Diálogo Nacional

Columna transversal: Correcciones para mantener el país al flote. De Paolo Luers

Los que le ponen metas falsas o irreales, no le hacen ningún favor al incipiente diálogo nacional. Le hacen estorbo.

Paolo Luers, 10 marzo 2017 / EDH

Los que hablan de ‘Segundos Acuerdos de Paz’ o de ‘Acuerdos de Paz de Segunda Generación’ son igualmente irresponsables que los que piden un ‘Pacto de Nación’ que defina, de una por todas, el rumbo del país, o incluso la ‘Refundación de la República’ mediante una Constituyente…

Buscar unos ‘Segundos Acuerdos de Paz’ sólo tendría sentido si habláramos de buscar la paz, mediante diálogo y tal vez negociaciones, en el actual conflicto sangriento, que es entre Estado y pandillas. Pero ni el gobierno, que invitó a Naciones Unidas a esta iniciativa, ni este organismo internacional, ni los partidos políticos dejan duda que no están buscando esto. Entonces, ¿‘Segundo Acuerdo de Paz’ entre quiénes? ¿Entre los que firmaron el primer Acuerdo de Paz: ARENA y FMLN? La última vez que chequeé, no estaban en guerra. Olvidémenos de este término.

Otros hablan de ‘Acuerdos de Segunda Generación’, obviamente viendo los de 1992 como acuerdos incompletos. Es una idea erronea pensar que los Acuerdos de Paz se quedaron cortos y por tanto habrá que completarlos ahora. Los acuerdos del 1992 cumplieron a cabalidad lo que eran sus propósitos: terminar la guerra; erradicar la violencia como instrumento de la política; y establecer el pluralismo democrático, en el cual la izquierda se podía incorporar, buscando realizar su concepto de transformaciones sociales mediante el uso de la política, del derecho a la organización y de la libertad de expresión.

Todo esto (y la desmilitarización) se cumplió con la reforma del sistema político e institucional producida por los Acuerdos de Chapultepec. El hecho la izquierda, luego de incorporarse al sistema plural e incluso llegar al Ejecutivo, no produjo ninguna transformación social es un problema o de su incapacidad, o de su falta de voluntad, o del enredo ideológico de este partido – pero de ninguna manera es falacia de los Acuerdos de Paz.

El hecho que tampoco ARENA ha tenido éxito en poner en páctica su concepto que con suficiente crecimiento económico y con libertad empresarial se generarían los recursos para erradicar la probreza y marginación, tampoco es culpa de los Acuerdos de Paz, sino de las políticas de ARENA – y de su deslice al populismo con la llegada de Saca. Pero Saca del lado de ARENA y Funes del lado del FMLN no son consecuencias tardías de los Acuerdos de Paz, sino de errores y desviaciones de sus respectivos partidos.

No necesitamos completar los Acuerdos de Paz, ni mucho menos refundar la República o reescribir la Constitución. Necesitamos renovación de la política y de los partidos para prevenir al siguiente Saca o Funes. Necesitamos desarrollar políticas públicas y formas de gobernar adecuadas para enfrentar los retor del siglo 21, con su revolución tecnológica y una globalización indetenible. Necesitamos analizar el presente y el futuro para definir estas políticas pública, en vez de seguir analizando los conflictos del siglo XX.

Bueno, dirán muchos: Pero por lo menos tiene que salir de esta coyuntura de diálogo y los buenos oficios de Naciones Unidas un ‘Pacto de País’ que rompa la paralización causada por la polarización. Un pacto que defina el rumbo, para que todos podamos trabajar unidos con los mismos propósitos…

Esto o es una trampa o es una ingenuidad. La polarización no tiene nada de malo, sino es inherente a la democracia pluralista. Nuestro problema no es que los dos partidos tengan propuestas incompatibles, sino que no tienen propuestas, o por lo menos no las quieren exponer con transparencia. La paralización y la falta de acuerdos no se rompen con pactos, sino cambiando la correlación de fuerzas mediante elecciones. Y para que las elecciones produzcan una clara definición de rumbo, primero necesitamos que los partidos definan y expliquen con claridad la diferencia entre sus respectivos rumbos, programas y propuestas.

