Susurros en la oscuridad. De Max Mojica

Max Mojica, 31 octubre 2016 / EDH

Dialogar es una muy buena forma de encontrar soluciones a los conflictos que, de cuando en cuando, ocurren entre dos personas o instituciones. Eso sí, no se puede conceptualizar al diálogo como una finalidad en sí misma; se trata simplemente de uno de los múltiples medios que existen para brindar solución a los conflictos.

El diálogo sincero y desapasionado es siempre un mecanismo recomendable para brindar solución a los conflictos de cualquier naturaleza; el problema ocurre cuando la posición de una de las partes no puede ser negociada, o bien, cuando se recurre al diálogo como una mera estrategia para ganar tiempo mientras se desarrollan acciones alternas para debilitar la posición de nuestro contrincante.

¿Cuándo la posición de las partes es legítimamente “no negociable”? Cuando resulta que esa parte tiene razón por estar su posición amparada en la ley o no puede ser negociada por generar daños ilegítimos a los derechos de terceros o del mismo negociador. Por tanto, ¿se puede someter cualquier conflicto a diálogo? La respuesta es no. No siempre se puede. Existen ejemplos claros respecto a ello. Supongamos que tú te vas de viaje con toda tu familia y cuando regresas a tu casa, encuentras a otra familia instalada en ella: utilizando tus bienes, tus muebles, tus vehículos, comiendo de tu despensa, etc. Cuando tú llegas y reclamas solicitando la desocupación inmediata del invasor, ¿sería aceptable que éste te contestara: “mire, por favor, cálmese, dialoguemos, yo estoy seguro de que podemos llegar a acuerdos razonables. ¿Por qué no puedo quedarme a vivir en la mitad o la tercera parte de su casa”? La postura simplemente sería inaceptable y la invocación al “dialogo” sería un recurso improcedente, ya que la posición del reclamante (en este caso, tú, como dueño de tu casa), está plenamente amparada por la ley.

Tampoco se puede dialogar para buscar encontrar un “punto medio”, cuando la otra parte claramente está en un error. Si un profesor preguntara a una clase cómo se llama la capital de El Salvador y un alumno dijera “San Salvador” y otro dijera “Ahuachapán”, no es viable que el profesor sugiriera: “miren, dialoguen, pónganse de acuerdo. Tal vez puedan acordar que sea algo en medio, quizás “Santa Ana”. Y es que cuando una persona tiene la verdad (comprobable) o la razón (justificada), no es posible “negociar” las posiciones, ya que ese equivaldría a renunciar a la verdad o a acomodarla al error.

Finalmente, tampoco resulta viable dialogar cuando claramente la otra parte está recurriendo al mecanismo para “ganar tiempo”, a efecto de debilitar la posición del contrario. Los partidos y políticos de izquierda en el Continente han sido expertos en solicitar “diálogos” como estrategias para únicamente ganar tiempo mientras se debilita la posición del contrario. Mientras el Gobierno electo democráticamente en El Salvador dialogaba en 1989 con la guerrilla comunista del FMLN, ésta preparaba y posteriormente ejecutaba su “ofensiva final” procurando la toma violenta del poder mediante las armas. Mientras el Gobierno de Colombia dialogaba con las FARC, esta continuaba con asesinatos de militares y policías, y secuestrando ciudadanos para financiar con sangre su narcoterrorismo. Ahora es el turno del gobierno ilegítimo de Venezuela.

No es fácil entender cómo, al día siguiente de la sesión especial de la Asamblea Nacional donde se declara en desacato a un gobierno que ha violado sistemáticamente la Constitución venezolana y se acuerda iniciar un juicio político al presidente de la República que lo conduciría a su destitución, una serie de “facilitadores” se disponga a salvar la vida del régimen, para iniciar un “diálogo” que más parece diseñado para salvar lo que queda del oscuro legado de Chávez, que para beneficiar realmente a la sufrida población venezolana.

Es inconcebible cómo los promotores del diálogo, los cuales incluyen a altos jerarcas de la Iglesia Católica, hayan ignorado a partidos y sectores de oposición que se enteraron -como todo el mundo- de las intenciones de dialogar, a través de los medios de comunicación. Sectores con amplia representación ciudadana, que les daba derecho de expresar su posición, no fueron consultados y se les impuso en consecuencia un “diálogo” que bajo esas circunstancias, más que conversación sincera entre oponentes que buscan encontrar un acuerdo, parece que son simples susurros en la oscuridad a puerta cerrada, mientras se le brinda oxígeno al régimen para continuar con la sistemática violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Un diálogo impuesto no es diálogo; es simplemente una nueva acción de fuerza bruta de una tiranía agonizante, ahora rodeada de curiosos amigos que no la quieren ver morir.

