas semanas, entrevisté a líderes empresariales y analistas vinculados a la visión del sector privado y les pedí su opinión sobre el tema. Todos reconocen que sería deseable en su país un gobierno pro sector privado, que no intervenga en la economía de forma arbitraria como lo hace la administración del FMLN, pero ninguno quiere para El Salvador ni toleraría un régimen que conculque las libertades, y anule el contrapeso de las instituciones democráticas.

En otras palabras, a los grupos empresariales de los países de la región, les resulta ventajoso hacer inversiones y negocios bajo el esquema de Nicaragua, sin que eso valide al corporativismo autoritario como un modelo replicable, porque la otra parte de la ecuación, la dictadura institucional y la falta de democracia, les resulta intolerable. Al menos, eso fue lo que me dijo un influyente líder del empresariado salvadoreño: “nunca estaría dispuesto a anteponer mis intereses de negocios de corto plazo, sacrificando el interés general de la nación”.

Ciertamente, cuando el mensaje y la actuación del liderazgo empresarial se mimetiza con el discurso oficial de un régimen autoritario, las figuras públicas inevitablemente incurren en un costo reputacional que los caricaturistas son los primeros en detectar con la sátira de sus dardos. Ese es el oficio de los humoristas frente al poder en todas partes del mundo. Pero lo que deberíamos estar debatiendo en Nicaragua no es el derecho de los caricaturistas a criticar, que está fuera de discusión, sino el verdadero problema nacional que reclama una ruta de salida.

Sin democracia, y ahora con el desplome de la cooperación económica venezolana, el “modelo” actual, llámese Cosep, o corporativismo autoritario, carece de sostenibilidad a mediano plazo. Ese es el problema medular. Frente a esa encrucijada, el dilema de los grandes empresarios oscila entre el cortoplacismo, que conduce a la complicidad con el régimen y eventualmente a la incertidumbre, o empezar a convertirse, desde ahora, en actores democráticos para dejar de ser rehenes del autoritarismo y aportar a una solución duradera.

Este artículo apareció publicado originalmente en Confidencial .

 

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“A la larga, toda la sociedad es rehén”: Claudia Umaña

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES de El Salvador, analiza la debacle institucional de Nicaragua.

Claudia Umaña, vicepresidenta de FUSADES

En El Salvador, la Sala Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Fiscalía tienen un frente común contra la corrupción.

Carlos Fernando Chamorro, 9 mayo 2017 / CONFIDENCIAL

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) lleva el pulso del clima de negocios en este país desde 1999. Fundada en 1983 con una donación patrimonial de USAID, Fusades ha sido durante más de tres décadas el principal centro de pensamiento del sector privado de El Salvador. Primero, de forma sistemática sobre las políticas públicas en el campo económico y social, y desde hace unos años también en los temas políticos, legales, e institucionales.

La abogada Claudia Umaña, vicepresidente de FUSADES, investigadora jurídica, especializada de comercio internacional, instituciones democráticas, transparencia y modernización del Estado, es la encargada de llevar el  monitoreo político-institucional.

Umaña cuestiona la actitud hostil del gobierno del FMLN hacia el sector privado en su país, como uno de los factores agravantes que perjudican el clima de negocios, y reconoce el pragmatismo del Gobierno de Daniel Ortega para atraer capitales centroamericanos. Pero, al mismo tiempo, aludiendo a Nicaragua, afirma de forma categórica que “no se puede sacrificar libertades individuales por crecimiento económico”.

¿Cuál es el diagnóstico de FUSADES sobre la situación económica? ¿Por qué no está creciendo El Salvador?

El mayor desafío que tenido en el crecimiento económico es que el clima de inversión ha estado seriamente deteriorado desde hace un tiempo. FUSADES hace una encuesta empresarial sobre el clima de inversión desde 1999 hasta la actualidad, en que llegamos a un nivel desfavorable de un 52% en los últimos años, y actualmente, nuestra última encuesta,  un negativo de 48%. Desde 2009 hubo una baja que nunca se logró recuperar y ha sido por esta enemistad bastante obvia que ha existido entre el gobierno y el sector empresarial.

El clima de negocios en El Salvador

¿Qué es lo que más afecta el clima de inversión?

Hay tres elementos que coinciden:  delincuencia (26.6%), corrupción (14%) y burocracia (12%).  Estos son los principales obstáculos para hacer negocios.