¿Con esto estoy diciendo que el diálogo no tiene sentido? Por lo contrario, el diálogo siempre tiene razón, en el sentido muy pragmático de mantener al país al flote mientras no se termine construyendo la nueva mayoría necesaria para redefinir el rumbo. Este proceso va a durar por lo menos hasta el 2019 (y posiblemente más) – y mientras tanto hay que mantener funcionando al país, su economía y su Estado.

Si el diálogo promovido por Naciones Unidas lograra permitir al gobierno flexibilizar sus posiciones, abrazar al pragmatismo, salirse de los callejones sin salida donde se ha atrincherado, ya sería un enorme aporte. Aunque no defina el rumbo, no lleve a un pacto nacional, no refunda la República, este diálogo sería útil. Si mediante el diálogo se lograra establecer un marco, dentro del cual el FMLN y su gobierno no pierdan la cara cambiando la políticas que necesitan cambiar para mantener el país a flote, vale la pena que todos aportemos a este esfuerzo. Lo más probable es que con esta idea el presidente, al no ver otras alternativas de cómo salir de la crisis, haya invitado a Naciones Unidas como facilitador.

Esa gente. De Cristian Villalta

Veinticinco años después, El Salvador necesita un refill de pacificación.

CRISTIAN VILLALTACristian Villalta, 26 febrero 2017 / LPG

Palabras más, palabras menos, es lo que Naciones Unidas cree. ¿Y cómo puede haber paz en un territorio en el que el Estado es cada vez más irrelevante?

Por eso ofrece auxilio a los poderes fácticos, una élite económica desconectada de la gente y una casta política desvergonzada, más interesadas en su escalada de crispación que en combatir a la exclusión y a la marginalidad.

la prensa graficaEl interés de la ONU en nuestro sino es comprensible. La transformación de los cuerpos de seguridad, la proscripción de las entidades paramilitares y el sometimiento de la Fuerza Armada a la voluntad popular fueron el éxito más obvio de los acuerdos de paz de 1992, unos de los que siempre se expresó orgullo en los pasillos neoyorquinos.

En la raíz de esas medidas yacía un cambio de doctrina del Ejército y un compromiso fundamental de la PNC: la seguridad pública es un derecho del ciudadano que no admite discriminaciones sociales, ideológicas ni políticas. Letra muerta, pues.

Sólo hay un modo de ignorar la involución que se sufre en ambas instituciones en materia de respeto a los derechos humanos, y es queriendo ignorarla. Algunos partidos políticos no solo evaden abordar el tema –condenarlo les es imposible, en El Salvador la conciencia no produce votos– sino que asumen un discurso cada vez más bélico. No son soldados del Estado de Derecho; ni soldados son, apenas montoneros irresponsables en el Salón Azul, inyectándole intolerancia a una sociedad que ya tuvo suficiente.

Ningún salvadoreño bien nacido debe relajarse, menos aún los que crecimos en los años ochenta. La raigambre de aquellos horrores, más que el servilismo del Estado para ciertos intereses económicos, lo fue la traducción de ese servilismo en una represión sistemática de la población en los barrios de renta baja, la supresión de los espacios de discusión y la intromisión del terror en la vida cotidiana.

Aquellos horrores se reproducen ahora, especialmente entre aquellos miles de ciudadanos que viven (no es una figura literaria, es un dato geográfico) en la invisible y ominosa frontera entre el Estado y la pandilla. No son menos los que atestiguaron el crecimiento del territorio de la mara hasta superar su calle, su cuadra y su barrio.

Unos y otros entienden lo que pasa. A la rendición le sucede el estupor: son doblemente sospechosos, para la pandilla porque son civiles que viven “ahí”, y para el personal de seguridad porque son civiles que viven “ahí”.

