gobierno del FMLN

Manipulación infame. De Federico Hernández Aguilar

Jugar con fósforos al lado de un enorme tanque de gasolina es lo que el gobierno de El Salvador viene haciendo desde hace dos años. Para resolver su grave déficit fiscal (el tanque de gasolina), nuestras autoridades han optado por manipular una cajita de fósforos que se llama “politiquería”. Y así, en el afán de quemar a sus adversarios, no advierten que están a punto de incendiar al país entero.

Federico Hernández Aguilar, 20 abril 2017 / LPG

Lo que se nos quiere vender como excusa, en torno a los impagos que se han venido produciendo desde el 7 de abril, es que las obligaciones con las pensiones de los trabajadores necesitaban de la aprobación de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, alegando que no se disponía de la “asignación presupuestaria indispensable” de acuerdo con la reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), misma que desde noviembre del año pasado tiene suspendidos sus efectos por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional.

Lo que ningún comunicado del Ministerio de Hacienda nos confiesa es que la administración Sánchez Cerén ha tenido entonces cinco meses para diseñar alternativas constitucionales a su polémica reforma a la Ley FOP, no solo respetando a la Corte Suprema de Justicia sino liderando las negociaciones políticas que le permitieran cumplir con sus pagos. En lugar de eso, el gobierno ha estado –por casi medio año– intercambiando epítetos con el principal partido opositor, que con razón se ha negado a aceptar que la única solución viable sea endeudar más a los salvadoreños o seguir ahorcándolos con impuestos.

Amén de este infantil berrinche, los diputados oficialistas y sus adláteres aprobaron un presupuesto que incluía el monto “simbólico” de mil dólares para enfrentar los vencimientos de los Certificados de Inversión Previsional, a sabiendas que se requerían más de $200 millones. Y por si lo anterior fuera poco, el Ministerio de Hacienda quiere que creamos algo absurdo: que justo en la plenaria extraordinaria antes de las vacaciones de Semana Santa, bordeando el impago, 56 diputados iban a hacerse presentes en el Salón Azul para votar por una reforma a la Ley del Presupuesto que nadie había presentado. ¡Por favor!

Nuestro gobierno nos ha mentido con descaro y pretende continuar. No admite los errores que comete, pero endilga responsabilidades a diestra y siniestra. Habla de dialogar y de buscar consensos, pero el lenguaje hostil de algunos de sus voceros desmiente tal voluntad conciliadora. Se ha dado el lujo de contar con recursos que jamás soñaron administraciones anteriores, pero es la actual gestión, paradójicamente, la que nos está llevando al default.

El jueguito peligroso ha terminado por chamuscar la imagen de El Salvador, que siempre fue apreciado internacionalmente como país que sabía tomarse en serio sus compromisos. Gobiernos responsables con el bienestar de sus ciudadanos no manipulan la caja de los cerillos tan cerca del combustible. Ahora estamos a un paso de perder la credibilidad que por muchos años fuimos construyendo, a fuerza de disciplina y manejos más sensatos de las finanzas públicas. ¿Y quién es capaz de predecir el tiempo que nos llevará recuperar la percepción positiva que alguna vez gozamos?

En política es posible excusar la torpeza, incluso cuando sus causas son coyunturales; pero los cálculos politiqueros que provocan descalabros económicos son, además de inexcusables, abiertamente infames. Lo que los salvadoreños podríamos sufrir por culpa de quienes llevan las riendas de la nación es inédito, difícil de pronosticar. No existen precedentes para los efectos que nos traerán degradaciones que nunca debimos tener en el mercado internacional. Y una vez desatado el incendio, ¿quién cree que nuestro gobierno sabrá enfrentarlo?

