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Diputado Soto eleva su patrimonio a $1.2 millones. Justifica que bienes declarados fueron heredados

El Diario de Hoy tuvo acceso a las declaraciones patrimoniales de Rigoberto Soto desde 2006 a la de inicio del actual periodo. El funcionario justifica que el incremento se debe a aceptaciones de herencia tanto suya como de su esposa.

A la izquierda, Jesús Grande y Rigoberto Soto, dos diputados tránsfugas. Foto EDH / Jorge reyes

A la izquierda, Jesús Grande y Rigoberto Soto, dos diputados tránsfugas. Foto EDH / Jorge reyes

, 4 sept. 2015 / EDH

El diputado de GANA por el departamento de Usulután, Rigoberto Soto, pasó de tener un patrimonio de $56 mil 714 a uno que asciende a $1 millón 154 mil 800, es decir un alza de $1 millón 212 mil en menos de una década como legislador de la Asamblea Legislativa.

Así lo refleja la declaración patrimonial del diputado entregada por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a El Diario de Hoy.

Al inicio de su gestión, el funcionario declaró un patrimonio líquido de $56 mil 714.29, proviniendo esos fondos de deudas contraídas por préstamos.

Del patrimonio actual, Soto atribuye en su declaración que $870 mil pertenecen a su grupo familiar y los restantes $341 mil 510 los declara como suyos, según la versión pública del documento. Pero hay que destacar que esa información no había sido detallada en ninguna de las declaraciones de los periodos legislativos anteriores, sino que se lo informó a la CSJ en mayo de este año cuando tomó posesión del cargo como legislador.

Soto inició en el Congreso como diputado suplente en 2006 con un salario mensual de $2 mil 909, lo cual le generaba un ingreso de $34 mil 920 al año; pero al cabo de los tres años de legislatura (en 2009) su patrimonio subió a $317 mil 794, indican los datos oficiales.

En el periodo legislativo siguiente (mayo 2009 a abril 2012), Soto fungió como diputado propietario y tenía un salario al mes de $4 mil 25, lo que en el año sumaban $48 mil 324. En ese lapso, el legislador tuvo otra alza en su patrimonio y reportó al final de esa legislatura que tenía $319 mil 937, de acuerdo con la declaración que hizo ante Probidad de la CSJ.

Lo más notorio en las declaraciones patrimoniales de este diputado de GANA está en la que presentó del periodo del 1 de mayo 2012 al 30 de abril de 2015, ya que en esa pasó de poseer $319 mil 937 a tener $1 millón 154 mil 800. Es decir, que su patrimonio se elevó en 260.9 %, según se deriva de los datos oficiales.

Cuando Soto tomó posesión del cargo en la pasada legislatura reportó que sus activos en bienes muebles eran de $15 mil 500 y que sus bienes inmuebles eran de $559 mil 350, lo que hacía un total de $574 mil 850. También reportó que tenía deudas por $254 mil 912. Hasta allí no había mencionado nada del patrimonio de su familia.

Fue en la declaración del periodo del 1 de mayo 2012 al 30 de abril 2015 que el diputado de GANA indicó que su grupo familiar tiene $20 mil en bienes muebles y $850 mil en bienes inmuebles.

Los ingresos y egresos

Otro dato que destaca de la información que entregó a la CSJ es que en el apartado referente a los ingresos por “aguinaldo, vacaciones, sobresueldos, indemnizaciones, pensiones, etc.”, Soto pasó de declarar $261 (hasta el 30 de abril 2009) a un monto de $20 mil 571 en la legislatura que inició el 1 de mayo 2009 y terminó el 30 de abril 2012.

Y en la declaración patrimonial que presentó del periodo del 1 de mayo 2012 al 30 de abril 2015, el diputado declaró en ese mismo rubro un monto de $54 mil 704.

También informó en el mismo lapso que en el apartado de “otras rentas: honorarios, alquileres, intereses, dividendos, agricultura, y ganadería, etc.” su familia tuvo ingresos por $36 mil y que él percibió $27 mil.

Los ingresos anuales del diputado Rigoberto Soto han ido en alza con cada legislatura. En el primer periodo como legislador de 2006 a 2009 pasó de percibir $34 mil 900 a $59 mil 200, lo que implica un incremento del 69.4 %.

Luego en la siguiente Asamblea sus ingresos subieron de $72 mil 600 a $92 mil 900, es decir un 28 % más. Y en la legislatura de 2012 al 30 de abril de este año, pasó de percibir $72 mil 300 a $148 mil 500, lo que significa un 105.4 % extra.

Además, Soto reportó como parte de sus egresos una amortización de deuda por $40 mil y su familia hizo otro pago por $15 mil, según la declaración.

En total, ese año tuvo un egreso de fondos por $108 mil, la mayoría de ellos ($85 mil) reportados a nivel personal y el resto, familiar.

Según la declaración patrimonial, en el rubro de egresos se incluyen los gastos como alimentación, vestuario, salud, educación, amortizaciones de deudas y descuentos de ley como cuotas del ISSS, AFP e impuestos, entre otros.

Al inicio de su periodo en 2006, como diputado suplente, Soto reflejó casi $31 mil en este tipo de gastos. Sus familiares no reportaron cifra alguna en este rubro.

Posteriormente, en los siguientes periodos, las cifras fueron variando. Al concluir en 2009, registró $57 mil 600 (solo él); al inicio de su diputación como propietario, Soto declaró $61 mil 200 y al concluir este gasto bajó a $40 mil. En 2012, al inicio de su periodo reportó egresos por $75 mil y al final los $108 mil consignados antes.

Se contactó, vía telefónica, con el diputado Soto para conocer el origen de este patrimonio declarado y aseguró que proviene de herencias de sus padres así como a su actual esposa. (Ver más detalles en la siguiente nota).

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Soto justifica que bienes declarados fueron heredados

, 4 sept. 2015 / EDH

Los bienes muebles e inmuebles así como los ingresos y egresos reflejados en las declaraciones patrimoniales de Rigoberto Soto provienen no solo de su labor como diputado, sino producto de herencia de sus padres, aseguró el funcionario público.

Rigoberto Soto tiene nueve años de ser funcionario público, los tres primeros como diputado suplente y los otros seis como propietario. En la actualidad es diputado por GANA.

Soto declaró, al inicio de su mandato como diputado suplente, un patrimonio por $56 mil 714, la mayor parte de estos fondos producto de un préstamo, y al inicio de su actual periodo como diputado por Usulután, reportó la cifra de $1 millón 154 mil 800.

El parlamentario aseguró que ha declarado dos propiedades suyas, una de rubro agrícola y la otra una casa en la colonia Escalón, que fueron heredadas por su madre y su padre.

