Diálogo Nacional

El diálogo venezolano y su fracaso, Zapatero, y las elecciones. Una documentación

dóLas negociaciones entre gobierno y oposición de Venezuela en Santo Domingo han fracasado. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero había presentado un borrador, el cual no fue aceptado por la oposición, que presentó por escrito sus posiciones y correcciones. La delegación del gobierno se negó a discutir este documento y abandonó Santo Domingo. El gobierno venezolano convocó unilaterlamente elecciones presidenciales para el 22 de abril 2018, sin ningún acuerdo sobre las condiciones, sin habilitar a los partidos y candidatos de la oposición, sin restructuración del Consejo Nacional Electoral, sin liberar a los presos políticos. Luego de esto, Zapatero mandó una carta a la oposición exigiendo que firme el documento por él presentado, sin ni siquiera mencionar los puntos alternativos presentados por la oposición.

Publicamos aquí dos análisis publicados en Prodavinci, el borrador presentado por Zapatero, , su carta a la oposición, y el documento presentado por la oposición.

Segunda Vuelta

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Eugenio Hernández, 7 febrero 2018 / PRODAVINCI

El gobierno y la oposición discutieron al menos tres propuestas en República Dominicana:

  1. Una presentada por los cancilleres en diciembre de 2017.
  2. Un documento promovido por el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
  3. El último intento de acuerdo discutido la noche del martes 6 de febrero.

¿Cuál era la propuesta de los cancilleres?

prodavinciLa propuesta inicial de los cancilleres se remonta al 2 de diciembre de 2017. El ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, mostró una parte de esa propuesta en una rueda de prensa. Tres puntos básicos la dominaban:

En el caso de las sanciones contra Venezuela se acordaba crear una comisión mixta que iniciaría gestiones ante la comunidad internacional para que fuesen revisadas y suprimidas.

En el tema de las elecciones se proponía realizar los comicios en el segundo semestre de 2018. Para lograr estos comicios se proponía la integración de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con cinco rectores, dos nombrados por el gobierno, dos por la oposición y uno de común acuerdo. Este nuevo organismo comicial convocaría las elecciones con al menos seis meses de anticipación.

Esta propuesta hacía énfasis en garantizar el voto de los venezolanos en el exterior y a flexibilizar los procesos de inscripción en el Registro Electoral (RE), para permitir que los ciudadanos se inscribieran con solo presentar su cédula de identidad, aunque estuviese vencida.

La propuesta comprometía al gobierno y al CNE a evitar que el Plan República interfiriera con el trabajo en las mesas de votación.

Para garantizar la normalización institucional se proponía levantar el desacato a la Asamblea Nacional, al resolver la impugnación a la elección de los diputados de Amazonas.

Los cancilleres proponían crear una comisión de enlace entre la Asamblea Nacional (con poderes restablecidos) y la Asamblea Nacional Constituyente para “negociar un acuerdo político que precise el mandato y la temporalidad de la ANC”.

Adicionalmente se pactaba crear un Grupo Económico y Social que debía trabajar para garantizar el acceso a medicinas y comida a través de las “diversas vías existentes, supresión de los bloqueos financieros y obtención de líneas de financiamiento”.

Se creaba una Comisión de la Verdad, integrada por tres representantes del gobierno y tres de la oposición, limitada a 4 meses de funcionamiento. El Gobierno se comprometía a instar a las autoridades competentes para lograr “liberaciones inmediatas en aras de la convivencia y reconciliación”.

En esta propuesta no estaba definida la forma de hacerle seguimiento a los acuerdos.

¿Qué proponía Rodríguez Zapatero?

La falta de acuerdo sobre el documento de los cancilleres dio pie a la discusión de la propuesta de acuerdo presentada por el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los seis puntos básicos de esta propuesta eran:

  1. En cuanto a la soberanía y las sanciones indicaba que el gobierno y la oposición acordaban “trabajar conjuntamente” para que se revisaran y suprimieran “las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”. En este sentido la principal propuesta giraba en torno a la creación de una comisión bilateral “para las oportunas gestiones en la comunidad internacional”.
  2. El segundo punto estaba referido a las elecciones. Aunque el acuerdo no incluía la fecha de los comicios, la propuesta sugería que debían designarse dos rectoras para sustituir a Tania D’ Amelio y Socorro Hernández, el método de selección sería el acuerdo entre las partes. En relación con la observación internacional, la propuesta se limitaba a indicar que la partes solicitarían al Secretario General de las Naciones Unidas conformar “una delegación de acompañamiento y observación electoral”. Se acordaba reinstaurar los centros de votación cerrados en 2017, sortear a los miembros de mesa, y fijar un período mínimo de actualización del RE entre el 8 y 15 de febrero. Este  acuerdo comprometía al CNE a realizar las auditorías ejecutadas para los comicios presidenciales de 2012 y la elección parlamentaria de 2015.
  3. La conformación de una comisión política entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente que garantizara la coexistencia institucional.
  4. En relación con la situación económica y social, el acuerdo propuesto sugería la creación de una comisión que analizara y presentara propuestas “constructivas para abordar la situación económica de Venezuela”. Esta comisión debía trabajar por la “supresión de los bloqueos financieros y la obtención de líneas de financiamiento”.
  5. El último punto de esta propuesta era la creación de una Comisión de la Verdad integrada por tres representantes de la oposición, una ONG “de larga trayectoria en la promoción y defensa de los DDHH”. Esta comisión debía trabajar según las decisiones tomadas por la Constituyente el 23 de diciembre de 2017.
  6. Este acuerdo debía ser monitoreado por una comisión de seguimiento integrada por los cancilleres que han participado en el proceso de negociación, el gobierno de República Dominicana y el exjefe del Gobierno Español.