Con los agiotistas. De Manuel Hinds

El manejo eficiente de las finanzas públicas es clave porque ahorra enormes cantidades de dinero en comparación con los intereses que tiene que pagar un estado manirroto y mal manejado.

manuel hindsManuel Hinds, 24 febrero 2017 / EDH

El gobierno publicó ayer como un grandioso logro la venta de $600 millones en bonos con vencimiento en 2029 a una tasa de interés de 8.625 por ciento. Como razón adicional de orgullo el gobierno indicó que había recibido ofertas cinco veces más altas que la cantidad que se quería colocar (recibió ofertas que sumaban $3,359 millones entre todos los potenciales compradores cuando solo se estaban ofreciendo $600 millones). El tono de triunfo es totalmente inapropiado porque la tasa de interés es horriblemente alta, el equivalente para un gobierno de tomar prestado dinero de agiotistas. También es inapropiado presumir que les habían ofrecido mucho más dinero que el que querían porque eso lo único que indica es que el gobierno estaba ofreciendo tasas de interés demasiado altas, tan altas que diario hoyatrajo tantas abejas al panal. Es bien fácil atraer miles de compradores si usted ofrece algo muy barato, y peor si lo vende a un precio que deja a muchos compradores con ganas de comprar. Usted beneficiaría a los que compraron a costa del estado salvadoreño ya que los compradores podrían darse la vuelta y vender los bonos a mayores precios de los que le pagaron a usted, para una ganancia instantánea. El gobierno debería de aclarar si hubo ventas inmediatamente después de que el gobierno vendió, y a qué precios.

En todo caso, la tasa de interés es altísima. En este momento el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos es de 2.41 por ciento, lo cual indica que El Salvador pagará aproximadamente 6.2 por ciento más que la que paga Estados Unidos y 4.8 por ciento más que lo que pagaría México. Compararnos con México no es fuera de orden porque por varios años tuvimos grado de inversión, una calificación de riesgo mucho mejor que ese país (mientras mejor es la calificación de riesgo menor es la tasa de interés).

Ahora calcule usted cuánto pagaremos en estos bonos y cuánto hubiéramos pagado si todavía tuviéramos la calificación que teníamos en los años noventas.

Estos bonos nos van a costar en intereses, por año, $600,000,000 X 8.625 por ciento = $51,750,000. Multiplique esto por 12 años y le dará $621,000,000. Es decir que por $600 millones de deuda, pagaremos en capital e intereses $1,221,000,000 (si, mil doscientos veintiún millones de dólares). Si fuéramos todavía comparables con México, pagaríamos en intereses solo $22,800,000. En los 12 años pagaríamos $263,600,00 en intereses, que al sumarlos a los $600,000,000 de deuda, llegamos a $873,600,000 de pago total. Esto es $347,400,000 menos que lo que tendremos que pagar ahora.

Piense ahora en lo que se podría hacer con esa diferencia, y piense lo que se podría hacer con la cantidad total que el gobierno tendrá que pagar por esos bonos, mil doscientos veintiún millones, y recuerde que el gobierno no hace nada visible con las enormes cantidades de dinero que gasta.

Estas cifras deberían de hacer pensar a los salvadoreños, que, con gran liviandad piensan que tener grado de inversión (una calificación muy buena que solo Chile y El Salvador tenían en los finales de los años noventas) no es importante. El manejo eficiente de las finanzas públicas es clave porque ahorra enormes cantidades de dinero en comparación con los intereses que tiene que pagar un estado manirroto y mal manejado. Allí, en esos $347,400,000 que tendremos que pagar de más van 347 escuelas de un millón de dólares cada una, o 347 unidades de salud del mismo precio, o casi 700 becas de $100,000 cada una para estudiar posgrados en universidades de primera en Estados Unidos o en Europa. ¿Cuántas universidades se podrían equipar con $347 millones?

En este momento los altísimos intereses que estaremos pagando solo afectan este préstamo. Pero marcan el camino que el país seguirá si el gobierno no ajusta su manejo fiscal y hasta la manera en la que habla. Si este ajuste no se da, cada vez que se tome un préstamo se pagará una tasa así de alta o mayor, con lo que poco a poco la tasa promedio que se paga sobre la deuda va a ir aumentando hasta asfixiar al país.