Hacer ciudadanía. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 31 octubre 2016 / EDH

En El Salvador nos quejamos mucho del estado de nuestra política y del trabajo de nuestros funcionarios, del bajo nivel  (técnico o hasta racional) de las discusiones entre los partidos políticos que forman la Asamblea Legislativa y de la poca capacidad de diálogo entre la oposición y el Gobierno al momento de intentar desarrollar políticas públicas. No importa con cuál de las propuestas o ideologías comulguemos, resulta innegable que las discusiones se han tornado estériles y ofrecen muy pocas respuestas viables a los problemas del país.

La mayoría de los ciudadanos estamos convencidos de que el estado actual de la política tiene que cambiar; pero para solucionar algo en primer lugar tenemos que estar conscientes de cuál es o de dónde viene el problema. Nos quejamos que las políticas, la forma de negociar leyes o la forma de tomar decisiones trascendentales para el país no cambian; sin embargo, muchos diputados a la Asamblea Legislativa ya han ostentado antes esa silla (hasta más de una vez) sin importar los escasos resultados de su trabajo. Y en el país también ya nos hemos acostumbrado a los funcionarios de carrera o los funcionarios reciclados, que son aquellos que omiten la necesidad de cualquier tipo de especialización para el cargo y tienen la osadía de aplicar casi para cualquier puesto público disponible.

Si El Salvador está en una posición complicada es porque los ciudadanos lo hemos permitido y seguimos tolerando las actuaciones que tanto nos molestan. En primer lugar, somos los responsables de votar por las personas que componen la Asamblea Legislativa; si seguimos teniendo una política deplorable es porque continuamos votando por las mismas caras, haciéndonos los del ojo pacho con las acciones polémicas y pareciera que no nos han indignado lo suficiente los indicios de enriquecimiento ilícito, la mala administración de fondos públicos y varias de las decisiones torpes que los funcionarios han tomado. Muchos de los involucrados en decisiones controversiales se esperanzan en la memoria cortoplacista del salvadoreño y confían en que todas las decisiones polémicas  serán olvidadas por los votantes.

Por otra parte, seguimos teniendo los funcionarios ineficientes y fieles a algunas líneas partidarias porque simplemente la mayoría de  ciudadanos no se involucra o no les importa la elección de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía General, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, entre otras instituciones. Nos quejamos que no hay control de la forma en que se utilizan los fondos estatales, pero no decimos nada sobre la omisión de la Asamblea Legislativa de elegir a los  magistrados de la Corte de Cuentas o de la apatía de los diputados a realizar un procedimiento objetivo que garantice la elección de los mejores perfiles.

Si esperamos que la situación política cambie, es necesario que como sociedad nos involucremos de forma más activa en el quehacer de nuestros funcionarios. Las redes sociales facilitan la interacción entre políticos y ciudadanía, pero también hay que buscar alternativas para que estos se vean obligados a rendir cuentas de sus acciones y omisiones; es necesario que los funcionarios de elección popular se acerquen a la población a presentar programas de acción y resultados, no solamente en tiempo electoral para pedir el voto, sino en el día a día para resolver los problemas. En pleno siglo XXI ya no nos podemos conformar con que nos ofrezcan el discurso de las buenas intenciones, sino que nos urge ver gente que de verdad trabaje por el beneficio del país.

Nos encontramos a más o menos un año y medio de las elecciones. Lo invito a usted, ciudadano responsable, a que se involucre un poco más en la conformación de la Asamblea Legislativa y en la elección de funcionarios. No se conforme con palabras y caras bonitas, exija propuestas desde ya para quienes quieran su voto e investigue los resultados brindados por el que se quiera reelegir. La indiferencia a estos temas únicamente contribuirá a que las cosas sigan igual o se pongan peor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, hacer ciudadanía por El Salvador.

El AirBnB de Ortega. De Cristina López

Cristina López, 31 octubre 2016 / EDH

Una de las mejores cosas que han sucedido como consecuencia de la innovación tecnológica es la “economía compartida”. Se le llama así a las aplicaciones de teléfonos móviles que permiten a individuos prestar servicios a pequeña escala que antes solo prestaban compañías. Es así como cualquier particular puede, con su propio vehículo, prestar servicios de transporte a pasajeros que así lo necesitan a través de aplicaciones como Uber o Lyft. Lo mismo sucede con servicios de hospedaje gracias a la aplicación AirBnB. El nombre de la aplicación es un derivado de “bed and breakfast”, un tipo de servicio de hospedaje de menor escala que un hotel. Cualquiera ahora puede poner su espacio (cuartos, apartamentos, incluso casas de vacación enteras) en AirBnB y rentarlo a particulares interesados en quedarse ahí.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha convertido a su país esencialmente en un AirBnB para huéspedes con un perfil muy específico. En común, tienen que los investiga la justicia. Desde su primer mandato en los Ochenta, Ortega utilizó su poder para esconder a quienes tenían razón para temerle a la justicia, como el colombiano Pablo Escobar. Ahora, sus últimos huéspedes tienen un perfil un tanto más bajo. Desde hace unos meses, el expresidente de El Salvador Mauricio Funes se acogió al “airBnB” de Ortega —el asilo político es parte de las comodidades que ofrece— cuando se supo que había investigaciones sobre su patrimonio familiar y su inexplicable crecimiento.