El tema de las maras, las pandillas tiene un efecto en que el país se ha dividido en territorios, y el manejo territorial del hacer negocios ahora está absolutamente distorsionado. Lamentamos los niveles de homicidios diarios, que se han reducido en los últimos meses. El nivel de extorsiones también tiene un efecto muy importante en el hacer negocios en El Salvador, así como la flotilla de seguridad privada que se tiene que tener como un mecanismo de autodefensa, además de lo que se está pagando a nivel de impuestos para efectos de que el Estado haga lo propio.

¿Cuál es el peso específico de la corrupción?

En la dinámica empresarial hay una serie de quejas que van desde la tramitología y también las relaciones alrededor de los gobiernos locales. A nivel de burocracia, lamentablemente los gobiernos del FMLN no han logrado comprender que las regulaciones excesivas tienden a abrirle portillos a la corrupción.

¿Cómo funciona la relación entre el gobierno y el sector privado?

Los empresarios han visualizado que hay políticas gubernamentales erradas. El gobierno nunca logró sacar adelante una visión propositiva del país. Ahora recién se están haciendo esfuerzos para la venta de la imagen de país. Estamos a la expectativa, pero ha habido mucho tiempo perdido.

Tenemos megaproyectos que están absolutamente truncados, como el puerto de La Unión, en el que estamos en una zona fronteriza y régimen de condominio con Nicaragua. Cuando uno va a ahí dan ganas de llorar, porque es como que fuera un gran estacionamiento todo depredado y además ocioso.  La ideología ha sido más fuerte que la racionalidad, porque en la ley de asocio público privado y para poder licitar estas megaobras, el gobierno trata de mantener el control de los negocios. Hay una visión de que el porcentaje en un negocio que debe tener el sector privado debe ser más reducido, y que el gobierno sabe cómo manejar los negocios. Sin embargo, eso no ha sido exitoso.

¿El gobierno favorece u obstruye la relación con el sector privado?

Hay una visión bastante acusatoria en materia de evasión fiscal.  FUSADES está absolutamente a favor de que se combata la evasión. Eso es un requisito sine qua non, desde el momento que uno crea una legislación tributaria, pues igual quiere que se aplique de acuerdo a los objetivos de la ley.

Desde el gobierno hay una retórica — “los empresarios son evasores”, y hay un esfuerzo mínimo desde el ámbito administrativo para la recuperación de impuestos, de mora, y hay frustración del lado del Ejecutivo, porque los procesos duran  tiempo. Entonces ha habido más bien una visión “punitiva, metámoslo a la cárcel”, eso hace un proceso abreviado y asunto resuelto. Para ello ha habido intentos de crear un proyecto de ley de cobro de multas y deudas a favor del Estado, que también tiene serias deficiencias con lo que puede ser la presunción de inocencia y, en general, el tema de preservación de un debido proceso.

Otro tema ha sido una danza muy desafortunada que ha existido entre el gobierno del sector privado en torno a aquellas comisiones que ya existían en donde se tiene que trabajar colaborativamente. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, en que básicamente ha habido una imposición absoluta de parte del gobierno.

La presentación del presupuesto 2017 ha sido desbalanceado, no transparente, no se incluyen todos los gastos, y entonces esto genera un clima permanente de confrontación, porque luego hay que ir a negociar en la Asamblea Legislativa préstamos, y entonces ahí empieza la retórica –“que la oposición no me deja funcionar”.

Desde el Ejecutivo, hay una dinámica ambivalente, porque ciertos personeros del gobierno como el vicepresidente (Oscar) Ortiz, tienen un lenguaje pro apoyo de hacer negocios en El Salvador, pero luego otros ahuyentan claramente las inversiones.

 La lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito

¿Cómo afecta el clima de negocios que has descrito el funcionamiento de las otras instituciones democráticas del país: por ejemplo Corte Suprema de Justicia, la fiscalía, los tribunales?

Para FUSADES un eje fundamental de la democracia en El Salvador es que creemos que tenemos instituciones que comparativamente con otros países de Centroamérica funcionan mejor, hay funcionarios independientes en algunas de ellas, tenemos procesos legales que dan certeza jurídica. Es decir, hay una intermediación de las instituciones en el poder y generan contrapesos.

En el Salvador ha habido un importante despertar de la legislación que estaba dormida, particularmente de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que si bien data de 1959 se empezó a operativizar el año pasado, entonces eso ha sido como  que veíamos borroso, nos hemos puesto unos anteojos y ¡Dios mío!, ahora que si hemos visto de todo.

¿Quién lidera este proceso?

Hay tres instituciones que han rescatado la lucha contra la corrupción. Una es el Instituto de Acceso a la Información Pública, una ley que tiene cinco años pero que ha dado frutos muy importantes. A través de peticiones de acceso a la información la ciudadanía ha ido desentrañando qué es lo que pasa a través de las esferas del poder y de la acción gubernamental, y además con gran apoyo del periodismo investigativo.