Explicó que si bien su progenitora murió en 2003, el litigio por sus propiedades duró varios años y hasta que las tuvo a su nombre fue que las reportó a Probidad.

En el caso de su padre, asegura que le cedió, en vida, algunos muebles e inmuebles, debido a que contrajo nupcias a cuatro años de haber enviudado y para no tener inconvenientes con su nueva familia política, entregó las propiedades a sus hijos.

Asimismo, Soto asegura que su esposa también heredó propiedades, luego que su suegro murió en 2009.

Según la declaración patrimonial, el diputado plasmó bienes muebles e inmuebles de su grupo familiar solo cuando concluyó el periodo el 30 de abril de 2015. En los años anteriores no reflejó monto alguno.

El monto de lo declarado es de $870 mil.

Soto asegura que se trata de tres propiedades, dos en Usulután y otra en San Salvador. Incluso, en uno de estos terrenos funcionó anteriormente un restaurante de comida rápida y ahora es un negocio sobre artículos deportivos.

“Ahí están todas las aceptaciones de herencia que he tenido y las que tuvo mi señora por su padre. Prácticamente ahí está sustentado todo”, aseveró.

Se le cuestionó al funcionario que por qué si al inicio de su gestión inició con un patrimonio de $56 mil 714, la mayoría producto de un préstamos, y ahora registraba un incremento sustancial en su patrimonio, manifestó que empezó con saldo rojo debido a que acababa de pasar por un divorcio de su primer matrimonio y por ello su saldo neto inicial era de $9 mil.

Los hondureños dicen: “¡No a la corrupción!”

Una investigación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social revela una millonaria corrupción que involucra a varios funcionarios del partido en el gobierno.

Izquierda radical ha contaminado las protestas, en las que se demanda ayuda internacional y la dimisión del presidente.

Honduras recibe apoyo internacional de parte de la OEA para iniciar un diálogo nacional creado por el presidente.

EDH-honduras

Como sus vecinos guatemaltecos, Honduras ha despertado en contra de la corrupción, pero sus habitantes siguen  divididos, como hace seis años, cuando fue derrocado Manuel Zelaya. En las calles, el hondureño promedio expresa que la corrupción es un problema que ha empobrecido al país centroamericano desde hace muchos años. Muchos coinciden en que es necesaria una institución como la Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la que funciona en Guatemala (Cicig).

Mientras que centenares de ciudadanos hacen presión en las calles y bulevares, exigiendo la salida del presidente Juan Orlando Hernández y pidiendo una comisión internacional contra la impunidad para investigar la corrupción, otros están satisfechos por la gestión del mandatario y afirman que las marchas se han desnaturalizado y son contaminadas por los políticos.

Óscar Alberto Hernández, de 66 años, es un motorista hotelero y exjugador del equipo de fútbol Motagua. Mientras hacemos un recorrido por el centro de la ciudad de Tegucigalpa, cuenta que “su país va mejorado poco a poco y va por un buen camino, desde que llegó el presidente Juan Orlando Hernández”.

“Yo hablo con muchos hondureños y coincidimos que este señor (presidente de la República) está trabajando  y se ha visto un cambio comparado con los anteriores. Los hondureños no queremos más corrupción ni ser manipulados por los políticos. Queremos paz y un buen ambiente para progresar, pero estamos divididos”, expresa Hernández.

Manifestación pidiendo renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez. Foto: AFP

Manifestación pidiendo renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez. Foto: AFP

Otros ciudadanos difieren con la opinión del exfutbolista. Son quienes todos los viernes salen, desde hace dos meses, a las calles para caminar desde la colonia John F. Kennedy a la Casa Presidencial, para pedir la renuncia del mandatario, a quien acusan de ser parte de la corrupción.

El viernes pasado, a las 5:30 de la tarde, marchó por novena vez bajo una fuerte tormenta el denominado grupo de “Las Antorchas”, que exige una Comisión Internacional Contra la Impunidad  (CICIH). (Ver tercera entrega el miércoles).

En programas de opinión en la televisión local, analistas políticos y figuras públicas coinciden en que las marchas de “Los Indignados” y de “Las Antorchas” perdieron su naturaleza desde la tercera protesta, cuando figuras políticas como diputados, dirigentes políticos y representantes de partidos políticos las tomaron como instrumentos para pedir la destitución del presidente.

Los periódicos y noticieros también sacaron de sus primeras páginas y portadas las noticias relativas a las protestas. El día siguiente, algunos se limitaron a publicar una nota de cuatro párrafos.

“Los políticos son los responsables de haber contaminado el clamor popular. Se ha desnaturalizado y contaminado. Yo por eso ya no participo”, expresa el propietario de una cervecería, Leopoldo Lima, mientras mira las decenas de personas marchando hacia Casa Presidencial. 

En los noticieros locales predomina más las noticias de la recién aprobada ley contra las pandillas, en la cual se incrementó la pena de cárcel a 50 años para los cabecillas de las pandillas.

Alexánder Suárez, un empresario propietario de cinco hoteles en Tegucigalpa, dice que “una CICIH debería de ser un apoyo para un Ministerio Público y no un enemigo para el gobierno o grupo político”. Para  Suárez, la situación de violencia y delincuencia que vive Honduras es igual de preocupante como la corrupción que existe y que no han querido investigar.

Desde el centro de la ciudad inicia la caminata hacia la parte alta de una de las principales calles de Tegucigalpa. La mayoría lleva una  antorcha y pañoletas con leyendas en contra del presidente y la corrupción. Al llegar al sitio de concentración, sobra quien le regale fuego a otros para  sumarse a la marea de luces.

Los más activos aprovechan las cámaras de los periodistas para gritar “¡Fuera JOH, fuera JOH!”, refiriéndose a las iniciales de Juan Orlando Hernández.

“Esta es nuestra lucha, así le queremos demostrar al presidente que estamos en desacuerdo por la corrupción que ha permitido en el Gobierno y su partido político”, dice uno de los manifestantes a El Diario de Hoy.

Pero parece que al presidente hondureño los gritos de los inconformes no significan nada. Es más, no los oirá. El presidente se encuentra desde hace tres días en una gira por Japón y Taiwán, buscando cooperantes y refortaleciendo la solidez de los lazos bilaterales.

Sin embargo, el presidente de Honduras se unió a ese clamor popular de tener ayuda internacional semanas atrás: propuso un Sistema Integral Hondureño de Lucha Contra la Corrupción e Impunidad (SIHCCI), que pueda ser dirigido por jueces y fiscales nacionales y extranjeros.
Pero no habla de una CICIH como la creada en Guatemala, la cual en el último año ha logrado el desmantelamiento de más de 30 redes de corrupción que llegan a los más altos niveles de gobierno, incluyendo al presidente y vicepresidenta de la República.