Esa gente no le importa a nadie pese a que son empleados de la gran empresa, votantes de las fuerzas mayoritarias, feligreses de las principales iglesias, consumidores, músculo productivo. Probablemente su punto de vista sobre qué hacer contra la pandilla se parecería mucho a su opinión sobre qué hacer contra la pobreza, la escasez de servicios, la mediocre inversión educativa, la mengua en la oferta de empleo, y tendría poco que ver con el enfoque militarista con que la partidocracia juguetea.

Si Naciones Unidas propiciará una nueva discusión sobre la nación salvadoreña, no debe equivocarse admitiendo en esas mesas sólo a los voceros del establishment político y económico. Las soluciones a problemas como el de seguridad se encuentran en el humanitarismo y solidaridad de los de a pie, no en la diatriba fascista de la mitad de los políticos, ni en el silencio cobarde de la otra mitad. Estos últimos deben recordar que en temas como el de las ejecuciones extrajudiciales, no tomar posición es tomar posición.

Pandillas no serán incluidas en “segundos acuerdos de paz”. Con el comunicado de las pandillas sobre el tema

Pese a que el Gobierno, los partidos políticos y la Naciones Unidas consideran que resolver la crisis de inseguridad deberá ser uno de los temas prioritarios en un nuevo acuerdo de nación, la misión de la ONU no contempla incluir a las pandillas en una mesa que busque reducir la violencia. Las pandillas han enviado una carta al enviado especial y piden ser escuchadas.

Carlos Martínez, 16 febrero 2017 / EL FARO

el faroLas pandillas no serán parte de los actores incluidos en el nuevo pacto de nación que será mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue anunciado por el presidente de la República el 16 de enero pasado, durante la conmemoración del aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que la ONU, el Gobierno y los principales partidos políticos estiman que la seguridad pública deberá ser uno de los temas prioritarios en la agenda, dada la escalada de violencia de los últimos años y el control territorial de las pandillas, la definición de una política de seguridad de consenso no pasará por la inclusión de estas organizaciones en las mesas de diálogo.

El 14 de enero, dos días antes de que se hiciera público el retorno de la ONU como mediador, las pandillas hicieron llegar a través de intermediarios una carta a Benito Andión, el enviado especial de la ONU que coordinará este proceso en el que participarán los actores más influyentes del país, incluyendo a todos los partidos políticos. Un mes después de aquella misiva, un miembro del equipo de Andión confirmó a El Faro que las pandillas no estarán en las mesas.

En la carta enviada por las tres principales pandillas  –la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18-, estas organziaciones se ponían a disposición del enviado especial de la ONU para colaborar con el proceso.

Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, será la misión de Naciones Unidas, encabezada por Andión, la que dispondrá de total libertad para decidir quiénes participarán del proceso. Según el miembro del equipo facilitador, aunque se tiene previsto realizar una convocatoria amplia esta no incluirá a ningún representante de las pandillas.

Aunque se ofrecieron a colaborar con el proceso de diálogo, los pandilleros no pedían sostener reuniones directas con el enviado especial. De hecho, en vista de las dificultades que ellos mismos preveían, sugerían tener diálogos indirectos a través de las iglesias que conforman la Iniciativa por la Vida y por la Paz (IPAZ).

“Las iglesias serán incluidas entre los actores, pero eso se había decidido antes de recibir la carta de las pandillas”, explicó la fuente, que adelantó que el tema de seguridad pública será uno de los puntos de la agenda.

Hasta ahora no se han hecho públicos muchos detalles de la misión de la ONU: se desconoce la agenda de temas a tratar; el listado de personas u organizaciones que participarán de los diálogos y los resultados que se esperan del proceso.

En enero de este año, El Faro hizo públicos los ofrecimientos de dos de las pandillas más grandes de El Salvador -la Mara Salvatrucha-13 y la facción Sureños del Barrio 18- que pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo y acompañaron esta iniciativa de varios ofrecimientos: los voceros de la MS-13 dijeron estar dispuestos a negociar incluso su propia desarticulación y el representante de los Sureños puso sobre la mesa el desmantelamiento nacional de las extorsiones y la entrega de cementerios clandestinos.

Aunque los ofrecimientos de las pandillas fueron recibidos con inusual entusiasmo por los partidos de oposición, el gobierno ha mantenido su postura inflexible: no existe ninguna posibilidad de que se abran diálogos con las pandillas.