Al empezar a preguntar y a descubrir, también se activó a través de la Ley de Enriquecimiento Ilícito el que en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se permitiera el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, y de un día para otro haber tenido la posibilidad de ver que había personas que entraban a ejercer sus cargos con patrimonios bastante modestos y salían millonarios, había algo que no cuadrada, definitivamente.

¿Y la seccción de Probidad tiene autonomía?

Es una oficina que está dentro de la Corte Suprema de Justicia, y que había estado truncada, pero a partir del año pasado se activó. Pero todo esto surge por un tema de gran relevancia que en la Asamblea Legislativa se puedan dar procesos en que se elijan a funcionarios de segundo grado que sean independientes y que lleguen a aplicar la ley. Entonces lo que sucedió es que por la composición dentro de la Corte Suprema de Justicia, finalmente tuvo un mandato claro que le permitía no solo divulgar las declaraciones, sino que hacer un proceso de auditoría, y si se encontraba el mérito elevarlo a la instancia de la corte plena, para que esta a su vez procediera, si hubiera causa, a que se tramitara un juicio por enriquecimiento. Eso ha activado una dinámica nueva, pero el fin del juicio por enriquecimiento ilícito es la restitución de los dineros mal habidos, y la búsqueda de restitución de la parte económica hacia el Estado, y si esto constituye otros tipos de delitos como el lavado y otros tipos de delitos penales como el peculado, todo esto ya es parte de la Fiscalía General de la República.

Ha habido este despertar de la institucionalidad, en donde ha habido un trabajo más colaborativo entre la Corte Suprema, la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo soy fiel creyente de que todo esto no hubiera podido suceder sin una sociedad civil muy proactiva, y ahí el rol de FUSADES con la creación, no solo de un anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información, sino de haber logrado construir una red de apoyo hacia esa legislación.

Entonces, tenemos el problema del crecimiento económico y sus desafíos;  el tema de la inseguridad ciudadana y el impacto que tiene en lo económico;  y la institucionalidad democrática que ha logrado darle estabilidad al país, y además de traducirse en que tengamos una democracia, si bien con serios desafíos, tenemos instituciones que han logrado preservar el Estado de Derecho, aunque tenemos que mejorarlo.

 No sacrificar libertades individuales, por crecimiento económico

¿Cómo se ve desde  Fusades el modelo del Cosep en Nicaragua? Cosep reivindica una alianza económica con el Gobierno para aprobar leyes pro sector privado, y un diálogo en diversas instancias para generar resultados económicos. Mientras, en el ámbito institucional, el Gobierno ha provocado una regresión autoritaria, y tiene un control absoluto sobre el poder electoral, el judicial, la fiscalía, y la Contraloría. Pero los líderes del sector privado dicen que este este modelo está dando resultados y está entrando en una etapa de “adopción” en otros países, y han mencionado incluso a El Salvador.

Yo disiento de la tesis que, como país, como visión colectiva, estemos observando el modelo nicaragüense como uno viable para El Salvador. Y no porque no haya ciertos elementos favorables para hacer negocios y resulta que este año (Nicaragua) mejoró en los índices del doing business, mientras  El Salvador está en una caída libre en los índices de libertades económicas, de competitividad.

Pero hay una visión bastante diferente entre lo que es el compromiso con la democracia, con la República, y con las instituciones democráticas. Creo que en El Salvador no hay un consenso alrededor de que hay que sacrificar las libertades individuales por el crecimiento económico, y yo creo que eso es un camino diferente, es un camino más tormentoso, pero ciertamente más sostenible.

A mí no me gusta comentar acerca de la política de otros países porque cada quien tiene sus propios bemoles, pero en Nicaragua se ha perdido tanto, se perdió la independencia judicial, se ha perdido la independencia electoral, se ha concentrado el poder de unas formas muy parecidas a las que ya tuvieron en la época de la dictadura de Somoza. Entonces, a la larga está perdiendo toda la sociedad porque esta dinámica de ejercicio democrático de acceder al poder, que se hagan elecciones competitivas, que haya procesos transparentes en diferentes escenarios no solo en el electoral, sino que también en el hacer negocios, porque para hacer negocios no hay que estar tan cerca del poder, porque hay una gran tentación hacia la corrupción y hacia el manejo de la política con una visión economicista.

Pero el alegato en Nicaragua es que se han generado incentivos para atraer inversiones y capitales de la región,  de Guatemala, El Salvador, de México, de Colombia, y sostienen que el modelo da resultados y está funcionando.