Otros huéspedes asilados (u hospedados, si cabe la metáfora) incluyen a personas con vínculos a las guerrillas colombianas FARC y a un italiano condenado por haber participado en el secuestro y asesinato de un exprimer ministro (a ese se le concedió la nacionalidad nicaragüense, por lo que cualquier intento de extraditarlo es inútil). Es decir, otra de las comodidades que ofrece el airBnB de Ortega es una red impecable para hacer networking que sin duda podrá aprovechar el expresidente Funes.

Es imposible determinar qué obtiene Ortega a cambio de poner su país y sus instituciones legales al servicio de aquellos que necesitan refugio cuando están jugando escondelero con el Ministerio Público de sus países. ¿Lo hará movido por la caridad? ¿O será por la solidaridad, en un hoy por ti mañana por mi que nosotros, los ciudadanos de a pie y sin conexiones políticas, jamás entenderíamos? Es posible que al alcanzar ciertos niveles de conductas que involucran el uso del poder público para el beneficio personal se forme algún tipo de club o sociedad secreta, disponible solo a expresidentes con cuestionables patrones de enriquecimiento y manejo de fondos estatales.

Sería interesantísimo hacerle todas estas preguntas al expresidente Funes. ¿Cómo le solicitó asilo a Ortega? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Un mensaje por WhatsApp? ¿Tendrán, como AirBnB, una aplicación móvil que le permite expeditar algo tan tedioso como un proceso legal de solicitud de asilo? Quizás en algún lugar, le queda algún tipo de integridad periodística y su asilo político no sea más que una excusa para desentrañar la trama de favores que seguramente hay detrás del AirBnB de Ortega. Le preguntaría yo, pero le ha dado por bloquear a cualquiera que difiera de sus ideas en Twitter.

@crislopezg

Derecho a la rebelión. De Julio Borges

La oposición busca fórmulas pacíficas para frenar la deriva autoritaria del Gobierno de Maduro.

Una bandera venezolana, durante una protesta contra Maduro el día 26. ALEJANDRO CEGARRA (AP)

Julio Borges es el líder de la fraccion mayoritaria de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador nacional de Primero Justicia, principal partido de oposición de Venezuela.

Julio Borges, 28 octubre 2016 / EL PAIS

¿Te lo perdiste? En pleno año 2016 ocurrió un golpe de Estado en América Latina. Sin emitir un solo disparo, Venezuela es ahora el único país en las Américas, además de Cuba, en eliminar el derecho constitucional a elecciones democráticas.

El 20 de octubre, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela suspendió un proceso popular que serviría para destituir al presidente Nicolás Maduro, bajo cuyo mandato los venezolanos están sufriendo la peor crisis económica y social de la historia del país. Frente a desmesuradas tasas de inflación, la rampante corrupción estatal y la inimaginable escasez de comida y medicinas, los venezolanos estaban preparándose para participar a finales de este mes, en la última fase de una campaña para activar un referéndum revocatorio. Ante esto, de repente, el régimen desconoció los resultados de un requisito previo que consistía en recoger el uno por ciento de las firmas de la población. La denuncia de fraude de este solo porcentaje de apoyo, para la cual no se presentó la más mínima evidencia, pareciera irrisoria si la situación no fuese tan seria —ocho de cada diez venezolanos está en contra del presidente Maduro. Precisamente por eso su régimen convocó el autogolpe.

Pero el presidente Maduro olvidó lo más importante: el cambio es indetenible. El Gobierno de Maduro buscó robarle al pueblo venezolano la oportunidad para exigir un cambio pacífico y democrático que se realizaría a través de las urnas, sin tomar en cuenta que en las últimas elecciones parlamentarias los venezolanos ya demostraron su gran rechazo a la actual administración. En diciembre, 14 millones de venezolanos salieron a votar y le concedieron a la alianza opositora una amplia mayoría en la Asamblea Nacional y con ella el compromiso de defender la separación de poderes y el Estado de derecho. Por lo tanto, las amenazas y acciones provenientes del Gobierno en aras de disolver la Asamblea Nacional o prohibirle a los partidos de oposición su libre ejercicio, no representan entonces ataques en contra de un cuerpo legislativo, al contrario, son embestidas que van en contra de la población venezolana.

Entonces, ¿cómo debemos los venezolanos responder ante una dictadura? Al robarnos nuestro derecho a la participación democrática y electoral, el régimen de Maduro está imprudentemente profundizando la crisis social e incitando un vuelco hacia el extremismo. El presidente Maduro espera que el pueblo cometa el error de utilizar la violencia como pretexto para seguir tomando medidas drásticas en su intento desesperado de aferrarse al poder. Por eso, después de anular el proceso del referéndum revocatorio, el régimen calificó a los convocantes del plebiscito como delincuentes, hizo un llamado público para su detención y prohibió su salida del país. Es esta la razón por la cual simpatizantes de la actual administración, entraron por la fuerza a la Asamblea Nacional para irrumpir en el debate democrático que se estaba llevando a cabo y amedrentar y hostigar a los venezolanos que ahí se encontraban trabajando por brindarle un mejor futuro al país.

