Eduardo Stein, exvicepresidente guatemalteco (2004-2008) y promotor de la Cicig, afirma que si una oficina de ese tipo no es auditada por entidades autónomas, hay riesgo de “anidar corrupción”, como pasó en Guatemala.
Eduardo Stein, ex vice presidente de Guatemala, conferencista invitado de FUSADES
Fotos EDH:Leonardo Gonz·lez
Eugenia Velásquez, 18 sept. 2015 / EDH
Contar con una Secretaría de Transparencia gubernamental no garantiza que no exista corrupción en el aparato estatal. Eso quedó evidenciado en Guatemala donde el Gobierno, bajo el mandato de la exvicepresidenta de ese país, Roxana Baldetti (acusada de un millonario fraude fiscal) creó una entidad similar a la que funciona en El Salvador.
Así lo aseveró ayer el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein Barillas, durante una entrevista con El Diario de Hoy, previo a disertar en un debate sobre si El Salvador está listo para una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la que funciona en Guatemala, cuyo evento fue organizado por Fusades.
“Si no existe un mecanismo autónomo de supervisión, puede correr el riesgo de anidar corrupción dentro de sí misma y tapar comportamientos fuera de la ley. Toda institución que no tenga una adecuada supervisión es proclive a que esto ocurra”, afirmó Stein Barillas.
El exfuncionario guatemalteco fue uno de los principales promotores para implementar una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo al que el Gobierno salvadoreño se opone bajo el argumento que en el país funciona la “institucionalidad” y que por eso no es necesario que agentes externos se involucren.
Sin embargo, gracias a la Cicig, en coordinación con el Ministerio Público de Guatemala, se culminó con la captura y enjuiciamiento del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Baldetti, luego de siete años de investigación.
Stein destacó que fue en el periodo de Baldetti que se creó en Guatemala una Secretaría de Transparencia, la cual operaba bajo su mando.
Añadió que cada país está en su derecho de crear los mecanismos de balance y contrabalance, pero que a la vez debe dotarse de dispositivos de auditoría interna para que se pueda descubrir a tiempo cualquier tipo de abusos que se de en el Gobierno.
En El Salvador existe una Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, la cual fue creada en el gobierno del expresidente Mauricio Funes y actualmente es dirigida por Marcos Rodríguez, quien fue ratificado en el cargo por el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Rodríguez defendió esta semana en una entrevista matutina de TCS que la entidad que él dirige tiene un carácter “preventivo” contra la corrupción en los funcionarios públicos.
Así respondió al ser consultado, entre otros temas, sobre casos como la construcción de las presas El Chaparral y 5 de Noviembre. Ambos proyectos han sido cuestionados.
En el caso de El Chaparral, el gobierno de Funes hizo un arreglo directo con la empresa encargada de la obra: la italiana Astaldi, por el cual le terminó pagando $108.5 millones por un “hoyo”.
En el caso de la 5 de Noviembre, se cuestionó la sobrevaloración de la ampliación de la presa, cuyo contrato también estuvo bajo la responsabilidad del gobierno de Funes.
Pero sobre esos casos, el Secretario de Transparencia dijo durante la entrevista televisiva que es la Fiscalía General de la República (FGR) la que ha iniciado las investigaciones y que mal haría él en entrometerse. “Preso puedo ir”, respondió al entrevistador.
Hasta la fecha, la Fiscalía aún no ha dado ningún informe sobre la indagación que hace, por ejemplo, en el caso de la presa El Chaparral.
En cambio, Rodríguez sí avala la creación de una Cicies para casos relacionados con administraciones de ARENA, como la del expresidente Francisco Flores.
El Secretario de Transparencia afirmó que si casos como ese no llegan a judicializarse, entonces sí hay que pensar en serio en una comisión que investigue la impunidad y la corrupción, como la que funciona en Guatemala.
Aunque Stein Barillas dijo no tener información precisa sobre los casos como El Chaparral y la presa 5 de Noviembre, afirmó que no le extraña que en países de América Latina como en Brasil y como ocurrió en Guatemala, salgan a la luz casos de corrupción de consorcios grandes, nacionales o extranjeros, que han logrado establecer esquemas de corrupción amparándose en autoridades públicas.
“No importa aquí la orientación ideológica, porque lo mismo con un lenguaje populista de izquierda o de derecha se pueden anidar esquemas de control público que se prestan a la corrupción”, expresó.
Por tal razón es que el exfuncionario guatemalteco hace hincapié que en los países con sistemas democráticos vigentes, con todas las variantes que en cada realidad cultural existen, siempre debe intentarse de que exista un equilibrio entre poderes del Estado, para que surjan los balances y contrabalances.