Es correcto. Hay elementos positivos, yo lo he escuchado con ese pragmatismo. Pero es diferente establecer un negocio en un país en donde me están dando condiciones de seguridad y estabilidad, pero yo no habito ahí. No es mi país de residencia, yo no tengo que vivir con las leyes mordaza,  porque no hay que criticar al poder, o sea, ese no es mi problema, lo que yo quiero es llegar ahí a construir, a vender mis productos, y si a mí me dejan que mi producto se venda en el mercado o en la plaza pública, ahí vean ustedes qué hacen con la libertad de expresión, ahí que vea quién se mete en el tema del manejo de la represión.

Entonces, afortunadamente, en El Salvador no vamos en esa dirección. Lo cual no significa que no se vea como un modelo a veces atractivo por algunas fuerzas, sobre todo las políticas le ven lo atractivo que es la concentración del poder sin frenos y contrapesos; y el lado pragmático-empresarial “mientras a mí no me entorpezcan mi negocio, pues laissez faire”.  Pero eso a la larga yo no creo que nadie pueda dormir tranquilo, y lo peor es que el rehén en esa forma de manejo de la cosa pública, son los ciudadanos y cómo se les ha limitado su libertades individuales sus derechos humanos absolutamente atropellados, y cada día la sociedad como metiéndose en un adormecimiento que, tanto la élite económica como la élite política, han ayudado a fabricar en detrimento de valores.

La  referencia o el modelo del gobierno del FMLN pareciera estar entre Venezuela y Nicaragua. En algunos aspectos se inspiran en el modelo venezolano, pero tampoco han intervenido la economía de la manera en cómo Chávez y Maduro lo hicieron; y  por el otro lado, tampoco han tenido la apertura pro negocios privados que tiene el gobierno de Ortega, entonces,   ¿está en medio de los dos?

Sí, yo creo que el modelo  del FMLN en hacer negocios es absolutamente híbrido y sin la capacidad de manejar los dos escenarios. Primero, por falta de conocimiento en hacer negocios, o sea, yo creo de que es un poco mágico pensar que uno puede aprender de negocios solo por llegar a un cargo público; y dos, por falta de recursos económicos porque se hizo mucho doing business alrededor del dinero del petróleo venezolano, pero una vez se secó esa fuente de financiamiento, y sin tener una estructura bien armada de negocios, todo eso se cayó, se vino para abajo.

La segunda derrota política de Ortega. De Carlos Fernando Chamorro

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Campesinos enfrentan a antimotines en La Lechera, Nueva Guinea

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaraguense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 30 noviembre 2016 / CONFIDENCIAL

La represión generalizada desatada por el régimen Ortega-Murillo para impedir una movilización campesina hacia Managua, representa la segunda gran derrota política de la dictadura familiar este año, después de la jornada nacional de protesta que se plasmó en la abstención masiva en las elecciones del seis de noviembre.

El recién reelecto mandatario, que supuestamente cuenta con un abrumador apoyo del 72% del electorado, ha demostrado que mantiene un férreo control sobre las fuerzas policiales –ahora dirigidas por su consuegro el general Francisco Díaz–, pero no puede gobernar tolerando la existencia de una oposición democrática. Ortega estableció decenas de retenes con policías antimotines en las principales carreteras del país, imponiendo un virtual estado de sitio a nivel nacional. Bloqueó las salidas de las comunidades rurales y las entradas a la capital para impedir una protesta pacífica, la número 82 del movimiento campesino, cuyo objetivo es demandar la derogación de la ley canalera y la celebración de elecciones libres.

confidencialComo en la época de la guardia de Somoza, la policía cateó los buses para detener “sospechosos” y disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y en las zonas núcleo de la protesta, en las comunidades campesinas de Nueva Guinea, llegó al extremo de cortar las carreteras e inutilizar los puentes, una infraestructura nacional utilizada por todos, para impedir el tránsito de los camiones. Este acto inverosímil ilustra cuán aislada de la realidad se encuentra la pareja presidencial, que en su afán de aplicar una odiosa represión no le importó incurrir en el vandalismo oficial, aún a costa del daño que ha causado a toda la sociedad. Pero también revela los niveles de peligrosidad a los que puede llegar la represión en Nicaragua, pues los que detentan el poder no solo carecen de escrúpulos éticos o morales, sino que tampoco existen límites o contrapesos legales o institucionales ante su ambición e irracionalidad, y sólo podrán ser frenados por la fuerza del pueblo que les hace resistencia.