«Al robarnos nuestro derecho a la participación democrática
y electoral, el régimen está profundizando la crisis social
e incitando un vuelco hacia el extremismo»

Ante la ruptura del orden constitucional y las provocaciones del régimen actual, la alianza de partidos de la oposición está más comprometida que nunca en ofrecerles a los venezolanos una alternativa pacífica y democrática para que puedan elegir el mejor camino para el futuro de su país. Sin embargo, adoptar la ruta de la resistencia no violenta no significa que nos someteremos a un Gobierno ilegítimo. Juan German Roscio, uno de los héroes civiles de la independencia de Venezuela, decía que frente al abandono de la Constitución “tenemos el deber y el derecho a la rebelión”. Con la misma tradición de libertad, declaramos la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la flagrante indiferencia del presidente Maduro hacia los derechos de la ciudadanía.

En este marco, la Asamblea Nacional está preparando el terreno para un juicio legal y político del presidente. Además, ha creado una hoja de ruta para restituir el orden constitucional en Venezuela, incluyendo el nombramiento de nuevos miembros al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, los cuales actúan como instituciones títeres del régimen de Maduro. La Asamblea Nacional también ha solicitado a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia. Asimismo, los responsables de la persecución política al pueblo venezolano también serán llevados ante la justicia en la Corte Penal Internacional.

Con la radicalización del Gobierno de Maduro, la alianza opositora también llamó a los venezolanos a convocar manifestaciones públicas, a llenar las calles y demandar su derecho a un referendo revocatorio. Ante esto, las Fuerzas Armadas tienen el ineludible deber de respetar y defender la Constitución, en lugar de subordinarse a una parcialidad política, y que la obediencia debida no los exime de responsabilidad por la violación de Derechos Humanos.

Los venezolanos hemos elegido el camino del voto, de la democracia y de la Constitución, mientras que el presidente Maduro ha elegido el de la violencia y el golpe de Estado. Los venezolanos ejerceremos y haremos valer nuestros derechos. Con la rebelión pacífica, el deseo y la elección de los venezolanos, cambiaremos la historia de nuestro país.

 

Carta a los funcionarios y políticos: No hagan nada que nos hunda más. De Paolo Luers

Paolo Luers, 29 octubre 2016 / EDH

Queridos amigos:
Me encuentro en Alemania para celebrar el cumpleaños 90 de mi hermano mayor y luego el mío, con amigos que tengo años de no ver. Está lloviendo, pero los paisajes de otoño son preciosos, con las hojas de los árboles en todos los grados de verde, amarillo, café y rojo…

Espero que durante las tres semanas que estaré ausente, no pase nada que hunda más al país. Ningún madrugón legislativo, ningún asalto nuevo a los fondos de pensiones, ningún impuesto adicional. Espero que los diputados no le den ningún cheque en blanco al gobierno, o sea, ningún préstamo sin que el gobierno corrija el presupuesto para el 2017 y firme con el FMI los compromisos adquiridos en la negociación.

Cuando regrese, quisiera llevarme la grata sorpresas de buenas noticias:

-que las alcaldías hayan recibido el FODES retenido por el ministro de Hacienda;

-que la ministra de Salud haya firmado un acuerdo con los sindicatos para garantizar que los hospitales puedan trabajar en paz;

-que Guillermo Gallegos se haya negado a asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa, luego de un sorprendente ataque de sinceridad. Para mí sería el segundo mejor regalo de cumpleaños si el 8 de noviembre asumiera un presidente parlamentario comprometido con la institucionalidad del país (el regalo principal será la paliza de cantina que sufrirá este día Donald Trump).

-que la Sala de lo Constitucional haya tomado medidas efectivas para hacer que el gobierno comience a cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la situación en las bartolinas y los penales;

-que el general Atilio Benítez haya regresado a Berlín a retomar su cargo de embajador, porque la comisión de antejuicio de la Asamblea haya declarado sin lugar la acusación del fiscal general contra él;

-que la Asamblea haya aprobado la Ley de Responsabilidad Fiscal sin que ARENA la haya tenido que comprar por 1,200 millones de dólares. Las leyes no pueden tener etiqueta de precio.

-que el fiscal general haya incluido al nieto del presidente Salvador Sánchez Cerén en la acusación por el accidente fatal de la camioneta de Casa Presidencial, y a Marcos Rodríguez y Eugenio Chicas en la acusación por encubrimiento…

¿Es demasiado pedir? ¿Demasiado trabajo para tres semanas? Bueno, uno tiene derecho de soñar, sobre todo en vacaciones.

