Con esta investigación de El Faro queda visible el oscuro rol de una instancia que, ironicamente, actua a nombre de la Transparencia. Parece que funciona como policía interna secreta para disciplinar a funcionarios públicos. Al mismo tiempo salen publicaciones de la misma Secretaría de Transparencia, dirigida por Marcos Rodríguez, haciendo eco a declaraciones de Casa Presidencial sobre una supuesta «campaña de desestabilización», la cual denuncian como intento de golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Es necsario abrir un debate sobre el rol que juega la Secretaría de Transparencia.
Segunda Vuelta
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Daniel Rios, gerente jurídico del Minsterio de Economía
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Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia
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Tharsis López, ministro de Economía
Un informe elaborado por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que se mantiene bajo reserva, es la razón que alega el ministro de Economía para haber destituido al jefe jurídico del Ministerio. Y mientras la Secretaría y el Ministerio se responsabilizan mutuamente sobre quién tuvo la iniciativa de hacer las pesquisas, Transparencia envía a alguien a escuchar la entrevista de El Faro con el ministro Tharsis Salomón López.
Gabriel Labrador (con reportes de Sergio Arauz), 20 julio 2015 / EL FARO
El 18 de marzo de 2015, el jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Economía fue despedido bajo el argumento de que ya no era un empleado digno de la confianza del ministro Tharsis Salomón López. Esa pérdida de confianza obedecía a los resultados de una investigación realizada por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que el ministro asegura no haber pedido, y que llevó a la persona perjudicada a acudir a la Sala de lo Constitucional, que ya ordenó su reinstalo.
El informe de esa investigación lo mantienen oculto tanto el ministro de Economía como el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quienes se contradicen sobre quién la encargó. El mismo despedido, el abogado Daniel Ríos, exgerente de asesoría jurídica, asegura que no conoce el documento con base en el cual se le destituyó. Lo único claro es que sirvió para despedir al gerente de asesoría jurídica meses después de que, según este, comenzara a tener roces personales y laborales con el ministro López.
Ríos es también notario, sociólogo y administrador de empresas, y hasta el momento de su destitución se había desempeñado como gerente jurídico al servicio de tres distintos ministros. Comenzó en ese cargo el 1 de enero de 2010, cuando era ministro Héctor Dada Hirezi, quien el 27 de abril de 2012 fue sustituido por Armando Flores. Posteriormente, el 1 de junio de 2014, cuando tomó posesión el presidente Salvador Sánchez Cerén, López asumió como ministro.
Ríos militó en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones que en 1980 formaron la guerrilla del FMLN y fue una de las 25 personas integrantes de esa organización cuyo nombre se plasmó en el acta de constitución del FMLN. Por ahora está de regreso en el Ministerio de Economía, aunque López se negó a devolverle el cargo de gerente jurídico y, en cambio, creó una plaza ad hoc para acatar la medida cautelar que emitió la Sala de lo Constitucional cuando admitió la petición de amparo del notario. En estos días Ríos es gerente jurídico de una de las dependencias de Economía.
Ríos considera que la relación suya con el ministro comenzó a deteriorarse hacia finales del año pasado por opiniones que la esposa de Ríos publicó en su cuenta personal de Twitter y que el ministro López consideró que atentaban contra su buena imagen. Bessy Ríos hizo referencia a que el Ministerio quitaría el subsidio al gas a 35 mil familias -una medida que al final no se implementó- y que permitiría al Estado ahorrarse recursos. El ministro, después de las publicaciones en Twitter, llamó a una reunión a Daniel Ríos y le pidió que callara las opiniones de su esposa. “Calmala, ¿no es tu esposa, pues?”, dijo el ministro, según el abogado.
Bessy Ríos, además de usuaria de Twitter, escribe uno de los blogs en El Faro y fue a través de este que, en noviembre, se quejó de la actitud del ministro. “(Usted) piensa que puede apabullar a un empleado suyo para que este me pida que no le critique porque su trabajo puede peligrar, déjeme que le aclare que los empleados del Ministerio que usted dirige ni son sus empleados ni usted es su patrono, ellos y ellas son empleados míos y de todos los que con nuestros impuestos les pagamos un salario, mismo que también le pagamos a usted”, escribió Bessy Ríos en su blog. “Esa fue mi sentencia de despido”, dice ahora Daniel Ríos. “Desde entonces el ministro solicita a la Secretaría que me investigue y así es como Economía remite todo mi expediente laboral”, agrega.
