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Crisis fiscal y presupuesto para bobos. De Paolo Luers


Negar sus votos en caso que el gobierno no está dispuesto a corregir el presupuesto no es sabotaje. Es el ejercicio de un derecho y deber constitucional.

Paolo Luers, 17 abril 2017 / EDH-Observadores

Luego de vacaciones, regresamos a lo mismo. Nuevamente vamos a escuchar tanto a los mal intencionados como a los sabios ingenuos exhortando ambos, gobierno y oposición, por igual a dejar de ser necios y a bloquear la solución al problema fiscal. Pongamos las cosas claras: Necio es quien no tiene razón y sigue insistiendo. Pero los que tienen razón y sostienen su posición, no son necios, son coherentes.

El gobierno tenía la oportunidad (y el deber) de poner todas las cartas sobre la mesa y presentar un presupuesto general de la nación completo, incluyendo todas las obligaciones del Estado y todos los gastos necesarios para cumplir su plan de gobierno. Pero el gobierno no lo hizo, porque entonces, su presupuesto hubiera tenido un déficit de unos 2000 millones de dólares. El gobierno hubiera tenido que ir a la Asamblea y negociar con ARENA el financiamiento de este presupuesto. En esta negociación, el gobierno hubiera pedido financiarlo con préstamos, y la oposición hubiera exigido enfrentar buena parte del déficit con recortes de gastos. No pongamos todo en el mismo saco: Una posición es necia, la otra es necesaria.

La Constitución manda que un presupuesto que incluye préstamos necesita mayoría calificada de la Asamblea. Esto significa que el gobierno está obligado a presentar un presupuesto y un plan de financiarlo aceptables para 56 diputados. Si un gobierno quiere deshacerse de esta obligación, tiene que ganar en elecciones parlamentarias una mayoría calificada de 56 votos que se lo permita. Mientras esta mayoría no exista, el gobierno está obligado a presentar un presupuesto aceptable para sus adversarios. No sé cual parte de esta regla simple el gobierno y muchos “sabios” no entienden

El FMLN no dispone de una mayoría para aprobar préstamos sin aprobación de la oposición. Pero tampoco quiere negociar su presupuesto con la oposición. Prefiere extorsionar y enganchar a los partidos minoritarios para alcanzar mayoría simple (de 43 votos) para aprobar un presupuesto incompleto – o sea, desaparecer el déficit omitiendo algunos rubros. En esta ficción el presupuesto parece equilibrado y financiado.

Pero estas mentiras siempre tienen patas cortas. Las obligaciones de pagar pensiones a los militares, de cancelar préstamos hechos al fondo de pensiones, de pasar el FODES a las alcaldías, no desaparecen por arte de magia. Las pueden desaparecer en el papel donde se imprime el presupuesto, pero no en la realidad. Por tanto, ahora que tienen encima estas obligaciones perfectamente previsibles, piden a la Asamblea que les autorice los préstamos que desaparecieron a la hora de presentar el presupuesto.

Por supuesto ARENA dice que no. Serían bobos si aceptaran esta extorsión. El gobierno, de manera fraudulenta, se hizo de un presupuesto que todo el mundo sabía que no reflejaba los gastos reales. Hoy echan la culpa a la oposición y le exigen que retrospectivamente les aprueben los préstamos necesarios para cubrir el déficit, con el argumento extorsionista que si ARENA les niega sus votos, afecta a la población. Este chantaje no extraña, es parte del populismo del FMLN. Pero sí extraña que analistas independientes les compren este relato y presionan por igual a gobierno y oposición.

Entonces, ahora está en la agenda lo que hubiera tenido que discutirse antes de aprobar el presupuesto: ¿Cómo financiarlo, con préstamos o con recortes, o con qué combinación de ambos? Y el gobierno tiene que enfrentar este debate y hacer concesiones, porque así lo demanda la Constitución: Para financiar un presupuesto con deuda necesitan mayoría calificada, y no la tienen sin los votos de ARENA.

Negar sus votos en caso que el gobierno no está dispuesto a corregir el presupuesto no es sabotaje. Es el ejercicio de un derecho y deber constitucional.

El que tiene que ceder es el gobierno. Tiene que aceptar que el presupuesto que con ayuda de sus aliados aprobó, es incompleto y desfinanciado. ARENA no se va a negar categóricamente a cubrir una parte del déficit presupuestario con deuda. Lo que sí tiene que rechazar es la idea de aprobar más deuda mientras el gobierno no acepte negociar el ajuste necesario para reducir gastos.