“Pero si todos los poderes están coludidos (en complicidad), no le queda más remedio a la ciudadanía organizada que hacer las veces de un ejercicio de supervisión”, dijo.
El exvicepresidente de Guatemala remarcó que “por eso es que inquietan tanto aquellos diseños en donde desde el Ejecutivo se busca cortar o neutralizar a los otros Poderes”, y mencionó casos como el de Ecuador y Nicaragua.
Stein indicó que en esos países, desde el Órgano Ejecutivo, se ha logrado “forzar una ruta de elección del poder judicial, forzar una ruta de elección del poder electoral, de la contraloría de cuentas de la Nación y, a través de pactos políticos, un Congreso dócil”.
En El Salvador altos dirigentes del partido en el gobierno han planteado en varias ocasiones que ya tienen el poder Ejecutivo, pero que también aspiran tener la mayoría en el Órgano Legislativo. Además, han arremetido contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fallos con los que no concuerdan.
Ante las realidades de países latinoamericanos, Stein recomendó a los gobiernos y a los partidos escuchar a los ciudadanos.
En el país, varias organizaciones civiles y cívicas exigieron recientemente al gobierno del FMLN crear un comité que investigue la corrupción en el país.
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“El presupuesto nunca alcanzaba para cubrir obligaciones básicas”: Eduardo Stein
Ese fue uno de los detonantes que despertaron el clamor ciudadano contra el gobierno en Guatemala.
Eugenia Velásquez, 18 sept. 2015 / EDH
El que la población viera que el dinero de sus impuestos iba a parar a “bolsillos privados” y que los fondos del presupuesto del Gobierno de Guatemala no alcanzaban para cubrir las necesidades en salud y educación, entre otras, y que muchos casos de corrupción en el Gobierno se caían en los tribunales por una débil investigación criminal, motivaron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Así lo recuerda uno de sus protagonistas: Eduardo Stein Barillas, expresidente de Guatemala (2004-2008).
“Había defraudación al fisco, a las aduanas, robos disfrazados de cualquier cosa y en los contratos de obra pública, en la proveeduría del Estado, en el área de compra de medicinas…”, reseña el exfuncionario.
Stein cuenta que hubo oposición de todos lados, incluso del propio Fiscal guatemalteco, quien en vez de una Cicig, pedía más fondos para contratar investigadores que ayudaran a fortalecer una de las principales debilidades que tenía el sistema penal: la investigación criminal.
“La erupción de contradicciones y de oposiciones a la idea de crear un dispositivo en el área de justicia quisieron objetarlo, incluso como inconstitucional, pero en realidad nunca la Cicig ha tenido la capacidad de iniciar por su cuenta un encausamiento penal, eso es exclusivo del Ministerio Público”, explica.
Es más, indica que la clave es trabajar en coordinación con el Ministerio Público, por lo que insta a no tener miedo a una comisión de esa naturaleza, porque es el aparato penal el que determina “la autopista a seguir”, es decir, quien decide qué casos se investigan. En el caso del enjuiciamiento de los exmandatarios, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, reconoce que han sido acusados y procesados por corrupción porque existe una Cicig.
Dice que la labor del actual comisionado colombiano de la Cicig, Iván Velásquez, en el reciente proceso judicial fue clave. También enfatiza que la participación ciudadana en todo el proceso es vital y que es la Cicig la que permite esa participación. Dice que eso es lo que marca la diferencia entre un país que no cuenta con una comisión que investigue la corrupción.
“Tiene la capacidad de hacer investigación autónoma, eso lo garantiza la Constitución; cualquier ciudadano en mi país puede realizar investigaciones que den como resultado elementos para presentar al Ministerio Público. No tiene que llegar la Policía Nacional Civil, lo puede hacer cualquier ciudadano”, explica.
Añade que la Cicig nació hace siete años como una comisión cuyo objetivo fue modificado, ya que en un principio se trataba de un comité que protegía a periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, por considerarse las poblaciones más vulnerables tras la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.
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Eduardo Stein: Actuación de Baldetti enfureció a la población
El exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein analiza lo ocurrido en su país con la caída del presidente y la vicepresidenta a raíz de varios casos de corrupción.
Debate. El exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein participa en el debate organizado por FUSADES denominado “¿Está El Salvador listo para una Comisión Internacional Contra la Impunidad?”, en el que participaron tres abogados salvadoreños.
Óscar Díaz, 18 sept. 2015 / LPG
La renuncia, encarcelamiento y apertura de procesos penales en contra del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti, se explica por un complejo esquema de corrupción enquistado en instituciones de Gobierno desde finales de los años setenta, explicó el exvicepresidente del vecino país Eduardo Stein.