¿Cuál fue la última versión de la propuesta de Zapatero?

En la noche del martes 6 de febrero se discutió una nueva versión de la propuesta de Rodríguez Zapatero. Se llamó “Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela”.

Constaba de seis puntos básicos, muy similares a los atribuidos a Rodríguez Zapatero, que buscaban “la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto de los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económico-sociales existentes, afirmar el estado de derecho constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y el compromiso por el respeto democrático, el rechazo absoluto a la violencia como instrumento político y una política de reconciliación, como fundamento para la convivencia democrática nacional”.

La gran diferencia con la versión anterior fue la inclusión del punto sobre el reclamo del Esequibo.

Según esta propuesta, gobierno y oposición acordaban “trabajar conjuntamente para que se revisen y supriman las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”. Para este fin se crearía “una comisión bilateral para las oportunas gestiones en la comunidad internacional. La comisión comenzará a funcionar en un plazo de 48 horas”. Adicionalmente las partes acordaban ratificar “los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, a la vez que rechazaban “la inexplicable recomendación del Secretario General de la ONU que pretende desviar la aplicación de los medios políticos sucesivos ordenados por el Acuerdo de Ginebra, y dejar la resolución de esta controversia a una peligrosa inercia, desaprovechando la virtud jurídica y pacífica que ofrece este tratado internacional vigente, en armonía con los postulados de paz a los que se debe las Naciones Unidas”.

¿Cuál fue la última propuesta de la oposición?

El documento alternativo presentado por la oposición indicaba en su primer punto que el gobierno y oposición acordaban “trabajar conjuntamente, en la medida que el Gobierno avance en el otorgamiento de garantías democráticas en Venezuela, para que se revisen y supriman las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano”.

En el tema electoral no se fijaba de antemano la fecha de las elecciones. Sin embargo, se precisaba cómo debería funcionar la observación electoral. La oposición propuso que se acordara la creación de una misión de observación electoral internacional “dirigida por la ONU e integrada adicionalmente por representantes de diversas organizaciones internacionales, los países acompañantes de este acuerdo y cualquier otro país u organización acordado por las partes”. Adicionalmente se indicaba que el cronograma electoral se iniciaría “con la instalación de la Observación Internacional. Se acuerda que esta misión de observación tenga todas las posibilidades de participar en todas las etapas e instancias del proceso electoral. El Gobierno acuerda enviar, en un plazo no mayor a 48 horas, la carta de invitación para la misión de observación al Secretario General de Naciones Unidas”.

Por otra parte, se daba un plazo de 2 días para la designación de los nuevos rectores del CNE. Se incluía en el proyecto de acuerdo que “en la búsqueda de garantizar un ente electoral con garantías de transparencia e imparcialidad, se acuerda la designación, a través del TSJ, en un plazo no mayor a las 48 horas, de los dos rectores designados en fecha 13 de diciembre de 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los rectores a designar serán fruto del consenso de los firmantes de este acuerdo”.

La propuesta electoral de la oposición contenía 13 exigencias o compromisos básicos. Entre los más llamativos estaban:

1) A la fecha de la convocatoria de las elecciones los centros nacionales de votación serían reinstaurados a sus lugares originales y debía procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores.

2) Se realizarían todas las auditorías técnicas a la plataforma tecnológica y a los cuadernos de votación, con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015.

3) Se acordaba incluir explícitamente en el cronograma electoral, el sorteo de los miembros de mesa que prestaran servicio electoral en la elección presidencial, además de la adecuada notificación de los mismos, entrenamiento y acreditación a través del Poder Electoral. Se acordaba garantizar que, en los procesos de instalación y constitución de mesas electorales, se cumpliera estrictamente con lo establecido en las leyes relacionadas con la incorporación de los miembros de mesa.

4) Ambas partes acordaban la inclusión en el cronograma electoral del proceso de apertura y actualización del RE, tanto dentro como fuera del país, de manera de garantizar el ejercicio del derecho del voto a todos los venezolanos. Se debía garantizar la debida publicidad de este proceso, a través de campañas institucionales del CNE. Este proceso de actualización del RE deberá tener una duración mínima de 15 días continuos.

5) En el interior del país se garantizaría el despliegue de 1.500 puntos de actualización como mínimo, distribuidos en todas las parroquias del país. En el extranjero debía garantizarse el funcionamiento de los puntos de actualización electoral en cada sede consular. Ambas partes acordaban la ubicación de puntos de actualización adicionales, ya fuese por indisponibilidad de la sede consular, o por elevada densidad en la presencia de venezolanos en determinada localidad.

6) Las partes acordaban la legalización inmediata, en un plazo de 48 horas, de los partidos Mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia y la habilitación de Leopoldo López y Henrique Capriles Radonski.

7) Ambas partes acordaban, en función de garantizar equilibrio en la estructura del CNE de cara a las elecciones presidenciales, la presencia de ambas partes en cada comisión de trabajo del CNE, como lo son la COPAFI, la JNE y la Comisión de RE. Igualmente se acordaba la designación equilibrada de directores principales y adjuntos en cada oficina regional del CNE, en un plazo de una semana luego de la firma del presente acuerdo.

8) Ambas partes acordaban la designación equilibrada de coordinadores de Centro de Votación, en cada centro de votación del país, en el plazo de una semana a la firma de este acuerdo.

9) Ambas partes acordaban, en función de preservar inalienable el derecho al voto sin presiones externas, la prohibición de proselitismo político y de acción gubernamental alrededor de los centros de votación el día de la elección, así como de la utilización de medios de identificación y votación distintos a los establecidos en la ley.