Ese será el gran logro de los gobiernos del FMLN.

Otra carta a los alcaldes: Les están tomando el pelo. De Paolo Luers

paolo luers caricaturaPaolo Luers, 2 febrero 2017 / EDH

Estimados amigos:
En el derecho penal y en el trato psicológico a vicios existe la figura del reincidente. Hay una regla que aplica tanto al delincuente como al alcohólico reincidente: No hay que creerle cuando dice que va a mejorar.

Así es el gobierno del FMLN: como un delincuente, drogadicto o alcohólico, que cada vez jura que nunca más va a caer en las viejas tentaciones – pero ya sabe que es paja. Y por supuesto, recae.

diario hoyLo peor que se puede hacer con los reincidentes es consentirlos. Hay que exigirles cumplimiento, obligarles a rendir cuentas, y castigarlos cada vez que reinciden.

El gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén es caso clásico de reincidente. Tiene todos los síntomas de los vicios, las mentiras, las promesas rotas y las ofensas del reincidente. El 16 de diciembre del año pasado, Casa Presidencial, en su sitio WEB oficial, citó al presidente de la República: “Entre miércoles y jueves vamos a cancelar el FODES a todas las alcaldías de octubre, noviembre y diciembre.” Estaba hablando de miércoles 20 y jueves 21 de diciembre. Si el presidente no hubiera mentido (o hecho falsas promesas, que lo mismo), las alcaldías hubieran podido pagar antes de navidad aguinaldo y el salario de diciembre.

Pero el gobierno no cumplió: transfirieron los fondos al ISDEM hasta el 28 de diciembre, de manera que llegó a las alcaldías en enero. Y no pagó, como ha prometido, todo lo adeudado, sino solamente los correspondiente a octubre y noviembre.

Luego el gobierno, mediante su ministro de Haciendo, se comprometió a pagar lo más tarde el 16 de enero el FODES de diciembre. Ahora estamos en febrero, y ninguna alcaldía ha visto ningún centavo de los 22 millones de dólares.

El problema de ustedes es que no entienden que el gobierno es como un delincuente drogadicto reincidente. Muchos de ustedes, sobre todo los alcaldes del FMLN, le siguen creyendo. El reincidente ya cuenta con esto, es su forma de operar. Ustedes, si no le ponen paro, permiten que se convierte en delincuente sistemático. Esto es exactamente lo que está pasando, y en parte tienen la culpa. Hasta ARENA ha caído en esta trampa – hasta que se cansaron y se levantaron de la ‘mesa de diálogo’ que en Casa Presidencial han instalado para darles paja con acuerdos que nunca piensan cumplir…

No les tengo que explicar a ustedes que estos 22 millones mensuales del FODES no son regalos del gobierno. Es la parte de la recaudación mensual de impuestos que por ley corresponde a los municipios. El gobierno los está gastando en otras cosas, sin que nadie realmente entiende, en qué, y esto de entrada es ilegal. Por esto estamos hablando de delincuentes reincidentes.

Es mentira que ustedes no pueden hacer nada. Juntas las alcaldías tienen mucho más poder político que el gobierno. El gobierno no resistiría una movilización fuerte y permanente de las alcaldías y sus bases sociales. No en un año preelectoral. Dejen de consentir los vicios, las mentiras y las actuaciones ilegales del gobierno.

Saludos,

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Diabetes fiscal. De Manuel Hinds

Como un diabético mal cuidado, el gobierno se engorda mientras que los servicios públicos y las actividades legítimas del gobierno tienen cada vez tienen menos recursos.