Confío que mis colegas periodistas no bajarán la guardia, porque voy a seguir mi viaje, a ver si encuentro temas diferentes para mis cartas. Aunque solo llevo dos días en Alemania, ya me topé con el asunto que todo el mundo aquí discute: los refugiados.

Saludos desde Alemania,

Inversión y crecimiento para la sostenibilidad de las pensiones y finanzas públicas. De Alberto Arene

El acuerdo fiscal debe incluir una estrategia sostenida de inversión y crecimiento, o lo acordado será más endeudamiento para pagar deudas de ayer y hoy, programando postración económico-social hoy y mañana, y el estallido de una mayor bomba previsional y fiscal pasado mañana.

Alberto Arene, 27 octubre 2016 / LPG

Ni el gobierno ni la oposición parecieran –todavía– preparados para la negociación de un buen acuerdo fiscal porque no han priorizado el aspecto más importante para hacer sostenible la deuda y las finanzas públicas: la inversión y el crecimiento. Con dos tercios de la población económicamente activa en el sector informal, y una buena parte del sector formal también con muy bajos niveles de productividad, ingresos y crecimiento, no es posible la sostenibilidad ni del sistema de pensiones ni de la deuda pública. El acuerdo fiscal debe incluir una estrategia sostenida de inversión y crecimiento, o lo acordado será más endeudamiento para pagar deudas de ayer y hoy, programando postración económico-social hoy y mañana, y el estallido de una mayor bomba previsional y fiscal pasado mañana.

Hasta ahora el mensaje y narrativa del Gobierno/FMLN han estado centrados en que ARENA apruebe los $1,200 millones para pagar deudas y obligaciones acumuladas hasta el final de año (Letes y Eurobonos, pensiones, acreedores, subsidios y aguinaldos), mientras que el de ARENA ha priorizado la contención y reducción del gasto y del endeudamiento. De esta visión y confrontación saldrán –ojalá– acuerdos sobre: 1. Un monto entre $500 y $ 1,200 millones para pagar esas deudas y obligaciones acumuladas (con montos distribuidos en uno o dos tramos). 2. Ajuste fiscal de 3 % del PIB (ejecutado entre 3 y 5 años). 3. Presupuestos transparentes y más equilibrados (con sus respectivos déficits y financiamientos). 4. Niveles máximos de deuda flotante para la emisión de Letes (entre 10 y 25 % de los ingresos corrientes). 5. Una ley de responsabilidad fiscal que norme y obligue a la ejecución de 2, 3 y 4. Estos acuerdos inyectarán liquidez y evitarán impagos al menos hasta la conclusión de este gobierno. La tensión y negociación se dará en torno a los parámetros en paréntesis determinada por el respectivo costo político de cara a los intereses y cálculos político-electorales en la coyuntura electoral 2017-2019.

Estos acuerdos son importantes porque evitarán los impagos en los próximos 3-5 años, y posibilitarán niveles de endeudamientos anuales menores (de 4 a 3 o 2 % del PIB), a partir de un menor nivel de gastos e inversiones del Estado y los particulares, y de un menor nivel de consumo con efectos negativos sobre el crecimiento. Pero si los acuerdos concluyen aquí, solo se logrará posponer algunos años los impagos, no la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas, desperdiciando la última oportunidad de lograrlo. Tres años después las deudas y sus impagos regresarán con mucho mayor fuerza, con niveles de endeudamiento mucho mayor frente a un PIB estancado durante una década consecutiva.

Para enfrentar la crisis fiscal se deberá impulsar una visión y una estrategia de sostenibilidad de las finanzas públicas que además de estabilizar la caja fiscal temporalmente (3 años) logre sacar al país del estancamiento a la prosperidad a partir de la inversión y el crecimiento, eje principal de mediano y largo plazo para enfrentar y resolver la crisis fiscal. En efecto, a mayor crecimiento menor déficit fiscal y menor endeudamiento para financiarlo, mejores ingresos respecto a egresos fiscales, y menor deuda pública respecto a mayor PIB. Mejores empleos decentes y menor tamaño del sector informal, incorporando a muchos más trabajadores al sistema de pensiones, fortaleciendo su base y sostenibilidad. Asimismo, las impostergables reformas paramétricas aumentarán el monto de contribución y la edad de retiro posibilitando una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones. Mientras la reforma fiscal integral pro-inversión y crecimiento aumentaría los ingresos fiscales y la progresividad del sistema.

El comportamiento del liderazgo político salvadoreño es típico de sociedades atrasadas más centradas en las manifestaciones de los problemas y no en sus causas, en administrar los problemas, la pobreza y la escasez, no en superarlas, en resolver el corto plazo, no en darle viabilidad y sostenibilidad al país en el largo plazo, en la administración del pasado agotado, no en la creación de viabilidad y futuro.