Ya antes, Ríos había tenido desencuentros con el ministro López. En julio de 2014, durante el segundo mes de trabajo juntos, tuvieron diferencias de criterio por procedimientos sancionatorios contra empresas que venden el gas propano. En esos días Ríos había emitido una opinión jurídica sobre la inconveniencia de obligar a una empresa gasera, a la que el Ministerio le había suspendido un punto de venta de gas, a que adoptara un mecanismo para envasar el gas propano como condición para permitirle reanudar la venta. “Resultaría un acto arbitrario de nuestra parte porque estamos condicionando restablecer el dispositivo de pago del subsidio del gas a que la empresa efectúe inversiones que tienen que ver con el proceso de envasado. Y son dos cosas distintas. La ley no faculta al Ministerio a imponerle a las empresas gaseras modelos de operación”, dijo Ríos en una carta de correo electrónico que envió a uno de los asesores del ministro López, Roberto Marcelino Valle.
Luego, en noviembre, llegaron los pleitos con la esposa del abogado y pasaron tres meses hasta que, en febrero, recibió una llamada de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría (OFCIA) de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Necesitaban verlo para comentarle que había una investigación sobre él y se le citó a las oficinas de la Secretaría en Casa Presidencial. El 19 de febrero, al llegar, el jefe de la OFCIA, el auditor Manuel de Jesús Cruz, le explicó que tenía varios días de estarlo investigando por petición del ministro de Economía. Ríos recuerda que le dijo que tenía cuatro días de estar en las pesquisas, aunque Cruz recuerda que el caso inició un poco antes. Cruz le dijo que habían encontrado irregularidades en su gestión como gerente de asesoría jurídica. “Manuel Cruz lo que me dijo fue: ‘tenemos este informe, así que mejor renunciá’”, dice Ríos.
El Faro solicitó el documento, denominado «Indicios de irregularidades en la gestión del Lic. Daniel Roberto Ríos Pineda» tanto al Ministerio como a la Secretaría de Transparencia, pero ambas instituciones se negaron a compartirlo. Por el tipo de reportes que tuvo que presentar Ríos, este deduce que los hallazgos de la OFCIA tienen que ver con supuestas anomalías en el cobro desde el Ministerio de las multas a las empresas gaseras y contrataciones irregulares de las que Ríos supuestamente fue responsable.
En la misma reunión del 19 de febrero con el jefe de la OFCIA, Ríos recibió por escrito un cuestionario con seis preguntas que debía contestar de su puño y letra en el acto. Las preguntas estaban relacionadas con dos cosas: con presuntas contrataciones irregulares de personal que él había hecho y con que supuestamente había prestado sus servicios a más de dos instancias públicas simultáneamente. Ríos pidió llevarse el cuestionario a casa para responderlo con tranquilidad, y Cruz accedió y le pidió que entregara las respuestas junto a un informe sobre los procedimientos de cobro a las gaseras cuya investigación había sido iniciativa del ministro. Envío todo por correo electrónico el lunes 23 de febrero.
Ahora Ríos está peleando en la Sala de lo Constitucional porque alega que en su despido se violó su derecho a un debido proceso. “No pude defenderme frente a un tercero que evaluara mis argumentos y los de ellos. En este caso, Manuel Cruz hace el informe, yo desconozco de qué se me acusa y no hubo un tercero que evaluara las pruebas a favor y en contra, y es el mismo Manuel Cruz quien luego envía el informe”, dice Ríos. Él asegura que la falta de personal en la gerencia jurídica hacía imposible que las multas a las gaseras se procesaran con la rapidez exigida, y que en las supuestas contrataciones irregulares él no tuvo a cargo los procedimientos sino solo una recomendación.
El 16 de marzo, el ministro Tharsis López recibió el informe de la OFCIA. Dos días más tarde emitió un acuerdo ministerial, el número 414, en el que ordenaba la separación de Daniel Ríos y que se iniciara el proceso de destitución, un procedimiento que se lleva ante un juzgado de lo laboral cuando la persona a la que se pretende remover tiene su plaza bajo el régimen de Ley de Salarios. A las 3 de la tarde de ese 18 de marzo, la gerente de Recursos Humanos del Ministerio de Economía notificó a Ríos sobre la decisión del ministro, quien alegaba pérdida de confianza. La gerente le entregó una copia del acuerdo y le pidió que devolviera sus herramientas de trabajo.