manuel hindsManuel Hinds, 28 enero 2017 / EDH

El gobierno quiere que creamos que el problema fiscal del país es que no puede pa-gar sus deudas porque sus ingresos son más bajos que sus egresos. El equivalente médico de esta enfermedad sería inanición. Los síntomas serían ver a un gobierno adelgazado, esquelético. Su cura sería reducir el uso de energía o aumentar la comida. Pero la enfermedad fiscal del gobierno de El Salvador no es inanición. Lo que tiene el gobierno es diabetes fiscal—una enfermedad en la que la persona come mucho, puede engordar enormemente, pero se está muriendo de hambre porque los alimentos no se usan para que sus células puedan trabajar. La enfermedad se come la energía que entra al cuerpo y deja sin comida a las células que la comida debería alimentar. Esto es lo que pasa en el país. El gobierno cada vez cobra más impuestos, y diario hoycada vez dedica menos de estos (y de los préstamos que logra conseguir) a pagar los servicios públicos que el gobierno debería de proveer. Como un diabético mal cuidado, el gobierno se engorda mientras que los servicios públicos y las actividades legitimas del gobierno tienen cada vez tienen menos recursos. La diabetes, médica y fiscal, engorda al paciente pero causa inanición en sus células.

Las radiografías del gobierno muestran un enorme gordo en sus ingresos, y un pobre esquelético muriéndose de hambre en las funciones que debería de estar cumpliendo. El remedio no es darle más de comer al diabético. Hacerlo es altamente contraproducente, porque el darle más comida acelera el proceso por el cual los que reciben la comida se las quitan a las células del cuerpo. Si el gobierno consigue más dinero, su gordura aumentará pero sus actividades legítimas caerán cada vez más en la inanición.

Por supuesto, el gobierno clama, cuando pide más y más dinero, que se queda sin efectivo porque, siendo un gobierno de izquierda, está gastando mucho en servicios sociales para los pobres. Hay gente que les cree: los que no viven en este mundo, los que no se dan cuenta de cómo los servicios sociales se han deteriorado, los que no se detienen a pensar que no es posible que este gobierno ha recibido más recursos que cualquier otro gobierno y ha llevado al estado a una situación paupérrima, los que no se dan cuenta de que el gobierno del FMLN ha logrado que le aprueben un presupuesto que no contiene todos los gastos que tendrá que cubrir en 2017 porque si los incluyera se vuelve obvio que el presupuesto está desfinanciado.

Pero los que se tragan la peregrina idea de que el gobierno se ha metido en problemas fiscales porque gasta mucho en ayudar a los pobres deberían de reaccionar viendo como, en medio de la crisis espantosa por la que pasan los hospitales públicos porque no reciben dinero suficiente ni para los medicamentos más esenciales, el gobierno del FMLN les ha recortado 17 millones en el nuevo presupuesto, diciendo que en realidad no les hará falta, implicando que no los necesitan. Pero al mismo tiempo el gobierno gasta 50 millones en extravagantes seguros de salud privados cuyas primas cuestan, en todo el gobierno, cerca de 50 millones de dólares que, si fueran invertidos en los hospitales públicos, harían una gran diferencia para la población del país. Que el FMLN hace esto muy conscientemente lo demuestran las declaraciones de una de sus líderes en la Asamblea, que llena de indignación dijo que ella y sus colegas no podrían ir a clínicas públicas o del Seguro Social porque son muy inferiores a las del sector privado. ¡Claro! ¡Si día a día ellos mismos le quitan dinero a los servicios públicos! Este es un claro caso de diabetes fiscal, en la que las glóbulos que deberían de llevar la glucosa a las células del cuerpo se quedan con ella y la usan para su propio beneficio.

Igual pasa en educación, en donde las escuelas reciben cada vez menos dinero.. Pero, grandes como son estos casos, ni siquiera comienzan a explicar a dónde se va tanto dinero que el gobierno recibe y sigue recibiendo de los ciudadanos mie