Con la palanca negociadora de los $1,200 millones para pagar deudas diversas, una ley de responsabilidad fiscal y un ajuste realistas, y la aprobación de otros financiamientos para proyectos prioritarios de desarrollo, la oposición debe ser firme en la condicionalidad de la sostenibilidad de las finanzas públicas, priorizando la inversión y el crecimiento. El problema que ahora confrontamos es que cada vez será más difícil resolver el presente si al mismo tiempo no se le apuesta a resolver el futuro.

Prueba de honestidad. De Manuel Hinds

Mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras  (gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares.

Manuel Hinds, 28 octubre 2016 / EDH

La base fundamental de cualquier negociación es la confianza en que los acuerdos alcanzados en ella van a ser cumplidos por ambas partes. Esto se vuelve todavía más importante para poder llegar a un acuerdo cuando los cumplimientos son asimétricos en el tiempo —es decir, cuando uno de los firmantes tiene que cumplir sus compromisos inmediatamente mientras que el otro se compromete a cumplirlos después—. La negociación actual entre el gobierno y ARENA sobre la crisis de pagos del gobierno tiene estos riesgos asimétricos, ya que la autorización del endeudamiento precede a lo que el gobierno hará con los fondos.

Hay varios síntomas que demuestran que hay graves problemas escondidos bajo esta súbita falta de recursos del gobierno. Primero, la crisis es evidencia que el gobierno ha estado gastando mucho más que lo que tiene de ingresos, y eso requiere soluciones que van más allá de endeudarse más. Un endeudamiento adicional sólo se podría aprobar dentro de un esquema de solución de este problema. Segundo, es un misterio por qué el gobierno ha llegado a este extremo si los recursos a su disposición han aumentado como nunca, tanto en ingresos como en aumentos de endeudamiento.

El misterio está allí porque el peligro de impago no se ha presentado por una caída fuerte en los ingresos del Estado, como ha pasado en Brasil. Aquí, el gobierno no sólo ha estado recibiendo más dinero que nunca en la historia sino también ha estado recortando recursos a actividades esenciales, tales como la compra de medicinas, el pago de obligaciones laborales a la policía, el incumplimiento de la ley de escalafón de los empleados de salud, el pago de proveedores y muchas otras obligaciones que el Estado debe cumplir rutinariamente. Hay otras actividades que han estado succionando de los recursos que le llegan al gobierno y de los que usaba en dar servicios públicos.

Dados estos hechos, surgen muchas preguntas: ¿qué se ha hecho tanto dinero que el gobierno ha recibido? ¿a dónde va a ir a parar el dinero que se obtendría si se aprobara alguna cantidad de los bonos? ¿Cómo se puede asegurar que la población no tendrá que aprobar otros 1,200 en unos meses más, y otros más algunos meses después? Todavía más importante, ¿cómo asegurar que los recursos que se le quitan al pueblo, como impuestos y como servicios públicos que deberían cubrir esos impuestos, se usen realmente para dar esos servicios y no se desvíen a estos otros usos que están despojando al estado?

Estas preguntas se vuelve todavía más importantes porque el gobierno ha reconocido que ha mentido en los presupuestos. Así, ha admitido que algunas erogaciones que por ley tenían que hacerse en 2016 no las incluyeron en el presupuesto de este año. La oferta principal que hace el gobierno para que el problema se resuelva, es la famosa Ley de Responsabilidad Fiscal, una ley que no tiene dientes para obligar al gobierno a cumplirla. La voluntad de cumplimiento del gobierno a esta ley, si es que se da y no se usa como promesa para otros 1,200 millones, queda clara en el hecho que el proyecto de ley que el gobierno ofrece sólo comenzaría a funcionar dentro de tres años, cuando ya este gobierno se haya ido.

Peor, mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras—gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares, que luego dirán que acaban de descubrir que no están y que para cumplir con ellos tendrán que obtener miles de millones más en préstamos. Peor aún, mientras dice que está dispuesto a reducir el déficit, el presupuesto presentado contiene un déficit que es mucho mayor que el que sería sostenible de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para que la negociación sea de utilidad para el pueblo, el gobierno debería de dar varias pruebas de honestidad antes de firmarlo, comenzando por retirar el presupuesto de 2017 de la Asamblea y presentarlo con un déficit menor y sin mentiras. Eso debería de tomarles menos de una semana, porque ellos sí saben las verdades que se esconden detrás de las mentiras.

Carta a Rafael Segura y Armando Durán: ¿Quieren provocar una avalancha de juicios? De Paolo Luers

Estimados señores:
Ustedes dos tienen dos cosas en común: Ambos fueron secuestrados durante la guerra: uno por la guerrilla, y el otro por las fuerzas de seguridad del Estado. Y ambos decidieron exigir un juicio penal contra los respectivos responsables de su secuestro. Ambos fueron de los primeros en aprovechar la suspensión de la amnistía del 1993 y presentaron demandas ante la Fiscalía General.