La versión de que aquí hay dos actores que por falta de voluntad de ponerse de acuerdo hunden al país en una crisis de impago, sólo sirve para quitarle presión al gobierno y pasarla a la oposición, debilitando la posición correcta de hacer valer el mandato constitucional de un presupuesto nacional equilibrado y financiado. No confundamos la necedad del gobierno, que a cualquier costo quiere seguir adelante con sus políticas populistas-electorales, con la necesaria oposición contra un presupuesto inconstitucional, que de todos modos le cuesta tanto asumir a ARENA.

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Mismas reglas, pero hoy el árbitro sí pita. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo Constitucional

Erika Saldaña, 30 enero 2017 / EDH

En los últimos años, varios personajes públicos del ámbito político han justificado actos cuestionables en el aforismo símbolo de la mediocridad, el cual reza “siempre se ha hecho así”. Esa respuesta se ha obtenido ante los discusiones sobre la asignación arbitraria de fondos a las mal llamadas organizaciones no gubernamentales (porque el “no” está de más al financiarse con fondos públicos); también ante las críticas sobre lo desfinanciado del Presupuesto General de la Nación, cuando algunas partidas que necesitan millones de dólares cuentan con una asignación de mil dólares para el año, la respuesta ha sido “así se hacía antes y nadie decía nada”; y cuando se cuestiona la necesidad de que los funcionarios y empleados públicos gocen de un seguro médico privado, además de necesario lo consideran una práctica que siempre ha tenido cabida.

diario hoyAl menos en el ordenamiento jurídico, pocas cosas han cambiado desde los años noventa a la fecha. Contamos con la Constitución que fue emitida en 1983 y cuyas reformas más relevantes se hicieron en 1991. La mayoría de las leyes generales son preconstitucionales o tienen ya varios años de encontrarse funcionando. Con las mismas reglas, algunas instituciones que se encontraban “dormidas” ahora ejercen un rol más activo en el control al poder público.

La Corte de Cuentas recientemente aceptó su facultad para investigar el uso del dinero público otorgado a instituciones que no pertenecen al Estado, con lo cual los ojos de la ciudadanía se encuentran puestos en el desarrollo de estas auditorías; también esperamos que la nueva conformación de esta Corte traiga consigo un despegue en la actividad que esta institución contralora está obligada a realizar. Por otro lado, la Fiscalía General de la República también ha tenido un ascenso inédito en sus labores, pues ha demostrado la capacidad de enfrentarse e investigar a cualquier persona involucrada en delitos de corrupción.

Por su parte, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, después de muchos años de encontrarse amordazada, ahora tiene bajo la mira el patrimonio y enriquecimiento ilícito de los funcionarios del país. El Instituto de Acceso a la Información Pública, una de las instituciones de creación más reciente, ha puesto al alcance de la ciudadanía la posibilidad de obtener información sobre la administración pública que antes era secreta. Y el Tribunal Supremo Electoral está despertando lentamente en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, con la deuda pendiente de adquirir un rol más activo en los próximos periodos electorales que se avecinan.

Las reglas del juego en El Salvador, en relación al correcto funcionamiento de las instituciones públicas, son las mismas que hace varios años. Sin embargo, hoy el árbitro se ha dado cuenta que tiene un silbato que funciona si lo quiere usar. En los últimos años hemos visto que los órganos de control están más conscientes de su rol y entienden que deben tomarse en serio su trabajo, por lo que se refleja más cada acción que realizan por mínima que sea. La actuación de las instituciones públicas puede mejorar a través de reformas legales o constitucionales que faciliten o fortalezcan su desenvolvimiento; sin embargo, el reciente “despertar” de muchas instituciones (que se sintetiza en “hacer el trabajo que les corresponde”) no depende solo de la actualización legislativa o constitucional, sino también de la conciencia de los funcionarios del rol que juegan y de las facultades que se les ha otorgado. Los funcionarios “se creen” su rol y lo ejecutan; en esto radica la importancia de la correcta elección de funcionarios, pues estos deben estar dispuestos a realizar su trabajo a pesar de las críticas y presiones que podrían recibir.