Sigue la pregunta,¿dónde está el dinero? De Manuel Hinds

manuel_hindsManuel Hinds, 24 diciembre 2016 / EDH-Observadores

El gobierno se comporta como si fuera un deudor que de repente se quedó sin dinero porque sus ingresos cayeron de pronto o porque los gastos se le incrementaron también de repente. Esta semana pagó solo una parte del Fodes que les debía a las alcaldías, cubriendo solo octubre y noviembre con 60 de los $90 millones que debía hasta diciembre. Esto lo hizo solo ante la tremenda presión a la que lo sometieron los alcaldes y después de haber causado gran daño a los gobiernos locales. El gobierno aceptó hace algunas semanas que debe más de $160 millones a sus proveedores, y que no les puede pagar $200 más a los bancos. Además no está pagando el escalafón de los trabajadores de salud.

screen-shot-2016-12-24-at-2-27-48-pm

observadorEstas no son las únicas obligaciones que el gobierno no está pagando. Uno lee cada día que la policía no puede pagar sus alquileres, que las escuelas no están recibiendo lo que deberían según el presupuesto, que los hospitales no tienen medicinas, que no hay dinero para dar mantenimiento a las carreteras, etc., etc., etc., y uno piensa, ¿cómo fue que el gobierno se quedó tan de repente sin dinero? ¿Cómo fue que el dinero alcanzaba el año pasado para pagar todo y de pronto no solo no alcanzó para algún pedacito del presupuesto, sino para tantos rubros que ahora no son pagados?

¿Será que el gobierno ha gastado más? Como se aprecia en la gráfica adjunta, no sustancialmente. De enero a octubre, el gobierno gastó solo $46 millones más que en 2015. ¿Será que los ingresos se le cayeron? No, tampoco. Los ingresos de 2016 a octubre fueron de $4,572 millones, que son $324 millones más que en 2015. Es decir, tuvo ingresos $324 millones mayores y $46 millones más en gastos, para una ventaja de $278 millones. ¿Y por qué entonces no alcanza para pagar a los bancos, el FODES, a los proveedores, etc., que antes sí se pagaban?

El dinero se ha desembolsado, de eso no hay duda. Pero si no se ha usado en pagar tantas cosas que no se han pagado, ¿hacia dónde se fue?, ¿dónde está el dinero?

La fallida conducción económica y fiscal. De Alberto Arene

alberto-arene2Alberto Arene, 22 diciembre 2016 / LPG

En los últimos días del año el Gobierno intenta conseguir con la banca privada un crédito puente para pagar $82 millones del FODES a las alcaldías, $65 millones de aguinaldos y remuneraciones a los empleados públicos, $50 millones a proveedores, $46 millones del subsidio adelantado por las distribuidoras de energía eléctrica y $307 millones de deuda de corto plazo, mientras logra conseguir el financiamiento total con bonos de mediano y largo plazo. Este lamentable cierre fiscal del año y de la primera mitad del gobierno podría conducir a la salida del ministro de Hacienda, el funcionario más importante en materia económica y fiscal-financiera de los últimos siete años y medio.

la prensa graficaSe trata, en efecto, de una conducción económica y fiscal fallida del Gobierno y del país, configurada acumulativamente en la última década y media, y particularmente en los últimos dos gobiernos. Las ilegalidades, las irresponsabilidades y el enfoque centrado en el manejo de la caja fiscal en la gestión de las finanzas públicas, la ausencia de reformas estructurales económicas y fiscales con visión y estrategia de crecimiento y desarrollo de mediano y largo plazo, y el no haber visualizado y enfrentado semejante situación desde el inicio de su gestión, explicarían dicha conducción fallida.

