corrupción

Bukele y el escándalo de los mercados

Una investigación de El Diario de Hoy, dos notas y una entrevista a Fabio Castillo

 

I.
Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

El exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, firmó un contrato por $91 millones con una empresa de Guatemala, la cual se creo cinco meses antes que se lanzara la licitación.

Nayib Bukele hizo un trato perjudicial para San Salvador con proyecto de tres nuevos mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

El concejal del FMLN, Fabio Castillo, explicó en entrevista con El Diario de Hoy que la aprobación del contrato de más de $91 millones para la construcción de tres nuevos mercados que firmó el exalcalde Nayib Bukele no contó con la aprobación de ley.

La solicitud inicial de mejorar las condiciones de los mercados existentes en la capital se transformó en un plan para construir tres nuevos mercados, los cuales otorgó el exalcalde a una empresa privada de capital guatemalteco, constituida solo cinco meses antes de otorgarle las obras.

Para lograrlo, Bukele y un grupo de concejales no tomaron en cuenta varios procedimientos de ley para entregar la construcción y usufructo de los mercados a Direct Security Systems (DSS), una empresa que no sólo se convirtió en el socio estratégico para la alcaldía capitalina, sino a la que además se le encomendó por medio de un contrato el diseño, la construcción y operación de los mercados, facultades que no están en las bases de licitación, según consta en documentos en poder de El Diario de Hoy.

La empresa DSS que nació en junio 2015, cinco meses antes de que la alcaldía lanzara la licitación pública, no había acreditado mayor experiencia en la construcción en ese tipo de obras que le estaba confiando el exalcalde. Aún así se convirtió en el principal socio privado de la alcaldía con la que creó una Sociedad de Economía Mixta (SEM).

Esta SEM fue creada en 2016 amparada en la “Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía mixta”, una legislación que data de 1957 y que no correspondía al tipo de proyecto municipal que fue entregado a una sola empresa privada.

El millonario proyecto de los mercados, denominados centros comerciales, arrancó con la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), pero no fue concluido bajo esa ley, sino que en el proceso el exalcalde y el grupo de concejales que lo apoyó dejaron de lado la Lacap y el proyecto terminó bajo el amparo en la ley de Sociedades de Economía Mixta. Es decir, las bases de licitación para la búsqueda del socio estratégico se hicieron mediante la Lacap, pero el contrato se otorgó basado en la ley de 1957.

De esa forma, Bukele no solo le entregó a la empresa guatemalteca la construcción de los tres mercados, a través de la Sociedad de Economía Mixta, sino que además le transfirió la autonomía de administrarlos y operarlos. A eso se añade que la SEM se constituyó con una participación del 75% para DSS y solo el 25% para la comuna.

Los tres mercados a construir, denominados en el contrato como “centros comerciales”, estarían ubicados en el antiguo parque Hula-Hula; otro en el expredio de la Ex-Biblioteca Nacional, localizado en el centro de San Salvador; y otro más situado en lo que actualmente es un área verde en la colonia Escalón.

En el contrato con la SEM se estableció que el mercado de la colonia Escalón costaría $33.5 millones; el de la ex Biblioteca costaría $23.8 millones y el del Hula Hula tendría un costo de $34.1 millones, lo que suma $91.4 millones.
Sin el debido aval en el concejo El proceso para desarrollar el proyecto de los tres mercados no contó con los votos mínimos en el Concejo Municipal requeridos por la Ley de Mercados.

El 31 de enero de 2017, el Concejo Municipal aprobó con 8 votos a favor (de 14 posibles) el contrato, denominado “Marco”, de servicios de construcción, administración, operación y mantenimiento entre la alcaldía de San Salvador y la sociedad Nuevo Sistema de Mercados, nombre comercial que adquirió la empresa DSS después de vender sus acciones.

El acuerdo municipal recibió 6 votos en contra, entre ellos el del concejal del FMLN, Fabio Castillo, y de los concejales de ARENA. El artículo 4 de la Ley de Mercados ordena que para aprobar la construcción de mercados se necesita de dos tercios del total de miembros del concejo, que en este caso debía ser con 10 votos de los 14 concejales y no por 8 como ocurrió.

Por lo tanto, el contrato no cumplió con la mayoría de votos que exige el Código Municipal. Además, en congruencia con lo expresado por FabioCastillo en entrevista con El Diario de Hoy, el artículo 102 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), establece que “la nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación firme, producirá en todo caso, la nulidad del mismo contrato…”.

Además, un fallo de la Sala de lo Constitucional que estableció que los bienes del Estado o de uso público solo podrán darse en usufructo, como sucedió con uno de los terrenos para uno de los mercados, sin que tenga la autorización de la Asamblea. Y el artículo 233 de la Constitución de la República establece que los bienes de la hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse en usufructuo, comodato o arrendamiento con la autorización de la Asamblea.

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II.
Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

La comuna de Bukele sólo se quedó con el 25% de la participación en la sociedad y entregó en usufructo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón

Alcaldía quedó en desventaja en negocios de mercados

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

La negociación entre el exalcalde Nayib Bukele, actual candidato presidencial de GANA, con la empresa Direct Security Systems (DSS) para la construcción de tres mercados en San Salvador dejó en desventaja a la comuna al solo recibir el 25 por ciento de la participación en la sociedad al entregar en usufructuo el área verde de la comunidad Nueva Esperanza, en colonia Escalón, a un valor casi 20 veces menor que el valúo de su misma alcaldía, según documentos en poder de El Diario de Hoy.

Para ejecutar el proyecto, Bukele se asoció con DSS a través de una Sociedad de Economía Mixta de C.V., (SEM) que fue creada el 27 de septiembre de 2016 ante los oficios notariales del abogado Kevin Steve Vargas Calderón. En la escritura de la constitución de la Sociedad de Economía Mixta se estableció que se constituiría con un capital de 400 mil dólares, dividido en 5 mil acciones con un valor de 80 dólares cada una.

Establecida la cantidad del capital le correspondía a Direct Security Systems pagar en acciones 300 mil dólares, mientras que a la alcaldía 100 mil dólares, según el contrato.

La alcaldía decidió pagar su parte, por un monto equivalente a $100,000, entregando en usufructo un terreno valorado en cerca de $2 millones ubicado en la colonia Escalón. En dicho valúo en junio de 2016 por la misma comuna, como consta en la documentación, el terreno tenía un valor de $1.974,533.

De haber negociado el valor del terreno entregado mediante usufructo al precio real del mercado, la participación de la alcaldía en la Sociedad de Economía Mixta pudo haber sido del 85% y no del 25%, como ocurrió por haberlo entregado a 100 mil dólares.

“La aportación en especie que consiste en un derecho de usufructuo a favor de la sociedad que se constituye por un plazo de 30 años, sobre un inmueble urbano de su propiedad de 8 mil 373 metros cuadrados, situado en la colonia Escalón”, dice en el documento de constitución de la SEM.

En la página 162 del documentose detalla que la empresa DSS pagó 75 mil dólares en acciones, las cuales equivalen al 25 por ciento de la totalidad de estas en la sociedad.

“La sociedad DSS suscribe 3,750 acciones de la serie A que representan 300 mil dólares del capital social y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de las mismas, es decir, la suma de 75 mil dólares por medio del cheque 5608271 librado el 26 de septiembre de 2016”, se lee en el contrato de constitución de la sociedad que formaron con la alcaldía.