Según la demanda presentada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, usted (Rafael Segura) fue capturado y torturado en 1983 por cuerpos seguridad. Junto con el caso suyo, el IDHUCA presentó cuatro casos más, todos de crímenes abominables contra individuos.

Según la entrevista que El Faro le hizo a usted (Armando Durán), fue secuestrado por una unidad del ERP en 1986, y luego de 37 días de cautiverio fue liberado contra el pago de una fuerte suma de rescate.

Ambos casos son representativos para lo que miles de salvadoreños sufrieron durante el conflicto, unos a manos del Estado, otros a manos de la insurgencia. Ambos son víctimas civiles de la guerra que de ambos bandos incluía abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, sobre todo de civiles. Ambos tienen pleno derecho de exigir que estos crímenes no se olviden, que no sean negados. Pero tengo seria duda, con todo respeto por su historia, si tienen derecho que su caso particular sea sujeto a juicio y castigo penal. Por que si asumimos que ustedes tienen derecho que la FGR y los tribunales competentes abran su caso particular y lo lleven a juicio, igual derecho tendrían más de cien mil salvadoreños que personalmente o en su familia han sido afectados por secuestros, torturas, asesinatos, expropiaciones, desplazamiento forzoso de su hogares, o por parte de los órganos del Estado, o por paramilitares de derecha, o por unidades de la guerrilla.

Si con las demandas de ustedes se establece como nueva norma jurídica, luego de la suspensión de la amnistía que cada individuo afectado puede provocar una investigación, un juicio y una sentencia en su caso particular, entonces serán miles o decenas de miles de casos que se pueden presentar. Y viendo que esta es la voluntad expresa de varios organismos que se definen como defensoras de derechos humanos (p.ej. IDHUCA), esto es lo que va pasar. Observando una avalancha de demandas a nombre de víctimas del Estado, los afectados por la guerrilla, que hasta ahora han mostrado poca tendencia de judicializar sus casos, van a comenzar a hacerlo, solo para crear equilibrio.

En la situación caótica, que esto crearía en nuestro sistema judicial, lo que se generaría es más confusión y no la verdad. Y un sistema judicial saturado con casos que no puede realmente investigar y juzgar debidamente, produce cualquier cosa, menos justicia.

Así que a ustedes dos (que ya presentaron demandas), pero sobre todo a los decenas de miles de ciudadanos que durante la guerra sufrieron vejámenes parecidos o peores, les pido reflexionar. Con todo respeto por sus historias y su dolor, les pido reflexionar si buscar juicios y castigos penales para los crímenes de los años del conflicto realmente puede aportar a la lucha contra la violencia y la impunidad, que en la actualidad todavía carcomen el tejido social, con 6 mil homicidios al año y un sistema judicial que logra generar justicia en menos del 10 % de estos casos durante décadas, su principal base social.

Estoy convencido que este no es el camino. Saludos,

Carta a los trabajadores de Salud: Son tigres de papel, no les tengan miedo. De Paolo Luers

Paolo Luers, 25 octubre 2016 / EDH

Amigos sindicalistas:
Pensaba que en este país lo había visto todo. Pero la semana pasada llegó el día que vi en televisión una columna de policías antimotines, marcialmente equipados con chalecos, bastones y cascos, tomándose el Hospital Zacamil para disolver una asamblea de enfermeras y médicos, uniformados de batas blancas y armados de estetoscopios. Me habló un amigo, indignado: “Hoy me da pena ser oficial de la PNC. Los antimotines convertidos en antisindicatos, ¿hasta dónde vamos a llegar?”. La única vez anterior que este amigo me había dicho que le daba pena ser policía fue cuando Howard Cotto había dicho en televisión que los policías investigados por la masacre de San Blas solo habían cumplido su deber.

El día siguiente, escuché a Violeta Menjívar, ministra de Salud, decir que al seguir las protestas en los hospitales “pueden haber despidos de acuerdo a la legislación y puede haber disolución de sindicatos”. Tuvo que llegar al despacho ministerial una integrante de la Comisión Política del FMLN para que amenazara a disolver los sindicatos. No recuerdo haber escuchado esta amenaza de boca del ministro de Salud en la época de las ‘huelgas blancas’ en tiempos de Paco Flores. Tampoco me recuerdo haber visto operativos de antimotines contra sindicalistas dentro de los hospitales…

El 6 de marzo 2000, la UMO chocó con sindicalistas del Seguro Social que se habían tomado una avenida capitalina, pero ahora la PNC recibió ordenes de operar contra sindicalistas adentro de un hospital.

Como todos sabemos, el conflicto es sobre el escalafón. Aunque legalmente está obligado, el gobierno del FMLN se niega a pagarlo a los trabajadores de Salud, alegando que no hay fondos. Los trabajadores protestan, reclaman sus derechos, y el gobierno les manda la UMO y hace una amenaza contra algo que en toda su historia ha sido sacrosanto para el FMLN: la libertad sindical. El uso represivo de los cuerpos de Seguridad contra huelgas y la falta de libertad de organización sindical han sido motivo para miles de trabajadores a incorporarse en las filas de la insurgencia en los años 70 y 80. Cuesta creer que sean dirigentes del FMLN quienes como la ministra de Salud y el director general de la PNC, respectivamente, manden antimotines a disolver asambleas sindicales.