El Gobierno concluye el año: 1. Debiéndole más de $140 millones a desesperados proveedores, muchos en quiebra, otros muy cerca, y tantos o más descapitalizados. 2. Con meses de retraso en el pago del FODES a las municipalidades, con alcaldes y concejos municipales enfrentados a enormes presiones y lamentables situaciones. 3. Sin un centavo de los $1,200 millones para financiar el déficit acumulado de 2016 reconvirtiendo la deuda de corto a largo plazo. 4. Con una unilateral decisión de aumento de salarios mínimos que rompió el diálogo y la búsqueda de consensos, y que deterioraría la situación económica y financiera de los pequeños y medianos empresarios, y de muchos cooperativistas y empresarios agropecuarios, enfrentando al Gobierno a toda la empresa privada y a buena parte de la oposición. 5. Con un presupuesto 2017 pendiente de aprobación, donde el Gobierno excluye partidas presupuestarias claves como el pago de pensiones, y ARENA omite propuestas alternativas de financiamiento, creándole el vacío a la mesa técnica de pensiones. 6. Con un ajuste fiscal hasta el final de su mandato de 3-3.5 % del PIB, que recortará el gasto público y aumentará impuestos y recaudaciones diversas. 7. Con una misión del Fondo Monetario Internacional que reconfirma el imperativo del ajuste fiscal y de reformas económicas para fortalecer la solvencia del sistema financiero y crear condiciones para un crecimiento económico mayor e inclusivo. Un acuerdo del Gobierno y la oposición sobre dicho ajuste y reformas constituye la condición para un acuerdo precautorio y respaldo del FMI en los próximos años. 8. La ausencia de visión y liderazgo del Gobierno y de la oposición para la transformación económica del país. 9. Con el Gobierno enfrentado en visión, políticas e intereses a casi toda la oposición y a casi todo el sector privado. 10. Con una deuda pública que supera el 70 % del PIB después de la actualización de las cuentas nacionales.

Consecuentemente, la conducción económica y fiscal está agotada, requiriéndose una estrategia integral que involucre a los principales liderazgos intelectuales/profesionales, económicos/empresariales, sociales y políticos del país. Esta es una de las grandes prioridades de la agenda estratégica a impulsar a un cuarto de siglo de los Acuerdos de Paz.

Con la de este día, 36 columnas de opinión recogen mi análisis y propuestas sobre este tema: “De los Acuerdos de Paz a los Acuerdos de Desarrollo” (I al X), “Acuerdos nacionales o deterioro mayor de la situación nacional”, “Sobre la capacidad disminuida del Estado para enfrentar problemas crecientes, “¿Hacia la tormenta perfecta primero y al despeñadero después?”, “El agotamiento de la política fiscal y el imperativo de la inversión y el crecimiento”, “La incapacidad histórica del liderazgo nacional”, “Cómo superar la confrontación y entrampamiento por la reforma de pensiones”, “Estado de emergencia y necesidad de una estrategia nacional”, “El gobierno del FMLN y los empresarios”, “Es la producción y las exportaciones, estúpido… (I y II), “Para que esta vez el diálogo Gobierno-ANEP conduzca a acuerdos”, “Ni superación del bajo crecimiento, ni superación de la esperanza”, “¿Tiene el FMLN la sartén por el mango en El Salvador?”, “Sobre la economía política del estancamiento presente y de la prosperidad futura”, “Un pacto fiscal y un acuerdo con el FMI”, “¿Ejercerán ARENA y ANEP el cogobierno de las finanzas públicas y de la economía?”, “Los costos políticos compartidos del pacto y ajuste fiscal”, “¿Lidera y conduce alguien la economía y las finanzas públicas?”, “Ideas para salir de postración y el entrampamiento”, “Los urgentes y complejos acuerdos sobre las finanzas públicas”, “La crisis y el agotamiento histórico de El Salvador”, “La bancarrota fiscal del Estado y la estupidez política que padecemos”, “Acuerdos de sostenibilidad fiscal o al despeñadero”, “Inversión y crecimiento para la sostenibilidad de las pensiones y de las finanzas públicas”, “De la primera a la segunda mitad del gobierno: la economía y las finanzas públicas” (I)…

En adelante, la realidad se encargará de arreglar las cuentas pendientes con la fallida conducción económica y fiscal del Estado…

Balance político de 2016… De Luis Mario Rodríguez

El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.