La militarización está demostrando que ante una oposición democrática –en este caso un movimiento social que ha logrado encarnar un anhelo nacional de soberanía y elecciones libres–, el régimen autoritario solo puede gobernar con más represión. La estabilidad que Ortega ofrece a sus aliados, los grandes empresarios y los inversionistas, es por lo tanto precaria porque no se sustenta en el consenso democrático. Es una estabilidad autoritaria basada en el garrote que a la larga, como la corrupción, conduce a la inestabilidad. De manera que si de verdad los grandes empresarios están preocupados por el deterioro del clima de negocios y las amenazas de la ley Nica Act, deberían empezar por exigir democracia y transparencia, y además libertad de movilización y el cese de la represión.

La jornada nacional en demanda de soberanía y elecciones libres aun no ha terminado, pero ya ha logrado un resultado político irreversible. En primer lugar, el reconocimiento nacional al liderazgo campesino agrupado en torno al Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que representa la primera línea de defensa de la decencia nacional. La resistencia campesina ha obligado a Ortega a exhibirse ante la Organización de Estados Americanos, OEA, no solo como un caudillo tramposo que realiza farsas electorales sin competencia ni observación electoral, sino además como el patrón de un régimen represivo que ha conculcado los más elementales derechos civiles y políticos de la población. En consecuencia, en la agenda del diálogo político entre la OEA y el gobierno, que según el secretario general Luis Almagro se ha ampliado hacia todas las fuerzas políticas y sociales del país, las violaciones a todos los derechos políticos contemplados en la Carta Democrática, debe pasar a ocupar ahora un lugar prioritario. El país está demandando elecciones libres con plenas libertades políticas, empezando con la libertad de opinión y movilización. Es decir, elecciones libres sin represión.

Bienvenido a Nicaragua, señor Almagro. Nadie espera de la OEA una solución política o una plataforma de cambio que los nicaragüenses no seamos capaces de construir con nuestras propias fuerzas. Lo único que le demandamos es que invite a la sede de la OEA en Managua, a doña Francisca Ramírez, la líder del movimiento campesino que ha hecho posible el milagro político de evidenciar la desnudez del rey. Si su intención es escuchar a todas las fuerzas políticas y sociales representativas del país, reúnase con doña “Chica”. Usted tiene en sus manos la llave para frenar la represión, al menos durante veinticuatro horas, para que la caravana campesina avance hacia Managua.

Crónicas de un funeral electoral. De Carlos Fernando Chamorro

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia.

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, periodista y opositor nicaragense. Ex-director de Barricada, el órgano oficial de los sandinistas en los años 80. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro, editor de La Prensa asesinado en 1978 por los somozistas, y de Violeta Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua

Carlos Fernando Chamorro, 15 noviembre 2016 / EDH

Lejos de ser una “fiesta cívica”, la farsa electoral transformó las elecciones del pasado 6 de noviembre en un funeral electoral donde se enterró la democracia en Nicaragua, la que radica en la credibilidad del sistema representativo y la alternabilidad en el poder público.

No se puede congratular a Daniel Ortega por haber destruido  poco a poco, golpe a golpe, la confianza del pueblo nicaragüense en el proceso electoral representativo, transparente y libre que es la base fundamental de la paz y la convivencia pacífica. La apatía no es presea democrática, sino la participación.

Diga lo que digan las cifras de abstención que da el Consejo Supremo electoral, para los ojos de cualquier observador internacional este es un proceso fallido porque hubo una abstención que ronda entre el 70 % y el 80 %, lo cual es fácilmente comprobable con la evidencia gráfica de miles de reporteros ciudadanos que con sus celulares tomaron fotos de unas inexistentes filas de votación, las que en 1990 y otras elecciones subsiguientes, le daban la vuelta a la manzana.

Solo en Corea del Norte una mentira tan grande puede ser asimilada como verdad por el control totalitario que existe sobre la ciudadanía y los medios de comunicación.

La farsa electoral se convirtió en un verdadero plebiscito: ganó el NO a la farsa electoral, lo que equivale a decir que ganó el SI a elecciones libres, transparentes y con observación nacional e internacional.

diario hoyNo se puede congratular Ortega ni Doña Rosario de haber erosionado poco a poco la confianza del pueblo nicaragüense que su voto realmente cuenta, que su voto elige, porque tarde o temprano  deberán corregir el camino andado y revertir el rumbo que lleva el país, que inexorablemente nos lleva a la confrontación.

Podrán celebrar ahora el autoengaño, pero es una victoria pírrica ya que el poder escogió a sus adversarios. Es como al boxeador que le ponen contrincantes “de paquete” por temor a que sorpresivamente aparezca uno que lo pueda derrotar, como ocurrió con este mismo boxeador en la contienda de 1990.