Entre las finalidades de la SEM estaba explotar y prestar un servicio público, ejecutar compraventas, realizar préstamos, comercializar bienes, darlos en arrendamiento, disolver, además de liquidar cualesquiera sociedades u otras asociaciones, dice en el contrato.

Administración de la SEM en manos de jóvenes extranjeros y empleados de la comuna

El contrato estableció que ambas partes deberían tener directores y vocales como representantes en la Sociedad de Economía Mixta para tomar decisiones sobre los proyectos, ganancias y modificaciones.

La empresa Direct Security Systems nombró como director presidente a Uwe Christian Martinz, de 43 años de edad y de nacionalidad austríaca pero con domicilio en Guatemala. Martinz se retiró del proyecto cuando DSS fue comprada por la empresa guatemalteca MAKENSA.

También como presidente suplente nombraron a José Leopoldo Link Belchener, de 65 años, de nacionalidad colombiana e ingeniero mecánico. Además como primer vocal, Santiago Granados Balsells, de 27 años, y como vocal suplente a Karla Elizabeth Arroyo, de 32 años, ambos de nacionalidad guatemalteca.

Mientras que la comuna fue representada por empleados que trabajaron en todo el proyecto y también por empleados de confianza de Bukele.

La alcaldía se quedó con la vicepresidencia y nombraron al abogado Cecilio Vidal Sibrián Gálvez, de 50 años. Como suplente tomó el cargo Edwin Patricio Nuñez Alguera, de 44 años, quien sólo lo mencionan como estudiante. Nuñez Alguera, quien fue concejal y uno de los que votó a favor del proyecto en todo el proceso, es actualmente “emisario nacional” de Nuevas Ideas, partido fundado por Nayib Bukele, según indica en su tarjeta de presentación.

También fue designado al cargo de segundo vocal Conan Tonathiú Castro Ramírez, quien era el representante legal de la comuna en la gestión de Bukele.

Además fue nombrada como segunda vocal suplente la abogada Ana Xochitl Marchelli Canales, del FMLN.

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III.
Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

El concejal de la alcaldía en la gestión de Nayib Bukele desconfió de los socios guatemaltecos y el porcentaje de la participación que tendrían éstos en la sociedad.

Fabio Castillo afirma que aprobación de contrato de mercados es nula

12 noviembre 2018 / EL DIARIO DE HOY

Fabio Castillo, concejal del FMLN en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Nayib Bukele, asegura que la aprobación en el Concejo Municipal del denominado “Contrato Marco” para construir tres centros comerciales municipales fue nula, porque no alcanzó los votos suficientes para su aval. Agrega que tiene cierta desconfianza cuando se crean “Sociedades de Economía Mixta” con socios desconocidos, ya que siempre ellos tienen todo el poder en los contratos y puede la alcaldía o el Estado terminar siendo socio de alguna “mafia o narcotraficantes”.

¿Qué piensa sobre los contratos para la construcción de los centros comerciales municipales en los que usted votó en contra?
Yo siempre he tenido cierta desconfianza en las sociedades de economía mixta donde las instituciones estatales o municipales no tienen la mayoría de las acciones. Aunque las personas sean correctas honradas y eficientes, será ese socio el que va administrar y consecuentemente la alcaldía o el Estado no tienen ningún tipo de control.
A la hora de repartir las utilidades los socios no la reparten, el dinero se queda retenido, no llega ningún beneficio a la alcaldía.
Como son acciones de libre circulación en cualquier momento a voluntad de ellos pueden traspasar esas acciones a personas indeseables y que acabe la alcaldía o el Estado siendo socio de alguna mafia o narcotraficantes o de personas de bajo nivel moral.
(La empresa Direct Security Systems que construiría el proyecto de los denominados centros comerciales municipales fue comprada por la empresa guatemalteca Makensa, según una nota periodística publicada en noviembre de 2017). http://lexlatin.com/noticia/makensa-compra-direct-security-systems-con-apoyo-de-lexincorp).

¿Cómo se debía hacer?
Me parece que había que poner algunas limitantes jurídicas en el sentido de que la alcaldía o el Estado tenga la mayoría de acciones o en caso de que los socios quieran vender, la alcaldía o el Estado tiene un derecho preferente para comprar las acciones a valor contable con un cierto porcentaje de sobreprecio a efecto de evitar el que un ente público se encuentre asociado con personas o entidades indeseables.
Yo siempre tuve una cierta reticencia a ese tema, incluso algunas cláusulas de esa sociedad se introdujeron a iniciativa mía, como la obligatoriedad de repartir dividendos. Quedaba a voluntad de los socios y no llegaba el beneficio económico que la alcaldía pretendía.
Algunos habían insinuado que ya habían hecho componendas conmigo, lo cual era totalmente falso. Yo no quería aparecer como que mi voto haya sido comprado.
En las cláusulas de la sociedad quedó establecido que se iban a repartir la mitad de las utilidades y la cuarta parte de esa mitad le iba a corresponder a la alcaldía. Sobre las utilidades el 12.5% era cierta garantía de la inversión municipal.

Para aprobar los contratos del proyecto de construcción de mercados en el Concejo Municipal no se alcanzó las dos terceras partes de los votos como dice la ley, sino que fueron ocho de 14 posibles, ¿eso fue ilegal?
De cualquier manera está fuera de las dos terceras partes de los votos.

¿Eso lo convierte en una aprobación nula?
Sí.

¿Ese tipo de proyectos millonarios se debió hacer a través de la Asamblea Legislativa y la Ley Lacap para evitar a socios desconocidos?
Yo prefiero que se haga en algunas de estas formas: o que en la sociedad de economía mixta la alcaldía tuviera mayoría y celebrara un contrato de administración con el socio por lapsos de cinco o diez años; o que la alcaldía emprendiera directamente la solución del problema, eso me hubiera encantado, pero parecía totalmente inviable en ese momento. No estaba en posibilidades. En la “Sociedad de Economía Mixta”, la alcaldía fuera mayoritaria para que no se pudiera encontrar en la situación de que llegara a ser socia de alguien indeseable y ese alguien por tener la mayoría administrara los negocios municipales.

La misma empresa que se convirtió en el socio estratégico se convirtió en el constructor y administrador de la obra, ¿qué opinión le merece?
Claro, es que ya teniendo la mayoría, pueden decidir cualquier cosa.

El artículo 233 de la Constitución dice que cuando se da un terreno en usufructuo para uso público debe pasar por la Asamblea, pero en este caso no se hizo.
Eso se puede hacer, eso no hay problema. Hay responsabilidad, pero problema no hay. Se aplica cuando son del Estado y no municipales. En el terreno de la Ex -Biblioteca habrá que ver si el municipio lo constituye en usufructuo.

Pero la alcaldía firmó el “Contrato Marco” con los socios y no tenían los usufructuos de los terrenos y el de la Ex Biblioteca, por ejemplo, es del Ministerio de Educación.
Yo puedo comprometerme a vender algo que aún no es mío, ese es mi problema cómo hago para adquirirlo. El socio puede venir a decir: usted se comprometió a traspasar los terrenos en usufructuo y no lo ha hecho, hágalo y sino lo hace me indemniza. Esa indemnización la ponen los árbitros.

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Ministro de Economía encubrió destrucción de archivos

Así lo estableció el IAIP. Además informó a FGR por haber existencia de delitos. Minec se desmarca de los señalamientos hechos.