El 23 de junio pasado, el presidente hondureño anunció un diálogo nacional para tratar temas como la corrupción y la impunidad. Ese mismo día, hizo pública la necesidad de un apoyo de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El mandatario destacó que junto con las iglesias cristianas (Católica y Evangélica), la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), se formará un equipo “para desarrollar un sistema de lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Para los grupos de “Los indignados” y “Las Antorchas”, la propuesta de Hernández no es suficiente. Piden una instancia que no esté ligada al gobierno y otras instituciones públicas y privadas.

Mel Zelaya también dice que lo que propone el presidente es una agenda. “Diálogo es cuando a uno le dicen. Oíme, quiero hablar con vos. Vos, ¿qué querés? Pero eso que propone no es un diálogo. Uno se abre a escuchar lo que la gente quiere y él quiere imponer la agenda y eso no es diálogo”, agregó Zelaya.

Los grupos de choque de Zelaya y varios simpatizantes del partido de izquierda Libertad y Refundación (Líder), que también marchan los viernes para pedir un cese a la impunidad, realizaron un hecho que ha sido repudiado por muchos hondureños y catalogado como “un acto vandálico”.

La turba se apostó frente a la entrada principal de la CSJ y tras conocer que el periodista David Romero se encontraba en un juicio donde es procesado por los delitos de difamación y calumnia, votaron los portones ante la mirada de unos cuantos antimotines.

La turba tumbó la puerta de la Sala IV del Tribunal de Sentencia y acuerpó al periodista Romero, para que se refugiara en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos. (Ver tercera entrega el miércoles).

Desde esa fecha, la Casa Presidencial y la Corte Suprema se encuentran sitiadas por militares y policías. Las escenas hacen recordar junio de 2009, cuando hubo disturbios generados por la caída de Zelaya.

Ante eso,  la OEA escuchó al presidente Hernández y la semana pasada  nombró al diplomático y abogado chileno John Biehl del Río como un facilitador especial para el diálogo nacional. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que la presencia de Biehl promoverá la mayor participación posible de todos los actores políticos y sociales.

El diplomático desarrollará “una agenda que satisfaga las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño de procurar la construcción de un consenso para el combate a la corrupción, y la impunidad”, detalla el comunicado que emitió la OEA recientemente.

Biehl del Río llegará esta semana a Honduras y espera tener iniciar su trabajo con reuniones y propuestas de diferentes sectores.
Corrupción salpica oficialismo 

Las marchas en Honduras tomaron fuerza tras el anuncio de una investigación que ha iniciado desde hace meses el Ministerio Público, en la cual se calcula un desfalco de casi 300 millones de dólares en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ha revelado los niveles de corrupción que existe en las instituciones públicas de Honduras.

Esa ha sido la investigación más relevante que involucra al poder político, principalmente a varios funcionarios del partido oficial que llevó al poder al expresidente Pepe Lobo y el actual Juan Orlando Hernández.

La referida investigación señala a la vicepresidenta del Congreso del partido de Gobierno, Lena Karin Gutiérrez, de ser la propietaria junto con su familia de la empresa que participó en compras sobrevaloradas de medicinas y equipo para los hospitales del Seguro Social (ver segunda entrega mañana).

El Ministerio Público acusó a 16 funcionarios y empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), incluyendo a Lena Karin, su padre y dos hermanos más, como los supuestos socios de la empresa que participó en las compras de medicinas amañadas.

La acusación prosperó de inmediato y después de varias semanas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, dictó  orden de captura contra Gutiérrez.

Gutiérrez nunca puso un pie en una cárcel. Durante la audiencia inicial los jueces la beneficiaron y le ordenaron arresto domiciliar junto a sus parientes. Contrario a los otros señalados, quienes permanecen en una prisión mientras se realizan las siguientes  audiencias.

Ya con el arresto domiciliar, los abogados de una de las principales dirigentes del partido de Gobierno hondureño pidieron que se levantara la referida orden judicial a cambio de una fianza.

Los jueces volvieron admitir la petición de los abogados y resolvieron que Lena Karin podía pagar alrededor de 20 millones de lempiras (1 millón de dólares) para que se defendiera en libertad.

El jueves 23 de julio, Gutiérrez se presentó a Corte Suprema de Justicia con su elenco de abogados. La funcionaria no iba esposada, lucía un vestido rojo y era acuerpada por un par de detectives. No entró como  todos los imputados, lo hizo por la entrada de jueces.

Después de dos horas audiencia, Gutiérrez salió por la entrada principal de la Corte Suprema y con el semblante de seriedad que le caracteriza, reiteró a los periodistas que es inocente y que las acusaciones en el fraude del IHSS son falsas.

“Voy a demostrar al pueblo hondureño mi inocencia y la de mi familia. No tenemos nada que ver en esas acusaciones”, expresó la funcionaria escuetamente.

El vocero de la CSJ minutos antes había detallado a los periodistas que Lena Karin presentó la documentación legal para realizar el pago de los 20 millones de dólares.

A pesar de la lluvia de preguntas de los periodistas de conocer cómo obtuvo el dinero, Lena Karin no respondió y se marchó por el camino exclusivo de los jueces y personas importantes.

La decisión judicial fue la gasolina para que al día siguiente, los integrantes de “Las Antorchas” y “Los Indignados”, gritaran su repudio a la orden judicial.

Los protestantes no quieren que la justicia se siga burlando de su pueblo y piden que la ley sea aplicada a todos por igual.

Sube tono en Washington por corrupción en Centroamérica

Mientras los gobiernos de El Salvador y Honduras rechazan, tajantes, la necesidad de establecer en esos países un ente internacional de combate al crimen organizado, la administración Obama y el Senado estadounidense siguen enviando señales de que no están conformes con la forma en que ambos Estados combaten la corrupción y la impunidad.

Postura. El comunicado que difundió esta semana la oficina del senador demócrata Patrick Leahy, en el que hace ver los problemas de la corrupción para el Triángulo Norte de Centroamérica.

Héctor Silva Ávalos, 24 julio 2015 / LPG

A las voces estadounidenses que apoyan la ejecución en El Salvador y Honduras de un modelo anticorrupción similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se sumó esta semana la del influyente senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, uno de los que deciden sobre los fondos para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Los problemas de Guatemala (debilidad institucional, corrupción e infiltración del crimen organizado en el Estado) no son solo de Guatemala. Honduras y El Salvador sufren las mismas condiciones de instituciones débiles, falta de credibilidad, corrupción extendida, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, periodistas, aun fiscales, y de una historia de impunidad”, dijo el senador Leahy al pleno del Senado en una sesión dedicada a la discusión del pacto de no proliferación nuclear firmado entre Estados Unidos e Irán.