Los resultados son tan inverosímiles como los de Corea del Norte, excepto que allá no tienen empacho en adjudicarle el 100 % de los votos a Kim Jon-un y donde abstenerse, o votar “No” es considerado como un acto de traición a la patria.

Aquí aún se permite el voto por los otros candidatos de la farsa para darle más credibilidad y no se castiga la abstención como  una traición, así que aún estamos mucho más avanzados democráticamente hablando, que Corea del Norte.

El periodista Jan Martínez Ahrens del prestigioso diario español El País, resume el “triunfo” de Ortega en el primer párrafo de su nota del lunes 7 noviembre de la siguiente manera:

“No han hecho falta mítines, ni debates, ni tan siquiera campaña. El triunfo electoral de Daniel Ortega era tan previsible como su candidatura. Ilegalizada la única oposición real, barridos los observadores internacionales, controlados todos los resortes del poder, era imposible que el antiguo comandante sandinista perdiese los comicios de este domingo. El desenlace estaba escrito de antemano e incluso ese masivo 72 % que le han otorgado las urnas, importaba poco. Lo grave, lo vital, lo único, era su continuidad. Y ese objetivo se ha logrado. Aunque a un alto coste”.

El periodista español casi acierta justamente, porque de acuerdo al conteo final del Consejo Supremo Electoral, Ortega obtuvo el 72.5 % de los votos, e increíblemente los magistrados vieron participar al 68.2% de la población, algo que va en contra de todos los que tuvieron ojos para ver y cámaras para comprobar la raquítica afluencia ciudadana en las JRV.

A los partidos “opositores” les asignaron un 27.5 % de esa invisible montaña de votos por lo que tendrán alguna representación en el parlamento, pero mucho menos que el 40% que les otorgó Somoza al Partido Conservador zancudo de Agüero por participar en la farsa electoral de 1974 en que, también sin sorpresas, resultó reelecto.

El 6 de noviembre pasará a la historia como un día triste del cual no hay nada que celebrar porque no gana nadie en el país cuando falla la democracia y se pierde la confianza en el voto para elegir.

 

Carta a mis amigos nicas: Ganaron contra Ortega. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 8 noviembre 2016 / EDH

Muy queridos nicaragüenses:
En estas elecciones, Ortega decidió no correr contra la oposición. Prefirió correr solo. Lo que no se imaginaba era que eliminando la candidatura opositora le tocó un adversario mucho más peligroso: la abstención. Ganó con 70 % de los votos, pero sólo de una minoría de los aptos a votar. Los que realmente ganaron estas elecciones fueron los nicaragüenses que decidieron no votar. Unos como señal de oposición, otros por desinterés en una elección sin opciones, sin competencia, sin alternativa.

Ustedes consiguieron que Daniel Ortega continuara su perpetua presidencia sin mandato popular, sin legitimidad, sin autoridad que no sea conseguida por la manipulación y la represión. Felicidades, comandante, lograste enterrar al Frente Sandinista.

diario hoyIgual que la mayoría de ustedes, yo soy de los se aferran a la idea que la Revolución Sandinista del 1979 fue un sueño latinoamericano hecho realidad, y al mismo tiempo una promesa. Ambos, el sueño y la promesa, han sido traicionados y destruidos por Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus compinches. Ellos todavía se atreven a pronunciar discursos revolucionarios, pero han reconstruido la dictadura. Construyeron el sinsentido de una revolución sin pluralidad, sin libertad, sin creatividad. Este domingo terminaron esta obra. Lo poco que había sobrevivido de esta gesta libertadora, lo enterraron.

O tal vez no. Creatividad y libertad han sido la esencia de la Revolución Sandinista. Ambos ya no tienen el más mínimo espacio en el régimen que todavía se llama sandinista, pero sé que todavía están vivos en las obras de Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, los hermanos Mejía Godoy, en los campos universitarios, en periodistas como Sofía Montenegro y Fernando Chamorro, en ex combatientes como Dora María Téllez, Mónica Baltodano, Henry Ruiz y miles de otros que han abandonado al FSLN y hoy son opositores al régimen de Ortega.

El espíritu libertario de los sandinistas ha sobrevivido la dictadura somocista, la ofensiva de los contras y Ronald Reagan, y no tengo duda que sobrevivirá esta nueva dictadura, reencarnada esta vez como farsa con bandera sandinista. Ustedes han derrotado a la dictadura de verdad, ¿cómo no van a derrotar la farsa?