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, 11 marzo 2016 / EDH

diario hoyEl Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó, a través de una resolución, que el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, debe ser investigado por la Fiscalía General por encubrir la destrucción de 41 documentos calificados como históricos.

“En cuanto al Ministro de Economía, Tharsis Salomón López Guzmán (…)  se ha acreditado que el ministro tuvo conocimiento de lo ocurrido, que ordenó a sus asesores realizar una investigación, que asumió la destrucción documental e intentó justificarla, además adoptó medidas para encubrir lo sucedido -incluidas advertencias al denunciante- para evitar que este hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”, consta en una resolución emitida por el Instituto.

La responsabilidad del presunto delito fue advertid a por el IAIP en el proceso que se le abrió al responsable de archivo ad honorem del Ministerio de Economía (Minec), Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al haber destruido 41 archivos.

Por tal hecho, se le impuso el pago de una multa correspondiente a 35 salarios mínimos, que equivale a $8,809.50 y que deberá pagar a título personal.

En el proceso se consignó que fueron 34 documentos y siete libros, entre los cuales habían resoluciones, acuerdos originales del ramo y decretos que fueron destruidos por Ramírez mientras sustituyó al entonces encargado del archivo, Ulises Alexander Carranza, quien tuvo una incapacidad médica.

De hecho fue Carranza quien, al regresar a sus labores, recibió una llamada telefónica donde le pedían el acuerdo número 9 del año 2010, y que al buscarlo, descubrió un memorándum donde se señalaba que era de carácter histórico. Al tratar de dar con el paradero de dicho documento, Carranza supo que habían sido destruidos.

El empleado ahora sancionado, reconoció que él destruyó los documentos, pero justificó que no tenía conocimiento que estos fueran históricos, y además que la eliminación de estos se llevó a cabo con base en los instructivos emitidos por la Secretaría de Transparencia y a las normas nacionales e internacionales de archivo.

El Instituto determinó que estos argumentos no eran válidos, pues las normativas que mencionó establecían un procedimiento que seguir y este no se realizó. Aunque también indicaron que el instructivo de la Secretaría estaba derogado en el momento en que se dio la destrucción.

Y respecto al desconocimiento que alegó tener sobre que la información era de carácter histórica, dijo el IAIP que esto no le habilitaba a que los destruyera “de manera arbitraria”.

Rechazan señalamientos

A través de un comunicado, el Minec, a través de su Gerencia de Comunicaciones, rechazó los señalamientos hechos por el Instituto.

“Este Ministerio considera inaceptable cualquier declaración en las que se pretenda imputar conductas ilegales y reprochables en contra de sus funcionarios, y reitera su disposición para que se realicen las investigaciones respectivas en forma respetuosa y transparente”, informó.

Agregó que “ningún funcionario de este Ministerio  tuvo conocimiento de lo ocurrido, sino varios días después” y que en ningún momento “ha  intentado justificar o encubrir infracción alguna relacionada con la Ley de Acceso a la Información Pública, o con la conducta del señor Ramírez”, por lo que dice estar abierto a la investigación del caso.

Diputado Soto eleva su patrimonio a $1.2 millones. Justifica que bienes declarados fueron heredados

El Diario de Hoy tuvo acceso a las declaraciones patrimoniales de Rigoberto Soto desde 2006 a la de inicio del actual periodo. El funcionario justifica que el incremento se debe a aceptaciones de herencia tanto suya como de su esposa.

A la izquierda, Jesús Grande y Rigoberto Soto, dos diputados tránsfugas. Foto EDH / Jorge reyes

A la izquierda, Jesús Grande y Rigoberto Soto, dos diputados tránsfugas. Foto EDH / Jorge reyes

, 4 sept. 2015 / EDH

El diputado de GANA por el departamento de Usulután, Rigoberto Soto, pasó de tener un patrimonio de $56 mil 714 a uno que asciende a $1 millón 154 mil 800, es decir un alza de $1 millón 212 mil en menos de una década como legislador de la Asamblea Legislativa.

Así lo refleja la declaración patrimonial del diputado entregada por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a El Diario de Hoy.

Al inicio de su gestión, el funcionario declaró un patrimonio líquido de $56 mil 714.29, proviniendo esos fondos de deudas contraídas por préstamos.

Del patrimonio actual, Soto atribuye en su declaración que $870 mil pertenecen a su grupo familiar y los restantes $341 mil 510 los declara como suyos, según la versión pública del documento. Pero hay que destacar que esa información no había sido detallada en ninguna de las declaraciones de los periodos legislativos anteriores, sino que se lo informó a la CSJ en mayo de este año cuando tomó posesión del cargo como legislador.

Soto inició en el Congreso como diputado suplente en 2006 con un salario mensual de $2 mil 909, lo cual le generaba un ingreso de $34 mil 920 al año; pero al cabo de los tres años de legislatura (en 2009) su patrimonio subió a $317 mil 794, indican los datos oficiales.

En el periodo legislativo siguiente (mayo 2009 a abril 2012), Soto fungió como diputado propietario y tenía un salario al mes de $4 mil 25, lo que en el año sumaban $48 mil 324. En ese lapso, el legislador tuvo otra alza en su patrimonio y reportó al final de esa legislatura que tenía $319 mil 937, de acuerdo con la declaración que hizo ante Probidad de la CSJ.

Lo más notorio en las declaraciones patrimoniales de este diputado de GANA está en la que presentó del periodo del 1 de mayo 2012 al 30 de abril de 2015, ya que en esa pasó de poseer $319 mil 937 a tener $1 millón 154 mil 800. Es decir, que su patrimonio se elevó en 260.9 %, según se deriva de los datos oficiales.

Cuando Soto tomó posesión del cargo en la pasada legislatura reportó que sus activos en bienes muebles eran de $15 mil 500 y que sus bienes inmuebles eran de $559 mil 350, lo que hacía un total de $574 mil 850. También reportó que tenía deudas por $254 mil 912. Hasta allí no había mencionado nada del patrimonio de su familia.

Fue en la declaración del periodo del 1 de mayo 2012 al 30 de abril 2015 que el diputado de GANA indicó que su grupo familiar tiene $20 mil en bienes muebles y $850 mil en bienes inmuebles.

Los ingresos y egresos

Otro dato que destaca de la información que entregó a la CSJ es que en el apartado referente a los ingresos por “aguinaldo, vacaciones, sobresueldos, indemnizaciones, pensiones, etc.”, Soto pasó de declarar $261 (hasta el 30 de abril 2009) a un monto de $20 mil 571 en la legislatura que inició el 1 de mayo 2009 y terminó el 30 de abril 2012.

Y en la declaración patrimonial que presentó del periodo del 1 de mayo 2012 al 30 de abril 2015, el diputado declaró en ese mismo rubro un monto de $54 mil 704.

También informó en el mismo lapso que en el apartado de “otras rentas: honorarios, alquileres, intereses, dividendos, agricultura, y ganadería, etc.” su familia tuvo ingresos por $36 mil y que él percibió $27 mil.

Los ingresos anuales del diputado Rigoberto Soto han ido en alza con cada legislatura. En el primer periodo como legislador de 2006 a 2009 pasó de percibir $34 mil 900 a $59 mil 200, lo que implica un incremento del 69.4 %.