“Espero que estos gobiernos (de El Salvador y Honduras) vean a CICIG como un modelo de cuya experiencia técnica e independencia puedan beneficiarse para… enfrentar estos problemas con viejas y profundas raíces”, defendió Leahy el modelo CICIG frente a sus colegas el miércoles pasado.

La atención en Irán, dijo Leahy, ha distraído la atención de Washington de lo que pasa en el Triángulo Norte, “sobre todo ahora que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras están buscando una cantidad considerable de fondos (estadounidenses) para financiar la Alianza para la Prosperidad”.

El pasado 9 de julio, el comité de adjudicaciones del Senado, del que Leahy forma parte, reservó una partida de $673.5 millones para el plan centroamericano en el anteproyecto de presupuesto para operaciones internacionales, que aún debe ser aprobado por el pleno de la Cámara Alta y luego bajar a aprobación de la Cámara de Representantes.

El desembolso del 75 % de esos fondos, según está escrito en el anteproyecto, está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas por parte de los países receptores. Entre las condicionantes acordadas por los senadores están, por ejemplo, “la creación de fuerzas policiales profesionales y transparentes”, “regular el rol de los ejércitos en la seguridad interna” o “perseguir y castigar a miembros de las fuerzas de seguridad que violen los derechos humanos” y “proteger y promover la democracia en cooperación con las cortes interamericanas de derechos humanos y las comisiones internacionales contra la impunidad cuando sea apropiado”.

La última figura, la de comisiones internacionales contra la impunidad similares a la instalada en Guatemala en 2007 con apoyo de Naciones Unidas, la CICIG, es uno de los modelos que más simpatizan a los tomadores de decisiones en Washington, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

Por lo alto y por lo bajo, funcionarios estadounidenses han apoyado la idea de comisiones similares a CICIG en el Triángulo Norte. Primero fueron los principales asesores del vicepresidente Joe Biden, antes de que este viajara a principios de año a Guatemala a reunirse con los presidentes Otto Pérez Molina; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; y Juan Orlando Hernández, de Honduras, para hablar sobre la alianza. Luego fue el mismo Biden quien, según fuentes del Congreso consultadas entonces, trasladó a Pérez Molina el deseo estadounidense de una nueva prórroga de CICIG. Después fue la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Y, por último, el embajador Thomas Shannon, enviado especial a Centroamérica, quien habló del tema en San Salvador.

“Cada país debe decidir qué modelo seguir, pero lo cierto es que estos países tienen problemas de corrupción y falta de transparencia que son innegables. El establecimiento de mecanismos como CICIG nos dirían que hay, en Honduras y El Salvador, gente dispuesta a trabajar para encontrar soluciones reales”, dijo el miércoles a LA PRENSA GRÁFICA un asistente legislativo que ha participado en las discusiones del Senado.

Lo que hay no basta

Ni Honduras ni El Salvador quieren comisiones internacionales para resolver problemas que, dicen, pueden arreglarse con el concurso de las instituciones nacionales. La oposición de ambos gobiernos a las sugerencias estadounidenses de instalar mecanismos como CICIG ha sido una: No.

El mismo día en que el embajador Shannon reiteró la sugerencia en San Salvador, el secretario de asuntos estratégicos y coordinador del gabinete de seguridad del presidente Sánchez Cerén, Hato Hasbún, dijo que en El Salvador no era necesaria una CICIG. A Hasbún le siguieron la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, del partido en el gobierno; el coordinador del FMLN, Medardo González; y, por último, el canciller Hugo Martínez. El vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, incluso sugirió que la insistencia de formar una comisión así era parte de un plan “de la derecha” para orquestar un golpe de Estado.

Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, ha dicho por su parte que CICIG no ha solucionado los problemas de Guatemala porque, entre otras cosas, no ha fortalecido las instituciones nacionales.

En su alocución del miércoles ante el Senado, Leahy recordó que, en el pasado, el dinero estadounidense invertido en Centroamérica para mejorar la institucionalidad y el combate a la corrupción no siempre ha cumplido esos objetivos y opinó que el modelo CICIG sí ha servido para ello. “Aunque el sistema de justicia de Guatemala permanece frágil, la alianza entre CICIG y el Ministerio Público (Fiscalía) ha jugado un rol crítico en favor de la causa de la justicia en Guatemala”, dijo.

Un funcionario estadounidense que ha participado en las discusiones sobre la Alianza para la Prosperidad desde principios de año dice, respecto a los argumentos de los gobiernos de Hernández y Sánchez Cerén: “Nadie puede decir que CICIG no hizo una diferencia en Guatemala, y que no ayudó a fortalecer el Ministerio Público. Está claro que la debilidad de las policías, las fiscalías y los tribunales en Honduras y El Salvador los hacen incapaces de enfrentar estos problemas. Hemos visto esto por décadas, invertido dineros y hasta ahora los resultados no son alentadores”.

Esta semana, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, en inglés) y la Universidad Johns Hopkins organizaron un evento público para discutir el modelo CICIG y su aplicación en los otros países del Triángulo Norte. “Este es un ejemplo de cómo una iniciativa independiente puede rescatar a un Estado… al centro de todo esto debe estar siempre la discusión sobre la corrupción, que es el foco central de la actividad criminal”, dijo ahí Louise Shelley, profesora de la Universidad George Mason y especialista en modelos de lucha anticorrupción en el mundo. WOLA, por su parte, consideró que el apoyo de Leahy al modelo CICIG es un llamado para que los gobiernos de Honduras y El Salvador lo consideren. “Lo que está claro es que en el Congreso hay mucho interés por ver que los gobiernos de Centroamérica tomen pasos concretos para atacar la corrupción y la influencia de grupos ilegales, y que el apoyo de los congresistas a los fondos estadounidenses estará ligado al progreso en esos temas”, dijo WOLA.

Carta a Salvador Sanchez Ceren en el Día de Mi Cumpleaños. De Paul Steiner

paul steiner

@PaulDSteiner

Paul Steiner, 19 julio 2015 / FACEBOOK

Señor Presidente,

Le escribo para contarle que hoy es el día de mi cumpleaños y que me han dicho que se me puede dar un deseo.

Pues quiero contarle de este mi deseo, Señor Presidente, y es un deseo muy sencillo.  Es más, es algo que usted puede regalarme no solo a mi sino al pueblo salvadoreño que tanto está sufriendo por la inseguridad, la falta de medicinas, la economía estancada por falta de rumbo y confianza, la pobre calidad de educación que estamos recibiendo tanto a nivel básico como superior.