10) Ambas partes acordaban el uso de la tinta indeleble como identificación del votante en la mesa electoral.

11) Ambas partes acordaban la prohibición estricta del voto asistido en todas las mesas de votación. Solo será permitido en los casos establecidos en la ley y con el voto favorable de los miembros de la mesa electoral.

12) En el seno de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo se constituiría un grupo de alto nivel que atendería los asuntos que se presentasen y atendería el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estaría integrada por un representante del gobierno, un representante de la oposición y un representante de la mesa de facilitación.

13) Las partes se comprometían a reconocer el resultado de los comicios presidenciales del año 2018, independientemente de los mismos, siempre y cuando se cumplan todas las garantías establecidas en las leyes y en el presente acuerdo.

En la propuesta de la oposición se establecía que ambas partes acordaban “levantar, en un plazo no mayor a 15 días, el desacato judicial que pesa sobre la Asamblea Nacional con el objeto de que recupere sus funciones constitucionales, se convierta en una institución que permita el diálogo social y la reforma económica y social de Venezuela, y coadyuve en el proceso de atención urgente en cuanto a las necesidades del pueblo venezolano. Gobierno y Oposición acuerdan crear una comisión política, en un plazo no mayor de 15 días, que garantice el desarrollo pleno de las instituciones constitucionales”.

¿Qué se proponía sobre la emergencia económica y social?

En la propuesta de la oposición se establecía que ambas partes acordaban “conformar con carácter inmediato una comisión para el estudio, análisis y formulación de propuestas constructivas para abordar la situación económica de Venezuela”. Por otra parte indicaban que esta comisión estaría “abierta al trabajo y a las propuestas de los diferentes sectores sociales y podrá solicitar la colaboración de expertos. De manera prioritaria la comisión propondrá medidas para promover el acceso de bienes y servicios a la población, con énfasis en alimentos y medicinas, a través de diversas vías existentes, como la promoción decidida a la producción nacional, supresión de bloqueos financieros, obtención de líneas de financiamiento ante los diversos organismos y entidades internacionales o países dispuestos a cooperar, y en general, cualquier otra vía que pueda contribuir a tal fin”.

Esta comisión se constituiría en los primeros siete días consecutivos a la firma del acuerdo.

 

 

La (verdadera) carta de Zapatero. De Willy McKey

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Willy McKey, 8 febrero 2018 / PRODAVINCI

Momento 1: “Muy señor mío”.

prodavinciEl eje central del análisis de cualquier carta reside en su destinatario. En este caso, las palabras van medidas por el mismo rasero, sin importar a quien vayan dirigidas. Así es como el remitente ha decidido renunciar a la enorme posibilidad diplomática que ofrece toda carta: hablarle individualmente al otro, persuadirlo a partir de sus intereses e incitarlo mediante incentivos singulares. No ha sido así: las mismas palabras para todos, los mismos argumentos para todos, la misma carta para todos. Una carta calcada y encabezada con un apelativo distante y la pesada carga del pronombre posesivo. De aquí en adelante, cualesquiera que sean los destinatarios, lo mejor será sospechar de cuanto venga luego.

DVfos5YV4AA5_JXY lo que viene luego es sólo posible desde la asfixia: una oración eterna, inacabada e in finita que adquiere forma de párrafo imposible.

Aire caliente y retórica memoriosa.

La mitad de la carta está vacía, pero irremediablemente conduce hacia un exhorto.

Momento 2: “Tras un esfuerzo ingente de diálogo, auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de República Dominicana, con el acompañamiento de un grupo de países amigos, se culminó en un consenso básico”.

Aquel receso indefinido del diálogo comenzó cuando la comisión oficialista decidió levantarse de la mesa y volver a casa, sin revisar las modificaciones propuestas por la oposición al documento presentado por Zapatero bajo el título de Acuerdo para la Convivencia Democrática por Venezuela.

Aun así, a sabiendas de que la comisión oficialista ya había vuelto a casa para rendir cuentas a Miraflores, Zapatero decide emitir su carta a quienes horas antes habían decidido señalar correcciones posibles en un documento ajeno, con el apetito de lograr algún acuerdo.

El facilitador no le escribe a quienes abandonaron la negociación para que reconsideren la contraoferta opositora, sino a quienes mantuvieron los pies debajo de la mesa hasta el último momento, exhortándolos a firmar algo que no cumple con sus expectativas.

Momento 3: “Un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para Venezuela, concretado en un documento presentado a las partes que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses”

Hemos dicho que el documento presentado por Zapatero lleva el capcioso título de Acuerdo para la Convivencia Democrática por Venezuela. Por un momento, pensemos las bondades de este título desde las comunicaciones.

El título de este documento lo convierte en una herramienta útil para el aparato comunicacional del gobierno, que incluso funciona mejor cuando no ha sido firmado. Nadie puede quedar bien parado cuando se diga que se opuso a firmar un acuerdo para la convivencia democrática, ¿cierto? Dentro de la lógica del facilitador Zapatero, era mejor para la coalición opositora firmar un (mal) acuerdo antes que mantener sus exigencias.

¿Quién podría oponerse a algo con un nombre tan bonito como Acuerdo para la Convivencia Democrática por Venezuela? Pues, al parecer, sólo alguien que lo haya leído por completo.

Momento 4. “De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición”

La voz de la carta miente. No Zapatero, sino la representación que la carta hace de Zapatero y de su papel como mediador. Zapatero, más bien, sabe lo que dice.