Luego en la siguiente Asamblea sus ingresos subieron de $72 mil 600 a $92 mil 900, es decir un 28 % más. Y en la legislatura de 2012 al 30 de abril de este año, pasó de percibir $72 mil 300 a $148 mil 500, lo que significa un 105.4 % extra.

Además, Soto reportó como parte de sus egresos una amortización de deuda por $40 mil y su familia hizo otro pago por $15 mil, según la declaración.

En total, ese año tuvo un egreso de fondos por $108 mil, la mayoría de ellos ($85 mil) reportados a nivel personal y el resto, familiar.

Según la declaración patrimonial, en el rubro de egresos se incluyen los gastos como alimentación, vestuario, salud, educación, amortizaciones de deudas y descuentos de ley como cuotas del ISSS, AFP e impuestos, entre otros.

Al inicio de su periodo en 2006, como diputado suplente, Soto reflejó casi $31 mil en este tipo de gastos. Sus familiares no reportaron cifra alguna en este rubro.

Posteriormente, en los siguientes periodos, las cifras fueron variando. Al concluir en 2009, registró $57 mil 600 (solo él); al inicio de su diputación como propietario, Soto declaró $61 mil 200 y al concluir este gasto bajó a $40 mil. En 2012, al inicio de su periodo reportó egresos por $75 mil y al final los $108 mil consignados antes.

Se contactó, vía telefónica, con el diputado Soto para conocer el origen de este patrimonio declarado y aseguró que proviene de herencias de sus padres así como a su actual esposa. (Ver más detalles en la siguiente nota).

EDH20150904EN_002P———-

Soto justifica que bienes declarados fueron heredados

, 4 sept. 2015 / EDH

Los bienes muebles e inmuebles así como los ingresos y egresos reflejados en las declaraciones patrimoniales de Rigoberto Soto provienen no solo de su labor como diputado, sino producto de herencia de sus padres, aseguró el funcionario público.

Rigoberto Soto tiene nueve años de ser funcionario público, los tres primeros como diputado suplente y los otros seis como propietario. En la actualidad es diputado por GANA.

Soto declaró, al inicio de su mandato como diputado suplente, un patrimonio por $56 mil 714, la mayor parte de estos fondos producto de un préstamo, y al inicio de su actual periodo como diputado por Usulután, reportó la cifra de $1 millón 154 mil 800.

El parlamentario aseguró que ha declarado dos propiedades suyas, una de rubro agrícola y la otra una casa en la colonia Escalón, que fueron heredadas por su madre y su padre.

Explicó que si bien su progenitora murió en 2003, el litigio por sus propiedades duró varios años y hasta que las tuvo a su nombre fue que las reportó a Probidad.

En el caso de su padre, asegura que le cedió, en vida, algunos muebles e inmuebles, debido a que contrajo nupcias a cuatro años de haber enviudado y para no tener inconvenientes con su nueva familia política, entregó las propiedades a sus hijos.

Asimismo, Soto asegura que su esposa también heredó propiedades, luego que su suegro murió en 2009.

Según la declaración patrimonial, el diputado plasmó bienes muebles e inmuebles de su grupo familiar solo cuando concluyó el periodo el 30 de abril de 2015. En los años anteriores no reflejó monto alguno.

El monto de lo declarado es de $870 mil.

Soto asegura que se trata de tres propiedades, dos en Usulután y otra en San Salvador. Incluso, en uno de estos terrenos funcionó anteriormente un restaurante de comida rápida y ahora es un negocio sobre artículos deportivos.

“Ahí están todas las aceptaciones de herencia que he tenido y las que tuvo mi señora por su padre. Prácticamente ahí está sustentado todo”, aseveró.

Se le cuestionó al funcionario que por qué si al inicio de su gestión inició con un patrimonio de $56 mil 714, la mayoría producto de un préstamos, y ahora registraba un incremento sustancial en su patrimonio, manifestó que empezó con saldo rojo debido a que acababa de pasar por un divorcio de su primer matrimonio y por ello su saldo neto inicial era de $9 mil.

Los hondureños dicen: “¡No a la corrupción!”

Una investigación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social revela una millonaria corrupción que involucra a varios funcionarios del partido en el gobierno.

Izquierda radical ha contaminado las protestas, en las que se demanda ayuda internacional y la dimisión del presidente.

Honduras recibe apoyo internacional de parte de la OEA para iniciar un diálogo nacional creado por el presidente.

EDH-honduras

Como sus vecinos guatemaltecos, Honduras ha despertado en contra de la corrupción, pero sus habitantes siguen  divididos, como hace seis años, cuando fue derrocado Manuel Zelaya. En las calles, el hondureño promedio expresa que la corrupción es un problema que ha empobrecido al país centroamericano desde hace muchos años. Muchos coinciden en que es necesaria una institución como la Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la que funciona en Guatemala (Cicig).

Mientras que centenares de ciudadanos hacen presión en las calles y bulevares, exigiendo la salida del presidente Juan Orlando Hernández y pidiendo una comisión internacional contra la impunidad para investigar la corrupción, otros están satisfechos por la gestión del mandatario y afirman que las marchas se han desnaturalizado y son contaminadas por los políticos.

Óscar Alberto Hernández, de 66 años, es un motorista hotelero y exjugador del equipo de fútbol Motagua. Mientras hacemos un recorrido por el centro de la ciudad de Tegucigalpa, cuenta que “su país va mejorado poco a poco y va por un buen camino, desde que llegó el presidente Juan Orlando Hernández”.

“Yo hablo con muchos hondureños y coincidimos que este señor (presidente de la República) está trabajando  y se ha visto un cambio comparado con los anteriores. Los hondureños no queremos más corrupción ni ser manipulados por los políticos. Queremos paz y un buen ambiente para progresar, pero estamos divididos”, expresa Hernández.

Manifestación pidiendo renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez. Foto: AFP

Manifestación pidiendo renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez. Foto: AFP

Otros ciudadanos difieren con la opinión del exfutbolista. Son quienes todos los viernes salen, desde hace dos meses, a las calles para caminar desde la colonia John F. Kennedy a la Casa Presidencial, para pedir la renuncia del mandatario, a quien acusan de ser parte de la corrupción.

El viernes pasado, a las 5:30 de la tarde, marchó por novena vez bajo una fuerte tormenta el denominado grupo de “Las Antorchas”, que exige una Comisión Internacional Contra la Impunidad  (CICIH). (Ver tercera entrega el miércoles).

En programas de opinión en la televisión local, analistas políticos y figuras públicas coinciden en que las marchas de “Los Indignados” y de “Las Antorchas” perdieron su naturaleza desde la tercera protesta, cuando figuras políticas como diputados, dirigentes políticos y representantes de partidos políticos las tomaron como instrumentos para pedir la destitución del presidente.

Los periódicos y noticieros también sacaron de sus primeras páginas y portadas las noticias relativas a las protestas. El día siguiente, algunos se limitaron a publicar una nota de cuatro párrafos.

“Los políticos son los responsables de haber contaminado el clamor popular. Se ha desnaturalizado y contaminado. Yo por eso ya no participo”, expresa el propietario de una cervecería, Leopoldo Lima, mientras mira las decenas de personas marchando hacia Casa Presidencial. 

En los noticieros locales predomina más las noticias de la recién aprobada ley contra las pandillas, en la cual se incrementó la pena de cárcel a 50 años para los cabecillas de las pandillas.