Pero hasta ahora, todo ha quedado en gestos machistas y amenazas. Los antimotines no han pasado de algunos empujones a realmente golpear o arrestar a sindicalistas. Y ningún sindicato ha sido disuelto. No es por decencia que este gobierno del FMLN no pasa la raya entre la amenaza y la represión contra los sindicatos. Es por cobardía.

Son tigres de papel, no les tengan miedo. Ustedes tienen la razón, tienen el apoyo de los demás trabajadores del servicio público. Hasta a los policías les da asco recibir órdenes de reprimirlos. Ustedes tienen al FMLN en el peor de los mundos: confrontados con lo que fue, durante décadas, su principal base social.

Si ustedes aprietan con suficiente paciencia y sabiduría, este gobierno va a ceder. Saludos,

Educación: un salto hacia el desarrollo. De Carolina Ávalos

Carolina Ávalos, 25 octubre 2016 / EDH

La Libertad es un derecho inherente a todo ser humano. La mayoría que creemos en la democracia como forma de sociedad estamos de acuerdo con esta idea. Y así como reconocemos que la educación nos hace libres, así es el rol de ésta en la democracia. Mi artículo de hace un mes señaló cómo la falta de prioridad máxima en la educación por parte del Estado pone en juego el futuro de El Salvador, algo que no me cansaré de reiterar.

En estas últimas semanas, la preocupación por la educación en nuestro país es resaltada nuevamente por un estudio de la Fundación para la Educación Superior y por el Quinto Informe Estado de la Región. El primero plantea “¿Qué es una buena escuela?” y propone un índice en cuanto a la calidad escolar, que comprende varias dimensiones y componentes, entre ellos: desempeño institucional; desempeño de los estudiantes; recursos para el aprendizaje; ambiente escolar; y el entorno. El informe, por otro lado, plantea el dilema estratégico de la educación como tema central para el desarrollo en Centroamérica.

Estos estudios resaltan la importancia del aumento de la cobertura educativa (preescolar y media) y la apuesta a la mejora sustancial en la calidad del sistema educativo, y se suman a otros, incluyendo el lanzamiento de la propuesta de Política Educativa: Educación, Generando Oportunidades. Para hacer realidad estos hallazgos el presupuesto público destinado a la educación tendría que aumentarse sostenidamente, hasta lograr los niveles adecuados para el desarrollo de las capacidades de todas los ciudadanos. Algunos estudios hablan de llegar a niveles del 6 al 7 por ciento del PIB (3.4 por ciento en presupuesto 2017), muy similares al de los países más desarrollados que cuentan con sistemas educativos de alta calidad.

También hay que hablar del uso eficiente de los recursos y de la eficacia de este gasto en educación —que deberíamos considerar una inversión— en la mejora de la calidad del sistema y de su impacto en la sociedad.  Como ejemplo, del presupuesto de 2017 (según el proyecto presentado a la Asamblea) se ha destinado al paquete escolar $78.5 millones, y al Vaso de Leche, $7.2 millones, representando entre ambos el 9 por ciento de la asignación total en Educación. Es preciso tomar en cuenta que a estos programas no se les ha comprobado un impacto directo en “la mejora progresiva de la calidad educativa”, según se establece en el presupuesto. Y así existen muchos programas cuya pertinencia   amerita analizar, de tal manera que nos permita orientar los recursos hacia aquellas medidas de política con impacto directo en la mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por otro lado, en este año se destinó para la primera infancia —educación inicial y parvularia— cerca del 7.5 por ciento de la asignación total de Educación. Si consideramos las coberturas de educación inicial (1.8 por ciento) y de parvularia (67 por ciento), estamos hablando de más de 300 mil niños entre 0-6 años fuera del sistema. Las razones por la  inasistencia pueden ser diversas, pero mientras la sociedad no tome esta negligencia en serio, todos nos volvemos cómplices de que cada uno de estos niños (Juancito, María, Isabel) se les trate como “ciudadanos” inferiores y que entren desde que nacen en el círculo perverso de la desigualdad, la pobreza y la exclusión y con la posibilidad de arrastrar estas inequidades el resto de sus vidas.

La máxima responsabilidad es de los políticos y responsables de la conducción del Estado. Pero los ciudadanos no podemos conformarnos y ser espectadores pasivos de esta violación sistemática de los derechos de las personas cuando el Estado no les garantiza el ejercicio pleno de éstos a la educación, la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda digna y, en suma, a la libertad. Reflexionemos y tomemos las decisiones correctas y oportunamente: demos ese salto al desarrollo.

@cavalosb