Por ser domingo le haré cortita esta carta, Señor Presidente, my deseo es que usted firme mi Petición para la creación de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en El Salvador, #CICISVya No hay medios tintes, Señor Presidente, o se está a favor de la corrupción y la impunidad o se lucha contra ella.  Puede firmarla ingresando en ALTOalaIMPUNIDAD.com y no se preocupe porque al ingresar estará en modo de seguridad donde nadie podrá interceptar su firma al final del sitio.

El Salvador firmó el Convenio Internacional de la Naciones Unidas Contra la Corrupción en diciembre 2003 y fue ratificado en julio de 2004.  En esos 12 años, los primero 6 de ARENA no se ha hecho nada y en los segundos 6 bajo su liderazgo como Vice-Presidente y ahora como Presidente de la República tampoco.  El pueblo merece más, Señor Presidente.  Si no comenzamos a limpiar el país de la corrupción imperante no le estaremos haciendo justicia a los más de 75,000 que murieron durante la guerra civil ni tampoco los que mueren cada día en la paz.

Es impensable que luego de más de $22,000 millones de ingresos que Usted ha tenido en estos últimos 6 años más los $17,000 millones que tuvo el Ex Presidente Saca, un total de $39,000 millones de dólares, los únicos que se puedan haber beneficiado hayan sido los amigos, socios de negocio, militantes y parientes de los funcionarios públicos.

Bueno, me despido, Señor Presidente, asegurándole que nuestro movimiento para crear una #CICISVya no es ni de derecha ni de izquierda, ni un intento de golpe de estado – tampoco se va a desaparecer porque cada día, cada hora, cada minuto se nos únen más Salvadoreños Honrados de todos los niveles y de todas las ideologías.

El pueblo es el soberano, Señor Presidente, y Usted fue electo para servirle.  Le ruego considere mi deseo y, si es posible, lo comparta.

Me despido de Usted,

Respetuosamente,

Paul Steiner, Ciudadano Salvadoreño

Licitaciones de seguridad privada en INDES presentan anomalías: LPG

El ente deportivo nacional ha invertido más de $2.5 millones en agentes de seguridad desde 2010 a la fecha y durante todo ese tiempo una misma sociedad se vio favorecida.

2e49a91d-d050-4fa9-8604-eb98544a9af8_XLWDavid Bernal, 11 julio 2015 / LPG

“Se ve feo, pero eso es la ley”, responde Jorge Pérez Quezada, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), sentado en su despacho mientras se le cuestiona por qué la institución ha invertido millones en contratos que beneficiaron a dos empresas de seguridad propiedad de una misma persona y que actuaron de modo cuestionable en procesos de licitación.

Ayer, LA PRENSA GRÁFICA reveló que el INDES ha invertido durante los últimos cinco años un total de $2,592,914 en agentes de seguridad privada para cuidar sus instalaciones y sobrepasa incluso lo invertido en estímulos deportivos para los atletas durante el mismo período de tiempo.

Es igualmente destacable que todo ese dinero fue invertido en un mismo conglomerado de empresas, que habrían brindado información imprecisa a la institución para adjudicarse los contratos que firmaron con Jaime Rodríguez y el mismo Pérez Quezada.

En 2009, el instituto dedicaba poco menos de un cuarto de millón de dólares para contratar a 56 agentes que brindaran seguridad a sus instalaciones durante todo el año, pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando la primera de tres empresas ligadas al excapitán del Ejército César Iván Rivas Guevara apareció en las licitaciones del INDES. Sus negocios con la institución se extienden hasta este 2015.

Rivas Guevara y sus socios se negaron a dar declaraciones a LA PRENSA GRÁFICA para este reportaje.

El consorcio

Rivas Guevara y el INDES firmaron un contrato por primera vez el 2 de junio de 2010, cuando el ente deportivo era dirigido por Jaime Rodríguez. El militar retirado participó con la empresa Grupo de Seguridad Industrial (GRUSEIN) y firmó un contrato por $157,250, solo por cinco meses (de agosto a diciembre).

Al año siguiente, el INDES firmó contrato con la compañía Seguridad Internacional (SEGURINTER) y le comisionó el servicio de seguridad por todo el año por un monto total de $429,155.

Rivas Guevara también está ligado a esta empresa y documentos en el Centro Nacional de Registros (CNR) le ubican en ella en distintos cargos, como apoderado legal o directivo. Pero exempleados suyos, así como sindicalistas del gremio, aseguran que él es el dueño de SEGURINTER así como de otras empresas que se dedican a brindar seguridad al Gobierno desde 2009 (leer nota aparte).

Las relaciones del instituto con SEGURINTER se extendieron por dos años más y el monto de los contratos se incrementó año con año: de $471,870 en 2012 hasta llegar al medio millón en 2013. En esos dos años, el dinero destinado a becas para los deportistas llegó a su punto más bajo del quinquenio.

En 2014 apareció otra empresa, Seguridad de El Salvador y Limpieza (SEGUSAL), también asociada a Guevara a través de sus familiares (como su esposa Juana Graciela Parada Doñán, representante legal de dicha empresa), y con la cual el INDES firmó un contrato por $505,680, el más alto de los últimos años y que, comparado con lo invertido en 2010, representa un aumento del 41 % en el presupuesto que dedicó el instituto a seguridad privada.

Rivas Guevara también ha posicionado a otros familiares como representantes legales de sus empresas para no figurar en los documentos oficiales, como su madre, Nelly Concepción Guevara de Rivas (en GRUSEIN), y empleados, como Pedro Antonio Martínez y Óscar Medardo Gómez (en SEGURINTER).

Las relaciones del INDES con Rivas Guevara y sus empresas no terminaron allí y tras la salida de Jaime Rodríguez, su sucesor, Jorge Pérez Quezada, decidió mantener a SEGUSAL, pero con un monto más bajo ($398,000). Si la tendencia era invertir cada vez más, ¿cómo explica el actual titular del ente una reducción tan significativa?

Pérez Quezada argumentó que al llegar a la institución se dio cuenta de que podía reducir el número de agentes privados y destinar ese dinero a otras necesidades. “Hicimos un cruce para determinar con cuántas personas podíamos nosotros dar cobertura a todas las instalaciones del INDES y pasó por eso, por hacer un esfuerzo y reducir la inversión por lo menos en $100,000. Hicimos un estudio para comprobar que nosotros teníamos la capacidad de hacer esa cobertura en cuanto a seguridad”, aseguró.

Anomalías en licitaciones

César Iván Rivas Guevara tiene un nombre propio en el mundo de las agencias de seguridad.

El Sindicato de Agentes Trabajadores de la Industria de Seguridad Privada de El Salvador (SATISPES) lo acusa de haber montado una rueda de caballitos desde hace muchos años en este negocio.