El ministro López tampoco le dio a conocer el informe a Ríos pues, según explicó a El Faro, sería en el juzgado laboral donde Ríos podría conocer las acusaciones y defenderse. El Ministerio tardó 33 días -fue el 20 de abril- en enviar la petición a un juzgado de lo laboral para que confirmara la separación de Ríos. La petición no había sido admitida hasta este viernes 17 de julio, y durante estas semanas Ríos ha lanzado su lucha legal por conservar el cargo que ocupó desde enero de 2010.
Por esa demora del ministro en solicitar a un juez que confirme el despido de Ríos, pero principalmente porque cree que fueron las opiniones de su esposa a través de Twitter las que molestaron al ministro, Ríos deduce que su despido fue arbitrario. “El truco -dice Ríos- era tenerme suspendido de manera indefinida, sin pagarme salarios, porque la ley no establece plazos para que un juez confirme si hay razón en el despido o no”.
El ministro López dice que tuvo que recopilar mucha documentación para sustentar lo señalado en el informe de la OFCIA y que por eso se tardó un mes en enviar la solicitud a un juzgado. Aquí hay una contradicción entre la versión del ministro y la OFCIA, desde la cual Manuel Cruz sostiene que el caso estaba debidamente documentado y que no hacía falta ninguna información extra. “Probablemente querían sustentarlo mejor”, especula el secretario Rodríguez, ante la sorpresa que le produce saber que el ministro argumenta que tardó un mes en sustentar el informe contra Ríos.
Durante una entrevista con este periódico el 1 de julio, el ministro dejó entrever que sus molestias con Ríos se originaban en que no entendía por qué multas por un total de 2 millones 200 mil dólares a empresas gaseras se habían engavetado en la gerencia jurídica. Consultado sobre la reunión en la que como ministro ordenó a Ríos que callara las opiniones de su esposa y si habían sido estas el origen del disgusto, López dijo que no iba a emitir opinión. “No voy a opinar que si dije, que no dije, porque hay temas más importantes como los hallazgos de los informes sobre las millonarias multas pendientes que la gerencia jurídica no estaba aplicando a las gaseras”, dijo el ministro, por medio de su jefe de comunicaciones, Walter Hernández, el jueves 16 de julio. “La persona en cuestión es cercana al medio El Faro y por eso creemos que esta investigación periodística está personalizada”, agregó.
El informe elaborado por la Secretaría de Transparencia se terminó de elaborar el 3 de marzo y dos días después fue remitido por Manuel Cruz a su jefe, el secretario de Transparencia Marcos Rodríguez para que este a su vez lo enviara al ministro López.
López y Marcos Rodríguez trabajaron juntos desde 2013 para la campaña electoral del ahora presidente Salvador Sánchez Cerén. López era mostrado con orgullo por Marcos Rodríguez como un empresario ligado a la derecha que había decidido sumarse a la construcción de la plataforma electoral del FMLN que Rodríguez dirigía. Ese mismo año, López obtuvo para su empresa (Grupo Rayo, S.A. de C.V., que se dedica a la fabricación de baterías para automotores) un préstamo de más de 700 mil dólares de Alba Petróleos, la gran corporación creada hace algunos años con financiamiento venezolano y que tiene como contraparte a alcaldías gobernadas por el FMLN y que ha invertido millones en alianza con las dos administraciones presidenciales desde 2009. El ministro López dijo a Diario El Mundo, en agosto del año pasado, que no veía que hubiera conflicto de interés en ese punto y Marcos Rodríguez dijo que no conocía el informe que mostraba la relación entre López y Alba Petróleos, y que, en todo caso, esta última no era una instancia de gobierno.
Nadie se hace cargo
¿A quién se le ocurrió que había que investigar a Daniel Ríos? El secretario de Transparencia Marcos Rodríguez y el ministro López se contradicen y se señalan mutuamente.
Rodríguez y Cruz aseguran que fue el ministro quien, el 6 de febrero, pidió el informe sobre Ríos. “El caso inicia por un requerimiento del señor ministro, donde él presumía que había atrasos en procesos que en esa gerencia se ejecutan, él preguntó qué pasaba, nadie sabía responderle y fue que pidió ayuda a esta Secretaría para hacer el análisis de esa situación”, dice Cruz.
López sostiene que la investigación él la encontró activa al llegar al despacho el 1 de junio de 2014.
—¿El informe que elaboró Manuel Cruz de Transparencia lo pidió usted o la Secretaría lo hizo de oficio?
—Como le digo, ya se venía dando una investigación en la institución…
—¿Quién pidió esa investigación?
—No sé.
—¿No fue usted?
—No sé cómo se mueve…
—¿Estaba en los archivos de Economía?