Alexánder Suárez, un empresario propietario de cinco hoteles en Tegucigalpa, dice que “una CICIH debería de ser un apoyo para un Ministerio Público y no un enemigo para el gobierno o grupo político”. Para  Suárez, la situación de violencia y delincuencia que vive Honduras es igual de preocupante como la corrupción que existe y que no han querido investigar.

Desde el centro de la ciudad inicia la caminata hacia la parte alta de una de las principales calles de Tegucigalpa. La mayoría lleva una  antorcha y pañoletas con leyendas en contra del presidente y la corrupción. Al llegar al sitio de concentración, sobra quien le regale fuego a otros para  sumarse a la marea de luces.

Los más activos aprovechan las cámaras de los periodistas para gritar “¡Fuera JOH, fuera JOH!”, refiriéndose a las iniciales de Juan Orlando Hernández.

“Esta es nuestra lucha, así le queremos demostrar al presidente que estamos en desacuerdo por la corrupción que ha permitido en el Gobierno y su partido político”, dice uno de los manifestantes a El Diario de Hoy.

Pero parece que al presidente hondureño los gritos de los inconformes no significan nada. Es más, no los oirá. El presidente se encuentra desde hace tres días en una gira por Japón y Taiwán, buscando cooperantes y refortaleciendo la solidez de los lazos bilaterales.

Sin embargo, el presidente de Honduras se unió a ese clamor popular de tener ayuda internacional semanas atrás: propuso un Sistema Integral Hondureño de Lucha Contra la Corrupción e Impunidad (SIHCCI), que pueda ser dirigido por jueces y fiscales nacionales y extranjeros.
Pero no habla de una CICIH como la creada en Guatemala, la cual en el último año ha logrado el desmantelamiento de más de 30 redes de corrupción que llegan a los más altos niveles de gobierno, incluyendo al presidente y vicepresidenta de la República.

El 23 de junio pasado, el presidente hondureño anunció un diálogo nacional para tratar temas como la corrupción y la impunidad. Ese mismo día, hizo pública la necesidad de un apoyo de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El mandatario destacó que junto con las iglesias cristianas (Católica y Evangélica), la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), se formará un equipo “para desarrollar un sistema de lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Para los grupos de “Los indignados” y “Las Antorchas”, la propuesta de Hernández no es suficiente. Piden una instancia que no esté ligada al gobierno y otras instituciones públicas y privadas.

Mel Zelaya también dice que lo que propone el presidente es una agenda. “Diálogo es cuando a uno le dicen. Oíme, quiero hablar con vos. Vos, ¿qué querés? Pero eso que propone no es un diálogo. Uno se abre a escuchar lo que la gente quiere y él quiere imponer la agenda y eso no es diálogo”, agregó Zelaya.

Los grupos de choque de Zelaya y varios simpatizantes del partido de izquierda Libertad y Refundación (Líder), que también marchan los viernes para pedir un cese a la impunidad, realizaron un hecho que ha sido repudiado por muchos hondureños y catalogado como “un acto vandálico”.

La turba se apostó frente a la entrada principal de la CSJ y tras conocer que el periodista David Romero se encontraba en un juicio donde es procesado por los delitos de difamación y calumnia, votaron los portones ante la mirada de unos cuantos antimotines.

La turba tumbó la puerta de la Sala IV del Tribunal de Sentencia y acuerpó al periodista Romero, para que se refugiara en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos. (Ver tercera entrega el miércoles).

Desde esa fecha, la Casa Presidencial y la Corte Suprema se encuentran sitiadas por militares y policías. Las escenas hacen recordar junio de 2009, cuando hubo disturbios generados por la caída de Zelaya.

Ante eso,  la OEA escuchó al presidente Hernández y la semana pasada  nombró al diplomático y abogado chileno John Biehl del Río como un facilitador especial para el diálogo nacional. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que la presencia de Biehl promoverá la mayor participación posible de todos los actores políticos y sociales.

El diplomático desarrollará “una agenda que satisfaga las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño de procurar la construcción de un consenso para el combate a la corrupción, y la impunidad”, detalla el comunicado que emitió la OEA recientemente.

Biehl del Río llegará esta semana a Honduras y espera tener iniciar su trabajo con reuniones y propuestas de diferentes sectores.
Corrupción salpica oficialismo 

Las marchas en Honduras tomaron fuerza tras el anuncio de una investigación que ha iniciado desde hace meses el Ministerio Público, en la cual se calcula un desfalco de casi 300 millones de dólares en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ha revelado los niveles de corrupción que existe en las instituciones públicas de Honduras.

Esa ha sido la investigación más relevante que involucra al poder político, principalmente a varios funcionarios del partido oficial que llevó al poder al expresidente Pepe Lobo y el actual Juan Orlando Hernández.

La referida investigación señala a la vicepresidenta del Congreso del partido de Gobierno, Lena Karin Gutiérrez, de ser la propietaria junto con su familia de la empresa que participó en compras sobrevaloradas de medicinas y equipo para los hospitales del Seguro Social (ver segunda entrega mañana).

El Ministerio Público acusó a 16 funcionarios y empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), incluyendo a Lena Karin, su padre y dos hermanos más, como los supuestos socios de la empresa que participó en las compras de medicinas amañadas.

La acusación prosperó de inmediato y después de varias semanas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera, dictó  orden de captura contra Gutiérrez.

Gutiérrez nunca puso un pie en una cárcel. Durante la audiencia inicial los jueces la beneficiaron y le ordenaron arresto domiciliar junto a sus parientes. Contrario a los otros señalados, quienes permanecen en una prisión mientras se realizan las siguientes  audiencias.

Ya con el arresto domiciliar, los abogados de una de las principales dirigentes del partido de Gobierno hondureño pidieron que se levantara la referida orden judicial a cambio de una fianza.

Los jueces volvieron admitir la petición de los abogados y resolvieron que Lena Karin podía pagar alrededor de 20 millones de lempiras (1 millón de dólares) para que se defendiera en libertad.

El jueves 23 de julio, Gutiérrez se presentó a Corte Suprema de Justicia con su elenco de abogados. La funcionaria no iba esposada, lucía un vestido rojo y era acuerpada por un par de detectives. No entró como  todos los imputados, lo hizo por la entrada de jueces.

Después de dos horas audiencia, Gutiérrez salió por la entrada principal de la Corte Suprema y con el semblante de seriedad que le caracteriza, reiteró a los periodistas que es inocente y que las acusaciones en el fraude del IHSS son falsas.

“Voy a demostrar al pueblo hondureño mi inocencia y la de mi familia. No tenemos nada que ver en esas acusaciones”, expresó la funcionaria escuetamente.

El vocero de la CSJ minutos antes había detallado a los periodistas que Lena Karin presentó la documentación legal para realizar el pago de los 20 millones de dólares.

A pesar de la lluvia de preguntas de los periodistas de conocer cómo obtuvo el dinero, Lena Karin no respondió y se marchó por el camino exclusivo de los jueces y personas importantes.

La decisión judicial fue la gasolina para que al día siguiente, los integrantes de “Las Antorchas” y “Los Indignados”, gritaran su repudio a la orden judicial.

Los protestantes no quieren que la justicia se siga burlando de su pueblo y piden que la ley sea aplicada a todos por igual.