Hemos pasado de una época en la que no se investigaba nada, en la que lo normal era la inactividad de las instituciones y en la que los actores políticos o funcionarios tomaban decisiones sin temer algún tipo de consecuencia; a una época en la que estos mismos actores se encuentran bajo constante escrutinio y cuestionamiento público. Como ciudadanía nos toca poner los ojos en el trabajo de esos árbitros, presionando la continuidad de su labor y la presentación de resultados.

Carta a los partidos PDC-GANA-PCN: Cuidado con lo que piden. De Paolo Luers

No es tarea de la CEL elevar los costos de la energía para luego compensar el daño a la economía familiar y nacional pagando subsidios. Esto es precisamente lo que pasaría si ustedes tuvieran éxito con su propuesta. La única manera que CEL podría asumir el pago de los subsidios es elevando el precio de la energía. Esto se llama círculo vicioso…

Paolo Luers, 19 enero 2017 / EDH

paolo luers caricaturaEstimados señores:
Ustedes trataron de desempatar el debate sobre el presupuesto 2017 con una propuesta que suena bien, pero no es racional. Anunciaron que van a aprobar el presupuesto siempre y cuando el gobierno firme el compromiso que la CEL va a asumir los subsidios a la electricidad.

Tienen razón en una cosa: Alguien los va a tener que pagar. Por el momento, los subsidios -que nadie tiene el valor de quitar, mucho menos en un año preelectoral- no aparecen en ninguna parte. No están en el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno del FMLN, ni en el presupuesto que CEL ha presentado a la Asamblea.

diario hoyPero la solución que ustedes plantean -que los pague CEL- no es solución. La tarea de CEL es producir electricidad a precios bajos que no afecten al consumidor ni a la industria. Lastimosamente, la CEL ha dejado de cumplir este mandato. La energía es cara, y es uno de los factores que impide el crecimiento económico del país.

No es tarea de la CEL elevar los costos de la energía para luego compensar el daño a la economía familiar y nacional pagando subsidios. Esto es precisamente lo que pasaría si ustedes tuvieran éxito con su propuesta. La única manera que CEL podría asumir el pago de los subsidios es elevando el precio de la energía. Esto se llama círculo vicioso…

Como ya señalaron varios organismos financieros internacionales, las finanzas de CEL ya están en una situación crítica. Es por esto que CEL no incluyó en su presupuesto 2017 más que unos simbólicos $100 para subsidios. No los puede pagar sin violentar su propia misión, y sin quedarse sin fondos para las necesarias inversiones en la generación de energía barata y competitiva.

¿Por qué la industria energética del Estado está en esta situación financiera? Bueno, por decisiones equivocadas de los gobiernos de Saca y Funes y Sánchez Cerén y de las personas poco idóneas que han puesto al frente de CEL, INE y LaGeo, El Salvador ha gastado casi 1,000 millones de dólares que lamentablemente no se reflejan en mayor y más barata generación de energía. Sumemos: Pagaron 284 millones a ENEL, para cumplir el deseo de Funes de deshacerse de este socio estratégico en LaGeo; pagaron no menos de 20 millones en gastos legales en este pleito; invirtieron 200 millones en la ampliación de la 5 de Noviembre, a pesar de que se sabía que solo iba a aumentar la generación durante 2-3 meses, si Dios es grande y nos manda buenos inviernos; y decidieron terminar la presa El Chaparral, a pesar de que sus costos se dispararon de 98 a 135 y al final a 416 millones. De esto, 108 millones corresponden al “arreglo directo” con la constructora ASTALDI que había ordenado Mauricio Funes.

Todas estas decisiones políticas, no compartidas por los técnicos y sus estudios, tienen a CEL y LaGeo en una situación precaria que no les va a permitir hacer las inversiones grandes que necesita el país para hacerse de energía a bajo costo.

Ustedes están equivocados cuando presentan los subsidios como un problema de CEL.

Los subsidios existen por razones políticas, son parte de las políticas públicas de los últimos 3 gobiernos de corte populista: Saca, Funes, Sánchez Cerén. Los gobiernos tienen que responder por sus decisiones políticas, y sus costos tienen que incluirse en su Presupuesto General de la Nación.