El académico y también exvicecanciller (1996-2000 en el gobierno de Álvaro Arzú) participó ayer en el primer foro de especialistas del Centro de Debates de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). El tema fue “¿Está El Salvador listo para una Comisión Internacional contra la Impunidad?” (ver nota en página 25).
Como antecedente para dimensionar el tamaño de la corrupción en su país, Stein mencionó que cuando el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter (1976-1980) decidió cortar la ayuda militar, “entonces el Ejército de Guatemala, el Gobierno guatemalteco, tiene que recurrir a ‘fuentes alternas’ para asegurar la compra de piezas para helicópteros, armamento o de entrenamiento, etc”.
Otro elemento, agregó, es que casi al final de la negociación de los acuerdos de paz, en 1996, se enteran de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos proveía “otra tubería de fondos” al Ejército guatemalteco para financiar operaciones de inteligencia.
Esto, aseguró, llevó a que altos oficiales militares tuvieran sobresueldos, considerando que “no tenían un salario acorde con los riesgos”.
“Este es el origen de este tipo de mafias, porque se dan cuenta que el control de las aduanas, puertos, aeropuertos, y también el control de la dirección general de migración, en todo lo que era el movimiento migratorio, pero también en la emisión de pasaportes, eran minas de oro, ilegales”, sostuvo Stein.
“Esto que se revela ya con evidencia investigada y documentada el 16 de abril de este año viene siendo no sé si hijo o bisnieto de ese modelo creado durante el fragor de la lucha armada”, ejemplificó.
La estructura a la que se liga a Pérez Molina, un general retirado del Ejército, y a Baldetti se denomina La Línea y operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), defraudando al Estado al calcular impuestos de importación en detrimento de los ingresos del fisco, cobrando jugosas comisiones por la operación.
El considerado operativo de la estructura era el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien todavía es prófugo de la justicia.
—¿Fue la fuerza de las pruebas que la CICIG y el MP dicen tener en contra de Pérez Molina y Baldetti o fue la fuerza de la calle la que obligó a las renuncias y el posterior enjuiciamiento de ambos?
—Yo opino con varios y varias analistas en Guatemala que se alinearon los astros, fue una conjunción de dinámicas, algunas de las cuales le menciono que pudieron no sumar, porque superamos la aritmética de sumas y restas, si no multiplicar exponencialmente la frustración ciudadana acumulada con la contundencia de la evidencia de validez que se estaba presentando y la acción pública de iniciar los encausamientos a toda la gente presuntamente involucrada.
Pero a juicio del exvicepresidente, el hecho que detonó la paciencia de la ciudadanía guatemalteca fue el desempeño público de Baldetti.
“Si lo quiere ver como irritante o fulminante o uno de los elementos cáusticos que más enfureció a la población, históricamente era la urbana, hechos de gestión de la vicepresidenta que la prensa denunciaba como anomalías o ilegalidades, que ella se dirigía al público, a la ciudadanía, con explicaciones donde nos trató, reiteradamente, como idiotas”, externó.
Uno de los hechos a los que se refiere Stein es un proyecto para descontaminar el lago Amatitlán, cercano a la capital guatemalteca, impulsado por la entonces vicepresidenta y que posteriormente se comprobó que la sustancia aplicada era simplemente agua con sal. Hubo denuncias contra Baldetti por la contratación de una empresa israelí para esa tarea, por valor de $2.9 millones.
En julio pasado, un juez ordenó embargar bienes de la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. en un intento de recuperar el dinero para el proyecto en el lago.
Lecciones
Lo ocurrido en Guatemala ha tenido eco en El Salvador y Honduras, donde diversos sectores han pedido que se replique el modelo CICIG.
A juicio de Stein, él no es partidario de expresiones de júbilo de algunos de sus compatriotas de que están siendo ejemplo para la región.
“Para nada esta es una guerra ganada, hay batallas importantes, ha sido innegable el mérito de la protesta ciudadana, con ese orden y esa consciencia cívica, pero tenemos que vernos en los espejos de situaciones parecidas, como la Primavera Árabe, que quizás con la excepción de Túnez se disolvió como rocío de la mañana”, dijo.
El sistema político y los partidos, las instituciones no han cambiado en Guatemala y siete u ocho leyes que deberían cambiarse siguen intactas, valoró.
Por lo tanto, es tarea de quien resulte elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 25 de octubre, abanderar las reformas políticas necesarias en Guatemala, abonó.
“Si de algo sirve esa experiencia para países vecinos, pues qué bueno, pero son, además, situaciones que a veces son irrepetibles, son muy características de cada país”, concluyó.
Segunda Vuelta 