Sube tono en Washington por corrupción en Centroamérica

Mientras los gobiernos de El Salvador y Honduras rechazan, tajantes, la necesidad de establecer en esos países un ente internacional de combate al crimen organizado, la administración Obama y el Senado estadounidense siguen enviando señales de que no están conformes con la forma en que ambos Estados combaten la corrupción y la impunidad.

Postura. El comunicado que difundió esta semana la oficina del senador demócrata Patrick Leahy, en el que hace ver los problemas de la corrupción para el Triángulo Norte de Centroamérica.

Héctor Silva Ávalos, 24 julio 2015 / LPG

A las voces estadounidenses que apoyan la ejecución en El Salvador y Honduras de un modelo anticorrupción similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se sumó esta semana la del influyente senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, uno de los que deciden sobre los fondos para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Los problemas de Guatemala (debilidad institucional, corrupción e infiltración del crimen organizado en el Estado) no son solo de Guatemala. Honduras y El Salvador sufren las mismas condiciones de instituciones débiles, falta de credibilidad, corrupción extendida, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, periodistas, aun fiscales, y de una historia de impunidad”, dijo el senador Leahy al pleno del Senado en una sesión dedicada a la discusión del pacto de no proliferación nuclear firmado entre Estados Unidos e Irán.

“Espero que estos gobiernos (de El Salvador y Honduras) vean a CICIG como un modelo de cuya experiencia técnica e independencia puedan beneficiarse para… enfrentar estos problemas con viejas y profundas raíces”, defendió Leahy el modelo CICIG frente a sus colegas el miércoles pasado.

La atención en Irán, dijo Leahy, ha distraído la atención de Washington de lo que pasa en el Triángulo Norte, “sobre todo ahora que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras están buscando una cantidad considerable de fondos (estadounidenses) para financiar la Alianza para la Prosperidad”.

El pasado 9 de julio, el comité de adjudicaciones del Senado, del que Leahy forma parte, reservó una partida de $673.5 millones para el plan centroamericano en el anteproyecto de presupuesto para operaciones internacionales, que aún debe ser aprobado por el pleno de la Cámara Alta y luego bajar a aprobación de la Cámara de Representantes.

El desembolso del 75 % de esos fondos, según está escrito en el anteproyecto, está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas por parte de los países receptores. Entre las condicionantes acordadas por los senadores están, por ejemplo, “la creación de fuerzas policiales profesionales y transparentes”, “regular el rol de los ejércitos en la seguridad interna” o “perseguir y castigar a miembros de las fuerzas de seguridad que violen los derechos humanos” y “proteger y promover la democracia en cooperación con las cortes interamericanas de derechos humanos y las comisiones internacionales contra la impunidad cuando sea apropiado”.

La última figura, la de comisiones internacionales contra la impunidad similares a la instalada en Guatemala en 2007 con apoyo de Naciones Unidas, la CICIG, es uno de los modelos que más simpatizan a los tomadores de decisiones en Washington, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

Por lo alto y por lo bajo, funcionarios estadounidenses han apoyado la idea de comisiones similares a CICIG en el Triángulo Norte. Primero fueron los principales asesores del vicepresidente Joe Biden, antes de que este viajara a principios de año a Guatemala a reunirse con los presidentes Otto Pérez Molina; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; y Juan Orlando Hernández, de Honduras, para hablar sobre la alianza. Luego fue el mismo Biden quien, según fuentes del Congreso consultadas entonces, trasladó a Pérez Molina el deseo estadounidense de una nueva prórroga de CICIG. Después fue la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson. Y, por último, el embajador Thomas Shannon, enviado especial a Centroamérica, quien habló del tema en San Salvador.

“Cada país debe decidir qué modelo seguir, pero lo cierto es que estos países tienen problemas de corrupción y falta de transparencia que son innegables. El establecimiento de mecanismos como CICIG nos dirían que hay, en Honduras y El Salvador, gente dispuesta a trabajar para encontrar soluciones reales”, dijo el miércoles a LA PRENSA GRÁFICA un asistente legislativo que ha participado en las discusiones del Senado.

Lo que hay no basta

Ni Honduras ni El Salvador quieren comisiones internacionales para resolver problemas que, dicen, pueden arreglarse con el concurso de las instituciones nacionales. La oposición de ambos gobiernos a las sugerencias estadounidenses de instalar mecanismos como CICIG ha sido una: No.

El mismo día en que el embajador Shannon reiteró la sugerencia en San Salvador, el secretario de asuntos estratégicos y coordinador del gabinete de seguridad del presidente Sánchez Cerén, Hato Hasbún, dijo que en El Salvador no era necesaria una CICIG. A Hasbún le siguieron la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, del partido en el gobierno; el coordinador del FMLN, Medardo González; y, por último, el canciller Hugo Martínez. El vocero de la presidencia, Eugenio Chicas, incluso sugirió que la insistencia de formar una comisión así era parte de un plan “de la derecha” para orquestar un golpe de Estado.

Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, ha dicho por su parte que CICIG no ha solucionado los problemas de Guatemala porque, entre otras cosas, no ha fortalecido las instituciones nacionales.

En su alocución del miércoles ante el Senado, Leahy recordó que, en el pasado, el dinero estadounidense invertido en Centroamérica para mejorar la institucionalidad y el combate a la corrupción no siempre ha cumplido esos objetivos y opinó que el modelo CICIG sí ha servido para ello. “Aunque el sistema de justicia de Guatemala permanece frágil, la alianza entre CICIG y el Ministerio Público (Fiscalía) ha jugado un rol crítico en favor de la causa de la justicia en Guatemala”, dijo.

Un funcionario estadounidense que ha participado en las discusiones sobre la Alianza para la Prosperidad desde principios de año dice, respecto a los argumentos de los gobiernos de Hernández y Sánchez Cerén: “Nadie puede decir que CICIG no hizo una diferencia en Guatemala, y que no ayudó a fortalecer el Ministerio Público. Está claro que la debilidad de las policías, las fiscalías y los tribunales en Honduras y El Salvador los hacen incapaces de enfrentar estos problemas. Hemos visto esto por décadas, invertido dineros y hasta ahora los resultados no son alentadores”.

Esta semana, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, en inglés) y la Universidad Johns Hopkins organizaron un evento público para discutir el modelo CICIG y su aplicación en los otros países del Triángulo Norte. “Este es un ejemplo de cómo una iniciativa independiente puede rescatar a un Estado… al centro de todo esto debe estar siempre la discusión sobre la corrupción, que es el foco central de la actividad criminal”, dijo ahí Louise Shelley, profesora de la Universidad George Mason y especialista en modelos de lucha anticorrupción en el mundo. WOLA, por su parte, consideró que el apoyo de Leahy al modelo CICIG es un llamado para que los gobiernos de Honduras y El Salvador lo consideren. “Lo que está claro es que en el Congreso hay mucho interés por ver que los gobiernos de Centroamérica tomen pasos concretos para atacar la corrupción y la influencia de grupos ilegales, y que el apoyo de los congresistas a los fondos estadounidenses estará ligado al progreso en esos temas”, dijo WOLA.

Carta a Salvador Sanchez Ceren en el Día de Mi Cumpleaños. De Paul Steiner

paul steiner

@PaulDSteiner

Paul Steiner, 19 julio 2015 / FACEBOOK

Señor Presidente,

Le escribo para contarle que hoy es el día de mi cumpleaños y que me han dicho que se me puede dar un deseo.