“Ellos (Rivas y sus asociados) crean empresas con el objetivo de acaparar el mercado y evitar ciertas demandas. Cuando una empresa ya no funciona crean otra, con prestanombres incluso, y si una se cae, activan la anterior”, evaluó Wálter Recinos, coordinador de SATISPES, una práctica que expertos en auditorías y licitaciones públicas corroboran como “normal” en nuestro país.

Su nombre aparece en instituciones como Seguridad de El Salvador (SEGURSA S. A. De C. V.), Grupo de Seguridad Industrial (GRUSEIN S. A. de C. V.) y ahora en SEGURINTER y SEGUSAL. Estas dos últimas compitieron entre sí en la licitación para brindar seguridad al INDES en 2014, violentando el artículo 26 de la LACAP, que prohíbe a empresas ponerse de acuerdo para afectar el libre comercio.

No fueron las únicas anomalías que se cometieron, mismas que, según el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) del INDES, Carlos Alvarado Celis, eran “difíciles” de percibir en ese momento.

El 26 de noviembre de 2013, ambas empresas presentaron ofertas para resguardar las instalaciones del instituto. SEGURINTER ofertó con un monto de $526,320 y SEGUSAL, con $505,680. Sus ofertas eran las más altas en comparación a los montos que planteaban otras empresas en contienda, que fueron SSELIMSA, SERMUS y SECURITY GROUP (ver tabla), pero aún así se convirtieron en las dos finalistas, por recomendación de la comisión de evaluación que formó el INDES, en la cual también estaba Alvarado Celis.

La comisión eligió como ganadora a SEGUSAL y anexó una recomendación al comité ejecutivo del INDES: “La oferta que cumple con los requisitos y es la más favorable económicamente supera la disponibilidad financiera, que es de 485 mil 520 dólares, y no es suficiente para la adjudicación de la misma”.

Pese a ello, el 10 de diciembre de 2013 el comité ejecutivo, que presidía Jaime Rodríguez, decidió que “para no poner en peligro la seguridad de las instalaciones” se pasara por alto el tope presupuestario para este rubro y se reforzara la partida  de bienes y servicios para contratar a SEGUSAL por $505,480, es decir, $20,160 más de lo presupuestado.

El exdirectivo del INDES Melecio Rivera estuvo en esa sesión de concejo y firmó el acuerdo, pero aseguró que no recuerda todos los pormenores de esa licitación, aunque asegura que aquel 10 de diciembre no se acordó adjudicar el contrato a SEGUSAL y se declaró extrañado por las cifras que se le pagaron.

“Sabíamos que buscar recursos para completar y llegar a la oferta ganadora era prácticamente imposible, porque estábamos en un momento de austeridad e incluso se habían buscado recursos para otros intereses, representaciones de federaciones y fogueos pero no había sido posible conseguirlos con Hacienda. Recuerdo que se discutió ampliamente este tema y yo tenía la idea de que se había recomendado que se continuara el contrato con la empresa que ya estaba funcionando (SEGURINTER), en tanto se hacía la gestión… Pero nunca pensé o recuerdo que se dijera que se adjudicaba a otra empresa por un monto que ni siquiera se tenía, sino que se recomendaba que se buscaran los recursos”, expuso.

Y agregó: “Yo no creo que se haya tomado un acuerdo de adjudicar sin tener los recursos, porque para poder adjudicar teníamos que haber tenido la reserva de crédito necesaria que permita asumir el compromiso. No sé cómo la Corte de Cuentas y el mismo Ministerio de Hacienda valoraron esto, si no se tenían los recursos”.

Sin embargo, Pérez Quezada asegura que el acta del acuerdo tiene la firma de Melecio Rivera, por lo tanto él estaba de acuerdo con la contratación de SEGUSAL. “Esta acta da fe de que se tomó un acuerdo y a los directivos se les lee el acta para saber si tienen o no observaciones. Luego se les pasa a cada uno para que la firmen y si a alguno no le parece o ve que lo que dice el acta no es lo que se acordó, entonces puede decidir no firmarla. Pero yo puedo decir que sí está en el libro de actas es porque sí la firmaron. Hoy no tienen porqué alegar ignorancia, es bien complicado, si ellos alegan ignorancia es porque firmaron sin leer el documento o no sé qué pasó, pero si tiene la firma del directivo es porque da fe de que el acuerdo así se tomó. Mis amigos (directivos) tendrían que revisar bien los documentos”, externó.

Información imprecisa

LA PRENSA GRÁFICA descubrió otras anomalías en la licitación para la seguridad privada de 2014.

La comisión evaluadora decidió que SEGUSAL fuera finalista pese a que, según la documentación, solo tenía un año de experiencia en este rubro, cuando sus otros competidores superaban la década de trabajar en seguridad privada.

Además, SEGUSAL aseguró en diciembre de 2013 que tenía 200 agentes contratados a escala nacional, pero un informe solicitado por este medio al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revela que ese mes solo cotizaron por cuatro empleados, lo cual puede dar pie a dos cosas: o no cotizaban por los otros 196 agentes, lo cual era una imposibilidad para participar en la licitación, según la LACAP, o mintieron en cuanto al número de empleados que tenían, sabedores de que si ganaban podían suplir las plazas del INDES con agentes de SEGURINTER, su empresa hermana, que ya brindaba sus servicios a la institución.

Si en efecto se inclinó por realizar ese movimiento, entonces violentó el contrato que tenía con el INDES, que le prohibía cesión de los servicios a otra empresa.

Carlos Alvarado Celis asegura que la UACI del INDES no tenía la obligación de investigar a la empresa en ese momento, pues bastaba con la documentación que presentó para creer en ella. “Las empresas que compiten presentan una declaración jurada, un documento legal en el que se comprometen a que toda la información que dicen es real”, aseguró.

Mientras, Pérez Quezada aseguró que es un “truco” común en las licitaciones del Estado, una trampa que tienen las empresas que compiten. “Es el viejo truco donde te traen una declaración jurada y las instituciones no tenemos… Sí podríamos investigar, pero no tenemos tiempo”, declaró.

Luego agregó: “Se ve feo, pero eso es la ley. Por ejemplo, si presentan su capacidad financiera, nosotros lo damos por válido, y así es en cualquier empresa de gobierno. Lo de las empresas de seguridad es un tema bien espinoso porque hay muchos agentes que trabajan sin ninguna prestación social”.

Un año después, cuando SEGUSAL presentó una nueva oferta para brindar la seguridad al INDES durante todo 2014, una nueva comisión de evaluación avaló nuevamente la contratación de esta empresa, pero con una diferencia en los resultados: SEGUSAL ya tenía 15 años de experiencia en el ramo.

“Lo que sucede es que las licitaciones no son vinculantes. No revisamos la documentación de la licitación anterior para compararla con la que presentan en una nueva”, explicó Alvarado Celis para justificar esta diferencia en las evaluaciones.