Lo que más asco da, más aun que los militantes del partido convertidos en borregos del clan Ortega, son los empresarios nicaragüenses que siguen pactando con la nueva dictadura, sometiéndose a sus reglas políticas por el privilegio de poder hacer fortunas en las áreas de la economía que el comandante (todavía) no reclama para su clan y sus compinches.

Mando un saludo muy fraterno a los que en Nicaragua todavía mantienen viva la idea libertaria, para la cual tantos han dado su vida en las guerras contra Somoza y la intervención norteamericana. La alternativa al régimen Ortega-Murillo son ustedes, no la derecha corrompida disfrazada de liberales. Saco tremendo orgullo del hecho que los sandinistas que tuve el honor de tener como amigos en los años del primer gobierno revolucionario no son parte de esta farsa que sigue llamándose FSLN. Ustedes, en una lucha que por ahora parece quijotesca, se oponen a esta mala opereta puesta en escena por Rosario Murillo y su inútil esposo y socio de multimillonarios negocios.

Ustedes son la esperanza, también para muchos de los ex combatientes del FMLN histórico, que no aguantan la idea que la tradición de las luchas centroamericanas por la libertad terminen en corrupción, menosprecio a la libertad de expresión y desmontaje de las instituciones que controlan el poder.

El domingo de la farsa electoral no fueron derrotados ustedes, sino los usurpadores, no solo del poder sino también de las banderas sandinistas.

Saludos,

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El AirBnB de Ortega. De Cristina López

Cristina LópezCristina López, 31 octubre 2016 / EDH

Una de las mejores cosas que han sucedido como consecuencia de la innovación tecnológica es la “economía compartida”. Se le llama así a las aplicaciones de teléfonos móviles que permiten a individuos prestar servicios a pequeña escala que antes solo prestaban compañías. Es así como cualquier particular puede, con su propio vehículo, prestar servicios de transporte a pasajeros que así lo necesitan a través de aplicaciones como Uber o Lyft. Lo mismo sucede con servicios de hospedaje gracias a la aplicación AirBnB. El nombre de la aplicación es un derivado de “bed and breakfast”, un tipo de servicio de hospedaje de menor escala que un hotel. Cualquiera ahora puede poner su espacio (cuartos, apartamentos, incluso casas de vacación enteras) en AirBnB y rentarlo a particulares interesados en quedarse ahí.

diario hoyDaniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha convertido a su país esencialmente en un AirBnB para huéspedes con un perfil muy específico. En común, tienen que los investiga la justicia. Desde su primer mandato en los Ochenta, Ortega utilizó su poder para esconder a quienes tenían razón para temerle a la justicia, como el colombiano Pablo Escobar. Ahora, sus últimos huéspedes tienen un perfil un tanto más bajo. Desde hace unos meses, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes se acogió al “airBnB” de Ortega —el asilo político es parte de las comodidades que ofrece— cuando se supo que había investigaciones sobre su patrimonio familiar y su inexplicable crecimiento.

Otros huéspedes asilados (u hospedados, si cabe la metáfora) incluyen a personas con vínculos a las guerrillas colombianas FARC y a un italiano condenado por haber participado en el secuestro y asesinato de un exprimer ministro (a ese se le concedió la nacionalidad nicaragüense, por lo que cualquier intento de extraditarlo es inútil). Es decir, otra de las comodidades que ofrece el airBnB de Ortega es una red impecable para hacer networking que sin duda podrá aprovechar el expresidente Funes.

Es imposible determinar qué obtiene Ortega a cambio de poner su país y sus instituciones legales al servicio de aquellos que necesitan refugio cuando están jugando escondelero con el Ministerio Público de sus países. ¿Lo hará movido por la caridad? ¿O será por la solidaridad, en un hoy por ti mañana por mi que nosotros, los ciudadanos de a pie y sin conexiones políticas, jamás entenderíamos? Es posible que al alcanzar ciertos niveles de conductas que involucran el uso del poder público para el beneficio personal se forme algún tipo de club o sociedad secreta, disponible solo a expresidentes con cuestionables patrones de enriquecimiento y manejo de fondos estatales.

Sería interesantísimo hacerle todas estas preguntas al expresidente Funes. ¿Cómo le solicitó asilo a Ortega? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Un mensaje por WhatsApp? ¿Tendrán, como AirBnB, una aplicación móvil que le permite expeditar algo tan tedioso como un proceso legal de solicitud de asilo? Quizás en algún lugar, le queda algún tipo de integridad periodística y su asilo político no sea más que una excusa para desentrañar la trama de favores que seguramente hay detrás del AirBnB de Ortega. Le preguntaría yo, pero le ha dado por bloquear a cualquiera que difiera de sus ideas en Twitter.