—Él (Manuel Cruz) vino, se presentó y todo, y se estaba dando una investigación… Y no solo del señor Ríos, (Transparencia) está investigando un montón aquí, siempre. Es parte, me imagino, de su trabajo.
El ministro atendió a El Faro el miércoles 1 de julio. Y sucedió una cosa inesperada: en la sala donde se realizaría la entrevista se encontraba Orlando Rivas, empleado de la Secretaría de Transparencia. El Faro preguntó al ministro en calidad de qué se encontraba esa persona en el lugar donde estaba a punto de realizarse la entrevista, y respondió que estaba allí «en condición de testigo». El Faro entonces preguntó a Orlando Rivas qué hacía en una entrevista que se suponía era entre el ministro y este periódico, y el empleado de Transparencia respondió que cualquier consulta tenía que hacerse con Marcos Rodríguez.
Sobre la investigación, Marcos Rodríguez dijo que la OFCIA trabaja en coordinación con las unidades de auditoría interna de todas las instancias del Estado, y que la potestad de investigar y elaborar informes se la da la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 53-E del Reglamento del Órgano Ejecutivo aprobado el 2 de junio de 2014. “No hay mejor defensa para un gobierno que evitar que se hagan cosas malas. Nosotros protegemos al presidente”, dijo Rodríguez.
Sobre la presencia de Rivas en la entrevista, Cruz respondió que se trata de un subalterno de él y que lo envió como parte del procedimiento de investigación. Cuando El Faro preguntó a cuál procedimiento se refiería, dijo que en realidad a Orlando Rivas se le envió solo para que el ministro López sintiera respaldo de la Secretaría. Marcos Rodríguez añadió que el ministro había pedido que Manuel Cruz estuviera presente en la entrevista pero que decidieron que mejor enviarían a un subalterno. “Dudé de si enviarlo o no, pero al final decidimos hacerlo… pero si no dijo nada, ¿cuál es el problema que esté ahí?”, dijo Rodríguez.
Se le pidió a la Secretaría que explicara cuál había sido la petición exacta de López para investigar a Ríos. Tomó la palabra Cruz:
—Se vienen mencionando varias cosas. En el procedimiento interno del Ministerio para tramitar las denuncias sobre incumplimientos sobre el subsidio al gas, aparentemente, había una gran cantidad de resoluciones atrasadas…
Entonces Rodríguez interrumpe:
—Creo que no tenemos incluso por qué meternos… a ver … si el titular quiere hacer público el informe o por qué lo solicitó, es una decisión del titular. En lo personal, lo que nos regula a nosotros es que es información confidencial o reservada. Somos sumamente celosos con esta información porque uno puede perseguir, puede acabarse a una persona si utiliza esto de manera incorrecta.
Rodríguez dijo que si Daniel Ríos quiere conocer el informe que provocó su destitución, que lo puede solicitar vía Ley de Acceso a la Información Pública.
Desde que separó a Ríos, el ministro cambió su versión sobre quién ordenó la destitución. El 23 de junio señaló como responsable a la Secretaría de Transparencia, y una semana más tarde dijo que había sido una decisión suya.
El 23 de junio, durante una inspección de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), el ministro dijo que había sido la Secretaría de Transparencia la que le había ordenado destituir a Ríos con base en los hallazgos del informe de la OFCIA. La PDDH anotó esa declaración en un informe cuando intentaba verificar si López acataba la orden de la Sala de lo Constitucional de reinstalar a Ríos en su cargo mientras resuelve la solicitud de amparo. En su informe, las inspectoras de la PDDH escribieron que Tharsis López no había restituido en el cargo a Ríos porque, según les dijo el ministro, no había sido notificado oficialmente por la Sala y señaló que si recibía una orden judicial para restituirlo primero iba a remitir esa orden a la Secretaría de Transparencia.
Copia del informe levantado por la PDDH el 23 de junio según el cual el ministro de Economía dice que despidió al gerente de asesoría jurídica por orden de la Secretaría de la Transparencia.
Pero una semana después, ante preguntas de este periódico, el 1 de julio, dijo que había sido idea suya ante la gravedad de lo expuesto en el informe. Añadió que lo único que le recomendó la Secretaría fue informar a la Fiscalía sobre presuntos delitos cometidos por Ríos y también al Tribunal de Ética Gubernamental. “En ningún momento Transparencia me dice despídalo, pero sí por la envergadura que tiene el documento y los hallazgos que hay se abrieron procesos”, dijo.