Pues quiero contarle de este mi deseo, Señor Presidente, y es un deseo muy sencillo.  Es más, es algo que usted puede regalarme no solo a mi sino al pueblo salvadoreño que tanto está sufriendo por la inseguridad, la falta de medicinas, la economía estancada por falta de rumbo y confianza, la pobre calidad de educación que estamos recibiendo tanto a nivel básico como superior.

Por ser domingo le haré cortita esta carta, Señor Presidente, my deseo es que usted firme mi Petición para la creación de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en El Salvador, #CICISVya No hay medios tintes, Señor Presidente, o se está a favor de la corrupción y la impunidad o se lucha contra ella.  Puede firmarla ingresando en ALTOalaIMPUNIDAD.com y no se preocupe porque al ingresar estará en modo de seguridad donde nadie podrá interceptar su firma al final del sitio.

El Salvador firmó el Convenio Internacional de la Naciones Unidas Contra la Corrupción en diciembre 2003 y fue ratificado en julio de 2004.  En esos 12 años, los primero 6 de ARENA no se ha hecho nada y en los segundos 6 bajo su liderazgo como Vice-Presidente y ahora como Presidente de la República tampoco.  El pueblo merece más, Señor Presidente.  Si no comenzamos a limpiar el país de la corrupción imperante no le estaremos haciendo justicia a los más de 75,000 que murieron durante la guerra civil ni tampoco los que mueren cada día en la paz.

Es impensable que luego de más de $22,000 millones de ingresos que Usted ha tenido en estos últimos 6 años más los $17,000 millones que tuvo el Ex Presidente Saca, un total de $39,000 millones de dólares, los únicos que se puedan haber beneficiado hayan sido los amigos, socios de negocio, militantes y parientes de los funcionarios públicos.

Bueno, me despido, Señor Presidente, asegurándole que nuestro movimiento para crear una #CICISVya no es ni de derecha ni de izquierda, ni un intento de golpe de estado – tampoco se va a desaparecer porque cada día, cada hora, cada minuto se nos únen más Salvadoreños Honrados de todos los niveles y de todas las ideologías.

El pueblo es el soberano, Señor Presidente, y Usted fue electo para servirle.  Le ruego considere mi deseo y, si es posible, lo comparta.

Me despido de Usted,

Respetuosamente,

Paul Steiner, Ciudadano Salvadoreño

Licitaciones de seguridad privada en INDES presentan anomalías: LPG

El ente deportivo nacional ha invertido más de $2.5 millones en agentes de seguridad desde 2010 a la fecha y durante todo ese tiempo una misma sociedad se vio favorecida.

2e49a91d-d050-4fa9-8604-eb98544a9af8_XLWDavid Bernal, 11 julio 2015 / LPG

“Se ve feo, pero eso es la ley”, responde Jorge Pérez Quezada, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), sentado en su despacho mientras se le cuestiona por qué la institución ha invertido millones en contratos que beneficiaron a dos empresas de seguridad propiedad de una misma persona y que actuaron de modo cuestionable en procesos de licitación.

Ayer, LA PRENSA GRÁFICA reveló que el INDES ha invertido durante los últimos cinco años un total de $2,592,914 en agentes de seguridad privada para cuidar sus instalaciones y sobrepasa incluso lo invertido en estímulos deportivos para los atletas durante el mismo período de tiempo.

Es igualmente destacable que todo ese dinero fue invertido en un mismo conglomerado de empresas, que habrían brindado información imprecisa a la institución para adjudicarse los contratos que firmaron con Jaime Rodríguez y el mismo Pérez Quezada.

En 2009, el instituto dedicaba poco menos de un cuarto de millón de dólares para contratar a 56 agentes que brindaran seguridad a sus instalaciones durante todo el año, pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando la primera de tres empresas ligadas al excapitán del Ejército César Iván Rivas Guevara apareció en las licitaciones del INDES. Sus negocios con la institución se extienden hasta este 2015.

Rivas Guevara y sus socios se negaron a dar declaraciones a LA PRENSA GRÁFICA para este reportaje.

El consorcio

Rivas Guevara y el INDES firmaron un contrato por primera vez el 2 de junio de 2010, cuando el ente deportivo era dirigido por Jaime Rodríguez. El militar retirado participó con la empresa Grupo de Seguridad Industrial (GRUSEIN) y firmó un contrato por $157,250, solo por cinco meses (de agosto a diciembre).

Al año siguiente, el INDES firmó contrato con la compañía Seguridad Internacional (SEGURINTER) y le comisionó el servicio de seguridad por todo el año por un monto total de $429,155.

Rivas Guevara también está ligado a esta empresa y documentos en el Centro Nacional de Registros (CNR) le ubican en ella en distintos cargos, como apoderado legal o directivo. Pero exempleados suyos, así como sindicalistas del gremio, aseguran que él es el dueño de SEGURINTER así como de otras empresas que se dedican a brindar seguridad al Gobierno desde 2009 (leer nota aparte).

Las relaciones del instituto con SEGURINTER se extendieron por dos años más y el monto de los contratos se incrementó año con año: de $471,870 en 2012 hasta llegar al medio millón en 2013. En esos dos años, el dinero destinado a becas para los deportistas llegó a su punto más bajo del quinquenio.

En 2014 apareció otra empresa, Seguridad de El Salvador y Limpieza (SEGUSAL), también asociada a Guevara a través de sus familiares (como su esposa Juana Graciela Parada Doñán, representante legal de dicha empresa), y con la cual el INDES firmó un contrato por $505,680, el más alto de los últimos años y que, comparado con lo invertido en 2010, representa un aumento del 41 % en el presupuesto que dedicó el instituto a seguridad privada.

Rivas Guevara también ha posicionado a otros familiares como representantes legales de sus empresas para no figurar en los documentos oficiales, como su madre, Nelly Concepción Guevara de Rivas (en GRUSEIN), y empleados, como Pedro Antonio Martínez y Óscar Medardo Gómez (en SEGURINTER).

Las relaciones del INDES con Rivas Guevara y sus empresas no terminaron allí y tras la salida de Jaime Rodríguez, su sucesor, Jorge Pérez Quezada, decidió mantener a SEGUSAL, pero con un monto más bajo ($398,000). Si la tendencia era invertir cada vez más, ¿cómo explica el actual titular del ente una reducción tan significativa?

Pérez Quezada argumentó que al llegar a la institución se dio cuenta de que podía reducir el número de agentes privados y destinar ese dinero a otras necesidades. “Hicimos un cruce para determinar con cuántas personas podíamos nosotros dar cobertura a todas las instalaciones del INDES y pasó por eso, por hacer un esfuerzo y reducir la inversión por lo menos en $100,000. Hicimos un estudio para comprobar que nosotros teníamos la capacidad de hacer esa cobertura en cuanto a seguridad”, aseguró.

Anomalías en licitaciones

César Iván Rivas Guevara tiene un nombre propio en el mundo de las agencias de seguridad.

El Sindicato de Agentes Trabajadores de la Industria de Seguridad Privada de El Salvador (SATISPES) lo acusa de haber montado una rueda de caballitos desde hace muchos años en este negocio.

“Ellos (Rivas y sus asociados) crean empresas con el objetivo de acaparar el mercado y evitar ciertas demandas. Cuando una empresa ya no funciona crean otra, con prestanombres incluso, y si una se cae, activan la anterior”, evaluó Wálter Recinos, coordinador de SATISPES, una práctica que expertos en auditorías y licitaciones públicas corroboran como “normal” en nuestro país.