El problema del subsidio hay que verlo dentro del debate sobre el presupuesto. Es uno de los rubros que el gobierno se niega incluir, aunque es su obligación constitucional incluir todos los gastos. No los quieren incluir, porque al incluirlos el presupuesto resultaría desfinanciado. Al ser desfinanciado, el presupuesto necesita recortarse en otras partes, lo que se niega hacer el FMLN. O incluir préstamos para cubrir el déficit. Pero al incluir préstamos, necesitarían mayoría calificada (o sea, los votos de ARENA) para aprobar el presupuesto.

Este es el punto, señores. Este es el debate. No traten de ayudar al gobierno a seguir haciendo cuentas alegres para evitar el debate central que es sobre el presupuesto.

Saludos,

44298-firma-paolo

 

¿Se puede devolver o modificar el proyecto de presupuesto? De Javier Castro De León

Distintos sectores de la sociedad han venido insistiendo en que el Presupuesto General del Estado debe ser real, transparente y balanceado, es decir, respetuoso de la Constitución y la ley.

JAVIER CASTROJavier Castro De León, 25 noviembre 2016 / LPG

Sin embargo, lo que ha sucedido es todo lo contrario, pues los presupuestos se han estado equilibrando artificialmente, sobreestimando ingresos y subestimando gastos. En el proyecto de Presupuesto 2017 se continúa con dicha mala práctica y ahora que el Ejecutivo lo ha presentado a la Asamblea Legislativa para su aprobación con omisiones indiscutibles, no queda otra salida que modificarlo.

la prensa graficaEn el presupuesto del próximo año se advierten varias omisiones, y dentro de ellas una muy importante es el pago de capital e intereses de la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Este egreso definitivamente debería estar incluido, pero no es así, puesto que con las reformas a la Ley del FOP aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado septiembre, se buscaba contar con un mecanismo para pagar dicha deuda, no con los recursos del Estado, como debería ser, sino que con los ahorros de los trabajadores, a quienes el mismo Estado ya les adeuda. Estas reformas violentaron varias disposiciones constitucionales, tales como: el derecho a la seguridad social, la garantía de prohibición de confiscación y el proceso de formación de ley. Esto llevó a que se presentaran inconstitucionalidades, y que en la admisión de una de ellas se decretaran medidas cautelares consistentes en suspender los efectos de las reformas, por lo que solo en este rubro hay un faltante de 221 millones de dólares.

La Constitución (Cn.) en su artículo 227, inciso 1°, obliga a que en el Presupuesto se incorporen todas las erogaciones que tenga que realizar el Estado, por lo que el faltante para el pago de la deuda al FOP debe ser agregado, así como cualquier otro gasto excluido. No queda otra salida que modificar el proyecto de presupuesto, ya sea que la Asamblea lo devuelva al Ejecutivo para que lo corrija o que este último envíe las modificaciones que sean necesarias.

Pero esta acción que debería adoptarse sin ninguna dificultad, innecesaria o interesadamente se ha complicado, pues algunos legisladores sostienen que la Constitución prohíbe devolver el Presupuesto, bajo el argumento de que el artículo 167 Cn., número 3, establece que el mismo debe ser presentado a la Asamblea Legislativa por los menos tres meses antes de que inicie el nuevo ejercicio fiscal. Es importante clarificar que esta norma lo que busca es que sea presentado con el tiempo suficiente para que sea estudiado, discutido y aprobado. No constituye prohibición alguna para que el mismo sea devuelto al Ejecutivo o para que este envíe reformas al mismo, por lo que es un error sostener lo contrario.

Por otra parte, el artículo 227, inciso 2° Cn., dispone que el Órgano Legislativo podrá disminuir o rechazar los créditos solicitados, pero nunca aumentarlos. Debe entenderse que al haber una omisión de un gasto en el presupuesto, los legisladores están inhibidos de aumentar una partida presupuestaria o incluir una nueva para incorporarlo, por lo que existe base constitucional para rechazarlo y devolverlo.