La UACI tampoco se dio cuenta que SEGUSAL y SEGURINTER eran empresas hermanas, a pesar que en la documentación de 2013 ambas se presentaron con el mismo domicilio.

Melecio Rivera asegura que todos estos aspectos solo levantan más sospechas en torno a la fuerte inversión que el INDES ha hecho en seguridad privada durante los últimos años.

“Primero no se ve muy transparente y de golpe no se ve muy ético. Creo que no fuimos suficientemente informados en el comité directivo de esa situación, nunca se mencionó que una misma persona fuera la dueña (de ambas)”, destacó.

Ayer LA PRENSA GRÁFICA reveló que pese a la fuerte inversión en seguridad privada las instalaciones del INDES a escala nacional han sido vulneradas y figuran en las estadísticas delictivas de la PNC.

Diputados analizan la petición de investigar contratos a Polistepeque

La iniciativa es del partido ARENA y se da con base a la investigación que enfrenta el propietario de la empresa por lavado de dinero en Brasil.

poliste
Magdalena Reyes, 24 junio 2015 / EDH

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa dio ingreso ayer a la petición de ARENA para investigar los contratos suscritos por el Estado, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, con la empresa Polistepeque Comunicaciones y Marketing, que dio servicios de publicidad a la presidencia de la República y otras instituciones gubernamentales entre 2009 y 2014.

La solicitud que fue recibida por el pleno la semana anterior y trasladada a la Comisión Política para su estudio, fue realizada por la diputada arenera, Patricia Valdivieso, con el apoyo de sus demás compañeros de fracción.

La tricolor ha plasmado en la solicitud que se que se cree una comisión especial para investigar el origen, adjudicación, ejecución, liquidación y el destino de los fondos con los que se financió el contrato de servicios de publicidad suscritos a presidencia y otras instituciones de Estado, a favor de Polistepeque, empresa propiedad del brasileño Joao Fhilo de Santana.

“Para hoy (ayer) ya estaban programadas entrevistas a candidatos para magistrado de la CSJ que está haciendo la sub comisión a la misma hora y esto nos impidió alargar la reunión. Solicitaremos discusión y aprobación para un dictamen favorable hasta la próxima semana”, confirmó la diputada arenera.

Valdivieso insistió en la necesidad de transparentar los contratos que el Ejecutivo celebró con Polistepeque para esclarecer las dudas que hay en torno al cumplimiento o no de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en la Administración Pública (LACAP) y las razones por las que presidencia se ha negado a dar información a los medios de comunicación.

“Siempre quedaron dudas de que no estaba todo claro, se vio que medios de comunicación, habían solicitado la información anteriormente (acerca de los contratos) y no se les brindó, cuando esa información debía ser publicada y sin problemas”, afirma Valdivieso.

Dudas por investigación a Joao Santana en Brasil

Patricia Valdivieso agrega que además de estas “dudas razonables”, cree conveniente que se investiguen las actividades de esta empresa Polistepeque en El Salvador dado que el representante legal de ella, Joao Santana, está siendo investigado en Brasil por supuestos delitos de evasión y lavado de dinero.

La diputada afirma que la empresa Polistepeque nació en 2009 con un capital de $2,000 para atender cuentas estatales, basada en documentos obtenidos en el Centro Nacional de Registro (CNR).

“Según medios de comunicación, a menos de dos años recibió $8.5 millones de fondos públicos”, aclaró Valdivieso.

La diputada considera que los salvadoreños tienen derecho de conocer el uso de recursos públicos, sobre todo en casos en que hay sospecha de ilícitos.

“Ellos asentaron la empresa un mes y siete días después de haber tomado posesión el presidente Funes”, explica.

Según la diputada, el sector publicitario nacional también se pronunció en su momento por los contratos concedidos a Polistepeque.

“Recuerdo que en 2010, la gremial de las agencias publicitarias se quejaron y pidieron al presidente reconsiderar el contrato, ya que no se les había tomado en cuenta”, asegura la parlamentaria.

Sin embargo lo que más le ha llamado la atención a Valdivieso es que en Brasil se está investigando al señor Joao Santana.

Valdivieso afirma que lo importante es investigar, para que sentar un precedente de transparencia en casos de contrato que deben hacerse a través de licitación.

“No estamos acusando, es simplemente transparentar como fue el proceso, mi interés es marcar una diferencia y que el país sienta que se le está cumpliendo en transparentar y así se va haciendo una cultura y lo que necesitamos es que la gente se acostumbre a que el gobierno está rindiendo cuentas y se está cumpliendo la ley como debe ser”, concluyó la diputada Valdivieso.

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ISSS contrató a droguería acusada en Guatemala de causar muertes

Al Seguro guatemalteco, PISA le provee bolsas de solución para paciente renales.

ISSS

Nota EDH, 21 junio 2015

Mientras en Guatemala hay un escándalo por actos de corrupción y fraude cometidos por la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por haber cobrado comisiones para otorgarle un millonario contrato a la droguería mexicana PISA, por la compra de solución para diálisis, en El Salvador la misma empresa fue contratada en enero de este año por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para que le proveyera del mismo medicamento para pacientes con insuficiencia renal.

Según algunos medios guatemaltecos, la empresa no contaba con la infraestructura ni con el equipo necesario para prestar una atención adecuada. La droguería mexicana también es acusada de causar infecciones a más de 100 pacientes renales y la muerte de unos 15. Según el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, “la empresa PISA no tenía experiencia en tratamiento de diálisis”, publicó “Estrategia & Negocios” en mayo anterior.

En El Salvador, un grupo de pacientes de diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), tratados en la Policlínica Arce, en la capital, han denunciado que desde que utilizan el producto distribuido por PISA tienen molestias al realizarse la diálisis; incluso denuncian una mala calidad, y ponen como ejemplo que las bolsas de solución son defectuosas, ya que se rompen y el líquido se derrama.

Los dolores, vómitos y mareos son algunas de las molestias, las cuales van incremento, aseguran los pacientes.

Para Paola, una joven de 22 años, cada vez que se aplicaba el tratamiento sufría de dolores, los cuales se prolongaban por más de dos días. Algo que no es normal y que nunca sucedió cuando utilizaban el antiguo medicamento, fabricado por otra empresa.

Según denuncian los afectados, también han aumentado los casos de peritonitis, los cuales ya suman más de 50. Esto debido a que las líneas por donde pasa el líquido al catéter se han perforado, de acuerdo con sus explicaciones.

Los afectados interpusieron una denuncia el pasado 6 de junio, ante el director del Seguro Social, Ricardo Cea, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ellos solicitan que se analice el contenido de las bolsas y que se cambie de proveedor. Anteriormente era Baxter quien proporcionaba la solución.