Luis Mario RodríguezLuis Mario Rodríguez, 15 diciembre 2016 / EDH

El 2016 presentó avances concretos en la lucha contra la corrupción. Fue un año en el que la cooperación internacional, la elección de funcionarios independientes y el decidido protagonismo de la sociedad civil organizada contribuyeron a mejorar el combate contra aquel flagelo. A esa alineación de factores positivos debe unirse la Corte de Cuentas de la República cuyos integrantes se nombraron recientemente. Las declaraciones de la primera mujer designada como magistrada del organismo contralor sobre la “depuración global” que necesita la institución, prometen un desempeño similar al de la Fiscalía General y al de la Corte Suprema de Justicia en el control de la probidad de los empleados y funcionarios públicos.

diario hoyPor otra parte la relación entre los Órganos de Estado mostró un deterioro significativo. Las acusaciones de los principales voceros del Ejecutivo y del partido de gobierno en contra de la Sala de lo Constitucional revelaron un preocupante comportamiento del presidente y de la comisión política de esa organización partidaria. El tono de los reclamos y las estrategias de presión, movilizando a sus bases con amenazas a la integridad física de los magistrados, rebasó las fronteras del respeto institucional. Lo normal habría sido expresar su desacuerdo con el criterio jurídico de la Sala.

Mientras tanto, el Ejecutivo perdió el respaldo del aliado que lo apoyó desde la administración anterior en la Asamblea Legislativa. El partido Gran Alianza Nacional negó sus votos para la aprobación de nuevos impuestos, del presupuesto general de la Nación y de algunas leyes que, no obstante su intención de disminuir la evasión tributaria, incumplen garantías constitucionales. GANA y el resto de partidos saben que los ciudadanos los observan y que en 2018, con el sistema de listas abiertas, podrían enfrentarse a un desastre electoral, perdiendo diputados, si continúan avalando medidas que perjudican a la población.

En cuanto a la “democracia de resultados” ni la economía ni la seguridad pública arrojaron mejoras sustanciales. Ciertamente disminuyeron los homicidios pero, según las encuestas de opinión, las extorsiones y la percepción de victimización siguen posicionando a la inseguridad como el principal problema. Lo mismo puede decirse del crecimiento económico. Se anunciaron dos grandes inversiones inmobiliarias y una empresa suramericana inauguró operaciones en los últimos días. Sin embargo no existen suficientes empleos que alcancen a cubrir los puestos de trabajo para los miles de jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.

Las mesas de diálogo que el presidente Sánchez Cerén instaló desde el inicio de su mandato no contribuyeron en 2016 a solucionar los dilemas señalados. El Consejo de Seguridad, el Asocio para el Crecimiento y la mesa fiscal, si bien incentivaron el intercambio de ideas entre los sectores privado y gubernamental, no lograron concebir acciones concretas para prevenir el delito, estabilizar las finanzas públicas y detonar una pujante actividad empresarial. Por el contrario, el procedimiento viciado para la integración del Consejo Nacional del Salario Mínimo deterioró la ya debilitada confianza en los funcionarios.

Aunque las principales fuerzas políticas suscribieron un acuerdo fiscal, todavía no se cumplen las condiciones pactadas. No se corrige el proyecto de presupuesto para el 2017, se ignoran las recomendaciones para reducir el gasto, está fuera de la discusión el debate sobre los incentivos que necesita la empresa privada para invertir, y se esquivan los temas de la calidad de los servicios públicos y de la profesionalización de los empleados y los funcionarios del Estado. El clientelismo político sigue sustituyendo a la meritocracia en las oficinas gubernamentales y la educación, la salud y el transporte público permanecen con déficits serios.

Los reclamos se concentran en la necesidad de más préstamos, de nuevas emisiones de bonos y de más impuestos. La lucha contra la evasión fiscal es necesaria e impostergable, pero esta debe efectuarse en el marco del Estado de derecho. Asimismo es urgente retomar la ampliación de la base tributaria.

El año también nos deja deudas importantes en materia electoral. Parece que algunos conspiran para que los comicios de 2018 exhiban los mismos o más graves problemas que las legislativas de 2015. El balance es positivo en transparencia y en el acceso a la información pública; por el contrario, es muy negativo en cuanto a la “habilidad de gobernar”.