Nunca pudo haber sido inesperado para el facilitador que la oposición no firmara el acuerdo porque en ninguna de las declaraciones públicas de los voceros, en especial las de Julio Borges, se dejó ver algo distinto a que no habría acuerdo hasta que todo estuviera acordado.

Y el innegable síntoma de que una de las partes se levante de la mesa sin atender las modificaciones al acuerdo que plantearía la otra parte de la negociación agrieta la frágil estructura argumentativa del expresidente español. Y en esa medida, la carta miente: el documento no fue suscrito porque estaba siendo revisado. Y aquí aparece otro elemento merecedor de suspicacias, en las palabras públicas de Danilo Medina: “La oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento”.

Una negociación en la que está prohibido revisar los acuerdos es víctima letal de la dictadura de lo inmóvil y pierde todo sentido.

Momento 5. “No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad”

Éste es el momento donde la retórica juega en contra del remitente. Tras todas las articulaciones que hace, ¿cómo es posible saber cuál es la verdad, sin antes valorar circunstancias y motivos?

La única manera posible es hacerlo desde la miopía de quien cree que sólo una de las partes tiene derecho a posicionar su verdad. Y ése es un lugar de enunciación que compromete la figura de cualquier facilitador, poniéndolo de inmediato del lado de una de las partes.

Si fuera necesaria una compilación, el facilitador ha decidido ignorar que una de las partes decidió obviar la contraoferta de la otra, exhortar a quienes se mantuvieron en la negociación a firmar un acuerdo contrario a sus intereses y desatender las opiniones emitidas sobre las condiciones del acuerdo mientras finge sorpresa.

Momento 6. “Le pido, pensando en la paz y en la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”

Este exhorto frontal es, quizás, el más opaco de todos los momentos que componen la última carta del facilitador Zapatero. En el lenguaje del envite, es jugarse el resto: ya no le interesan las versiones posibles, las correcciones, la igualdad de derechos de las partes. Ni siquiera que ya uno de los lados de la negociación abandonó la mesa está en Caracas, robándose una fecha que fue pensada en conjunto siempre que se cumplieran otras condiciones. Ni siquiera que el anuncio de esa fecha demostrara de manera fehaciente que el Consejo Nacional Electoral no decide de manera autónoma, sino que espera la orden directa de quienes eran la cara del gobierno apenas unos instantes antes de esta carta. Ni siquiera que ese mismo gobierno que, según él,  se había comprometido a cumplir escrupulosamente lo acordado ya estaba de nuevo en su palacio, con los restos de la mesa en las manos como excusas para su nueva falta de escrúpulos electorera.

Momento 7. “Espero su respuesta favorable”

No espera Zapatero la posibilidad de una negativa. No le da cabida a un desacuerdo más, a otra negociación, a un no por respuesta. Su única expectativa es no-dialogante, casi muda: un sí refrendado por la firma de un alguien que represente algo. Lo que sea. Alguna parte que se ponga a su favor, así sea producto del tedio.

Y en medio de este delirio, Zapatero se confiesa de un lado de la mesa.

Zapatero es la transcripción de una voz que se vanagloria de sí misma, con la única intención de que le crean esta última jugada. Pero el lugar de enunciación de Zapatero ya no es el de un mediador o de un facilitador. Exhorta y no aconseja. Obliga. Y mientras obliga, finge sorpresa. Atenta contra sus verdades aparentes e intenta venderse a sí mismo como alguien neutral, al mismo tiempo que envía la carta en todas direcciones, con el propósito de fracturar.

Porque esta carta pretende que desde la miriada opositora aparezca otra voz que pacte con su performance y firme.

Es su última carta: la verdadera.

 

EL BORRADOR DE ZAPATERO QUE A OPOSICION NO VA A FIRMAR

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EL DOCUMENTO DE LA OPOSICION

 

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Columna transversal: Correcciones para mantener el país al flote. De Paolo Luers

Los que le ponen metas falsas o irreales, no le hacen ningún favor al incipiente diálogo nacional. Le hacen estorbo.

Paolo Luers, 10 marzo 2017 / EDH

Los que hablan de ‘Segundos Acuerdos de Paz’ o de ‘Acuerdos de Paz de Segunda Generación’ son igualmente irresponsables que los que piden un ‘Pacto de Nación’ que defina, de una por todas, el rumbo del país, o incluso la ‘Refundación de la República’ mediante una Constituyente…

Buscar unos ‘Segundos Acuerdos de Paz’ sólo tendría sentido si habláramos de buscar la paz, mediante diálogo y tal vez negociaciones, en el actual conflicto sangriento, que es entre Estado y pandillas. Pero ni el gobierno, que invitó a Naciones Unidas a esta iniciativa, ni este organismo internacional, ni los partidos políticos dejan duda que no están buscando esto. Entonces, ¿‘Segundo Acuerdo de Paz’ entre quiénes? ¿Entre los que firmaron el primer Acuerdo de Paz: ARENA y FMLN? La última vez que chequeé, no estaban en guerra. Olvidémenos de este término.

Otros hablan de ‘Acuerdos de Segunda Generación’, obviamente viendo los de 1992 como acuerdos incompletos. Es una idea erronea pensar que los Acuerdos de Paz se quedaron cortos y por tanto habrá que completarlos ahora. Los acuerdos del 1992 cumplieron a cabalidad lo que eran sus propósitos: terminar la guerra; erradicar la violencia como instrumento de la política; y establecer el pluralismo democrático, en el cual la izquierda se podía incorporar, buscando realizar su concepto de transformaciones sociales mediante el uso de la política, del derecho a la organización y de la libertad de expresión.