Mesa de coordinación pandillera

El lunes 13 de febrero, un grupo de pandilleros convocaron a El Faro a una reunión en la que presentaron la “Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo”, que, según el boletín de prensa que entregaron “asume las comunicaciones de las pandillas con la Sociedad Civil Salvadoreña y la Comunidad Internacional, y emitirá las declaraciones públicas de las pandillas”.

A la convocatoria asistieron seis pandilleros que se negaron a identificar las pandillas a las que pertenecía cada uno, alegando que a partir de ese momento la mesa asumía la representatividad general de las pandillas y que no emitirían más comunicaciones unilaterales. Los pandilleros tampoco quisieron confirmar si ente ellos había representantes de las tres principales organizaciones criminales.

Los pandilleros compararon esa plataforma con la unión de los cinco ejércitos guerrilleros que dieron vida al FMLN y aseguraron que “aunque todavía hay errores y eso no lo podemos negar”, el objetivo es erradicar la  guerra entre las pandillas para hacer un frente común.

En su comunicado hacen alusión a la carta enviada a Andión: “Hemos comunicado nuestra voluntad al diálogo al emisario del Secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, y a varios representantes de gran peso de la sociedad civil salvadoreña. Si existe la posibilidad de un nuevo diálogo nacional en El Salvador, todos tenemos que aportar para crear condiciones para que pueda producir los resultados que espera el pueblo”, dice.

Los pandilleros aseguraron que la Mesa que presentaron retoma los ofrecimientos hechos por la MS-13 y por los Sureños, y que mantendrán su ofrecimiento de diálogo pese al rechazo del gobierno y a la extensión por un año más de las medidas extraordinarias, aprobadas el 9 de febrero por la Asamblea Legislativa.

SEGUNDA VUELTA agrega, para fines de documentación, el comunicado entero de las pandillas que cita el artculo de El Faro:

El comunicado de la "mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo". Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El comunicado de la “mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo”. Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El inmediatismo: obstáculo para el diálogo nacional. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 2 enero 2017 / EDH

El cumplimiento de las medidas pactadas en los más de veinte ejercicios de diálogo celebrados después del acuerdo de paz nos habría permitido dar un salto de calidad en los ámbitos político, económico y social. Esas alianzas contaron con el respaldo de una pluralidad de ciudadanos representativos de los sectores gubernamental, privado,  sindical, académico, social  y eclesiástico. Se trató de iniciativas convocadas, en su mayoría, por los respectivos gobiernos de ARENA y del FMLN. Otras surgieron por decisión de los partidos políticos y ninguna por presión de la sociedad civil.

diario hoyEn estas instancias se abordaron temáticas muy diversas: la inseguridad ciudadana, la revisión del sistema electoral, la reforma del sector salud,  la modernización de la educación pública, una estrategia nacional con un enfoque de desarrollo territorial, los derechos laborales, el crecimiento económico, la generación de empleo, la deuda pública, la reducción de la pobreza, la inversión en el medio ambiente, la profesionalización de los funcionarios y empleados públicos, el fortalecimiento de la Corte de Cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otros.

Sin embargo nos ha faltado capacidad de gestión. Lo acordado o no se consumó, o se ejecutó a medias o, peor aún, únicamente se realizó aquello que arrojaba réditos electorales. Se antepuso el inmediatismo, esa necedad de obtener resultados rápidos y veloces ignorando que los efectos de las reformas de gran calado toman su tiempo en consolidarse.

Diversos proyectos de ley no fueron aprobados. La legislación sobre el aprendizaje, que procuraba el establecimiento de un régimen voluntario en el que las empresas abrirían espacios para que los jóvenes se instruyeran en un determinado oficio; una nueva ley del servicio civil, con el propósito de sustituir el clientelismo político por la meritocracia al momento de contratar personal para las oficinas públicas; y las normas para reactivar el empleo, que habrían permitido horarios flexibles para que los trabajadores optaran a distintas fuentes de ingresos, simplemente fueron descartados. Lo mismo sucedió con las ideas de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). El impulso del ecoturismo en la zona de los volcanes, el aprovechamiento del Río Lempa para la producción de servicios ambientales, y el empuje de la región costera de Comalapa, que se destinaría a la innovación y exportación agrícola e industrial, se quedaron en el escritorio de los funcionarios de turno.

En el “Pacto de San Andrés” se hablaba ya de profesionalizar el Organismo de Inteligencia del Estado, de la creación de un escalafón salarial “técnicamente diseñado” para dar los incentivos correctos en función del desempeño, de impulsar la descentralización municipal, desahogando de esa manera al Ejecutivo, y del aumento de salarios vinculados a la productividad. Materias de igual importancia fueron discutidas en la CND, en el Plan de Educación 2021, en la Comisión Nacional de Modernización Laboral y en la Comisión Multidisciplinaria que atendió la crisis financiera de 2008.

En buena parte la ambición por alcanzar el poder político y el extremismo ideológico han contribuido al reducido impacto de lo acordado. Aún persiste el debate sobre el sistema económico, la forma de gobierno y el papel del Estado que los Constituyentes incorporaron en la Ley Fundamental. Estos son aspectos esenciales cuya estabilidad es clave para promover la certidumbre y la predictibilidad que busca todo inversionista. El éxito en otras latitudes se ha debido, entre otras variables, al consentimiento unánime de los responsables políticos, sociales y empresariales para garantizar la permanencia e inamovilidad de esos temas e impedir que se amenace con cambiarlos en cada ocasión en la que se instala una mesa de debate nacional.

La experiencia latinoamericana demuestra que las negociaciones sobre el régimen político y el sistema económico han derivado en el fortalecimiento del republicanismo para asegurar la separación de poderes y en el funcionamiento autónomo de las instituciones públicas, así como en la instauración de las condiciones que permitan a las empresas expandir sus inversiones y generar empleos en un entorno de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad privada. Lo mismo ha sucedido en el área social  donde se han concretado planes y programas sostenibles financieramente, alejados del populismo y con rendimientos medibles en el corto, mediano y largo plazo.

HONDURAS: Presidente Hernández abre nueva etapa del Diálogo Nacional en busca de terminar con impunidad y corrupción

Algunos medios reportan que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ya aceptó la demanda de los movimientos ciudadanos de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad, parecida a la CICIG de Guatemala. Sin embargo, la prensa hondureña lo refleja esto de esta forma tan clara. Reproducimos aquí el comunicado que sobre el tema publicó el sitio oficial de la Presidencia de Honduras. Habla de “es el momento para construir nuestra mejor institución contra la corrupción y la impunidad”,  con “la ayuda de facilitadores internacionales.” Pero no  menciona la instalación de una CICIH, pero expresa que el gobierno cumplirá los resultados y acuerdos que salgan del Diálogo Nacional convocado por Hernández y facilitado por la OEA.

Segunda Vuelta

9 agosto 2015 / presidencia.gob.hn

El presidente Juan Orlando Hernández dijo hoy, al abrir una nueva etapa del Diálogo Nacional, que “esto nos va a permitir a los hondureños acordar las mejores formas para terminar de una vez por todas con estos flagelos de la impunidad y la corrupción”.

“Esta es una nueva etapa del diálogo, ahora con la participación de los facilitadores internacionales, y es el momento para construir nuestra mejor institución contra la corrupción y la impunidad”, dijo Hernández.

“Quedará en la historia de Honduras” que “vamos a empezar a construir algo muy bueno” para el país, con el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA), Luis Almagro; del facilitador de este organismo, embajador John Bielh, y de muchos otros actores, dijo.

Hernández presidió el acto que se realizó en Casa Presidencial donde Almagro presentó oficialmente a Biehl como facilitador, y al que asistieron, entre otros, el canciller de la República, Arturo Corrales, y el coordinador nacional del Diálogo, Carlos Madero.

“A partir de ahora queda como coordinador general del Diálogo Nacional el embajador John Biehl Del Río, con quien esperamos tener repercusiones importantes para el país”, anunció el titular del Ejecutivo.

El gobernante agradeció  “la celeridad, el coraje, la determinación de la OEA, en aceptar la solicitud que le hemos hecho”, de apoyar el Diálogo Nacional.

“Esto reafirma el compromiso con el pueblo hondureño y estoy seguro que nos va a permitir acordar las mejores formas para terminar de una vez por todas con estos flagelos de la impunidad y la corrupción y esto va a significar mucho para el país y para Centroamérica “, dijo Hernández.

“Dudo que encuentre usted, señor secretario general de la OEA, una causa que reúna de manera tan sentida, la unanimidad en la razón y el sentimiento del pueblo hondureño. Todos en Honduras, absolutamente todos, estamos hartos de sufrir tanto daño a consecuencia de estos flagelos”, dijo el titular del Ejecutivo.

Solución prioritaria

El presidente Hernández afirmó que el efecto retardatario y antidemocrático de la impunidad en la lucha de los hondureños por la liberad genuina, el trabajo, la justicia social y el desarrollo con equidad, no puede esconder el daño que ha ocasionado.

Expuso que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones, dilapidan las riquezas de nuestro país y crean las fisuras que permiten al crimen organizado penetrar el tejido de nuestra sociedad.

“Para los hondureños, la solución permanente de los problemas de la corrupción y la impunidad, es una prioridad y un requisito imprescindible para cambiar nuestro destino”, dijo.

“Estamos buscando acuerdos sobre las mejores formas para alcanzar este objetivo en un tiempo históricamente útil y con las mejores garantías para trazar una institucionalidad eficaz y perdurable”, manifestó.

Remarcó que debe ser una institucionalidad capaz de defenderse a sí misma, aunque falta acordar los mejores procesos y mecanismos para construir, fortalecer y blindar esa institucionalidad con un contexto democrático ajustado a derecho, apegado a la justicia.

Confianza

Asimismo, el gobernante expresó su total confianza en la metodología y en los formatos adoptados por los facilitadores para el desarrollo de estos trabajos, para conceder a todos los sectores la seguridad de poder volcar sus expresiones, sus críticas y aportes para combatir la corrupción y la impunidad, en el objetivo de instalar una cultura de transparencia en el país.

“El Gobierno será un participante más en la mesa de diálogo, en la que volcará cómo los demás sus observaciones, críticas y propuestas”, agregó Hernández.

Sin embargo, consideró que las naturales divergencias o coincidencias de los participantes, con respecto a la mejor manera de combatir la corrupción y la impunidad y promover una cultura de transparencia, hacen aconsejable que la agenda del diálogo permita incluir, a propuesta de los sectores con legítimo interés, temas o cuestiones de índole política o de orden estructural que afectan la eficacia de las instituciones encargadas de combatir estos flagelos.

Indicó que, una vez establecida la agenda, corresponderá a los facilitadores establecer los parámetros o la metodología que permitan alcanzar los consensos mínimos de país, que hagan posible avanzar en este cometido.

Oportunidad

“Este diálogo abre al país una oportunidad verdadera de construir lo que nos une y superar lo que nos separa –añadió el gobernante- y de construir juntos nuestro destino como nación y reforzar los valores democráticos de nuestra cultura para el bien de todos”.

Comentó que por los criterios emitidos en las primeras jornadas del diálogo percibe que esta es una gran oportunidad para Honduras y se debe aprovechar. “Confío sobre todo en Honduras y en los hondureños que hemos decidido que el país tiene que cambiar”, dijo.

“Hemos soñado una Honduras en paz, próspera y de oportunidades, y estamos listos para hacer nuestra parte, y estoy seguro que este diálogo será una extraordinaria plataforma”, dijo el presidente Hernández.

Confirmó que su Gobierno está en comunicación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para determinar la participación del Departamento de Asuntos Políticos de ese organismo en el Diálogo Nacional.

En el proceso también participan como facilitadores nacionales representantes de las iglesias Católica y Evangélica.

El presidente Hernández ha propuesto, en el marco de este Diálogo Nacional, la creación del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).