Aprobar presupuestos desequilibrados e incompletos ha contribuido en gran medida al desorden en las finanzas públicas, por lo que una buena señal sería que se corrija esta práctica y la Asamblea Legislativa devuelva el proyecto de Presupuesto 2017 o que el Ejecutivo mande las modificaciones respectivas. Los legisladores están en la obligación de cumplir la Constitución, por lo que habiendo claras vulneraciones a la misma, como son las omisiones de gastos, no deben aprobar un presupuesto en esos términos. – See more at: http://www.laprensagrafica.com/2016/11/25/se-puede-devolver-o-modificar-el-proyecto-de-presupuesto#sthash.PpD04AB6.dpuf

Prueba de honestidad. De Manuel Hinds

Mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras  (gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares.

manuel hindsManuel Hinds, 28 octubre 2016 / EDH

La base fundamental de cualquier negociación es la confianza en que los acuerdos alcanzados en ella van a ser cumplidos por ambas partes. Esto se vuelve todavía más importante para poder llegar a un acuerdo cuando los cumplimientos son asimétricos en el tiempo —es decir, cuando uno de los firmantes tiene que cumplir sus compromisos inmediatamente mientras que el otro se compromete a cumplirlos después—. La negociación actual entre el gobierno y ARENA sobre la crisis de pagos del gobierno tiene estos riesgos asimétricos, ya que la autorización del endeudamiento precede a lo que el gobierno hará con los fondos.

diario hoyHay varios síntomas que demuestran que hay graves problemas escondidos bajo esta súbita falta de recursos del gobierno. Primero, la crisis es evidencia que el gobierno ha estado gastando mucho más que lo que tiene de ingresos, y eso requiere soluciones que van más allá de endeudarse más. Un endeudamiento adicional sólo se podría aprobar dentro de un esquema de solución de este problema. Segundo, es un misterio por qué el gobierno ha llegado a este extremo si los recursos a su disposición han aumentado como nunca, tanto en ingresos como en aumentos de endeudamiento.

El misterio está allí porque el peligro de impago no se ha presentado por una caída fuerte en los ingresos del Estado, como ha pasado en Brasil. Aquí, el gobierno no sólo ha estado recibiendo más dinero que nunca en la historia sino también ha estado recortando recursos a actividades esenciales, tales como la compra de medicinas, el pago de obligaciones laborales a la policía, el incumplimiento de la ley de escalafón de los empleados de salud, el pago de proveedores y muchas otras obligaciones que el Estado debe cumplir rutinariamente. Hay otras actividades que han estado succionando de los recursos que le llegan al gobierno y de los que usaba en dar servicios públicos.

Dados estos hechos, surgen muchas preguntas: ¿qué se ha hecho tanto dinero que el gobierno ha recibido? ¿a dónde va a ir a parar el dinero que se obtendría si se aprobara alguna cantidad de los bonos? ¿Cómo se puede asegurar que la población no tendrá que aprobar otros 1,200 en unos meses más, y otros más algunos meses después? Todavía más importante, ¿cómo asegurar que los recursos que se le quitan al pueblo, como impuestos y como servicios públicos que deberían cubrir esos impuestos, se usen realmente para dar esos servicios y no se desvíen a estos otros usos que están despojando al estado?

Estas preguntas se vuelve todavía más importantes porque el gobierno ha reconocido que ha mentido en los presupuestos. Así, ha admitido que algunas erogaciones que por ley tenían que hacerse en 2016 no las incluyeron en el presupuesto de este año. La oferta principal que hace el gobierno para que el problema se resuelva, es la famosa Ley de Responsabilidad Fiscal, una ley que no tiene dientes para obligar al gobierno a cumplirla. La voluntad de cumplimiento del gobierno a esta ley, si es que se da y no se usa como promesa para otros 1,200 millones, queda clara en el hecho que el proyecto de ley que el gobierno ofrece sólo comenzaría a funcionar dentro de tres años, cuando ya este gobierno se haya ido.

Peor, mientras el gobierno dice que de ahora en adelante no van a mentir, ha presentado a la Asamblea un proyecto de presupuesto para 2017 que está lleno de mentiras—gastos subestimados o ni siquiera incluidos, por cientos de millones de dólares, que luego dirán que acaban de descubrir que no están y que para cumplir con ellos tendrán que obtener miles de millones más en préstamos. Peor aún, mientras dice que está dispuesto a reducir el déficit, el presupuesto presentado contiene un déficit que es mucho mayor que el que sería sostenible de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para que la negociación sea de utilidad para el pueblo, el gobierno debería de dar varias pruebas de honestidad antes de firmarlo, comenzando por retirar el presupuesto de 2017 de la Asamblea y presentarlo con un déficit menor y sin mentiras. Eso debería de tomarles menos de una semana, porque ellos sí saben las verdades que se esconden detrás de las mentiras.