“Nos sentimos sumamente preocupados por los efectos negativos causados por las sustancias y equipos proporcionados por la empresa PISA. Pero nos preocupa aún más que la administración del ISSS haya priorizado criterios económicos para seleccionar a esta empresa, debido a que ofertó un menor valor de contrato”, reza en un párrafo del escrito.

Además, solicita que se le realicen pruebas para comprobar que el medicamento responde a las necesidades terapéuticas de los pacientes.

Uno de los pacientes asegura que, en reunión con la PDDH hace más de una semana, la institución se comprometió a solicitar a la Dirección Nacional de Medicamentos para que estudie el contenido de las bolsas.

El Director Nacional de Medicamentos, Vicente Coto, dijo el pasado 10 de junio, que al tener las bolsas de solución en sus manos estarían obligados a iniciar una investigación del tema.

En Guatemala

En mayo, la Acción Ciudadana y la directiva de pacientes de diálisis peritoneal de Guatemala informaban que 11 pacientes del IGSS con insuficiencia renal habrían fallecido por infecciones debido al uso del material proporcionado por PISA.

El caso llegó hasta la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. A mediados de mayo, ellos ya contabilizaban 106 casos de infecciones peritoneales, según publicación de los medios guatemaltecos.

En el país, la dirección del ISSS desmintió que una persona haya muerto por dicho tratamiento, tal y como lo denunció el grupo de pacientes.

El director del Seguro Social, Ricardo Cea, ha dicho a los diferente medios de comunicación que ya se reunieron con los pacientes que denuncian la “mala calidad” del tratamiento.

Una paciente dijo que Cea se comprometió a una próxima reunión, para informarle sobre los hallazgos que se encontraran en las bolsas de solución para diálisis peritoneal que actualmente les envía PISA.

Los pacientes incluso ponen en duda que lo que está impreso en la bolsa del medicamento, sea realmente lo que contiene en su interior. “El dolor venía en aumento, en una semana estuve sin apetito, con mareos, náuseas y dolor de cuerpo”, dijo la joven; cuyo padre hizo hasta lo imposible para comprar el antiguo tratamiento.

“Cuando ella recaía, los médicos admitían que lo ideal era suministrarle el antiguo tratamiento, el que compraban antes; cuando les pedía que me lo autorizaran para comprarlo en otro lado, decían que no podían”, explicó don Jesús.

El grupo que representa, según ellos, a cerca de 400 pacientes, asegura que no se quedarán con las manos cruzadas. Ellos afirman que por su propia cuenta buscarán que se analice el líquido que vienen en las bolsas. Estos pacientes se suministran a diario, en promedio, cuatro bolsas de solución.

La diálisis peritoneal es un procedimiento que permite depurar líquidos y electrolitos en pacientes que sufren de insuficiencia renal.

Corrupción en Guatemala: detenidos presidentes de IGSS y Banguat

Guatemala vivió esta mañana una jornada intensa, tras la captura del director del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez, hombre cercanísimo al presidente Otto Pérez Molina, a quien sirvió como Secretario Privado. También fue aprehendido el presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Seguro Social, Julio Roberto Suárez Guerra.

El director del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez y el presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Seguro Social, Julio Suárez.

El director del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez y el presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Seguro Social, Julio Suárez.

Nota de estrategiaynegocios.net, 20 mayo 2015

El Ministerio Público guatemalteco y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) protagonizaron esta mañana un intenso operativo, que derivó en 16 capturas, como parte de una investigación por el otorgamiento de contratos anómalos en el IGSS. Además de Rodríguez y Juárez, fue detenido el hijo de la jueza Blanca Stalling, Otto Molina Stalling, quien fungió como funcionario del área financiera del IGSS y se le atribuye haber participado en la red de corrupción.

En total se ejecutaron más de 17 capturas de funcionarios de la Junta Directiva y la Junta de Licitación del IGSS, así como personas vinculadas a contratos irregulares. Sólo está pendiente de la captura de Álvaro Dubón González, gerente de IGSS.

Las detenciones tienen que ver con anomalías en un contrato otorgado a la farmacéutica mexicana PISA, beneficiada con un contrato para la atención de pacientes renales. Varios pacientes atendidos por dicha empresa fallecieron y otros están hospitalizados, por anomalías en la prestación del tratamiento de diálisis peritoneal.

Hoy al mediodía, el Ministerio Público junto a Iván Velásquez, titular de la CICIG, indicaron que la Junta Directiva avaló por unanimidad los contratos a favor de Pisa por US$15,7 millones (116 millones de quetzales). Velásquez señaló: “La empresa PISA no tenía experiencia en tratamiento de diálisis”. También detalló que la empresa no contaba con personal humano o equipo técnico para asumir el contrato. “Se adjudicó el contrato atendiendo al precio y no a la capacidad y experiencia de Pisa”, agregó Velásquez.

También afirmaron que el caso se armó a partir de escuchas telefónicas, pruebas documentales como el acta sesión ordinaria en 2014. Desde la madrugada se realizaron 18 allanamientos en distintas zonas de Ciudad de Guatemala.

Velásquez reafirmó en la conferencia de prensa que tanto la CICIG como el Ministerio Público están en la disposición de adelantar investigaciones en cada uno de los contratos que están en la mira por supuesta corrupción.

Vea también otros casos de corrupción en el IGSS:

Otros miembros de la Junta Directiva del IGSS detenidos fueron el médico Jesús Arnulfo Oliva Leal, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Max Erwin Quirin Schoder, empresario, expresidente de la Asociación Nacional del Café y representante del Cacif; Erwin Raúl Castañeda Pineda, nombrado por el Colegio de Médicos de Guatemala, y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, representante de la empresa PISA en Guatemala.

La denuncia contra PISA fue presentada en el Ministerio Público de Guatemala por pacientes renales afiliados al IGSS. Desde que, en diciembre pasado, la Junta Directiva del Instituto cambió de proveedor para el tratamiento de diálisis peritoneal continua ambulatoria, 11 enfermos renales murieron y más de 90 sufrieron de infecciones en la cavidad abdominal (peritonitis). Hubo protestas de los pacientes renales afectados, y el 13 de mayo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala dictaminó que el IGSS violaba los Derechos Humanos de los pacientes renales.

Continúan marchas anti Otto Pérez y antecedentes del caso

Además, está transcurriendo por las calles de la capital guatemalteca la marcha de los campesinos, en la que exigen la renuncia del presidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidente, Alejandro Maldonado.

Hoy también ha tomado mucha fuerza en las redes el hashtag #RenunciaYaFase2.

El capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, Acción Ciudadana pidió la renuncia de Otto Pérez por la cercanía de sus funcionarios implicados en el Caso IGSS y el Caso SAT.

Vea video sobre el tema: