INDES

Licitaciones de seguridad privada en INDES presentan anomalías: LPG

El ente deportivo nacional ha invertido más de $2.5 millones en agentes de seguridad desde 2010 a la fecha y durante todo ese tiempo una misma sociedad se vio favorecida.

2e49a91d-d050-4fa9-8604-eb98544a9af8_XLWDavid Bernal, 11 julio 2015 / LPG

“Se ve feo, pero eso es la ley”, responde Jorge Pérez Quezada, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), sentado en su despacho mientras se le cuestiona por qué la institución ha invertido millones en contratos que beneficiaron a dos empresas de seguridad propiedad de una misma persona y que actuaron de modo cuestionable en procesos de licitación.

Ayer, LA PRENSA GRÁFICA reveló que el INDES ha invertido durante los últimos cinco años un total de $2,592,914 en agentes de seguridad privada para cuidar sus instalaciones y sobrepasa incluso lo invertido en estímulos deportivos para los atletas durante el mismo período de tiempo.

Es igualmente destacable que todo ese dinero fue invertido en un mismo conglomerado de empresas, que habrían brindado información imprecisa a la institución para adjudicarse los contratos que firmaron con Jaime Rodríguez y el mismo Pérez Quezada.

En 2009, el instituto dedicaba poco menos de un cuarto de millón de dólares para contratar a 56 agentes que brindaran seguridad a sus instalaciones durante todo el año, pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando la primera de tres empresas ligadas al excapitán del Ejército César Iván Rivas Guevara apareció en las licitaciones del INDES. Sus negocios con la institución se extienden hasta este 2015.

Rivas Guevara y sus socios se negaron a dar declaraciones a LA PRENSA GRÁFICA para este reportaje.

El consorcio

Rivas Guevara y el INDES firmaron un contrato por primera vez el 2 de junio de 2010, cuando el ente deportivo era dirigido por Jaime Rodríguez. El militar retirado participó con la empresa Grupo de Seguridad Industrial (GRUSEIN) y firmó un contrato por $157,250, solo por cinco meses (de agosto a diciembre).

Al año siguiente, el INDES firmó contrato con la compañía Seguridad Internacional (SEGURINTER) y le comisionó el servicio de seguridad por todo el año por un monto total de $429,155.

Rivas Guevara también está ligado a esta empresa y documentos en el Centro Nacional de Registros (CNR) le ubican en ella en distintos cargos, como apoderado legal o directivo. Pero exempleados suyos, así como sindicalistas del gremio, aseguran que él es el dueño de SEGURINTER así como de otras empresas que se dedican a brindar seguridad al Gobierno desde 2009 (leer nota aparte).

Las relaciones del instituto con SEGURINTER se extendieron por dos años más y el monto de los contratos se incrementó año con año: de $471,870 en 2012 hasta llegar al medio millón en 2013. En esos dos años, el dinero destinado a becas para los deportistas llegó a su punto más bajo del quinquenio.

En 2014 apareció otra empresa, Seguridad de El Salvador y Limpieza (SEGUSAL), también asociada a Guevara a través de sus familiares (como su esposa Juana Graciela Parada Doñán, representante legal de dicha empresa), y con la cual el INDES firmó un contrato por $505,680, el más alto de los últimos años y que, comparado con lo invertido en 2010, representa un aumento del 41 % en el presupuesto que dedicó el instituto a seguridad privada.

Rivas Guevara también ha posicionado a otros familiares como representantes legales de sus empresas para no figurar en los documentos oficiales, como su madre, Nelly Concepción Guevara de Rivas (en GRUSEIN), y empleados, como Pedro Antonio Martínez y Óscar Medardo Gómez (en SEGURINTER).

Las relaciones del INDES con Rivas Guevara y sus empresas no terminaron allí y tras la salida de Jaime Rodríguez, su sucesor, Jorge Pérez Quezada, decidió mantener a SEGUSAL, pero con un monto más bajo ($398,000). Si la tendencia era invertir cada vez más, ¿cómo explica el actual titular del ente una reducción tan significativa?

Pérez Quezada argumentó que al llegar a la institución se dio cuenta de que podía reducir el número de agentes privados y destinar ese dinero a otras necesidades. “Hicimos un cruce para determinar con cuántas personas podíamos nosotros dar cobertura a todas las instalaciones del INDES y pasó por eso, por hacer un esfuerzo y reducir la inversión por lo menos en $100,000. Hicimos un estudio para comprobar que nosotros teníamos la capacidad de hacer esa cobertura en cuanto a seguridad”, aseguró.

Anomalías en licitaciones

César Iván Rivas Guevara tiene un nombre propio en el mundo de las agencias de seguridad.

El Sindicato de Agentes Trabajadores de la Industria de Seguridad Privada de El Salvador (SATISPES) lo acusa de haber montado una rueda de caballitos desde hace muchos años en este negocio.

“Ellos (Rivas y sus asociados) crean empresas con el objetivo de acaparar el mercado y evitar ciertas demandas. Cuando una empresa ya no funciona crean otra, con prestanombres incluso, y si una se cae, activan la anterior”, evaluó Wálter Recinos, coordinador de SATISPES, una práctica que expertos en auditorías y licitaciones públicas corroboran como “normal” en nuestro país.

Su nombre aparece en instituciones como Seguridad de El Salvador (SEGURSA S. A. De C. V.), Grupo de Seguridad Industrial (GRUSEIN S. A. de C. V.) y ahora en SEGURINTER y SEGUSAL. Estas dos últimas compitieron entre sí en la licitación para brindar seguridad al INDES en 2014, violentando el artículo 26 de la LACAP, que prohíbe a empresas ponerse de acuerdo para afectar el libre comercio.

No fueron las únicas anomalías que se cometieron, mismas que, según el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) del INDES, Carlos Alvarado Celis, eran “difíciles” de percibir en ese momento.

El 26 de noviembre de 2013, ambas empresas presentaron ofertas para resguardar las instalaciones del instituto. SEGURINTER ofertó con un monto de $526,320 y SEGUSAL, con $505,680. Sus ofertas eran las más altas en comparación a los montos que planteaban otras empresas en contienda, que fueron SSELIMSA, SERMUS y SECURITY GROUP (ver tabla), pero aún así se convirtieron en las dos finalistas, por recomendación de la comisión de evaluación que formó el INDES, en la cual también estaba Alvarado Celis.

La comisión eligió como ganadora a SEGUSAL y anexó una recomendación al comité ejecutivo del INDES: “La oferta que cumple con los requisitos y es la más favorable económicamente supera la disponibilidad financiera, que es de 485 mil 520 dólares, y no es suficiente para la adjudicación de la misma”.

Pese a ello, el 10 de diciembre de 2013 el comité ejecutivo, que presidía Jaime Rodríguez, decidió que “para no poner en peligro la seguridad de las instalaciones” se pasara por alto el tope presupuestario para este rubro y se reforzara la partida  de bienes y servicios para contratar a SEGUSAL por $505,480, es decir, $20,160 más de lo presupuestado.

El exdirectivo del INDES Melecio Rivera estuvo en esa sesión de concejo y firmó el acuerdo, pero aseguró que no recuerda todos los pormenores de esa licitación, aunque asegura que aquel 10 de diciembre no se acordó adjudicar el contrato a SEGUSAL y se declaró extrañado por las cifras que se le pagaron.

“Sabíamos que buscar recursos para completar y llegar a la oferta ganadora era prácticamente imposible, porque estábamos en un momento de austeridad e incluso se habían buscado recursos para otros intereses, representaciones de federaciones y fogueos pero no había sido posible conseguirlos con Hacienda. Recuerdo que se discutió ampliamente este tema y yo tenía la idea de que se había recomendado que se continuara el contrato con la empresa que ya estaba funcionando (SEGURINTER), en tanto se hacía la gestión… Pero nunca pensé o recuerdo que se dijera que se adjudicaba a otra empresa por un monto que ni siquiera se tenía, sino que se recomendaba que se buscaran los recursos”, expuso.

Y agregó: “Yo no creo que se haya tomado un acuerdo de adjudicar sin tener los recursos, porque para poder adjudicar teníamos que haber tenido la reserva de crédito necesaria que permita asumir el compromiso. No sé cómo la Corte de Cuentas y el mismo Ministerio de Hacienda valoraron esto, si no se tenían los recursos”.

Sin embargo, Pérez Quezada asegura que el acta del acuerdo tiene la firma de Melecio Rivera, por lo tanto él estaba de acuerdo con la contratación de SEGUSAL. “Esta acta da fe de que se tomó un acuerdo y a los directivos se les lee el acta para saber si tienen o no observaciones. Luego se les pasa a cada uno para que la firmen y si a alguno no le parece o ve que lo que dice el acta no es lo que se acordó, entonces puede decidir no firmarla. Pero yo puedo decir que sí está en el libro de actas es porque sí la firmaron. Hoy no tienen porqué alegar ignorancia, es bien complicado, si ellos alegan ignorancia es porque firmaron sin leer el documento o no sé qué pasó, pero si tiene la firma del directivo es porque da fe de que el acuerdo así se tomó. Mis amigos (directivos) tendrían que revisar bien los documentos”, externó.

Información imprecisa

LA PRENSA GRÁFICA descubrió otras anomalías en la licitación para la seguridad privada de 2014.

La comisión evaluadora decidió que SEGUSAL fuera finalista pese a que, según la documentación, solo tenía un año de experiencia en este rubro, cuando sus otros competidores superaban la década de trabajar en seguridad privada.

Además, SEGUSAL aseguró en diciembre de 2013 que tenía 200 agentes contratados a escala nacional, pero un informe solicitado por este medio al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revela que ese mes solo cotizaron por cuatro empleados, lo cual puede dar pie a dos cosas: o no cotizaban por los otros 196 agentes, lo cual era una imposibilidad para participar en la licitación, según la LACAP, o mintieron en cuanto al número de empleados que tenían, sabedores de que si ganaban podían suplir las plazas del INDES con agentes de SEGURINTER, su empresa hermana, que ya brindaba sus servicios a la institución.

Si en efecto se inclinó por realizar ese movimiento, entonces violentó el contrato que tenía con el INDES, que le prohibía cesión de los servicios a otra empresa.

Carlos Alvarado Celis asegura que la UACI del INDES no tenía la obligación de investigar a la empresa en ese momento, pues bastaba con la documentación que presentó para creer en ella. “Las empresas que compiten presentan una declaración jurada, un documento legal en el que se comprometen a que toda la información que dicen es real”, aseguró.

Mientras, Pérez Quezada aseguró que es un “truco” común en las licitaciones del Estado, una trampa que tienen las empresas que compiten. “Es el viejo truco donde te traen una declaración jurada y las instituciones no tenemos… Sí podríamos investigar, pero no tenemos tiempo”, declaró.

Luego agregó: “Se ve feo, pero eso es la ley. Por ejemplo, si presentan su capacidad financiera, nosotros lo damos por válido, y así es en cualquier empresa de gobierno. Lo de las empresas de seguridad es un tema bien espinoso porque hay muchos agentes que trabajan sin ninguna prestación social”.

Un año después, cuando SEGUSAL presentó una nueva oferta para brindar la seguridad al INDES durante todo 2014, una nueva comisión de evaluación avaló nuevamente la contratación de esta empresa, pero con una diferencia en los resultados: SEGUSAL ya tenía 15 años de experiencia en el ramo.

“Lo que sucede es que las licitaciones no son vinculantes. No revisamos la documentación de la licitación anterior para compararla con la que presentan en una nueva”, explicó Alvarado Celis para justificar esta diferencia en las evaluaciones.

La UACI tampoco se dio cuenta que SEGUSAL y SEGURINTER eran empresas hermanas, a pesar que en la documentación de 2013 ambas se presentaron con el mismo domicilio.

Melecio Rivera asegura que todos estos aspectos solo levantan más sospechas en torno a la fuerte inversión que el INDES ha hecho en seguridad privada durante los últimos años.

“Primero no se ve muy transparente y de golpe no se ve muy ético. Creo que no fuimos suficientemente informados en el comité directivo de esa situación, nunca se mencionó que una misma persona fuera la dueña (de ambas)”, destacó.

Ayer LA PRENSA GRÁFICA reveló que pese a la fuerte inversión en seguridad privada las instalaciones del INDES a escala nacional han sido vulneradas y figuran en las estadísticas delictivas de la PNC.