Todo esto (y la desmilitarización) se cumplió con la reforma del sistema político e institucional producida por los Acuerdos de Chapultepec. El hecho la izquierda, luego de incorporarse al sistema plural e incluso llegar al Ejecutivo, no produjo ninguna transformación social es un problema o de su incapacidad, o de su falta de voluntad, o del enredo ideológico de este partido – pero de ninguna manera es falacia de los Acuerdos de Paz.

El hecho que tampoco ARENA ha tenido éxito en poner en páctica su concepto que con suficiente crecimiento económico y con libertad empresarial se generarían los recursos para erradicar la probreza y marginación, tampoco es culpa de los Acuerdos de Paz, sino de las políticas de ARENA – y de su deslice al populismo con la llegada de Saca. Pero Saca del lado de ARENA y Funes del lado del FMLN no son consecuencias tardías de los Acuerdos de Paz, sino de errores y desviaciones de sus respectivos partidos.

No necesitamos completar los Acuerdos de Paz, ni mucho menos refundar la República o reescribir la Constitución. Necesitamos renovación de la política y de los partidos para prevenir al siguiente Saca o Funes. Necesitamos desarrollar políticas públicas y formas de gobernar adecuadas para enfrentar los retor del siglo 21, con su revolución tecnológica y una globalización indetenible. Necesitamos analizar el presente y el futuro para definir estas políticas pública, en vez de seguir analizando los conflictos del siglo XX.

Bueno, dirán muchos: Pero por lo menos tiene que salir de esta coyuntura de diálogo y los buenos oficios de Naciones Unidas un ‘Pacto de País’ que rompa la paralización causada por la polarización. Un pacto que defina el rumbo, para que todos podamos trabajar unidos con los mismos propósitos…

Esto o es una trampa o es una ingenuidad. La polarización no tiene nada de malo, sino es inherente a la democracia pluralista. Nuestro problema no es que los dos partidos tengan propuestas incompatibles, sino que no tienen propuestas, o por lo menos no las quieren exponer con transparencia. La paralización y la falta de acuerdos no se rompen con pactos, sino cambiando la correlación de fuerzas mediante elecciones. Y para que las elecciones produzcan una clara definición de rumbo, primero necesitamos que los partidos definan y expliquen con claridad la diferencia entre sus respectivos rumbos, programas y propuestas.

¿Con esto estoy diciendo que el diálogo no tiene sentido? Por lo contrario, el diálogo siempre tiene razón, en el sentido muy pragmático de mantener al país al flote mientras no se termine construyendo la nueva mayoría necesaria para redefinir el rumbo. Este proceso va a durar por lo menos hasta el 2019 (y posiblemente más) – y mientras tanto hay que mantener funcionando al país, su economía y su Estado.

Si el diálogo promovido por Naciones Unidas lograra permitir al gobierno flexibilizar sus posiciones, abrazar al pragmatismo, salirse de los callejones sin salida donde se ha atrincherado, ya sería un enorme aporte. Aunque no defina el rumbo, no lleve a un pacto nacional, no refunda la República, este diálogo sería útil. Si mediante el diálogo se lograra establecer un marco, dentro del cual el FMLN y su gobierno no pierdan la cara cambiando la políticas que necesitan cambiar para mantener el país a flote, vale la pena que todos aportemos a este esfuerzo. Lo más probable es que con esta idea el presidente, al no ver otras alternativas de cómo salir de la crisis, haya invitado a Naciones Unidas como facilitador.

Esa gente. De Cristian Villalta

Veinticinco años después, El Salvador necesita un refill de pacificación.

CRISTIAN VILLALTACristian Villalta, 26 febrero 2017 / LPG

Palabras más, palabras menos, es lo que Naciones Unidas cree. ¿Y cómo puede haber paz en un territorio en el que el Estado es cada vez más irrelevante?

Por eso ofrece auxilio a los poderes fácticos, una élite económica desconectada de la gente y una casta política desvergonzada, más interesadas en su escalada de crispación que en combatir a la exclusión y a la marginalidad.

la prensa graficaEl interés de la ONU en nuestro sino es comprensible. La transformación de los cuerpos de seguridad, la proscripción de las entidades paramilitares y el sometimiento de la Fuerza Armada a la voluntad popular fueron el éxito más obvio de los acuerdos de paz de 1992, unos de los que siempre se expresó orgullo en los pasillos neoyorquinos.

En la raíz de esas medidas yacía un cambio de doctrina del Ejército y un compromiso fundamental de la PNC: la seguridad pública es un derecho del ciudadano que no admite discriminaciones sociales, ideológicas ni políticas. Letra muerta, pues.

Sólo hay un modo de ignorar la involución que se sufre en ambas instituciones en materia de respeto a los derechos humanos, y es queriendo ignorarla. Algunos partidos políticos no solo evaden abordar el tema –condenarlo les es imposible, en El Salvador la conciencia no produce votos– sino que asumen un discurso cada vez más bélico. No son soldados del Estado de Derecho; ni soldados son, apenas montoneros irresponsables en el Salón Azul, inyectándole intolerancia a una sociedad que ya tuvo suficiente.

Ningún salvadoreño bien nacido debe relajarse, menos aún los que crecimos en los años ochenta. La raigambre de aquellos horrores, más que el servilismo del Estado para ciertos intereses económicos, lo fue la traducción de ese servilismo en una represión sistemática de la población en los barrios de renta baja, la supresión de los espacios de discusión y la intromisión del terror en la vida cotidiana.

Aquellos horrores se reproducen ahora, especialmente entre aquellos miles de ciudadanos que viven (no es una figura literaria, es un dato geográfico) en la invisible y ominosa frontera entre el Estado y la pandilla. No son menos los que atestiguaron el crecimiento del territorio de la mara hasta superar su calle, su cuadra y su barrio.

Unos y otros entienden lo que pasa. A la rendición le sucede el estupor: son doblemente sospechosos, para la pandilla porque son civiles que viven “ahí”, y para el personal de seguridad porque son civiles que viven “ahí”.

Esa gente no le importa a nadie pese a que son empleados de la gran empresa, votantes de las fuerzas mayoritarias, feligreses de las principales iglesias, consumidores, músculo productivo. Probablemente su punto de vista sobre qué hacer contra la pandilla se parecería mucho a su opinión sobre qué hacer contra la pobreza, la escasez de servicios, la mediocre inversión educativa, la mengua en la oferta de empleo, y tendría poco que ver con el enfoque militarista con que la partidocracia juguetea.

Si Naciones Unidas propiciará una nueva discusión sobre la nación salvadoreña, no debe equivocarse admitiendo en esas mesas sólo a los voceros del establishment político y económico. Las soluciones a problemas como el de seguridad se encuentran en el humanitarismo y solidaridad de los de a pie, no en la diatriba fascista de la mitad de los políticos, ni en el silencio cobarde de la otra mitad. Estos últimos deben recordar que en temas como el de las ejecuciones extrajudiciales, no tomar posición es tomar posición.

Pandillas no serán incluidas en “segundos acuerdos de paz”. Con el comunicado de las pandillas sobre el tema

Pese a que el Gobierno, los partidos políticos y la Naciones Unidas consideran que resolver la crisis de inseguridad deberá ser uno de los temas prioritarios en un nuevo acuerdo de nación, la misión de la ONU no contempla incluir a las pandillas en una mesa que busque reducir la violencia. Las pandillas han enviado una carta al enviado especial y piden ser escuchadas.

Carlos Martínez, 16 febrero 2017 / EL FARO

el faroLas pandillas no serán parte de los actores incluidos en el nuevo pacto de nación que será mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que fue anunciado por el presidente de la República el 16 de enero pasado, durante la conmemoración del aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz.

Pese a que la ONU, el Gobierno y los principales partidos políticos estiman que la seguridad pública deberá ser uno de los temas prioritarios en la agenda, dada la escalada de violencia de los últimos años y el control territorial de las pandillas, la definición de una política de seguridad de consenso no pasará por la inclusión de estas organizaciones en las mesas de diálogo.

El 14 de enero, dos días antes de que se hiciera público el retorno de la ONU como mediador, las pandillas hicieron llegar a través de intermediarios una carta a Benito Andión, el enviado especial de la ONU que coordinará este proceso en el que participarán los actores más influyentes del país, incluyendo a todos los partidos políticos. Un mes después de aquella misiva, un miembro del equipo de Andión confirmó a El Faro que las pandillas no estarán en las mesas.

En la carta enviada por las tres principales pandillas  –la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18-, estas organziaciones se ponían a disposición del enviado especial de la ONU para colaborar con el proceso.

Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, será la misión de Naciones Unidas, encabezada por Andión, la que dispondrá de total libertad para decidir quiénes participarán del proceso. Según el miembro del equipo facilitador, aunque se tiene previsto realizar una convocatoria amplia esta no incluirá a ningún representante de las pandillas.

Aunque se ofrecieron a colaborar con el proceso de diálogo, los pandilleros no pedían sostener reuniones directas con el enviado especial. De hecho, en vista de las dificultades que ellos mismos preveían, sugerían tener diálogos indirectos a través de las iglesias que conforman la Iniciativa por la Vida y por la Paz (IPAZ).

“Las iglesias serán incluidas entre los actores, pero eso se había decidido antes de recibir la carta de las pandillas”, explicó la fuente, que adelantó que el tema de seguridad pública será uno de los puntos de la agenda.

Hasta ahora no se han hecho públicos muchos detalles de la misión de la ONU: se desconoce la agenda de temas a tratar; el listado de personas u organizaciones que participarán de los diálogos y los resultados que se esperan del proceso.

En enero de este año, El Faro hizo públicos los ofrecimientos de dos de las pandillas más grandes de El Salvador -la Mara Salvatrucha-13 y la facción Sureños del Barrio 18- que pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo y acompañaron esta iniciativa de varios ofrecimientos: los voceros de la MS-13 dijeron estar dispuestos a negociar incluso su propia desarticulación y el representante de los Sureños puso sobre la mesa el desmantelamiento nacional de las extorsiones y la entrega de cementerios clandestinos.

Aunque los ofrecimientos de las pandillas fueron recibidos con inusual entusiasmo por los partidos de oposición, el gobierno ha mantenido su postura inflexible: no existe ninguna posibilidad de que se abran diálogos con las pandillas.

Mesa de coordinación pandillera

El lunes 13 de febrero, un grupo de pandilleros convocaron a El Faro a una reunión en la que presentaron la “Mesa Coordinadora de Pandillas para el Diálogo”, que, según el boletín de prensa que entregaron “asume las comunicaciones de las pandillas con la Sociedad Civil Salvadoreña y la Comunidad Internacional, y emitirá las declaraciones públicas de las pandillas”.

A la convocatoria asistieron seis pandilleros que se negaron a identificar las pandillas a las que pertenecía cada uno, alegando que a partir de ese momento la mesa asumía la representatividad general de las pandillas y que no emitirían más comunicaciones unilaterales. Los pandilleros tampoco quisieron confirmar si ente ellos había representantes de las tres principales organizaciones criminales.

Los pandilleros compararon esa plataforma con la unión de los cinco ejércitos guerrilleros que dieron vida al FMLN y aseguraron que “aunque todavía hay errores y eso no lo podemos negar”, el objetivo es erradicar la  guerra entre las pandillas para hacer un frente común.

En su comunicado hacen alusión a la carta enviada a Andión: “Hemos comunicado nuestra voluntad al diálogo al emisario del Secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, y a varios representantes de gran peso de la sociedad civil salvadoreña. Si existe la posibilidad de un nuevo diálogo nacional en El Salvador, todos tenemos que aportar para crear condiciones para que pueda producir los resultados que espera el pueblo”, dice.

Los pandilleros aseguraron que la Mesa que presentaron retoma los ofrecimientos hechos por la MS-13 y por los Sureños, y que mantendrán su ofrecimiento de diálogo pese al rechazo del gobierno y a la extensión por un año más de las medidas extraordinarias, aprobadas el 9 de febrero por la Asamblea Legislativa.

SEGUNDA VUELTA agrega, para fines de documentación, el comunicado entero de las pandillas que cita el artculo de El Faro:

El comunicado de la "mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo". Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El comunicado de la “mesa Coordinadora de las pandillas para el diálogo”. Fue difundido a los medios el día 15 de febrero 2017

El inmediatismo: obstáculo para el diálogo nacional. De Luis Mario Rodríguez

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 2 enero 2017 / EDH

El cumplimiento de las medidas pactadas en los más de veinte ejercicios de diálogo celebrados después del acuerdo de paz nos habría permitido dar un salto de calidad en los ámbitos político, económico y social. Esas alianzas contaron con el respaldo de una pluralidad de ciudadanos representativos de los sectores gubernamental, privado,  sindical, académico, social  y eclesiástico. Se trató de iniciativas convocadas, en su mayoría, por los respectivos gobiernos de ARENA y del FMLN. Otras surgieron por decisión de los partidos políticos y ninguna por presión de la sociedad civil.

diario hoyEn estas instancias se abordaron temáticas muy diversas: la inseguridad ciudadana, la revisión del sistema electoral, la reforma del sector salud,  la modernización de la educación pública, una estrategia nacional con un enfoque de desarrollo territorial, los derechos laborales, el crecimiento económico, la generación de empleo, la deuda pública, la reducción de la pobreza, la inversión en el medio ambiente, la profesionalización de los funcionarios y empleados públicos, el fortalecimiento de la Corte de Cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre otros.

Sin embargo nos ha faltado capacidad de gestión. Lo acordado o no se consumó, o se ejecutó a medias o, peor aún, únicamente se realizó aquello que arrojaba réditos electorales. Se antepuso el inmediatismo, esa necedad de obtener resultados rápidos y veloces ignorando que los efectos de las reformas de gran calado toman su tiempo en consolidarse.

Diversos proyectos de ley no fueron aprobados. La legislación sobre el aprendizaje, que procuraba el establecimiento de un régimen voluntario en el que las empresas abrirían espacios para que los jóvenes se instruyeran en un determinado oficio; una nueva ley del servicio civil, con el propósito de sustituir el clientelismo político por la meritocracia al momento de contratar personal para las oficinas públicas; y las normas para reactivar el empleo, que habrían permitido horarios flexibles para que los trabajadores optaran a distintas fuentes de ingresos, simplemente fueron descartados. Lo mismo sucedió con las ideas de la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). El impulso del ecoturismo en la zona de los volcanes, el aprovechamiento del Río Lempa para la producción de servicios ambientales, y el empuje de la región costera de Comalapa, que se destinaría a la innovación y exportación agrícola e industrial, se quedaron en el escritorio de los funcionarios de turno.

En el “Pacto de San Andrés” se hablaba ya de profesionalizar el Organismo de Inteligencia del Estado, de la creación de un escalafón salarial “técnicamente diseñado” para dar los incentivos correctos en función del desempeño, de impulsar la descentralización municipal, desahogando de esa manera al Ejecutivo, y del aumento de salarios vinculados a la productividad. Materias de igual importancia fueron discutidas en la CND, en el Plan de Educación 2021, en la Comisión Nacional de Modernización Laboral y en la Comisión Multidisciplinaria que atendió la crisis financiera de 2008.

En buena parte la ambición por alcanzar el poder político y el extremismo ideológico han contribuido al reducido impacto de lo acordado. Aún persiste el debate sobre el sistema económico, la forma de gobierno y el papel del Estado que los Constituyentes incorporaron en la Ley Fundamental. Estos son aspectos esenciales cuya estabilidad es clave para promover la certidumbre y la predictibilidad que busca todo inversionista. El éxito en otras latitudes se ha debido, entre otras variables, al consentimiento unánime de los responsables políticos, sociales y empresariales para garantizar la permanencia e inamovilidad de esos temas e impedir que se amenace con cambiarlos en cada ocasión en la que se instala una mesa de debate nacional.

La experiencia latinoamericana demuestra que las negociaciones sobre el régimen político y el sistema económico han derivado en el fortalecimiento del republicanismo para asegurar la separación de poderes y en el funcionamiento autónomo de las instituciones públicas, así como en la instauración de las condiciones que permitan a las empresas expandir sus inversiones y generar empleos en un entorno de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad privada. Lo mismo ha sucedido en el área social  donde se han concretado planes y programas sostenibles financieramente, alejados del populismo y con rendimientos medibles en el corto, mediano y largo plazo.

HONDURAS: Presidente Hernández abre nueva etapa del Diálogo Nacional en busca de terminar con impunidad y corrupción

Algunos medios reportan que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ya aceptó la demanda de los movimientos ciudadanos de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad, parecida a la CICIG de Guatemala. Sin embargo, la prensa hondureña lo refleja esto de esta forma tan clara. Reproducimos aquí el comunicado que sobre el tema publicó el sitio oficial de la Presidencia de Honduras. Habla de “es el momento para construir nuestra mejor institución contra la corrupción y la impunidad”,  con “la ayuda de facilitadores internacionales.” Pero no  menciona la instalación de una CICIH, pero expresa que el gobierno cumplirá los resultados y acuerdos que salgan del Diálogo Nacional convocado por Hernández y facilitado por la OEA.

Segunda Vuelta

9 agosto 2015 / presidencia.gob.hn

El presidente Juan Orlando Hernández dijo hoy, al abrir una nueva etapa del Diálogo Nacional, que “esto nos va a permitir a los hondureños acordar las mejores formas para terminar de una vez por todas con estos flagelos de la impunidad y la corrupción”.

“Esta es una nueva etapa del diálogo, ahora con la participación de los facilitadores internacionales, y es el momento para construir nuestra mejor institución contra la corrupción y la impunidad”, dijo Hernández.

“Quedará en la historia de Honduras” que “vamos a empezar a construir algo muy bueno” para el país, con el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA), Luis Almagro; del facilitador de este organismo, embajador John Bielh, y de muchos otros actores, dijo.

Hernández presidió el acto que se realizó en Casa Presidencial donde Almagro presentó oficialmente a Biehl como facilitador, y al que asistieron, entre otros, el canciller de la República, Arturo Corrales, y el coordinador nacional del Diálogo, Carlos Madero.

“A partir de ahora queda como coordinador general del Diálogo Nacional el embajador John Biehl Del Río, con quien esperamos tener repercusiones importantes para el país”, anunció el titular del Ejecutivo.

El gobernante agradeció  “la celeridad, el coraje, la determinación de la OEA, en aceptar la solicitud que le hemos hecho”, de apoyar el Diálogo Nacional.

“Esto reafirma el compromiso con el pueblo hondureño y estoy seguro que nos va a permitir acordar las mejores formas para terminar de una vez por todas con estos flagelos de la impunidad y la corrupción y esto va a significar mucho para el país y para Centroamérica “, dijo Hernández.

“Dudo que encuentre usted, señor secretario general de la OEA, una causa que reúna de manera tan sentida, la unanimidad en la razón y el sentimiento del pueblo hondureño. Todos en Honduras, absolutamente todos, estamos hartos de sufrir tanto daño a consecuencia de estos flagelos”, dijo el titular del Ejecutivo.

Solución prioritaria

El presidente Hernández afirmó que el efecto retardatario y antidemocrático de la impunidad en la lucha de los hondureños por la liberad genuina, el trabajo, la justicia social y el desarrollo con equidad, no puede esconder el daño que ha ocasionado.

Expuso que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones, dilapidan las riquezas de nuestro país y crean las fisuras que permiten al crimen organizado penetrar el tejido de nuestra sociedad.

“Para los hondureños, la solución permanente de los problemas de la corrupción y la impunidad, es una prioridad y un requisito imprescindible para cambiar nuestro destino”, dijo.

“Estamos buscando acuerdos sobre las mejores formas para alcanzar este objetivo en un tiempo históricamente útil y con las mejores garantías para trazar una institucionalidad eficaz y perdurable”, manifestó.

Remarcó que debe ser una institucionalidad capaz de defenderse a sí misma, aunque falta acordar los mejores procesos y mecanismos para construir, fortalecer y blindar esa institucionalidad con un contexto democrático ajustado a derecho, apegado a la justicia.

Confianza

Asimismo, el gobernante expresó su total confianza en la metodología y en los formatos adoptados por los facilitadores para el desarrollo de estos trabajos, para conceder a todos los sectores la seguridad de poder volcar sus expresiones, sus críticas y aportes para combatir la corrupción y la impunidad, en el objetivo de instalar una cultura de transparencia en el país.

“El Gobierno será un participante más en la mesa de diálogo, en la que volcará cómo los demás sus observaciones, críticas y propuestas”, agregó Hernández.

Sin embargo, consideró que las naturales divergencias o coincidencias de los participantes, con respecto a la mejor manera de combatir la corrupción y la impunidad y promover una cultura de transparencia, hacen aconsejable que la agenda del diálogo permita incluir, a propuesta de los sectores con legítimo interés, temas o cuestiones de índole política o de orden estructural que afectan la eficacia de las instituciones encargadas de combatir estos flagelos.

Indicó que, una vez establecida la agenda, corresponderá a los facilitadores establecer los parámetros o la metodología que permitan alcanzar los consensos mínimos de país, que hagan posible avanzar en este cometido.

Oportunidad

“Este diálogo abre al país una oportunidad verdadera de construir lo que nos une y superar lo que nos separa –añadió el gobernante- y de construir juntos nuestro destino como nación y reforzar los valores democráticos de nuestra cultura para el bien de todos”.

Comentó que por los criterios emitidos en las primeras jornadas del diálogo percibe que esta es una gran oportunidad para Honduras y se debe aprovechar. “Confío sobre todo en Honduras y en los hondureños que hemos decidido que el país tiene que cambiar”, dijo.

“Hemos soñado una Honduras en paz, próspera y de oportunidades, y estamos listos para hacer nuestra parte, y estoy seguro que este diálogo será una extraordinaria plataforma”, dijo el presidente Hernández.

Confirmó que su Gobierno está en comunicación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para determinar la participación del Departamento de Asuntos Políticos de ese organismo en el Diálogo Nacional.

En el proceso también participan como facilitadores nacionales representantes de las iglesias Católica y Evangélica.

El presidente Hernández ha propuesto, en el marco de este Diálogo Nacional, la creación del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).