Daniel Ríos acudió a la Sala el 19 de marzo, un día después de su despido. Dice que no se le ha explicado con exactitud cuáles son esas faltas que supuestamente cometió ni tampoco se las han comprobado en un juicio laboral y por eso acudió a la Sala, que admitió la solicitud de amparo el 5 de junio para determinar si se le violaron sus derechos de defensa y audiencia y a la estabilidad laboral. En la admisión del amparo, la Sala consideró que Ríos al parecer no había podido defenderse del informe elaborado por la OFCIA y también consideró que Ríos había sido despedido sin que se siguiera el debido proceso que ordena el artículo 4 literal c) de la Ley reguladora de la garantía de audiencia de los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa.
El literal c) del artículo 4 de La Ley reguladora de la garantía de audiencia de los empleados públicos no comprendidos en la carrera docente reza así: “c) En los casos de “falta grave” podrá suspenderse de su cargo al empleado público infractor, quien deberá ser restituido si el juez competente fallare que no hay lugar a su despido”. El ministro, sin embargo, no quiere explicar las generalidades de esas faltas graves cometidas por Ríos.
La Sala también dice que al parecer la suspensión contra Ríos se trata de un “despido de hecho”: “(A Ríos) se le suspendió de manera indefinida de su cargo (…) por lo que puede considerarse como un despido de hecho; de igual forma, porque para fundamentar su suspensión previa, se utilizó un presunto informe que no ha sido hecho de su conocimiento, por lo que estima que, básicamente, se trata de una decisión discrecional y arbitraria del ministro”, reza la resolución.
Tanto al ministro como al secretario de Transparencia se les preguntó si no debían esperar a que un juzgado laboral ratificara las razones para el despido antes de la destitución. Ambos respondieron que no. “Yo tenía que tomar acciones inmediatas, no podía esperar un día más, el informe no es sencillo y por eso (le dije): ‘separate, papá’”, respondió López.
Para Marcos Rodríguez, haberle permitido contestar esas seis preguntas, es haberle dado derecho a defenderse de los señalamientos del informe. “El señor Ríos no tiene por qué conocer lo que dice el informe. Es como que en la investigación que hicimos del bulevar Diego de Holguín hubiéramos salido corriendo a decirles (a los procesados) mire, está este informe, esto hemos investigado, pues se trata de una investigación administrativa. Hubiera sido inmoral”, agregó Manuel Cruz, el redactor del informe. Las preguntas que se le dieron a Ríos para que rindiera su versión ya llevaban un tono conclusivo: «Su persona labora desde el 1 de enero del año 2010 a tiempo completo y que actualmente ejerce el cargo de Gerente de Asuntos Jurídicos del MINEC, ¿sabía que para usted está prohibido que pueda brindar servicios profesionales a instituciones privadas como públicas en horas laborales, esto es según lo establece la Ley de Ética Gubernamental y las Disposiciones Generales de Presupuesto, tal es el caso de los servicios que ha venido prestando desde el año 2010 a la fecha en algunas instituciones como: en el Fondo Social para la Vivienda, Banco de Cooperación Financiera de los Trabajadores (BANCOFIT) y Agencia de Desarrollo Económico Local de Sonsonate, etc.? ¿Por qué razón usted ha brindado servicios a otras instituciones, cuando labora a tiempo completo en el MINEC?», reza una de las interrogantes del cuestionario.
A esta y a las otras cinco preguntas que le hizo la OFC1A, Ríos contestó de manera escrita. En este caso señaló que no tiene contratos laborales con ninguna otra entidad pública y que los servicios notariales que presta no están prohibidos por ley, que no los desarrolla en el horario de trabajo del ministerio y que tampoco le generan conflictos de interés.
La Secretaría de Transparencia se creó en este gobierno, aunque la oficina nació en la administración de Mauricio Funes, en 2009, con el rango de Subsecretaría.
El Faro preguntó a Marcos Rodríguez si no teme que los miembros del gabinete interpreten que la Secretaría de Transparencia se está usando como un instrumento para despedir funcionarios incómodos. “Riesgo potencial hay en todos lados, hasta cuando tú escribes un artículo hay riesgo potencial. Pero no puedo yo, de ninguna manera, adjudicar a tu nota lo que terceros hagan posteriormente a que se publica el artículo. No podés decir que cruzaste en determinado lugar solo porque alguien más te lo dijo”.
La respuesta de Marcos Rodríguez:
Escuche las entrevistas con el secretario de Transparencia Marcos Rodríguez y el ministro de Economía Tharsis López:
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó, a través de una resolución, que el ministro de Economía, Tharsis Salomón López, debe ser investigado por la Fiscalía General por encubrir la destrucción de 41 documentos calificados como históricos.
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