@crislopezg

Carta al FMLN: Están quedando solos, camaradas. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 27 septiembre 2016 / EDH

Estimados amigos militantes del Frente:
No sé hasta cuándo lo pueden negar sus dirigentes, pero ustedes se están quedando solos en el mundo. Sus principales aliados, ídolos ideológicos y financistas están en serios problemas o agarran otros caminos. Están demasiado ocupados para sobrevivir (algunos para no ir a la cárcel o para tener que buscar ‘asilo político, como lo hizo su primer presidente, Mauricio Funes de ingrata recordación), para poderles ayudar con dinero, apoyo político y fuerza ideológica.

diario hoyEn Brasil, Dilma Rousseff y el PT están fuera del poder, por manejar mal la misma crisis fiscal que ustedes también están enfrontando sin saber cómo solucionarla. Y Lula está enfrentando juicios de corrupción que lo pueden llevar a la cárcel, pero seguramente liquidarán su capital político como líder creíble de la izquierda. Lo ismo está pasando a su gran amiga Cristina Kirchner en Argentina, quien luego de haber perdido las elecciones está siendo abandonada por su propio partido en la lucha que le tocará ante la justicia.

En Nicaragua, Daniel Ortega dio un paso falso hacía el desmontaje de la democracia, y ahora enfrenta un boicot financiera por parte de Estados Unidos y los organismos internacionales, precisamente cuando el presidente Sánchez Cerén está pidiendo ayuda en Washington para salvar su gobierno.

En Cuba, el papa emérito de la izquierda latinoamericano Fidel sigue hablando de revolución y solidaridad, mientras su hermano Raul está haciendo las paces con Estados Unidos y abre el camino para una transición al capitalismo.

En Venezuela, el chavismo (el ‘faro’, que durante años ha iluminado y financiado al FMLN) enfrenta ahora ya no un movimiento opositor, sino a una movilización popular contra la miseria, la corrupción y la ruptura de la Constitución. El régimen fundado por Hugo Chávez, quien siempre supo movilizar a los pobres resentidos de su país para dar sostén a su ‘revolución bolivariana’, hoy se topa con la ira de los barrios, que siempre han sido baluartes chavistas impenetrables para la oposición.

Y la situación económica, que los chavistas han provocado en Venezuela, es tan dramática que incluso el actual gobierno de Maduro tuvo que cerrar el chorro de dólares y petróleo barato, que Chávez abrió para apoyar a los partidos alienados al ALBA y así convertir a Venezuela en una potencia regional. Siguen sosteniendo (transitoriamente y de manera reducida) la economía de Cuba, pero para poder hacerlo han tenido que sacrificar a sus ‘amigos’ en Bolivia, Ecuador, Nicaragua… y El Salvador.

Les quedan a ustedes sus fieles ‘aliados’ Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, ¿pero qué apoyos pueden esperar de ellos, a parte de sermones del ‘buen vivir’? Nada, porque con los cambios en Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba ellos han quedado igual de abandonados y huérfanos que ustedes mismos.

Triste panorama para un partido que a la mitad de su segundo gobierno está agotado de soluciones, incluso de discursos, condenado a administrar por dos años y medio la crisis de seguridad y el descalabro fiscal, teniendo que pedir cacao a la oposición, a la empresa privada, al Fondo Monetario Internacional (el símbolo de imperialismo y neoliberalismo en su discurso ideológico de décadas) y a Washington…

Sus dirigentes ni siquiera siguen siendo dueños del imperio ALBA, que José Luis ‘Ramiro’ Merino ha construido con los petrodólares venezolanos. De este imperio quedará una cadena de gasolineras adornadas por la estrella del Frente, pero propiedad de los venezolanos, quienes necesitan recuperar algo de sus inversiones en El Salvador. Y el comandante ‘Ramiro’, durante años el paymaster y hombre fuerte del FMLN, ha desaparecido de la escena pública, seguramente para planear su defensa (o su asilo) para el momento que al fin le alcancen los casos de corrupción que ventila la fiscalía.

Se acabó la fiesta, camaradas. O regresan a la realidad y negocien con la oposición una transición que les puede asegurar un futuro como oposición consolidada, o se hunden como sus falsos a amigos del Sur.

Piénsenlo, amigos en el Frente, comiencen a movilizar energía renovadora, antes de que sea tarde. Tal vez haya futuro para una izquierda salvadoreña que se libere del autoritarismo. Muchos estaríamos dispuestos a ayudarles. Saludos,

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