Su nombre aparece en instituciones como Seguridad de El Salvador (SEGURSA S. A. De C. V.), Grupo de Seguridad Industrial (GRUSEIN S. A. de C. V.) y ahora en SEGURINTER y SEGUSAL. Estas dos últimas compitieron entre sí en la licitación para brindar seguridad al INDES en 2014, violentando el artículo 26 de la LACAP, que prohíbe a empresas ponerse de acuerdo para afectar el libre comercio.

No fueron las únicas anomalías que se cometieron, mismas que, según el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) del INDES, Carlos Alvarado Celis, eran “difíciles” de percibir en ese momento.

El 26 de noviembre de 2013, ambas empresas presentaron ofertas para resguardar las instalaciones del instituto. SEGURINTER ofertó con un monto de $526,320 y SEGUSAL, con $505,680. Sus ofertas eran las más altas en comparación a los montos que planteaban otras empresas en contienda, que fueron SSELIMSA, SERMUS y SECURITY GROUP (ver tabla), pero aún así se convirtieron en las dos finalistas, por recomendación de la comisión de evaluación que formó el INDES, en la cual también estaba Alvarado Celis.

La comisión eligió como ganadora a SEGUSAL y anexó una recomendación al comité ejecutivo del INDES: “La oferta que cumple con los requisitos y es la más favorable económicamente supera la disponibilidad financiera, que es de 485 mil 520 dólares, y no es suficiente para la adjudicación de la misma”.

Pese a ello, el 10 de diciembre de 2013 el comité ejecutivo, que presidía Jaime Rodríguez, decidió que “para no poner en peligro la seguridad de las instalaciones” se pasara por alto el tope presupuestario para este rubro y se reforzara la partida  de bienes y servicios para contratar a SEGUSAL por $505,480, es decir, $20,160 más de lo presupuestado.

El exdirectivo del INDES Melecio Rivera estuvo en esa sesión de concejo y firmó el acuerdo, pero aseguró que no recuerda todos los pormenores de esa licitación, aunque asegura que aquel 10 de diciembre no se acordó adjudicar el contrato a SEGUSAL y se declaró extrañado por las cifras que se le pagaron.

“Sabíamos que buscar recursos para completar y llegar a la oferta ganadora era prácticamente imposible, porque estábamos en un momento de austeridad e incluso se habían buscado recursos para otros intereses, representaciones de federaciones y fogueos pero no había sido posible conseguirlos con Hacienda. Recuerdo que se discutió ampliamente este tema y yo tenía la idea de que se había recomendado que se continuara el contrato con la empresa que ya estaba funcionando (SEGURINTER), en tanto se hacía la gestión… Pero nunca pensé o recuerdo que se dijera que se adjudicaba a otra empresa por un monto que ni siquiera se tenía, sino que se recomendaba que se buscaran los recursos”, expuso.

Y agregó: “Yo no creo que se haya tomado un acuerdo de adjudicar sin tener los recursos, porque para poder adjudicar teníamos que haber tenido la reserva de crédito necesaria que permita asumir el compromiso. No sé cómo la Corte de Cuentas y el mismo Ministerio de Hacienda valoraron esto, si no se tenían los recursos”.

Sin embargo, Pérez Quezada asegura que el acta del acuerdo tiene la firma de Melecio Rivera, por lo tanto él estaba de acuerdo con la contratación de SEGUSAL. “Esta acta da fe de que se tomó un acuerdo y a los directivos se les lee el acta para saber si tienen o no observaciones. Luego se les pasa a cada uno para que la firmen y si a alguno no le parece o ve que lo que dice el acta no es lo que se acordó, entonces puede decidir no firmarla. Pero yo puedo decir que sí está en el libro de actas es porque sí la firmaron. Hoy no tienen porqué alegar ignorancia, es bien complicado, si ellos alegan ignorancia es porque firmaron sin leer el documento o no sé qué pasó, pero si tiene la firma del directivo es porque da fe de que el acuerdo así se tomó. Mis amigos (directivos) tendrían que revisar bien los documentos”, externó.

Información imprecisa

LA PRENSA GRÁFICA descubrió otras anomalías en la licitación para la seguridad privada de 2014.

La comisión evaluadora decidió que SEGUSAL fuera finalista pese a que, según la documentación, solo tenía un año de experiencia en este rubro, cuando sus otros competidores superaban la década de trabajar en seguridad privada.

Además, SEGUSAL aseguró en diciembre de 2013 que tenía 200 agentes contratados a escala nacional, pero un informe solicitado por este medio al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revela que ese mes solo cotizaron por cuatro empleados, lo cual puede dar pie a dos cosas: o no cotizaban por los otros 196 agentes, lo cual era una imposibilidad para participar en la licitación, según la LACAP, o mintieron en cuanto al número de empleados que tenían, sabedores de que si ganaban podían suplir las plazas del INDES con agentes de SEGURINTER, su empresa hermana, que ya brindaba sus servicios a la institución.

Si en efecto se inclinó por realizar ese movimiento, entonces violentó el contrato que tenía con el INDES, que le prohibía cesión de los servicios a otra empresa.

Carlos Alvarado Celis asegura que la UACI del INDES no tenía la obligación de investigar a la empresa en ese momento, pues bastaba con la documentación que presentó para creer en ella. “Las empresas que compiten presentan una declaración jurada, un documento legal en el que se comprometen a que toda la información que dicen es real”, aseguró.

Mientras, Pérez Quezada aseguró que es un “truco” común en las licitaciones del Estado, una trampa que tienen las empresas que compiten. “Es el viejo truco donde te traen una declaración jurada y las instituciones no tenemos… Sí podríamos investigar, pero no tenemos tiempo”, declaró.

Luego agregó: “Se ve feo, pero eso es la ley. Por ejemplo, si presentan su capacidad financiera, nosotros lo damos por válido, y así es en cualquier empresa de gobierno. Lo de las empresas de seguridad es un tema bien espinoso porque hay muchos agentes que trabajan sin ninguna prestación social”.

Un año después, cuando SEGUSAL presentó una nueva oferta para brindar la seguridad al INDES durante todo 2014, una nueva comisión de evaluación avaló nuevamente la contratación de esta empresa, pero con una diferencia en los resultados: SEGUSAL ya tenía 15 años de experiencia en el ramo.

“Lo que sucede es que las licitaciones no son vinculantes. No revisamos la documentación de la licitación anterior para compararla con la que presentan en una nueva”, explicó Alvarado Celis para justificar esta diferencia en las evaluaciones.

La UACI tampoco se dio cuenta que SEGUSAL y SEGURINTER eran empresas hermanas, a pesar que en la documentación de 2013 ambas se presentaron con el mismo domicilio.

Melecio Rivera asegura que todos estos aspectos solo levantan más sospechas en torno a la fuerte inversión que el INDES ha hecho en seguridad privada durante los últimos años.

“Primero no se ve muy transparente y de golpe no se ve muy ético. Creo que no fuimos suficientemente informados en el comité directivo de esa situación, nunca se mencionó que una misma persona fuera la dueña (de ambas)”, destacó.

Ayer LA PRENSA GRÁFICA reveló que pese a la fuerte inversión en seguridad privada las instalaciones del INDES a escala nacional han sido vulneradas y figuran en las estadísticas delictivas de la PNC.